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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05743-00

Fecha
16 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05743-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por la señora Daniela Zuluaga Guerra en contra del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia y el Consejo Superior de la Judicatura- Unidad Administrativa de Carrera Judicial, acorde con las razones explicadas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05743-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

16 de diciembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05743-00
Accionante: Daniela Zuluaga Guerra

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05743-00
Accionante: DANIELA ZULUAGA GUERRA
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando no se ha
hecho uso de los medios ordinarios establecidos en la ley
para demandar los actos cuestionados y tampoco se
demuestra la existencia de un perjuicio irremediable.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Daniela
Zuluaga Guerra contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia
• Chocó y el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de Carrera Judicial.

1.- SÍNTESIS DEL CASO

La accionante, actuando en causa propia, promovió acción de tutela
contra el Consejo Seccional de la Judicatura Antioquia - Chocó y el
Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que fueran protegidos sus
derechos fundamentales “a la igualdad, debido proceso, principio de
confianza legítima, buena fe, seguridad jurídica”, para lo cual formuló las
siguientes pretensiones:

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05743-00
Accionante: Daniela Zuluaga Guerra

“[…] Se ordene al Consejo Seccional de la Judicatura Antioquia –
Chocó, conceptúe favorablemente mi traslado del Juzgado 11 al 22
Laboral del Circuito de Medellín, circunscribiéndose exclusivamente
a revisar el advenimiento de las condiciones previstas por el artículo
134 de la Ley 270 de 1996, para efectos de calificar de aceptable o
no la respectiva petición, concretando así mi derecho de raigambre
constitucional.

Así mismo, en virtud del principio de igualdad, debido proceso y
seguridad jurídica, solicito conceptúen mi solicitud de traslado
horizontal, tal y como lo hicieron en su momento con los empleados
Jesús Enrique Muñoz Serna, Marcela María Mejía Mejía, Alexandra
Navas Sanabria y muchos más, a quienes no se les exigió calificación
alguna, tal y como se observa en los anexos que se allegan con la
presente acción constitucional, además solicito se ordene al Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia que exhiban y aporten los
actos administrativos por medio de los cuales resolvieron dichas
solicitudes de traslado y los documentos que los empleados Jesús
Enrique Muñoz Serna, Marcela María Mejía Mejía, Alexandra Navas
Sanabria y Julieth Cristina Porras González presentaron al momento
de solicitar traslado horizontal ante el Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia.

Por lo tanto, solicito no se tenga[n] en cuenta los numerales décimo
octavo, ni décimo noveno del [A]cuerdo PCSJA17-10754, para
conceptuar mi solicitud de traslado, teniendo en cuenta la nulidad
declarada por el Consejo de Estado sobre dicho articulado y el deber
de las autoridades administrativas de acatar el precedente
jurisprudencial del Consejo de [E]stado […].

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante informó que ingresó a la Rama Judicial el 4 de junio de
2012 y ocupó el cargo de escribiente de circuito en diferentes despachos
judiciales.

Agregó que se desempeñó como auxiliar judicial I del Tribunal Superior
de Medellín – Sala Laboral, y en varias oportunidades como secretaria de
circuito del Juzgado 11 Laboral de Medellín, así como juez de circuito
encargada del 10 de agosto de 2018 al 31 de agosto de 2018.

Explicó que en el marco de la convocatoria 4 de la Rama Judicial, se
posesionó el 1 de marzo de 2022 como oficial mayor en propiedad y en
2
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Accionante: Daniela Zuluaga Guerra

la actualidad ocupa el cargo de oficial mayor del Juzgado 22 Laboral del
Circuito de Medellín en provisionalidad, cargo para el cual solicitó el
traslado, pero le fue negado.

Aludió que se desempeñó de manera ininterrumpida desde el 28 de
agosto de 2019 como oficial mayor del Juzgado Once Laboral del Circuito
de Medellín y, aunque su cargo en propiedad fuera el de escribiente de
circuito, ejerció las funciones de oficial mayor e incluso la de juez, por lo
que fueron las que se le calificaron.

Señaló que presentó solicitud de traslado y el Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia, mediante la Resolución nro. CSJANTR- 924 del
16 de junio de 2022, emitió concepto desfavorable.

Indicó que, el anterior acto fue confirmado por el Consejo Superior de la
Judicatura, mediante la Resolución nro. CJR 22- 0390 del 22 de
septiembre de 2022.

Arguyó que los actos emitidos por el Consejo Seccional de la Judicatura
de Antioquia y por el Consejo Superior de la Judicatura desconocen sus
derechos fundamentales así como lo expuesto por la Sección Segunda del
Consejo de Estado en la sentencia emitida en el proceso con radicado nro.
11001 03 25 000 2015 01080001 (4748-15), ya que la normatividad
aplicable no exige calificación para el traslado, por lo que, acorde con lo
señalado por la precitada sentencia, ello constituye una exigencia
adicional.

Alegó que, si lo que se busca es determinar si la persona fue calificada
con un puntaje igual o superior a 60 puntos para constatar que no se trate
de un empleado que haya sido declarado insubsistente, lo único que
correspondería sería verificar dicha calificación.

