RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-05710-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-05710-00

Fecha
14 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-05710-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, la Curaduría Urbana núm. 1 de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital de Bogotá, por lo expuesto en esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la excepción de cosa juzgada constitucional frente a la acción de tutela identificada con el número único de radicación 11001400402320210134-01, por lo expuesto en esta providencia. TERCERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo frente al Juzgado Veintitrés Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá, al Juzgado Treinta y Nueve Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, por no cumplir con el requisito de que no se trate de una acción de tutela contra sentencia de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NEGAR la solicitud de amparo frente a la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 40 Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00 Actora: Betsabé Corredor del Río QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SEXTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2022-05710-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

14 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río
Demandados: Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otros1

Temas: Cosa juzgada constitucional/alcance

Improcedencia de la tutela contra sentencia de tutela

Acción de tutela contra decisiones proferidas dentro de un conflicto de competencias
administrativas

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad, iii) acceso
a la administración de justicia y iv) petición

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por Betsabé Corredor del Río contra
la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca; el Distrito Capital de Bogotá – Secretaría Distrital del Hábitat de
Bogotá, la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá y el Departamento
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público; la Curaduría Urbana núm. 1 de
Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital de Bogotá, el
Juzgado Veintitrés Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá y el

1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 3”. Archivo aportado

en forma digital.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

Juzgado Treinta y Nueve Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Bogotá.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Subsección
B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; el Distrito
Capital de Bogotá – Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá, la Secretaría Distrital
de Planeación de Bogotá y el Departamento Administrativo de la Defensoría del
Espacio Público; la Curaduría Urbana núm. 1 de Bogotá, la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital de Bogotá, el Juzgado Veintitrés Penal Municipal con
Funciones de Conocimiento de Bogotá y el Juzgado Treinta y Nueve Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, porque, a su juicio, i) el Tribunal,
al proferir la decisión de 10 de octubre de 2022, dentro del conflicto de
competencias administrativas identificado con el número único de radicación
250002341000202200934-00; ii) el Departamento Administrativo de la Defensoría
del Espacio Público, al “[…] NO efectuar un estudio de fondo a mi petición sino que
me instó a reunir una serie de requisitos técnicos en el término de 1 mes ante la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL […]”; iii) la
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital de Bogotá, al “[…] no resolver
de fondo mis inquietudes sobre la Evaluación de Información Física y Jurídica […]”;
iv) la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, al no incorporar su predio en la
“[…] planimetría urbana de Bogotá […]”; v) el Juzgado Veintitrés Penal Municipal
con Funciones de Conocimiento de Bogotá y el Juzgado Treinta y Nueve Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, al “[…] instarla a adelantar el
(sic) solicitud de conflicto negativo de competencia administrativa […]”; y vi) la
Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá y la Curaduría, al no resolver de fondo su
petición y, por ende, determinar “[…] CUÁL ES la entidad competente para la
incorporación del predio distinguido con FMI No. 50N-203248880 como espacio

3

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

público vial en la planimetría urbana de Bogotá […]”: vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, “[…] Como titular del ESPACIO PÚBLICO VIAL identificado con
FMI No. 203248880 mi intención es transferirlo de forma gratuita al Distrito, pues
además de que en ningún momento he impedido el USO, GOCE y DISFRUTE de
éste por cualquier ciudadano ni tampoco he ejercido actos de ánimo de señor y
dueño sobre aquél, NECESITO resolver la situación jurídica de dicho predio para
que las propietarias de los 2 lotes que quedan al fondo y que tienen como ÚNICO
INGRESO dicha vía puedan incorporar sus predios en debida forma y solicitar las
licencias de construcción o de reconocimiento sobre lo construido […]”.

4. Indicó que, “[…] En ese sentido, acudí el 07 de julio de 2020 al
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO
PÚBLICO – DADEP el cual NO efectuó un estudio de fondo a mi petición sino que
me instó a reunir una serie de requisitos técnicos en el término de 1 mes ante la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL porque es la
competente para “establecer tanto áreas privadas como aquellas que cumplen con
la vocación de espacio público derivado de predios privados que no cuentan con
definición urbanística proferida por la Curaduría y/o Secretaría Distrital de
Planeación”, para que, en otras palabras, fuera esta la que efectuara la
incorporación del predio en la planimetría urbana de Bogotá […]”.

5. Sostuvo que, “[…] A pesar de esto, acudí a la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL […] Pero no obtuve respuesta para cumplir
con el mes exigido por el DADEP […] En ese sentido, CATASTRO vulneró mi
DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN al no resolver de fondo mis
inquietudes sino remitiéndome solo dicha documental […]”.

4

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

6. Adujo que, “[…] Pensando en que la Resolución de CATASTRO había
cumplido con los parámetros del DADEP y para no hacer más dispendioso este
trámite, acudí a la SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN a efectos de que
procediera con la incorporación del predio en la planimetría urbana de Bogotá […]
la SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN argumentó que NO era
competente para adelantar dicho trámite y me remitió a la CURADURÍA URBANA
[…]”.

7. Manifestó que “[…] acudí a la CURADURÍA URBANA No. 1 la cual el 29 de
marzo de 2021 tampoco asumió el trámite por considerar que no era de su
competencia, remitiéndome entonces a la SECRETARÍA DISTRITAL DEL
HABITAT; y finalmente, la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT señaló en julio
de 2021 que la responsabilidad no estaba a su cargo sino de la CURADURÍA
URBANA […]”.

8. Indicó que, “[…] Ante las negativas de cada una de las entidades
administrativas en cita y agotando en su momento todos los mecanismos de ley
que me habían informado aquellas, interpuse acción de tutela en su contra, la que
fue de conocimiento en primera instancia por el JUEZ 23 PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ D.C. y en segunda instancia por
el JUEZ 39 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE
BOGOTÁ D.C. quienes por subsidiariedad me instaron a adelantar el solicitud de
conflicto negativo de competencia administrativa. Trámite que adelanté ante el H.
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN PRIMERA –
SUBSECCIÓN B y que fue rechazado de plano (sin proceder recurso alguno) […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

9. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Que el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN
PRIMERA – SUBSECCIÓN B como superior administrativo de la SECRETARÍA
DISTRITAL DE PLANEACIÓN, la CURADURÍA URBANA No. 1 y la SECRETARÍA
DISTRITAL DEL HABITAT, resuelva DE FONDO el conflicto negativo de
competencias administrativas que presenté y me indique cuál es la entidad que debe

5

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

resolver lo propio a mi predio, pues en su momento ninguna propuso el conflicto ni
tampoco asumió el trámite pertinente y sí lo tuve que adelantar yo. Que sea la entidad
competente la que me resuelva de fondo (técnica y administrativamente): términos,
documentos a radicar, costos, procedencia o no, etc… pero DE FONDO. No puede
ser posible que estando pendiente solo la incorporación del predio en la planimetría
urbana para cederlo al Distrito, ninguna adelante dicho trámite en debida forma […]”2.

10. Como fundamento de su solicitud de amparo, la actora manifestó que:

“[…] el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN
PRIMERA – SUBSECCIÓN B con Magistrado Ponente: CESAR GIOVANI
CHAPARRO RINCÓN no se percató de verificar cuáles son con exactitud las
funciones de la SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, la CURADURÍA
URBANA No. 1 y la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT, o verificar lo que es
una legalización urbanística de un desarrollo urbano, o identificar cuál entidad debe
admitir o rechazar el trámite de predios que inicialmente se desarrollaron en una
Legalización Urbanística pero con el paso del tiempo las Curadurías Urbanas han
otorgado licencias.

El H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN PRIMERA –
SUBSECCIÓN B se atribuye funciones más allá de las que le competen, ¿Podía
afirmar que el predio objeto de controversia no corresponde a una vía de uso público
y, además, que mi trámite no procedía? ¿Acaso no le correspondía resolver el
conflicto de competencias que promoví de fondo? […]”.

10.1. Igualmente indicó que: i) el Departamento Administrativo de la Defensoría del
Espacio Público desconoció sus derechos fundamentales, al “[…] NO efectuar un
estudio de fondo a mi petición sino que me instó a reunir una serie de requisitos
técnicos en el término de 1 mes ante la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
CATASTRO DISTRITAL […]”; ii) “[…] CATASTRO vulneró mi DERECHO
FUNDAMENTAL DE PETICIÓN al no resolver de fondo mis inquietudes sino
remitiéndome solo dicha documental […]”; iii) la Secretaría Distrital de Planeación
de Bogotá vulneró sus derechos, al no incorporar su predio en la “[…] planimetría
urbana de Bogotá […]”; iv) el Juzgado Veintitrés Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Bogotá y el Juzgado Treinta y Nueve Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Bogotá, al “[…] instarla a adelantar el (sic) solicitud de
conflicto negativo de competencia administrativa […]” desconocieron su derecho de
acceso a la administración de justicia; v) la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá
y la Curaduría, al no determinar “[…] CUÁL ES la entidad competente para la
incorporación del predio distinguido con FMI No. 50N-203248880 como espacio
público vial en la planimetría urbana de Bogotá […] El hecho de que las entidades

2 Transcripción literal del texto.

6

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

accionadas, en especial la CURADURÍA URBANA 1, se nieguen a incorporar mi
predio como ESPACIO PÚBLICO VÍAL viola enormemente mis derechos
fundamentales […]”.

