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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05781-00

Fecha
5 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05781-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: Declarar improcedente el amparo solicitado, por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-05781-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

5 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 110010315000202205781 00

Accionante: DIEGO FERNANDO TANGARIFE RODRÍGUEZ

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN A Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / INMEDIATEZ – No se
cumple con este requisito porque la demanda de tutela se interpuso después de
trascurridos los 6 meses previstos por el Consejo de Estado como término razonable.

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por el señor Diego Fernando Tangarife Rodríguez, de conformidad con
el Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El señor Diego Fernando Tangarife Rodríguez, por conducto de apoderado judicial,
instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A y el Juzgado 38 Administrativo de Bogotá, por
considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. El tutelante elevó
las siguientes pretensiones (se trascribe de manera literal):

2.1. Se ORDENE al Juzgado 38 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá
REVOCAR la Sentencia Proferida el 12 de diciembre de 2017 en el Proceso
Radicado 11001333603820150068700 y en su lugar profiera nueva Sentencia
dando aplicación al Precedente Judicial Id Documento:
11001031500020220578100005025010005 2 contenido en la Sentencia del

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Radicación número: 110010315000202205781 00
Accionante: Diego Fernando Tangarife Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Consejo de Estado del 2 de junio de 2007, Expediente 15463 C.P. Mauricio
Fajardo Gómez.

2.2. Se Ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera
Subsección “A” REVOCAR la Sentencia de Segunda Instancia proferida en el
Proceso Radicado 11001333603820150068701 y en su lugar proferir nueva
decisión teniendo en cuenta el Precedente Judicial contenido en la Sentencia
del Consejo de Estado del 2 de junio de 2007 Expediente 16463 C. P. Mauricio
Fajardo Gómez.

2. Hechos relevantes

En ejercicio del medio de control de reparación directa, el señor Diego Fernando
Tangarife Rodríguez, entre otros, demandó a la Nación – Rama Judicial, con el fin
de que se le declarara patrimonialmente responsable por los daños y perjuicios
causados con ocasión de “la detención o privación injusta de la libertad de la que
fue objeto el señor DIEGO FERNANDO TANGERIFE RODRÍGUEZ entre el 24 de
noviembre de 2012 y el 2 de agosto de 2013”.

Mediante sentencia de 12 de diciembre de 2017, el Juzgado 38 Administrativo de
Bogotá declaró probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima y negó las
pretensiones de la demanda.

La parte demandante apeló la anterior decisión ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el que, por medio de proveído de
7 de febrero de 2019, la confirmó.

Posteriormente, la parte demandante solicitó la aclaración de la sentencia de
segunda instancia. Esa solicitud se negó mediante auto del 30 de septiembre de
2021.

Manifestó el tutelante que, el 22 de agosto de 2022, el Juzgado 28 Administrativo
de Bogotá profirió auto de obedézcase y cúmplase; que la decisión quedó
ejecutoriada el 26 del mismo mes y año.

3. Fundamentos de la demanda

La parte accionante señaló que la acción de tutela de la referencia se fundamenta
en la vulneración del derecho al debido proceso, “al haber incurrido las
2

Radicación número: 110010315000202205781 00
Accionante: Diego Fernando Tangarife Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

autoridades accionadas en una flagrante violación directa de la Constitución al no
dar aplicación al derecho contenido en el artículo 83° de dicha normatividad,
violando el principio constitucional de la buena fe y la confianza legítima”.

Dijo que se cumplen todos los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales. Puntualmente, frente al requisito de la
inmediatez, sostuvo que la demanda de tutela se presentó dentro del término de 6
meses previsto por la jurisprudencia, pues “las providencias cuestionadas
quedaron ejecutoriadas el día 26 de agosto de 2022, al notificarse y quedar
ejecutoriado el auto del juzgado que decretó el obedecimiento y cumplimiento de
lo decidido por el superior”.

