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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05678-00

Fecha
5 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05678-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación planteada por la Fiduprevisora S.A., la Alcaldía de Tuluá – Secretaría de Educación Municipal de Tuluá y el Ministerio de Educación Nacional, en los términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado. TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05678-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

5 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., cinco (05) de diciembre de dos mil veintidós (2022).

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05678-00
Demandante: Adela María Caicedo Marín
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia
/ INMEDIATEZ – No se presentó en un término razonable / SUBSIDIARIEDAD – la
parte actora no ejerció el recurso ordinario.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de
la solicitud de amparo constitucional formulada por la señora Adela María Caicedo
Marín contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 25 de octubre de 2022, la señora Adela María Caicedo Marín, a través de
apoderado judicial, presentó demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
de acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad. Considera que
tales prerrogativas fueron vulneradas por las actuaciones que adelantó la autoridad
judicial accionada, en el trámite de segunda instancia, al interior del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho2 que promovió la actora contra la Nación –
Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y el Municipio de Tuluá – Secretaría de Educación.

2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente:

<<5.1. Se Tutelen los derechos fundamentales invocados por la accionante y
consecuentemente se disponga:
• Anular dentro del proceso distinguido con el número de radicación N.º
76111333300120190012600, todas las actuaciones que se han surgido con
posterioridad al día 15 de julio de 2021, fecha en que la Accionante radicó ante la
Accionada, el memorial de desistimiento del recurso de apelación; procediendo
especialmente a Revocar y dejar sin efectos la Sentencia No. 76 del 16 de junio de
2022, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Identificado con número de radicado 76111-33-33-001-2019-00126-01

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05678-00
Demandante: Adela María Caicedo Marín
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

• Como consecuencia de lo anterior, declarar en firme la sentencia de primera instancia
proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Buga No. 167 del 15 de diciembre
de 2020.
• Ordenar la devolución del expediente al juzgado de origen a fin de que se surtan los
tramites de ejecutoría y archivo.

5.2. Advertir a la Corporación Judicial infractora para que se (sic) estricta aplicación al
Código de Procedimiento Administrativo, a fin de que no se reitere esta situación>>3

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:

4.- La señora Adela María Caicedo Marín se vinculó a la docencia oficial con
anterioridad al 27 de junio de 2.003 y, tras cumplir con los requisitos de edad y tiempo
de servicio exigidos para pensionarse, la Secretaría de Educación de Tuluá y el
FOMAG reconocieron a su favor pensión de jubilación mediante la Resolución No.
310-054-0906 del 15 de noviembre de 2013.

5.- Relató que, el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, por intermedio de
la Fiduprevisora S.A., le estaba descontando el equivalente al 12% de cada mesada
pensional, incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre, con el objetivo
de satisfacer los aportes al sistema de seguridad social en salud.

6.- Aseveró que, en el acto administrativo que concedió la pensión, se determinó que
la accionante tiene derecho a que se le reajuste dicha prestación social acorde con
lo dispuesto en la Ley 71 de 1988, sin embargo, la mesada pensional que le fue
reconocida ha venido siendo incrementada anualmente con base a lo dispuesto en
el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, en el mismo porcentaje correspondiente al
Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE anualmente.

7.- Por lo anterior, el 19 de enero de 2018, presentó petición ante el FOMAG y la
Secretaría de Educación de Tuluá, con el propósito de solicitar que: (i) respecto de
los descuentos que se le aplican a sus mesadas pensionales a título de aportes al
sistema general de seguridad social en salud, se diera aplicación a lo dispuesto en
el numeral 5 del artículo 8 de la Ley 91 de 1989, según el cual, el monto que debe
aportarse es el 5% del valor de cada mesada y no el 12% que se le ha venido
descontando, y (ii) en lo referente a los ajustes anuales que se deben aplicar a la
mesada pensional, pidió dar aplicación al artículo 1 de la Ley 71 de 1988, norma que
establece que, la pensión se debe actualizar con base a la misma proporción en que
el Gobierno Nacional incrementa el salario mínimo mensual legal vigente cada año
y no acorde al IPC anual.

8.- Mediante acto administrativo No. 310-44 del 2 de febrero de 2018, la Secretaría
de Educación de Tuluá, negó las pretensiones de la accionante, al considerar que
los descuentos efectuados por concepto de pago de aportes a salud se encontraban
ajustados a las Leyes 1250 de 2008 y 812 de 2003, en adición a que, la pensión
estaba siendo actualizada anualmente como correspondía. No obstante, precisó la

3 Expediente digital, folios 10 y 11 del escrito de tutela.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05678-00
Demandante: Adela María Caicedo Marín
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

parte actora que, la respuesta a su petición ameritaba proferir un acto administrativo
complejo, el cual debía “estar integrado por la voluntad del Ente territorial y de la
Fiduprevisora tal como se lo ordena en el Decreto 2531 de 2005 y el artículo 56 de
la Ley 962 de 2005”, sin embargo, al considerar que se resolvieron de fondo sus
pretensiones y no se concedió la posibilidad de interponer recurso alguno contra
dicha decisión administrativa, entendía agotada la vía administrativa para formular
sus reclamos sobre la liquidación de su mesada pensional.