Actuación

11. El Despacho sustanciador, mediante auto de 31 de octubre de 2022; i)
inadmitió la acción de tutela; y ii) requirió a la actora para que indicara, con la mayor
claridad posible y de manera precisa, las autoridades accionadas contra las cuales
presenta la solicitud de tutela, los hechos y las razones por las cuales considera que
estas desconocieron sus derechos fundamentales y el objeto de su pretensión frente
a cada una de ellas, concediéndole el término de tres (3) días para que subsanara
su demanda.

12. El Despacho sustanciador, mediante auto de 10 de noviembre de 2022; i)
admitió la acción de tutela; y ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección
B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; a la
Alcaldesa Mayor del Distrito Capital de Bogotá, a la Secretaria Distrital del Hábitat
de Bogotá, a la Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá, al Director del
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público; al Curador
Urbano núm. 1 de Bogotá, al Director de la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital de Bogotá, al Juez Veintitrés Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Bogotá y al Juez Treinta y Nueve Penal del Circuito con Función
de Conocimiento de Bogotá, concediéndoles el término de tres (3) días para que
rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada

13. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca rindió informe en los siguientes términos:

“[…] 1) La señora Betsabé Corredor del Río con ocasión de las respuestas emitidas
por las entidades, esto es, la Curaduría Urbana N.° 1 y la Secretaría Distrital del
Hábitat en lo concerniente a su solicitud de que se incorpore el predio distinguido
con el folio de matrícula N.° 50N-203248880 como espacio público vial en la
planimetría urbana de Bogotá D.C. presentó conflicto negativo de competencia
administrativa.

7

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

2) El 23 de agosto de 2022, la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación
fijó el edicto por el término de cinco (5) días, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA). El 30 de los mismos mes y año,
la Secretaría Distrital del Hábitat radicó escrito de alegatos frente al conflicto de
competencias presentado.

3) El 10 de octubre de 2022, con ponencia del magistrado sustanciador, se dictó por
la Sala de Decisión la providencia mediante la cual se rechazó la solicitud promovida
por la señora Betsabé Corredor Del Río de conflicto de competencias entre la
Curaduría Urbana No. 1 y la Secretaría Distrital del Hábitat.

En ese orden, queda claro que la actuación procesal adelantada por este despacho
se ajustó en todo al ordenamiento jurídico.

Igualmente, debe advertirse que la decisión adoptada por este tribunal en la
providencia del 10 de octubre de 2022 se ajusta a derecho y fue debida y
suficientemente motivada en sus aspectos fáctico, jurídico, probatorio y
jurisprudencial. En este sentido, las razones se encuentran ampliamente
consignadas en dicha providencia.

Por lo tanto, observa el despacho que esta otra actuación de la accionante es
absolutamente temeraria, ya que lo que pretende con la acción de tutela de la
referencia es controvertir, de manera injustificada e indebidamente, la decisión
adoptada; es decir, pretende con este otro trámite procesal revisar una providencia
judicial, como si la acción de tutela fuera una tercera instancia. Esto es absoluta y
totalmente improcedente, sumado a que conforme a jurisprudencia tanto del
honorable Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, es claro que, por
regla general, no procede tutela contra providencia judicial […]”.

14. El Juzgado Veintitrés Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de
Bogotá solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que:

“[…] 1. De acuerdo al libro radicador y al archivo de este Despacho, curso la acción
de tutela promovida por la señora CORREDOR DEL RÍO, bajo el radicado
11001400402320210134. En ese sentido, el 11 de agosto de 2021, se asignó por
reparto el conocimiento de la acción constitucional a este Juzgado, asumiendo el
conocimiento en la misma fecha por medio auto, para posteriormente, emitir decisión
de fondo en el fallo fechado el 25 de agosto de 2021, en esta providencia, se resolvió
declarar improcedente la acción de tutela frente al derecho fundamental al debido
proceso, y no se tutelo (sic) el derecho fundamental de petición deprecado por la
accionante.

2. El 31 de agosto de 2021, la accionante impugno (sic) el fallo proferido por este
Despacho, remitiéndose el proceso al Grupo de Tutelas de Convida.

3. En la misma fecha, fue asignado por reparto al Juzgado 39 Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Bogotá.

4. El 27 de septiembre de 2021, el Juzgado de Segunda Instancia, resolvió confirmar
el fallo promovido por este Estrado Judicial.

De este modo, está demostrado que este Despacho ha garantizado el derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia de la accionante, obrando

8

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

conforme a los términos dispuestos en el ordenamiento jurídico para emitir decisión
de fondo, esto es 10 días hábiles, siendo está proferida a los 9 días de haberse
asumido el conocimiento de la acción constitucional por este Estrado Judicial,
aunado a remitirse el cuaderno digital al Grupo de Reparto de Tutelas, para surtirse
el reparto ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá D.C. (Segunda Instancia),
conocido este por el Juzgado 39 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Bogotá, el cual también, profirió decisión de fondo, confirmando la decisión del este
Despacho […]”.

15. La Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá solicitó su desvinculación y, en
su defecto, negar la solicitud de amparo, al advertir lo siguiente:

“[…] De acuerdo con la formulación de hechos y pretensiones consignadas en la
acción de tutela se precisa al señor Juez que, revisadas las bases de datos
geográficas y alfanuméricas oficiales del Distrito Capital, se identificó que el predio
identificado con CHIP AAA0118KZNX se encuentra al interior del desarrollo
“Cantalejo´, de la Localidad de Suba, el cual se legalizó mediante la Resolución No.
1126 del 18 de diciembre de 1996, con plano oficial No. S7/4-2 y no se encuentra en
proceso de Regularización urbanística en la Secretaría Distrital del Hábitat.

Además, ante la comunicación del Despacho Judicial, se procedió a consultar la
plataforma del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - SDQS y
el Sistema Integrado de Gestión Documental - SIGA de la entidad y se evidenciaron
dos peticiones, el primer radicado con n.º 1-2022- 4690 del 09 de febrero de 2022,
en la cual se solicitó lo siguiente […] Frente a lo anterior, la Secretaría con el radicado
n.º 2-2022-13139 emitió respuesta y se envió, por correo electrónico el 07 de marzo
de 2022 […] Como evidencia, se le presenta al despacho imagen de la entrega de
la respuesta al peticionario del radicado 2-2022-13139:

La segunda petición ingreso con el radicado n.º 1-2021-24457 del 10 de junio de
2022, como se evidencia a continuación […] Al respecto, la Secretaría el 6 de julio
de 2022 mediante el radicado n.º 2-2021-24817 emitió respuesta y se envió por
correo electrónico […] Como evidencia, se le presenta al despacho la imagen de la
entrega de la respuesta al peticionario del radicado 2-2021-24817:

9

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

[…]”.

16. La Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela. Para tal efecto, manifestó que:

“[…] Frente a los hechos y en especial al No. 22, se consultó el Sistema de
Información Procesos Automático -SIPA-4 de esta Secretaría, encontrándose el
registro de una petición interpuesta por la accionante, con radicado SIPA 1-2020-
59953 de 07 de diciembre de 2020, con referencia SOLICITUD INCORPORACIÓNN
(sic) VÍA, la cual fue resuelta por la antigua Dirección de Vías, Transporte y Servicios
Públicos mediante el oficio 2-2021-05187 de 22 de enero de 2021 (anexamos copia
de ello, mismo que fue allegado por la actora como anexo en su escrito de demanda)
[…] El oficio en comento fue notificado a la parte accionante, al correo electrónico
betsabecorredordeorio@gmail.com, correspondiente a la dirección indicada por ella
en su petición, el 22 de enero de 2.021, a la 01:53:37 pm, como se muestra en la
captura de pantalla del Sistema SIPA, que se copia a continuación, así mismo fue
allegada por la señora Betsabé Corredor en su escrito de tutela:

De conformidad con lo precedentemente expuesto, se observa que esta Secretaría
a través de la antigua Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos dio
contestación a su solicitud mediante el oficio 2-2021-05187 de 22 de enero de 2021,
proporcionando la información del caso de forma completa, congruente, clara, y de
fondo según lo requerido frente a su trámite especial de incorporación de su predio
a vía pública, siendo claro en su momento al informar “… que el predio que sirve de
acceso a los interiores no se puede considerar como una vía de uso público para la
expedición de licencias urbanísticas para los predios con frente a la mencionada
zona de acceso, toda vez que no cumple con los anchos mínimos de vía peatonal o
vehicular restringido establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto
190 de 2004, en su artículo 177.”

Informando, además en su momento de forma clara que esa Dirección no tenía la
competencia para realizar la incorporación del predio con nomenclatura urbana KR
57 N° 159-68 como espacio público de uso vial; pues esa actuación debería estar

10

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

contemplada dentro de una licencia de urbanismo, para lo cual, se sugirió adelantar
dicho trámite ante una Curaduría Urbana.

Es así como claramente se evidencia que en su momento fue resulta (sic) de fondo
y claramente la petición elevada por la accionante ante esta Secretaría, en el ámbito
de nuestras competencias, y notificada según el reporte relacionado, hecho
corroborado con el mismo actuar de la actora al ser adjuntado como anexo dicho
oficio de respuesta […]”.

17. El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público solicitó
su desvinculación y, en su defecto, negar la acción de tutela. Al respecto consideró
lo siguiente:

“[…] Para el caso que nos ocupa, se tiente (sic) que la accionante persigue la
protección de su derecho de Petición y al Debido Proceso, el cual estima vulnerado
por el DADEP, al requerirle la presentación de unos documentos que permitan darle
viabilidad al proceso de escrituración […]”.

