Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-05744-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-05744-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2022-05744-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
1 de diciembre de 2022
Demandante: Bigfoot Colombia S.A.S.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección “B” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05744-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., primero (1º) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05744-00
Demandante: BIGFOOT COLOMBIA S.A.S.
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN CUARTA, SUBSECCIÓN “B”
Tema: Tutela de fondo - mora judicial – acción de tutela contra actos
administrativos.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por la sociedad Bigfoot
Colombia S.A.S. contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección “B” y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),
de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La sociedad Bigfoot Colombia S.A.S., a través de apoderado judicial, presentó
acción de tutela1 contra el “Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta,
Subsección B, y (ii) la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN”, con
el fin de que se protejan sus derechos fundamentales “del acceso efectivo a la
administración de justicia, y al trabajo en conexidad con libertad económica”.
Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión de
la tardanza en resolver la medida cautelar presentada ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por la parte actora
contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN), que
se identifica con el número de radicado 25000-23-37-000-2020-00212-00.
1 Con escrito presentado el 28 de octubre de 2022, a través del correo
tutelaenlinea3@deaj.ramajudicial.gov.co y reenviado en la misma fecha la Secretaría General del
Consejo de Estado.
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Demandante: Bigfoot Colombia S.A.S.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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Así mismo, señaló que la DIAN también trasgredió sus derechos, comoquiera que
adelantó “un proceso de cobro coactivo por presuntas obligaciones que se originaron
como consecuencia de un fraude del que fue víctima la Accionante (sic), y haber
decretado y practicado medidas preventivas de embargo sobre cuentas bancarias por
valor de $43.404.979.000”.
1.2. Pretensiones
La parte accionante presentó las siguientes:
“A. Tutelar los derechos fundamentales de BIGFOOT COLOMBIA S.A.S., a la tutela
judicial efectiva, al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia,
derechos fundamentales conculcados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Cuarta, Subsección B, al omitir evaluar y resolver la solicitud de medida
cautelar de suspensión provisional de urgencia, radicada desde el pasado 18 de
agosto de 2020, en el proceso con radicado número 25000233700020200021200
(Anexos 11 y 12).
B. En consecuencia, como medida provisional para proteger un derecho, solicito
respetuosamente a su Honorable Despacho se sirva declarar la suspensión provisional
de los Actos Administrativos proferidos dentro del proceso de cobro coactivo por parte
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Anexos 3, 4 y 21), incluyendo la
Resolución de embargo No. 20220225007247 del 11 de octubre de 2022 (Anexo 15) y
el Comunicado No. 1-32-201-274-4904-2 del 14 de octubre de 2022 (Anexo 7).
C. Subsidiariamente, y solo en caso de no decretarse la medida cautelar de
suspensión provisional solicitada en el literal B., anterior, insto respetuosamente al
Honorable Despacho le ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a que en
un término oportuno y perentorio, resuelva la solicitud de medida cautelar de urgencia
incoada por la Compañía el 18 de agosto de 2020, en el proceso con radicado número
25000233700020200021200 y decrete consecuencialmente la suspensión provisional
de los Actos Administrativos expedidos en el proceso de cobro coactivo.
D. Subsidiariamente, y solo en caso de no decretarse la medida cautelar de
suspensión provisional solicitada en el literal B., anterior, solicito al Honorable Juez de
Tutela se sirva tutelar el derecho a la libertad de empresa en conexidad con el derecho
fundamental al trabajo, desconocido por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, al decretar y practicar un embargo sobre los depósitos bancarios de la
Compañía, con fundamento en un título ejecutivo imbuido de falsedad. En
consecuencia, ruego proceder a revocar la Resolución de embargo No.
20220225007247 del 11 de octubre de 2022, ordenar la suspensión del proceso de
cobro coactivo y abstenerse de ejecutarlo hasta que se resuelta definitivamente el
proceso judicial que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B, bajo el radicado número 25000233700020200021200”.
1.3. Hechos
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
Informó que el 29 de noviembre de 2019, la DIAN libró el mandamiento de pago
No. 20190302008392 con cargo a Bigfoot Colombia S.A.S. por la suma de
$10.115.653.000, con fundamento en presuntas obligaciones pendientes de pago
relacionadas con el impuesto sobre la renta del período gravable 2012 y con el
impuesto sobre las ventas del sexto bimestre de ese mismo año.
