Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05676-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05676-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-05676-02
Consejero ponente: Conjuez Gustavo Quintero Navas
22 de septiembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05676-02
Accionante: Yulia Moraima Rodríguez Esteban
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Conjuez Ponente: GUSTAVO QUINTERO NAVAS
Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).
Radicado número: 11001-03-15-000-2022-05676-02
Accionante: Yulia Moraima Rodríguez Esteban
Accionado: Departamento de Santander
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Decisión, integrada por los suscritos Conjueces Juan Pablo Cárdenas
Mejía, Hernando Herrera Mercado y Gustavo Quintero Navas, adscritos a la Sección
Tercera del Consejo de Estado, profiere sentencia de segunda instancia dentro de la
solicitud de amparo de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de amparo
La accionante, por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela en
defensa de sus derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegida, así
como los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, presuntamente
vulnerados con la Resolución No. 23680 de 20 octubre de 2022, expedida por el
Gobernador de Santander, que designó provisionalmente al señor Javier Orlando
Acevedo Beltrán como alcalde del municipio de Girón. Lo anterior, según la accionante,
sin tener en consideración que ella era la llamada a ocupar ese cargo en razón a que
fue elegida en los comicios atípicos que se llevaron a cabo el 20 de junio de 2021 con
ocasión de la nulidad de quien fue elegido popularmente, en un primer momento, como
burgomaestre de esa entidad territorial.
Como sustento fáctico de su solicitud, la actora relató que el señor Carlos Alberto
Román Ochoa fue elegido alcalde municipal de Girón para el período constitucional
2020-2023, lo que fue acreditado por la Registraduría Nacional del Estado Civil
mediante formulario E-26 de 6 de noviembre de 2019.
Manifestó que contra el citado acto administrativo un ciudadano presentó demanda de
nulidad electoral que fue decidida en primera instancia por el Tribunal Administrativo
de Santander en Sentencia de 28 de agosto de 2020, que negó las pretensiones de la
demanda. Esa decisión fue revocada por la Sección Quinta del Consejo de Estado en
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Accionante: Yulia Moraima Rodríguez Esteban
fallo de 3 de diciembre de 2020, que declaró la nulidad de la elección y ordenó la
cancelación de la credencial del señor Román Ochoa.
Señaló que, como consecuencia de lo anterior, el Gobernador de Santander mediante
Decreto 194 de 26 de abril de 2021 convocó a elecciones atípicas, celebradas el 20
de junio de 2021, siendo electa la señora Yulia Moraima Rodríguez Esteban. Lo
anterior fue acreditado por la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante
formulario E-26 de 20 de junio de 2021.
Aseveró que se posesionó para el período restante, es decir, hasta el 31 de diciembre
de 2023, según consta en Acta No. 003 de 24 de junio de 2021
Sostuvo que, entre tanto, el señor Carlos Alberto Román Ochoa presentó acción de
tutela contra la Sentencia de 3 de diciembre de 2020, proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado que declaró la nulidad de su elección como alcalde del
municipio de Girón; acción que fue resuelta por la Sección Tercera, Subsección “B” del
Consejo de Estado, en Sentencia de 30 de agosto de 2021, dejando sin efectos la
sentencia de nulidad electoral cuestionada, y ordenando a la Sección Quinta del
Consejo de Estado proferir una decisión de reemplazo conforme con los fundamentos
allí expresados.
Afirmó que el 14 de octubre de 2021, en cumplimiento del citado fallo de tutela, la
Sección Quinta del Consejo de Estado profirió decisión de reemplazo, confirmando la
Sentencia de 28 de agosto de 2020, dictada por el Tribunal Administrativo de
Santander que había negado las pretensiones del medio de control de nulidad
electoral. Como consecuencia de lo anterior, explicó, el señor Román Ochoa se
reintegró como alcalde municipal de Girón y la elección de la aquí demandante perdió
vigencia, teniendo en cuenta que desaparecieron los fundamentos en los que se
sustentaba, esto es, la nulidad de la elección que originalmente había sido declarada
por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Mencionó que el citado fallo de tutela fue seleccionado para revisión por la Corte
Constitucional, trámite al que fue vinculada como tercera con interés. En esa calidad
intervino pidiendo a esa corporación judicial que amparara sus derechos
fundamentales y, como medida cautelar, que la declarara alcaldesa del municipio de
Girón hasta que culminara el período constitucional 2020-2023.
Manifestó que mediante Sentencia SU-213 de 2022, la Corte Constitucional revocó el
fallo de tutela de la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado el 30 de
agosto de 2021 y, en su lugar, dejó en firme la Sentencia de 3 de diciembre de 2020,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la
elección del señor Carlos Alberto Román Ochoa como alcalde municipal de Girón. De
igual modo, rechazó las otras pretensiones, en especial la relacionada con la medida
cautelar solicitada por la hoy demandante, por no ser el escenario para presentar
peticiones individuales.
Por último, afirmó que el Gobernador de Santander por Resolución Nro. 23680 de 20
de octubre de 2022 designó provisionalmente al señor Javier Orlando Acevedo Beltrán
como alcalde del municipio de Girón.
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Como consecuencia de lo anterior, la parte actora formuló acción de tutela con las
siguientes pretensiones:
“1. Que se amparen los derechos fundamentales de la señora YULIA MORAIMA
RODRÍGUEZ ESTEBAN a que pueda ejercer el cargo de Alcaldesa del
Municipio de Girón (Santander), para el cual fue elegida para el restante período
constitucional comprendido entre 24 de junio de 2021 hasta el 31 de diciembre
de 2023, como resultado del amparo a los derechos fundamentales al debido
proceso, a elegir y ser elegido, a la seguridad jurídica y confianza legítima
vulnerados.
2. Que se deje sin validez la Resolución 23680 del 20 de octubre de 2022,
mediante la cual, el Gobernador de Santander, designó al señor JAVIER
ORLANDO ACEVEDO BELTRÁN como alcalde encargado del municipio de
Girón (Santander), por ser un acto arbitrario y una auténtica vía de hecho sin
fuerza vinculante alguna.
3. Que se le comunique la decisión al Gobernador de Santander, a la
Procuraduría General de la Nación y al Tribunal Administrativo de Santander.
4. En el evento de encontrar el Consejo de Estado que las actuaciones surtidas
por el Gobernador de Santander, la Procuraduría General de la Nación y el
Tribunal Administrativo de Santander hayan podido estructurar algún tipo de
conducta reprochable desde el punto de vista disciplinario o de cualquier otra
índole, se libren las comunicaciones correspondientes”.
2. La sentencia impugnada
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante Sentencia del 9 de febrero de
2023, accedió al amparo solicitado, con fundamento en lo siguiente.
