Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05726-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05726-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05726-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
3 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023).
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05726-01
Demandante: Wilfer Eduardo Santamaría López
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Improcedencia – pretende una instancia adicional al proceso
ordinario- la parte actora no cumplió con la respectiva carga argumentativa.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el señor Wilfer Eduardo
Santamaría López en contra de la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2022,
por la Sección Tercera- Subsección C del Consejo de Estado, mediante la cual se
declaró improcedente la acción de tutela.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 27 de octubre de 2022, el señor Wilfer Eduardo Santamaría López, presentó
acción de tutela contra el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de
Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta, con el fin de que se dejara sin
efectos la sentencia del 20 de mayo de 20211. Esta providencia fue proferida por el
referido tribunal, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho2
promovido contra el municipio de Villavicencio.
2.- Dicho proceso fue iniciado por el accionante, con el propósito de que se
declarara nulo el acto administrativo3 mediante el cual la Secretaría de Desarrollo
Institucional del municipio de Villavicencio dio por terminada la vinculación
provisional del actor en el cargo de agente de tránsito, con el argumento de que el
término de 6 meses de su nombramiento en provisionalidad había vencido.
3.- En la sentencia censurada el Tribunal accionado confirmó la decisión del A quo
de negar las pretensiones. Consideró que el ejercicio del cargo al que el señor
Santamaría López fue vinculado en provisionalidad estaba sujeto a una condición
1 En el expediente digital allegado no reposa la constancia de notificación, pero obra auto de 11 de noviembre
de 2022 (posterior a la fecha de presentación de la presente acción de tutela), donde se ordena notificar la
misma. En la consulta de procesos de la Rama Judicial se indica que dicha notificación se surtió el 16 de
noviembre de 2022. Y la parte accionante manifiesta en el escrito de tutela que conoció de la misma después
del 3 de mayo de 2022.
2 50001333300720120015103.
3 Resolución 0959 del 8 de junio de 2012.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05726-01
Demandante: Wilfer Eduardo Santamaría López
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia
resolutoria, de la que tuvo conocimiento desde su nombramiento, así, se
sobreentendía que la relación laboral iniciaría desde la fecha de posesión -15 de
diciembre de 2011- hasta el cumplimiento de los seis meses -15 de julio 2012-. En
ese orden de ideas, explicó que los cargos presentados en la demanda no se
configuraron. Adicional a ello, precisó que el acto de retiro fue debidamente
motivado, teniendo como razón suficiente el vencimiento de la autorización del
nombramiento provisional, lo cual se ajusta a lo establecido en el artículo 10 del
Decreto 1227 de 2005.
4.- En el escrito de tutela, la parte accionante sostuvo que las autoridades
judiciales demandadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia e igualdad, al incurrir en los siguientes
defectos:
(i). Desconocimiento del precedente judicial: Señaló que se desconoció lo
establecido en la sentencia SU-917 de 2010, según el cual, el vencimiento del
término para el nombramiento no es razón suficiente de motivación para la
desvinculación del empleado en provisionalidad, toda vez que el acto de
desvinculación de un empleado nombrado en provisionalidad requiere que la
insubsistencia invoque argumentos puntuales de desvinculación, y el mero
vencimiento del término de los 6 meses del nombramiento provisional no es
uno de ellos. Por otro lado, manifestó que la providencia cuestionada estaba
fundamentada en la sentencia T-407 de 2016, a pesar de que no constituía
precedente jurisprudencial puesto que no se trataba de una sentencia de
unificación ni de constitucionalidad, y en la misma “la sala de revisión de la
Corte no hizo un análisis soportado y obvió que el mencionado fallo de
unificación establece que, aparte de las causales de desvinculación
enlistadas, constitucionalmente válidas, puede existir otra razón específica
atinente al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario
concreto”.
(ii). Defecto sustantivo: A su juicio, el Tribunal no hizo una interpretación
razonable del artículo 10 del Decreto 1227 de 2005, en contravía de lo
dispuesto en la sentencia SU-917 de 2010, y con ello afectó sus derechos. En
su criterio, no justificó el fallo de forma suficiente, por cuanto según dicho
precedente, para que la terminación del nombramiento en provisionalidad sea
constitucionalmente válida, debe existir una “razón específica atinente al
servicio que está prestando y debería prestar el funcionario concreto”, y el
mero vencimiento del término del nombramiento no lo es.
