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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05727-00

Fecha
15 de diciembre de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05727-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por la señora Edith Castro Valencia en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05727-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

15 de diciembre de 2022

Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 5 72 7- 0 0
Ac c i o na nt e : E d it h Ca s tro Va l e nc i a

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

F.T: 303
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05727-00
Accionante: EDITH CASTRO VALENCIA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial de nulidad y restablecimiento
del derecho, en la que se revocó la sentencia de primera instancia y negó la
reliquidación de una pensión y el pago del retroactivo. Incumplimiento del requisito
general de inmediatez y ausencia de una justificación razonable para la
inactividad.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de
tutela, decide la acción de la referencia.

HECHOS RELEVANTES

a) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

La señora Edith Castro Valencia señaló que nació el 23 de abril de 1955, prestó
sus servicios al Estado desde el 17 de enero de 1972 hasta el 30 de junio de 2001
y, posteriormente, entre el año 2010 hasta el 31 de julio de 2013, laboró en el
sector privado y como independiente; asimismo, advirtió que cumplió 55 años el
23 de abril de 2010, por lo que en esa fecha adquirió el estatus pensional.

Indicó que, mediante apoderado judicial, instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Administradora Colombiana de
Pensiones, en adelante Colpensiones, en la que solicitó, primero, la nulidad de las
Resoluciones GNR 359650 del 13 de noviembre de 2015, mediante la cual se
reconoció la pensión de vejez y VPB 18259 del 20 de abril del 2016, en la que se
resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra del primer acto, y, segundo,
ordenar a la entidad pensional que liquide la prestación, con base en el 75 % del
promedio de lo devengado durante el último año de servicios, declare la ineficacia
de los aportes realizados entre diciembre de 2013, enero a febrero de 2014 y julio
de 2014 y, en consecuencia, pague las diferencias de la mesada desde el 23 de

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abril de 2010 hasta el 15 de diciembre de 2015, debidamente indexadas y con el
cálculo de los intereses moratorios.

El 27 de junio de 2018 el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Buenaventura accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia,
ordenó a Colpensiones: (i) reajustar la pensión de vejez de la demandante, con la
inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año
anterior al reconocimiento de la pensión y (ii) pagar las diferencias resultantes de
la liquidación de la pensión, con la indexación correspondiente. Contra la anterior
decisión, ambas partes instauraron recurso de apelación. El 18 de marzo de 2022
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, negó las súplicas del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

b) Inconformidad

La accionante consideró que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
transgredió sus derechos a la dignidad humana, a la igualdad, al trabajo, al debido
proceso, a la seguridad social y al acceso a la administración de justicia e incurrió
en un defecto fáctico, comoquiera que no valoró los elementos probatorios
allegados al proceso, concretamente, el reporte pensional de Colpensiones, en el
que se evidencia que realizó aportes hasta el 31 de julio de 2014 y, por ello, que
existió una desafiliación tácita en ese momento; asimismo, sostuvo que aquel
apreció erróneamente esa prueba documental, pues infirió que la afiliación al
fondo pensional se mantuvo vigente hasta el 5 de mayo de 2015, sin atención a
que en la casilla núm. 14 del historial se anotó que el último período cancelado fue
el mes séptimo del año inmediatamente anterior y la fecha antes citada
corresponde a la época en la que se abonaron las semanas al régimen de prima
media, en virtud del traslado de régimen pensional.

Además, explicó que se produjo una desafiliación tácita del Sistema General de
Pensiones, en los términos descritos en las sentencias CSJ SL5541-2019 y CSJ
SL354-2021 proferidas por la Corte Suprema de Justicia, por lo que, en su caso,
había lugar a reconocer el retroactivo pensional, a partir del día siguiente de la
cotización, debiéndose diferenciar entre la causación y el disfrute de la pensión.
Agregó que el Tribunal accionado no tuvo en cuenta que realizó aportes hasta el
31 de julio de 2013 y que elevó la petición para el reconocimiento pensional en
marzo de ese mismo año, pero, ante la negligencia de la administradora de
pensiones, continuó trabajando y realizó los aportes.

De otra parte, aseveró que la corporación accionada incurrió en un defecto
sustantivo, porque, primero, fundamentó su decisión en el artículo 19 de la Ley
344 de 1997, a pesar de que aquel no era aplicable a su situación jurídica, en el
entendido que, para la fecha en la que adquirió el estatus pensional, ostentaba la
condición de trabajadora particular y efectuó aportes como independiente, por lo
que la normativa no la cobijaba. En segundo término, mencionó que aquella
acogió una interpretación errónea de la Ley 100 de 1993, pues esta no prohíbe

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que el pensionado realice aportes a pensiones o se reincorpore al servicio, sino
que, por el contrario, en el artículo 34 define que puede reingresar al puesto de
trabajo, con el propósito de mejorar su mesada.