Para el a quo, el Gobernador de Santander, con la expedición de la Resolución No.
23680 de 20 de octubre de 2022, pasó por alto el mandato popular manifestado por
los electores en las elecciones atípicas realizadas el 20 de junio de 2021, en las que
democráticamente se declaró que la alcaldesa electa hasta la terminación del período
constitucional 2020-2023 sería la señora Yulia Moraima Rodríguez Esteban. Decisión
administrativa que está contenida en el Acta E-26 ALC.
Agregó que no se puede desconocer que la Sentencia de tutela proferida por la
Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 30 de agosto de 2021,
que accedió a la protección constitucional solicitada por el señor Carlos Alberto Román
Ochoa, conllevó el decaimiento o pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo de
elección de la señora Yulia Moraima Rodríguez Esteban porque desaparecieron sus
fundamentos de hecho y de derecho (numeral 2 del artículo 91 de la Ley 1437 de
2011). Sin embargo, prosiguió, como quiera que esa decisión fue revocada por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-213 de 2022 y quedó en firme la nulidad de la
elección del señor Román Ochoa, la consecuencia lógica y natural que se impone es
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que esa decisión soberana recobró su obligatoriedad y, mientras no se desvirtúe la
presunción de legalidad, se debe garantizar su carácter ejecutorio.
Así, para el a quo, los efectos del ordinal tercero de la Sentencia SU-213 de 2022 se
traducen en que recobra vigencia y obligatoriedad la elección de la señora Yulia
Moraima Rodríguez Esteban, razón por la que la decisión administrativa contenida en
la Resolución No. 23680 de 20 de octubre de 2022, conlleva una amenaza a los
derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido de la accionante,
así como al principio democrático y a la participación ciudadana cuya expresión tuvo
lugar en los comicios realizados el 20 de junio de 2021 en el municipio de Girón.
Añadió el a quo que la designación provisional del alcalde municipal de Girón,
efectuada por medio de la Resolución No. 23680 de 20 de octubre de 2022, se
condicionó “al trámite previsto en el parágrafo 3 del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011”,
y que con posterioridad a la misma fue expedida la Resolución No. 27040 de 29 de
noviembre de 2022, por medio de la cual se ratificó la designación del señor Javier
Orlando Acevedo Beltrán como alcalde municipal de Girón para lo que restaba del
período 2020-2023. De esa suerte, señaló la primera instancia que si bien en la acción
de tutela no se cuestionó la Resolución No. 27040 de 29 de noviembre de 2022, esa
circunstancia no es suficiente para concluir que el juez constitucional está
imposibilitado o no puede incluir en su análisis cuestiones adicionales que no fueron
propuestas por la parte demandante, pues en virtud de sus facultades extra y ultra
petita, puede ir más allá o por fuera de lo pedido con el fin de garantizar una protección
constitucional más eficaz y no enervar la efectividad de los derechos fundamentales
que se encuentran en juego. De manera que omitir lo anterior conllevaría la adopción
de una decisión que no garantizaría a la agraviada el pleno goce de sus derechos,
como lo señala el artículo 23 del Decreto 2591 de 1991.
Así las cosas, el a quo evidenció que la Resolución No. 27040 de 29 de noviembre de
2022, expedida por el Gobernador de Santander, en la que se designó al alcalde
municipal de Girón por el término restante del período institucional 2020-2023
desatendió los efectos de la Sentencia SU-213 de 2022, proferida por la Corte
Constitucional. En concreto, el ordinal tercero que dejó en firme la decisión que declaró
la nulidad de la elección del señor Carlos Alberto Román Ochoa y sin efectos el fallo
de reemplazo que se profirió en cumplimiento de la orden judicial de tutela emitida por
la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, a partir del que se debía
entender que recobraba su vigencia la elección efectuada a la señora Yulia Moraima
Rodríguez Esteban como alcaldesa del municipio de Girón, en los comicios atípicos
del 20 de junio de 2021.
Con arreglo a las anteriores consideraciones, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado: "i) amparó, como mecanismo transitorio, los derechos fundamentales al
debido proceso y a elegir y ser elegida, de los que es titular la señora Yulia Moraima
Rodríguez Esteban; ii) suspendió transitoriamente las Resoluciones No. 23680 de
20 de octubre de 2022, “Por la cual se acoge una decisión judicial y se designa
provisionalmente Alcalde para el Municipio de Girón Santander” y No. 27040 de 29 de
noviembre de 2022, “Por la cual se designa Alcalde para el Municipio de Girón -
Santander y se dictan otras disposiciones”, expedidas por el Gobernador de
Santander; iii) ordenó al Gobernador de Santander que dentro de los cinco (5) días
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siguientes a la notificación de esta providencia, adelante las actuaciones tendientes
a garantizar que la señora Yulia Moraima Rodríguez Esteban desempeñe sus
funciones como alcaldesa del municipio de Girón, Santander, por el término
restante del período institucional 2020-2023, orden que permanecerá vigente hasta
tanto la jurisdicción contencioso administrativa resuelva, de manera definitiva, acerca
de la legalidad de los actos administrativos a través de los cuales el Gobernador de
Santander designó al señor Javier Orlando Acevedo Beltrán como alcalde municipal
de Girón, Santander, así como las pretensiones de la actora dirigidas a que se
restablezcan sus derechos en razón de su elección como alcaldesa municipal en los
comicios atípicos celebrados el 20 de junio de 2021. Con este fin, la señora Yulia
Moraima Rodríguez Esteban deberá promover la acción judicial correspondiente
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de esta providencia. En caso
de que la demandante omita el ejercicio del derecho de acción en el término previsto,
cesarán los efectos de esta sentencia de conformidad.
3. La impugnación
Inconformes con la decisión, la accionante Yulia Moraima Rodríguez Esteban, por
intermedio de apoderado judicial; los vinculados Javier Orlando Acevedo Beltrán y
Carlos Leonardo Hernández; y el accionado departamento de Santander, impugnaron
la Sentencia de 9 de febrero de 2023.
a) Yulia Moraima Rodríguez Esteban:
Sostuvo que la Sentencia de la Corte Constitucional SU-213 de 2022 dejó en firme el
fallo que anuló la elección del señor Carlos Alberto Román Ochoa como Alcalde de
Girón, pero, además, dejó sin efectos el fallo de reemplazo que había dictado la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en cumplimiento de una orden de tutela. En
consecuencia, tales determinaciones acarrearon, entre otras, la desaparición de los
fundamentos de hecho y derecho y el consecuente decaimiento las Resoluciones No.
23680 del 20 de octubre de 2022 y No. 27040 del 29 de noviembre de 2022. De manera
que, según la accionante, no queda debate judicial que deba ser agotado respecto de
la legalidad de tales actos administrativos y, por ende, la vigencia del acto de su
elección fue indiscutiblemente restablecida.
