Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-05728-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-05728-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2022-05728-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
1 de diciembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05728-00
Demandante: Ingenieros Contratistas Consultores Ltda.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., primero (1º) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05728-00
Demandante: INGENIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES LDTA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN CUARTA, SUBSECCIÓN A Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Falta de cumplimiento del
requisito general de inmediatez. Declara improcedente
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada, por la sociedad Ingenieros
Contratistas Consultores Ltda., por medio de representante legal contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta y el Juzgado Cuarenta y Tres
Administrativo de Bogotá, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del
Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
La Sociedad Ingenieros Contratistas Consultores Ltda., por medio de su
representante legal interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A y el Juzgado Cuarenta y Tres
Administrativo de Bogotá, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al
debido proceso, de petición, de propiedad y el buen nombre. En consecuencia,
formuló la siguiente pretensión:
“(…)
“Revocar la (sic) Sentencias aquí tuteladas y ordenar un nuevo fallo reconociendo
la vulneración de los derechos fundamentales aquí solicitados.”
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Demandante: Ingenieros Contratistas Consultores Ltda.
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
La parte actora actuó como fideicomitente constructor del Patrimonio Autónomo
Ingenieros Contratistas Consultores Ltda. – Fidubogotá, el cual tuvo como objeto la
construcción de la Propiedad Horizontal, Edificio Balcones de Paris –, ubicado en la
Carrera 85 número 85 - 75 de la ciudad de Bogotá.
El Patrimonio Autónomo nació a la vida jurídica a título de fiducia mercantil con dos
predios identificados con matrícula inmobiliaria 50C-31041 y 50C-737261 que
fueron transferidos mediante escritura pública número 1278 del 17 de mayo de
2013, otorgada en la Notaria 18 de Bogotá y escritura pública 1763 del 12 de agosto
de 2013, otorgada por la Notaria 63 de Bogotá, respectivamente, los inmuebles,
fueron englobados mediante escritura pública número 458, otorgada por la Notaria
18 de Bogotá el día 28 de febrero de 2014, con folio de matrícula inmobiliaria 50C-
1903999, razón por la cual, los folios de matrícula inmobiliaria 50C-31041 y 50C-
737261, fueron cancelados por la Unidad Administrativa de Catastro Distrital de
Bogotá mediante la Resolución 2014-55158 del 14 de agosto de 2014.
En escritura 109 del 27 de enero de 2016, otorgada en la Notaría 18 de Bogotá se
constituyó la propiedad horizontal denominada Edificio Balcones de Paris, sobre el
folio de matrícula inmobiliaria 50C-1903999, con la creación de 103 matrículas
inmobiliarias derivadas.
El 22 de marzo de 2016 la sociedad demandante presentó solicitud ante el Instituto
de Desarrollo Urbano (en adelante IDU) para que se expidieran los paz y salvo para
trámites notariales de las 103 unidades inmobiliarias de la propiedad horizontal,
Edificio Balcones de Paris y, ante la falta de respuesta a la solicitud del 22 de marzo
de 2022, el 6 de abril de 2016 la Sociedad Ingenieros Contratistas Consultores Ltda.
radicó nuevamente solicitud, con el fin de que se expidiera los paz y salvo, ello con
el fin de poder realizar las escrituras de los inmuebles a los compradores.
Sostuvo que, de manera verbal, funcionarios del IDU le informaron que el predio
con matrícula inmobiliaria 50C-31041 y 50C-737261 tenían deuda por concepto de
valorización, correspondiente a los años 1995 y 2001, esto es, desde hace 20 y 15
años, al tiempo que, le informó que podía realizar dos depósitos en garantía para
poder expedir los paz y salvo, uno por valor de “$ 1´398.911” y otro por valor de “$
210.299”, los cuales se pagaron efectivamente el 12 de abril de 2016.
La Sociedad Ingenieros Contratistas Consultores Ltda., en petición del 29 de
noviembre de 2016, solicitó al IDU la devolución de los depósitos en garantía
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Demandante: Ingenieros Contratistas Consultores Ltda.
consignados a su favor, sin embargo, la entidad, en Resoluciones 01124 y 011205
del 22 de diciembre de 2016, adicionó las resoluciones que asignaron las
contribuciones por valorización, correspondiente a los años 1998 y 1995,
respectivamente, el 3 de marzo de 2017 la sociedad Ingenieros Contratistas
Consultores Ltda. presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra las
resoluciones 011204 y 011205 del 20 de diciembre de 2016.