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Indicó que mediante Resolución No. 201902250108222 del 16 de diciembre de
2019, la DIAN ordenó el embargo de las sumas de dinero depositadas en sus
cuentas bancarias.
Expuso que el 20 de diciembre de 2019, solicitó la revocatoria o suspensión tanto
del mandamiento de pago, como de la medida cautelar de embargo ordenada por
la DIAN, al considerar que existió una falsedad en la declaración tributaria en la
que la entidad sustenta tales actuaciones.
Señaló que el 8 de enero de 2020, presentó las excepciones en contra del
mandamiento de pago, las cuales fueron resueltas por la DIAN mediante
Resolución No. 20200313000007 de 11 de febrero de 2020, en la que declaró
probadas aquellas propuestas frente al impuesto sobre las ventas del sexto
bimestre de 2012 y negó las relacionadas con la obligación del impuesto sobre la
renta del período gravable 2012. Como consecuencia, ordenó continuar con la
ejecución en contra de la empresa.
Explicó que el 1° de julio de 2020, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, a través del cual pretendió la
declaratoria de nulidad de la Resolución No. 20200313000007 del 11 de febrero
de 2020, proceso que fue asignado a la Subsección “B” de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se identificó con el radicado No.
25000-23-37-000-2020-00212-00.
Manifestó que el 18 de agosto de 2020, previo a la admisión de la demanda,
solicitó como medida cautelar la suspensión provisional de los siguientes actos: (i)
mandamiento de pago No. 20190302008392 de 29 de noviembre de 2019; (ii)
Resolución No. 201902250108222 de 16 de diciembre de 2019, por medio de la
cual se ordenó el embargo de unas sumas de dinero; y (iii) Resolución
20200313000007 de 11 de febrero de 2020.
Alegó que el 11 de octubre de 2022, la DIAN profirió la Resolución No.
20220225007247, por la cual ordenó el embargo de unas sumas de dinero a
nombre de Bigfoot Colombia S.A.S. por el valor de $43.404.979.000. En
consecuencia, el 19 de octubre de ese año, el BBVA le informó que la DIAN le
comunicó la decisión contenida en la referida resolución.
Explicó que el 21 de octubre de 2022, radicó un impulso procesal ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, con el fin que
se resolviera la medida cautelar de urgencia radicada desde el 18 de agosto de
2020. No obstante, indicó que a la fecha de presentación de esta acción
constitucional la autoridad judicial accionada no se había pronunciado.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La sociedad Bigfoot Colombia S.A.S. consideró vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
tutela judicial efectiva, con ocasión de la demora injustificada en resolver la
medida cautelar presentada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado bajo el radicado número 25000-23-37-000-2020-00212-00.
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Al respecto, precisó que han trascurrido 2 años y 2 meses desde que radicó la
solicitud, sin que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección “B” se haya pronunciado, situación que implica un perjuicio
irremediable para la compañía.
Lo anterior, comoquiera que, de no decretarse la suspensión de los actos
administrativos, la DIAN puede continuar con el infundado proceso de embargo
sobre las sumas de la empresa, las cuales constituyen la fuente de pago no solo
de las 370 personas vinculadas a la compañía a través de contratos de trabajo,
sino de los proveedores. Además, implicaría que Bigfoot Colombia S.A.S. se
encontrara imposibilitada de continuar ejecutando su objeto social, lo que deriva
en una restricción al derecho de libertad de empresa.
De otro lado, alegó que la vulneración por parte de la DIAN se concretó el 14 de
octubre de 2022, con el embargo decretado por la suma de $43.404.979.000, pues
este se practicó con fundamento en un presunto título ejecutivo que adolece de
ilegalidad, dado que la empresa fue víctima de un fraude; aunado a la falta de
decisión de la medida cautelar solicitada en el medio de control que se tramita
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”.