(iii). Defecto fáctico: Señaló que se omitió valorar, bajo los principios de la sana
crítica, la prueba contenida en el Oficio número 1101- 17.12-1823 de octubre
2 de 2014, suscrito por la Directora de Personal del municipio de Villavicencio,
en donde se observa que el servicio que estaba prestando el actor era
necesario para la administración, porque lo desvinculó e inmediatamente
nombró personal en su reemplazo por esa necesidad del servicio, lo que
prueba que la desvinculación del actor no obedeció a “razón específica
atinente al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario
concreto”. Por otra parte, señaló que tampoco se valoró el Oficio del municipio
de Villavicencio expedido el 4 de junio de 2012, mediante el cual la entidad
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05726-01
Demandante: Wilfer Eduardo Santamaría López
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia
territorial pidió a la Comisión Nacional del Servicio Civil autorización para
nombrar a las Agentes de Tránsito argumentando que los cargos se
encontraban en vacancia definitiva, cuando en realidad en ese momento uno
de esos estaba siendo ocupado por el actor; por lo que, a su juicio, el
municipio desvinculó al actor argumentando el vencimiento de los 6 meses
por los cuales se hizo el nombramiento provisional, no como “razón específica
atinente al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario
concreto”, sino para nombrar a otra persona en el cargo, lo que se constituye
desviación de poder y falsa motivación.
B. Sentencia de primera instancia
5.- Mediante providencia del 2 de diciembre de 20224, la Sección Tercera –
Subsección C del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo,
al considerar que el actor pretende una instancia adicional del proceso ordinario,
pues sus fundamentos están encaminados a cuestionar el sustento jurídico de las
decisiones. Además, puntualizó que las autoridades judiciales que resolvieron la
demanda instaurada por el señor Santamaría López lo hicieron de manera
razonable, en la medida en que se pronunciaron sobre la totalidad de los cargos
formulados por el actor, y explicaron detalladamente la razón por la cual no se
configuró ninguno de ellos.
C. La impugnación
6.- En desacuerdo con lo anterior, la parte accionante interpuso impugnación, en la
que indicó que el juez constitucional ignoró por completo que la relevancia
constitucional del asunto gira en torno al desconocimiento del precedente
establecido en la sentencia SU-917 de 2020, la cual “fija los criterios
constitucionales para que exista razón suficiente, en otros términos, para que la
desvinculación de un empleado nombrado en provisionalidad se ajuste a la ley y a
la Constitución”. Posteriormente, se refirió de nuevo a los defectos sustantivo y
fáctico alegados en el escrito de tutela, para concluir que la demanda tiene
relevancia constitucional, en la medida en que se demuestra la violación de sus
derechos fundamentales por parte de los jueces ordinarios, al no tener en cuenta el
ya referido precedente.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
D. Competencia
7.- La Sala es competente para conocer de la impugnación, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19915.
D. La acción de tutela contra providencias judiciales
8.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
4 Notificada el 11 de enero de 2023.
5 “[P]or el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05726-01
Demandante: Wilfer Eduardo Santamaría López
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia
derechos fundamentales, son los siguientes6: (i) que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los
medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de
manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de
tutela.
9.- Interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, supone la
presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez
constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene
un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen
temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional7.
10.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada
providencia judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido
dicho requisito, sino que este debe estructurar una fundamentación clara y
suficiente en torno a la necesidad de la intervención del juez de tutela con el
propósito de hacer cesar la presunta infracción de los derechos fundamentales
invocados.
11.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que, para determinar si
una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es
necesario examinar dos elementos8:
a) Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el
que no basta con enunciar los derechos presuntamente transgredidos, sino que tal
vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe
expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan
un juicio de desvalor respecto de los derechos fundamentales de quien promueve
la acción de tutela, cuya fuente es la decisión que ha adoptado el juez, encargado
por mandato constitucional de definir el derecho bajo la sacramental fórmula de
administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal
ejercicio debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto
que se superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa
la sentencia.
b) Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al
proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de
2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
7 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.
