Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05739-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05739-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-05739-00
Consejero ponente: Martín Gonzálo Bermúdez Muñoz
6 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 6 de marzo de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05739-00
Accionante: Jorge Iván Páez Olivares
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Relevancia constitucional
Síntesis del caso: Se enjuició la sentencia de segunda instancia, mediante la que se
confirmó la sentencia de primer grado, que negó las pretensiones de una demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, en la que se cuestionaban unos actos
administrativos que negaron el reconocimiento de una pensión.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Jorge Iván Páez
Olivares en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Pocisión de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
terceros.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 28 de octubre de 2022, Jorge Iván Páez Olivares presentó acción
de tutela contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, por la presunta vulneración del derecho al debido proceso, con
ocasión de la expedición de la Sentencia de 18 de agosto de 2022, por la
autoridad judicial accionada dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 54001-23-33-000-2017-00709-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
“PRIMERO: TUTELAR el derecho constitucional fundamental del
accionante JORGE IVAN PAEZ OLIVARES, al DEBIDO PROCESO JUDICIAL,
vulnerado por la autoridad judicial accionada.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05739-00
Accionante: Jorge Iván Páez Olivares
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección B
Decisión: Declara improcedente
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SEGUNDO: ORDENAR a LA SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B, DE LA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO,
integrada por los magistrados CESAR PALOMINO CORTES, SANDRA LISSET
IBARRA VELEZ Y CARMELO PERDOMO CUETER, o por quienes hagan sus
veces al momento de la notificación, que dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación del fallo que resuelva la presente
acción, proceda al emitir una nueva providencia que decida de mérito
el recurso de APELACIÓN interpuesto oportunamente contra la emitida
en primera instancia el día 23 de Octubre de 2018 por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, en el
trámite del proceso ordinario que en ejercicio de medio de control de
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO promovió el accionante JORGE IVAN PAEZ
OLIVARES contra de EL ESTADO – ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES "COLPENSIONES", identificada con el NIT No. 900.336.004-7,
bajo el radicado No. 54001-2333-000-2017-00709-00 y mediante la cual se
decidió NEGAR las pretensiones de la demanda, con fundamento en las
disposiciones legales aplicables al caso concreto atendiendo los criterios
jurídicos y jurisprudenciales amplia y uniformemente aceptados sobre
estos puntos de derecho objeto de decisión.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
se destacan los siguientes:
4. 1) Jorge Iván Páez Olivares trabajó como médico al servicio de la
Policía Nacional, desde el 14 de marzo de 1984 al 9 de agosto de 2004.
5. 2) Mediante Resolución No. 94 de 7 de enero de 2005, la Policía
Nacional reconoció una pensión de jubilación, a partir del 9 de agosto de
2004, en cuantía de $1.437.140,77, a favor del señor Páez Olivares.
6. 3) Adicionalmente, el accionante prestó sus servicios en el Hospital
San Juan de Dios de Cúcuta, desde el 10 de agosto de 1979 hasta el 31 de
enero de 1981 y, en el Hospital Universitario Erasmo Meoz, desde el 7 de
enero de 1988 hasta el 31 de enero de 2015.
7. 4) El 22 de mayo de 2017, el señor Páez Olivares solicitó a la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, de conformidad con
el régimen de transición (artículo 36) de la Ley 100 de 1993. De manera
subsidiaria, el pago de una indemnización sustitutiva, mediante el pago de
aportes efectuados ante esa autoridad administrativa por el periodo
comprendido entre el 10 de agosto de 1979 y el 31 de diciembre de 2015.
8. 5) Mediante Resolución No. SUB84821 de 31 de mayo de 2017,
Colpensiones negó la petición relacionada con el reconocimiento
pensional con fundamento en que, de conformidad con el artículo 128 de
la Constitución y el artículo 19 de la Ley 4 de 1992, estaba prohibido
percibir más de una asignación proveniente del tesoro público, tal como
pretendía hacerlo el solicitante. Respecto de la pretensión subsidiaria del
demandante no se realizó ningún pronunciamiento.
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Accionante: Jorge Iván Páez Olivares
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Decisión: Declara improcedente
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9. 6) La mencionada decisión fue confirmada a través de la Resolución
No. DIR12065 de 31 de julio de 2017, en la cual se le indicó al peticionario
que la pensión solicitada era incompatible con la pensión que ya recibía
por parte de la Policía Nacional.
