Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05716-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05716-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-05716-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
1 de diciembre de 2022
Demandante: La Previsora S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección B y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05716-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., primero (1º) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05716-00
Demandante: LA PREVISORA S.A.
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – ampara – violación directa de
la Constitución – desconocimiento del principio de confianza
legítima.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por La Previsora
S.A., contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección B y el Juzgado 2º Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito radicado el 28 de octubre de 2022 La Previsora S.A., actuando
por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y el Juzgado 2º
Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá. La peticionaria consideró que las
autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, de defensa y contradicción.
2. Desde el punto de vista de la accionante, la trasgresión de las citadas
garantías constitucionales se la adjudica a los autos del 18 de febrero de 2020 y 11
de mayo de 2022, dictados por el juzgado y el tribunal accionados, respectivamente,
que consideraron que la empresa actora no había contestado en término la
demanda en la que fue vinculada como llamada en garantía. Las providencias
cuestionadas se dictaron en el medio de control de reparación directa identificado
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Demandante: La Previsora S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección B y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05716-00
con el número de radicado 25269-33-33-002-2014-00172-00/1.
1.2. Pretensiones
3. La accionante solicitó:
PRIMERA: Que se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA y el JUEZ SEGUNDO (2)
ADMINISTRATIVO ORAL DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE
FACATATIVA mediante auto del 11 de mayo de 2022 de segunda instancia
proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera, que
resolvió recurso de apelación que confirmó decisión proferida por el despacho de
conocimiento JUEZ SEGUNDO (2) ADMINISTRATIVO ORAL DE
DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE FACATATIVA mediante auto dentro de la
audiencia inicial realizada el 18 de febrero de 2020 dentro del proceso 2526-33-33-
002-2014-00172-01, incurrió en defectos sustantivos, fácticos y errores de
relevancia constitucional, que violaron los derechos fundamentales de la accionante,
La Previsora S.A.
SEGUNDA: Tutelar los derechos fundamentales al debido, derecho de defensa,
contradicción y de acceso a la administración de justicia de LA PREVISORA S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS.
TERCERA: Dejar sin valor y efecto el auto del 11 de mayo de 2022 de segunda
instancia proferido por el Tribunal Administrativo – Sección Tercera, que resolvió
recurso de apelación que confirmó decisión proferida por el despacho de
conocimiento JUEZ SEGUNDO (2) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
FACATATIVA mediante auto dentro de la audiencia inicial realizada el 18 de febrero
de 2020 dentro del proceso 2569-33-33-002-2014-00172-01.
CUARTA: Que se restablezcan los derechos de mi representada y en consecuencia
se disponga a tener por contestada en términos la demanda y el llamamiento en
garantía efectuado a La Previsora S.A., dentro del proceso 2569-33-33-002-2014-
00172-00 confirme a los hechos y argumentos expuestos en esta acción
constitucional. (SIC a toda la cita).
1.3. Hechos probados y/o admitidos
4. Yohana Marcela Solano Solano y Víctor Alfonso Rocha Rodríguez
presentaron demanda de reparación directa contra la ESE Hospital San Rafael de
Facatativá. Esto, para que se le declarara administrativa y patrimonialmente
responsable de las afectaciones en las condiciones de salud de la primera en
mención.
5. El asunto correspondió al Juzgado 2º Administrativo Oral de Descongestión
del Circuito Judicial de Facatativá. Esa autoridad judicial, mediante auto del 14 de
agosto de 2014, admitió la demanda de reparación directa.
6. Luego, el 4 de diciembre de 2014, el Hospital San Rafael de Facatativá
contestó la demanda y solicitó que fuera llamada en garantía la Compañía de
Seguros La Previsora S.A.
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7. Mediante auto del 5 de febrero de 2015, el Juzgado 2º Administrativo Oral de
Descongestión del Circuito Judicial de Facatativá admitió el llamamiento en
garantía. Esa providencia fue notificada de manera personal al correo electrónico
de la compañía de seguros el 11 de mayo de 2015.