De otra parte, alegó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un
desconocimiento del precedente, porque no tuvieron en cuenta la sentencia del 2
de junio de 2007 (expediente 15463), vigente para la época de los hechos, en la
que se estableció que existe “una responsabilidad objetiva del Estado respecto a
la privación injusta de la libertad en los eventos en que el sindicado sea exonerado
de responsabilidad penal en aplicación del principio in dubio pro reo”. Explicó
(trascripción literal con posibles errores incluidos):

… mi Representado tenía una expectativa legitima para que, con fundamento
en lo establecido en el artículo 83° de la Constitución Nacional, se le diera
aplicación a ese precedente jurisprudencial, y se le reconocieran los perjuicios
causados por la detención injusta de la que había sido objeto. Este precedente
jurisprudencial fue ratificado en Sentencia de Unificación Jurisprudencial del
Consejo de Estado del 17 de octubre de 2013 Sección Tercera C.P. Mauricio
Fajardo Gómez Expediente 23354, y tenía que aplicarse en el caso de mi
Representado, por cuanto los hechos que dieron lugar a su detención injusta
habían ocurrido en el año 2012, y su absolución se dio el 2 de agosto de 2013,
encontrándose vigente ese precedente jurisprudencial de una Alta Corte,
como lo es Consejo de Estado.

(…)

Solamente en Sentencia del 15 de agosto de 2018 el Honorable Consejo de
Estado, Expediente 46.947 C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, cambió su
jurisprudencia y determinó que cuando el juez penal levante la medida de
aseguramiento de detención preventiva es necesario que las autoridades
judiciales administrativas hagan el respectivo análisis de la responsabilidad
patrimonial del Estado, variando así el precedente jurisprudencial anterior que
establecía una responsabilidad objetiva del Estado.

Por lo tanto, al haberse juzgado unos hechos existiendo un precedente
jurisprudencial anterior vigente cuando se dieron los hechos motivo del
proceso penal y de la privación injusta de la libertad de que fue objeto mi
3

Radicación número: 110010315000202205781 00
Accionante: Diego Fernando Tangarife Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Representado, y encontrándose todavía vigente cuando se presentó la
demanda de Reparación Directa, precedente jurisprudencial que establecía
una responsabilidad objetiva del Estado por los perjuicios derivados de una
detención injusta de una persona, no podía aplicarse en el proceso de mi
Representado una jurisprudencia diferente a la que se encontraba vigente en
esa época, la cual, repito, reconocía la responsabilidad objetiva del estado por
la detención injusta de la libertad de una persona…

4. La oposición

4.1. Mediante providencia de 4 de noviembre de 2022, se admitió la demanda de
tutela de la referencia, se ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas y
se vinculó, como tercero con interés, a la Nación – Rama Judicial, los que se
pronunciaron en los siguientes términos:

4.1.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
A, sostuvo que la tutela de la referencia no cumple con el requisito de la relevancia
constitucional, porque se pretende convertir el mecanismo constitucional en una
tercera instancia del proceso ordinario y, además, porque “no se fundamenta en la
vulneración de los derechos fundamentales invocados, sino por el contrario, se
orientan a controvertir los argumentos que esgrimió esta Corporación para negar
las pretensiones de la demanda”.

Dijo que tampoco se cumple el requisito de la inmediatez, porque la demanda de
tutela se presentó por fuera del término de 6 meses considerado como razonable,
pues la sentencia de segunda instancia se notificó electrónicamente el 14 de mayo
de 2021 y el auto que resolvió la solicitud de aclaración se notificó mediante
estado y remisión de la providencia por mensaje de datos el 6 de octubre de 2021.
Agregó que (trascripción literal):

… la parte accionante únicamente afirma, que el auto que aclaró la sentencia
fue notificado hasta el 22 de agosto de 2022, por el Juzgado de primera
instancia, quedando debidamente ejecutoriado desde esa fecha, sin embargo,
ello resulta impreciso, habida cuenta que: (i) esta corporación notificó la
decisión judicial a la parte accionante desde el 6 de octubre de 2021 y; (ii) en
consecuencia, el término de ejecutoria previsto en el artículo 302 del CGP se
debe computar a partir del 6 de octubre de 2021; (iii) no siendo de recibo, que
la parte accionante, pretenda confundir los efectos del auto de obedecimiento
y cumplimiento proferido por el a quo, con la propia notificación y ejecutoría de
la sentencia que profirió esta Corporación.

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Radicación número: 110010315000202205781 00
Accionante: Diego Fernando Tangarife Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Sin perjuicio de lo anterior, afirmó que no incurrió en un defecto por
desconocimiento del precedente, dado que su decisión no se fundamentó en la
aplicación de un régimen de responsabilidad específico (objetivo o subjetivo), sino
que se centró en establecer si se encontraba o no demostrado el eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima que conllevó al a quo a negar las
pretensiones de la demanda.