9.- Por lo anterior, la accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho a fin de que se declarara nulo el acto
administrativo No. 310-44 del 2 de febrero de 2018 expedido por la Secretaría de
Educación de Tuluá y, en consecuencia, se ordenara al FOMAG a devolver los
descuentos superiores en las mesadas ordinarias y adicionales, así como a reliquidar
la pensión acorde al aumento al salario mínimo y no al IPC.

10.- El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Guadalajara – Valle del
Cauca, mediante sentencia del 15 de diciembre de 2020, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Declaró la nulidad del acto administrativo demandado
en lo referente a los descuentos a seguridad social en salud respecto de las mesadas
adicionales de junio y diciembre, y consecuentemente, a título de restablecimiento
del derecho, condenó a la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG, reintegrar y
pagar a favor de la señora Gil Serrano los valores descontados por concepto de
cotizaciones en salud en las mesadas adicionales de junio y diciembre, desde el 19
de enero de 2015, debiendo abstenerse de seguir realizando el referido descuento.

11.- Sobre el reajuste pensional, mencionó que, acorde con la jurisprudencia del
Consejo de Estado, debía atenderse lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 100 de
1994, esto es, que las pensiones superiores al salario mínimo mensual vigente
tendrán que ser reajustadas anualmente conforme el índice de precios al consumidor
del año anterior, por lo que no eran procedentes sus pretensiones.

12.- Inconforme con la anterior decisión judicial, la señora Caicedo Marín presentó
recurso de apelación el 12 de enero de 2021, en el que alegó que, el juez de primera
instancia erró al considerar que mediante el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, se
efectuó una revocatoria tácita del inciso 5 del artículo 8 de la Ley 91 de 1989, y que
consecuentemente, todos los docentes están obligados a cotizar al sistema general
de seguridad social en salud conforme a los porcentaje fijados en la Ley 100 de 1993.
A su vez, sobre la actualización anual de su mesada pensional, pidió aplicar el
artículo 1 de la ley 71 de 1988, según el cual, se tendrá en cuenta el ajuste que hace
el Gobierno Nacional al salario mensual legal vigente.

13.- El 15 de julio de 2021, la accionante presentó escrito de desistimiento de dicho
recurso, alegando que:

<<(…) los recientes pronunciamientos jurisprudenciales han permitido que el Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca adoptara una postura sobre el objeto del litigio,
y de continuar con esta instancia judicial mi representada será sancionada con el pago de costas
procesales y agencias en derecho.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05678-00
Demandante: Adela María Caicedo Marín
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Amablemente solicito al Honorable despacho judicial que en pro del principio de economía
procesal conceda el desistimiento aquí solicitado y la de no condenar en costas ni agencias a mi
representada>>4.

14.- Mediante auto del 21 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca no aceptó el desistimiento del recurso de apelación, por el contrario, admitió
la apelación y se corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión.
En relación con el desistimiento del recurso, empezó por indicar las razones aducidas
por la demandante en el memorial suscrito el 15 de julio de 2021, y al respecto,
expuso que, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 316 del Código General del
Proceso, aplicable en procesos contencioso administrativos por remisión expresa
consagrada en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, debía tenerse en cuenta que
el desistimiento del recurso dejaba en firme la decisión materia del mismo y respecto
de quien lo hace, e igualmente, citó lo dispuesto en el numeral 4 de la referida norma
en los siguientes términos:

<<La figura del desistimiento de los recursos no está prevista expresamente en la Ley 1437 de
2011, pero sí en el Código General del Proceso, estatuto procesal al que debe remitirse en virtud
de lo dispuesto en el artículo 306 del CPACA. En ese sentido, el artículo 316 del Código General
del Proceso establece:

“Las partes podrán desistir de los recursos interpuestos y de los incidentes, las excepciones y
los demás actos procesales que hayan promovido. No podrán desistir de las pruebas practicadas.

El desistimiento de un recurso deja en firme la providencia materia del mismo, respecto
de quien lo hace. Cuando se haga por fuera de audiencia, el escrito se presentará ante el
secretario del juez de conocimiento si el expediente o las copias para dicho recurso no se han
remitido al superior, o ante el secretario de este en el caso contrario.

El auto que acepte un desistimiento condenará en costas a quien desistió, lo mismo que a
perjuicios por el levantamiento de las medidas cautelares practicadas.

No obstante, el juez podrá abstenerse de condenar en costas y perjuicios en los siguientes casos:
(...)

4. Cuando el demandado no se oponga al desistimiento de las pretensiones que de forma
condicionada presente el demandante respecto de no ser condenado en costas y perjuicios. De
la solicitud del demandante se correrá traslado al demandado por tres (3) días y, en caso de
oposición, el juez se abstendrá de aceptar el desistimiento así solicitado. Si no hay oposición, el
juez decretará el desistimiento sin condena en costas y expensas”>>5. (Negrilla propia del
texto)

15.- Acto seguido, resaltó que, según la norma transcrita, se permitía a la parte
demandante desistir del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de
primera instancia, por lo que dicha providencia estaría llamada a quedar en firme.