Así, afirmó, la única decisión posible en esta sede de tutela es la protección de los
derechos conculcados, de manera definitiva y no transitoria como lo dispuso la
sentencia impugnada y, por ello, no resulta de recibo la imposición de cargas
adicionales como condición para mantener en el tiempo la protección impartida.
b) Javier Orlando Acevedo Beltrán:
Argumentó que la sentencia de primera instancia es incongruente, pues las pruebas
aportadas con el escrito de tutela no dan cuenta, ni siquiera sumariamente, de la
vulneración de los derechos fundamentales. Indicó que desde el inicio del trámite se
advirtió la improcedencia del presente mecanismo constitucional, en la medida que el
mismo no reunía los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, y el propio a quo hizo
alusión a los medios de control con los que contaba la accionante para la finalidad
perseguida en la presente acción de amparo.
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Añadió que no es admisible que el juez de tutela reviva los términos con los que cuenta
el ciudadano para el ejercicio de las acciones judiciales correspondientes, y que esa
es precisamente la consecuencia que se desprende del fallo impugnado, pues se le
están otorgando a la accionante 4 meses adicionales para promover el medio de
control ordinario contra el acto cuestionado.
Indicó, además, que la Sección Cuarta del Consejo de Estado no era competente para
conocer en primera instancia de la presente acción de tutela, en la medida que el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, en su artículo
2.2.3.1.2.1., establece que las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier
autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y
contra particulares serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los
Jueces Municipales, y que tal circunstancia no se ve afectada por la vinculación del
Tribunal Administrativo de Santander u otra sección del Consejo de Estado al extremo
pasivo del proceso, pues, en últimas, la participación de dichas autoridades judiciales
es incidental en la medida que las mismas no intervinieron en la expedición del acto
administrativo al que se endilga la vulneración de los derechos fundamentales.
c) Carlos Leonardo Hernández
Afirmó que la accionante contaba con un mecanismo de defensa judicial principal para
cuestionar lo dispuesto en la Resolución 27040 del 29 de noviembre de 2022 y No.
27040 de 29 de noviembre de 2022, en este caso la acción electoral, de manera que
la procedencia de la presente acción de tutela solo se justificaba por la demostración
de un perjuicio irremediable, circunstancia que no aconteció. Reiteró que la acción de
amparo es improcedente para cuestionar la legalidad de actos administrativos, pues
para ello contaba la accionante con la vía contencioso administrativa.
Con todo, indicó, no existe evidencia probatoria ni argumentación jurídica suficiente
para enervar la presunción de legalidad del acto administrativo enjuiciado a través de
la presente acción de amparo, máxime cuando el precedente jurisprudencial
constitucional ha sido enfático en advertir que la acción de tutela no es procedente
para declarar nulos o dejar sin efectos actos administrativos dictados por autoridad
competente.
Añadió que la Corte Constitucional en la Sentencia SU-213 de 2022, a pesar de que
dejó en firme la sentencia del 3 de diciembre de 2020 de la Sección Quinta del Consejo
de Estado, que declaró la nulidad del acto que contiene la elección del señor Carlos
Alberto Román Ochoa como alcalde del municipio de Girón (Santander) para el
período constitucional 2020 – 2023, rechazó las peticiones presentadas por la señora
Yulia Moraima Rodríguez Esteban, relacionadas con la declaratoria de su condición
de alcaldesa del municipio de Girón (Santander) hasta que culmine el período
constitucional 2020 – 2023. Así, prosiguió, el efecto jurídico que se generó con la
decisión de la Corte Constitucional fue la falta absoluta del alcalde de Girón, falta que
debe ser cubierta conforme lo dispone el artículo 314 de la Constitución Política, esto
es, la convocatoria a elecciones atípicas cuando faltaren más de 18 meses para la
culminación del período constitucional o, como ocurrió en el presente asunto, el
nombramiento por parte del Gobernador cuando faltaren menos de 18 meses, afirmó.
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Agregó que si bien es cierto el acto de elección de Yulia Rodríguez es válido, tal como
lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia SU-213 de 2022, este acto sufrió el
fenómeno del decaimiento, y por el hecho de que ello no haya sido declarado no puede
decirse que la accionante aún ostente el derecho de ser alcaldesa, pues el decaimiento
del acto ocurrió como consecuencia del regreso del Dr. Román en el mes de octubre
de 2020.
Argumentó que al proceso en curso debieron haber sido vinculados los partidos y
movimientos políticos que hicieron parte de la Coalición Carlos Román Alcalde, para
el período 2020-2023, y tal omisión acarrea una vulneración a sus derechos de defensa
y contradicción al momento de proferir el fallo de primera instancia.
Por último, añadió que la sentencia de primera instancia revivió indebidamente los
términos que estaban cobijados por el fenómeno de la caducidad de la acción, pues le
otorga a la accionante 4 meses para que acuda al medio de control al que debió acudir
desde el mes de octubre de 2021.
d) Departamento de Santander:
Indicó en primer lugar que en el asunto que nos ocupa existe una cosa juzgada
constitucional, derivada del hecho de que la Corte Constitucional, en sentencia SU-
213 de 2022, rechazó la solicitud elevada por la aquí accionante respecto de ser
proclamada alcaldesa de Girón, de manera que no resulta viable abrir un nuevo debate
judicial para discutir esa misma incidencia.
En segundo lugar, afirmó que la accionante omitió acudir a los medios judiciales
perentorios y principales con los que contaba para defender los intereses que ahora
son objeto de la acción constitucional de amparo, a través del medio de control de
nulidad electoral o del de nulidad y restablecimiento del derecho.
En tercer lugar, señaló que la accionante hizo entrega efectiva del cargo como
“alcaldesa saliente” sin encontrarse ejecutoriado el fallo de tutela que dispuso la
reincorporación de Carlos Román como Alcalde de Girón, circunstancia que se produjo
el 26 de octubre de 2021, esto es, antes de la ejecutoria de la sentencia de segunda
instancia dictada en su momento por la Sección Quinta del Consejo de Estado. De esa
suerte, añadió, contrario a lo afirmado por el a quo, el caso que nos ocupa sí se
presentó una falta absoluta del Alcalde de Girón, lo que obligaba a dar aplicación al
procedimiento de designación del respectivo burgomaestre por parte del Gobernador
de Santander, como en efecto aconteció. De manera que tal actuación es válida y
ajustada al ordenamiento jurídico.
4. El trámite procesal
La presente acción de tutela fue interpuesta el 27 de octubre de 2022 y fue admitida
por Auto del 22 de noviembre de 2022.
