Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05699-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05699-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-05699-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
13 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C., trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05699-00
Accionante: INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE
LA EDUCACIÓN - ICFES
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Tema: Tutela contra providencia judicial / defecto
sustantivo, desconocimiento del precedente, defecto
fáctico, decisión sin motivación / medio de control de
controversias contractuales
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala de Subsección decide la acción de tutela presentada por el
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES en
contra de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES, a
través de apoderado1, solicita la protección de sus derechos
1
José Gabriel Calderón García.
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fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la
administración de justicia con sustento en los siguientes:
1. HECHOS
El señor Willy David Calderón Camargo presentó demanda de
controversias contractuales contra el Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación – ICFES, para que se declarara la nulidad
de una cláusula del contrato de prestación de servicios que suscribió
con esa entidad y de unos actos administrativos a través de los cuales
se dio por terminado unilateralmente ese acuerdo de voluntades y, en
consecuencia, pidió el reconocimiento y pago de los perjuicios
ocasionados por concepto de daño emergente y lucro cesante.
El conocimiento del proceso le correspondió por reparto al Juzgado
Treinta y Cinco Administrativo de Bogotá bajo el radicado
11001333603520180015700, que mediante sentencia del 15 de
diciembre de 2020 accedió a las pretensiones del medio de control.
Contra la decisión anterior, el ICFES presentó recurso de apelación el
cual fue resuelto por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca a través de fallo del 29 de julio de
2022 en el sentido de confirmarla.
2. PRETENSIONES
La parte accionante pide lo siguiente:
«6.1. Se AMPAREN los derechos fundamentales y constitucionales a la
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IGUALDAD, (art. 13), DEBIDO PROCESO (art. 29) y al ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (art. 229).
6.2. Se AMPARE cualquier otro derecho fundamental constitucional que se
estime vulnerado o amenazado de la lectura de los hechos y las pruebas con base
en la facultad oficiosa del juez constitucional de tutela y el principio iura novit
curia.
6.3. Como consecuencia de lo anterior, sírvase REVOCAR la sentencia del 29 de
julio de 2022, notificada el 17 de agosto de 2022, y proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se confirmó y modificó la
sentencia del 15 de diciembre de 2020 proferida por el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo de Bogotá y en su lugar, ORDENE al despacho accionado proferir
una nueva sentencia de segunda instancia de conformidad con los derechos
fundamentales evocados en el numeral anterior.»
3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
La parte accionante afirma que la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en los siguientes defectos:
• Defecto sustantivo: pues aseguró que interpretó erróneamente
la cláusula décima quinta del contrato de prestación de servicios
núm. 177 de 2016 al agregarle condicionantes inexistentes para
su aplicación y entender erradamente que el ICFES no podía dar
por terminado el contrato en cualquier tiempo o por cualquiera
de las partes y que debía agotar un procedimiento administrativo.
De igual forma, afirmó que la autoridad judicial accionada no tuvo
en cuenta que entre el Manual de Contratación y la cláusula
décima quinta existían diferencias y porque el juez no aplicó
debidamente las reglas de interpretación de los contratos ni el
principio de autonomía contractual.
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• Desconocimiento del precedente: por cuanto, a su juicio, el
fallo del Tribunal desconoció más de ocho sentencias del Consejo
de Estado2 en las cuales se estableció que una entidad estatal en
el régimen de contratación privada puede pactar y hacer uso de
cláusulas de terminación unilateral y para su aplicación no es
necesario motivación ni justificación. En ese sentido, destacó que
el Tribunal debió argumentar las razones por las cuales se apartó
de dicho precedente.
• Defecto fáctico: toda vez que, argumentó, no existió prueba
que demostrara que el ICFES utilizara la cláusula contractual para
un fin distinto a lo querido por las partes, ni que hubiere actuado
con fines de retaliación, venganza o para desmejorar la
prestación del servicio, es decir, no se demostró que el Instituto
usara inapropiadamente la cláusula.