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Accionante: Daniela Zuluaga Guerra

Manifestó que en el artículo 13 del Acuerdo PCSJA 17- 10754 de 2017,
claramente se exige la última evaluación de servicios en firme del cargo
y despacho respecto del cual se solicita el traslado, que es el motivo por
el que se le negó dicha solicitud, tratándose de una exigencia no
establecida en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, motivo por
el cual considera se le están conculcando sus derechos.

Mencionó que los empleados a los que hace alusión en el escrito de tutela
también presentaron solicitudes de traslado horizontal y no se les exigió
calificación de servicios ni documentos adicionales.

Expuso que “(…) no se entiende como el Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia y el Consejo Superior de la Judicatura al momento
de resolver la solicitud de traslado horizontal de los empleados antes
referenciados, no les exige calificación de servicios alguna e incluso
motivan los actos administrativos afirmando que en virtud de la sentencia
emitida en el proceso radicado 11001-03-25-000-2015-01080001(4748-
15), de la Subsección B Sección Segunda Sala de lo Contencioso
Administrativo Consejero Ponente doctor César Palomino Cortés, no es
necesario exigir dicho requisito. // No obstante, a mí sí me exigen dicha
calificación y me imponen talanqueras para lograr un traslado horizontal,
violando mis derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso,
principio de confianza legítima, buena fe, seguridad jurídica, más aún,
nunca me fue notificada la resolución por medio de la cual el Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia resolvió el recurso de reposición
que interpuse frente a la RESOLUCION No. CSJANTR22-924”.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

3.1. La tutela correspondió por reparto al Juzgado 20 Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín que mediante auto del 28 de octubre de 2022
ordenó su remisión al Consejo de Estado, lo que se verificó vía correo

4
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Accionante: Daniela Zuluaga Guerra

electrónico el 31 de octubre de 20221 y fue asignada en reparto en la
misma fecha2.

3.2. Por auto del 9 de noviembre de 2022, se admitió y dispuso notificar
al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial y al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia-
Chocó3. En el mismo proveído se denegó la medida provisional solicitada
por la parte actora4.

3.3. El presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, en
el informe remitido con destino a este proceso, expuso5:

Informó sobre las actuaciones adelantadas por el Consejo Seccional con
ocasión de la solicitud que hizo la accionante y que dicha Corporación
emitió los actos administrativos relacionados con el concepto de traslado
que hizo en el mes de junio de 2022 la señora Daniela Zuluaga Guerra,
de conformidad con el artículo 134 de la Ley 270 de 1996, modificado por
la ley 771 de 2002, y el Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura
PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de 2017, los cuales se encuentran
en firme y tienen presunción de legalidad.

Alegó que, aunque la sentencia del 24 de abril de 2020, proferida por la
Sección Segunda Subsección B de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en el radicado nro. 11001-0325-
000-2015-01080-00, declaró la nulidad parcial de los Acuerdos PSAA10-
6837 de 2010 y PCSJA17-10754 de 2017, en el sentido que la última

1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 005743 00
2
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 005743 00.
3
Esta orden se cumplió el 22 de noviembre de 2022, según consta en el índice 11 de la
Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000
2022 005743 00.
4
Visto en el índice 6 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 005743 00.
5
2022 005743 00.
5
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 005743 00.
5
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05743-00
Accionante: Daniela Zuluaga Guerra

calificación de servicios aportada por el servidor público “deberá ser igual
o superior a 80 puntos”, dicha providencia nada dijo sobre el artículo
décimo tercero del referido Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, por lo que,
a partir de la mencionada sentencia, no se puede exigir que el puntaje
mínimo de la calificación aportada por quien pretende el traslado, sea
igual o superior a ochenta puntos; sin embargo, para que sea viable el
concepto favorable de traslado, continúa procediendo el requerimiento de
la última calificación integral de servicios en firme, en el cargo y despacho
del cual se solicita el traslado, la cual debe estar ubicada en los rangos de
buena o excelente.

Indicó que la señora Daniela Zuluaga Guerra se posesionó en el cargo en
el cual tiene la propiedad como oficial mayor el día 01/03/2022, por lo
tanto, no cuenta con el período mínimo de un año de servicio para ser
calificada de conformidad con el artículo 4 del Acuerdo No. PSAA16-10618
del 7 de diciembre de 2016 - “Por medio del cual se reglamenta el sistema
de evaluación de servicios de funcionarios y empleados de carrera de la
Rama Judicial”, de manera que no pueden tenerse en cuenta las
calificaciones aportadas por la accionante en cargos diferentes, en tanto
no cumple con los requisitos establecidos por el artículo décimo tercero
del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, esto es, la evaluación de servicios
en firme respecto del cargo y despacho desde el cual solicita el traslado.