Explicó que, aun cuando el caso se hubiere analizado bajo el régimen de
responsabilidad objetivo, como lo pretende el tutelante, ello no impedía que se
verificara si se encontraba o no acreditado un eximente de responsabilidad, por
ser “transversales a todo los regímenes de responsabilidad”.

Sostuvo que debía tenerse en cuenta que el tutelante “no cuestiona en absoluto,
en sede de tutela, la valoración probatoria que llevó al a quo y a esta Corporación
a declarar demostrada la culpa exclusiva de la víctima, lo que denota, que la
acción de tutela carece de argumento alguno que conlleve a su prosperidad”.

Por lo anterior, solicitó que se declare la improcedencia o, en su defecto, se niegue
el amparo solicitado, tras considerar que no se han vulnerado los derechos
fundamentales del tutelante.

4.1.3. La Rama Judicial, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, dijo que se configura una falta de legitimación en la causa por pasiva
porque esa entidad no puede intervenir en las decisiones legales proferidas por los
despachos judiciales.

Sostuvo que tutela de la referencia es improcedente, debido a la (trascripción
literal, con posibles errores incluidos):

… inexistencia, y/o ausencia de las causales de procedencia contra la
providencia judicial, ausencia de perjuicio irremediable, resaltando por demás
que no existe vulneración alguna a los derechos fundamentales enunciados
por esta vía, pues la decisión judicial emitida lo fue en ejercicio de la
autonomía judicial y allí se consignaron en forma razonada cada uno de los
argumentos jurídicos a lugar, por lo que mal puede predicarse arbitrariedad en
la decisión aquí controvertida; reiterando que la tutela no puede convertirse en
la instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de
seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la
revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones de los jueces.

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Radicación número: 110010315000202205781 00
Accionante: Diego Fernando Tangarife Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

4.1.4. El Juzgado 38 Administrativo de Bogotá remitió copia de la sentencia de
segunda instancia, notificada el 14 de mayo de 2021 y, además, informó que
“mediante auto de 30 de septiembre de 2021, se negó la solicitud de aclaración de
sentencia presentada por la parte demandante; decisión que fue notificada el 6 de
octubre de 2021. En consecuencia, la sentencia de 2 instancia quedó ejecutoriada
el 11 de octubre de 2021 a las 5:00pm.”

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales1.

Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de
la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción
constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo
residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo
señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente
a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características2.

Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados, son3:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional,
dado que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no

1
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de
2012, exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de
febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00(AC), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto,
entre muchas otras providencias.

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Radicación número: 110010315000202205781 00
Accionante: Diego Fernando Tangarife Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.

• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

• Que no se trate de sentencias de tutela.

A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:

• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

7

Radicación número: 110010315000202205781 00
Accionante: Diego Fernando Tangarife Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

• La violación directa de la Constitución Política.

Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados
por el interesado4.

2. Caso concreto

La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de la inmediatez.

La Corte Constitucional ha definido los siguientes criterios orientadores con el
propósito de determinar, en cada caso, si se cumplió o no con el requisito de
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016 00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
Nº 2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
8

Radicación número: 110010315000202205781 00
Accionante: Diego Fernando Tangarife Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

inmediatez: i) la situación personal del peticionario; ii) el momento en el que se
produce la vulneración; iii) la naturaleza de la misma; iv) la actuación contra la que
se dirige la tutela y v) los efectos de la tutela5.

Por otra parte, en relación con la inmediatez para la interposición de demandas de
tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación ha considerado:

Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección
de las garantías constitucionales y el respeto a la seguridad jurídica y los
derechos de terceros afectados.

(…) De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la situación que vulnera
o amenaza vulnerar un derecho fundamental sea un elemento consustancial
para la protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a todas las acciones de
tutela, es más estricto cuando se interpone contra providencias judiciales, por
lo que, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un
tiempo significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, ‘resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una providencia
judicial por la vía de tutela’6’7.

Por tal razón, debe mediar un término razonable entre la ejecutoria de la
decisión judicial que se aduce como violatoria de los derechos fundamentales
del accionante y la presentación de la acción de tutela para buscar su
amparo8.

Tal aseveración es razonable toda vez que, ‘de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos’9.

(…) Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.