8 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05726-01
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia
medida en que este mecanismo constitucional fue instituido para proteger
derechos fundamentales y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga
frente a una decisión judicial, aspecto que se vincula en perfecta armonía con el
anterior elemento, en tanto la acción de tutela no se presenta como garantía para
la confrontación entre la decisión del juez y la opinión, criterio, dicho y aún
raciocinio de quien no se ve favorecido con la determinación contenida en la
sentencia, pues, sin lugar a dudas, de lo que se trata es de verificar la justeza
constitucional de la decisión judicial.
E. Análisis del caso concreto
12.- Valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, las pruebas
allegadas, así como el recurso de apelación presentado por el accionante en ese
trámite judicial, la Sala no encuentra que las autoridades judiciales accionadas
hayan transgredido los derechos fundamentales invocados por la parte actora.
Ciertamente, una revisión de los planteamientos expuestos en la acción de tutela
permite advertir, que su propósito es convertir el mecanismo de amparo
constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso
administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate ya zanjado por
el juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión de negar las
pretensiones de la demanda, por cuanto el acto acusado no se encuentra viciado
de nulidad.
13.- Resulta evidente que la parte demandante busca un nuevo análisis de los
aspectos definidos por el juez natural de la causa, pues en la presente acción
planteó los mismos argumentos que expuso en el recurso de apelación formulado
contra el fallo de 19 de mayo de 2015; toda vez que en el escrito de tutela sostuvo
que el tribunal accionado: (i) desconoció lo establecido en la sentencia SU-917 de
2010, según el cual, el vencimiento del término para el nombramiento no es razón
suficiente de motivación para la desvinculación del empleado en provisionalidad y,
(ii) no tuvo en cuenta los Oficios 1101- 17.12-1823 de octubre 2 de 2014, y del 4 de
junio de 2012, suscritos por el municipio de Villavicencio.
14.- Así, en el recurso de apelación formulado en el proceso ordinario, la parte
actora -hoy accionante en el asunto de la referencia- planteó las mismas
inconformidades. Al respecto, señaló:
<<…Las pretensiones de la demanda se respaldan en la estabilidad laboral
intermedia del personal nombrado en provisionalidad en cargos de carrera
administrativa, tesis adoptada por la Corte Constitucional como precedente
constitucional, que establece la necesidad de razón suficiente para desvincular a un
provisional, en el entendido que “solo es constitucionalmente admisible una
motivación donde la insubsistencia invoque argumentos puntuales como la provisión
definitiva del cargo haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la
imposición de sanciones disciplinarias, la calificación insatisfactoria u “otra razón
especifica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario
concreto”, por lo que es ilegal e inconstitucional la desvinculación de un provisional
por el vencimiento de plazo. Dicho precedente Constitucional esta contenido, entre
otras muchas, en la sentencia de unificación 917 de 2010 de la Corte Constitucional.
Precedente que se encuentra actualmente vigente, y es aplicado por la más reciente
jurisprudencia del Consejo de Estado, y que no puede ser desconocido por la
jurisdicción administrativa (…)
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia
Así, para la Corte, en el precedente constitucional, una motivación
constitucionalmente admisible en estos casos es aquella que se sustenta en
argumentos puntuales como la provisión definitiva del cargo superado el concurso de
méritos, la calificación insatisfactoria del funcionario, la imposición de alguna sanción
disciplinaria, y cualquier otra razón especifica atinente al servicio, no siendo razón
suficiente el mero vencimiento del termino de los seis (6) meses del nombramiento
provisional (…)
En estos términos, el acto administrativo demandado en este proceso, violó el
precedente Constitucional contenido, entre otras muchas, en la sentencia SU 917 de
2010 de la Corte Constitucional, lo que genera su nulidad (…)
Obra en el expediente, a folios 262 a 264, oficio No. 1101-17-12-1823 del 2 de
octubre de 2014, en donde al Municipio responde el requerimiento del Despacho
sobre pruebas documentales decretadas, entre ellas, la documentación de la
persona nombrada en reemplazo del actor. En dicho oficio el Municipio responde a
esa solicitud diciendo que: “7. En cuanto a la hoja de vida de la persona que fue
nombrada en reemplazo del señor WILFER EDUARDO SANTAMARIA LOPEZ, no es
posible saber, toda vez que en su momento fueron nombrados 17 Agentes de
Tránsito. Por necesidad del servicio y descongestión de la ciudad. ”, Así las cosas, la
entidad demandada admite que se nombró otra persona en reemplazo del
demandante y entrega la hoja de vida de los 17 agentes de tránsito que ingresaron
después de la desvinculación de la actora, entre ellos su reemplazo.