Explicó que no cuenta con un mecanismo judicial oportuno, adecuado e integral
para la protección idónea y eficaz de sus derechos fundamentales frente a los
actos administrativos expedidos en el proceso de cobro coactivo adelantado por la
DIAN. Por lo tanto, reiteró que solicita que se “declare la suspensión provisional de
dicha medida cautelar y se ordene la devolución y restitución de las garantías constituidas
hasta tanto se resuelva el proceso judicial en el cual se discute la legalidad de los Actos
Administrativos atinentes al proceso de cobro coactivo”.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Con auto de 2 de noviembre de 2022, el magistrado ponente de esta decisión
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B” y a la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para que, si lo consideraban del caso,
intervinieran en el presente proceso en calidad de demandados. Así mismo, negó
la medida provisional solicitada por el apoderado de la accionante.
De otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley
2591 de 1991, vinculó como terceros interesados a la Fiscalía General de la
Nación2 y a la firma auditora ONYSA CONSULTPRES S.A.S.3 [quienes fueron
mencionados en la solicitud de amparo por los hechos que se enmarcan en la presunta alteración
de la declaración de renta que suscitó el cobro de impuestos por parte de la DIAN a la accionante] .
Finalmente, se requirió a la secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, para que remitiera de manera
inmediata la copia digital del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado 25000-23-37-000-2020-00212-00.
2 Notificado a los correos: juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co y
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co.
3 Notificado al correo aportado por el apoderado del actor y visible en el certificado de existencia y
representación, esto es: onysaconsultoress@gmail.com.
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1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
“B”
A través de contestación enviada el 8 de noviembre de 2022 al correo electrónico
de la Secretaría General de esta Corporación, la magistrada Carmen Amparo
Ponce Delgado solicitó que se declare la carencia actual de objeto por hecho
superado.
En primer lugar, indicó que la acción de tutela es improcedente, toda vez que (i) la
cuestión que se discute no tiene relevancia constitucional; (ii) no se agotaron todos
los medios de defensa judicial; (iii) no se demostró un perjuicio irremediable ante
la negativa de acceder a la suspensión del proceso de cobro coactivo adelantado
por la DIAN, el cual es el objeto de debate en el proceso ordinario; y (iv) no se
demostró la afectación de los derechos fundamentales.
Por otro lado, recordó que “la entidad tiene la potestad e incluso la obligación de
mantener las medidas cautelares y llevar el proceso hasta la etapa de remate, puesto que
la demanda contra el acto que resuelve excepciones no interrumpe ni suspende el término
de prescripción de la acción de cobro. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 835 del
E.T., la admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro coactivo, sino que
limita a que la entidad no pueda efectuar remate hasta tanto exista pronunciamiento
definitivo”.
Explicó que el simple hecho de demandar los actos que resuelven excepciones no
es suficiente para suspender el proceso de cobro coactivo, máxime cuando no se
aportó prueba ni siquiera sumaria de que la entidad demandada hubiese
adelantado gestiones de remate.
Señaló que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que la
acción de tutela no es un mecanismo para promover actuaciones paralelas a los
procesos judiciales ordinarios, ni para controvertir decisiones judiciales.
Informó que, mediante providencia de 8 de noviembre de 2022, el despacho negó
la solicitud de suspensión provisional de los actos administrativos demandados,
decisión contra la cual procede el recurso de apelación. En ese sentido, consideró
que la parte actora aún cuenta con otro medio de defensa judicial, con lo cual la
acción de tutela de la referencia se torna improcedente en virtud del artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991.
Finalmente, puso de presente que al haberse resuelto la solicitud de medida
cautelar instaurada por la parte demandante, es procedente declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado.
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1.6.2. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Mediante contestación enviada el 9 de noviembre de 2022 al correo electrónico de
la Secretaría General de esta Corporación, la subdirectora de Representación
Externa (A) de la entidad solicitó que se declare la improcedencia de la acción de
tutela, al no cumplirse con los requisitos de procedencia del mecanismo de
amparo contra providencia judicial y por no existir vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
Explicó que en este caso la acción constitucional carece de relevancia
constitucional, teniendo en cuenta que sus argumentos pretenden inmiscuirse en
la competencia e independencia de la autoridad judicial accionada. Para tal efecto
trajo a colación la sentencia SU-573 de 2019 de la Corte Constitucional.
Concluyó que las pretensiones de la accionante son las mismas en las que fundó
la solicitud de medida cautelar elevada ante el juez natural de la causa, pues
pretende que se suspenda el proceso de cobro coactivo y se revoque la orden de
embargo, lo cual resulta a todas luces improcedente pues ignora el requisito de
subsidiariedad de la acción de tutela.