Concluyó que no han vulnerado ningún derecho a la accionante, ni
incumplido con deber legal alguno por parte de esa Corporación, además
que la accionante interpuso los recursos frente al concepto desfavorable
de traslado emitido, por lo que las actuaciones adelantadas están
revestidas de legalidad; y de estar interesada en cuestionarlas, debe
hacerlo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

6
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05743-00
Accionante: Daniela Zuluaga Guerra

3.4. La directora de la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura rindió informe en oportunidad, solicitando declarar
improcedente o negar el amparo deprecado, arguyendo6:

Que no han vulnerado los derechos invocados, puesto que la empleada
judicial no cumple con el requisito de calificación integral del cargo del
despacho desde el que solicita el traslado en los términos exigidos en el
reglamento.

Explicó que el traslado, como derecho de los servidores públicos, está
supeditado a las exigencias establecidas por el artículo 134 de la Ley 270
de 1996, modificado por la Ley 771 de 2002 y reglamentado con el
Acuerdo PCSJA 17- 10754 de 2017, que son de obligatorio acatamiento
tanto para la administración como para todos los servidores judiciales que
solicitan traslado.

Reiteró las consideraciones expuestas en el acto por medio del cual se
decidió el recurso de apelación interpuesto por la accionante en sede
administrativa y manifestó que la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo para atacar actos administrativos que por su propia naturaleza
están amparados por el principio de legalidad, como en este caso, ya que
los actos cuestionados se encuentran en firme y por lo tanto son
susceptibles de ser demandados en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, por lo que no es posible por esta vía
desplazar los mecanismos ordinarios, dado que en el medio de control se
pueden adoptar medidas de carácter inmediato previstas en la Ley 1437
de 2011, sin que en este caso se haya probado la existencia de un
perjuicio irremediable.

3.5. La tutela ingresó a despacho el 2 de diciembre de 20227.

6
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 005743 00.
7
Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 005743 00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05743-00
Accionante: Daniela Zuluaga Guerra

4.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,8 a su vez modificado por el artículo 1° del Decreto 1983
del 30 de noviembre de 2017,9 así como con fundamento en lo señalado
por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201910,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES:

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente11:

4.2.1. Mediante la Resolución CSJANTR 22-924 del 16 de junio de 2022
proferida por el vicepresidente del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia se dispuso12:

“[…] ARTÍCULO 1. CONCEPTUAR DESFAVORABLEMENTE la
solicitud de traslado de servidora de carrera, presentada por Daniela
Zuluaga Guerra, identificada con la cédula de ciudadanía (…) oficial
mayor en propiedad del Juzgado 011 Laboral del Circuito de
Medellín, Antioquia para un cargo con la misma denominación en el
Juzgado 022 del Circuito de Medellín, Antioquia, por las razones
expuestas en precedencia.

8
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
9
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela.”
10
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
11
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por las partes.
12
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 005743 00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05743-00
Accionante: Daniela Zuluaga Guerra

ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar el contenido de la presente
decisión al peticionario, indicándole que frente al presente acto
administrativo proceden los recursos de ley como lo consagra el
artículo 74 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, que podrá interponer dentro de los diez
(10) días siguientes a su notificación.

[…]”.

Para el efecto en el mencionado acto se analizó lo siguiente:

“[…] 1. Por solicitud recibida el día dos (02) de junio de 2022 en la
Secretaría de la Corporación y radicado bajo el No. EXTCSJANT22-
7327 el 09/06/2022, Daniela Zuluaga Guerra, identificada con
cédula de ciudadanía (…), solicita traslado como servidora de
carrera, del cargo de Oficial Mayor que ostenta en propiedad en el
Juzgado 011 Laboral del Circuito de Medellín, Antioquia para un
cargo de igual denominación en el Juzgado 022 Laboral del Circuito
de Medellín. Es de resaltar que la solicitante aporta calificación de
servicios del año 2021 en el cargo de escribiente en propiedad.

2. La solicitud de traslado se fundamenta en los artículos 134 y en el
numeral 6º del 152 de la Ley 270 de 1996, modificados por el
numeral 3° del art. 1° de la Ley 771 de 2002 y reglamentados por
el Acuerdo No. PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de 2017 “Por
el cual se compilan los reglamentos de traslados de los servidores
judiciales y se dictan otras disposiciones en la materia", proferido
por Consejo Superior de la Judicatura.

3. El artículo 134 de la ley 270 de 1996-Estaturia de la
Administración de Justicia, modificado por la ley 771 de 2002, señala
que: “Traslado. Se produce traslado cuando se provee un cargo con
un funcionario o empleado que ocupa en propiedad otro de funciones
afines, de la misma categoría y para el cual se exijan los mismos
requisitos, aunque tengan distinta sede territorial. Nunca podrá
haber traslados entre las dos Salas de los Consejos Seccionales de
la Judicatura”.

4. El numeral tercero del artículo 134 citado, determina que proceden
los traslados “… cuando lo solicite un servidor público de carrera para
un cargo que se encuentre vacante en forma definitiva, evento en el
cual deberá resolverse la petición antes de abrir la sede territorial
para la escogencia de los concursantes".

5. Mediante la Sentencia C-295 de 2002, la Corte Constitucional
declaró exequible la adición introducida al numeral 3° del artículo
134 de la Ley 270 de 1996, por la Ley 771 de 2002, determinando
que ante las solicitudes de traslado para una vacante definitiva,
deberán existir elementos objetivos para la selección del servidor
que podrá ser beneficiado con el traslado, basados en las
condiciones de ingreso a la carrera judicial y en los resultados de las
evaluaciones en el desempeño de la función de cada uno de los
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solicitantes. de acuerdo con los mecanismos establecidos en la Ley
Estatutaria.