5
Corte Constitucional, sentencia SU-391 del 27 de junio de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
6
Original de la cita: “En la sentencia se cita la providencia SU-961 de 1999”.
7
Original de la cita: “Sentencia T-189 de 2009”.
8
Original de la cita: “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal c) del fundamento jurídico 24 de la
sentencia C-590 de 2005”.
9
Original de la cita: “Ibíd”.
9

Radicación número: 110010315000202205781 00
Accionante: Diego Fernando Tangarife Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Anótase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes
sobre este aspecto10.

Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso,
para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente11 (negrillas y subrayado del original).

Así pues, esta Corporación ha sostenido que para efectos de establecer si la
acción de tutela contra providencia judicial se ejerció oportunamente, que se
cumple con el requisito de la inmediatez, se debe verificar que se hubiese
presentado dentro de los 6 meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la
providencia cuestionada, según sea el caso.

Esta Subsección ha precisado que, en principio, el plazo de 6 meses se debe
contabilizar desde la notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es
a partir de que se conoce la decisión que se puede advertir la posible vulneración
de derechos fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos
que hacen procedente la acción de tutela contra providencia judicial –defecto
orgánico, defecto procedimental, defecto fáctico, defecto sustantivo, error inducido,
decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y/o la violación directa de
la Constitución Política–.

En ese sentido, para la Sala, solo procede contabilizar el término de 6 meses
desde la ejecutoria de la decisión en los casos se hubiese realizado un trámite
adicional con ocasión del fallo, como lo sería una solicitud de aclaración, de
corrección o de adición de sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad, por
cuanto los pronunciamientos que se dicten con ocasión de esas solicitudes
podrían tener incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela y, por
tanto, en principio, también tendrían que ser objeto de cuestionamiento12.

10
Original de la cita: “La Sección Primera en algunas ocasiones ha tomado un término equivalente
al previsto para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, de cuatro
meses y, en otras, ha manifestado que es de seis meses. La Sección Segunda ha sostenido que el
término razonable para interponer la acción de tutela contra providencias judiciales no puede
exceder de un año. Por su parte, las Secciones Cuarta y Quinta han fijado como razonable para su
interposición un plazo de seis meses”.
11
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
12
En sentencia de 11 de abril de 2019, radicado número: 110010315000201803905-01.
10

Radicación número: 110010315000202205781 00
Accionante: Diego Fernando Tangarife Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

En el presente asunto, la Sala considera que el término establecido como
razonable para presentar la demanda de tutela se debe computar desde la
ejecutoria de la decisión cuestionada –providencia dictada el 7 de febrero de 2019,
notificada el 14 de mayo de 2021–, porque el ahora tutelante presentó una
solicitud de aclaración de sentencia que se negó mediante auto de 30 de
septiembre de 2021.

Así las cosas, la Subsección estima que no se cumple con el requisito de la
inmediatez, habida cuenta de que, según se desprende de la página web de la
Rama Judicial y del informe del Juzgado 38 Administrativo de Bogotá, la decisión
en la que se negó la solicitud de aclaración se notificó el 6 de octubre de 2021, por
lo que “la sentencia de 2 instancia quedó ejecutoriada el 11 de octubre de 2021 a
las 5:00pm.”, mientras que la demanda de tutela se radicó en línea el 1 de
noviembre de 2022, es decir, después de trascurrido más de un año desde que
quedó en firme la decisión que se cuestiona.

Conviene mencionar que en la demanda de tutela se alegó que para el análisis del
cumplimiento del requisito de la inmediatez debía tenerse en cuenta que el auto de
obedézcase y cúmplase dictado por el juez de primera instancia se notificó el 22
de agosto de 2022 y que la ejecutoria de la decisión fue el 26 del mismo mes y
año.

Para la Subsección, la anterior afirmación no es de recibo, dado que este
constituye un simple auto de trámite13 que no variaba las motivaciones de la
sentencia de segunda instancia y, por tanto, tal como lo ha establecido el Consejo
de Estado “… lo propio era que presentaran la acción de tutela tan pronto tuvo
conocimiento de esa providencia”14.

En definitiva, dado que la demanda de tutela se presentó después de que se
cumplieron los 6 meses previstos por el Consejo de Estado como término
razonable, la Sala estima que se debe declarar la improcedencia del amparo
solicitado.

13
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 20 de febrero de 2020,
radicado número: 110010315000201904205 01
14
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 3 de septiembre de 2020, radicado número:
110010315000202003496 00.
11

Radicación número: 110010315000202205781 00
Accionante: Diego Fernando Tangarife Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: Declarar improcedente el amparo solicitado, por lo expuesto en la
parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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