[…]

“[…] En ese sentido, se concluye del argumento de la accionante que, el DADEP si
respondió su derecho de petición, tan cierto es, que se dio respuesta con radicado
No. 20202030067321de fecha 07 de julio de 2022 en los términos legales
establecidos, por lo tanto, el argumento de vulneración al derecho de petición por
parte de esta entidad no es posible deprecar, toda vez que, en dicha respuesta se le
informó a la peticionaria que:

“(…) Como se puede observar de la documentación que aporta no aporta certificado
de cabida y linderos del predio que pretende ceder al Distrito Capital, toda vez que
la UAECD, le respondió que la solicitud de cabida y linderos solicitado para el predio
KRA 57 159 68 se encontró que no es procedente, manifestándole que “La UAECD
agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de información
de intereses para la ciudad con criterio geográfico.

Si bien es cierto, en la respuesta que le expide la UAECD le invoca la Resolución 70
de 2011 Artículo 152, debe tener en cuenta que, con ello, no le está trasladando
responsabilidad alguna al DADEP, al contrario, le está indicando que debe cumplir
con los requisitos contenido en tal normativa, así: “Articulo 152: Verificación e
información. […] Ahora bien, desde el componente técnico debemos manifestarle
que con la documentación que adjunta, no es posible hacer el estudio de fondo, pues
para dar viabilidad al proceso de escrituración deben reunirse unos requisitos
técnicos que el predio a ceder debe cumplir, es decir, que la vía pública cuente con
aprobación y señalamiento urbanístico por parte de la autoridad competente, que
sea definido urbanísticamente con destinación publica (sic) y su uso como vía debe
estar previamente señalado con sus dimensiones y linderos, por lo que deberá
dirigirse a la Unidad Administrativa Especial de Castrato (sic) Distrital, a quien le
compete establecer tanto áreas privadas como aquellas que cumplen con la
vocación de espacio público derivado de predio privados que no cuentan con
definición urbanística proferida por la Curaduría y/o Secretaria Distrital de Planeación
[…]”.

[…]

11

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

“[…] Esta manifestación emitida por la actora demuestra que lo perseguido es
cuestionar un procedimiento administrativo que no solo se escapa de las
competencias atribuidas a este Departamento Administrativo, sino que además se
dio respuesta de fondo, congruente y en oportuna notificación a la peticionaria. En
este punto es de fundamental importancia, poner en consideración del despacho que
de conformidad con la Resolución 70 de 2011 proferida por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi – IGAC, el propietario o poseedor tiene la obligación a su cargo de
i) Cerciorarse de que todos los predios de su propiedad o posesión estén
incorporados en el catastro, con la información actualizada, ii) Informar a la autoridad
catastral los datos actuales, para que los cambios en los aspectos físicos, jurídicos
y económicos se asuman en los procesos catastrales; y iii) Suministrar datos,
documentos y facilitar la obtención y captura de información, para el desarrollo de la
actividad catastral.

En atención al cuerpo normativo citado, el DADEP mediante radicado
20202030067321 del 7 de julio de 2020, requirió a la peticionaria para que aportara
los insumos requeridos que permitieran continuar con el trámite solicitado, habida
cuenta de que sin ellos no podría ser viable efectuar la transferencia que se pretende,
advirtiéndole que contaba con 1 mes para allegar la documentación solicitada, so
pena de incurrir en desistimiento tácito del en los términos del artículo 17 de la Ley
1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, sin que a la fecha
se hayan allegado los documentos solicitados.

Si esto es así, de qué manera podría la entidad establecer la viabilidad de lo
solicitado por la accionante, sin que se aportara la documentación suficiente para
acceder a ello, con mayor razón, si se tiene que la misma peticionaria reconoce que
no ha cumplido con los requisitos exigidos por el DADEP; por el contrario, lo que sí
podría constituir una transgresión al derecho al debido proceso, es incorporar el
predio objeto de consulta en el Inventario General del Patrimonio Inmobiliario
Distrital, de Bogotá, Distrito Capital, sin tener en consideración los requisitos técnicos
establecidos para ello […]”.

18. La Curaduría Urbana núm. 1 de Bogotá solicitó su desvinculación y, en su
defecto, declarar improcedente la acción de tutela, al advertir que:

“[…] Al revisar el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20324880, el predio cuenta con
naturaleza jurídica privada, siendo denominado “LOTE VIA DE ACCESO”, pero cuya
naturaleza jurídica puede ser de una servidumbre de tránsito sin que ello implique
ser de naturaleza pública […]”.

[…]

“[…] Se presentó un derecho de petición el 4 de marzo de 2021, en el que narra los
hechos indicados en la presente acción […] La referida petición fue resuelta
mediante Oficio 21-1-00605 del 29 de marzo de 2022 (se anexa copia) […] En ese
contexto claramente se da respuesta al derecho de petición presentado […]”.

[…]

“[…] En el acto del Tribunal Administrativo se realiza un análisis en el que se
establece claramente que no existe el conflicto de competencias, respondiendo
claramente los motivos por los cuales no es procedente […]”.

[…]

12

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

“[…] En ese sentido, cabe precisar que en mi ejercicio como curadora urbana no he
recibido solicitud de licencia urbanística para el predio de la accionante, precisando
que solo he resuelto un derecho de petición y dado respuesta a las acciones de tutela
presentadas […] Como consecuencia, conforme lo expuesto en precedencia, se
considera que la acción constitucional incoada resulta improcedente, porque se
atendieron las peticiones y el que no sea una decisión favorable no implica la
vulneración a ningún derecho fundamental […]”.

19. La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital de Bogotá adujo su
falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó negar la acción de tutela, al
advertir lo siguiente:

“[…] Mediante radicado SIIC 2020- 516277 de 24 de julio de 2020, la señora
BETSABE CORREDOR DEL RIO, solicitó el trámite - CERTIFICACION DE CABIDA
Y LINDEROS para el predio identificado con FMI 050N20324880 “COMO ÚNICA
TITULAR DE LA "VÍA PÚBLICA" IDENTIFICADA CON FMI NO. 50N-20324880,
SOLICITO ESPECIFIQUEN ESTE USO EN LA CERTIFICACIÓN CATASTRAL Y
CERTIFIQUEN LAS ÁREAS DE CABIDA Y LINDEROS …”

Que, realizado el correspondiente estudio y análisis de la información allegada por
la peticionaria junto con los datos registrados en el censo catastral, esta Unidad
mediante Resolución UAECD No. 2020-48663 del 03/11/2020 “Por medio de la cual
se realiza una rectificación de área por imprecisa determinación en la tradición -
títulos registrados - del inmueble” rectificó el área en 110,7 m2 del FMI No. 50N-
203248880, CHIP AAA0118KZNX, Código de sector catastral.
009103022900000000, Cédula Catastral 009103022900000000 y Número Predial
110010191110300020029400000000 y, además, allegó descripción técnica de
linderos modificando el destino catastral del inmueble en (65) VÍAS y concluyó que
el total de área de construcción (m2) es 0.0.

Que, el acto administrativo antes mencionado fue notificado a la usuaria el día
24/11/2020:

[…]”.

20. El Juzgado Treinta y Nueve Penal del Circuito con Función de Conocimiento
de Bogotá guardó silencio en esta oportunidad procesal.

13

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

21. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 3, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20214 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20185
y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 6, que asigna a
esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

22. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

23. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.

24. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

14

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

25. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20067, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[8].
(Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el

7 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
8 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562

de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

15

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.

26. La Sala advierte que la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá, el
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, la Curaduría
Urbana núm. 1 de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
de Bogotá solicitaron su desvinculación, por cuanto, a su juicio, carecen de
legitimación en la causa por pasiva.

27. Al respecto, la Sala advierte que dichas entidades fueron vinculadas como
demandadas, con ocasión a que la actora elevó reparos en su contra, es decir, les
asiste interés en el resultado del proceso de la referencia.

28. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que, a la Secretaría Distrital
del Hábitat de Bogotá, al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio
Público, a la Curaduría Urbana núm. 1 de Bogotá y a la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital de Bogotá les asiste interés en la decisión de tutela
que esta Sala profiera.

29. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por la Secretaría Distrital del Hábitat
de Bogotá, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, la
Curaduría Urbana núm. 1 de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital de Bogotá.

Problemas jurídicos

30. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si existe cosa
juzgada y temeridad respecto a esta acción constitucional; en caso negativo, ii) si,
frente al Juzgado Veintitrés Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de
Bogotá y al Juzgado Treinta y Nueve Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá en efecto, es procedente la acción de tutela,
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el
requisito de que no se trate de una acción de tutela contra sentencia de tutela; y iii)

16

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

si, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales de la actora, al proferir la
decisión de 10 de octubre de 2022, dentro del conflicto de competencias
administrativas identificado con el número único de radicación
250002341000202200934-00.

31. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) la cosa juzgada constitucional; ii) marco normativo y jurisprudencial de la
figura de la temeridad; iii) procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, iv) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando
se dirige contra providencias judiciales; v) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental a la igualdad; vi) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental al debido proceso; vii) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; viii) marco normativo
y jurisprudencial del derecho fundamental de petición; ix) análisis del caso concreto;
y finalmente x) las conclusiones de la Sala.

La cosa juzgada constitucional

32. La Corte Constitucional, mediante sentencia SU-055 de 31 de mayo de
20189, señaló que la cosa juzgada constitucional se configura cuando dos o más
acciones de tutela reúnen triángulos procesales idénticos de partes, causa petendi
y objeto.