8. Posterior a ello, el 18 de febrero de 2020 el Juzgado 2º Administrativo Oral
de Descongestión del Circuito Judicial de Facatativá constituyó audiencia inicial en
la que resolvió declarar contestado por fuera del término el llamamiento en garantía
que se hizo a La Previsora S.A.
9. Lo anterior, porque la notificación personal realizada a la compañía de
seguros se surtió el 11 de mayo de 2015 y los 15 días para contestar el llamamiento
vencieron el 2 de junio del mismo año. Sin embargo, la contestación se presentó el
16 de junio, es decir, después del vencimiento del correspondiente término.
10. El auto de primer grado fue objeto de apelación por La Previsora S.A. El
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B conoció
de la alzada. Esa autoridad judicial, mediante providencia del 11 de mayo de 2022,
confirmó el proveído de primera instancia.
11. Como fundamento de su decisión, el ad quem señaló que, dado que el auto
que admitió el llamamiento en garantía fue notificado de manera personal el 11 de
mayo de 2015, La Previsora S.A. tenía plazo hasta el 2 de junio de 2015 para
contestar. Sin embargo, solo lo hizo hasta el 16 de junio de 2015. Así las cosas, el
llamamiento en garantía fue contestado de manera extemporánea.
1.4. Fundamentos de la vulneración
12. La compañía de seguros consideró que las autoridades judiciales accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales porque incurrieron en los defectos
procedimental absoluto, sustantivo y desconocieron el principio de confianza
legítima. Esto, por los siguientes motivos:
13. Los operadores judiciales desconocieron el artículo 199 del CPACA que
establece que se cuenta con 25 días para el retiro de los traslados. Este término se
debe tener en cuenta para efectos de realizar el cómputo para determinar si se tiene
por contestado o no el llamamiento en garantía. Esto, como quiera que fue notificado
de acuerdo con esta disposición normativa.
14. Conforme a la norma en cuestión, consideró que, en el caso concreto La
Previsora S.A., contaba a partir del 11 de mayo de 2015 (fecha de notificación del
auto que admitió el llamado en garantía), con 25 días para retirar el traslado. En
efecto, aquello ocurrió el 1 de junio de 2015, pese a que aquel se vencía el 26 de
junio de 2015. Así, una vez fenecido dicho término si corrían los 15 días para
presentar la contestación conforme al artículo 225 del CPACA.
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15. Por lo anterior, refirió que comoquiera que La Previsora S.A. radicó
contestación de la demanda y al llamamiento en garantía el 16 de junio de 2015,
“contrario a lo concluido por los despachos accionados, es incompatible a la Ley y
a sus propios actos”, señalar que el término común de 25 días establecidos en el
CPACA no le era predicable y que sólo le corría el plazo de 15 días para rendir
informe.
16. Por otro lado, consideró que en el caso concreto se trasgredió el principio de
confianza legítima1. Esto, comoquiera que de acuerdo con el acta de notificación
personal del auto que aceptó el llamado en garantía, La Previsora S.A., entendió
que el término de los 15 días para dar contestación a su vinculación, empezaba a
correr una vez vencía el término común de los 25 días antes mencionado.
17. En ese orden, la sociedad accionante mencionó que la justicia no puede a
través de sus actuaciones “generar confianza legítima en una de las partes
procesales, indicándole los términos procesales con los que cuenta para contestar
y luego desdecirse en otra providencia y con dicha actuación impedir el derecho de
defensa, contradicción y acceso a la administración de justicia”.
1.5. Trámite de la acción de tutela
18. En auto del 28 de octubre de 2022, el magistrado ponente de la decisión
admitió la acción de tutela y dispuso la notificación del Juzgado 2º Administrativo
Descongestión del Circuito Judicial de Facatativá y del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.