La respuesta de la Administración deja en evidencia, y es plena prueba, que la
Administración desvinculo al actor argumentando el vencimiento del nombramiento
sin tener en cuenta que se mantenía la necesidad del servicio que sirvió para pedir
autorización a la Comisión Nacional del Servicio Civil para nombrar en
provisionalidad, tanto que nombró a otra persona para en el cargo ocupado por el
actor, como expresamente se indica en el oficio mencionado.
El Municipio desvinculó al actor argumentando el vencimiento de los 6 meses por los
cuales se hizo el nombramiento provisional, no por razones del servicio, sino para
nombrar a otra persona en el cargo, lo que se constituye en desviación de poder.
Obra en el expediente, aportados en la audiencia inicial, oficio en el Municipio el 4 de
junio de 2012 pidió a la Comisión Nacional del Servicio Civil autorización para
nombrar a las Agentes de Tránsito argumentando que los cargos se encontraban en
vacancia definitiva, autorización que se le otorgo el 8 de junio. Es decir, el Municipio
pidió autorización a la Comisión para nombrar en provisionalidad los cargos de
agentes de tránsito, y obtuvo esta la autorización, lo que ocurrió el 4 y 8 de junio de
2012. El mismo 8 de junio expide la resolución demandada desvinculando al actor, y
le comunica el mismo 8 de junio esta decisión. En otras palabras, la administración
pidió la autorización para nombrar en provisionalidad y la obtuvo diciendo que el
cargo estaba vacante cuando en realidad en ese momento estaba ocupado por el
actor. El Municipio desvinculo al actor argumentando el vencimiento de los 6 meses
por los cuales se hizo el nombramiento provisional, no por razones del servicio, sino
para nombrar a otra persona en el cargo, lo que se constituye desviación de poder y
falsa motivación(...)>>.
15.- Los anteriores aspectos fueron resueltos en su totalidad por el Tribunal
Administrativo del Meta en el fallo de 20 de mayo de 2021. Por interesar a esta
causa, la Sala traerá a colación el análisis efectuado en la providencia censurada:
<<(…)Para la Sala el problema jurídico a desatar se centra en establecer si hay lugar
o no a declarar la nulidad de la Resolución No. 0959 del 08 de junio de 2012, por
medio del cual se dio por terminada la vinculación provisional del demandante en el
cargo de Agente de Tránsito, Nivel Técnico, Código 304, Grado 02, por el
vencimiento del término de los seis (6) meses establecidos en el acto de
nombramiento y, en caso positivo, determinar si el actor tiene derecho a ser
reincorporado al Municipio de Villavicencio y a ordenar a la demandada que se le
cancelen las acreencias o emolumentos dejados de percibir y se le indemnicen los
perjuicios causados por su retiro.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05726-01
Demandante: Wilfer Eduardo Santamaría López
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia
La respuesta al problema jurídico planteado es en sentido negativo, esto es, que el
acto administrativo acusado no se encuentra viciado de nulidad, toda vez que la
motivación expuesta por el Municipio de Villavicencio, vencimiento de los seis (6)
meses por el cual fue nombrado el demandante, es razón suficiente para dar por
terminada su vinculación en provisionalidad en el cargo de Agente de Tránsito, Nivel
Técnico, Código 304, Grado 02 (…)
Teniendo en cuenta las normas que regulan el tema y la jurisprudencia en vigor
referida antecedentemente, la Sala analizará si el acto administrativo acusado, por
medio del cual el Municipio de Villavicencio dio por terminado el nombramiento en
provisionalidad del actor en el cargo de Agente de Tránsito, Nivel Técnico, Código
304, Grado 02, se encuentra viciado de nulidad por infracción de las normas en que
debería fundarse, falsa motivación y desviación de poder.
