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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05752-00

Fecha
28 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05752-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1°) Ampáranse los derechos fundamentales invocados por el actor, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) En consecuencia, déjanse sin efectos los autos de 16 de septiembre y 21 de octubre de 2022 proferidos en el marco del trámite de la acción de tutela con radicación no. 11001- 03-15-000-2022-03917-00 y ordénase al despacho del magistrado Roberto Sáchica Méndez que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia, tramite la impugnación presentada el 12 de septiembre de 2022 en contra de la sentencia de 26 de agosto del mismo año proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el marco de la acción de tutela promovida por el actor. 11 Expediente: 11001-03-15-000-2022-05752-00 Actor: Herman Gustavo Garrido Prada Acción de tutela 3º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-05752-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

28 de noviembre de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - UBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-05752-00
Demandante: HERMAN GUSTAVO GARRIDO PRADA
Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: LÍMITE PARA PRESENTAR IMPUGNACIÓN EN LOS
TRÁMITES DE LAS ACCIONES DE TUTELA DE
CONFORMIDAD CON LAS NUEVAS ESTIPULACIONES
LEGALES VIGENTES. SE ACCEDE AL AMPARO EN
ACATO DE LA SENTENCIA SU-387-22 DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL, EN LA CUAL SE DETERMINÓ QUE
CONSTITUYE UN DEFECTO PROCEDIMENTAL
DESATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8 DE LA
DE LA LEY 2213

Síntesis del caso: se cuestiona el auto que rechazó por extemporáneo una impugnación
formulada en contra de una sentencia de tutela de primera instancia y el auto que rechazó por
improcedente el recurso de reposición formulado en contra de esa decisión.

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Herman Gustavo Garrido
Prada en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado para
la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la
administración de justicia y defensa consagrados en los artículos 29 y 229 de la
Constitución Política.

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 31 de octubre de 2022 el demandante formuló acción de
tutela por cuanto consideró que se vulneraron sus derechos antes mencionados, en tanto
se rechazó por extemporánea una impugnación presentada en contra de una decisión de

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05752-00
Actor: Herman Gustavo Garrido Prada
Acción de tutela

primera instancia proferida en el marco de una acción de tutela y se rechazó por
improcedente el recurso de reposición formulado en contra de esa decisión.

Los hechos demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) A la demandada le correspondió conocer una acción de tutela que interpuso en contra
de la providencia del 3 de junio de 2022 proferida en el marco de un control inmediato de
legalidad por la Sala Diecisiete Especial de Decisión de esta Corporación, en la cual se
declaró la nulidad del Decreto 1754 del 22 de diciembre de 20201, proceso al cual se le
asignó el número de radicación 11001-03-15-000-2022-03917-00.

2) El 5 de septiembre de 2022 le fue notificado el fallo de primera instancia que declaró
la falta de legitimación en la causa por activa para solicitar el amparo constitucional.

3) En atención a lo previsto en el artículo 205 del CPACA, modificado por el artículo 52
de la Ley 2080 de 2021 que previó que “la notificación de la providencia se entenderá
realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los
términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación”, presentó
impugnación el 12 de septiembre de 2022.

4) El 16 de septiembre de 2022 el despacho del magistrado José Roberto Sáchica
Méndez rechazó dicha impugnación por haberse presentado de manera extemporánea,
decisión contra la cual formuló recurso de “reposición” con fundamento en las normas
antes mencionadas.

5) El 21 de octubre de 2022 el mismo despacho del magistrado rechazó por improcedente
el recurso de reposición con fundamento en que el Decreto 2591 de 1991 no contempla
la posibilidad de recurrir las providencias que se profieran en el trámite de las acciones
de tutela, salvo la impugnación en contra de la sentencia de primera instancia, la cual se
encuentra expresamente regulada en el artículo 31 de la mencionada norma.