16.- Así, expuso que, el Consejo de Estado en sentencia SUJ-024-CE-S2-2021 del
3 de junio de 2020, unificó el tema de litigio y determinó que sí eran procedentes los
descuentos pensionales por concepto de aportes al sistema de seguridad social en

4 Expediente digital, folios 43 y 44 de las pruebas allegadas con el escrito de tutela, disponibles en el aplicativo

SAMAI a índice 2 dentro del radicado No. 11001-03-15-000-2022-05678-00.
5 Expediente digital, folio 47 de las pruebas allegadas con el escrito de tutela, disponibles en el aplicativo SAMAI

a índice 2 dentro del radicado No. 11001-03-15-000-2022-05678-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05678-00
Demandante: Adela María Caicedo Marín
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

salud en el 12% señalado en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, de las mesadas
adicionales de junio y diciembre de los docentes, en los siguientes términos:

<<Primero: Unificar jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar que son
procedentes los descuentos con destino a salud en el porcentaje del 12% señalado en el
artículo 204 de la Ley 100 de 1993, así como las normas que lo modifiquen, de las mesadas
adicionales de junio y diciembre de los docentes. Lo anterior por cuanto el artículo 8 de la
Ley 91 de 1989 les impuso el deber de contribuir con el aporte del 5% al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, incluso con la deducción de las mesadas adicionales. Más
adelante, la Ley 812 de 2003, en el artículo 81, incrementó el porcentaje al 12%, al hacer remisión
a las disposiciones generales de la Ley 100 de 1993, particularmente a los porcentajes de los
aportes señalados en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, los cuales se deducen de todas las
mesadas pensionales, incluso de las adicionales.

Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en esta
providencia en relación con el tema objeto de unificación constituye precedente
vinculante en los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en
discusión, tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la
presente sentencia de unificación son retrospectivos, en atención a lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.

De igual manera, debe precisarse que los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa
juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables>> 6.

17.- Por ende, advirtiendo que el Consejo de Estado, mediante precedente de
unificación con efectos retrospectivos, determinó que procedían los descuentos en
salud de todas las mesadas pensionales de los docentes, se imponía el deber al
Tribunal de aplicar dicho criterio jurisprudencial a asuntos que se encontraran en
trámite, tal como ocurría en el caso particular de la señora Adela Caicedo. En este
punto, precisó que, en caso de aceptarse el desistimiento del recurso, se dejaría en
firme la decisión adoptada por el A quo en la que se ordenó la devolución de los
aportes de las mesadas adicionales a partir del 19 de enero de 2015,
contradiciéndose el nuevo criterio jurisprudencial, por lo que, en virtud de “los
deberes del juez y para precaver una decisión lesiva al patrimonio público”7, era
necesario admitir la apelación y continuar con el trámite correspondiente.

18.- Dado lo anterior, el 26 de noviembre de 2021, la accionante formuló incidente
de nulidad invocando la causal de falta de competencia consagrada en el numeral 1
del artículo 133 del Código General del Proceso. Al respecto, alegó que, conforme
los artículos 81 y 306 del CPACA, en concordancia con el artículo 316 del CGP, las
partes pueden desistir de los recursos interpuestos, salvo que se hubiere proferido
sentencia de segunda instancia que los resolviere, y en el presente caso era evidente
que dicha petición se elevó previamente a que el Ad quem adoptara alguna decisión
de fondo sobre la controversia. Seguidamente, indicó que el desistimiento de un
recurso se hace en la medida en que ello convenga a los intereses de la parte que
lo pide, sin que dicha potestad deba someterse al criterio del juez que recibe la
solicitud, quien, en consecuencia, solo debe advertir que se cumplieron las
condiciones establecidas en la ley para que sea procedente, sin que deba elaborar

6 Expediente digital, folios 47 y 48 de las pruebas allegadas con el escrito de tutela, disponibles en el aplicativo

SAMAI a índice 2 dentro del radicado No. 11001-03-15-000-2022-05678-00.
7 Expediente digital, folio 48 de las pruebas allegadas con el escrito de tutela, disponibles en el aplicativo SAMAI

a índice 2 dentro del radicado No. 11001-03-15-000-2022-05678-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05678-00
Demandante: Adela María Caicedo Marín
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

una serie de consideraciones sobre las consecuencias que se generan con el
desistimiento y la firmeza de la sentencia de primera instancia.

19.- A su vez, adujo que, con la presentación del desistimiento del recurso se “crea
una revocatoria tácita de la competencia del juzgador”, por lo que no puede dictar
sentencia de segunda instancia o promover actuaciones posteriores a dicha
solicitud8.

20.- El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante fallo del 16 de junio de
2022, revocó la decisión del juez de primera instancia en lo referente a la devolución
de los aportes en salud y negó dicha pretensión. Al lado de esto, confirmó la negativa
al reajuste de la pensión acorde con lo dispuesto en la Ley 71 de 1988. En concreto,
aseveró que en el caso particular era aplicable el descuento del 12% sobre las
mesadas ordinarias en aplicación de lo previsto en las Leyes 100 de 1993, 797 y 812
de 2003 y 150 de 2008, junto con sus respectivos decretos reglamentarios, y acorde
con el criterio jurisprudencial más reciente adoptado por el Consejo de Estado, esto
es, la sentencia de unificación SUJ-024-CE-S2-2021 del 03 de junio de 20209.

