Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05683-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-05683-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05683-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05683-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
12 de diciembre de 2022
R a d ic a d o : 1 1 00 1- 03- 1 5- 00 0- 20 2 2- 05 6 83 - 00
Ac c i o na nt e : O r g an iz a c i ón I n dí ge n a d el Car i be (O IC)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
F.T: 300
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05683-00
Accionante: ORGANIZACIÓN INDÍGENA DEL CARIBE (OIC)
Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas: Acción de tutela por falta de respuesta a solicitud. Niega el amparo con
respecto a la Presidencia de la República, la Consejería Presidencial para las
Regiones y el Departamento Nacional de Planeación y concede frente a las demás
accionadas.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela,
decide la acción de la referencia.
HECHOS RELEVANTES
a) Petición
La Organización Indígena del Caribe (OIC), conformada por las comunidades de los
pueblos indígenas Zenú, Mokaná, Emberá, Malibú, Wayuu, Murui, Makaguan y
Tikuna, afirmó que el 29 de septiembre de 2022 elevó petición al presidente de la
República, al ministro del Interior, al consejero presidencial para las Regiones y al
Consejo Nacional de Planeación (CNP), a través de correo electrónico, con el fin de
que se adelantaran los trámites correspondientes para garantizar el proceso de
consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo «Colombia Humana hacia una era
de Paz 2022-2026». Sin embargo, manifestó que a la fecha de radicación de la
presente acción aquellas autoridades no han resuelto de fondo su pedimento.
b) Inconformidad
La accionante consideró que la Presidencia de la República de Colombia, la
Consejería Presidencial para las Regiones, el Ministerio del Interior y el Consejo
Nacional de Planeación (CNP) vulneraron su derecho fundamental de petición, por
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
R a d ic a d o : 1 1 00 1- 0 3- 1 5- 00 0- 2 02 2- 0 56 8 3- 00
Ac c i o na nt e : O r g an iz a c i ón I n dí ge n a d el Car i be (O IC)
no brindarle una respuesta clara, precisa, congruente, de fondo y oportuna a la
solicitud que presentó.
PRETENSIONES
La parte accionante requirió amparar su derecho fundamental precitado y, en
consecuencia, ordenar al presidente de la República, al ministro del Interior, al
consejero presidencial para las Regiones y al Consejo Nacional de Planeación
contestar de forma clara, precisa y congruente la petición que radicó el 29 de
septiembre de 2022.
CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO
Presidencia de la República
El profesional del derecho Pablo Andrés Corredor Gómez, previo a pronunciarse
sobre el fondo del asunto, aclaró que la Consejería Presidencial para las Regiones
no cuenta con personería jurídica por lo que su representación judicial recae en el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Por lo anterior,
afirmó que el 19 de octubre del año en curso dicha Consejería, mediante el Oficio
núm. OFI22-00126029 / GFPU 1209000, dio respuesta a la solicitud radicada por la
accionante y que, adicionalmente, por medio de los oficios núms. OFI22-00126057
/ GFPU 12090000 y OFI22-00126063 / GFPU 12090000, remitió por competencia
esa petición al Ministerio del Interior y al Departamento Nacional de Planeación,
respectivamente.
De otra parte, aseguró que es al Ministerio del Interior y al Departamento Nacional
de Planeación, a quienes les corresponde, en el ámbito de sus competencias,
adelantar las gestiones a que alude el accionante en el escrito de tutela. Por
consiguiente, solicitó declarar la improcedencia de la presente acción, ante la
ausencia de vulneración de los derechos fundamentales reclamados, y la falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Departamento Nacional de Planeación1
La abogada Cielo Marcela Prado Ortiz se opuso a la prosperidad de la acción de la
referencia, comoquiera que lo pretendido por la accionante no forma parte de las
competencias atribuidas a esa entidad y, adicionalmente, no es el responsable de
la vulneración de los derechos fundamentales reclamados, pues, mediante el
radicado 20225900752621, atendió la solicitud presentada por la consejera mayor
y representante legal de la Organización Indígena del Caribe, por lo que solicitó
declarar improcedente la acción de tutela o, en su defecto, desvincular a su
representada del presente trámite, ante la falta de legitimación en la causa por
pasiva.