El 8 de mayo de 2017 la Subdirectora General Jurídica del IDU, mediante
Resolución 002151, resolvió el recurso de reposición contra la Resolución 011204
del 20 de diciembre de 2016, en el sentido de confirmarla, así mismo, emitió la
Resolución 002151, por medio de la cual resolvió no reponer la Resolución 011205
del 20 de diciembre de 2016 y la entidad se abstuvo de resolver los recursos de
apelación.
La Sociedad Ingenieros Contratistas Consultores Ltda., interpuso demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho a fin de que se declarara la nulidad de las
resoluciones 011204 de 2016; 00215 de 2017; 011205 de 2016 y 02152 de 2017 y
el acto ficto presunto generado por la falta de respuesta en relación con el recurso
de apelación interpuesto frente a estas últimas resoluciones y que, en
consecuencia, se ordenara la devolución de los valores pagados por concepto de
depósitos en garantía, así como el reconocimiento del daño emergente y el lucro
cesante causados con la conducta omisiva del IDU.
La demanda correspondió en primera instancia al Juzgado Cuarenta y Tres
Administrativo de Bogotá, Sección Cuarta, en sentencia del 14 de agosto de 2019,
negó las pretensiones de la demanda, toda vez que, se demostró que el titular del
derecho de dominio era la sociedad demandante, como vocera del patrimonio
autónomo para el momento de expedición de los actos demandados y porque el
hecho de inscribir el englobe de los inmuebles y el consecuencial cierre de las
matrículas inmobiliarias de los predios englobados, no implicaba que el predio y los
titulares del derecho de dominio dejaran de ser sujetos pasivos de la contribución
de valorización, en cuanto dicha calidad no se pierde, porque esta no se encuentra
sujeta a la existencia o no del folio de matrícula inmobiliaria.
La anterior decisión fue objeto de apelación por la parte demandante, con
fundamento en que se le asignó la valorización respecto de un predio cuyos folios
de matrícula inmobiliaria están cerrados desde el año 2014, lo cual se acreditó en
el proceso con el folio número 50C-7372261.
El Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A , en
sentencia del 17 de febrero de 2022, confirmó la decisión de primera instancia, por
considerar que, se demostró que mediante escritura pública 458 del 28 de febrero
de 2013 se englobó el predio identificado con matrícula número 50C-737261, del
cual resultó un predio identificado con la matrícula 50C-1903999, respecto del cual
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la sociedad demandante es propietaria, en calidad de fiduciaria y, en ese sentido, si
bien, para el año 2016, momento en el cual se asignó la contribución de valoración,
el predio con matrícula 50C-737261 tenía folio cerrado, esto es, que el folio de
matrícula del inmueble no existía jurídicamente, lo cierto es que, el predio
físicamente y jurídicamente hacía parte del predio resultante identificado con
matrícula inmobiliaria 50C-1903999, cuyo propietario seguía siendo la sociedad
demandante, por lo que la relación jurídica con el bien se mantuvo, incluso para la
fecha de expedición de los actos administrativos acusados.
Sumado a lo anterior, precisó que el predio con matrícula inmobiliaria número 50C-
1903999 está conformado por dos predios registrados con folios de matrícula
inmobiliaria 50C-31041 y 50C-737261, respecto de los cuales, el primero fue
gravado en la asignación inicial y el segundo en el año 2016, razón de más para
comprender porque el IDU asignó la contribución al predio 50C-737261 y, no al
predio englobado (50C-1903999).
Por lo tanto, concluyó que la Administración debía imponer la obligación tributaria a
cargo de quien en el momento de la asignación de la contribución era propietario
del inmueble que se benefició con las obras, para el caso en concreto, la sociedad
demandante y no, como lo pretendió el demandante, el propietario anterior.
La decisión de segunda instancia fue notificada el 18 de febrero de 2022 1.
3. Argumentos de la acción de tutela
El representante legal de la sociedad demandante adujó que la acción de tutela del
radicado de la referencia cumple con los requisitos generales de procedibilidad y
está revestida de relevancia constitucional por tratarse de la violación de los
derechos fundamentales al debido proceso, de petición, de propiedad y al buen
nombre y, particularmente, frente al cumplimiento del requisito general de
inmediatez, dijo que se cumple porque la providencia quedó en firme con auto de
obedézcase y cúmplase el 10 de mayo de 2022 y a la fecha de presentación de la
acción de tutela no transcurrieron más de seis meses.