10. 7) Jorge Iván Páez Olivares presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra las Resoluciones SUB84821 y DIR12065
de 2017, tras considerar que los actos administrativos se fundamentaron en
la prohibición establecida en el artículo 128 de la Constitución, sin tener en
cuenta que la Ley 269 de 1996 estableció una excepción para el personal
asistencial que presta directamente servicios de salud.
11. 8) El asunto fue conocido, en primera instancia, por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander que, mediante Sentencia de 23 de
octubre de 2018, negó las pretensiones de la demanda. Para ello indicó
que, si bien el demandante era beneficiario de la excepción contemplada
en el artículo 2 de la Ley 269 de 1996, lo cierto era que dicha disposición
contemplaba la posibilidad de percibir doble asignación del tesoro público
proveniente del desarrollo de una actividad de trabajo, más no hizo
referencia a la posibilidad de percibir 2 pensiones con recursos que
provenían del ejercicio de cargos públicos. Finalmente, señaló que no era
posible el reconocimiento de la indemnización sustitutiva, en la medida
que para ello se requería que el demandante no hubiera alcanzado a
generar el capital mínimo para financiar una pensión, lo cual no sucedió
en este caso.
12. 9) Inconforme con la decisión, el demandante presentó recurso de
apelación en el que señaló que se debía acceder a su pretensión principal
ya que los aportes realizados a pensiones, desde la vigencia de la Ley 100
de 1993, pasaron a ser recursos parafiscales, los cuales, a su juicio, no
hacían parte del tesoro público. Adicional a lo anterior, indicó que,
subsidiariamente, se le debía reconocer la indemnización sustitutiva, en la
medida en que la pensión que le fue reconocida por la Policía Nacional y,
la que solicitaba mediante la demanda presentada, tenían una fuente de
financiación diferente.
13. 10) La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante Sentencia de 18 de agosto de 2022, confirmó la decisión
apelada, tras considerar que no eran de recibo los argumentos propuestos
por el demandante, en la medida en que el derecho pensional se
consolidó en vigencia de la Ley 100 de 1993, la cual dispuso que son
incompatibles 2 pensiones si se amparan en la misma contingencia y
fuente de financiación, independientemente, de que, posteriormente, los
aportes pensionales adquieran la denominación de parafiscales. Adicional
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Decisión: Declara improcedente
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a lo anterior, señaló que no existía ninguna norma que permitiera que el
personal médico recibiera más de una pensión proveniente del trabajo en
el servicio público.
14. Finalmente, respecto de la pretensión subsidiaria, indicó que ese
reconocimiento económico procedía cuando el cotizante no había
alcanzado el mínimo de semanas exigidas y estaba en imposibilidad de
continuar cotizando, lo cual no ocurría en este caso.
15. El fundamento de la vulneración radicó en que los fallos
cuestionados incurrieron en un defecto sustantivo debido a que hubo una
indebida aplicación del artículo 128 de la Constitución, ya que, a su juicio,
en el caso en particular no se configuraba la prohibición de recibir más de
una pensión, pues la naturaleza de los aportes no surgió en virtud de la
calidad de servidor público del demandante, sino de los recursos del fondo
de pensiones al que realizó los aportes pensionales.
16. En consecuencia, recordó que la prohibición contenida en el
mencionado artículo de la Constitución solo resultaba procedente si se
traba de asignaciones provenientes del tesoro público, pero no los aportes
pensionales, pues los mismos constituyen ingresos parafiscales que no le
pertenecen a la Nación, ni a la entidad que los administra.
1.2. Posición de la parte demandada y terceros2
17. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, luego de hacer un
breve recuento sobre los fundamentos de la sentencia proferida por esa
autoridad judicial, solicitó que se declarara “improcedente” la acción de
tutela, pues consideró que no se vulneró el derecho fundamental
invocado.
18. Colpensiones solicitó que se declarara la improcedencia de la
acción de tutela, pues lo pretendido por la parte demandante era que el
juez constitucional invadiera las competencias del juez natural del asunto,
quien ya se pronunció sobre la controversia planteada.
19. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
guardó silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial 2.2.
Conclusión.
2 Mediante Auto de 1 de noviembre de 2022, el despacho resolvió (1) admitir la acción de tutela de la
referencia, (2) tener como demandada a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y (3)
vincular a la Tribunal Administrativo de Norte de Santander y a Colpensiones, como terceros interesados.