Por último, indicó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca interpretó de
manera errónea los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, pues si bien es
cierto aquellos prevén la desafiliación como requisito para devengar la mesada
pensional, también lo es que dicho requerimiento debe evaluarse, de acuerdo con
las circunstancias particulares del caso. Con el propósito de soportar ese
argumento, citó la sentencia del 6 de abril de 2016, expediente SL5603-2016 de la
Corte Suprema de Justicia.

PRETENSIONES

La solicitante de la salvaguarda requirió, de un lado, amparar sus derechos
fundamentales previamente citados y, de otro, dejar sin efectos la sentencia
proferida el 18 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
bajo el número 2016-00320-01. En consecuencia, pidió ordenarle a dicha
corporación emitir una nueva decisión, en la que valore adecuadamente las
pruebas allegadas al proceso y acceda a las pretensiones de la demanda.

CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO

Colpensiones

La directora jurídica de la entidad, Malky Katrina Ferro Ahcar, primero, realizó un
recuento del procedimiento administrativo relativo al reconocimiento de la pensión
de vejez de la señora Castro Valencia; luego, indicó que la solicitud de amparo
constitucional de la referencia se torna en improcedente, pues, de un lado, lo
pretendido por la accionante es reabrir el litigio que fue definido por el juez natural
y, de otro, la acción no puede emplearse para modificar el efecto de cosa juzgada
de las decisiones judiciales, menos aun cuando no se cumplen con los requisitos
específicos de procedencia.

De otra parte, arguyó que no es posible atribuir a Colpensiones la vulneración de
los derechos fundamentales transgredidos, puesto la entidad no tiene ninguna
petición o trámite pendiente por resolver a favor de la ciudadana. Por lo anterior,
solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela de la referencia.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fue debidamente notificado del
auto admisorio; sin embargo, guardó silencio frente a los hechos y pretensiones.

CONSIDERACIONES

Competencia

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La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la
competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.° del Decreto 333 de 20211, el
cual regula que: «[…] [l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o
Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al
respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada […]».

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura
reiterada y uniforme de la Corte Constitucional2 y del Consejo de Estado3 ha sido
admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos
generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de
procedencia (defectos).

La posición ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional empezando por la
tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993,
entre otras providencias, y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su
sistematización en la sentencia C-590 de 2005.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez,
concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y
cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los
requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional.
Veamos:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en
su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de
la vía de hecho planteada. Estos son los siguientes:(i) la cuestión que se discute
tiene relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa
judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de
inmediatez; (iv) cuando se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser
decisiva en la sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; (v)
se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la
providencia bajo estudio y (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue
dictada dentro de una acción de tutela.

1 Por medio del cual se modificaron los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de

2015 referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.
2 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-

1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999,
T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de
2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018
de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-
074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de
2015.
3Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.

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Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales
puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes4: a) defecto orgánico,
que se presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b)
defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa
completamente al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
ocurre cuando: el juez carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente
equivocada o no tiene en cuenta el material probatorio obrante en el expediente
para proferir la decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando
exista un error judicial ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca
lineamientos constitucionales y/o legales, específicamente ocurre cuando: se
decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía
de ellas o exista una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por
terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente
judicial y h) violación directa de la Constitución Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.

Problema jurídico

El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las siguientes
preguntas:

1. ¿Transcurrieron más de seis meses entre el día siguiente a la fecha de
ejecutoria de la sentencia emitida el 18 de marzo de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y la presentación de esta acción de
tutela?

2. En caso de una respuesta positiva: ¿Está justificada la inactividad de la
accionante para instaurar la acción de la referencia?

Para resolver el problema así planteado, se abordará la siguiente temática: (I)
interposición de la acción de tutela, (II) excepciones al presupuesto de inmediatez
y (III) justificación frente a la inactividad de la accionante. Veamos:

• Primer problema jurídico

¿Transcurrieron más de seis meses entre el día siguiente a la fecha de ejecutoria
de la sentencia emitida el 18 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y la presentación de esta acción de tutela?

4Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras.