6. Los artículos Décimo Segundo y Décimo Tercero del Acuerdo
PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de 2017 expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura, reglamentan la solicitud y el
trámite de las peticiones de traslado de servidores de carrera,
igualmente, en los artículos Décimo Séptimo, Décimo Octavo,
Décimo Noveno y Vigésimo del citado Acuerdo disponen las normas
comunes aplicables a los traslados, norma que fue objeto de nulidad
parcial de conformidad con la sentencia del 24 de abril de 2020,
proferida por la Sección Segunda Subsección B de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con Ponencia del
Consejero CÉSAR PALOMINO CORTÉS. Radicado 11001-0325-000-
2015-01080-00, en el siguiente sentido, “la nulidad del articulo
décimo noveno. en el aparte que precisa que la última calificación
de servicios aportada por el Servidor Público "deberá ser igual o
superior a 80 puntos”: del Acuerdo PSAA10-8837 de 2010 Por el cual
se reglamentan los traslados de los servidores judiciales”, expedido
por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Y
"declaró la nulidad de los artículos décimo octavo y décimo noveno
del Acuerdo POSJA17-10754 de 2017 “Por el cual se compilan los
reglamentos de traslados de los servidores judiciales y se dictan
otras disposiciones en la materia", expedido por el Consejo Superior
de la Judicatura, que trataba sobre la verificación de la evaluación
de servicios en el artículo décimo octavo, y sobre la acreditación de
la documentación que debía acompañar las peticiones de traslado
para determinar su viabilidad, en el artículo décimo noveno.

7. De las normas antes citadas emergen como presupuestos para la
viabilidad del traslado de servidora de carrera, los siguientes:

a) Petición de traslado para proveer un cargo que se encuentra en
vacancia definitiva. Consentimiento expreso de la interesada.

b) Que el cargo al cual se solicita el traslado tenga funciones afines,
la misma categoría y especialidad y que se exijan para su
desempeño iguales requisitos.

c) Que el solicitante haya obtenido calificación integral de servicios
en firme, en el cargo y despacho del cual solicita el traslado, con
un puntaje superior a sesenta (60) puntos.

8. De acuerdo con lo anterior, esta Corporación evidencia que la
petición de Daniela Zuluaga Guerra, no es procedente en razón a
que no aportó con su solicitud de traslado la última calificación de
servicios en firme, emitida por el Despacho Judicial donde ostenta la
propiedad como oficial mayor, esto es, Juzgado 011 Laboral del
Circuito de Medellín, Antioquia.

Es de anotar que la solicitante se posesionó en el cargo en el cual
tiene la propiedad como oficial mayor el día 01/03/2022, por lo
tanto, no cuenta con el periodo mínimo de un (1) año de servicio
para ser calificado de conformidad con el artículo cuatro del Acuerdo

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05743-00
Accionante: Daniela Zuluaga Guerra

No. PSAA16-10618 del 7 de diciembre de 2016 – “Por medio del cual
se reglamenta el sistema de evaluación de servicios de funcionarios
y empleados de carrera de la Rama Judicial".

Por lo tanto, conforme a lo decidido y aprobado en sesión ordinaria
de este Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia de dieciséis
(16) de junio de dos mil veintidós (2022), se emite concepto
desfavorable a la solicitud presentada por Daniela Zuluaga Guerra,
oficial mayor en propiedad del Juzgado 011 Laboral del Circuito de
Medellín, Antioquia, quien pretende un traslado para un cargo con la
misma denominación en el Juzgado 022 Laboral del Circuito de
Medellín, Antioquia.

[…]”. (subrayas originales)

4.2.2. A través de la Resolución CJR22-0390 del 22 de septiembre de
2022 expedida por la directora de la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura dispuso13:

“[…] ARTÍCULO 1. CONFIRMAR el concepto desfavorable de
traslado como servidor de carrera emitido por el Consejo Seccional
de la Judicatura de Antioquia, mediante oficio CSJANTR22-924 del
16 de junio de 2022, a la solicitud de traslado de la señora DANIELA
ZULUAGA GUERRA, identificada con la cédula de ciudadanía (…)
oficial mayor del Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, por
las razones expuestas en la parte motiva.

ARTÍCULO 2. Contra la presente resolución no procede ningún
recurso.

ARTÍCULO 3. NOTIFICAR la presente decisión a la señora
DANIELA ZULUAGA GUERRA, identificada con (…) oficial mayor del
Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, a través del correo
electrónico suministrado para tal fin, en los términos previstos en
los artículos 56 y 67-1 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 4. REMITIR copia de la presente decisión al Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia, a través del correo
institucional para su conocimiento y fines pertinentes.

[…]”.