Informó que una vez consultado en SAMAI el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho pudo evidenciar que el 8 de noviembre de 2022 la
autoridad judicial accionada resolvió y notificó la medida cautelar solicitada, en el
sentido de negarla. Por lo tanto, la autoridad competente para definir de fondo el
asunto ya se pronunció al respecto.
Explicó que de conformidad con lo establecido en el “artículo 242” del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra la
mencionada decisión procede el “recurso de reposición”, razón por lo cual la parte
accionante no puede acudir a la acción de tutela sin haber agotado el mecanismo
de defensa ordinario con el que cuenta.
Resaltó que el actuar de la entidad que representa se fundamentó en un título
ejecutivo válido, en virtud del artículo 828 del Estatuto Tributario y respecto de
este no existe un pronunciamiento de la presunta falsedad que alega la actora, por
parte de la autoridad judicial competente.
Finalmente, manifestó que “Al tenor del artículo 835 del E.T. es claro que con la
presentación de demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no se
suspende el proceso de cobro coactivo, y de otra parte tenemos que la materialización
real de las medidas cautelares al interior de un proceso de cobro coactivo determinado y
que se encuentre en discusión en sede judicial, serán efectivas hasta que exista un
pronunciamiento definitivo de la jurisdicción contenciosa, razón suficiente para dilucidar
que no estamos frente a una posible vulneración o causación de un perjuicio directo a la
sociedad contribuyente hoy demandante BIGFOOT COLOMBIA SAS identificada con NIT
900.469.230-6, a quien durante todo el procedimiento adelantado por la DIAN, se le ha
garantizado el ejercicio de sus derechos fundamentales de contradicción y defensa, así
como también se ha garantizado el derecho al debido proceso”.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por Bigfoot Colombia S.A.S. contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B” y la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN), de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva de la empresa Bigfoot
Colombia S.A.S. por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección “B”, por presuntamente haber incurrido en una tardanza
injustificada en dar trámite a la medida cautelar presentada dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por la parte actora contra la
DIAN, identificado con el número de radicado 25000-23-37-000-2020-00212-00.
Así mismo, se determinará si la acción de tutela es procedente para estudiar la
presunta vulneración de las citadas garantías constitucionales por parte de la
DIAN al continuar con la ejecución del proceso de cobro coactivo en el que se
decretó el embargo sobre unas sumas de dinero de la sociedad accionante, por el
valor de $43.404.979.000.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela; (ii) las generalidades de los derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia; (iii) la mora judicial justificada;
y (iv) el análisis del caso concreto.
2.3. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable4.
4 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
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2.4. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 229 de la Constitución5, del derecho fundamental al
debido proceso6 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter
de fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia7.
El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para
que resuelva “[…] las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y
con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada, ajustada
a derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales
previstas en la Constitución y en la ley […]”8.
Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía “[…] no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante
los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las
demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante
los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable,
con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado
conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión […]”9.
Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se
desprende que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que
cuando el “[…] ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos
y garantías”10, y de otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades judiciales de
promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el acceso de los
particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con lo cual se deben descartar las
actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto que el derecho
extraído por la Corte involucra la necesidad de que los jueces deriven en sus providencias
la dimensión pro actione, lo que representa un avance significativo en la protección de los
derechos de las personas […]”11.
5 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
6 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia
a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de
oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la
sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
7 Sentencia T-006 de 1992.
8 Sentencia T-476 de 1998.
9 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
10 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
11 Ibídem.
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Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996
Estatuaria de la Administración de Justicia12 y con sustento en los principios de
celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez,
como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de
evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con
una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales
de las partes.
Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que “[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial
que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que se
proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente
y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los derechos
materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido
encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la
búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia
material […]”13.
2.5. La mora judicial justificada
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada
no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la
omisión sistemática de sus deberes.14
Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que “atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales”15.
En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que:
«(…) por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por
ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al
actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando
es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la
diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente
existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un
exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la
12 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia
social y lograr y mantener la concordia nacional.
13 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio
Palacio.
14 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
15 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección “B” y otro
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misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es
el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones.».
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial16, según la cual solo se predica si
hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del
juez. En el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de
acceso a la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes
en un proceso.