19. Además, ordenó la vinculación como terceros con interés de: i) la ESE
Hospital San Rafael de Facatativá2; ii) la señora Yohana Marcela Solano3; iii) los
demás sujetos procesales que han actuado en cualquier calidad en el proceso de
reparación directa; y iv) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
1.6. Intervenciones e informes
20. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentó
la siguiente intervención:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
B
1 Sobre el principio de confianza legítima realizó un contexto sobre lo que la Corte Constitucional
entiende por aquel. En ese orden indicó que, de acuerdo con el Alto Tribunal, “la confianza legítima
protege las razones objetivas con las que cuenta un ciudadano que le permiten inferir la
consolidación de un derecho que no ha adquirido. Por ello, no resulta constitucionalmente admisible
que la administración quebrante de manera intempestiva la confianza que había creado con su
conducta en los ciudadanos, más aún, cuando con ello puede afectar los derechos fundamentales”.
Ver sentencias: T-053 de 2008, T-722 de 2012, T-049 de 2014 y T-458 de 2017.
2 Parte demandada dentro del proceso de reparación directa.
3 Parte demandante dentro del proceso de reparación directa.
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21. El titular del Despacho judicial accionado rindió informe. En aquel solicitó que
se declare improcedente la acción de tutela. Esto, porque lo pretendido por la
Compañía de Seguros es que se surta una instancia adicional al juicio adelantado
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de que se tenga por
contestada la demanda y el llamamiento en garantía.
22. De esta manera, la autoridad judicial accionada consideró que la peticionaria
presentó en el escrito de tutela una serie de objeciones respecto a los argumentos
expuestos en la decisión judicial. Lo anterior, con la finalidad de que la misma se
deje sin efectos, para que, en su lugar se tenga por contestado el llamamiento en
garantía.
23. De igual forma, refirió que los argumentos de la acción de tutela
corresponden en parte a una reiteración de los fundamentos fácticos y jurídicos que
dieron lugar al recurso de apelación interpuesto contra el auto del 18 de febrero de
2020.
24. Por otro lado, adujó que fundamentó en debida forma la decisión que
condujo a confirmar el auto de primera instancia que tuvo por contestado el
llamamiento en garantía extemporáneamente, pues aplicó correctamente las reglas
jurisprudenciales establecidas por esta Corporación y las normas procesales del
CPACA respecto del término que tiene el llamado en garantía para comparecer al
proceso.
25. Finalmente, sostuvo que La Previsora S.A., no agotó todos los medios
ordinarios de defensa judicial que tenía a su alcance. Esto, porque contra el auto
del 11 de mayo de 2022 procedía el recurso de súplica, de conformidad con lo
establecido en el artículo 246 del CPACA.
26. El Juzgado 2º Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de
Facatativá se limitó a allegar el expediente del proceso ordinario.
27. Finalmente, la ESE Hospital San Rafael de Facatativá, la señora Yohana
Marcela Solano y Víctor Alfonso Rocha Rodríguez4, pese a que fueron notificados,
guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
28. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
La Previsora S.A., contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
4 Pese a que, por error involuntario en el auto admisorio de la demanda, no se mencionó en
específico al señor Víctor Alfonso Rocha Rodríguez, aquel sí fue notificado de la presente acción de
tutela, en tanto que funge como demandante dentro del proceso de reparación directa.
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Tercera, Subsección B y el Juzgado 2º Administrativo de Descongestión del Circuito
Judicial de Facatativá. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo
86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestiones previas – sobre los defectos alegados
29. La Sección evidencia que la compañía de seguros considera que el Tribunal
accionado incurrió en los defectos sustantivo y procedimental y que desconoció el
principio de confianza legítima.