Ahora bien, de las pruebas que obran en el plenario, se tiene lo siguiente:
1.- El actor fue nombrado por el Municipio de Villavicencio a través de la Resolución
No. 2609 del 13 de diciembre de 2011 en el cargo de Agente de Tránsito, Nivel
Técnico, Código 304, Grado 02, por el término de seis (6) meses, siendo
posesionado mediante acta No. 0441 del 15 de diciembre de 2011 (fls. 26 al 31 del
c1).
2.- Que a través de la Resolución No. 0959 del 8 de junio de 2012 el Municipio de
Villavicencio dio por terminado el nombramiento en provisionalidad del actor en el
cargo de Agente de Tránsito, Nivel Técnico, Código 304, Grado 02, en el cual en su
parte motiva se expresó que el retiro obedecía a lo previsto en el artículo 10 del
Decreto 1227 de 1995 y que el demandante “cumplió con el periodo de autorización
proferida por la Comisión Nacional del Servicio Civil de seis meses, el cual quedo
establecido en la Resolución No. 2609 de 2011”. (fls. 23 y 24 del c1).
Con las anteriores pruebas, se establece que el actor fue nombrado por el Municipio
de Villavicencio, mediante la Resolución No. 2609 del 13 de diciembre de 2011, en
provisionalidad; acto administrativo que fue claro en indicar que dicha designación
sería por un determinado lapso –“seis (6) meses, contados a partir de la fecha de
expedición de la presente resolución” –de tal forma que el ejercicio del cargo se
encontraba sujeto a una circunstancia que en el momento de cumplirse hacía que el
acto perdiera fuerza ejecutoria, es decir, eficacia.
El actor tuvo conocimiento de la condición resolutoria al momento de ser vinculado
en el mismo acto de nombramiento y se sobreentendía que su relación iba desde la
fecha de posesión hasta el término de seis meses; en el caso concreto, el plazo
comenzó el 15 de diciembre de 2011 hasta el 15 de junio de 2012, de ahí que la
administración municipal se ajustó a la ley que le permitía expedir actos
administrativos que la dogmática conoce como actos condición y que contienen en
su texto el término de su eficacia, los que una vez cumplida la circunstancia prevista
dejan de tener fuerza legal, conllevando por lo mismo, la terminación de la relación
laboral; por lo tanto, se está frente al cumplimiento de la condición resolutoria
establecida en el contenido del acto de nombramiento, de tal forma que la
administración lo que hizo con el acto acusado fue informar dicho cumplimiento.
Con lo expuesto, se advierte que el cargo de falsa motivación endilgado contra el
acto administrativo acusado, no prospera, pues, esta causal se configura cuando no
hay correspondencia entre lo que se afirma en las razones de hecho o de derecho
que se aducen para proferir el acto y la realidad fáctica y/o jurídica; situación que no
se da en el sub lite, ya que el nombramiento del actora se dio por terminado debido
al cumplimiento de la condición resolutoria previamente establecida, toda vez que el
límite de 6 meses de que habla la normatividad, tiene que ver con el llamado a
concurso para proveer definitivamente el mencionado cargo y, en ninguna forma, le
otorga estabilidad a la persona que se encuentre nombrada en este.
Igualmente, ante la censura de insuficiente motivación que manifiesta la parte
actora que se configura en el acto administrativo atacado, al considerar que no
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05726-01
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia
se siguieron los parámetros establecidos en la sentencia SU917 de 2000, según
la cual entiende que la motivación debe ser clara, detallada y concreta, se debe
indicar que dicho cargo tampoco prospera, pues, es claro que se cumplió el
deber de motivar el retiro de los empleados que se encuentren en un cargo de
carrera, independiente que su calidad en el mismo, sea en propiedad o
provisionalidad. En este entendido, se tiene que el acto acusado fue motivado,
teniendo como razones del retiro, el vencimiento de la autorización del
nombramiento provisional sin que hasta el momento se hubiera autorizado la
prórroga de este, lo cual encuadra en lo establecido en el artículo 10 del
Decreto 1227 de 2005, que permite dar por terminado los nombramientos
realizados en provisionalidad, en consecuencia, se reitera esta censura
tampoco prospera.