Surtido el trámite correspondiente, el 9 de febrero de 2023, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado dictó sentencia de primera instancia, amparando, transitoriamente,
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los derechos fundamentales de la accionante al debido proceso, y a elegir y ser
elegida.
Inconformes con la decisión del a quo, los señores Yulia Moraima Rodríguez Esteban,
por intermedio de apoderado judicial, Javier Orlando Acevedo Beltrán, Carlos
Leonardo Hernández y el departamento de Santander impugnaron la Sentencia de 9
de febrero de 2023.
En providencia del 23 de marzo de 2023, la Magistrada Ponente del asunto concedió
las impugnaciones presentadas y ordenó la consecuente remisión del expediente a la
Secretaría General del Consejo de Estado a efectos de que se surtiera el trámite
correspondiente a la segunda instancia.
Repartido el expediente a la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado,
su conocimiento correspondió a la Sala integrada por los Magistrados Fredy Ibarra
Martínez, Martín Bermúdez Muñoz y Alberto Montaña Plata, quienes manifestaron su
impedimento para conocer del presente asunto, invocando para el efecto la causal
prevista en el artículo 56, numeral 4, del Código de Procedimiento Penal.
Previo el sorteo correspondiente, mediante Auto del 19 de julio de 2023, esta Sala de
Conjueces declaró fundados los impedimentos y dispuso, en consecuencia, separar a
los señores Consejeros de Estado del presente trámite.
Por Auto del 18 de agosto de 2023, el suscrito Conjuez Ponente decretó una prueba
de oficio, necesaria para la adopción de la decisión de mérito correspondiente.
Cumplida la orden contenida en la providencia en mención, el 31 de agosto de 2023 el
expediente ingresó a Despacho para proferir la sentencia de segunda instancia.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 1983 de 2017, así como el artículo 2 del Acuerdo 55 de 2003
de la Sala Plena de esta Corporación, esta Sala es competente para conocer y decidir
las impugnaciones presentadas contra el fallo de primera instancia proferido el 9 de
febrero de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
2. Cuestión previa
Encontrándose el proceso de la referencia en trámite de segunda instancia, el
apoderado del departamento de Santander informó sobre la existencia de un proceso
contencioso administrativo que, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral,
cursaba ante el Tribunal Administrativo de Santander, y en el que se discutía la
legalidad del acto administrativo por medio del que se designó como Alcalde de Girón
al señor Javier Orlando Acevedo Beltrán para la culminación del período constitucional
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2020-2023. En concreto, el proceso judicial aludido se identifica con el radicado
680012333000-2023-00006-00 (Acumulado).
En respuesta a dicha manifestación, el apoderado de la accionante allegó escrito que
tituló “Contradicción memorial”, afirmando concretamente lo siguiente: “de una ligera
lectura del texto de esa decisión del Tribunal claramente se pueden colegir dos
aspectos que el interviniente no considera en su memorial petitorio. El primero que se
trata de un fallo de primera instancia respecto del cual no hay nada definitivo en cuanto
a lo decidido, que pudiera enervar los efectos de la tutela concedida. Y el segundo
que, tanto en el aludido proceso como en el fallo correspondiente, emerge que los
temas de legalidad estudiados respecto del acto demandado no están imbricados con
el de la protección que se le otorgó a YULIA MORAIMA”.
Revisado el aplicativo SAMAI se observó que la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander en el proceso de nulidad electoral radicado con el número
68001-23-33-000-2023-00006-00 fue objeto de impugnación e ingresó a la Sección
Quinta de esta Corporación para ser decidido en segunda instancia, correspondiendo
su conocimiento al Despacho de la Doctora Rocío Araujo Oñate.
En orden a lo anterior, se decretó una prueba de oficio tendiente a obtener copia de
las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en el curso del proceso
68001-23-33-000-2023-00006-01 (Acumulado), en el que obra como demandante
FABIAN DIAZ PLATA Y PARTIDO ALIANZA VERDE y como demandado el
DEPARTAMENTO DE SANTANDER (quien expidió el acto de designación del señor
Javier Orlando Acevedo Beltrán como alcalde de Girón); así como la correspondiente
constancia de ejecutoria de tales decisiones.
Lo anterior, con el propósito de determinar la relevancia y conexidad de las decisiones
adoptadas en el marco del proceso de nulidad electoral 68001-23-33-000-2023-00006-
00 con lo que constituye el asunto objeto de decisión por parte de este juez colegiado
en sede de impugnación.
Efectivamente, el 4 de septiembre de 2023, en cumplimiento de la prueba de oficio
indicada, el Tribunal Administrativo de Santander remitió certificación en la que se
señala lo siguiente:
“Que dentro del medio de control de NULIDAD ELECTORAL demandante FABIAN
DÍAZ PLATA y otro, en contra de JAVIER ORLANDO ACEVEDO BELTRÁN,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, REGISTRADURIA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL, radicado bajo la partida 68001233300020230000601 (al que se le
acumuló el 680012333000-2023-00016-00), se profirió sentencia de primera
instancia por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER el diez (10) de
mayo de dos mil veintitrés (2023), la cual se notificó electrónicamente el doce (12)
de mayo de dos mil veintitrés, y al ser apelada, se envió al H. Consejo de Estado,
Corporación que dictó sentencia de segunda instancia el seis (06) de julio de dos
mil veintitrés (2023) notificada electrónicamente el (07) de julio de dos mil veintitrés,
quedando debidamente ejecutoriada el día catorce (18) de julio de dos mil veintitrés
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(2023). Una vez se recibió en esta Corporación se emitió auto de obedecer y
cumplir con fecha veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023), la cual fue
notificada el veintiséis (26) de julio del año en curso, y, conforme con lo preceptuado
en el Artículo 305 del Código General del Proceso, su ejecución “a partir del día
siguiente al de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el
superior…”.”
A la certificación antedicha, el Tribunal Administrativo de Santander acompañó copia
de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en el proceso de nulidad
electoral 68001-23-33-000-2023-00006-00. De su contenido, se desprende que en el
referido medio de control se perseguía la nulidad de la Resolución n° 27040 del 29 de
noviembre de 2022, por medio de la cual el Gobernador de Santander designó de
manera definitiva al señor Javier Orlando Acevedo Beltrán para ocupar el cargo de
alcalde de Girón (Santander) para lo que restaba del período constitucional 2020-2023.
En sentencia dictada el 10 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander
negó en primera instancia las pretensiones de la demanda. Interpuesto el recurso de
apelación correspondiente, la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de
sentencia dictada el 6 de julio de 2023, revocó el fallo impugnado y dispuso lo siguiente
en su parte resolutiva:
“PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
PASIVA de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por las razones
desarrolladas en esta sentencia.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 10 de mayo de 2023, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones y en su lugar
DECLARAR la nulidad de la Resolución 27040 del 29 de noviembre de 2023,
por medio de la cual el señor Javier Orlando Acevedo Beltrán, fue nombrado
como alcalde de Girón para lo que resta del período 2020-2023, conforme las
razones expuestas en este proveído.