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2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
20. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional, pues se advierte que la
parte actora pretendió que su asunto fuera sometido a una instancia
adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
21. Sobre el particular, es preciso recordar que la relevancia
constitucional es uno los requisitos que deben concurrir para que resulte
procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, pues, en los
términos de la Corte Constitucional, (se trascribe) “el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”3.
22. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 20144, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere la conjunción de 2 elementos: (1) la carga argumentativa por
parte del demandante en la que explique la relevancia de la controversia
para el juez de tutela5 y que la solicitud de amparo no se presente con
objeto de obtener una nueva instancia6; y (2) que se trate de una
controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de mera
legalidad7.
23. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e
independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos
donde se afecten los derechos fundamentales, e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional al proceso ordinario8.
24. En el presente caso, se logró evidenciar que lo pretendido por la
demandante fue poner de presente su desacuerdo respecto de la
decisión desfavorable a sus intereses.
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
4 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01
5 Ídem. “El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de
tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
6 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia
procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión
del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
7 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no
involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
8 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.
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25. La acción de tutela presentada no superó el requisito de relevancia
constitucional pues la parte demandante se limitó a insistir en las
inconformidades contra la sentencia desfavorable a sus intereses sin que
ello implicara que la decisión se encontrara incursa en el defecto alegado
o en alguna vulneración a derechos fundamentales.
26. En ese orden, en el presente asunto se evidenció que la parte
actora, a través de la acción de tutela, pretendió que se analizaran
nuevamente los reparos sobre la excepción respecto de la prohibición de
recibir doble asignación del tesoro público y la naturaleza de los aportes
pensionales, lo cual a su juicio generó la configuración de un defecto
sustantivo.
27. Esas inconformidades fueron planteadas por la demandante, ante la
autoridad judicial accionada, en la demanda9, a través del escrito de
apelación contra la sentencia de primera instancia10 y, ahora, en la acción
de tutela, a través de la aparente vulneración de su derecho al debido
proceso.
9 “No disfrutar de los beneficios de dos asignaciones, seria castigar, sin fundamento jurídico alguno, al empleado
que, en ejercicio de una potestad legal y excepcional, decidió destinar gran parte de su tiempo al desempeño
de dos cargos públicos, circunstancia que en el caso del personal de asistencia que labora en los servicios de
salud encuentra justificación en la necesidad de garantizar la prestación permanente de servicio público
esencial de atención en salud a la población en general, la que por su naturaleza, requiere de disponibilidad de
acceso permanente en favor de los ciudadanos.
En el sentido indicado, por medio de la ley 269 de 1996, a través de la cual se regula parcialmente el articulo 128
de la Constitución Política, en relación con quienes prestan servicios de salud en entidades derecho público, el
constituyente delegado en ejercicio de su competencia para regular la materia, permitió al personal asistencial
que presta directamente servicios de salud la posibilidad excepcional de desempañar más de un empleo
público. (...)
Conforme a lo narrado, obsérvese por parte de su señoría que al legislador en ejercicio de la libertad de
configuración legislativa conferida por la propia constitución, regló de manera por demás expresa, la excepción
a la prohibición de la cláusula general de imposibilidad de desempeñar mas de un cargo y recibir más de una
asignación del erario público para los servidores públicos que laboran en las entidades prestadoras de servicios
de salud, en atención a la naturaleza esencial de este servicio público para la población.”
10 “En efecto, entendida la noción de tesoro público como un concepto que proviene de la economia y que se
utiliza para designar a aquellos recursos o elementos que un Estado tiene para hacer frente a diferentes
actividades, acciones medidas que busque llevar a cabo, este se encuentra caracterizado principalmente por
su naturaleza común, esto es, a su conformación concurren todos los ciudadanos y puede ser direccionado а
todos por diferentes funcionarios públicos de acuerdo con los criterios de administración que se adopten, pues
se considera de origen y destino general.