2.6. Caso concreto
2.6.1. En el sub examine, la sociedad Bigfoot Colombia S.A.S. alegó que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B” vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la tutela judicial efectiva, por presuntamente haber incurrido en una
tardanza injustificada en dar trámite a la medida cautelar presentada en el marco
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
de radicado 25000-23-37-000-2020-00212-00.
Al respecto, en consideración a que el objeto de la presente acción constitucional
consiste en que se ordene a la autoridad judicial accionada, que dicte la
correspondiente providencia, esta Sala de Decisión advierte que, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B” aportó copia del
expediente digital número 25000-23-37-000-2020-00212-00 y en él, de la
providencia de 8 de noviembre de 202217, notificado en la misma fecha, en la cual
resolvió “NEGAR la medida cautelar solicitada por la parte demandante”.
En ese orden, es preciso resaltar que, encontrándose en curso la tutela de la
referencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección “B” dictó y notificó el auto de 8 de noviembre de 2022, que negó la
medida cautelar solicitada por Bigfoot Colombia S.A.S., con lo cual se advierte la
cesación de la vulneración alegada18.
Al respecto, esta Colegiatura en anteriores oportunidades19 se ha referido a la
acción de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa judicial ha sido
instituido como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera
actual e inminente.
16 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-
2012-01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal
Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014,
Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.
17 Visible en las pruebas aportadas por la autoridad accionada, en el índice 17 del proceso de la
referencia del aplicativo SAMAI.
18 Sobre el tema se pueden consultar la siguiente sentencia de tutela proferidas por esta Sección:
21 de octubre de 2021, radicado No. 11001-03-15-000-2021-06411-00, M. P. Luis Alberto Álvarez
Parra.
19 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias de: (i) 15 de noviembre de 2017, Rad. No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes
Barreiro; (ii) de 19 de octubre de 2017, Rad. No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, (iii) 6 de
junio de 2019, Rad. No. 11001-03-15-000-2019-00591-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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En línea con lo anterior, se ha señalado que existen eventos en los que la
amenaza o efectiva vulneración al derecho fundamental desaparece en el
trascurso de la acción de tutela, como sucede en el caso concreto, o la
vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del
proceso, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la
intervención del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la
vulneración de los derechos fundamentales.
En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación
del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres
supuestos de hecho: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii)
por una situación sobreviniente.
En ese sentido, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 de 2016, que la
Sala cita como criterio auxiliar, señaló que:
“[…] La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva
de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual.
Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y
sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción.20
A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre
este respecto, que:
“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su
amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o
amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido
o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un
peligro ya subsanado […]” (Negrillas inexistentes en el texto original)
“[…] Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados.
Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el
fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes
figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha
empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de
una “situación sobreviniente21[…]”.
Con base en el anterior marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional ha
sostenido que:
20 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la
cual se transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».
21 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la
cual se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
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(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley
2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se
materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la
autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales.
(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa, antes de la interposición
de la solicitud de amparo constitucional o en el trámite de la acción de tutela,
por lo que no es posible retrotraer los efectos de la vulneración pues el daño
resulta perenne.
Al respecto ha sostenido el Tribunal Constitucional: “[l]a segunda de las figuras
referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius-
fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la
acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé
una orden al respecto”.22
(iii) Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de
los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de
tutela, pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de
daño consumado y hecho superado.
La citada Corporación ha indicado, sobre este supuesto de hecho para declarar la
carencia actual de objeto, que:
“[…] El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las
distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran
utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud
cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño
consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa
a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto
caiga en el vacío’. No se trata entonces de una categoría homogénea y
completamente delimitada […]”23.
En ese orden, en atención a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección “B”, luego de trascurridos más de dos años de
radicada la solicitud de medida provisional, profirió y notificó el auto de 8 de
noviembre de 2022, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado No. 25000-23-37-000-2020-00212-00,
cualquier orden que se dicte por parte de esta Sala de Decisión resultaría inane,
dado que la presunta vulneración cesó debido a la actuación de la parte
demandada durante el trámite de esta acción, tal como lo solicitó la sociedad
actora en la pretensión constitucional.
Así las cosas, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado
de la presente de la acción de tutela, en lo que concierne a esta pretensión.