• Decisión judicial sin motivación: porque, aseguró, no se tuvo
en cuenta el precedente judicial aplicable, pese a que fue un
argumento del recurso de apelación contra la sentencia de
2
CONSEJO DE ESTADO, SECCION TERCERA. SUBSECCION A. Consejero ponente: HERNAN
ANDRADE RINCON (E), veintinueve (29) de abril de dos mil quince (2015): Radicación número: 63001-
23-31-000-2005-01919-01(37607); CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
Consejero ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO, dos (02) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
Radicación número: 11001-03-26-000-2014-00063-00(51113); sentencia del veinticuatro (24) de agosto de
dos mil dieciséis (2016), expediente No. 19001-23-31-000-2007-00147-01(41783), ponente Jaime Orlando
Santofimio Gamboa; sentencia del veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete (2017), expediente 05001-
23-31-000-2003-04466-02(56562), Consejero ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 19 de julio de 2017,
expediente 57.934; CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: ROBERTO
AUGUSTO SERRATO VALDÉS, (12) de julio de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 11001-
03-15-000-2018-00688-00(AC); CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B,
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS, (18) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00688-01(AC); SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata, 19 de junio de 2019. 85001-23-31-001-2008-00076-01 (39800).
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primera instancia. En ese orden de ideas, señaló que no hubo un
pronunciamiento claro y suficiente y que existió una contradicción
en la decisión reprochada, por cuanto quedó consignado que la
cláusula de terminación unilateral del contrato no fue pactada por
las partes y luego, concluyó que se había abusado del derecho al
aplicar la figura de terminación unilateral del contrato.
4. TRÁMITE PROCESAL
Mediante auto del 31 de octubre de 2022, el despacho sustanciador
admitió la acción de la referencia y ordenó notificar al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección B
como accionado y al señor Willy David Calderón Camargo como tercero
interesado en las resultas del proceso.
5. INTERVENCIONES
5.1. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, a través de uno de sus
magistrados, pidió que se desestimara la acción de tutela, pues afirmó
que todas las decisiones que expidió, las adoptó conforme a derecho
de tal manera que no transgredió los derechos fundamentales
invocados en protección por la parte accionante.
5.2. El señor Willy Calderón Camargo solicitó que se negara el
amparo solicitado por el ICFES, pues aseguró que la decisión judicial
accionada se profirió conforme a derecho, sin violentar derecho alguno
del accionante.
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II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política:
«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».3
2. CUESTIÓN PREVIA
El 9 de diciembre de 2022, el consejero de estado, Rafael Francisco
Suárez Vargas presentó impedimento para conocer del presente asunto
con fundamento en el numeral 6 del artículo 56 del Código de
Procedimiento, toda vez que su hermana, Clara Cecilia Suárez Vargas,
en la actualidad integra, en condición de magistrada, la Subsección B
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
contra la cual va dirigida la acción de tutela de la referencia.
De acuerdo con lo anterior, la Sala de Decisión declarará fundado el
impedimento y lo apartará del conocimiento del sub judice.
3. PROBLEMA JURÍDICO
Previo a formular los problemas jurídicos que se resolverán en esta
instancia, la Sala de Subsección precisa que la sentencia que se
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Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
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analizará será la proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, teniendo en cuenta que es la decisión judicial que se
encuentra en firme y ejecutoriada. En ese sentido, se responderá:
• ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos generales
de procedibilidad?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:
• ¿La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca al proferir la sentencia del 29 de
julio de 2022, incurrió en los defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente, fáctico y decisión sin
motivación, y por consiguiente, vulneró los derechos
fundamentales invocados en protección por la parte accionante?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra las providencias judiciales, ii) los
requisitos generales de procedibilidad, iii) el defecto sustantivo, el
desconocimiento del precedente, el defecto fáctico, la decisión sin
motivación y iv) el caso concreto.
4. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente4 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
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Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
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corporación5, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
5
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino
en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de
tutela.
En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente
únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la
actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al
verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error
inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la
Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.
4.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple
con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que
habilitan su interposición.
(i) La pretensión de amparo es de marcada relevancia constitucional,
en la medida en que se contrae a establecer de manera central si la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
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Cundinamarca con la providencia del 29 de julio de 2022, incurrió en la
violación de los derechos de la parte accionante a la igualdad, debido
proceso y acceso a la administración de justicia;
(ii) se agotaron todos los medios de defensa porque contra la
providencia reprochada no procedía recurso alguno;
(iii) cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la interposición
de la acción se dio en un lapso «razonable y proporcionado» por cuanto
la providencia discutida se profirió el 29 de julio de 2022 y la tutela se
presentó el 26 de octubre de 2022;
(iv) de encontrarse probados los defectos alegados estos tienen la
vocación de vulnerar las garantías fundamentales invocadas en
protección;
(v) se identificaron los hechos que sustentan la acción y los derechos
que se consideran transgredidos en razón a la actuación de la parte
accionada, motivo por el cual este requisito se encuentra cumplido y,
(vi) no se trata de una tutela contra tutela toda vez que la decisión
reprochada fue proferida por la jurisdicción contencioso administrativa
dentro de un proceso contractual.