Manifestó que las autoridades demandadas incurrieron en los defectos: (i) fáctico;
(ii) procedimental por exceso ritual manifiesto y, (iii) por violación directa de la
Constitución, por las razones que se pasan a resumir.
Se refirió al derecho a la propiedad, para señalar que en la sentencia T-506 de 1992,
la Corte Constitucional señaló que es un derecho económico y social, que según las
circunstancias específicas del caso se puede considerar como un derecho
fundamental, para lo cual se debe tener como criterio de referencia la Constitución
1 Que obra en el aplicativo Samai con radicado 11001333704320180023601, índice 21.
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Política y, agregó, que la propiedad debe ser considerada como un derecho
fundamental, siempre que ella se encuentre vinculada al mantenimiento de
existencia y su desconocimiento afecte el derecho a la igualdad y a llevar una vida
digna, a su juicio, existió abuso por parte del IDU al obligar depositar dinero en
garantía para la expedición de documentos que permitieran la transferencia de
apartamentos a sus compradores, dinero que la entidad accionada retuvo con el
argumento de que es una valorización que cobran transcurridos 20 años.
Adujó que, el Juzgado Cuarenta y Tres Administrativo de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, dieron prevalencia
al derecho formal y no al derecho sustancial, en contravía al artículo 228 de la
Constitución Política, frente a lo cual, afirmó que “a pesar de la certificación de la Oficina
de Registro e Instrumentos Públicos que un folio cerrado no es óbice de acto jurídico alguno, obvien
por formalidad que dicho documento no es inscribió como prueba procesal, entonces que si aplica
la asignación de valorización del predio (…)”.
Manifestó que la vulneración por parte del juez de primera instancia es tan obvia
que el Ministerio Público apeló la sentencia, sin embargo, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, incurrió en exceso ritual
manifiesto porque no valoró los argumentos expuestos por el Ministerio Público.
Igualmente, adujo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca omitió valorar el
material probatorio y, por lo tanto, lesionó el derecho al debido proceso, toda vez
que avaló el cobro al actual propietario de una valorización de la cual se benefició
económicamente el propietario de hace 20 años atrás, pese a que el inmueble fue
objeto de transferencia a diferentes propietarios.
Argumentó que, en el presente caso existió vulneración directa de la Constitución
Política, toda vez que, las autoridades judiciales demandadas, desconoció los
atributos de la propiedad privada en conexidad con derechos fundamentales .
Igualmente, consideró que se configuró el defecto sustantivo por parte de las
autoridades judiciales accionadas, toda vez que, “se desconoció que un folio cerrado no
es óbice de acto jurídico alguno, y desconocen la prueba allegada al proceso como el Oficio de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos”.
4. Trámite Previo
El despacho sustanciador, en auto del 1 de noviembre 2022, admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a la parte demandante, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, al Juzgado Cuarenta y Tres
Administrativo de Bogotá y vinculó en calidad de tercero con intereses al Instituto
de Desarrollo Urbano de Bogotá, además, ordenó publicar en la pagina web del
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Consejo de Estado la providencia, así como la notificación a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
5. Oposición
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A
indicó que, la presente acción de tutela no esta llamada a prosperar, toda vez que,
no se satisface el requisito de inmediatez necesario para la procedencia de la acción
constitucional, pues transcurrieron más de ocho meses desde la notificación de la
sentencia reprochada y es a partir de ese momento que se debe realizar el computo
para la oportunidad de presentación de la acción de tutela, comoquiera que es la
firmeza de la decisión atacada la que permite tener por cierto el hecho causante de
la presunta vulneración que se alega, mientras que, el auto de obedézcase y
cúmplase no tiene la incidencia de alterar la ejecutoria de la decisión de segunda
instancia.