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El proceso fue registrado con radicación 11001-03-15-000-2021-04664-00

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05752-00
Actor: Herman Gustavo Garrido Prada
Acción de tutela

Fundamento de la vulneración

En sentencia T-162/97 la Sala Cuarta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional
determinó que la acción de tutela resulta procedente cuando el juez constitucional que
rechaza la impugnación incurre en una vía de hecho y, como consecuencia de ello,
transgrede derechos fundamentales.

En ese orden, para la parte demandante se incurrió en un defecto sustantivo en la medida
en que se desatendió que el legislador en tiempos de pandemia, a través del Decreto 806
de 2020, previó en su artículo 8 que las providencias judiciales notificadas por correo
electrónico deben entenderse notificadas luego de transcurridos dos días hábiles desde
su recepción, norma que fue acogida de manera permanente en Ley 2213 de 2022 para
incentivar el uso de TIC en las actuaciones judiciales y agilizar los procesos, así como
flexibilizar la atención a los usuarios.

En un caso similar el Tribunal Superior de Bogotá mediante sentencia del 14 de abril de
2021 concedió el amparo bajo las consideraciones que se exponen en la tutela de la
referencia, por lo que, de no permitírsele impugnar el fallo de primera instancia, se
desconocerían los derechos del debido proceso y acceso a la administración de justicia.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“PRIMERO: CONCEDER el amparo de mis derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, a la defensa, a impugnar el fallo de tutela y
al acceso a la administración de justicia.

SEGUNDO: ORDENAR al H. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
que trámite el recurso de impugnación presentado por mí en contra del fallo que
él profirió el 05 de septiembre de 2022, al haberse interpuesto oportunamente,
esto es, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su NOTIFICACIÓN.”.
(archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI).

Actuación procesal

Mediante auto de 2 noviembre de 2022 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y magistrados integrantes de la Subsección A de la Sección

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05752-00
Actor: Herman Gustavo Garrido Prada
Acción de tutela

Tercera del Consejo del Consejo de Estado; asimismo, por considerar que le asistía algún
interés en el proceso se ordenó la vinculación de los magistrados integrantes de la Sala
Diecisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado, el secretario jurídico de la
Presidencia de la República, el ministro de Justicia y del Derecho, así como al procurador
General de la Nación con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que
motivaron el ejercicio de la acción.

Intervenciones de las autoridades demandadas

El secretario jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho y el apoderado del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitaron su
desvinculación porque sus representadas carecen de legitimación por pasiva debido a
que no intervinieron en los hechos y situaciones que la parte actora expuso como
causantes de la vulneración de los derechos fundamentales, además, tales hechos no
guardan relación alguna sus funciones y competencias constitucionales, legales y
reglamentarias.

Por su parte, el magistrado Roberto Sáchica Méndez expresó que la providencia que
rechazó la impugnación fue proferida con fundamento en los soportes documentales
anexados por la Secretaría General de esta Corporación, en concreto, las constancias
de notificación de sentencia, los respectivos acuses de recibo y la constancia de
radicación del memorial de impugnación, no obstante, indicó que se atenía a lo que se
resuelva en el presente fallo.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05752-00
Actor: Herman Gustavo Garrido Prada
Acción de tutela

constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al magistrado
Roberto Sáchica Méndez2 de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales antes
mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de los autos del 16 de septiembre
y 21 de octubre de 2022 mediante los cuales rechazó por extemporánea la impugnación
presentada por la parte demandante y, posteriormente, el recurso de “reposición”
formulado contra esa decisión por considerarlo improcedente.

La acción de tutela de la referencia cumple los requisitos genéricos de procedibilidad
enunciados por la jurisprudencia constitucional, por cuanto: i) se agotaron todos los
medios de defensa judicial disponibles al alcance de la persona afectada; ii) se cumplió
con el requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro
de los 6 meses siguientes a la notificación de las providencia atacadas3i; iii) el presente
caso no se trata de una irregularidad procesal que deba ser tenida como un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afecta los derechos fundamentales de la
parte actora; iv) se identificaron de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que se transgredieron, v) no se ataca una sentencia de
tutela; y vi) finalmente, la cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional, por
cuanto se alegó la presunta inobservancia de normas que fueron expedidas para ser
aplicadas en los trámites de las acciones de tutela y se explicó de manera clara el defecto
sustantivo invocado.