33. En ese sentido, i) la identidad de partes hace referencia a que las acciones
de tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el
mismo sujeto bien sea en su condición de persona natural o jurídica; ii) la identidad
de causa petendi se relaciona con la idea de que el ejercicio simultáneo o sucesivo
de la acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirven de causa y; iii) la
identidad de objeto, parte de que las demandas busquen la satisfacción de una
misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho fundamental10.

9 Corte Constitucional, sentencia SU 055 de 31 de mayo de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez,
Referencia: Expedientes T-5.445.666, T-5.448.252, T-5.451.035, T-5.456.222 y T-5.685.087.
10 Corte Constitucional, Sentencia T – 975 de 16 de diciembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo,

Referencia: expediente T-3168779.

17

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

34. Al respecto, es preciso indicar que “[…] sólo de manera excepcional, la
emisión de una sentencia judicial puede constituirse como hecho nuevo, susceptible
de ser valorado por el juez de tutela como justificante para la interposición de una
segunda solicitud de amparo constitucional frente a unos mismos hechos […]” 11.
Estos casos han sido definidos por la Corte de manera restrictiva, pues sólo se han
considerado como hechos nuevos, es decir los que justificarían la interposición de
una segunda acción sin desdibujar la cosa juzgada, aquellos pronunciamientos con
efectos erga omnes que tienen vocación de universalidad.

35. De igual manera, esta Sección frente al tema ha indicado que12:

“[…] Pues bien, en cuanto al fenómeno de la cosa juzgada13, cabe advertir que se le
ha asimilado al principio del non bis in ídem y tiene por objeto que los hechos y
conductas que han sido resueltos a través de cualquiera de los medios aceptados por
la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto
obliga a las partes por cuanto lo decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por
lo tanto, goza de plena eficacia jurídica, por ello la cosa juzgada comprende todo lo
que se ha disputado. […]”.14

Marco normativo y jurisprudencial de la figura de la temeridad

36. Visto el artículo 38 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 199115
sobre la actuación temeraria cuando se presenta la misma acción de tutela ante
varios jueces. La referida norma jurídica señala:

“[…] ARTÍCULO 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto
de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta
profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su
tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. […]”.

11 Corte Constitucional, Sentencia T – 975 de 16 de diciembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo,
Referencia: expediente T-3168779.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de septiembre

de 2017. C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-24-000-2010-00512-00.
13
Se reiteran en este punto las consideraciones efectuadas por la Subsección, mediante sentencias de 18 de
julio de 2012, expedientes 20.079 y 19.205 y de 16 de agosto de 2012, expediente 21.985, entre otras
providencias.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, sentencia de 22

de marzo de 2018, C.P Mauricio Fajardo Gómez, radicación número: 520012331000199708582 01 (26.611).
15 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

18

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

37. Sobre la figura de la temeridad, la Corte Constitucional, en reiterados
pronunciamientos, ha sostenido lo siguiente:

“[…] En Sentencia T-502 de 2008, la Corte Constitucional, al analizar la situación
que surge, cuando, en relación con una misma materia, se presentan dos o más
acciones de tutela, distinguió entre los fenómenos de la cosa juzgada
constitucional, por un lado, y la tutela temeraria, por otro.

En ese contexto, encuentra la Corte que a partir de lo dispuesto en el artículo 38
del Decreto 2591 de 1991, es posible distinguir dos escenarios y dos órdenes
distintos de consecuencias, así: En primer lugar, la presentación de una tutela
de manera repetida puede hacerse de manera simultánea, cuando la persona
interpone la acción ante varios jueces, o sucesiva, evento que se presenta
cuando, después de haberse decidido una acción de tutela, la misma es
nuevamente presentada. Desde el punto de vista de la decisión que debe adoptar
el juez, para el primer caso, la ley ha previsto que todas las solicitudes deben
resolverse desfavorablemente; en el segundo caso, como desarrollo del principio
de cosa juzgada, las tutelas subsiguientes a la primera deben rechazarse. Si, en
cualquiera de los dos escenarios anteriores, no se acredita la presencia de un
motivo expresamente justificado, debe declararse la temeridad y proceden las
sanciones previstas en la ley para esa eventualidad.

[…]

La Corte ha precisado que el juez de tutela, para establecer si, en razón de una
tutela anterior, existe cosa juzgada constitucional respecto de un asunto puesto en
su conocimiento, debe verificar si convergen los siguientes elementos: (i) Identidad
de partes; (ii) identidad de hechos; e (iii) identidad de pretensiones16. La
verificación de esta triple identidad, prima facie17, torna improcedente la nueva
acción de tutela como quiera que sobre el asunto objeto de análisis existe una
decisión judicial definitiva e inmutable18. Para la Corte, la necesidad de esa
verificación se deriva de la prohibición general, contenida en el artículo 332 del
Código de Procedimiento Civil19, de que se dé un nuevo pronunciamiento por parte
del juez, sobre un proceso que guarde identidad jurídica -en el sentido explicado-
con uno anteriormente decidido.20

Por otro lado, en cuanto hace a la temeridad en la interposición de acciones de
tutela simultáneas o sucesivas, la jurisprudencia constitucional21 ha puntualizado
que en los casos en que se formule más de una acción de tutela entre las mismas
partes, por los mismos hechos y con idénticas pretensiones, el juez puede tenerla
por temeraria siempre que considere que dicha actuación (i) resulta amañada, en
la medida en que el actor se reserva para cada demanda los argumentos o pruebas

16 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-184 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
17 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-362 de 2007, M.P. Jaime Araujo Rentería. “[…] En efecto, la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que aunque dos o más solicitudes de amparo guarden identidad de
partes, identidad de hechos o de causa, e identidad de pretensiones, antes de declarar la improcedencia de la
acción, el juez de tutela debe examinar cuidadosamente las circunstancias particulares del caso y las
condiciones especiales del actor. Ello por cuanto, la verificación y aplicación formal de los supuestos de la
actuación temeraria por parte del juez de tutela, sin un adecuado análisis de los fundamentos fácticos del caso,
así como de la situación particular del accionante, puede derivar en la vulneración de sus derechos
fundamentales […]”.
18 Cfr. Sentencia T-502 de 2008.
19 Ese artículo dispone que “[…] la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de

cosa juzgada […]”.
20 Cfr. Sentencia T-1104 de 2008.
21 Cfr. Sentencia T-502 de 2008.

19

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

que convalidan sus pretensiones22; (ii) denote el propósito desleal de “obtener la
satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una
interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable”23; (iii) deje al
descubierto el “abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de
mala fe se instaura la acción”24; o finalmente (iv) se pretenda a través de personas
inescrupulosas asaltar la “buena fe de los administradores de justicia”25.

De este modo, de acuerdo con la jurisprudencia, ‘[…] de la simple comprobación
de la coincidencia en partes, hechos y pretensiones, no puede colegirse la
existencia de temeridad como quiera que ésta comporta una actuación dolosa y
torticera, de manera que para su declaración, el juez de tutela debe analizar con
especial cuidado si la nueva acción de amparo constitucional viene orientada por
dichos criterios o si, por el contrario, atiende a otras motivaciones circunscritas
dentro del principio de buena fe que cobija al actor.’

En desarrollo de ese criterio, la Corte ha identificado algunos supuestos en los que,
de manera excepcional, a partir de un análisis de los casos concretos desde una
perspectiva distinta a la meramente procedimental, puede concluirse que no se
configura temeridad. Ello puede ocurrir, ha dicho la Corporación, cuando el
ejercicio simultáneo o repetido de la acción de tutela se origina en: (i) una
condición de ignorancia26 o indefensión, del actor, que lo lleva a actuar por
miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no
por mala fe27; (ii) el asesoramiento errado de los profesionales del derecho28, o,
(iii) la consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la
interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier
otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s)
anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del
demandante29. Adicionalmente, la Corporación se ha referido a la posibilidad de
interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte Constitucional profiere
una sentencia de unificación, cuyos efectos hace explícitamente extensivos a un
grupo de personas que se consideran en igualdad de condiciones, incluso si con
anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de tutela por los mismos hechos
y con la misma pretensión30.

En ese contexto, advierte la Sala que un criterio relevante para determinar la
existencia de temeridad es el hecho de si se manifiesta o no la existencia de tutelas
anteriores que puedan relacionarse con el mismo asunto. Sobre el particular hay
un mandamiento legal expreso, conforme al cual “[e]l que interponga una acción de
tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado
otra respecto de los mismos hechos y derechos”31. En general, quienes acuden a
los jueces para solicitar amparo constitucional, no pueden escudarse en matices
que puedan diferenciar las distintas acciones de tutela para eludir su deber de
informar al juez acerca de la existencia de una tutela anterior, sobre la misma
materia, así presente elementos que la diferencian en cierta medida. Ello no solo
resultaría contrario a la lealtad procesal, a la transparencia y la economía en la
actividad judicial, sino que, además, desde el punto de vista del interés mismo del
accionante, resulta útil para advertir al juez sobre la arista del problema en torno al

22 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 1995.
23 Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 1995.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-443 de 1995.
25 Sentencia T-001 de 1997.
26 Sentencia T-184 de 2005.
27
Sentencias T-1215/03, T-721/03, T-184/05. También las sentencias T-308 de 1995, T-145 de 1995, T-091 de
1996, T-001 de 1997.
28 Sentencia T-721/03.
29 Sentencias T-149/95, T-566/01, T-458 de 2003, T-919/03 y T-707/03.
30 Sentencia SU-388/05.
31 Decreto 2591 de 1991, artículo 37.