22 «Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».
23 «Corte Constitucional. Sentencia SU-522/2019, M.P. Diana Fajardo Rivera».
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2.6.2. Finalmente, la parte actora solicitó que a través de esta acción
constitucional se declare (i) la suspensión provisional de los actos administrativos
proferidos dentro del proceso de cobro coactivo dictador por la DIAN, así como de
la Resolución No. 20220225007247 de 11 de octubre de 2022, por medio de la
cual se ordenó el embargo de las cuentas bancarias de la actora; y (ii) la
suspensión del citado proceso hasta que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”.
Al respecto, es precisó indicar que la sociedad Bigfoot Colombia S.A.S. aún
cuenta con un mecanismo judicial idóneo de defensa de sus intereses, toda vez
que contra el auto que niega el decreto de una medida cautelar procede el recurso
de apelación, en virtud del artículo 243 del CPACA. En ese sentido, es importante
precisar que al revisarse el aplicativo SAMAI se evidenció que el 15 de noviembre
de 2022, el apoderado de la actora interpuso recurso de reposición y en subsidio
el de apelación, contra el auto de 8 de noviembre de ese mismo año.
Por esta razón, la Sala no estudiará este cargo, toda vez que el juez constitucional
no puede pronunciarse sobre el fondo de esta pretensión pues ello implicaría
reemplazar al juez ordinario, a quien corresponde resolver el recurso promovido
por la sociedad tutelante.
Igualmente, la accionante pretende cuestionar mediante este mecanismo de
amparo la legalidad de la Resolución No. 20220225007247 de 11 de octubre de
2022, proferida por la DIAN.
En este punto, es importante recordar que la Corte Constitucional ha explicado
que la acción de tutela procede contra actos administrativos solo
excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible ocurrencia de un
perjuicio irremediable y las circunstancias que invoca se acrediten al menos
sumariamente.
Conforme a lo anterior, la única excepción a la regla de improcedencia de la
acción de tutela, cuando existen otros mecanismos de defensa para obtener la
protección de los derechos invocados, o ya se agotaron, es la existencia de un
perjuicio irremediable, el cual se configura a voces de la Corte Constitucional
“(…)cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que
afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de
medidas impostergables que lo neutralicen(…)” .
De manera que, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además
ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables24.
24 Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte
Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo
Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A
continuación se reseña, en síntesis lo pertinente: «… son elementales para la comprensión de la
figura del perjuicio irremediable, … A). El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por
suceder prontamente"…. || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable han de ser urgentes, … || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea
grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona… || D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea
impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
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Se tiene que la actora alegó que se configura un perjuicio irremediable, pues al no
decretarse la suspensión de los actos administrativos, la DIAN puede continuar
con el embargo sobre las sumas de la empresa, las cuales constituyen la fuente
de pago de las 370 personas vinculadas a la compañía a través de contratos de
trabajo y de sus proveedores. Además, implicaría la imposibilidad de continuar
ejecutando el objeto social de la empresa.
Al respecto, se observa que dicho perjuicio no se evidencia en este asunto porque
del análisis del acervo probatorio, no es posible establecer que la actora se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales.
Cabe destacar que una medida de embargo por sí sola, no se considera una
situación que implique la configuración de un perjuicio irremediable, que a la
postre debe ser inminente y actual. Si bien, la actora invoca la imposibilidad de
realizar algunos pagos a sus trabajadores y proveedores, lo cierto es que tales
fundamentos fácticos no se encuentran probados dentro del proceso.
Así las cosas, es claro para esta Sala que en el sub examine, no puede el juez
constitucional pronunciarse de fondo sobre tales pretensiones, toda vez que no se
supera el requisito de subsidiariedad. En consecuencia, se declarará la
improcedencia de la acción de tutela, de cara a las pretensiones de suspensión de
los actos administrativos reprochados por la parte actora.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la
acción de tutela promovida por el señor Bigfoot Colombia S.A.S. contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela, respecto de las
pretensiones relacionadas con la suspensión provisional de los actos
administrativos proferidos dentro del proceso de cobro coactivo y de la Resolución
No. 20220225007247 de 11 de octubre de 2022.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por
inoportuna… Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la
eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los
derechos y garantías básicos para el equilibrio social».
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CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
15
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