2
Se advierte que, si bien en el escrito de tutela se indica que la demandada es la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, lo cierto es que las providencias cuestionadas fueron proferidas
por el magistrado ponente Roberto Sáchica Méndez, por lo tanto, se tiene que el reproche es directamente
contra ese despacho.
3
La providencia que rechazó la impugnación se notificó el 21 de septiembre de 2022 y la acción de tutela
se presentó el 31 de octubre siguiente.

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Actor: Herman Gustavo Garrido Prada
Acción de tutela

De manera anticipada se advierte que, si bien los argumentos del defecto sustantivo
estuvieron dirigidos a cuestionar la aplicación de normas adjetivas que presuntamente
cercenaron el derecho de defensa y pretermitieron el derecho a impugnar, la Sala los
estudiará bajo el cauce de un defecto procedimental en aplicación del principio iura novit
curia y atención a lo determinado por la Corte Constitucional en sentencia SU-387 del 3
de noviembre 2022, como se explicará más adelante.

Así las cosas, en los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala accederá
al amparo, tras verificar que se configuró un defecto procedimental, por las razones que
procederán a exponerse.

1) En el escrito de tutela se alegó que las providencias cuestionadas desatendieron que
el legislador en tiempos de pandemia, a través del Decreto 806 de 2020, previó en su
artículo 8 que las providencias judiciales notificadas por correo electrónico deben
entenderse notificadas luego de transcurridos dos días hábiles desde su recepción,
norma que fue acogida de manera permanente en la Ley 2213 de 2022.

2) Como primera medida, la Sala analizará las normas que regulan la notificación de las
actuaciones en materia de tutela y la impugnación del fallo.

3) El artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 prevé que “las providencias que se dicten se
notificarán a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere más expedito
y eficaz”, asimismo, el artículo 30 ibidem preceptúa que “el fallo se notificará por
telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a más tardar al día
siguiente de haber sido proferido”.

4) En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha establecido que “el juez de tutela tiene
la obligación de notificar a las partes y a terceros con interés de la iniciación del mismo y
de los autos proferidos en curso del mismo, a través del medio de comunicación que
considere el más expedito y eficaz, atendiendo las circunstancias de modo, tiempo y
lugar. Esto es, por la forma que no dilate innecesariamente el trámite y que ponga en
conocimiento a la persona el contenido real de la providencia, con el fin de garantizar el
derecho a la defensa y hacer efectivo el principio de publicidad”.

5) La notificación, entonces, constituye un instrumento procesal que garantiza a las
partes el conocimiento de las decisiones judiciales adoptadas en un proceso de tutela y

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05752-00
Actor: Herman Gustavo Garrido Prada
Acción de tutela

permite el ejercicio del derecho de defensa, pues a partir de la notificación se empieza a
contar el término para impugnarla.

6) En efecto, el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 establece que “dentro de los tres
días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo,
el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente”.

7) Ahora, en el marco de la pandemia generada por el Covid-19, se profirieron algunas
normas y directrices con el fin de salvaguardar la salud de las personas y proteger los
derechos de los ciudadanos frente a los trámites y actuaciones que llevan a cabo las
diferentes ramas del poder público, por ejemplo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto
806 de 2020 que en su artículo 8 previó sobre la notificación personal lo siguiente:

“ARTÍCULO 8. Notificaciones personales. Las notificaciones que deban hacerse
personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia
respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que
suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío
de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para
un traslado se enviarán por el mismo medio.

El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá́
prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado
corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la
obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las
comunicaciones remitidas a la persona por notificar.

La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos
días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a
correr a partir del día siguiente al de la notificación.

Para los fines de esta norma se podrán Implementar o utilizar sistemas de
confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos.”.
(resalta la Sala).