TERCERO: Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.”
Como se reseñó en los antecedentes de la presente providencia, la acción de tutela
de la referencia invoca como vulnerados los derechos fundamentales al debido
proceso y a elegir y ser elegida, de los que es titular la señora Yulia Moraima Rodríguez
Esteban, y atribuyó la vulneración de los mismos a la expedición de la Resolución Nro.
23680 del 20 de octubre de 2022, por medio de la que el Gobernador de Santander
designó al señor JAVIER ORLANDO ACEVEDO BELTRÁN como alcalde encargado
del municipio de Girón (Santander).
Como también se relacionó previamente, el a quo concluyó que si bien la acción de
amparo fue incoada en contra de la Resolución n° 23680 del 20 de octubre de 2022,
la designación provisional del alcalde municipal de Girón por ella efectuada se
condicionó “al trámite previsto en el parágrafo 3 del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011”;
y que, con posterioridad a la misma, fue expedida la Resolución No. 27040 de 29 de
noviembre de 2022, por medio de la que se ratificó la designación del señor Javier
Orlando Acevedo Beltrán como alcalde municipal de Girón para lo que restaba del
10
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05676-02
Accionante: Yulia Moraima Rodríguez Esteban
período 2020-2023. De esa suerte, concluyó la primera instancia que, si bien en la
acción de tutela no se cuestionó la Resolución No. 27040 de 29 de noviembre de 2022,
esa circunstancia no era suficiente para concluir que el juez constitucional estaba
imposibilitado o no podía incluir en su análisis cuestiones adicionales que no fueron
propuestas por la parte demandante, pues en virtud de sus facultades extra y ultra
petita, puede ir más allá o por fuera de lo pedido con el fin de garantizar una protección
constitucional más eficaz y no enervar la efectividad de los derechos fundamentales
que se encuentran en juego.
Por esa razón, el a quo extendió su análisis jurídico y los efectos de su decisión a la
mencionada Resolución No. 27040 de 29 de noviembre de 2022, expedida por el
gobernador de Santander, en la que se designó al alcalde municipal de Girón por el
término restante del período institucional 2020-2023.
Las consideraciones que anteceden imponen a la Sala analizar si, en el caso que nos
ocupa, a la luz de la jurisprudencia constitucional sobre la materia, se ha configurado
el fenómeno de la carencia de objeto de la acción de tutela o si, por el contrario, a la
fecha subsisten las circunstancias de hecho y de derecho que fueron invocadas por la
accionante al promover la presente acción de amparo y si, en ese caso, la decisión
objeto de impugnación fue o no acertada, en los términos alegados por los recurrentes.
3. Problema jurídico
En orden a lo anterior, la Sala formula como problemas jurídicos a examinar en esta
instancia, los siguientes:
a) A la luz de la jurisprudencia constitucional sobre la materia, ¿se ha configurado el
fenómeno de la carencia de objeto en la acción de tutela de la referencia?
b) En caso negativo, ¿acertó el a quo en su decisión de acceder a la protección
constitucional solicitada por la accionante, en los términos consignados en la
Sentencia del 9 de febrero de 2023 o, por el contrario, le asiste razón a los recurrentes
en sus respectivos escritos de impugnación?
4. Razones de la decisión
Desde ahora anuncia la Sala que la respuesta al primer interrogante formulado es
afirmativa, por las razones que a continuación se exponen:
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que, en ocasiones, la
alteración de las circunstancias que motivaron la solicitud de amparo hace que la
acción de tutela pierda su razón de ser como mecanismo inmediato de protección. En
este escenario, “el juez no puede proferir una orden tendiente a salvaguardar los
derechos fundamentales invocados cuando, durante el trámite judicial, desaparece el
hecho que originó la presentación de la demanda. Para referirse a estos casos, la
doctrina constitucional ha empleado el concepto de carencia actual de objeto”1.
1
Corte Constitucional, sentencia T-002 de 2021, M.P. Gloria Stella Ortíz.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05676-02
Accionante: Yulia Moraima Rodríguez Esteban
Así mismo, el alto tribunal ha definido 3 categorías o circunstancias en las que la
carencia actual de objeto se materializa en el trámite de las acciones de tutela, a
saber2:
“3.1.1. Daño consumado. Es aquel que se presenta cuando se ejecuta el daño
o la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera
que, el juez no puede dar una orden al respecto con el fin de hacer que cese la
vulneración o impedir que se materialice el peligro. Así, al existir la imposibilidad
de evitar la vulneración o peligro, lo único procedente es el resarcimiento del
daño causado por la violación de derecho. No obstante, la Corte ha indicado
que, por regla general, la acción constitucional es improcedente cuando se ha
consumado la vulneración pues, esta acción fue concebida como preventiva
mas no indemnizatoria.
3.1.2. Hecho superado. Este escenario se presenta cuando entre el momento
de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como
consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de
derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha superación se
configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por
tanto, terminó la afectación, resultando inocua cualquier intervención del juez
constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la
accionada los ha garantizado.
3.1.3. Acaecimiento de una situación sobreviniente. Se presenta en aquellos
casos en que tiene lugar una situación sobreviviente, que a diferencia del
escenario anterior, no debe tener origen en una actuación de la accionada, y
que hace que ya la protección solicitada no sea necesaria, ya sea porque el
accionante asumió la carga que no le correspondía, o porque la nueva situación
hizo innecesario conceder el derecho.”
Ha sido igualmente uniforme la jurisprudencia constitucional en señalar que, pese a la
declaratoria de la carencia actual de objeto, “el juez puede emitir un pronunciamiento
de fondo o tomar medidas adicionales, dadas las particularidades del caso. Este tipo
de decisiones son perentorias cuando se presenta un daño consumado, mientras que
son optativas cuando acontece un hecho superado o una situación sobreviniente.
Además, se adoptan por motivos que superan el caso concreto, por ejemplo, para: (i)
avanzar en la comprensión de un derecho fundamental; (ii) llamar la atención sobre la
falta de conformidad constitucional de los hechos que motivaron la tutela y tomar
medidas que prevengan una violación futura; (iii) advertir la inconveniencia de su
repetición, so pena de las sanciones pertinentes; (iv) corregir las decisiones de
instancia; o, incluso, (v) adelantar un ejercicio de pedagogía constitucional”3.