30. En este punto es importante aclarar que, para la Sala, aunque se alegan
distintos cargos, aquellos se estudiarán de manera conjunta como violación directa
de la Constitución por desconocimiento del principio de confianza legítima. Esto,
comoquiera que de acuerdo con el acta de notificación personal del auto que aceptó
el llamado en garantía, La Previsora S.A., entendió que el término de los 15 días
para dar contestación a su vinculación establecido en el artículo 225 del CPACA,
empezaba a correr una vez vencía el término común de los 25 días previsto en el
artículo 199 del CPACA.
31. En consecuencia, los defectos aquí mencionados se estudiarán de manera
conjunta como parte de la violación directa de la Constitución por desconocimiento
del principio de confianza legítima. Esto, de encontrarse superados los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela.
2.3. Legitimación en la causa
32. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
33. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que La
Previsora S.A., se encuentra legitimada en la causa por activa. Esto porque figura
como llamado en garantía en el proceso de reparación directa en el que se
profirieron las providencias aquí cuestionadas.
34. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que el Juzgado 2º Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Facatativá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B también están legitimados en la
causa por pasiva al ser las autoridades judiciales que profirieron las decisiones
reprochadas en esta oportunidad.
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35. Previo a determinar el problema jurídico, la Sala encuentra que la parte
accionante cuestiona las providencias proferidas el 18 de febrero de 2020 y 11 de
mayo de 2022, dictados por el juzgado y el tribunal accionados, respectivamente,
que consideraron que la empresa actora no había contestado en término la
demanda en la que fue vinculada como llamada en garantía.
36. Sin embargo, para efectos del estudio de esta acción de tutela, se tendrá en
cuenta la última providencia, esto es, la proferida el 11 de mayo de 2022, ya que
fue la que le dio fin a la controversia planteada en sede ordinaria sobre la
contestación del llamado en garantía.
2.4. Problemas jurídicos
37. El primer problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en
determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela, en especial el de la relevancia constitucional.
38. De encontrarse superados los mismos, la Sala analizará lo siguiente:
39. ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
B vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, de defensa y contradicción de la compañía aseguradora
accionante. Lo anterior, porque incurrió en violación directa de la Constitución por
desconocimiento del principio de confianza legítima, con la expedición del auto del
11 de mayo de 2022, que confirmó la decisión de primer grado en el que se resolvió
que la empresa actora no contestó en término la demanda en la que fue vinculada
como llamada en garantía?
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
40. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20125. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema6. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales7.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
7 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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41. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 8. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia9 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial10.
42. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.
43. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
10 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
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establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.
44. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
45. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad y solo en el caso de encontrarlos
superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.6. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad
2.6.1. Tutela contra tutela
46. Se advierte que no se ataca una decisión de tutela, sino el auto de segundo
grado proferido dentro del proceso de reparación directa, el cual se identifica con el
radicado No. 25269-33-33-002-2014-00172-00/1.
2.6.2. Subsidiariedad
47. En consideración al requisito de subsidiariedad, por tratarse de un auto de
segunda instancia que resolvió el recurso de apelación que interpuso la parte
demandada contra la providencia de primer grado que decidió no tener por
contestado el llamado en garantía, es evidente el agotamiento de los recursos
ordinarios.
48. Así mismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y de
unificación de jurisprudencia, comoquiera que las inconformidades señaladas por la
parte actora no se adecúan a las causales establecidas en los artículos 250 y 258
de la Ley 1437 de 2011.
2.6.3. Inmediatez
49. También se acredita el requisito de inmediatez. El auto de segunda instancia
reprochado fue dictado el 11 de mayo de 2022 y la solicitud de amparo se interpuso
el 28 de octubre de 2022. Por ende, la Sala advierte que la acción de tutela se radicó
dentro del término razonable de 6 meses señalado por la jurisprudencia11.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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2.6.4. Relevancia constitucional
50. La Sala considera que se cumple con este requisito porque la parte tutelante
justificó suficientemente en clave constitucional los motivos por los que considera
que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales12.