4.2. DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO
De conformidad con la jurisprudencia constitucional 6, el defecto
material o sustantivo se origina en primer momento cuando la
autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia,
fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o
6
Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de
2015, entre otras.
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inconstitucionales7, es decir, se da en los casos en que la autoridad
judicial se basa en, “(i) una norma no aplicable al caso, ya sea, porque
la norma,(a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue
derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente,
(d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es
constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó,
(ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de
interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las
sentencias con efecto Erga Omnes, que son aquellas de aplicación
general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o
contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder
concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no
previsto en la disposición”8.
En segundo momento, el defecto material o sustantivo se origina
cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción
evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican.
En este orden de ideas, se produce cuando la decisión “(vi) se funda en
una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión del
análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en
concreto,(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende
afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de
argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez
no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta
violación de la Constitución”9. Este defecto, se presenta ante
situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión
7
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
8
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
9
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
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judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues
de no ser así, la acción de tutela resultaría improcedente10.
4.3. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente la igualdad ante la ley sino también la igualdad de protección
y trato por parte de las autoridades y específicamente la igualdad en la
interpretación y aplicación de la ley por parte de las autoridades
judiciales, preservándose de esta manera la seguridad jurídica y con
ella la certeza en los jueces van a decidir los casos iguales de la misma
forma11.
En ese sentido, el precedente judicial12 es la figura jurídica que sirve
como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en
el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias
jurídicas de sus actos sino también materializa la igualdad en la
aplicación del derecho13.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que constituye
un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto sentido14.
Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión de una
controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas
10
Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.
11
Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de
2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
12
En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que
precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado,
que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse
por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.
13
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012,
vol. 18, no 1, p. 249-266.
14
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es
que contiene algunos puntos de Derecho que guían al juez para resolver
el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un carácter orientador, lo
que no significa que (a) no deba ser tenido en cuenta por el juez al
momento de fallar y (b) que lo exima del deber de argumentar las
razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e
igualdad”15.
Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de un
precedente, cuando «(i) los hechos relevantes que definen el asunto
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que
enmarcan un caso del pasado; (ii) la consecuencia jurídica aplicada a
los supuestos del caso pasado constituye la pretensión del caso
presente; y (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para
su aplicación»16.
No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales17, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone
el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y
proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se
15
Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16
Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
17
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico y
que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas por
una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso concreto. Al
respecto ver la Sentencias T- 589 de 2007.
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apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras
de la misma Corte, se protegen el carácter dinámico del derecho y los
principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor
judicial18.
4.4. DEL DEFECTO FÁCTICO
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre
el particular la Corte Constitucional19 ha identificado dos dimensiones
en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa 20, que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u
omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho
o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva21, que se presenta generalmente cuando
el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni
valorar.
18
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
19
Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-
456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
20
Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
21
Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención
del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es,
y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto
fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los
hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de
los elementos probatorios»22.
En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
4.5. DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN
La jurisprudencia constitucional23 ha señalado que la falta de
motivación de una providencia como causal de procedencia de una
tutela contra providencia judicial, surge cuando la sentencia o auto
atacado carece de legitimación, debido a que el funcionario judicial
encargado de adoptar determinada decisión, incumplió su obligación de
dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que la soportan, lo
cual deriva en una decisión arbitraria que desconoce derechos
fundamentales.
En desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional 24 ha establecido los
criterios que se deben tener en cuenta para establecer si existió un
defecto por falta de motivación, ya que dicha ausencia no puede
estructurarse en cualquier descuerdo que exista con la justificación de
la providencia atacada. Para ello y con el fin de respetar el principio de
22
Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
23
Sentencia C-590 de 2005
24
Sentencia T-233 de 2007
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autonomía y razonamiento del juez, su configuración procederá cuando
la argumentación sea defectuosa, insuficiente o inexistente y «se activa
únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación
decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez,
es decir en una arbitrariedad»25.