21.- Sobre esto último indicó que, previamente, el Tribunal había asumido una
postura jurisprudencial en casos como el que se analizaba, en la que se accedía “a
la pretensión relacionada con la devolución total del 12% descontado de las mesadas
adicionales de junio y diciembre, sin embargo, tal como se dejó visto, el
pronunciamiento de unificación dictado por la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado constituye precedente vinculante en los términos del artículo 10
de la Ley 1437 de 1011, para todos los casos en discusión… resultando necesario
variar la postura y asumir la que considera que son procedentes los descuentos con
destino a salud en el porcentaje del 12% deducible de todas mesadas pensionales
de los docentes, incluso de las adicionales…”10

22.- Igualmente, indicó que acorde con lo dispuesto por el Consejo de Estado en
sentencia del 14 de junio de 2018 dentro del radicado No. 23001-23-33-000-2013-
00266-01, en vigencia de la Ley 100 de 1993, los pensionados no tienen derecho al
reajuste de la pensión con el salario mínimo11.

23.- Por otro lado, rechazó de plano la nulidad propuesta por la demandante, al
considerar que, según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 133 del CGP, esta
causal procede cuando el juez actúa en el proceso “después de declarar la falta de
jurisdicción o de competencia”12 y en el presente asunto, el Tribunal no había emitido
declaración en dicho sentido.

8 Expediente digital, folio 54 de las pruebas allegadas con el escrito de tutela, disponibles en el aplicativo SAMAI

a índice 2 dentro del radicado No. 11001-03-15-000-2022-05678-00.
9 Expediente digital, folios 60 y 61 de las pruebas allegadas con el escrito de tutela, disponibles en el aplicativo

SAMAI a índice 2 dentro del radicado No. 11001-03-15-000-2022-05678-00.
10 Expediente digital, folio 63 de las pruebas allegadas con el escrito de tutela, disponibles en el aplicativo SAMAI

a índice 2 dentro del radicado No. 11001-03-15-000-2022-03989-00.
11 Expediente digital, folio 61 de las pruebas allegadas con el escrito de tutela, disponibles en el aplicativo SAMAI

a índice 2 dentro del radicado No. 11001-03-15-000-2022-05678-00.
12 Expediente digital, folio 58 de las pruebas allegadas con el escrito de tutela, disponibles en el aplicativo SAMAI

a índice 2 dentro del radicado No. 11001-03-15-000-2022-05678-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05678-00
Demandante: Adela María Caicedo Marín
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

24.- Como fundamento de las pretensiones, la accionante considera que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, por las siguientes razones:

25.- En concreto, la demandante precisó que “en uso y ejercicio de los lineamientos
establecidos en el Código contencioso administrativo enmarcados dentro de la Ley
1437 de 2011”,13 y en su condición de apelante única, desistió del recurso de
apelación que presentó contra la decisión adoptada por el Juzgado Primero
Administrativo de Guadalajara de Buga, solicitando la terminación del proceso y la
declaratoria de ejecutoria de dicha decisión judicial. Sin embargo, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, no aceptó el referido desistimiento, rechazó de
plano el incidente de nulidad presentado y continuó con el proceso hasta proferir
sentencia de segunda instancia, ignorado que es “un acto totalmente facultativo y
voluntario de las partes del proceso”, ejecutando, en últimas, “un claro acto de
contrariedad de la voluntad de la demandante y… un hecho que es violatorio a la
normatividad”14.

26.- Así, afirmó que, aun cuando el Tribunal demandado tenía pleno conocimiento
de la solicitud de desistimiento, pues esta fue mencionada y desestimada dentro de
la sentencia de segunda instancia, procedió a emitir pronunciamiento de fondo de
forma injustificada y “cuando no tenía competencia para tal acto, puesto que ésta le
fue despojada desde el mismo momento en que la Demandante en su condición de
única apelante le radicó por medio electrónico el respectivo memorial de
desistimiento del Recurso de Apelación”15.

27.- Seguidamente, afirmó que era evidente la vulneración a su derecho a la
igualdad, en razón a que, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, si bien no
tiene una posición unificada sobre el asunto, ha aceptado el desistimiento del recurso
de apelación en casos similares al que se analiza. Por lo anterior, esgrimió que, si
se acepta que el Tribunal demandado conceda en unos casos y en otros no el
desistimiento del recurso, se trasgrede la seguridad jurídica.

28.- A continuación, sostuvo que, el Tribunal accionado también vulneró su derecho
al debido proceso, puesto que, al momento de proferir sentencia de segunda
instancia, desconociendo su solicitud de desistimiento del recurso de apelación,
“desatendió y no dio trámite a los postulados del artículo 268 del… CPACA.
Sobreponiendo sus argumentos y consideraciones por encima de la voluntad y de
los derechos de la demandante, máxime cuando se trataba de apelante único;
situación que de manera clara enmarca una alteración al procedimiento y a la
ritualidad procesal; y subsecuentemente la flagrante violación del derecho
fundamental al debido proceso, y así mismo… el principio legal de la no Reformatio
in Pejus, y dado que se trata de una acción contenciosa de carácter laboral, se omitió
la aplicación de la normatividad más favorable”16.