51. En ese orden de ideas, esta Sala de Decisión encuentra que se cumple con
la exigencia de relevancia constitucional por las siguientes razones:
i) Los reparos contra la providencia bajo cuestionamiento pretenden
poner de presente las irregularidades bajo la denominación de
violación directa de la Constitución por desconocimiento del principio
de confianza legítima en que presuntamente incurrió la autoridad
accionada que además comprometen una serie de garantías de orden
superior, entre ellas el acceso a la administración de justicia y el
derecho de defensa y contradicción del llamado en garantía, al tener
por no contestada su vinculación; y
ii) se trata de una discusión que involucra un debate ius fundamental –
que no es de mera legalidad–, que tiene su origen en el hecho de que
se tuvo por no contestado el llamado en garantía, pese a que con el
acta de notificación personal del auto que aceptó su vinculación
entendió que el término de los 15 días para dar contestación
establecido en el artículo 225 del CPACA, empezaba a correr una vez
vencía el término común de los 25 días previsto en el artículo 199 del
CPACA. Situación que no fue tenida en cuenta por el Tribunal
accionado que decidió confirmar la decisión de primer grado.
52. Así las cosas, no se percibe este mecanismo de amparo como un medio
dirigido a reabrir el debate jurídico realizado por la autoridad judicial accionada de
los hechos y las pretensiones que dieron lugar al ejercicio del medio de control
contencioso por parte del demandante.
53. Por lo anterior, el asunto es relevante desde el punto de vista constitucional.
Esto, porque el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene importancia para
la aplicación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades
públicas, concretamente el debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
12 En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta. Sentencia del 23 de junio de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-01687-01. Consejero
Ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil.
Lo anterior, en aplicación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha sido enfática en
señalar que También reiteró que para acreditar el requisito de relevancia constitucional no es
suficiente alegar una violación del derecho al acceso a la administración de justicia o del debido
proceso con fundamento en una simple relación de hechos del caso con aquellos, para que un asunto
tenga relevancia constitucional. Corte Constitucional. Sentencias SU-573 de 2019, SU-103 de 2022
y T-210 de 2022.
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2.6.5. Que la parte actora identifique de manera clara, detallada y
comprensible tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos desconocidos
54. La parte accionante presentó una explicación clara y suficiente de los hechos
y argumentos de los motivos por los que consideró le fueron vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, de defensa y contradicción.
55. Así, se debe hacer énfasis en que la parte accionante cumplió con la carga
mínima en dar las razones por las cuales la Subsección B de la Sección Tercera de
esta Corporación incurrió en violación directa de la Constitución por
desconocimiento del principio de confianza legítima.
2.6.6. Irregularidad procesal
56. Finalmente, no se observa que se haya alegado una irregularidad procesal,
razón por la que no es procedente su análisis en el caso concreto.
57. Habiéndose cumplido los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela, la Sala analizará si en el caso concreto, la autoridad judicial accionada
incurrió en violación directa de la Constitución por desconocimiento del principio de
confianza legítima.
58. Para esto se pasará, en un primer momento, a realizar una explicación
general sobre el defecto de violación directa de la Constitución, para posteriormente
abordar el fondo del asunto.
2.7. Violación directa de la Constitución13
59. Al respecto, la Corte Constitucional14 ha señalado que este defecto se
configura cuando el juez ordinario profiere una providencia que desconoce la
Constitución en los dos casos que se señalan a continuación.
60. El primero, tiene lugar cuando el juez “deja de aplicar una disposición
fundamental a un caso concreto”15. En este caso, procede la tutela contra
providencia judicial por el defecto referido cuando: (i) el juez no interpreta y aplica
una disposición legal orientado por el precedente constitucional; (ii) la controversia
versa sobre un derecho de aplicación inmediata y (iii) cuando en la providencia se
vulnera un derecho fundamental sin tener en cuenta el principio de interpretación
conforme a la Constitución16.