En cuanto al cargo del desconocimiento del precedente judicial y aplicación uniforme
de la jurisprudencia, la Sala manifiesta que en el caso concreto no se probó que
dicha causal se configure, pues, si bien es cierto que se contempla el deber de
aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia, también lo es que el Consejo
de Estado ha precisado que las decisiones que se aplican son las de categoría
especial de jurisprudencia, “las llamadas Sentencias de Unificación, que vienen
definidas y caracterizadas en el artículo 270 del CPACA.; por consiguiente, será esa
tipología de sentencia la correspondiente a aplicar a los distintos asuntos puestos en
consideración de las autoridades”; igualmente, destaca la Sala que si bien es cierto
existen algunos pronunciamientos emitidos por este Tribunal en los cuales en casos
de similares contornos se ha accedido a las pretensiones de los actores, también lo
es, que se profirieron antes de que la Corte Constitucional en el año 2016 resolviera
en grado de revisión el tema y estableciera claramente que el vencimiento de los 6
meses de vinculación en provisionalidad en cargo de carrera es un motivo suficiente
y razonable para dar por terminado el vínculo laboral; pronunciamiento que fue
expresamente señalado en la parte motiva de esta providencia…
En conclusión, la censura del actor no es de recibo, pues, los cargos endilgados en
contra del acto administrativo acusado, fueron resueltos en la sentencia de primera
instancia con argumentos que comparte esta Sala, pues, si bien es cierto al
realizarse el estudio técnico para reestructurarse la planta de personal se determinó
la necesidad de nombrar en provisionalidad a los agentes de tránsito; cargo entre los
cuales se encontraba el del demandante, también lo es que, tal como se ha venido
señalando, el término de los 6 meses por los cuales fue nombrado feneció; motivo
suficiente y razonable para dar por terminada su vinculación, sin que pueda alegarse
que la necesidad que se estableció para nombrarlo deba persistir indefinidamente en
el tiempo(…)
En conclusión, se establece claramente que los cargos propuestos contra el acto
administrativo demandado y las pruebas que buscaban sustentarlos, no tienen la
virtud suficiente y necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad de éste, en
consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia por medio de la cual el
Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, negó las
pretensiones de la demanda(…)>>.
16.- Bajo este escenario, no hay duda de que el accionante propuso en sede de
tutela, así como en impugnación, los mismos argumentos expuestos en el escrito
de apelación que presentó contra el proveído de 19 de mayo de 2015 y que estos,
a su vez, fueron resueltos en su totalidad por el Tribunal Administrativo del Meta.
Se precisa, además, que fue esa instancia judicial la que tuvo a su cargo valorar los
alegatos de hecho y de derecho que el demandante sometió a su consideración,
sin que ahora sea procedente prolongar el debate sobre los mismos, pues la acción
de tutela no es un mecanismo complementario al del medio de control ordinario, y
no tiene por fin revisar las bases del debate judicial, para definir como instancia
final las razones del derecho que se debate. De ahí que, verificado que la
inconformidad que se formula contra las providencias judiciales fue la misma que
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05726-01
Demandante: Wilfer Eduardo Santamaría López
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia
se debatió y definió ante los jueces de la causa, no es procedente la intervención
del juez constitucional.
17.- Así mismo, se observa, que el Ad quem expuso de forma clara y coherente la
razón por la cual no era procedente acceder a las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, pues al realizar un análisis completo de las
pruebas, la normatividad y jurisprudencia aplicable, estimó que el acto cuestionado
no era nulo. A esta conclusión arribó tras considerar que la motivación expuesta
por el municipio de Villavicencio (la expiración del plazo en el nombramiento) era
una razón suficiente para dar por terminada su vinculación, pues aquella estaba
ajustada a lo dispuesto en la sentencia T-407 de 2016, así como al artículo 10 del
Decreto 1227 de 2005. A lo anterior se suma que, en su criterio, desde su
nombramiento el actor tuvo pleno conocimiento de la fecha en que sería retirado.