Adicionalmente, argumentó que la acción constitucional es improcedente, en razón
a que, no puede ser utilizada como una tercera instancia, o un medio alternativo,
adicional o complementario para resolver la situación jurídica planteada en su
oportunidad en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Sostuvo que, las pruebas fueron debidamente valoradas en el proceso, entre ellas
(i) el certificado de tradición y libertad del inmueble con matrícula inmobiliaria 50C-
737261 con constancia de ser un folio cerrado; (ii) el certificado del predio con
matrícula inmobiliaria 50C-1903999 en estado activo; (iii) el certificado de estado de
cuenta para trámite notarial y la Escritura Pública 458 de 2013.
Indicó que, luego de realizar el análisis integral de las pruebas y en aplicación del
las previsiones del Acuerdo 7 de 1987, la Resolución 70 de 2011 y la Ley 1579 de
2012, se llegó a la conclusión de que si bien para el año 2016, el predio con
matrícula inmobiliaria 50C-737261 tenía folio cerrado, lo cierto es que el predio
físicamente y jurídicamente hacía parte del predio que se identificó con matrícula
inmobiliaria 50C-1903999, cuyo propietario era la sociedad demandante, es decir la
relación jurídica con el bien se mantuvo, incluso para la fecha de expedición de los
actos administrativos acusados.
En consecuencia, consideró que, en el proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho se respetaron las garantías y derechos, toda vez que,
la decisión está debidamente sustentada en argumentos razonables acordes con la
norma vigente aplicable al caso concreto y se adoptaron conforme al análisis del
material probatorio.
Finalmente, solicitó que se decrete y valore como prueba la información contenida
en: (i) el expediente de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado
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Cuarenta y Tres Administrativo de Bogotá, (ii) la sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de la referencia y (iii) demás información contenida en el
expediente del proceso número 11001-33-37-043-2018-0236-01.
El Juzgado Cuarenta y Tres Administrativo de Bogotá se refirió a los hechos que
dieron origen a la presente acción, manifestó que en la providencia demandada se
respetaron y protegieron los derechos fundamentales constitucionales de la parte
demandante.
Argumentó que el actuar del despacho fue diligente y no es procedente la acción
constitucional, porque no es viable el amparo contra una decisión judicial por
resultar desfavorable a las pretensiones de la parte demandante.
Dijo que tampoco se evidenció que la presente acción de tutela cumplió con el
requisito de inmediatez, en la medida en que, se recurre a este mecanismo
constitucional de protección de derechos fundamentales luego de más de ocho
meses después de que se profirió la decisión de segunda instancia.
6. Intervención de los terceros interesados
El Instituto de Desarrollo Urbano hizo relación de los hechos que motivaron la
interposición de la acción de tutela y solicitó que se declare improcedente, o en su
lugar, se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, toda vez que, el problema
jurídico ya fue resuelto en el desarrollo del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Argumentó que, la acción de tutela se debe formular en un término prudente y
razonable respecto del hecho que causa la vulneración de derechos fundamentales
supuestamente amenazados.
Así las cosas, dijo que, el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, el 17 de febrero
de 2022, fue notificada el 18 de febrero de 2022 y quedó ejecutoriada el 25 de
febrero de 2022, por lo cual resulta improcedente reabrir un debate luego de hace
más de ocho meses de encontrarse ejecutoriado, máxime cuando se evidencia que
lo que se pretende mediante la acción constitucional es generar una tercera
instancia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
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Demandante: Ingenieros Contratistas Consultores Ltda.
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
2
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
3 4
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
En el escrito de tutela la parte actora solicita que sea revocada la decisión de
segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A, que confirmó la sentencia de primera instancia
2
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional,
cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia
de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
3
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
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La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno
de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido;
(vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho
fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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proferida por el Juzgado Cuarenta y Tres de Bogotá dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 110013337043-2018-
00236-00.
En ese orden, corresponde a la Sala determinar si en el caso en concreto se
cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en
especial, el de inmediatez y, solo en caso afirmativo, procederá con el estudio de
los defectos invocados por la parte actora.
Caso concreto
Mediante el ejercicio de la presente acción la sociedad Ingenieros Contratistas
Consultores Ltda. estima vulnerados los derechos fundamentales al debido
proceso, de petición, de propiedad y al buen nombre, por parte del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta, Subsección A y el Juzgado
Cuarenta y Tres Administrativo de Bogotá, con la expedición de las sentencias del
17 de enero de 2022 y del 14 de agosto de 2019, respectivamente, por considerar
que incurrieron en los defectos fáctico, procedimental por exceso ritual manifiesto,
por violación directa de la Constitución y sustantivo.