13 En reiteración: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia del 18 de noviembre de 2021. Rad. 11001-03-15-000-2021-06996-00.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-198 del 11 de abril de 2013.
15 Ibídem
16 Ibídem
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61. El segundo caso de violación directa de la Constitución tiene lugar cuando
el juez “aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución”17, y se fundamenta
en el artículo 4° de la Constitución Política que establece que la Carta es norma de
normas y, por tanto, en todo caso que el juez deduzca que una norma es
incompatible con la Constitución, es deber del mismo “aplicar las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción
de inconstitucionalidad”18.
2.8. Caso concreto
62. La compañía de seguros accionante consideró vulnerados sus derechos
fundamentales con ocasión del auto del 11 de mayo de 2022, en el que se resolvió
confirmar la decisión de primer grado que decidió que la empresa actora no contestó
en término la demanda en la que fue vinculada como llamada en garantía.
63. Como fundamento de su decisión, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B indicó:
64. En primer lugar, señaló que el término para contestar el llamamiento en
garantía es de 15 días de conformidad con lo establecido en el artículo 225 del
CPACA19, el cual debe contarse a partir de las siguientes reglas:
i) si la vinculación del llamado en garantía se ordena en el auto
admisorio de la demanda y está decisión se notifica conforme a lo
establecido en el artículo 199 del CPACA (original)20, debe concederse
17 Ibídem
18 Ibídem
19 ARTÍCULO 225. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA. Quien afirme tener derecho legal o contractual
de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o
parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de
aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. El llamado, dentro del término
de que disponga para responder el llamamiento que será de quince (15) días, podrá, a su vez, pedir
la citación de un tercero en la misma forma que el demandante o el demandado.
20 ARTÍCULO 199. NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL AUTO ADMISORIO Y DEL MANDAMIENTO
DE PAGO A ENTIDADES PÚBLICAS, AL MINISTERIO PÚBLICO, A PERSONAS PRIVADAS QUE
EJERZAN FUNCIONES PÚBLICAS Y A PARTICULARES QUE DEBAN ESTAR INSCRITOS EN
EL REGISTRO MERCANTIL. <Artículo modificado por del artículo 612 de la Ley 1564 de 2012. El
nuevo texto es el siguiente:> El auto admisorio de la demanda y el mandamiento de pago contra las
entidades públicas y las personas privadas que ejerzan funciones propias del Estado se deben
notificar personalmente a sus representantes legales o a quienes estos hayan delegado la facultad
de recibir notificaciones, o directamente a las personas naturales, según el caso, y al Ministerio
Público, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales a que se refiere
el artículo 197 de este código. De esta misma forma se deberá notificar el auto admisorio de la
demanda a los particulares inscritos en el registro mercantil en la dirección electrónica por ellos
dispuesta para recibir notificaciones judiciales. El mensaje deberá identificar la notificación que se
realiza y contener copia de la providencia a notificar y de la demanda. Se presumirá que el
destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por
otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El secretario hará constar este hecho en
el expediente. En este evento, las copias de la demanda y de sus anexos quedarán en la secretaría
a disposición del notificado y el traslado o los términos que conceda el auto notificado, sólo
comenzarán a correr al vencimiento del término común de veinticinco (25) días después de surtida
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el término común de 25 días antes de contabilizar los 15 días con que
se cuenta para contestar el llamamiento en garantía.
ii) si la vinculación acontece en una fase diferente del proceso, como por
ejemplo, después de contestada la demanda, el término que tiene el
llamado en garantía para contestar es de 15 días.
65. Conforme a lo anterior, encontró que en el caso concreto la vinculación de La
Previsora ocurrió de forma posterior a la admisión de la demanda. Así las cosas,
aunque la notificación del auto que admitió el llamamiento en garantía se hizo
conforme al artículo 199 del CPACA, La Previsora S.A., no contaba con el término
común de 25 días que establece dicha norma, sino exclusivamente con los 15 días
de que trata el artículo 225 del CPACA, disposición que establece de manera
particular el término que tiene la persona llamada en garantía para responder.