18.- En concordancia con lo expuesto hasta este punto, la Sala advierte que si
bien la sentencia SU-917 de 2010 fijó una regla de unificación según la cual se
deben motivar los actos administrativos que retiran del servicio a empleados
vinculados en provisionalidad, lo cierto es que la misma no hizo ningún tipo de
pronunciamiento sobre la hipótesis de terminación asociada a la expiración del
plazo fijado en el nombramiento. Es decir que, sobre esa causal no se unificó un
criterio que lleve a considerarla como una razón admisible o inadmisible
constitucionalmente. En ese escenario, al no existir una regla jurisprudencial
vinculante, el Tribunal accionado adoptó la postura según la cual la misma es
constitucionalmente válida, y en esa medida resolvió no declarar la nulidad del acto
administrativo demandado. Esa posición encuentra respaldo en el principio de la
libre valoración judicial, pero también en varios pronunciamientos de esta
Corporación9 y de la Corte Constitucional10, concretamente en la sentencia T-407
de 2016.
19.- Por esta razón, la Sala considera que de las circunstancias fácticas que
dieron paso a la decisión sometida a estudio y de los fundamentos jurídicos que
expuso el Tribunal Administrativo del Meta no se deduce que dicha autoridad
hubiere incurrido en una indebida motivación, en un desconocimiento del
precedente judicial o que se haya abstenido de efectuar un examen riguroso de las
pruebas, ni mucho menos que les haya otorgado un alcance contraevidente que
permita hacer factible la procedencia de la tutela formulada11. Por el contrario, la
decisión cuestionada, en esta sede, encuentra claro sustento en el principio de la
libre valoración judicial y, antes de configurar una actuación subjetiva o arbitraria
es, en realidad, el resultado de una interpretación razonable del material probatorio
aportado al proceso, a su vez, confrontado con las preceptivas legales que lo
delimitan y que resultaban aplicables al caso concreto, así como la jurisprudencia
relacionada, los cuales ayudaron a llegar a la conclusión que el acto demandado no
estaba viciado de nulidad.
9 Ver fallos proferidos en los expedientes: 11001-03-15-000-2014-00825-00, 11001-03-15-000-2014-04126-00,
11001-03-15-000-2018-02586-01, 11001-03-15-000-2020-03451-01, 11001-03-15-000-2021-00109-00, 11001-
03-15-000-2021-03010-00, 11001-03-15-000-2018-02052-01, 11001-03-15-000-2018-01379-01, 11001-03-15-
000-2021-02247-01, 11001-03-15-000-2020-03150-00, 11001-03-15-000-2021-00109-00, entre otras.
10 T-407 de 2016, T-753 de 2010, T-360 de 2015 y T-084 de 2018, T-147 de 2013.
11 Cfr. Sentencias SU-159 de 2002, T-025 de 2001, T-109 de 2005, T-639 de 2006, T-061 de 2007, T-737 de
2007 y T-458 de 2007 de la Corte Constitucional.
9
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05726-01
Demandante: Wilfer Eduardo Santamaría López
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia
20.- Por otra parte, respecto al argumento de que no se valoraron bajo el principio
de la sana crítica los Oficios 1101-17.12-1823 de octubre 2 de 2014, y del 4 de
junio de 2012 (sin radicado), con los cuales el actor pretende demostrar la
desviación del poder, la Sala observa que el tribunal accionado hizo un análisis del
asunto, en el cual determinó que:
<<…Frente a la censura esbozada en el recurso de alzada, relacionada con la
desviación de poder en la que incurrió el Municipio de Villavicencio, por cuanto para
desvincularlo argumentó el vencimiento de los seis (6) meses por los cuales se hizo
su nombramiento en provisionalidad, no por razones del servicio, sino para nombrar
a otra persona en el cargo, lo cual se prueba porque el 4 de junio de 2012 pidió a la
CNSC autorización para nombrar agentes de tránsito, argumentando que los cargos
se encontraban en vacancia definitiva cuando en realidad en ese momento se
encontraba vinculado en uno de ellos y, cuya autorización fue dada el 8 de junio de
2012, considera la Sala que tal como lo indicó la primera instancia, el hecho de haber
obtenido nueva autorización para nombrar agentes de tránsito no obligaba a la
administración a renovar de manera automática la vinculación del actor, pues, al
haberse vencido el término de los 6 meses por los cuales fue nombrado inicialmente,
estaba dentro de su facultad legal de vincularlo de nuevo u optar por retirarlo del
servicio como en efecto ocurrió…>>.