8) Dicha norma dispuso que las notificaciones que deben realizarse “personalmente” se
entenderán efectuadas dos días hábiles después del envío del mensaje de datos al correo
electrónico suministrado por el interesado y los términos correrán desde el día siguiente
al de la notificación, tal precepto fue acogido en la legislación permanente a través la Ley
2213 del 13 de junio de 2022 con una diferencia sutil, así:

“La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días
hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse
cuándo el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio
constatar el acceso del destinatario al mensaje” (negrillas de la Sala)

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Actor: Herman Gustavo Garrido Prada
Acción de tutela

9) En atención al marco normativo hasta aquí expuesto y de cara a la resolución del caso
concreto, la Sala realizará un recuento de las actuaciones relevantes realizadas en el
trámite de la acción de tutela con radicación no. 11001-03-15-000-2022-03917-00 para
verificar si se incurrió en un defecto procedimental, en los siguientes términos:

9.1. El 26 de agosto de 2022 la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado profirió sentencia de primera instancia mediante la cual declaró la falta de
legitimación en la causa por activa del demandante, decisión que fue notificada el 5 de
septiembre siguiente.

9.2. El 12 de septiembre de la presente anualidad, a través de correo electrónico, el
demandante radicó impugnación en contra de esa decisión.

9.3. El 16 de septiembre de 2022 el magistrado José Roberto Sáchica Méndez rechazó
por extemporánea la impugnación, por lo cual el demandante formuló recurso de
“reposición” contra esa decisión.

9.4. El 21 de octubre de 2022 el mismo magistrado rechazó por improcedente el recurso
de reposición con fundamento en que el Decreto 2591 de 1991 no contempla la
posibilidad de recurrir las providencias que se profieran en el trámite de las acciones de
tutela, salvo la impugnación en contra de la sentencia de primera instancia, la cual se
encuentra expresamente regulada en el artículo 31 de la mencionada norma.

10) Dilucidado lo anterior y en orden a verificar si hay lugar a acceder al amparo
deprecado debe destacarse que la tesis pacífica de la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado se ha sustentado en que el Decreto 806 de 2020 y
posteriormente la Ley 2213 de 2022 dispusieron que las notificaciones que deben
realizarse “personalmente” se entenderán efectuadas dos días hábiles después del envío
del mensaje de datos al correo electrónico suministrado por el interesado y los términos
correrán desde el día siguiente al de la notificación o cuando el iniciador recepcione acuse
de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje.

11) No obstante, los tres magistrados integrantes también consideran que esa
disposición no aplica en los procesos de acción de tutela, como se ha explicado en otras
decisiones.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05752-00
Actor: Herman Gustavo Garrido Prada
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12) Sin embargo, recientemente se conoció que la Corte Constitucional mediante
sentencia SU-387 del 3 de noviembre 2022 examinó un caso similar al que aquí se
analiza, en el cual los accionantes interpusieron una acción de tutela en contra de unas
providencias proferidas por la Sección Quinta de esta Corporación, en las que se rechazó́
la impugnación por haberse interpuesto de manera extemporánea.

13) En esa oportunidad los actores argumentaron, entre otras cosas, que la referida
autoridad judicial no contabilizó el término dispuesto por el Decreto Legislativo 806 de
2020 para determinar el momento en el cual fue notificada personalmente la sentencia
de primera instancia, omisión que la llevó a concluir, de manera errada, que la
impugnación fue interpuesta por fuera del término legal.