Para decidir en el sentido indicado analizó lo siguiente:

“[…] El problema jurídico a resolver se concreta en determinar, si se
encuentra ajustado a derecho el concepto desfavorable de traslado
como servidora de carrera emitido por el Consejo Seccional de la

13
Visto en los índices 2 y 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 005743 00.

11
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05743-00
Accionante: Daniela Zuluaga Guerra

Judicatura de Antioquia, mediante oficio CSJANTR22-924 de 16 de
junio de 2022, sustentado en que la servidora judicial no aportó la
última evaluación en firme del cargo y despacho desde el cual
solicitó el traslado en los términos del Acuerdo PCSJA17-10754 de
2017.

El traslado, como derecho de los servidores en carrera judicial, se
encuentra supeditado al cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 134 de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 771
de 2002 y reglamentado en el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, de
obligatorio acatamiento tanto para la administración como para
todos los servidores judiciales que solicitan traslado, por tratarse de
normas de carácter general, impersonal y abstracto, que gozan de
presunción de legalidad.

De esta forma, el concepto emitido, corresponde al ejercicio de una
función reglada, por tanto a la aplicación estricta de las normas
legales y reglamentarias que rigen la materia; y se circunscribe a
valorar todos los presupuestos necesarios para la emisión de
concepto favorable de traslado en los términos requeridos en el
reglamento vigente al momento de la presentación de la solicitud;
de tal manera que, frente a la petición se emite el correspondiente,
concepto previo, aun cuando la decisión de conceder o no el
traslado, le corresponde a la respectiva autoridad nominadora y, en
caso favorable, al servidor judicial, aceptar la designación.

La evaluación del cumplimiento de los requisitos para la procedencia
del traslado, tiene como finalidad, garantizar el adecuado
funcionamiento del servicio público de administración de justicia, y
el respeto de las condiciones de ingreso requeridas, en igualdad de
condiciones, tanto para quienes integran el registro de elegibles,
como para quienes aspiran a un traslado, prevaleciendo el interés
general sobre el particular.

La referida normativa recoge los principios y posiciones expresados
por la Corte Constitucional en Sentencia C-295 de 2002, cuando
estudió la exequibilidad de la Ley 771 de 2002, determinando que
ante las solicitudes de traslado para una vacante definitiva, deberán
existir elementos objetivos para la selección del servidor que podrá
ser beneficiado con el traslado, basados en las condiciones de
ingreso a la carrera judicial y en los resultados de las evaluaciones
en el desempeño de la función de cada uno de los solicitantes, de
acuerdo con los mecanismos establecidos en la Ley Estatutaria.

En relación con los factores objetivos, el artículo décimo tercero del
Acuerdo PCSJA17- 10754 prescribe:

“ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Evaluación y concepto.
Presentada la solicitud, la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial, o el Consejo Seccional de la Judicatura,
según sea la competencia, efectuará la evaluación sobre la
situación del solicitante, teniendo en cuenta entre otros
criterios la última evaluación de servicios en firme respecto
del cargo y despacho desde el cual solicita el traslado.

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Accionante: Daniela Zuluaga Guerra

Por su parte, el Acuerdo PSAA16-10618 del 2016 que reglamenta la
calificación de servicios de los servidores judiciales, señala lo
siguiente:

“ARTÍCULO 4. Periodicidad.
(…)

El período de calificación para magistrados estará
comprendido entre el primero (1) de enero del primer año y
el treinta y uno (31) de diciembre del segundo año y para
jueces y empleados estará comprendido entre el primero (1)
y el treinta y uno (31) de diciembre del respectivo año. La
consolidación de todos los factores que la integrán se hará a
más tardar el último día hábil del mes de agosto del año
siguiente a la finalización del período anual o bienal,
respectivamente (…).

Artículo 5. Período mínimo de evaluación. Para efectos de
establecer el período mínimo de evaluación, se tendrán en
cuenta las siguientes reglas:

Será sujeto de evaluación el servidor judicial que estuviere en
el cargo por un tiempo superior a tres (3) meses.

Artículo 8. Efectos de la calificación integral de servicios. La
calificación integral de servicios tiene efectos para:

(…)

f. Evaluar la procedencia o improcedencia de los traslados (…).

Al revisar los antecedentes del acto administrativo recurrido, se
verificó que la señora DANIELA ZULUAGA GUERRA:

• Desde el 27 de agosto de 2019 al 28 de febrero de 2022, se desempeñó
como escribiente grado nominado, en propiedad, en el Juzgado Veintidós
Laboral de Medellín; sin embargo, durante ese lapso en diferentes
ocasiones laboró como oficial mayor, en provisionalidad, en el Juzgado
Once Laboral de Medellín.

• Desde el 1° de marzo de 2022 a la fecha, ocupa el cargo de oficial mayor,
en propiedad, en el Juzgado Once Laboral de Medellín.
• Ahora bien, la recurrente con la solicitud de traslado de 2 de junio de 2022
allegó:
• La calificación de servicios del cargo de escribiente grado nominado, por
el periodo comprendido entre el 9 de abril de 2021 y el 31 de agosto de
2021, efectuada el 21 de abril de 2022, suscrita por el Juez Carlos Andrés
Velásquez Urrego.