13 Expediente digital, folio 1 del escrito de tutela.
14 Expediente digital, folio 2 del escrito de tutela.
15 Ídem.
16 Expediente digital, folio 3 del escrito de tutela.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05678-00
Demandante: Adela María Caicedo Marín
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

29.- Con todo, hizo énfasis en que, el desistimiento del recurso de apelación es un
acto libre y voluntario de los sujetos procesales que se presenta “en la medida en
que ello convenga [a] los intereses de la parte” y en este caso que, la misma parte
que propuso el recurso desistió de él, por lo que, no debió existir impedimento alguno
para que se acepte el mismo, pues es una potestad que legalmente no está sometida
al criterio del juez o magistrado que debe decidirla. En ese sentido estima que para
su aceptación no es necesario “detenerse a meditar los motivos que promovieron tal
petición ni las consecuencias que la misma generará”17. Así, manifestó que acorde
con lo dispuesto en los artículos 81 y 306 del CPACA, en concordancia con el artículo
316 del CGP, es una facultad de las partes desistir de los recursos interpuestos salvo
que se haya proferido sentencia de segunda instancia que lo resolviera, y en el
presente caso, la respectiva petición se presentó mucho antes de que el Tribunal
accionado profiriera el fallo del 16 de junio de 2022, por lo que era posible inferir que
dicha autoridad judicial incurrió “en desaciertos procedimentales, en incorrecta
aplicación de la Ley y en desconocimiento de hechos relevantes del proceso;
procediendo con dichas situaciones anómalas a perjudicar enormemente a la
Accionante”18.

30.- Finalmente, explicó que las actuaciones a realizar por parte de la autoridad
judicial que conoce del desistimiento del recurso de apelación, se circunscriben a
verificar que las condiciones estén dadas para la presentación y admisión de dicha
solicitud “en cuanto a momentos procesales se refiere”, sin que le sea dable elaborar
“una serie de consideraciones sobre las consecuencias que se generan con el
desistimiento del recurso y la firmeza de la Sentencia de primera instancia, dado que
esto significaría una extralimitación de sus funciones como Juez contencioso, quien
se debe regir y solo actuar conforme lo dispone la Justicia rogada o a petición de
parte, la cual en el presente proceso no existe ya que la parte demandada guardó
silencio y aceptó la sentencia de primera instancia; y quien al no presentar su
objeción contra el fallo judicial está aceptando su conformidad con la decisión allí
tomada, y por lo tanto, no le asiste derecho de oponerse al desistimiento del recurso
de apelación”19.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

31.- Mediante auto del 31 de octubre de 2022, el Despacho sustanciador admitió la
acción de tutela, ordenó notificar de su presentación a la autoridad judicial accionada,
así como vincular a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al Municipio de Tuluá – Secretaría
de Educación, como terceros interesados en el proceso.

32.- Adicionalmente, requirió al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Guadalajara de Buga para que remitiera en calidad de préstamo, el
expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con
número de radicado 76111-33-33-001-2019-00126-00/01.

17 Expediente digital, folio 7 del escrito de tutela.
18 Ídem.
19 Expediente digital, folio 8 del escrito de tutela.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05678-00
Demandante: Adela María Caicedo Marín
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

(i) Fiduprevisora S.A.20

33.- Fiduprevisora actuando en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del FOMAG dio respuesta a la acción de tutela, solicitando declarar su
improcedencia y desvincular a la entidad del presente trámite al carecer de
legitimación en la causa por pasiva, al ser “una administradora de recursos públicos”,
y carecer de sustento lo alegado por el demandante con respecto a la vulneración
de sus derechos fundamentales, pues a su juicio, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y las demás autoridades judiciales que conocieron del proceso, actuaron
conforme al debido proceso, y en respeto de los precedentes judiciales aplicables al
caso concreto.

(ii) Alcaldía de Tuluá - Secretaría de Educación Municipal21

34.-El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Tuluá y la Secretaría de
Educación Municipal, solicitaron negar las pretensiones de la demanda en lo que
respecta a ambas entidades, o en su defecto, desvincularlas de la presente acción
de tutela, al considerar que, acorde a lo alegado por el demandante en el escrito de
tutela, se advierte que los reproches van dirigidos contra la decisión adoptada por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, sin mencionarse expresamente o
siquiera probarse que, el ente territorial o la Secretaría Municipal de Educación
vulneraron en modo alguno los derechos fundamentales de la señora Caicedo Marín.

(iii) Nación – Ministerio de Educación22

35.- El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la cartera ministerial solicitó la
desvinculación de la entidad en el presente trámite considerando que, no es la
competente para pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la acción de
tutela, pues esta se dirige a cuestionar el actuar del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, en el que el Ministerio de Educación no tuvo injerencia alguna.