20

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

cual ahora se hace girar la solicitud de amparo constitucional, descartando aquellos
elementos que ya fueron objeto de decisión judicial.

Así, quien considere que, no obstante haber presentado una acción de tutela en
relación con un asunto determinado, existen elementos nuevos que le permiten
acudir de nuevo al juez constitucional, debe, en desarrollo de la obligación prevista
en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y de criterios de elemental lealtad
procesal, expresarlo así al juez, para que sea el quien decida si sobre la materia
existe cosa juzgada, o si cabe una nueva solicitud debido a circunstancias que
impiden que el caso concreto opere dicho fenómeno.

En este sentido, reitera la Sala, no cabe que los accionantes, en particular cuando
son asistidos por profesionales del derecho, a partir de una reformulación de los
argumentos, o de la inclusión de nuevos sujetos demandados, o de la
fundamentación de las pretensiones en hechos que se consideran nuevos o
sobrevinientes, omitan el deber de manifestar la existencia de una tutela previa, sin
que, por otra parte, dicha manifestación implique, per se, la improcedencia de la
nueva solicitud de amparo, porque, como se ha dicho, el juez, en cada caso
concreto, debe valorar si se presentan tanto la cosa juzgada como la temeridad.

A partir de las anteriores consideraciones, concluye la Sala que, en los procesos
de tutela, cuando en un mismo asunto se han presentado sucesivas solicitudes de
amparo, se pueden presentar situaciones en las que hay cosa juzgada y
temeridad, como cuando se presenta una acción de tutela sobre un asunto ya
decidido previamente en otro proceso de tutela, sin que existan razones que
justifiquen la nueva solicitud; otras en las que hay cosa juzgada, pero no
temeridad, lo cual puede ocurrir, por ejemplo, cuando, de buena fe y,
usualmente, con expresa manifestación de estar acudiendo al amparo por
segunda vez, se interpone una segunda tutela debido a la convicción fundada
de que sobre la materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, y,
finalmente, casos en los cuales hay temeridad, pero no cosa juzgada, lo que
acontece cuando se presenta simultaneidad entre dos o más solicitudes de amparo
que presentan la triple identidad a la que se ha aludido.

En todo caso, como se ha dicho, la apreciación de ambos fenómenos debe hacerse
a la luz de las circunstancias de cada caso en concreto, puesto que, en atención a
que lo que está de por medio es la afectación de derechos fundamentales, el juez
constitucional tiene un amplio margen de apreciación de las circunstancias en
orden a disponer la operancia de tales fenómenos [...]”32. (Resaltado de la Sala).

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

38. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena33, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los

32 Sentencia T-560 de 2009
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

21

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

39. Esta Sección adoptó34 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200535, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

40. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

41. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”36 que encaje en dichos parámetros.

42. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer

34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.

María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
35 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
36 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

22

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

43. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201437.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

44. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.

Procedencia excepcional de la acción de tutela contra tutela

45. Por regla general, este mecanismo judicial de origen constitucional resulta
improcedente en el evento en que se le atribuya la vulneración de los derechos
fundamentales a las decisiones adoptadas por los jueces de tutela.

46. No obstante lo anterior, la Corte Constitucional, mediante sentencia de
unificación SU – 627 de 1 de octubre de 201538, fijó la excepción de la precitada
regla jurisprudencia, recopilando, para tal efecto, una serie de criterios de
procedibilidad que dependen del objeto del amparo. Esto es, si el mismo se enfoca
en la sentencia proferida dentro del proceso de tutela o respecto de una actuación
previa o posterior a la mencionada providencia.

47. En el primer escenario, la solicitud de amparo constitucional procede si: i) la
sentencia de tutela es proferida por un juez o tribunal diferente a la Corte
Constitucional; ii) se presenta el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta; iii) se

37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
38 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. Actor: Dirección Nacional de
Estupefacientes en liquidación. M.P. Mauricio González Cuervo.

23

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

cumplen con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales; iv) la acción de tutela presentada no comparte identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; v) se demuestre de manera clara
y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y, vi) no existe otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.

48. En el segundo escenario la Corte Constitucional contempló dos eventos de
procedibilidad, estos son:

“[…] 4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de
tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se
cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional
[…]”39.

49. De conformidad con lo anterior, la Sección Primera de esta Corporación,
mediante sentencia proferida el 14 de marzo de 201940, concluyó que al efectuar el
análisis de procedibilidad de la acción de tutela en contra de una providencia judicial
cuyo origen emana de un proceso de tutela, al juez constitucional le corresponde
identificar, en primer momento, en qué escenario se profirió la providencia judicial
cuestionada, para así cerciorarse del cumplimiento de los parámetros
excepcionales previstos en cada escenario.

50. Ahora bien, la Corte Constitucional en la sentencia SU- 627 de 2015 frente al
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta dijo:

“[…] 4.4.1. En la Sentencia T-218 de 2012, este tribunal reconoció que la regla de
que la tutela no procede contra sentencias de tutela no puede ser absoluta. El
principio de cosa juzgada no puede entenderse en términos absolutos, pues
en ciertas circunstancias, como cuando está de por medio el principio de fraus
omnia corrumpit, puede entrar en tensión con el principio de justicia material,
a partir del cual es posible desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que
tiene la decisión del juez. En el fallo de tutela, valga decir, en su parte resolutiva,
es posible distinguir dos partes constitutivas: “(i) la decisión de amparo y (ii) la orden
específica y necesaria para garantizar el goce del derecho protegido”. Respecto de

39 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
Referencia Expediente T- 4.496.402. Actor: Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación.
40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. M.P. Dr. Roberto Augusto

Serrato Valdés. Sentencia de 14 de marzo de 2019. Núm. único de radicación: 52001 23 33 000 2018 00550
01.

24

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

la decisión, “el principio de cosa juzgada se aplica en términos absolutos conforme
a la inimpugnabilidad que la caracteriza”, mientras que respecto de la orden, “se ha
dicho que puede ser complementada para lograr el cabal cumplimiento del fallo”. En
este contexto, es posible que se configure el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, que “se predica de un proceso que ha cumplido formalmente con
todos los requisitos procesales y que materializa en esencia un negocio
fraudulento a través de medios procesales, que implica un perjuicio ilícito a
terceros y a la comunidad”. Este fenómeno es más grave cuando el fraude es
cometido directamente por el juez o con su anuencia. Con este fundamento, al
constatar la existencia de fraude en una sentencia de tutela que no fue objeto de
revisión, para evitar que esta se materialice, este tribunal advirtió que si bien “no
puede revocar esa providencia, lo que implicaría hacer un análisis de fondo de la
misma y transgredir las consecuencias que emanan una vez finiquitado el trámite
de revisión en esta Corporación”, si puede, como ya lo hizo en la Sentencia T-104
de 2007, “hacer que esa decisión, por consecuencia, quede sin ningún valor jurídico,
respetando la prohibición del non bis in ídem, fundamentando su actuación en el
precepto fraus omnia corrumpit”, pues

Esta medida – dejar sin efecto la sentencia del dos mil seis (2006) -, para este caso
particular, no supondría una afectación desproporcionada a la cosa juzgada, pues la
decisión disciplinaria adoptada por el Consejo Seccional de la Judicatura del
Atlántico, data del diecisiete (17) de noviembre de dos mil diez (2010). Así, han
pasado menos de cinco años entre esa resolución y la presente decisión.
Igualmente, pasaron menos de cinco años entre el momento de exclusión de revisión
de la sentencia proferida por el juzgado de Magangué y la fecha de selección para
revisión de la acción de tutela instaurada en el dos mil nueve (2009). En efecto, el
auto de exclusión fue proferido el diez (10) de abril de dos mil siete (2007), mientras
que esta causa fue seleccionada el once (11) de junio de dos mil diez (2010). Como
se observa, ambos términos son muy inferiores al máximo que la legislación permite
para el recurso extraordinario de revisión en materia civil. Por lo mismo, a juicio de
esta Sala, no existe fundamento para considerar que esta medida, que protege al
erario y a la dignidad de justicia de un evidente fraude, sea excesiva frente a la cosa
juzgada. Finalmente, la Sala no se está refiriendo a si les asiste o no derecho a
recibir la pensión gracia a los demandantes, solo se pronuncia sobre una causa
específica en la cual se evidencia la necesidad de aplicar el precepto que establece
que el fraude lo corrompe todo.

4.4.2. En la Sentencias T-951 de 2013 y T-373 de 2014 este tribunal reiteró la
procedencia excepcional de la tutela cuando se trata de “revertir o de detener
situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una
orden proferida en un proceso de amparo”. En la primera de ellas precisó que
la cosa juzgada, incluso la constitucional, “no es un fin en sí mismo, sino un
medio para alcanzar el valor de la justicia”, de tal suerte que “las instituciones
del Estado Social de Derecho, establecidas para la promoción de los valores
democráticos, basados en la solidaridad y en la vigencia de un orden justo, no
pueden permitir que se consoliden situaciones espurias41, bajo el argumento
de la obediencia ciega a las situaciones juzgadas, cuando las mismas son
producto de la cosa juzgada fraudulenta […]”. (Resaltado por la Sala).

51. En ese orden de ideas, para que proceda excepcionalmente la acción de
tutela contra una sentencia de tutela debe acreditarse de manera clara y suficiente,

41 Entiéndase como situaciones ilegales, fraudulentas, carentes de autenticidad.

25

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

que la providencia adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una
situación de fraude, que afecta el ideal de justicia presente en el derecho.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

52. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

53. Atendiendo a que la Corte Constitucional42 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso

54. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

42 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

26

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

55. Atendiendo a que, la Corte Constitucional43 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

56. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado […]”.