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I. Interposición de la acción de tutela

La señora Edith Castro Valencia solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, a la
seguridad social y al acceso a la administración de justicia, los cuales consideró
transgredidos por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al expedir la
providencia del 18 de marzo de 2022.

Pues bien, una vez analizado el recuento realizado en la parte inicial de esta
providencia y las pruebas obrantes en el expediente de la referencia, se tiene que
el 18 de marzo de 2022 la corporación accionada revocó la decisión adoptada por
el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la aquí
accionante. Igualmente, se denota que la anterior decisión fue notificada a la parte
demandante por correo electrónico del 29 de marzo de 20225, por lo que adquirió
ejecutoria el 5 de abril del mismo año6.

En esa medida, como la procedencia de la acción de tutela amerita el
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, en relación con el
término de inmediatez, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante providencia
del 5 de agosto de 20147, explicó que el mencionado requisito cobra mayor
relevancia cuando el recurso de amparo se dirige a cuestionar providencias
judiciales, toda vez que se encuentran en juego los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica. Por lo anterior, la corporación, en la sentencia de unificación
precitada, acogió como regla general un plazo de seis meses contados a partir de
la notificación o ejecutoria de la providencia, según el caso.

En esa medida, el término para presentar la acción de tutela en el presente asunto
inició el 6 de abril de 20228 y venció el 6 de octubre del mismo año. No obstante,
la acción de la referencia fue interpuesta hasta el 28 de octubre de la presente
anualidad, esto es, por fuera del término de los seis meses previstos
jurisprudencialmente.

Por lo anterior, se concluye que la solicitud de amparo presentada por la señora
Edith Castro Valencia no cumplen con el requisito de inmediatez, como causal
general de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales.
Sin embargo, en el acápite siguiente se analizará si se encuentra justificada la
tardanza en la instauración de este mecanismo de protección de derechos
fundamentales.

5 f. 27 del archivo denominado 034SentenciaSegundaInstancia del expediente digital allegado al presente
trámite.
6 Código General del Proceso, artículo 302. Ejecutoria. “Las que sean proferidas por fuera de audiencia

quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los
términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la
providencia que resuelva los interpuestos”.
7 C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicado No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Demandante:

Alpina Productos Alimenticios S.A.
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Término contado a partir del día siguiente hábil de la ejecutoria de la sentencia cuestionada.

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• Segundo problema jurídico

¿Está justificada la inactividad de la accionante para presentar la acción de la
referencia en tiempo?

II. Excepciones al presupuesto de la inmediatez

La Subsección resalta que la Corte Constitucional, en diversos pronunciamientos9,
ha expuesto que al analizar el presupuesto de la inmediatez, también deben
examinarse las circunstancias específicas del asunto, para lo cual tienen que
tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 1. La existencia de razones válidas
para justificar la inactividad de la parte accionante; 2. La permanencia en el tiempo
de la amenaza o la vulneración, a pesar de que el hecho que la originó sea
antiguo y 3. Si la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo
razonable resulta desproporcionada por una situación de debilidad manifiesta del
peticionario de la salvaguarda. Aunado a ello, el máximo tribunal constitucional ha
sostenido10 que es posible flexibilizar el requisito referido cuando el solicitante del
amparo sea un sujeto de especial protección constitucional, en atención al artículo
13 de la Constitución Política.

En ese orden de ideas, al juez constitucional, además de comprobar el transcurso
del tiempo, corresponde verificar si existe alguna de las circunstancias definidas
jurisprudencialmente que permita determinar que la acción de tutela fue
presentada en un término razonable o si existe alguna situación que viabilice la
flexibilización del estudio de la inmediatez.

III. Justificación frente a la inactividad de la accionante

La parte accionante, en el escrito de tutela, no presentó ningún argumento para
justificar la interposición del mecanismo de amparo por fuera del término previsto
jurisprudencialmente, esto es, seis meses, y al revisar el mismo tampoco se
advierte alguna situación que le haya impedido acudir a esta acción y que
convierta en desproporcionada la exigencia del agotamiento de este requisito
general de procedibilidad.

En consecuencia, se concluye que el presente trámite constitucional no superó la
exigencia general aquí estudiada. Por tanto, se declarará improcedente la acción
de tutela instaurada por la señora Edith Castro Valencia en contra del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

9 Al respecto, ver entre otras, la sentencias SU-961 de 1999 y T-691 de 2009.
10 Ver entre otras: T678/16, T518/17 y T375/18.

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FALLA

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por la señora Edith
Castro Valencia en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días
siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no
fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Ausente con permiso

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firma electrónica

LYGR

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