(iv) Tribunal Administrativo del Valle del Cauca23

36.- La magistrada ponente de la decisión objeto de demanda, empezó por indicar
que, por reparto, el 13 de junio de 2021 se asignó a su despacho el conocimiento del
recurso de apelación interpuesto por la accionante contra la sentencia de primera
instancia del 15 de diciembre de 2020 proferida por el Juzgado Primero
Administrativo de Guadalajara de Buga. Seguidamente, mencionó que, la accionante
presentó desistimiento del recurso y mediante auto del 21 de octubre de 2021, dicha
solicitud fue negada porque la sentencia de unificación SUJ-024-CES2-2021 del 3
de junio de 2020, aplica a todos los casos que estaban en curso, como el de la señora
Caicedo Marín, en adición a que, es deber judicial proteger el patrimonio público y la
providencia referida declaró que los descuentos para aportes al sistema de seguridad
social en salud son legales. Luego, el 26 de noviembre de 2021, la actora presentó

20 Expediente digital, intervención contenida en 5 folios.
21 Expediente digital, intervención contenida en 3 folios.
22 Expediente digital, intervención contenida en 7 folios.
23 Expediente digital, intervención contenida en 2 folios.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05678-00
Demandante: Adela María Caicedo Marín
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

incidente de nulidad a fin de que se declarara nulo todo lo actuado en segunda
instancia, el cual fue rechazado de plano en fallo del 16 de junio de 2022, al no
“encajar” lo alegado en ninguna de las causales taxativas establecidas en la ley, y
resaltó que, se modificó la decisión de primera instancia teniendo en cuenta las
reglas de unificación establecidas por el Consejo de Estado (SUJ-024-CES-2-2021)
y en atención a la protección del patrimonio público.

37.- Además, expuso que, el apoderado de la demandante ha presentado múltiples
demandas contra el FOMAG con las mismas pretensiones, por lo que conoce que la
Sala de Decisión demandada accedía a la devolución de los aportes al sistema de
seguridad social en salud, pero al acoger lo dispuesto en la sentencia de unificación
del Consejo de Estado previamente referida, cambió su postura y, “pese a lo anterior,
se ha empeñado en presentar numerosos recursos, incidentes de nulidad y tutelas,
cuando el asunto fue definido por el juez ordinario”.

38.- Por último, aseveró que la acción de tutela carece de inmediatez porque la
decisión de no aceptar el desistimiento se dictó el 21 de octubre de 2021 y la solicitud
de amparo constitucional se formuló pasados más de 6 meses.

(v) Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga

39.- A través de correo electrónico del 3 de noviembre de 2022, el despacho judicial
remitió en calidad de préstamo el expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado No. radicado 76001-33-33-001-2019-00126-01, sin hacer
pronunciamiento alguno con respecto a la acción de tutela que se analiza.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Cuestión previa

40.- La Sala negará la solicitud de desvinculación planteada por la Fiduprevisora
S.A., la Alcaldía de Tuluá - Secretaría de Educación Municipal de Tuluá y la Nación
– Ministerio de Educación, comoquiera que todos ellos se encuentran legitimados en
la causa por pasiva.

41.- En efecto, se observa que, dentro de los hechos alegados en la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho que dio lugar a las providencias reprochadas
a través de la acción de tutela, se mencionó expresamente que, quien reconoció la
pensión de jubilación a la demandante y dio respuesta negativa a su petición sobre
la reliquidación de las mesadas pensionales, fueron, el ente territorial a través de la
Secretaría de Educación Municipal, el FOMAG y la Fiduprevisora, respectivamente.
En consecuencia, al ser las entidades frente a las cuales se reclama el recálculo
pensional y pudiendo dictarse órdenes en este proceso que modifiquen el monto de
la pensión de la demandante, se considera que tienen interés directo en las resultas
del proceso y por ende, no es procedente su desvinculación.

42.- A su vez, se advierte que el Ministerio de Educación actuó como parte
demandada en el proceso ordinario promovido por la accionante y dentro del cual se
10

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05678-00
Demandante: Adela María Caicedo Marín
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

dictaron las decisiones judiciales cuestionadas, sin que se haya emitido
pronunciamiento alguno sobre su calidad de parte en el asunto, luego, se considera,
tiene un interés sustancial en el trámite de tutela, pues, eventualmente, puede
resultar afectada con la decisión que adopte el juez constitucional.

D. De la acción de tutela contra providencias judiciales

43.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo
del 31 de julio de 2012, unificó su postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales24.

44.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de amparo
constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es apenas un
instrumento de carácter residual y subsidiario para la protección de los derechos
fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Superior25.

45.- Así entonces, esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos
generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos
fundamentales, que deben ser cuidadosamente verificados, son los siguientes26:

a). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.

b). Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable.

c). Que se cumpla el requisito de inmediatez.

d). Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.

e). Que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y,

f). Que no se trate de sentencias de tutela.

46.- Ahora bien, interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito
general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante
el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales

24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. No.

11001-03-15-000-2009-01328-01.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp.

11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de

2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
11

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05678-00
Demandante: Adela María Caicedo Marín
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no
existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional27.

47.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia
judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito,
sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la
necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la
presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.