1 Vinculado a esta acción mediante auto del 22 de noviembre del año en curso.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
R a d ic a d o : 1 1 00 1- 0 3- 1 5- 00 0- 2 02 2- 0 56 8 3- 00
Ac c i o na nt e : O r g an iz a c i ón I n dí ge n a d el Car i be (O IC)
El Ministerio del Interior y el Consejo Nacional de Planeación (CNP) guardaron
silencio, a pesar de que fueron debidamente notificados del auto admisorio de la
acción de la referencia.
CONSIDERACIONES
Competencia
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 1.° del Decreto 333 de 20212, el cual regula que:
«[…] Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la
República, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, así como, las
actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias del Gobierno
nacional, autoridades, organismos, consejos o entidades públicas relacionadas con
la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas para su conocimiento en primera
instancia, al Consejo de Estado […]».
Problema jurídico
El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en la siguiente pregunta:
1. ¿La petición presentada por la Organización Indígena del Caribe (OIC),
fue resuelta de manera clara, precisa y de fondo y, además, la respuesta
le fue puesta en conocimiento?
Para resolver el problema así planteado, se abordarán las siguientes temáticas: (I)
derecho de petición y (II) análisis de la solicitud presentada por la parte accionante.
Veamos:
I. Derecho de petición
En el artículo 23 de la Constitución Política se faculta a todas las personas, para
que puedan presentar peticiones respetuosas ante las autoridades públicas o las
organizaciones privadas y a obtener pronta respuesta. Adicionalmente, este
derecho comprende no solo dicha prerrogativa, sino también la garantía de que las
solicitudes se resuelvan de fondo, de manera clara, precisa y oportuna3.
En efecto, la jurisprudencia constitucional4 ha indicado que la respuesta a los
pedimentos que se eleven ante autoridades públicas y particulares deben cumplir
los siguientes requisitos: ser oportunas, resueltas de fondo, claras, precisas y
congruentes con lo pedido, así como ser puestas en conocimiento del
titular; además, ha precisado que la contestación no significa que se tenga que
acceder a lo solicitado.
2 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
3 Ver, entre otras, la sentencia de la Corte Constitucional T-481 de 1992, M.P: Jaime Sanín Greiffenstein.
4 Ver entre otras sentencias: T-095 de 2015.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
R a d ic a d o : 1 1 00 1- 0 3- 1 5- 00 0- 2 02 2- 0 56 8 3- 00
Ac c i o na nt e : O r g an iz a c i ón I n dí ge n a d el Car i be (O IC)
Ahora, en caso de que no sea posible dar respuesta antes de que se cumpla con el
término legal dispuesto, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y
señalar el término en el cual se dará la contestación. Así mismo, en el evento en
que el requerimiento se dirija en contra de quien no es el competente, este deberá
remitirla al que sí lo es, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015.
De otra parte, es importante aclarar que no queda satisfecho el derecho de petición
con respuestas evasivas o informes acerca del trámite de las solicitudes de los
particulares. En efecto, la omisión o el silencio de la administración en relación con
aquellas van en contra del cumplimiento de los deberes de los funcionarios de
resolver de manera oportuna los pedimentos provenientes de los particulares. En
síntesis, el derecho de petición, entonces, se garantiza cuando la administración
responde 1. De fondo, de manera clara y precisa, 2. Dentro del plazo otorgado por
la ley y 3. Cuando la respuesta es puesta en conocimiento del peticionario.
II. Análisis de la solicitud presentada por la parte accionante
La Organización Indígena del Caribe (OIC) deprecó la protección de su derecho
fundamental de petición, el cual consideró vulnerado por la Presidencia de la
República de Colombia, la Consejería Presidencial para las Regiones, el Ministerio
del Interior y el Consejo Nacional de Planeación (CNP), por no brindarle una
respuesta clara, precisa, de fondo, congruente y oportuna a la solicitud que elevó el
29 de septiembre de 2022.
Pues bien, revisado el material probatorio que reposa en el expediente, se observa
que en la fecha mencionada la accionante solicitó, por correo electrónico, a las
entidades precitadas lo siguiente:
«[…] 1- Conforme al desarrollo Jurisprudencial y teniendo en cuenta que la
Consulta Previa del PND debe realizarse cuando se consolida el Proyecto de Plan
Nacional de Desarrollo, esto es el primer concepto conpes, y hasta antes de su
presentación y/o radicación oficial ante el Congreso de la República, debido a que
es una garantía del Principio Democrático, Solicitamos respetuosamente
adelantar en el tiempo indicado el proceso de Consulta con las Comunidades
Indígenas de la Organización Indígena del Caribe -OIC-
2- Sírvase adelantar los trámites correspondientes definiendo modo, tiempo y
lugar, dirigidos a salvaguardar el Derecho Fundamental a la Consulta Previa del
Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Humana Hacia una Era de Paz 2022-
2026”, con las Comunidades Indígenas afiliadas a la Organización Indígena del
Caribe -OIC-, conforme a los precedentes jurisprudenciales de la Honorable Corte
Constitucional.