Al respecto, la Sala anticipa que, sería del caso, estudiar los argumentos propuestos
por la parte actora, de no ser porque en el presente caso no se cumple con el
requisito general de inmediatez, lo cual hace improcedente el estudio de fondo del
cargo invocado en la acción de tutela, por lo que, la acción constitucional no está
llamada a prosperar, como se pasa a explicar 5.
La solicitud de amparo carece del requisito de inmediatez que la caracteriza, porque
la providencia reprochada fue proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A el 17 de febrero de 2022, notificada
el 18 de febrero de 2022. Así, a la fecha de presentación de esta acción, 28 de
octubre de 2022, han transcurrido 8 meses y 9 días.
Para esta Sección, por regla general, el plazo razonable para el ejercicio de la
acción de tutela contra providencias judiciales es de seis meses, contado a partir
de la fecha de notificación del proveído acusado. Lo anterior, en atención a la
naturaleza del acto jurisdiccional, a los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios contra aquellos, al derecho a la tutela judicial
efectiva y a la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad.
5 Así lo ha precisado esta Sección, al respecto, ver sentencia del 17 de septiembre de 2020, expediente número
11001-03-15-000-2020-00314-01, Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, M.P. Milton Chaves García.
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Demandante: Ingenieros Contratistas Consultores Ltda.
En relación con la inmediatez, la Corte Constitucional ha señalado en diversas
oportunidades que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la
vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del accionante y la
presentación de la demanda 6, en la medida en que la naturaleza misma de este
medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de
las garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto a la
seguridad jurídica y a los derechos de los terceros afectados.
Lo anterior no implica un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción
de tutela. La inmediatez es más bien un requisito que busca que la acción se
presente en un término razonable, esto es, desde el mismo momento en que se
tiene conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales.
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección
pronta y eficaz de tales derechos, es que se requiere que la acción se ejerza en un
tiempo razonable, prudencial.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que para determinar si la
acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de inmediatez, deben
tenerse en cuenta, en cada caso concreto, los siguientes aspectos: (i) si existe un
motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) si la inactividad injustificada
podría causar la lesión de derechos fundamentales de terceros de llegarse a adoptar
una decisión en sede de tutela, y (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados.
Circunstancias que en el caso concreto no se acreditaron.
Ahora bien, con base al escrito de tutela, la parte accionante consideró que la acción
de tutela cumple con el requisito de inmediatez al estimar que el término de los 6
meses se debe contar a partir del 10 de mayo de 2022, fecha en la cual la
providencia reprochada quedo en firme con el auto de obedézcase y cúmplase
proferido por Tribunal accionado.
Sin embargo, este argumento no está llamado a prosperar, pues, como se anticipó,
para esta Sección el término de inmeditez empieza a contar a partir de la fecha de
notificación del proveído acusado, postura que ha sido reiterada por la Sala de
Decisión en aras de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia,
al tiempo que, el principio de seguridad jurídica.
Como lo ha señalado esta Sección, el requisito de la inmediatez es una regla
jurisprudencial unánime y pacífica que se ha mantenido en el tiempo, precisamente
para no inducir a error a los ciudadanos y que garantiza los principios de seguridad
jurídica y confianza legítima de las decisiones judiciales, pues, recuérdese que la
6 Corte Constitucional. Sentencia T- 123 de 2007
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Demandante: Ingenieros Contratistas Consultores Ltda.
acción de tutela contra providencias judiciales es la excepción a la regla y, en esa
medida, los requisitos de procedibilidad deben ser atendidos en estricto orden.
Por lo anterior, la acción de tutela de la referencia no procede por falta de
cumplimiento del requisito de inmediatez y, en esa medida no había lugar a hacer
estudio en relación con el fondo del asunto.
Siendo así, la Sala declarará improcedente la acción de tutela que ejerció la
sociedad Ingenieros Constructores Consultores Ltda., contra el Tribunal
Administrativo Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A y el Juzgado Cuarenta
y Tres Administrativo de Bogotá porque no se superó el requisito general de
inmediatez, para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la sociedad Ingenieros
Constructores Consultores Ltda., contra el Tribunal Administrativo Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A y el Juzgado Cuarenta y Tres Administrativo de
Bogotá.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidenta de la Sección
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(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
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