21.- Así las cosas, para la Sala el Tribunal Administrativo del Meta hizo un estudio
adecuado de la supuesta desviación del poder y tuvo en cuenta el material
probatorio allegado al proceso, bastando el oficio del 4 de junio de 2012 para
desvirtuar la acusación del actor, relacionada con que su desvinculación se dio
“para nombrar a otra persona en el cargo”; pues de manera coherente, determinó
que el hecho de haber obtenido una nueva autorización para nombrar agentes de
tránsito no obligaba a la administración a renovar de manera automática la
vinculación del actor, pues tenía la facultad de hacerlo o no.
22.- Con base en lo anterior, se evidencia que el fallo cuestionado no incurrió en
los defectos alegados por la parte actora, como quiera que la decisión tomada fue
el resultado de una deducción razonable de los elementos de convicción aportados
al expediente contencioso administrativo, los cuales sirvieron para concluir que el
demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo
demandado.
23.- Por último, frente al supuesto defecto sustantivo, se observa que el mismo es
improcedente, en la medida en que carece de carga argumentativa, pues el actor
se limitó a señalar que las autoridades accionadas no hicieron una interpretación
razonable del artículo 10 del Decreto 1227 de 2005, en contravía de lo dispuesto en
la sentencia SU-917 de 2010. En ese sentido el accionante omite construir o
desarrollar algún tipo de argumentación adicional tendiente a explicar de forma más
clara y menos general el aludido defecto.
24.- En ese contexto, se recuerda que no basta con que el accionante enuncie los
derechos presuntamente vulnerados y los defectos en que, a su sentir, incurrió la
autoridad accionada, sino que tal vulneración debe estar justificada, es decir, tener
una carga argumentativa mínima, en la que se exprese con suficiencia las razones
y motivos que desde la perspectiva constitucional, revelan un juicio de desvalor de
los derechos fundamentales de quien la promueve de cara a la acción y definición
que ha adoptado el juez encargado por mandato constitucional de definir el
derecho y, se debe argumentar los motivos de la presunta vulneración.
10
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05726-01
Demandante: Wilfer Eduardo Santamaría López
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia
25.- De no ser así, toda providencia judicial que desestima una demanda o
accede a las pretensiones, materialmente sería transgresora de los derechos
fundamentales de la parte vencida, asunto que, a no dudarlo, cuestionaría los
fundamentos del pacto político y social en que se soporta la existencia del Estado,
y con éste, el establecimiento de autoridades que detentan el poder público bajo
las diferentes manifestaciones requeridas para la realización de los fines estatales
y los derechos de los asociados.
26.- Para el caso concreto, comoquiera que la parte actora no se sirvió explicar,
especificar, construir, ni adecuar los cargos relacionados con el aludido defecto, el
juez de tutela no puede proceder a ello de forma supletiva, dado que, como ya tuvo
la oportunidad de señalarse, tratándose de acciones de tutela contra providencias
judiciales, la carga de contar con una argumentación coherente y suficiente recae
en quien invoca el amparo constitucional y no en quien la decide, en razón a que
están de por medio el respeto por la cosa juzgada, la necesidad de preservar la
seguridad jurídica y la garantía de la independencia y autonomía de los jueces,
que son elementos que hacen parte de los cimientos del Estado y como tal
legitiman el obrar de sus autoridades.
27.- Así las cosas, para la Sala, la acción de tutela objeto de estudio no acredita el
cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional, máxime si se tiene
en cuenta que su objeto es reabrir un debate tramitado y concluido. Adicional a ello
carece de carga argumentativa, lo que desnaturaliza su finalidad como mecanismo
supletivo de protección de los derechos fundamentales. En razón de lo anterior,
habrá de confirmarse la decisión adoptada el 2 de diciembre de 2022 por la
Sección Tercera- Subsección C del Consejo de Estado, de acuerdo con las
consideraciones previamente expuestas.
28.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
III. F A L L A
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2022 por el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, por las razones expuestas
en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05726-01
Demandante: Wilfer Eduardo Santamaría López
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE12
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
12 VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
12
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