3- Sírvase establecer una fecha para el acercamiento entre la Organización
Indígena del Caribe -OIC-, y el Gobierno Nacional con el objetivo de establecer la
Ruta Metodológica de la Consulta Previa del Plan Nacional de Desarrollo
“Colombia Humana Hacia una Era de Paz 2022-2026”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
R a d ic a d o : 1 1 00 1- 0 3- 1 5- 00 0- 2 02 2- 0 56 8 3- 00
Ac c i o na nt e : O r g an iz a c i ón I n dí ge n a d el Car i be (O IC)
4- Sírvase establecer un mecanismo que salvaguarde integralmente el Derecho
Fundamental de la Consulta Previa del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia
Humana Hacia una Era de Paz 2022-2026”, de aquellas Comunidades Indígenas
que no pertenecen a ninguna Organización Indígena, teniendo en cuenta que las
Organizaciones Indígenas Nacionales no representan a todas las Comunidades
Indígenas del País a las cuales les asiste ese Derecho en condiciones de igualdad.
5- Solicitamos propiciar el espacio con los elementos y condiciones necesarias
para armonizar el artículo 16 del Decreto 1397 de 1996, (por medio del cual se
crea la Mesa Permanente de Concertación MPC) con el desarrollo jurisprudencial
sobre los derechos fundamentales de los Pueblos y Comunidades Indígenas del
País, con el fin de superar cualquier vicio de inconstitucionalidad y así se garantice
la titularidad de los derechos desde las propias Comunidades Indígenas sin
exclusión alguna […]».
Asimismo, se aprecia que en el plenario obra copia del Oficio núm. OFI22-00126029
/ GFPU 12090000 del 19 de octubre de 2022, mediante el cual el consejero
presidencial para las regiones, Luis Fernando Velasco Chaves, acusó recibo de la
petición radicada ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República por la accionante y, en consecuencia, le informó a esta última que remitió,
en la misma fecha, dicha solicitud al Ministerio del Interior y al Departamento
Nacional de Planeación.
Igualmente, se observa que el 27 de octubre de 2022, en atención a la remisión, la
directora de Gobierno, Derechos Humanos y Paz del Departamento Nacional de
Planeación, mediante radicado 20225900752621, le explicó a la OIC que esa
entidad se encuentra liderando el proceso de consulta previa del PND 2022 - 2026
con pueblos y organizaciones indígenas, conforme a lo previsto en el marco del
Convenio 169 de 1989, aprobado mediante Ley 21 de 1991, y que actualmente se
está adelantando la fase de preconsulta con los pueblos y comunidades indígenas
en el marco de la Mesa Permanente de Concertación (MPC), donde se acordó que
el Ministerio del Interior concertará la ruta metodológica para el desarrollo de la
consulta con las instituciones representativas de los pueblos indígenas en sus
territorios. Por lo anterior, dicha entidad le informó a la peticionaria que remitiría su
requerimiento al Ministerio precitado, para que, en el marco de sus funciones,
determine el proceso de consulta con las comunidades indígenas de la
Organización Indígena del Caribe (OIC).
Pues bien, la Subsección advierte que en el artículo 21 de la Ley 1755 de 20155 se
prevé que cuando una autoridad no cuente con la competencia para resolver un
pedimento esta deberá informarlo al peticionario y remitir la solicitud a la entidad
competente. Por consiguiente, se precisa que, aun cuando la entidad no cuente con
las facultades para resolver las peticiones que se le realicen, sí está en la obligación
de efectuar los trámites fijados en la normativa citada, con el fin de no vulnerar el
derecho de petición.