14) Para el caso que nos interesa, el Alto Tribunal a través del Comunicado no. 36 del 3
de noviembre de 2022 dio a conocer la sentencia SU-387 de 20224 y explicó, en resumen,
cuáles fueron las consideraciones que expuso en la referida sentencia de unificación
frente a este tema, así:

“De otro lado, la Sala concluyó que, en el caso concreto, sí se configuró defecto
procedimental. Esto, por cuanto el consejero accionado no siguió́ el
procedimiento que ha debido seguir en relación con la impugnación del
fallo de tutela. Esta conclusión se fundó en cinco razones. Primero, los
artículos 1 y 8 del Decreto Legislativo 806 de 2020 disponían, de forma
expresa, que el régimen de notificaciones personales es aplicable a las
notificaciones de esta naturaleza que se lleven a cabo en los trámites de
tutela. Segundo, la aplicación de este régimen de notificaciones al trámite
de tutela perseguía flexibilizar las exigencias procesales en la pandemia y
racionalizar los procedimientos, lo cual resultaba de especial relevancia
en el marco de la tutela. Tercero, la aplicación de las referidas reglas a la
notificación personal de la sentencia no comprometía la protección
efectiva de los derechos fundamentales, habida cuenta del cumplimiento
inmediato de este fallo. Cuarto, por medio de los autos 002, 587 y 588 de
2022, la Corte concluyó que las mencionadas reglas aplican para la
notificación personal de los fallos de tutela. Quinto, la aplicación de dichas
reglas al trámite de notificación del fallo de tutela era consistente con la
jurisprudencia constitucional relativa a la aplicación de las normas
procesales generales al procedimiento de tutela.

En tales términos, la Sala concluyó que el consejero accionado inobservó, sin
justificación razonable y suficiente, la regla procedimental prevista por el artículo
8 del Decreto Legislativo 806 de 2020, para la determinación del momento en
que fue notificada la sentencia de 22 de octubre de 2020, emitida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado. Por esto, incurrió́ en defecto procedimental. A
su vez, la Sala constató que, de haber aplicado dicha regla en el caso sub
examine, necesariamente habría concluido que la impugnación interpuesta por
los accionantes en contra de la sentencia de primera instancia fue oportuna.”.

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https://drive.google.com/file/d/1mccU-GlbXu2Pl-OZBb3JLj4_Toka-Yv7/view

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05752-00
Actor: Herman Gustavo Garrido Prada
Acción de tutela

15) Como consecuencia de los argumentos expuestos en la cita la Corte dejó sin efectos
los autos allí atacados y ordenó que se tramitara la impugnación.

16) Así las cosas, a pesar de que la Sala considera que el artículo 8 de la Ley 2213 de
2022 no aplica en los procesos de acción de tutela, lo cierto es que, por tratarse de una
decisión de unificación de la Corte Constitucional se acatará dicho mandato y, en
consecuencia, se ampararán los derechos fundamentales invocados por el actor.

17) En esa línea de pensamiento, acogiendo el precedente citado, la Sala concluye que
efectivamente la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto procedimental por
cuanto desatendió la regla procedimental prevista en el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022
que acogió de manera permanente la mayoría de las disposiciones del Decreto 806 de
2020 expedido en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

18) Por consiguiente, se ampararán los derechos de la parte actora y, en consecuencia,
se dejarán sin efectos los autos de 16 de septiembre y 21 de octubre de 2022 proferidos
en el marco del trámite de la acción de tutela con radicación no. 11001-03-15-000-2022-
03917-00 y se ordenará al despacho del magistrado Roberto Sáchica Méndez que, dentro
de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia, tramite la impugnación
presentada el 12 de septiembre de 2022 en contra de la sentencia de 26 de agosto del
mismo año proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
en el marco de la acción de tutela promovida por el actor.

FALLA

1°) Ampáranse los derechos fundamentales invocados por el actor, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) En consecuencia, déjanse sin efectos los autos de 16 de septiembre y 21 de octubre
de 2022 proferidos en el marco del trámite de la acción de tutela con radicación no. 11001-
03-15-000-2022-03917-00 y ordénase al despacho del magistrado Roberto Sáchica
Méndez que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia,
tramite la impugnación presentada el 12 de septiembre de 2022 en contra de la sentencia
de 26 de agosto del mismo año proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en el marco de la acción de tutela promovida por el actor.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05752-00
Actor: Herman Gustavo Garrido Prada
Acción de tutela

3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

4°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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