Finalmente, ha insistido la Corte Constitucional 26 que cuando se estipule
que una providencia judicial incurrió en falta de motivación debido a la
ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido el juez
constitucional debe salvaguardar el derecho de los accionantes a
obtener respuestas razonadas que además le permitan ejercer su
derecho de contradicción, ya que aceptar una decisión que no sustente
las razones fácticas y jurídicas iría en contravía de la función judicial
que ostentan los administradores de justicia, situación que además
conllevaría a una flagrante violación del derecho al debido proceso.
5. CASO CONCRETO
A propósito del segundo problema jurídico propuesto, se advierte que
la decisión judicial reprochada fue expedida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 29 de
julio de 2022, en el trámite del recurso de apelación interpuesto por el
ICFES en contra de la providencia proferida por el Juzgado Treinta y
Cinco Administrativo de Bogotá – Sección Tercera, el 15 de diciembre
de 2020, a través de la cual (i) declaró que el ICFES abusó del derecho
al terminar unilateralmente el contrato 177-2016 sin una justa causa;
y (ii) condenó al ICFES a pagar la suma de $ 46.206.354 a favor del
25
Sentencia T-709 de 2010
26
Sentencia T-041 de 2018
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señor Willy David Calderón Camargo por concepto de lucro cesante y
las costas del proceso.
En la providencia del 29 de julio de 2022, la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la
sentencia recurrida.
Ahora bien, en relación con esta decisión, la parte accionante alegó que
se configuró (i) un defecto sustantivo, porque se interpretó
erróneamente la cláusula décimo quinta del contrato de prestación de
servicios 177-2016; (ii) un desconocimiento del precedente, por cuanto
no se tuvo en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado según la
cual las entidades públicas pueden dar por terminados unilateralmente
los contratos sin que ello se configure en un abuso del derecho; (iii) un
defecto fáctico, porque no se tuvo en cuenta que en el proceso no se
demostró que usara la cláusula referida inapropiadamente; y (iv) una
decisión sin motivación, toda vez que no se tuvo en cuenta el
precedente judicial aplicable, de tal forma que no existió un
pronunciamiento claro y suficiente frente al asunto.
Al respecto, una vez analizada la sentencia objeto de reproche, la Sala
de Decisión advierte que los problemas jurídicos formulados en esa
instancia consistieron en determinar si era nulo el literal a) de la
cláusula décimo quinta del contrato de prestación de servicios núm.
177 de 2016 suscrito entre el ICFES y el señor Willy David Calderón
Camargo y si el demandante tenía derecho al reconocimiento de los
perjuicios de los honorarios dejados de percibir desde el 9 de junio al
31 de diciembre de 2016.
Para resolver lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
tuvo en cuenta las pruebas aportadas al proceso: los estudios previos
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a la contratación; la aceptación del señor Willy David Calderón Camargo
de la oferta de prestar los servicios de apoyo a la coordinación y
ejecución de proyectos, así como estrategias en los canales digitales
del ICFES; el contrato de prestación de servicios núm. 177 del 20 de
enero de 2016 suscrito entre el señor Willy David Calderón Camargo y
el ICFES, la póliza única de cumplimiento; los certificados de
cumplimientos y recibo a satisfacción del servicio prestado por el señor
Willy David Calderón Camargo firmados por su supervisor; el oficio
mediante el cual la jefe de la Oficina de Comunicaciones y Mercadeo
del ICFES decidió dar por terminado el contrato núm. 177 de 2016 de
forma unilateral a partir del 9 de junio de 2016 con sustento en el
numeral 5 de la cláusula décimo quinta de ese acuerdo de voluntades
«CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN: El
contrato terminará por cualquiera de las siguientes causas: […] 5)
Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato en
cualquier momento. La decisión de dar por terminado el contrato se
deberá comunicar por escrito a la otra parte con, por lo menos, quince
(15) días hábiles de anticipación al día en el cual se pretenda dar por
terminado el contrato»; el acta de informe final de supervisión suscrita
el 22 de julio de 2016 y el acta de informe final de supervisión realizada
el 3 de febrero de 2017 en el que fue solicitada la liquidación del
contrato y se indicó que el contratista había ejecutado el mismo hasta
el 30 de junio de 2016 a petición del supervisor.
Asimismo, consideró la naturaleza jurídica del ICFES, modificada por el
Decreto 2232 del 8 de agosto de 2003 en el que se dispuso que es un
establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de
Educación Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa,
financiera y patrimonio independiente, y luego transformada por la Ley
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1324 de 2009 en una entidad pública descentralizada del orden
nacional, de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación
Nacional.