57. Atendiendo a que, la Corte Constitucional44 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que

43 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
44 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

27

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de petición

58. Visto el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a
obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. […]”

59. Atendiendo a que, en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional45 ha
precisado que “[…] el contenido esencial de este derecho comprende: (i) la
posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o
negativo; (iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una
obligación de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, según el
ámbito de su competencia, desarrollando de manera completa todos los asuntos
planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta) y excluyendo
fórmulas evasivas o elusivas […]”.

Análisis del caso concreto

60. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo

45 Corte Constitucional, Sentencia T-077 de 2 de marzo de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

28

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

61. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

62. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra:

62.1. Copia digital del conflicto de competencias administrativas identificado con el
número único de radicación 250002341000202200934-00.

62.2. Copia digital del expediente de la acción de tutela identificada con el número
único de radicación 11001400402320210134-01, tramitada por el Juzgado
Veintitrés Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá y el Juzgado
Treinta y Nueve Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

62.3. Informes rendidos por las partes, con sus anexos.

Solución del caso concreto

Análisis de la cosa juzgada constitucional y la temeridad en el caso concreto

63. Antes de verificar el cumplimiento de los requisitos generales y abordar el
estudio del caso concreto, la Sala advierte que resulta necesario verificar si en
efecto se configuró la cosa juzgada frente a los reparos que el actor propuso contra
el Distrito Capital de Bogotá – Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá, la
Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, el Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público, la Curaduría Urbana núm. 1 de Bogotá y la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital de Bogotá, en relación con la acción de

29

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

tutela identificada con el número único de radicación 11001400402320210134-01.

64. Al respecto la Sala advierte que en el caso sub examine se configuró la cosa
juzgada, teniendo en cuenta que existe identidad de partes, causa y objeto entre la
acción de tutela identificada con el número único de radicación
11001400402320210134-01 y la presente acción de tutela, como se observa a
continuación:

Tutela 1. núm. único de radicación Tutela 2. núm. único de radicación
11001400402320210134-01 110010315000202205710-00 (Proceso
actual)

Partes Actora: Betsabé Corredor del Río Actora: Betsabé Corredor del Río
Demandados: Distrito Capital de Demandados: Subsección B de la Sección
Bogotá – Secretaría Distrital del Hábitat Primera del Tribunal Administrativo de
de Bogotá, Secretaría Distrital de Cundinamarca, Distrito Capital de Bogotá
Planeación de Bogotá, Departamento – Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá,
Administrativo de la Defensoría del Secretaría Distrital de Planeación de
Espacio Público, Curaduría Urbana Bogotá, Departamento Administrativo de la
núm. 1 de Bogotá y Unidad Defensoría del Espacio Público, Curaduría
Administrativa Especial de Catastro Urbana núm. 1 de Bogotá, Unidad
Distrital de Bogotá. Administrativa Especial de Catastro
Distrital de Bogotá, Juzgado Veintitrés
Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Bogotá y Juzgado
Treinta y Nueve Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Bogotá.

Causa La solicitud de tutela se fundamentó en La solicitud de tutela se fundamentó en
que, a juicio de la actora, i) el que, a juicio de la actora, i) el Tribunal, al
Departamento Administrativo de la proferir la decisión de 10 de octubre de
Defensoría del Espacio Público, al “[…] 2022, dentro del conflicto de competencias
NO efectuar un estudio de fondo a mi administrativas identificado con el número
petición sino que me instó a reunir una único de radicación
serie de requisitos técnicos en el 250002341000202200934-00; ii) el
término de 1 mes ante la UNIDAD Departamento Administrativo de la
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE Defensoría del Espacio Público, al “[…] NO
CATASTRO DISTRITAL […]”; ii) la efectuar un estudio de fondo a mi petición
Unidad Administrativa Especial de sino que me instó a reunir una serie de
Catastro Distrital de Bogotá, al “[…] no requisitos técnicos en el término de 1 mes
resolver de fondo mis inquietudes sobre ante la UNIDAD ADMINISTRATIVA
la Evaluación de Información Física y ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
Jurídica […]”; iii) la Secretaría Distrital […]”; iii) la Unidad Administrativa Especial
de Planeación de Bogotá, al no de Catastro Distrital de Bogotá, al “[…] no
incorporar su predio en la “[…] resolver de fondo mis inquietudes sobre la
planimetría urbana de Bogotá […]”; y iv) Evaluación de Información Física y
la Secretaría Distrital del Hábitat de Jurídica […]”; iv) la Secretaría Distrital de
Bogotá y la Curaduría, al no resolver de Planeación de Bogotá, al no incorporar su
fondo su petición y, por ende, predio en la “[…] planimetría urbana de
determinar “[…] CUÁL ES la entidad Bogotá […]”; v) el Juzgado Veintitrés Penal
competente para la incorporación del Municipal con Funciones de Conocimiento
predio distinguido con FMI No. 50N- de Bogotá y el Juzgado Treinta y Nueve
203248880 como espacio público vial Penal del Circuito con Función de
en la planimetría urbana de Bogotá Conocimiento de Bogotá, al “[…] instarla a
[…]”: vulneraron sus derechos adelantar el (sic) solicitud de conflicto
fundamentales. negativo de competencia administrativa

30

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

[…]”; y vi) la Secretaría Distrital del Hábitat
de Bogotá y la Curaduría, al no resolver de
fondo su petición y, por ende, determinar
“[…] CUÁL ES la entidad competente para
la incorporación del predio distinguido con
FMI No. 50N-203248880 como espacio
público vial en la planimetría urbana de
Bogotá […]”: vulneraron sus derechos
fundamentales invocados.

Objeto La solicitud de tutela pretendió el La solicitud de tutela pretende el amparo
amparo de los derechos fundamentales de los derechos fundamentales al debido
al debido proceso, a la igualdad y de proceso, a la igualdad, de acceso a la
petición y, en consecuencia, “[...] se administración de justicia y de petición y,
ordene incorporar el predio distinguido en consecuencia, se “[…] resuelva DE
con FMI No. 50N-203248880, Dirección FONDO el conflicto negativo de
Catastral: KR 57 159 68, CHIP. competencias administrativas que
AAA0118KZNX, Código de sector presenté y me indique cuál es la entidad
catastral. 009103022900000000, que debe resolver lo propio a mi predio,
Cédula Catastral pues en su momento ninguna propuso el
009103022900000000, Número conflicto ni tampoco asumió el trámite
Predial. pertinente y sí lo tuve que adelantar yo.
110010191110300020029400000000 y Que sea la entidad competente la que me
Área 110,7 M2 en la planimetría resuelva de fondo (técnica y
urbana de Bogotá D.C. […]”. administrativamente): términos,
documentos a radicar, costos, procedencia
o no, etc… pero DE FONDO. No puede ser
posible que estando pendiente solo la
incorporación del predio en la
planimetría urbana para cederlo al
Distrito, ninguna adelante dicho trámite en
debida forma […]”46.

65. En ese orden de ideas, la Sala advierte que, frente a los reparos propuestos
por la actora contra el Distrito Capital de Bogotá – Secretaría Distrital del Hábitat de
Bogotá, la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, el Departamento
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, la Curaduría Urbana núm. 1 de
Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital de Bogotá existe
identidad de partes, puesto que coincide la actora en ambas acciones de tutela y la
parte demandada, tal cual se observa en el cuadro expuesto supra.

66. Igualmente, la Sala observa que, en relación con las autoridades
mencionadas supra, coincide la causa entre las solicitudes de amparo, toda vez que
en ambas acciones de tutela la inconformidad del actor gira en torno a que no se le
ha resuelto de fondo su solicitud relacionada con “[…] incorporación del predio
distinguido con FMI No. 50N-203248880 como espacio público vial en la planimetría
urbana de Bogotá […]”.

46 Transcripción literal del texto.

31

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

67. Finalmente, la Sala encuentra que existe identidad de objeto, en tanto que
los derechos fundamentales invocados en una y otra acción son idénticos frente a
dichas autoridades y las pretensiones son las mismas respecto del Distrito Capital
de Bogotá – Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá, la Secretaría Distrital de
Planeación de Bogotá, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio
Público, la Curaduría Urbana núm. 1 de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial
de Catastro Distrital de Bogotá.

68. Ahora bien, corresponderá a la Sala determinar si la conducta de la actora
puede ser calificada como temeraria.

69. Al respecto, según la jurisprudencia citada con anterioridad, una actuación es
considerada como temeraria en los eventos en que, además de advertirse la
identidad estudiada en precedencia, el juez en el caso concreto observa mala fe del
actor, que puede entenderse en los siguientes eventos: i) cuando su proceder es
amañado, en la medida en que el actor se reserva para cada demanda los
argumentos o pruebas que convalidan sus pretensiones; ii) se advierta un propósito
desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la
eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar
favorable; iii) deje al descubierto el “[…] abuso del derecho porque deliberadamente
y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción […]”; o iv) se pretenda a través
de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de los administradores de justicia.

70. Ahora bien, en el caso concreto, en primera medida, tal cual como se expuso
previamente, frente a los reparos que la actora propuso contra el Distrito Capital de
Bogotá – Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá, la Secretaría Distrital de
Planeación de Bogotá, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio
Público, la Curaduría Urbana núm. 1 de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial
de Catastro Distrital de Bogotá se configuró la identidad de partes, causa y objeto
entre la acción de tutela identificada con el número único de radicación
11001400402320210134-01 y la presente acción de tutela.

