Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05784-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05784-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05784-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
9 de febrero de 2023
Demandante: Javier Armando Fletscher Plazas
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05784-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05784-01
Demandante: JAVIER ARMANDO FLETSCHER PLAZAS
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Temas: Tutela de fondo. Modifica decisión de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA SOLICITUD
Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 5 de
diciembre de 2022, por medio del cual la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado negó la solicitud de amparo constitucional, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Javier Armando Fletscher Plazas, por conducto de apoderado judicial,1
interpuso acción de tutela el 25 de octubre de 2022, con el fin de que le fueran
amparados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la
presunta mora judicial de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en resolver el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 7 de octubre de 2022, y las
solicitudes elevadas el 20 de octubre de 2022, consistentes en que se declarara la
“TERMINACIÓN DEL PROCESO” o la “REVOCATORIA DIRECTA” del fallo de la causa
disciplinaria de única instancia adelantada contra el señor Javier Armando Fletscher
Plazas en su calidad de magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá. Expediente que se identifica con el radicado 11001-01-02-000-
2017-00369-00.
1.2. Pretensiones
Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:
1 De conformidad con el poder aportado.
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Demandante: Javier Armando Fletscher Plazas
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05784-01
«Primera. Que se ORDENE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL de la ejecución de la
sanción impuesta por la Comisión accionada a mi representado, mediante el fallo
fechado el 7 de octubre de 2022 y “debidamente protocolizado” el 21 de octubre de
2022, hasta que la autoridad accionada resuelva las peticiones de terminación del
proceso y de revocatoria directa del fallo, fundadas en la prescripción de la acción
disciplinaria, que fueron radicadas por la defensa el 20 de octubre de 2022, así como
el recurso de apelación formulado contra el fallo sancionatorio y radicado el 14 de
octubre anterior.
Segundo. Que se COMUNIQUE la anterior decisión a la Presidencia de la Honorable
Corte Suprema de Justicia, en su condición de autoridad ejecutante de la sanción
disciplinaria impuesta.
Tercero. Que se ORDENE a la Comisión accionada que, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación del fallo de amparo, ACUSE RECIBO a la defensa
tanto del recurso de apelación contra la sentencia sancionatoria comunicada el 7 de
octubre de 2022, y radicado el 14 de octubre siguiente, como de la petición de
terminación y/o revocatoria directa del fallo sancionatorio, radicada el 20 de octubre de
2022.
Cuarto. Que, una vez surtido el trámite anterior, se ORDENE a la Comisión accionada
que, a más tardar, dentro de los quince (15) días hábiles a la notificación del fallo de
amparo, se pronuncie en torno a la procedencia del recurso de apelación radicado por
la defensa el 14 de octubre de 2022, interpuesto contra el fallo comunicado el 7 de
octubre anterior; y frente a la solicitud de terminación del proceso y/o revocatoria directa
del fallo, radicadas el 20 de octubre de 2022, agotando la respectiva comunicación de
las providencias.
Quinto. Que se INSTE a la Comisión para que en lo sucesivo se abstenga de comunicar
decisiones judiciales sin el lleno de los requisitos formales que establece la ley,
COMUNICANDOLA para que aplique el “protocolo para la gestión de documentos
electrónicos, digitalización y conformación del expediente”, implementado en
cumplimiento del Acuerdo PCSJA20-11567 de 2020 expedido por el Consejo Superior
de la Judicatura». (Sic para la cita)
Como petición especial, indicó:
«(…) que DISPONGA COMO MEDIDA PROVISIONAL la suspensión de la ejecución
de la sanción impuestas por la Comisión accionada a mi representado, mediante e fallo
fechado el 7 de octubre de 2022 y “debidamente protocolizado” el 21 de octubre de
2022, hasta que se agote el trámite del proceso de tutela, para evitar que se torne
nugatoria la protección de los derechos fundamentales invocados, en el evento de ser
amparado por cuenta de la emisión del fallo dentro de los términos ordinarios que rigen
la acción constitucional».