En otro pronunciamiento, en un sentido similar, sostuvo la Corte Constitucional4:
“(i) si bien no resulta viable emitir la orden de protección que se solicitaba en la
acción de tutela, es perentorio un pronunciamiento de fondo sobre el asunto,
2
Corte Constitucional, sentencia T-038 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
3
Corte Constitucional, sentencia T-002 de 2021, M.P. Gloria Stella Ortíz.
4
Corte Constitucional, sentencia T-205A de 2018 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
12
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Accionante: Yulia Moraima Rodríguez Esteban
precisando si se presentó o no la vulneración que dio origen a la presentación
de la acción de tutela, en los casos en que la consumación del daño ocurre
durante el trámite de la acción (en primera instancia, segunda instancia o en el
trámite de revisión ante la Corte Constitucional), o cuando -bajo ciertas
circunstancias- se impone la necesidad del pronunciamiento por la proyección
que pueda tener el asunto (art. 25 del Decreto 2591 de 1991[18]), o por la
necesidad de disponer correctivos frente a personas que puedan estar en la
misma situación o que requieran de especial protección constitucional; y (ii) no
es perentorio en los casos de hecho superado o acaecimiento de una situación
sobreviniente, salvo cuando sea evidente que la providencia objeto de revisión
debió haber sido decidida de una forma diferente (pese a no tomar una decisión
en concreto, ni impartir orden alguna), “para llamar la atención sobre la falta
de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para
condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so
pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera”, tal como lo
prescribe el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991.” (énfasis añadido)
En suma, la carencia actual de objeto genera la extinción del objeto jurídico de la tutela
e implica que cualquier orden proferida por el juez caería en el vacío. Esta figura puede
generarse por: i) el hecho superado; ii) el daño consumado; y, iii) la situación
sobreviniente. En el daño consumado, surge para el juez de tutela el deber de
pronunciarse de fondo y, si es del caso, adoptar medidas correctivas. En el caso del
hecho superado y la situación sobreviniente, el juez podrá examinar el asunto con la
finalidad de verificar la conformidad constitucional de la situación que dio origen al
amparo, avanzar en la compresión de un derecho fundamental y realizar la función de
pedagogía constitucional, entre otros. En estos eventos, también puede proferir
remedios adicionales.
Dicho lo anterior, es preciso relacionar los siguientes hechos probados, jurídicamente
relevantes, para determinar si efectivamente se ha configurado el fenómeno jurídico
en estudio en el caso que nos atañe5:
• El 20 de junio de 2021 fue expedido por parte de la Registraduría Nacional del
Estado Civil el Acta E-26-ALC, así como el Formato E-27, por medio de los que
la Comisión Escrutadora de dicha entidad declaró a la señora YULIA MORAIMA
RODRÍGUEZ ESTEBAN como alcaldesa del municipio de Girón-Santander
para lo que restaba del período constitucional 2020-2023, producto de las
elecciones atípicas celebradas en dicha entidad territorial.
• El 24 de octubre de 2022, el Registrador Delegado en lo Electoral de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, en respuesta a solicitud elevada por el
gobernador de Santander respecto de la vigencia de las credenciales
electorales otorgadas a la señora RODRÍGUEZ ESTEBAN, manifestó lo
siguiente:
5
De conformidad con los elementos probatorios que obran en el expediente digital, disponible para su
consulta por parte de los sujetos procesales a través del aplicativo SAMAI.
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Accionante: Yulia Moraima Rodríguez Esteban
“El Consejo Nacional Electoral mediante concepto CNE-AJ-2022-1503
del 9 de agosto de 2022, del cual adjunto copia, absolvió una consulta de
la señora YULIA MORAIMA RODRÍGUEZ ESTEBBAN relacionada con
la vigencia del acto de declaratoria de su elección como alcaldesa del
municipio de Girón-Santander, en el que se señaló:
`En tal virtud y dada la puesta en juego de la seguridad jurídica y
garantía de los derechos fundamentales de los derechos (sic) a
elegir y ser elegido, así como los principios pro electoratem, para
el caso, constituirán los presupuestos desarrollados por la
jurisprudencia constitucional antes enunciada para la reviviscencia
del formulario E-26 en comento.`
Asimismo, teniendo en cuenta que el acto de declaratoria de la elección
(Acta E-26-alc) de la señora YULIA MORAIMA RODRÍGUEZ ESTEBAN
como alcaldesa del municipio de Girón para el período constitucional
2021-2023, expedido por la Comisión Escrutadora Municipal de Girón el
20 de junio de 2021, a la fecha se encuentra incólume y revestido de la
presunción de legalidad, en tanto que no ha sido declarado nulo ni
suspendido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se
considera que no es procedente la aplicación de los artículos 98,99 y 106
de la Key 136 de 1994. En efecto, la citada presunción permite al acto
(Acta E-26-ALC) desplegar sus efectos de acuerdo con lo establecido por
el artículo 88 de la Ley Estatutaria 1437 de 2011 – Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
• Por medio de la Resolución Nro. 23680 del 20 de octubre de 2022, el
gobernador de Santander designó provisionalmente, como alcalde del
municipio de Girón-Santander, al señor Javier Orlando Acevedo Beltrán. El acto
administrativo fue expedido, según se indica en sus consideraciones, en
acatamiento de lo dispuesto en la Sentencia SU-213 de 2022. En la misma
decisión administrativa se dispuso oficiar a la Delegación Departamental de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, así como al partido político, coalición,
movimiento político o grupo significativo de ciudadanos “para que proceda a la
conformación de la terna” de que trata el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011.
• Por medio de la Resolución 27040 del 29 de noviembre de 2022 el gobernador
de Santander designó de manera definitiva, como alcalde del municipio de
Girón-Santander, al señor Javier Orlando Acevedo Beltrán. El acto
administrativo fue expedido, según se indica, atendiendo el hecho de que los
partidos y movimientos políticos que integraban la Coalición “Carlos Román
Alcalde”, no remitieron en estricto sentido una terna sino una lista de 5
candidatos para el reemplazo del alcalde de Girón. En ese sentido la terna
solicitada no se había conformado en debida forma y, por ello, podía hacer uso
de su facultad discrecional para nombrar al de manera definitiva al referido
ciudadano Javier Orlando Acevedo Beltrán como burgomaestre del municipio
de Girón.
14
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Accionante: Yulia Moraima Rodríguez Esteban
• El señor FABIÁN DÍAZ PLATA y el PARTIDO ALIANZA VERDE promovieron
acción de nulidad electoral en contra del ACTO DE DESIGNACIÓN DEL
SEÑOR JAVIER ORLANDO ACEVEDO BELTRÁN COMO ALCALDE DE
GIRÓN (SANTANDER), proceso que se identificó con el número de radicación
68001-23-33-000-2023-00006-01 (Acumulado).