71. Por otra parte, la Sala encuentra que la actuación de la señora Betsabé
Corredor del Río no debe ser calificada como temeraria, dado que no se advierte un
propósito desleal de obtener la satisfacción de su interés individual a toda costa, ni se

32

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

evidencia una actuación de mala fe por parte de la actora, en la medida en que,
dentro de la acción de tutela de la referencia, la tutelante indicó que presentó la
tutela identificada con el número único de radicación 11001400402320210134-01,
frente a la cual, a su juicio, de manera errada la “[…] instaron a adelantar el (sic)
solicitud de conflicto negativo de competencia administrativa […]”.

72. En ese orden de ideas, la Sala advierte que se configura la cosa juzgada
frente a los reparos propuestos contra el Distrito Capital de Bogotá – Secretaría
Distrital del Hábitat de Bogotá, la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, el
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, la Curaduría
Urbana núm. 1 de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
de Bogotá; sin embargo, no se configura la actuación temeraria de la actora.

Análisis de la solicitud de amparo contra lo resuelto dentro de la acción de
tutela identificada con el número único de radicación
11001400402320210134-01

73. La actora señaló que el Juzgado Veintitrés Penal Municipal con Funciones
de Conocimiento de Bogotá y el Juzgado Treinta y Nueve Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Bogotá desconocieron sus derechos fundamentales,
en la medida en que, de conformidad con lo resuelto dentro de la dentro de la acción
de tutela identificada con el número único de radicación 11001400402320210134-
01, la “[…] instaron […] a adelantar el (sic) solicitud de conflicto negativo de
competencia administrativa […]”.

74. En ese orden de ideas, se evidencia que la actora interpuso la acción de
tutela contra las sentencias proferidas por los juzgados de la referencia dentro del
marco de una solicitud de tutela, por lo que, con fundamento en la jurisprudencia de
la Corte Constitucional se debe declarar improcedente.

75. En ese sentido, resulta preciso indicar que, en los términos de la sentencia
SU – 627 de 201547, la presente solicitud de amparo cuestiona la decisión proferida
dentro de la acción de tutela identificada con el núm. único de radicación

47 Corte Constitucional, Sentencia SU-627 del 1. ° de octubre de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.

33

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

11001400402320210134-01. Al respecto, se advierte que, aun cuando la
providencia la profirió un juez o tribunal diferente a la Corte Constitucional, no se
acreditó el requisito de procedibilidad excepcional de la solicitud de tutela contra
tutela consistente en que se presente el fenómeno de cosa juzgada fraudulenta, por
cuanto no se acreditó de manera clara y suficiente que la decisión adoptada en la
anterior acción de tutela fuera producto de una situación de fraude, en tanto que,
contrario a lo señalado por la actora, el Juzgado Veintitrés Penal Municipal con
Funciones de Conocimiento de Bogotá y el Juzgado Treinta y Nueve Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá realizaron una interpretación
razonable de los derechos fundamentales invocados por la tutelante.

Análisis de la acción de tutela contra la decisión proferida dentro del conflicto
de competencias administrativas identificado con el número único de
radicación 250002341000202200934-00

76. La actora indicó que el Tribunal, al proferir la decisión de 10 de octubre de
2022, dentro del conflicto de competencias administrativas de la referencia, vulneró
sus derechos fundamentales en la medida en que:

“[…] el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN
PRIMERA – SUBSECCIÓN B con Magistrado Ponente: CESAR GIOVANI
CHAPARRO RINCÓN no se percató de verificar cuáles son con exactitud las
funciones de la SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, la CURADURÍA
URBANA No. 1 y la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT, o verificar lo que es
una legalización urbanística de un desarrollo urbano, o identificar cuál entidad debe
admitir o rechazar el trámite de predios que inicialmente se desarrollaron en una
Legalización Urbanística pero con el paso del tiempo las Curadurías Urbanas han
otorgado licencias.

El H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN PRIMERA –
SUBSECCIÓN B se atribuye funciones más allá de las que le competen, ¿Podía
afirmar que el predio objeto de controversia no corresponde a una vía de uso público
y, además, que mi trámite no procedía? ¿Acaso no le correspondía resolver el
conflicto de competencias que promoví de fondo? […]”.

77. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico,
corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, la naturaleza jurídica de la
decisión de 10 de octubre de 2022, mediante la cual la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió “[…] RECHÁZASE la
solicitud promovida por la señora Betsabé Corredor Del Río de conflicto de

34

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

competencias entre la Curaduría Urbana No. 1 y la Secretaría Distrital del Hábitat,
por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia […]”.

78. Al respecto, la Sala advierte que, esta Sección48 ha considerado lo siguiente:

“[…] Las decisiones que profiera la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado en desarrollo de la referida función, de acuerdo con el criterio de esa Sala49,
tienen las siguientes características:

“En este caso, la ley le asigna a la Sala la función de decidir con carácter vinculante,
cuál es la autoridad administrativa competente para adelantar una determinada
actuación administrativa. Se trata de un control previo de legalidad sobre el elemento
competencia de la decisión administrativa.

Característica esencial de esta función es que la solución de los conflictos de
competencias administrativas se hace de manera definitiva, pues como señala el
artículo 39 en cita, contra lo decidido por la Sala o los Tribunales Administrativos,
según el caso, no cabe recurso alguno. Por tanto, este trámite especial que se surte
por fuera de la propia Administración, da certeza a las autoridades y a los interesados
sobre la facultad legal para resolver un determinado asunto, evitando discusiones
posteriores o, lo que sería peor, decisiones inhibitorias de la administración.

No se trata, como advertía Fleiner, de cuestiones accesorias o secundarias entre
autoridades administrativas, sino de un asunto de estricta legalidad, pues “sólo dentro
del marco de su competencia legal puede un órgano del Estado realizar actos de
voluntad política”50.

Como señaló recientemente la Sección Segunda del Consejo de Estado en el trámite
de una acción de tutela relacionada con esta función, en el procedimiento de
resolución de conflictos de competencias administrativas la Sala de Consulta y
Servicio Civil actúa precisando las reglas de juego en las actuaciones administrativas
y garantizando el principio de legalidad y el debido proceso.51

Por ello, cuando el ordenamiento jurídico le asigna a la Sala la función de dirimir las
discusiones competenciales entre autoridades administrativas y vincula a éstas y a
los particulares a lo decidido por ella, busca garantizar, tanto la efectividad del
derecho de petición (asegurando que la persona tendrá una respuesta de fondo a su
solicitud52), como la vigencia del principio de legalidad y del debido proceso (desde
el punto de vista de las competencias constitucionales o legales que habilitan la
actuación de una determinada entidad en un caso concreto).

La importancia y efectividad de este procedimiento de resolución de competencias
administrativas, hace que, como ha dicho la Corte Constitucional, constituya “un
mecanismo idóneo, expedito y de mayor o equivalente agilidad a la tutela”, que

48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de marzo de

2017, número único de radicación 110010315000201700241-00, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
49 Sala de Consulta, 18 de julio de 2013, radicación, 11001-03-06-000-2013-00006-00, Decisión sobre solicitud

de nulidad en resolución de conflicto de competencias administrativas entre la Superintendencia de Notariado
y Registro y la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC. C.P.: William Zambrano Cetina (E).
50 Fleiner, Fritz. Instituciones de Derecho Administrativo, ed. Labor, Traducción de la 8ª edición alemana.
Barcelona, 1933, p.23-24. Sobre el origen y evolución de los conflictos de competencias administrativas, ver
Consejo de Estado, Memorias, 2009.
51 Sentencia del 9 de mayo de 2013, expediente 2013-00726. M.P. Bertha Lucía Ramírez (E)
52 Ver decisiones de la Sala de Consulta del 24 de mayo de 2007 y del 26 de enero de 2006, expedientes
2007-00030 y 2005-00012, respectivamente.

35

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

impide recurrir a la acción de amparo de forma transitoria “pues, la agilidad del
proceso especial descarta la configuración del perjuicio irremediable”.53

Se tiene entonces que en nuestro ordenamiento jurídico el control de legalidad de la
competencia administrativa como elemento de validez de los actos administrativos,
puede operar de manera previa o posterior a la decisión administrativa. De manera
previa, a través del trámite de definición de competencias administrativas que se
analiza, en el cual, como se ha visto, se define con carácter vinculante la autoridad
que debe adoptar una determinada decisión (artículo 39 CPACA); de manera
posterior, a través de las pretensiones de nulidad contra la decisión definitiva
adoptada por la Administración (artículos 137 y 138 C.P.A.C.A).

Claro está que cuando se ha agotado el primero de tales controles, el segundo se
torna de suyo improcedente para discutir nuevamente los elementos materiales,
temporales u orgánicos de la competencia administrativa que ya hubieran quedado
definidos en virtud de lo dispuesto en el artículo 39 del C.P.A.C.A.

Se trata por tanto, de dos mecanismos de control de legalidad de la competencia
administrativa, que operan desde afuera de la Administración, en momentos distintos
de su actividad y con carácter vinculante para ella”.