5 Por medio de la cual se regula el derecho de petición.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
R a d ic a d o : 1 1 00 1- 0 3- 1 5- 00 0- 2 02 2- 0 56 8 3- 00
Ac c i o na nt e : O r g an iz a c i ón I n dí ge n a d el Car i be (O IC)
Así las cosas, al analizar las pruebas aportadas por la Presidencia de la República,
se advierte que, en efecto, el 19 de octubre del año en curso el consejero
presidencial para las Regiones remitió el pedimento elevado el 29 de septiembre de
la misma anualidad al Ministerio del Interior y al Departamento Nacional de
Planeación, mediante los radicados OFI22-00126057 / GFPU 12090000 y OFI22-
00126063 / GFPU 12090000. Aunado a ello, se avizora que esta decisión le fue
comunicada a la solicitante al correo electrónico que aquella suministró en su
petición, esto es, organizacionindigenadelcaribe@gmail.com.
Adicionalmente, se denota que el 27 de octubre de la misma anualidad la Dirección
de Gobierno, Derechos Humanos y Paz del Departamento Nacional de Planeación,
mediante radicado 20225900752621, le informó a la accionante que remitió la
solicitud al Ministerio del Interior, por ser el que concertará la ruta metodológica para
el desarrollo de la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo «Colombia
Humana hacía una era de Paz 2022-2026» con las instituciones representativas de
los pueblos indígenas en sus territorios.
Por lo anterior, se concluye que la Presidencia de la República, la Consejería
Presidencial para las Regiones y el Departamento Nacional de Planeación no
transgredieron el derecho fundamental de petición invocado por la parte accionante,
pues, al considerar que no eran las competentes para atender dicha solicitud, dentro
del término previsto en la ley, decidieron remitirla a las entidades que estimaron
eran las encargadas de pronunciarse sobre el fondo de lo peticionado, por lo que
se negará el amparo deprecado con respecto a esas entidades.
Ahora bien, en relación con el Ministerio del Interior y el Consejo Nacional de
Planeación (CNP), se precisa que en el expediente no obra prueba que acredite que
contestaron de forma clara, precisa, oportuna y de fondo lo solicitado por la
Organización accionante el 29 de septiembre de 2022, a pesar de que a la primera
de las mencionadas tanto la Consejería Presidencial para las Regiones como el
Departamento Nacional de Planeación el 19 y 27 de octubre de la anualidad en
curso le remitieron dicha solicitud. Además, se repara en que aquellas tampoco
intervinieron en el presente trámite constitucional, a pesar de haber sido vinculadas
en debida forma al mismo.
Por tanto, ante la ausencia de pruebas que desvirtúen lo afirmado por la accionante,
se dará por cierto lo manifestado por aquella, en aplicación de la presunción de
veracidad consagrada en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, el cual reza lo
siguiente: «Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se
tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez
estime necesaria otra averiguación previa».
En consecuencia, esta Subsección, en primer lugar, negará el amparo solicitado por
la Organización Indígena del Caribe (OIC), con respecto a la Presidencia de la
República de Colombia, a la Consejería Presidencial para las Regiones y al
Departamento Nacional de Planeación, y, en segundo lugar, amparará el derecho
fundamental de petición reclamado, para lo cual le ordenará al Ministerio del Interior
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
R a d ic a d o : 1 1 00 1- 0 3- 1 5- 00 0- 2 02 2- 0 56 8 3- 00
Ac c i o na nt e : O r g an iz a c i ón I n dí ge n a d el Car i be (O IC)
y al Consejo Nacional de Planeación (CNP), que en el término de cuarenta y ocho
(48) horas contadas a partir de la ejecutoria de la presente providencia, brinden una
respuesta clara, precisa y de fondo a la solicitud elevada por la parte accionante el
29 de septiembre de 2022, la cual deberá serle notificada en debida forma.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar el amparo solicitado por la Organización Indígena del Caribe (OIC),
con respecto a la Presidencia de la República, a la Consejería Presidencial para las
Regiones y al Departamento Nacional de Planeación.
Segundo: Amparar el derecho fundamental de petición de la Organización Indígena
del Caribe (OIC), cuya protección invocó a través de la acción de la referencia.
Tercero: Ordenar al Ministerio del Interior y al Consejo Nacional de Planeación
(CNP), que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
ejecutoria de la presente providencia, brinden una respuesta clara, precisa y de
fondo a la solicitud elevada por la parte accionante el 29 de septiembre de 2022, la
cual deberán notificarle en debida forma.
Cuarto: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días
siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no fuere
impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la actuación a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Sexto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firma electrónica
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firma electrónica
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
R a d ic a d o : 1 1 00 1- 0 3- 1 5- 00 0- 2 02 2- 0 56 8 3- 00
Ac c i o na nt e : O r g an iz a c i ón I n dí ge n a d el Car i be (O IC)
ARF
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.