• La calificación de servicios del cargo de escribiente grado nominado, por
el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2021 y el 31 de diciembre
de 2021, efectuada el 29 de abril de 2022, suscrita por el director del
Juzgado Once Laboral de Medellín.

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Así las cosas, las calificaciones allegadas, no puede ser tenidas en
cuenta, toda vez que los formatos aportados no cumplen con lo
establecido en el artículo 4º del Acuerdo PSAA16-10618 de 2016,
que reglamenta la calificación de los empleados de la Rama Judicial
para el año 2017 y siguientes, en el cual se establece que la
calificación debe ser emitida por el nominador del despacho en el
que se ostenta la propiedad y desde el cual solicita el traslado o
consolidada por este último, respecto del cargo que ocupa
actualmente en propiedad, a más tardar el último día hábil del mes
de agosto del año siguiente a la finalización del período.

Por tanto, como la solicitud traslado es de oficial mayor del Juzgado
Once Laboral del Circuito de Medellín al mismo cargo en el Juzgado
Veintidós Laboral de Medellín, lo que corresponde es realizar una
sola calificación por el periodo completo, del 1° de enero de 2022 al
31 de diciembre de 2022, la cual debe ser consolidada y emitida por
el despacho desde el cual se solicita el traslado como servidora de
carrera, una vez finalice el presente año como lo prevé el artículo
décimo tercero del Acuerdo PCSIA17-10754 de 2017.

Con relación al requisito de la calificación integral de servicios y la
aplicación de la sentencia de nulidad proferida por el Consejo de
Estado el 24 de abril de 2020 dentro del proceso con radicado
110010325000201501080001, se advierte que, si bien es cierto la
sentencia referida declaró la nulidad del artículo décimo octavo del
Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017 que exigía que en los traslados
como servidor de carrera, por razones del servicio y recíprocos, el
servidor judicial se debía haber logrado en la última evaluación de
servicios en firme una calificación igual o superior a 80 puntos,
también lo es que la exigencia de la última evaluación integral de
servicios del cargo y despacho desde el cual se solicita el traslado
está contemplada en el artículo undécimo del referido Acuerdo, que
establece que, presentada la solicitud, la Unidad de Administración
de la Carrera Judicial, o el Consejo Seccional de la Judicatura según
sea la competencia, efectuará la evaluación sobre la situación del
solicitante, teniendo en cuenta entre otros criterios la última
evaluación de servicios en firme respecto del cargo y despacho
desde el cual se solicita el traslado, disposición que se encuentra
vigente, goza de presunción de legalidad y no ha sido suspendida o
anulada por la autoridad competente y por tanto es exigible.

Ahora bien, el argumento anteriormente expuesto fue avalado por
el Consejo de Estado en un caso similar al aquí estudiado, en la
sentencia de tutela proferida el 4 de febrero de 2021, con ponencia
del Consejero Julio Roberto Piza Rodríguez, dentro del proceso con
número de radicado 11001-03-15-000-2020-05062 en el que
precisó:

“La Sala estima que los actos administrativos acusados no
desconocieron el precedente judicial contenido en la sentencia
del 24 de abril de 2020, pues, como se vio, sí tuvo en cuenta
que en esa decisión se declaró la nulidad del artículo 18 del
Acuerdo PCSJA1710754 de 2017, norma que requería la

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calificación de servicios en un puntaje igual o superior a 80
puntos, como requisito para traslados por razones del
servicio. Sin embargo, estimó que esa decisión no incidía en
el caso objeto de estudio, en el que el requisito de la
evaluación de servicios estaba en el artículo 13 del citado
Acuerdo, norma que está vigente.

6.8. Para la Sala, la anterior interpretación es razonable
y no vulnera derechos fundamentales, más aún si se
tiene en cuenta que en la sentencia del 24 de abril de
2020 se precisó que el requisito de un puntaje mínimo
en la calificación de servicios desbordaba lo previsto en
el artículo 134 de la Ley 270 de 1992. Es decir, el
reproche recayó específicamente respecto del puntaje
que se exigió en los Acuerdos reglamentarios, mas no
de la evaluación misma, como se desprende de la parte
resolutiva de la decisión, en la que respecto del artículo 19 del
Acuerdo PSAA10-6837 de 2010, únicamente se declaró la
nulidad del aparte referente a “que deberá ser igual o superior
a 80 puntos”, no así de lo relativo a que “el servidor deberá
aportar la última calificación de servicios en firme”.

6.9. Y es que como bien se consideró en los actos objeto de
tutela, la Corte Constitucional (Sentencia C-292 de 2002)
estimó que uno de los criterios objetivos para emitir el
concepto de favorabilidad del traslado, es justamente el de la
evaluación. Luego, el hecho de que se declare la nulidad
de un artículo que exige un puntaje mínimo en la
calificación de servicios para que se proceda al traslado
no incide en aquel que requiere la misma calificación
(sin exigir puntaje) como requisito que permita el
traslado de carrera con base al mérito.