En atención a lo transcrito, si bien las decisiones emitidas por la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado, en ejercicio de la función de resolver
conflicto de competencias administrativas, son de acatamiento obligatorio, y
su fuerza es vinculante, la realidad es que tales pronunciamientos no pueden
catalogarse como providencias judiciales, sino que deben ser catalogadas
como pronunciamientos que contienen un “control previo de legalidad” sobre
el elemento competencia de la decisión administrativa […]”. (Resaltado por la
Sala)

79. En el caso sub examine la actora pretende que se le amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de
justicia y de petición y, como consecuencia de lo anterior, se ordene dejar sin efecto
el pronunciamiento de 10 de octubre de 2022, proferido por la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual
rechazó la solicitud promovida por la actora sobre el conflicto de competencias
entre la Curaduría Urbana núm. 1 de Bogotá y la Secretaría Distrital del Hábitat de
Bogotá, tramitado con el número de radicación 250002341000202200934-00; con
el propósito de que se resuelva de fondo el conflicto referido.

80. En ese orden de ideas, la controversia gira en torno a establecer si la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
quebrantó los referidos derechos fundamentales de la actora, con la decisión
cuestionada.

53 Sentencia T-443 de 2012. M.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

36

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

81. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala considera necesario hacer
referencia a las consideraciones que expuso la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al proferir la decisión de 10
de octubre de 2022, objeto de debate:

“[…] La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se ha pronunciado
en varias oportunidades54 respecto de los requisitos esenciales para la existencia de
un auténtico conflicto de competencias administrativas […] De conformidad con las
normas transcritas y, con la directriz antes citada, se tiene que, para que exista un
conflicto de competencias administrativas se requiere: i) la presencia de al menos
dos autoridades que nieguen o reclamen de manera expresa competencia sobre un
determinado asunto; ii) que los organismos o entidades pertenezcan (tratándose de
conflictos que deban ser dirimidos por los tribunales administrativos) al orden
municipal o distrital, siempre y cuando se encuentren dentro de la jurisdicción del
mismo tribunal administrativo; iii) que el conflicto tenga naturaleza administrativa, y
iv) que verse sobre un asunto concreto […]”.

[…]

“[…] En ese orden, se tiene que la señora Betsabé Corredor Del Río considera que
existe un conflicto de competencias entre la Curaduría Urbana No. 1 y la Secretaría
del Hábitat, en lo concerniente a la incorporación del predio distinguido con el folio
de matrícula N.° 50N-203248880 como espacio público vial en la planimetría urbana
de Bogotá D.C., dado que la curaduría indicó que lo procedente es la regularización
urbanística y la secretaría, por su parte, manifestó que dicha figura no es aplicable
dado que la curaduría debía determinar si el predio podría obtener dicha licencia,
teniendo en cuenta que al interior del mismo se encuentran antecedentes de planos
urbanísticos y licencia de urbanismo aprobadas y desarrolladas, por lo que procede
es la expedición de una licencia urbanística […]”.

[…]

“[…] de los requisitos expuestos en precedencia, y del análisis de los documentos
allegados por las partes, es preciso y pertinente indicar que no se cumple con el
primer requisito, en tanto, no se advierte un conflicto de competencia administrativa
entre la Curaduría Urbana No. 1 y la Secretaría Distrital del Hábitat, pues ninguna
de las entidades niega o reclama la competencia sobre la incorporación del predio
distinguido con el folio de matrícula N.° 50N-203248880 como espacio público vial
en la planimetría urbana de Bogotá D.C […]”.

[…]

“[…] Por lo anterior, no se advierte un conflicto de competencias administrativas entre
la Curaduría Urbana No. 1 y la Secretaría Distrital del Hábitat que deba ser resuelto
por el Tribunal, dado que el predio identificado con el folio de matrícula No. 50N-
203248880 objeto de estudio no tiene vocación de vía de uso público, tal como lo
indicó la Secretaría Distrital de Planeación en el oficio con radicación No. VTSP-
2021-2041 del 19 de abril de 202, en los siguientes términos: “(…) de acuerdo con
lo contenido en la escritura 8122 del 26 de noviembre de 1998 de la Notaria, se
establece que dicho predio es un área interna o vía de acceso de uso exclusivo

54Consejo de Estado, Sala de Consulta y de Servicio Civil, providencia de 16 de abril de 2012, exp.
1100103060002012- 0015-00

37

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

común para los 8 lotes que hacen parte de la división material de la Parcela 1
manzana E del plano S7/4-2” (…).

Si bien la Curaduría Urbana No. 1 en el marco de la respuesta emitida en el oficio
No. 21-1-00605 refirió que frente al predio operó la legalización urbanística y el
proceso que debe adelantarse es la regularización urbanística ante la Secretaría
Distrital del Hábitat por cuanto se presentó una alteración del espacio público, es
preciso indicar que, dicha entidad no es competente para concluir si se presentó o
no alteración del espació (sic) público en el predio, pues la función legalmente le
corresponde a la Secretaría Distrital del Hábitat y, en gracia de discusión, la
mencionada secretaría concluyó que no se presentó alteración del espacio público.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Sala de Decisión observa que la señora Betsabé
Corredor del Río elevó una solicitud a la Curaduría Urbana No. 1 y la Secretaría
Distrital del Hábitat, para que se incorpore el predio distinguido con el folio de
matrícula N.° 50N-203248880 como espacio público vial en la planimetría urbana de
Bogotá D.C. y dichas entidades, en el marco de lo requerido, brindaron respuesta,
por lo que no se advierte el conflicto de competencias administrativo promovido por
la misma peticionaria. Cosa distinta es que la solicitante no esté de acuerdo con las
respuestas negativas a su petición, pero tal resultado, se reitera, no constituye un
conflicto de competencias administrativas […]”. (Resaltado por la Sala)

82. De la revisión de la decisión de 10 de octubre de 2022 que se controvierte a
través de la presente tutela, y de los documentos allegados al expediente de la
solicitud de amparo, la Sala encuentra que el pronunciamiento adoptado en el
expediente con radicación 250002341000202200934-00, tuvo sustento en que no
se presentaba un conflicto de competencias entre las entidades referidas por la
actora.

83. En efecto, en las respuestas que dio la Curaduría Urbana núm. 1 de Bogotá
y la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá frente a las peticiones que elevó la
actora y que fueron objeto de análisis por el Tribunal demandado, se puede
concluir, que “[…] ninguna de las entidades niega o reclama la competencia sobre
la incorporación del predio distinguido con el folio de matrícula N.° 50N-203248880
como espacio público vial en la planimetría urbana de Bogotá D.C. […]”, en la
medida en que cada entidad se limitó a dar respuesta a lo requerido por la actora,
sin que en efecto negaran o reclamaran para sí la competencia al respecto.

84. En ese sentido, la Sala considera razonable el análisis realizado por el
Tribunal, autoridad judicial que señaló lo siguiente:

“[…] la curaduría indicó que lo procedente es la regularización urbanística y la
secretaría, por su parte, manifestó que dicha figura no es aplicable dado que la
curaduría debía determinar si el predio podría obtener dicha licencia, teniendo en
cuenta que al interior del mismo se encuentran antecedentes de planos urbanísticos

38

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

y licencia de urbanismo aprobadas y desarrolladas, por lo que procede es la
expedición de una licencia urbanística […].

[…]

“[…] Si bien la Curaduría Urbana No. 1 en el marco de la respuesta emitida en el
oficio No. 21-1-00605 refirió que frente al predio operó la legalización urbanística y
el proceso que debe adelantarse es la regularización urbanística ante la Secretaría
Distrital del Hábitat por cuanto se presentó una alteración del espacio público, es
preciso indicar que, dicha entidad no es competente para concluir si se presentó o
no alteración del espació público en el predio, pues la función legalmente le
corresponde a la Secretaría Distrital del Hábitat y, en gracia de discusión, la
mencionada secretaría concluyó que no se presentó alteración del espacio público
[…]”.

85. En ese orden de ideas, ante la inexistencia del conflicto de competencias, el
Tribunal, contrario a lo expuesto por la actora, no debía abordar el análisis de fondo
que la actora reclama en sede de tutela, toda vez que el presupuesto para tal efecto
partía de la existencia de un conflicto, lo que en el caso objeto de estudio no se
configuró.

86. En ese orden de ideas, advierte la Sala que lo que pretende la actora es
reabrir el debate adelantado ante la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca e imponer su criterio e interpretación de
las normas aplicables al caso.

87. En consecuencia, no se evidencia la vulneración de los derechos
fundamentales alegada por la actora, toda vez que la decisión emitida por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
se encuentra ajustada a derecho.

88. Así las cosas, por las razones antes señaladas, se denegará el amparo
solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Conclusiones de la Sala

89. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala i) declarará la excepción de cosa juzgada
constitucional frente a la acción de tutela identificada con el número único de

39

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

radicación 11001400402320210134-01; ii) declarará improcedente la solicitud de
amparo frente al Juzgado Veintitrés Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Bogotá y el Juzgado Treinta y Nueve Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Bogotá; y ii) negará la acción de tutela respecto de la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá, el
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, la Curaduría
Urbana núm. 1 de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
de Bogotá, por lo expuesto en esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la excepción de cosa juzgada constitucional frente a la
acción de tutela identificada con el número único de radicación
11001400402320210134-01, por lo expuesto en esta providencia.

TERCERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo frente al
Juzgado Veintitrés Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá, al
Juzgado Treinta y Nueve Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Bogotá, por no cumplir con el requisito de que no se trate de una acción de tutela
contra sentencia de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

CUARTO: NEGAR la solicitud de amparo frente a la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Secretaría Distrital del
Hábitat de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

40

Núm. único de radicación: 110010315000202205710-00
Actora: Betsabé Corredor del Río

QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SEXTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.