En esa línea de ideas, estudió el régimen legal y jurisprudencial
aplicable a los contratos celebrados por entidades públicas y
particularmente lo relacionado con las cláusulas exorbitantes o
excepcionales, el principio de planeación y la terminación unilateral de
los contratos. Al efecto, citó sentencia tanto del Consejo de Estado
como de la Corte Suprema de Justicia relacionadas con el tema y refirió
sentencias sobre abuso del derecho proferidas por la Corte
Constitucional.
De acuerdo con lo anterior, esto es, confrontadas las pruebas al marco
normativo y jurisprudencial, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca concluyó que había lugar a confirmar el fallo apelado
«[…] atendiendo que la entidad demandada incurrió en abuso del
derecho, al aplicar la figura de terminación unilateral del contrato sin
que mediara justificación alguna para tal decisión, aunado a ello, por
cuanto, no se observa que el contratista hubiera incumplido con sus
obligaciones que tal situación motivará la posición de la accionada».
Bajo ese contexto la Sala de Decisión considera que (i) el defecto
sustantivo y (ii) el desconocimiento del precedente no se
configuraron, porque la autoridad judicial accionada tuvo en cuenta las
normas y la jurisprudencia aplicable a los asuntos relacionados con la
contratación de entidades públicas, las cláusulas exorbitantes y el
principio de planeación, de tal manera que no se evidencia la
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transgresión aludida por el ICFES. Además, al resolver el recurso de
apelación que presentó el ICFES, fundamentado en las mismas razones
que aquí alegó, esto es, el desconocimiento del precedente, el Tribunal
accionado sí se pronunció de fondo en los siguientes términos:
«[…]
Ahora, si bien la entidad demandada en escrito de apelación allega algunos
pronunciamientos adoptados por las Subsecciones A y C de ésta Corporación, en las
cuales fueron negadas las pretensiones y que tratan de asuntos similares, la Sala debe
apartarse de tal precedente, en la medida que si bien se trata de casos contra la
propia accionada, lo cierto, es que en presente como se ha indicado no se aprecian
soportes que den cuenta que el establecimiento público actuó en amparo de los
principios rectores dispuestos por la Constitución y la Ley, adicional a ello, de las
comunicaciones que son materia de estudio contrario a lo que tal vez fue probado en
los demás expedientes, no fueron consignadas las razones o justificaciones para dar
por terminado el contrato de prestación de servicios No. 177 de 2016, por ello, no
puede de forma generalizada realizarse un estudio con base en posiciones previamente
adoptadas cuando las situaciones difieren.
[…]» Destacado fuera del texto original.
En ese orden de ideas, el ICFES no demostró que las circunstancias
fácticas entre los asuntos que refirió como precedentes fueran idénticas
a las del caso puesto en conocimiento del Tribunal, en el entendido que
no demostró que en ellos tampoco se hubieren manifestado las razones
por las cuales se dio por terminado el contrato de prestación de
servicios unilateralmente, hecho que sí ocurrió en el sub judice, donde
la Institución se abstuvo de indicar los motivos por los cuales terminó
el contrato del señor Willy David Calderón Camargo sin justificación
alguna. De allí que no se puede deprecar ni la configuración del
desconocimiento del precedente, ni la decisión sin motivación.
Tampoco se demostró la existencia de (iii) un defecto fáctico, toda
vez que se valoraron las pruebas útiles, conducentes y pertinentes
aportadas al proceso, lo cual llevó a la conclusión que el ICFES abusó
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del derecho al terminar el contrato de prestación suscrito con el señor
Willy David Calderón Camargo sin expresar motivo alguno y de (iv) una
decisión sin motivación, por los motivos aludidos, esto es que en el
fallo se evidenciaron los fundamentos de hecho y de derecho que
llevaron al Tribunal a confirmar la decisión recurrida.
Como consecuencia de lo anterior, la Sala de Subsección negará el
amparo solicitado al no encontrar configurados los defectos alegados
por la parte accionante contra la sentencia del 29 de julio de 2022
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR fundado el impedimento formulado por el
consejero de estado Rafael Francisco Suárez Vargas, en
consecuencia, ACEPTARLO y apartarlo del conocimiento
del presente asunto.
SEGUNDO. NEGAR el amparo solicitado a través de la acción de
tutela presentada por el ICFES contra la Subsección B de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
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Cundinamarca, conforme a las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO. De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CUARTO. REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Impedido
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