66. Así las cosas, la autoridad judicial accionada encontró que dado que el auto
que aprobó el llamamiento en garantía fue notificado de manera personal el 11 de
mayo de 2015, La Previsora tenía plazo hasta el 2 de junio del 2015 para contestar,
sin embargo, solo lo hizo hasta el 16 de junio de 2015. Por esto, advirtió que en el
asunto puesto a consideración el llamamiento en garantía fue contestado de manera
extemporánea, razón por la que era procedente confirmar la decisión de primer
grado.
67. Hasta aquí la Sala encuentra que la autoridad judicial accionada incurrió en
violación directa de la Constitución. Esto, porque desconoció el principio de
confianza legítima de la compañía de seguros accionante. En consecuencia,
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, de defensa y contradicción. Lo anterior por los motivos
que se pasan a exponer.
68. En efecto, la Sección evidencia que, mediante auto del 5 de febrero de 2015,
el Juzgado 2º Oral Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de
Facatativá decidió:
PRIMERO: Cítese LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS en calidad
de llamado en garantía. Para tal efecto, notifíquese este auto de acuerdo a lo
establecido en el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo
612 del Código General del Proceso.
la última notificación. Deberá remitirse de manera inmediata y a través del servicio postal autorizado,
copia de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio, sin perjuicio de las copias que deban
quedar en el expediente a su disposición de conformidad con lo establecido en este inciso. En los
procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción en donde sea demandada una entidad pública,
deberá notificarse también a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los mismos
términos y para los mismos efectos previstos en este artículo. En este evento se aplicará también lo
dispuesto en el inciso anterior. La notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
se hará en los términos establecidos y con la remisión de los documentos a que se refiere este
artículo para la parte demandada.
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SEGUNDO: Notifíquesele personalmente esta providencia a LA PREVISORA S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS o quien haga sus veces.
(…) Subrayado fuera de texto.
69. La anterior decisión fue notificada por el juzgado de primera instancia, a La
Previsora S.A., el día 11 de mayo de 2015, en los términos que se evidencian en la
siguiente imagen:
70. Luego, el 1º de junio de 2015, La Previsora S.A., retiró la copia de la demanda
y del llamamiento en garantía y posterior a ello, esto es, el 16 del mismo mes y año
procedió a dar contestación a su vinculación.
71. No obstante, en decisión del 11 de febrero de 2018, el Juzgado 2º Oral
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Facatativá decidió no tener
por contestado el llamado en garantía. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal
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Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B en auto del 11 de
mayo de 2022.
72. Del estudio efectuado por esta Sala salta a la vista que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B al momento de determinar si La Previsora
S.A., había dado contestación al llamado en garantía dentro del término dispuesto para ello,
no tuvo en cuenta que en el acta de notificación personal efectuada por el Juez de primer
grado, se le indicó expresamente a la compañía aseguradora que contaba con el siguiente
término para efectos de dar respuesta:
25 días de traslado 15 días – contestación
Artículo 199 del CPACA Artículo 225 del CPACA
73. Así, al tener en cuenta la aplicación de tales disposiciones para efectos del
computo del término para contestar el llamado en garantía, La Previsora S.A.,
entendió que en el caso concreto, aquel se debía contar de la manera en que
textualmente se le indicó, esto es, que el plazo solo comenzaría a correr “al
vencimiento del término común de veinticinco (25) días después de surtida la última
notificación”, veamos:
11 de mayo de 2015 Notificación personal
11 de mayo de 2015 – 18 de junio de Término con el que contaba para retirar
2015 (25 días de traslado) la demanda
19 de junio de 2015 – 10 de julio de Término para dar contestación al
2015 llamamiento en garantía.