• En sentencia dictada el 10 de mayo de 2023 en el proceso arriba indicado, el
Tribunal Administrativo de Santander negó en primera instancia las
pretensiones de la demanda.
• La Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de sentencia de segunda
instancia dictada el 6 de julio de 2023, revocó el fallo antedicho y dispuso lo
siguiente en su parte resolutiva:
“PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA
POR PASIVA de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por las
razones desarrolladas en esta sentencia.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 10 de mayo de 2023, por medio
de la cual el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones
y en su lugar DECLARAR la nulidad de la Resolución 27040 del 29 de
noviembre de 2023, por medio de la cual el señor Javier Orlando Acevedo
Beltrán, fue nombrado como alcalde de Girón para lo que resta del
período 2020-2023, conforme las razones expuestas en este proveído.
TERCERO: Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.”
• La anterior providencia, según informó el Tribunal Administrativo de Santander,
adquirió ejecutoria el 27 de julio de 2023.
La carencia actual de objeto en las acciones de tutela, conviene recordarlo en este
punto, comporta la alteración de las circunstancias que motivaron la solicitud de
amparo, lo que hace que la acción de tutela pierda su razón de ser como mecanismo
inmediato de protección. En este escenario, se precisó previamente, el juez no puede
proferir una orden tendiente a salvaguardar los derechos fundamentales invocados
cuando, durante el trámite judicial, desaparece el hecho que originó la presentación de
la demanda.
Como se ha expuesto con suficiencia, la presente acción de tutela fue promovida para
obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser
elegida de los que es titular la señora YULIA MORAIMA RODRÍGUEZ ESTEBAN.
Garantías que consideró vulneradas por la expedición de Resolución Nro. 23680 del
20 de octubre de 2022. Así mismo, según se refirió, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, en el curso de la primera instancia, extendió su análisis jurídico y los efectos
de su decisión a la Resolución Nro. 27040 de 29 de noviembre de 2022.
Atendiendo la naturaleza transitoria del nombramiento contenido en la Resolución Nro.
23680 del 20 de octubre de 2022, entiende la Sala que tal acto administrativo perdió
15
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Accionante: Yulia Moraima Rodríguez Esteban
su fuerza ejecutoria y, por ende, cesó en la producción de sus efectos jurídicos, con
ocasión de la expedición de la la Resolución No. 27040 de 29 de noviembre de 2022.
Este último acto administrativo, sin embargo, ratificó el contenido de la decisión del 20
de octubre de 2022, designando de manera definitiva al señor Javier Orlando Acevedo
Beltrán como alcalde del municipio de Girón para lo que resta del período 2020-2023.
En ese sentido, le asistió razón al a quo cuando señaló que si bien en la acción de
tutela no se cuestionó la Resolución No. 27040 de 29 de noviembre de 2022, esa
circunstancia no es suficiente para concluir que el juez constitucional está
imposibilitado o no puede incluir en su análisis cuestiones adicionales que no fueron
propuestas por la parte demandante, pues en virtud de sus facultades extra y ultra
petita, puede ir más allá o por fuera de lo pedido con el fin de garantizar una protección
constitucional más eficaz y no enervar la efectividad de los derechos fundamentales
que se encuentran en juego.
Con todo, tampoco puede pasarse por alto el hecho de que el último acto administrativo
en cita fue declarado nulo por la sentencia proferida por la Sección Quinta de esta
corporación el 6 de julio de 2023, en el curso del proceso de nulidad electoral radicado
bajo el número 68001-23-33-000-2023-00006-01 (Acumulado). La sentencia, según
informó el Tribunal Administrativo de Santander, adquirió ejecutoria el 27 de julio de
2023.
En ese sentido, resulta forzoso concluir que, a la fecha en que se profiere la presente
decisión, han desaparecido las circunstancias que motivaron la presentación de la
presente solicitud de amparo -entiéndanse como tales la expedición de las
Resoluciones 23680 del 20 de octubre de 2022 y 27040 de 29 de noviembre de 2022,
a las que esta Corporación atribuyó en primera instancia la vulneración de los derechos
fundamentales de la señora YULIA MORAIMA RODRÍGUEZ ESTEBAN. Dicho de otro
modo, no existe un vehículo jurídico por medio del que el accionado departamento de
Santander esté vulnerando, en la actualidad, los derechos fundamentales de la
demandante, atendiendo el contexto de los hechos que motivaron la interposición de
la presente acción de amparo.
La Corte Constitucional, en la Sentencia SU-522 de 2019, recordó que, inicialmente,
la jurisprudencia sólo contempló dos categorías de la carencia actual de objeto: el
hecho superado y el daño consumado. Precisó que la primera se configura cuando la
entidad accionada satisface voluntariamente y por completo lo pedido, mientras la
segunda ocurre cuando se perfecciona “la afectación que con la tutela se pretendía
evitar”.
En la misma decisión, la Corte resaltó que el hecho sobreviniente es una tercera
categoría empleada por la Sala Plena y por distintas Salas de Revisión de ese Alto
Tribunal, y comprende aquellos eventos que no se enmarcan en los conceptos
tradicionales de hecho superado y daño consumado. A manera de ilustración, explicó
que se ha declarado su configuración cuando: (i) el actor asume una carga que no le
correspondía para superar la situación vulneradora; (ii) un tercero –distinto al
accionante y a la entidad demandada– logra que la pretensión se satisfaga en lo
fundamental; (iii) es imposible proferir orden alguna por razones no atribuibles a la
16
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05676-02
Accionante: Yulia Moraima Rodríguez Esteban
entidad demandada; o (iv) el actor simplemente pierde interés en el objeto original de
la litis.
Conectando lo ilustrado por la Corte con las particularidades del asunto que ahora nos
ocupa, debemos concluir que en el presente se ha configurado la carencia actual de
objeto por un hecho sobreviniente, concretado en que un tercero –en este caso, la
Sección Quinta del Consejo de Estado a través de la sentencia dictada el 6 de julio de
2023 en el proceso de nulidad electoral 68001-23-33-000-2023-00006-01– logró que
la pretensión se satisficiera en lo fundamental. Al efecto, recordemos que las
pretensiones de la acción de tutela de la referencia eran del siguiente tenor:
“1. Que se amparen los derechos fundamentales de la señora YULIA MORAIMA
RODRÍGUEZ ESTEBAN a que pueda ejercer el cargo de Alcaldesa del
Municipio de Girón (Santander), para el cual fue elegida para el restante período
constitucional comprendido entre 24 de junio de 2021 hasta el 31 de diciembre
de 2023, como resultado del amparo a los derechos fundamentales al debido
proceso, a elegir y ser elegido, a la seguridad jurídica y confianza legítima
vulnerados.