48.- Lo anterior, comoquiera que, con dicho requisito, se persiguen al menos tres
finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional28 y, en ese sentido, evitar
que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad 29; (ii)
restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones que revistan de clara y
marcada relevancia desde la óptica constitucional, porque afectan derechos
fundamentales30; e (iii) impedir que la interposición de la acción de tutela se convierta
en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de las
autoridades jurisdiccionales31.

49.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la
jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la
Sala Plena de esta Corporación, corresponden a los denominados defectos
materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos
fundamentales32: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error
inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial;
y (viii) violación directa de la Constitución.

27 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.
28 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este

sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez
constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no
puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en
su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación
judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia”.
29 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la

constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones
o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la
definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos
fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la
jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-896 de 2010, T-
040 de 2011, T-338 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional.
30 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los fundamentos de

una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental
del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces
de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o
suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo
que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales
de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite
la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales
a los distintos ámbitos del derecho”.
31 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da

lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina
la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Cfr. Sentencia T-102 de
2006 de la Corte Constitucional.
32 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender

situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un
desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal
específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional.
12

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05678-00
Demandante: Adela María Caicedo Marín
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

50.- En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia
suponen pautas metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al
abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia
judicial. Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el mandato de
efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor
de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios constitucionales
de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad judicial a cargo de
esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la
interpretación del derecho legislado, o en la evaluación detenida de las pruebas del
caso, o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras
autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de manera residual y
excepcional la protección de los derechos fundamentales en los trámites
judiciales”33.

E. Análisis del caso concreto

51.- En esta oportunidad, le corresponde a la Sala verificar si las circunstancias que
se alegan en la presente causa acreditan los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela, particularmente, los atinentes a la subsidiariedad e inmediatez.
Sólo en el evento de acreditarse, pasará a abordar el estudio de los demás criterios
con el fin de establecer si las autoridades demandadas incurrieron en la vulneración
de los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

52.- De entrada, la Sala advierte que la solicitud de amparo se torna improcedente
por no satisfacer los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, pues ésta se
interpuso pasados más de 6 meses desde que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca negó el desistimiento del recurso de apelación, en adición a que, contra
dicha decisión procedía el recurso de reposición, que no fue interpuesto en término
por la parte actora, es decir, no se agotaron debidamente todos los mecanismos
judiciales ordinarios con que contaba la demandante para intentar obtener decisión
judicial favorable a sus pretensiones.

53.- Ab initio, es importante señalar que, las pretensiones de la acción de tutela se
dirigen a cuestionar la negativa del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sobre
el desistimiento del recurso de apelación presentado por la actora, por lo que, se
pide declarar la nulidad de “todas las actuaciones que se han surgido con
posterioridad al día 15 de julio de 2021, fecha en que la Accionante radicó ante la
Accionada, el memorial de desistimiento del recurso de apelación”34. Es decir, se
entiende que, los argumentos de la acción de tutela se concentran a cuestionar lo
actuado desde el momento en que el Tribunal accionado negó el desistimiento de la
apelación, mediante auto del 21 de octubre de 2021.

54.- En relación con el presupuesto de inmediatez para la interposición de demandas
de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación ha considerado que para efectos de establecer

33 Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional.
34 Expediente digital, folio 11 del escrito de tutela.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05678-00
Demandante: Adela María Caicedo Marín
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

si la acción de tutela contra providencia judicial se ejerció oportunamente, se debe
verificar que se haya presentado dentro de los 6 meses siguientes a la notificación o
ejecutoria de la providencia cuestionada, según el caso.

55.- Acorde con lo anterior, se advierte que, en este caso, respecto al auto del 21 de
octubre de 2021, mediante el cual se negó dentro del proceso el desistimiento del
recurso de apelación, siendo esta la principal providencia atacada mediante la acción
de tutela atendiendo los argumentos esgrimidos por la parte actora, no se cumple el
requisito general de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
referente a la inmediatez. Lo anterior, por cuanto, la providencia cuestionada fue
notificada por correo electrónico del 26 de octubre de 202135, y la acción de tutela se
presentó hasta el 25 de octubre de 2022, es decir, 11 meses después, superando
considerablemente el término de 6 meses establecido jurisprudencialmente por esta
Corporación, máxime cuando la accionante no expuso ninguna circunstancia en
particular para justificar su tardanza en la interposición de la acción de tutela.

56.- Aunado a lo anterior, la Sala advierte que la solicitud de amparo tampoco cumple
con el requisito de subsidiariedad.

57.- Al respecto, reitérese que, en virtud de su carácter subsidiario, la acción de tutela
procede cuando el accionante no dispone de otro medio de defensa salvo que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable, es decir, los interesados deben hacer uso de todos los recursos
ordinarios y extraordinarios que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para remediar
la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de modo que se impida el uso
indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial
adicional de protección, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e
idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

58.- Lo anterior, de conformidad con el artículo 8636 de la Constitución Política y el
numeral 1 del artículo 637 del Decreto 2591 de 1991, los cuales prevén como causal
de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa
para la protección de los derechos invocados.