De lo anterior fluye sin lugar a equivoco alguno la cardinal y marcada diferencia conceptual entre los vocablos
empleados por el legislador para distinguir uno y otro aspecto de la regulación positiva en la materia, esto es, los
dineros provenientes del "Tesoro Público" y los "aportes pensionales", pues si bien ambos tienen naturaleza
pública, los segundos no forman parte del primero debido a que solo deben realizarlos algunos sujetos, con un
propósito o finalidad definida y para un grupo determinado de beneficiarios. De allí la permanente
diferenciación de la ley y la jurisprudencia sobre su naturaleza a efectos de cumplir al objeto de su creación, en
la perspectiva de llegar а sus destinatarios previamente definidos.
(...)
Resumiendo, conforme este somero repaso de los referentes jurisprudenciales de la máxima autoridad de la
Justicia Contencioso Administrativa, estimamos que aún no existe una línea jurisprudericial consistente que sirva
de precedente para dirimir la controversia planteada a la jurisdicción en el asunto que ocupa nuestra atención
en estas líneas, en tanto se determine con tal alcance que la naturaleza parafiscal de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social realizados por empleadores públicos al Instituto de Seguros Sociales hoy
Colpensiones luego de la promulgación de la ley 100 de 1993, impide el reconocimiento del derecho a la
pensión de vejez cuando se cumplan los requisitos legales para el efecto, por encontrarse devengando y
haberle sido reconocida una pensión de jubilación con dineros provenientes del Tesoro Público al servidor
público de sector salud cobijado con la excepción de percibir dos asignaciones del erario público (...)”
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28. En consecuencia, los reparos planteados en el escrito de tutela, a
través de las inconformidades reseñadas, se presentan como una
reiteración de los aspectos expuestos ante las autoridades a cargo del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho11 y resueltos por las
mismas.
29. Debe aclarase que las diferencias interpretativas que existieran entre
el demandante y el juez natural de la causa, no constituyen, por sí mismas,
la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del juez
ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las discrepancias
entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión
vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es
constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, pues en este contexto, este es un mecanismo
constitucional de amparo de derechos fundamentales de carácter
excepcional12.
2.2. Conclusión
30. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela es
improcedente, en tanto, los reparos alegados no revisten relevancia
constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
11 La autoridad judicial cuestionada, sobre los aspectos alegados señaló lo siguiente (se trascribe): “Sea lo
primero precisar, que el señor Jorge Iván Páez Olivares realizó sus aportes para pensión con recursos provenientes
del desempeño de dos cargos públicos de manera simultánea, mientras laboró al servicio de la E.S.E. Hospital
Erasmo Meoz de Cúcuta y en la Policía Nacional, vinculaciones concomitantes que son permitidas por la Ley 269
de 1996 al personal asistencial de salud (...)
Se destaca que la Ley 289 de 1996 se creó con la finalidad de cubrir la falta de profesionales médicos que
atendieran las necesidades del servicio esencial de salud; sin embargo, esto no quiere decir que por ello les esté
permitido recibir dos pensiones por los servicios profesionales prestados por el ejercicio simultáneo de dos cargos
públicos.
En contraposición, en vigencia de la Constitución Política y de la Ley 100 de 1993 se implementó "un sistema
integral que se acompasaba con el artículo 128 superior en el entendido de que no era posible devengar dos
prestaciones destinadas a contener el mismo riesgo de vejez". (...)
Por tanto, si el derecho pensional se consolidó en vigencia de la Ley 100 de 1993 son incompatibles dos
pensiones si amparan la misma contingencia y la fuente de financiación son las cotizaciones por los servicios
prestados en entidades públicas “pues el origen de los aportes no se desvirtúa o se transforma por el hecho de
convertirse en parafiscales”. Por el contrario, si los derechos pensionales se estructuraron en vigor del artículo 32
del Decreto 1042 de 1978 y de la Constitución Nacional de 1886, que como se explicó antes si permitía la
interpretación según la cual las dos pensiones devengadas por tiempos parciales son compatibles.
Ahora, independientemente del carácter de los recursos parafiscales alegado por el accionante, que, en todo
caso, se precisa, son de carácter público, lo sustancial en el asunto de marras es que no existe una norma
expedida por el legislador que admita percibir simultáneamente para el personal médico más de una pensión
proveniente de su labor en el servicio público, por lo que no resulta procedente reconocer una pensión de
jubilación como la que aquí depreca el demandante.”
12 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659
de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
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Accionante: Jorge Iván Páez Olivares
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección B
Decisión: Declara improcedente
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RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Jorge Iván Páez Olivares, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma, deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal
fin13.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
13 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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