2. Que se deje sin validez la Resolución 23680 del 20 de octubre de 2022,
mediante la cual, el Gobernador de Santander, designó al señor JAVIER
ORLANDO ACEVEDO BELTRÁN como alcalde encargado del municipio de
Girón (Santander), por ser un acto arbitrario y una auténtica vía de hecho sin
fuerza vinculante alguna.
3. Que se le comunique la decisión al Gobernador de Santander, a la
Procuraduría General de la Nación y al Tribunal Administrativo de Santander.
4. En el evento de encontrar el Consejo de Estado que las actuaciones surtidas
por el Gobernador de Santander, la Procuraduría General de la Nación y el
Tribunal Administrativo de Santander hayan podido estructurar algún tipo de
conducta reprochable desde el punto de vista disciplinario o de cualquier otra
índole, se libren las comunicaciones correspondientes”.
Ahora bien, como se expuso al inicio de estas consideraciones, pese a la declaratoria
de la carencia actual de objeto, “el juez puede emitir un pronunciamiento de fondo o
tomar medidas adicionales, dadas las particularidades del caso. Este tipo de
decisiones son perentorias cuando se presenta un daño consumado, mientras que son
optativas cuando acontece un hecho superado o una situación sobreviniente. Además,
se adoptan por motivos que superan el caso concreto, por ejemplo, para: (i) avanzar
en la comprensión de un derecho fundamental; (ii) llamar la atención sobre la falta de
conformidad constitucional de los hechos que motivaron la tutela y tomar medidas que
prevengan una violación futura; (iii) advertir la inconveniencia de su repetición, so pena
de las sanciones pertinentes; (iv) corregir las decisiones de instancia; o, incluso, (v)
adelantar un ejercicio de pedagogía constitucional”6.
En el caso de la situación sobreviniente, el juez podrá examinar el asunto con la
finalidad de verificar la conformidad constitucional de la situación que dio origen al
6
Corte Constitucional, sentencia T-002 de 2021, M.P. Gloria Stella Ortíz.
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Accionante: Yulia Moraima Rodríguez Esteban
amparo, avanzar en la compresión de un derecho fundamental y realizar la función de
pedagogía constitucional, o proferir remedios adicionales7.
En consecuencia, y no obstante la carencia actual de objeto que habrá de declararse
en la parte resolutiva de la presente providencia, la Sala considera necesario precisar
que, a la fecha, y en línea con lo que la propia Registraduría Nacional del Estado Civil
conceptuó en su momento, ni el Acta E-26-ALC, ni el Formato E-27 del 21 de junio de
2021, han sido despojados de la presunción de legalidad que les otorga el
ordenamiento jurídico, actos en los que la Comisión Escrutadora de esa entidad
declaró a la señora YULIA MORAIMA RODRÍGUEZ ESTEBAN como alcaldesa del
municipio de Girón-Santander para lo que resta del período constitucional 2020-2023,
producto de las elecciones atípicas celebradas en aquella entidad territorial.
Así, la anulación de la Resolución 27040 de 29 de noviembre de 2022, y la pérdida de
fuerza ejecutoria de la Resolución 23680 del 20 de octubre de 2022, generan como
consecuencia ineludible que el Acta E-26-ALC y el Formato E-27 del 21 de junio de
2021, que declararon a la señora YULIA MORAIMA RODRÍGUEZ ESTEBAN como
alcaldesa del municipio de Girón-Santander para lo que resta del período
constitucional 2020-2023, produzcan a la fecha plenos efectos jurídicos, derivado, se
insiste, de su validez, vigencia y legalidad no desvirtuada por su juez natural.
Lo hasta aquí expuesto releva a la Sala de la necesidad de pronunciarse sobre el
segundo de los problemas jurídicos planteados al inicio de estas consideraciones.
5. Conclusión
De conformidad con las consideraciones que anteceden, la Sala revocará el fallo de
primera instancia y, en su lugar, declarará la configuración de la carencia actual de
objeto por la ocurrencia de una situación sobreviniente, pues han desaparecido las
circunstancias que motivaron la presentación de la presente solicitud de amparo -
entiéndanse como tales la expedición de las Resoluciones 23680 del 20 de octubre de
2022 y 27040 de 29 de noviembre de 2022.
No obstante lo anterior, la Sala advertirá al departamento de Santander que la
anulación de la Resolución 27040 de 29 de noviembre de 2022, y la pérdida de fuerza
ejecutoria de la Resolución 23680 del 20 de octubre de 2022, generan como
consecuencia ineludible que el Acta E-26-ALC y el Formato E-27 del 21 de junio de
2021, que declararon a la señora YULIA MORAIMA RODRÍGUEZ ESTEBAN como
alcaldesa del municipio de Girón-Santander para lo que resta del período
constitucional 2020-2023, producen a la fecha plenos efectos jurídicos, derivado, se
insiste, de su validez, vigencia y legalidad y, por lo tanto, la señora RODRÍGUEZ
ESTEBAN debe ser mantenida en su cargo como alcaldesa municipal de Girón hasta
que culmine el período para el que fue elegida popularmente.
Por lo expuesto, la Sala, en uso de sus facultades constitucionales y legales,
7
Corte Constitucional, sentencia T-002 de 2021, M.P. Gloria Stella Ortíz.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05676-02
Accionante: Yulia Moraima Rodríguez Esteban
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida 9 de febrero de 2023 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que accedió al amparo solicitado por la accionante en
el proceso constitucional de la referencia.
SEGUNDO. En su lugar, DECLARAR la configuración de la carencia actual de objeto
por la ocurrencia de una situación sobreviniente, derivado de la desaparición de las
circunstancias que motivaron la presentación de la presente solicitud de amparo.
TERCERO. ADVERTIR al departamento de Santander que la anulación de la
Resolución 27040 de 29 de noviembre de 2022, y la pérdida de fuerza ejecutoria de
la Resolución 23680 del 20 de octubre de 2022, generan como consecuencia que el
Acta E-26-ALC y el Formato E-27 del 21 de junio de 2021, que declararon a la señora
YULIA MORAIMA RODRÍGUEZ ESTEBAN como alcaldesa del municipio de Girón-
Santander para lo que resta del período constitucional 2020-2023, producen a la fecha
plenos efectos jurídicos, derivado, se insiste, de su validez, vigencia y legalidad; y por
lo tanto la señora RODRÍGUEZ ESTEBAN debe ser mantenida en su cargo como
alcaldesa municipal de Girón hasta que culmine el período para el que fue elegida
popularmente.
Notifíquese y cúmplase,
JUAN PABLO CÁRDENAS MEJÍA HERNANDO HERRERA MERCADO
Conjuez Conjuez
GUSTAVO QUINTERO NAVAS
Conjuez
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