6.10. Conforme con lo anterior, la Sala no encuentra que los
actos objeto de tutela vulneren de manera flagrante los
derechos fundamentales invocados por la actora. De modo
que no se advierte como urgente la intervención del juez de
tutela. Lo anterior sin perjuicio de las demás acciones legales
que la demandante estime pertinentes interponer (…)”.
(resaltado propio)

(…)

Así mismo, es necesario destacar que como se indicó en
precedencia, la sentencia de nulidad proferida por el Consejo de
Estado el 24 de abril de 2020 dentro del proceso con radicado
11001032500020151080001, declaró la nulidad del artículo décimo
octavo del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, por lo cual no es
posible aplicar la hipótesis prevista en el parágrafo 1 y en
consecuencia, no puede tenerse en cuenta la calificación de servicios
proveniente del cargo que desempeñó la recurrente en
provisionalidad […]”. (negrillas y subrayas originales)

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Accionante: Daniela Zuluaga Guerra

4.2.3. Se aportó copia del “formato de calificación integral de servicios de
empleados con funciones jurídicas, Acuerdo PSAA16-10618 de 2016”, de
la señora Daniela Zuluaga Vega, en el cargo de escribiente nominado de
carrera, donde consta que ocupaba en provisionalidad el cargo de oficial
mayor en el Juzgado 11 Laboral del Circuito de Medellín. El período
evaluado fue del 01 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021
y se le hizo la evaluación de servicios el 29 de abril de 2022 con un puntaje
total de 90 puntos, calificada como satisfactoria14.

4.2.4. Según acta de posesión aportada al expediente, se acredita que en
la fecha del 19 de mayo de 2022 la señora Daniela Zuluaga Guerra tomó
posesión en el cargo de oficial mayor en provisionalidad a partir de la
misma fecha en el Juzgado 22 Laboral del Circuito de Medellín15.

4.2.5. Se aportaron copias de la Resoluciones números CSJANTR22-6 del
5 de enero de 2022; CSJANTR22-924 del 16 de junio de 2022;
CSJANTR21-761 del 17 de junio de 2021; CSJANTR20-436 del 21 de
agosto de 2020; CSJANTR21-1300 del 24 de septiembre de 2021;
CSJANTR22-6 del 5 de enero de 2022, mediante las cuales el Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia emitió concepto favorable de unas
solicitudes de traslado de empleados judiciales.

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

La parte actora solicita el amparo de sus derechos fundamentales que
estima le han sido conculcados por las autoridades accionadas al expedir
las Resoluciones números CSJANTR22-924 del 16 de junio de 2022 y
CJR22-0390 del 22 de septiembre de 2022, mediante las cuales emitieron
concepto desfavorable para su traslado como servidora de carrera en el

14
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 005743 00.
15
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 005743 00.
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cargo de oficial mayor del Juzgado 11 Laboral del Circuito de Medellín al
Juzgado 22 Laboral del mismo Circuito Judicial de Medellín.

Sobre el particular, la Sala advierte que el artículo 86 de la Constitución
Política establece que la acción de tutela sólo procede cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable16.

Por su parte, de conformidad con lo previsto por el artículo 6 del Decreto
Ley 2591 de 1991:

“[…] La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada
en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en
que se encuentra el solicitante […]”. (Se destaca)

En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha explicado
que, por regla general, la acción de tutela no procede para controvertir la
validez ni la legalidad de los actos administrativos, en razón a que la
naturaleza residual y subsidiaria de este mecanismo constitucional
impone al ciudadano la carga razonable de acudir previamente, a través
de los respectivos medios de control, ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, con el fin de solucionar los conflictos con la administración
y proteger los derechos de las personas17, y que “(…) el requisito de
subsidiariedad exige que el peticionario despliegue de manera diligente
los medios judiciales que estén a su disposición, siempre y cuando ellas
sean idóneas y efectivas para la protección de los derechos que se
consideran vulnerados o amenazados. Ha sostenido también que una
acción judicial es idónea cuando es materialmente apta para producir el

16
Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
17
Corte Constitucional. Sentencia T – 260 del 6 de julio de 2018. M.P.: Alejandro Linares
Cantillo.
17
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efecto protector de los derechos fundamentales, y es efectiva cuando está
diseñada para brindar una protección oportuna a los derechos
amenazados o vulnerados”18.

Así mismo, la Corte ha indicado que “la acción de tutela no es procedente,
en general, para controvertir actos administrativos, toda vez que las
discrepancias suscitadas por la aplicación o interpretación de los mismos,
deben ser dirimidas a través de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. Sin embargo, se ha aceptado la procedencia excepcional
de la acción de tutela contra los actos administrativos, si del contenido de
los mismos deviene una vulneración de los derechos fundamentales o la
amenaza de la ocurrencia de un perjuicio irremediable, de tal magnitud
que obligue a protegerlos de manera urgente”19. (se destaca)

En el caso concreto, la Sala observa que la solicitud de amparo no cumple
con el requisito de subsidiariedad, comoquiera que lo cuestionado se trata
de los actos administrativos expedidos por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia y por la Unidad de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura, mediante los cuales se emitió concepto
desfavorable para el traslado horizontal de la accionante, de modo que,
contra los mismos, procede el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto por el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en
donde, además, puede solicitar la aplicación de las medidas cautelares
urgentes e inmediatas que estime necesarias.