59.- Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una solicitud de tutela, el
interesado debió haber agotado los recursos -idóneos y eficaces- que tenía a su

35 En el que se mencionaba que se fijaría edicto del 27 de octubre de 2021 hasta el 2 de noviembre de 2021, tal

como consta en índices 8 y 9 del aplicativo SAMAI dentro del proceso con radicado No. 76111-33-33-001-2019-
00126-01
36 “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un

procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable (…)”. (se destaca).
37 “Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)”
14

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05678-00
Demandante: Adela María Caicedo Marín
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

disposición para lograr el amparo de sus derechos, pues, de lo contrario, la tutela
deviene improcedente.

60.- No obstante, en los casos en que concurran otros medios de defensa, la
jurisprudencia constitucional ha establecido que existen dos excepciones que
justifican la procedibilidad de la acción de tutela, previó a que aquéllos hayan sido
agotados, a saber:

<<(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y,

(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede
como mecanismo transitorio>>38.

61.- Ahora, la noción de perjuicio irremediable ha sido definida como un riesgo cierto
y real de daños provenientes de la amenaza o violación de derechos fundamentales,
riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna manera de ser reparado, esto
es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, es necesaria la
intervención urgente e inmediata del juez de tutela, pero siempre que ese
menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga de acciones
manifiestamente contrarias a la ley y, por tanto, que involucren un menoscabo de
derechos fundamentales.

62.- En el caso objeto de estudio, el actor afirma que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca vulneró sus derechos fundamentales al acceso a la administración
de justicia, al debido proceso y a la igualdad, al negar mediante auto del 21 de
octubre de 2021, el desistimiento del recurso de apelación presentado 15 de julio de
2021.

63.- Al respecto, la Sala advierte que contra dicha decisión judicial la parte actora
podía presentar el recurso de reposición, acorde con lo dispuesto en el artículo 242
de la Ley 1437 de 201139, no obstante, no allegó prueba de su interposición, así
como tampoco reposa en el expediente ordinario constancia de que efectivamente
lo haya presentado y se haya resuelto por el Tribunal accionado, con lo cual, se
colige que la demandante no agotó dicho mecanismo judicial y la acción de tutela
carece de subsidiariedad.

64.- En este punto, valga precisar que, si bien la accionante el 26 de octubre de 2021,
interpuso incidente de nulidad para controvertir la negativa al desistimiento del
recurso de apelación dada mediante auto del 21 de octubre de 2021, lo cierto es que,
haber activado dicha vía judicial no la exime de agotar los recursos judiciales que la
ley previó para defender la presunta vulneración a sus derechos fundamentales, así
como tampoco puede entenderse que, al interponer la solicitud de nulidad subsanó
el referido yerro en su actuar, luego, se reitera, la acción de tutela no está llamada a
prosperar al estimarse que la demandante no agotó debidamente la vía ordinaria.

38 Sentencia T-375 de 2018. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
39 La referida norma reza: “El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en
contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso”.
15

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05678-00
Demandante: Adela María Caicedo Marín
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

65.- También descarta la Sala que la inmediatez pueda contarse desde que se
notificó la sentencia de segunda instancia proferida el 16 de junio de 2022 40, bajo la
consideración de que en ella se decidió el respectivo incidente de nulidad, pues, tal
como se dijo previamente, la decisión principalmente cuestionada con los
argumentos esgrimidos en la acción de tutela, se entiende, es el auto de 21 de
octubre de 2021, decisión judicial en la que inicial y expresamente se negó el
desistimiento del recurso, y sobre la que no se presentó el recurso de reposición
oportunamente, error que no puede entenderse subsanado con la petición de
nulidad, tal como se explicó previamente.

66.- Adicionalmente, no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable que
amerite la intervención del juez constitucional, como mecanismo transitorio, en
asuntos que no son de su competencia, pues aunque el accionante afirma que al
reducirle su mesada pensional, se ha visto afectado su mínimo sin mayor
justificación o prueba, la Sala advierte que la actora recibe actualmente una pensión,
que le permite suplir sus necesidades básicas, por lo que dicho argumento no resulta
suficiente para flexibilizar el requisito de subsidiariedad y examinar el asunto de
fondo.

67.- Así las cosas, la acción de tutela que se examina no cumple con los requisitos
general de inmediatez y subsidiariedad, por lo tanto, esta Sala habrá de declarar
improcedente la misma41.

68.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación planteada por la Fiduprevisora
S.A., la Alcaldía de Tuluá – Secretaría de Educación Municipal de Tuluá y el
Ministerio de Educación Nacional, en los términos expuestos en la parte motiva de
la presente sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado.

TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

40 Notificada por correo electrónico el 21 de junio de 2022.
41 La Sala precisa que la presente providencia no entra en contradicción con la decisión adoptada el 18 de

noviembre de 2022 dentro del proceso 11001-03-15-000-2022-03989-01, en la cual se concedió el amparo
deprecado, en tanto las condiciones materiales de ambos casos difieren sustancialmente.
16

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05678-00
Demandante: Adela María Caicedo Marín
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE42
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

42 VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
17

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