74. Así, bajo ese entendimiento, La Previsora S.A., retiró la demanda el 1 de junio
de 2015, esto es, previo a que se venciera el término de traslado y el 16 del mismo
mes y año, procedió a dar contestación al llamado en garantía, es decir, antes de
que feneciera el plazo para emitir su respuesta.
75. De esta manera, La Previsora amparada bajo el principio de confianza
legítima y en razón a lo dispuesto en el acta de notificación personal del auto que
aceptó su vinculación en el proceso de reparación directa, entendió que, en
aplicación de las disposiciones normativas antes citadas, había presentado la
contestación del llamado en garantía, dentro del término dispuesto para ello.
76. No obstante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B en la providencia reprochada pasó por alto que, en razón del principio
de confianza legítima, la compañía aseguradora entendió que la disposición
normativa que se debía tener en cuenta para el cómputo del término de contestación
del llamado en garantía, era el artículo 199 del CPACA. Esto, teniendo en cuenta
que, se reitera, en el acta de notificación, la misma autoridad judicial que aceptó su
vinculación al proceso le indicó expresamente que el plazo de los 15 días para dar
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respuesta previsto en el artículo 225 del CPACA, empezarían a correr una vez
vencido el término común de los 25 días de traslado dispuestos en la primera norma
aquí mencionada.
77. En este punto, la Sala considera importante resaltar que si bien la autoridad
judicial accionada realizó un razonamiento que obedece a la autonomía judicial,
respecto de las disposiciones normativas que se deben aplicar para efectos de
determinar si la contestación del llamado en garantía se presentó en tiempo o no,
que en principio no daría lugar a que se configure una decisión ilegitima; lo cierto es
que desconoció que La Previsora S.A., en virtud del principio de confianza legítima
dio respuesta a su vinculación de conformidad con las disposiciones normativas
antes citadas.
78. En otras palabras, el Tribunal accionado desconoció a la hora de determinar
si la Compañía de Seguros accionante había contestado en término el llamado en
garantía, que el Juzgado 2º Administrativo Oral Administrativo de Descongestión del
Circuito Judicial de Facatativá indujo en error a La Previsora S.A. Esto, porque en
el acta de notificación emitida por esta autoridad judicial le indicó expresamente que
el término de los 15 días establecidos en el artículo 225 del CPACA, empezarían a
correr una vez vencido el plazo común de 25 días que establece el artículo 199 del
CPACA.
79. A partir de lo expuesto, para esta Sala, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B incurrió en el defecto de violación
directa de la Constitución y en consecuencia vulneró los derechos al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, de defensa y contradicción de la
compañía de seguros. Esto, porque desconoció el principio de confianza legítima,
pues al momento de determinar si se había contestado el llamado en garantía dentro
del término dispuesto para ello, no tuvo en cuenta que como consecuencia de una
actuación proveniente del juez de primer grado (acta de notificación), La Previsora
S.A., entendió que contaba con un término adicional al dispuesto en el artículo 225
del CPACA, para dar su respuesta.
2.9. Conclusión
80. Con base en lo expuesto, la Sala amparará los derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, de defensa y
contradicción. En consecuencia, se dejará sin efectos el auto del 11 de mayo de
2022 y se ordenará que, dentro de los 20 días siguientes a la notificación de esta
providencia, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profiera una decisión de reemplazo dentro del expediente de
reparación directa de radicado No. 25269-33-33-002-2014-00172-00/1, en la cual
atienda los argumentos expuestos en la parte considerativa del presente fallo.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia, de defensa y contradicción de La Previsora S.A., de
conformidad con los argumentos expuestos en esta providencia.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 11 de mayo de 2022 y
ORDENAR a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de
este fallo, profiera una decisión de reemplazo dentro del expediente No. 25269-33-
33-002-2014-00172-00/1en la que atienda los argumentos expuesto en el presente
fallo de tutela.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo
establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.
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