Al efecto, esta Sección ha señalado20:

18
Corte Constitucional, sentencia T – 260 de 2018, M.P.: Alejandro Linares Cantillo,
Expediente T-6.475.24.
19
Corte Constitucional. Sentencia T - 492 del 28 de junio de 2012. M.P.: Nilson Pinilla
Pinilla.
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 14 de octubre de 2021. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación
nro. 11001 03 15 000 2021 06518 00. Accionado: Consejo Superior de la Judicatura.
Unidad de Administración de Carrera Judicial.
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“[…] tal como lo ha sostenido esta Sección21, “con la expedición la Ley
1437 de 18 de enero de 2011, ya no es aceptable el argumento según
el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni oportunos
para la protección de los derechos presuntamente conculcados en
casos como el estudiado”22.

Lo anterior en consideración a que “la mencionada normativa además
de darle celeridad a los procesos al consagrar la oralidad en los
mismos, contiene diferentes herramientas jurídicas que
permiten solicitar, entre otras cosas, las medidas cautelares
incluso de urgencia23, como la suspensión provisional de los
efectos del acto administrativo o del procedimiento hasta tanto
se defina la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción
de una decisión administrativa; impartir órdenes o imponerle
obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes, las cuales
demuestran la efectividad del procedimiento ordinario cuando
se advierte una situación apremiante que necesite ser
remediada incluso antes de que se profiera una decisión
definitiva”24.

[…]”. (negrillas originales)

En cuanto al perjuicio irremediable, la jurisprudencia constitucional ha
explicado que, para que tenga esa connotación, debe cumplir con las
características de inminente, grave, urgente y las medidas a adoptar
impostergables, así25:

“[…] el daño debe ser inminente, es decir que está por suceder en
un tiempo cercano, a diferencia de la mera expectativa ante un
posible menoscabo. Este presupuesto exige la acreditación
probatoria de la ocurrencia de la lesión en un corto plazo que
justifique la intervención del juez constitucional. Es importante
resaltar que la inminencia no implica necesariamente que el
detrimento en los derechos este consumado. Asimismo, indicó que
las medidas que se debían tomar para conjurar el perjuicio
irremediable deben ser urgentes y precisas ante la posibilidad de

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 1 de marzo de 2018, expediente número 52001-23-33-000-2017-00626-01, C.P.
María Elizabeth García González.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 24 de junio de 2021, expediente número 110010315000202102428-00, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez.
23
Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud
y sin previa notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una
medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que,
por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta
decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada deberá
comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que
así lo decrete.
24
Ibidem.
25
Corte Constitucional. Sentencia T – 471 del 19 de julio de 2017. M.P.: Gloria Stella
Ortiz Delgado.
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un daño grave evaluado por la intensidad del menoscabo material
a los derechos fundamentales de una persona. En esa oportunidad,
la Corte señaló que la gravedad del daño depende de la importancia
que el orden jurídico le concede a determinados bienes bajo su
protección.

Finalmente estableció que la acción de tutela debe
ser impostergable para que la actuación de las autoridades y de
los particulares sea eficaz y pueda asegurar la debida protección de
los derechos comprometidos […]”.

En este evento la parte actora solo alegó la ocurrencia de un perjuicio
irremediable como sustento para pedir como medida provisional se
ordenara al Juez Veintidós Laboral del Circuito de Medellín se abstuviera
de realizar nombramientos en propiedad en el cargo de oficial mayor que
estaba vacante en dicho el Juzgado hasta tanto se resolviera la presente
acción constitucional y quedara en firme el fallo correspondiente, teniendo
en cuenta que ya había agotado los recursos procedentes en sede
administrativa contra la resolución nro. CSJANTR22-924 emitida por el
Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia; medida que fue
denegada en el auto que admitió la acción de tutela, en donde se explicó
que lo pretendido se traduciría en desconocer por esta vía el derecho que
les asiste a quienes conforman la lista de elegibles para proveer en
propiedad el cargo que desempeña la accionante y el hecho de que se
utilice la lista o que se provea un traslado horizontal no implica per se no
equivale a una amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales.

Por consiguiente, como lo pretendido por la actora es cuestionar los actos
administrativos emitidos por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia y por el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Carrera
Judicial, mediante los cuales emitieron concepto desfavorable para su
traslado en propiedad en el cargo de oficial mayor del Juzgado 11 Laboral
del Circuito Judicial de Medellín al Juzgado 22 Laboral del Circuito de
Medellín, Antioquia, la acción deviene improcedente, dado que se trata de
un mecanismo excepcional que no desplaza los medios ordinarios de
defensa judicial establecidos por el legislador para controvertir la
legalidad de los actos administrativos.
20
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Corolario de lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela por no cumplir el requisito de la subsidiariedad
y no estar acreditado el perjuicio irremediable.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada
por la señora Daniela Zuluaga Guerra en contra del Consejo Seccional de
la Judicatura de Antioquia y el Consejo Superior de la Judicatura- Unidad
Administrativa de Carrera Judicial, acorde con las razones explicadas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
21
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05743-00
Accionante: Daniela Zuluaga Guerra

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

22
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