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se
adoptará en esta sentencia:
El señor Javier Armando Fletscher Plazas indicó que, mediante sentencia de 7 de
octubre de 2022 expedida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en única
instancia de la causa N.º 11001-01-02-000-2017-00369-00, fue declarado
responsable de haber incurrido en la prohibición contenida en el numeral 3.º del
artículo 154 de la Ley 270 de 1996,2 y se sancionó con la suspensión del ejercicio del
cargo de magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, por el término de 1 mes.
2 “3. Retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que
estén obligados”.
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Manifestó que, el 20 de octubre de 2022 solicitó que se decretara la terminación del
proceso por haber operado la prescripción de la acción disciplinaria, o, que en su
defecto, se tramitara la revocatoria directa del fallo sancionatorio.
Agregó que, lo anterior se debe a que la sentencia referida, que obraba en el
expediente físico del asunto disciplinario, estaba suscrita únicamente por uno (1) de
los siete (7) magistrados que integran la Sala de Decisión, lo que derivó en que el
proveído no cobrara firmeza y que la constancia de ejecutoria careciera de
fundamento al no cumplir con un requisito sustancial.
De otro lado, puntualizó que el 14 de octubre de 2022 también ejerció el recurso de
apelación contra la providencia de 7 de octubre de la misma anualidad.
Finalmente, advirtió que a la fecha de interposición de este mecanismo constitucional,
su solicitud no se ha resuelto.
1.4. Fundamentos de la solicitud
El tutelante indicó que la autoridad cuestionada vulneró sus derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia con ocasión de la presunta mora en
resolver el recurso de apelación y las peticiones de terminación del proceso o
revocatoria del fallo sancionatorio, debido a que en dicha causa operó el fenómeno de
la prescripción de la acción disciplinaria, “cuando más (sic), desde el 19 de octubre de
2022”.
Acotó que, debido a que la sentencia de 7 de octubre de 2022 solo se protocolizó
hasta el 21 de octubre de 2022, fecha en la que recibió dicho proveído suscrito por
todos los integrantes de la Sala de Decisión de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, no tiene la certeza de que este documento se hubiese remitido también a la
Corte Suprema de Justicia para efectos de ejecutar la sanción impuesta al señor
Fletscher Plazas.
En ese orden, solicitó que se amparen de manera transitoria los derechos deprecados
por el actor, en el sentido de ordenar la suspensión de la ejecución de la sanción
“mientras que la Comisión accionada resuelva las peticiones de TERMINACIÓN DEL
PROCESO y de REVOCATORIA DIRECTA, que radiqué el pasado 20 de octubre de 2022”.
(Énfasis del texto)
Aclaró que con esta solicitud de amparo «no pretende, entonces, entrar a cuestionar el
fallo sancionatorio “debidamente protocolizado” que profirió la Comisión, sino lograr que el
juez de Tutela (sic) disponga la suspensión transitoria de la ejecución de la sanción en él
impuesta, mientras que el Juez Natural (sic) se pronuncia frente a su legalidad dentro del
proceso».
Lo anterior, por cuanto considera que si bien cuenta con el medio de defensa ordinario
idóneo, esto es, la solicitud de terminación del proceso, esta no es eficaz en el
entendido que “a pesar de haberse ejercitado al interior del expediente y ante la Comisión
como Juez Natural, no ha sido objeto de trámite alguno, al punto que ni siquiera nos ha
acusado recibo, violándose, con ello, el derecho del actor al Acceso Efectivo a la
administración de Justicia (sic)”.
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Finalmente, alegó que el juez de tutela debe proceder de conformidad con lo
establecido en el artículo 18 del Decreto 2591 de 199, según lo cual, “[e]l juez que
conozca de la solicitud podrá tutelar el derecho, prescindiendo de cualquier consideración
formal y sin ninguna averiguación previa, siempre y cuando el fallo se funde en un medio
de prueba del cual se pueda deducir una grave e inminente violación o amenaza del
derecho”. (Énfasis del texto)
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 3 de noviembre de 2022, la autoridad de primera instancia admitió
la acción de tutela y ordenó notificar a la parte actora, a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, y a los magistrados de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, como autoridad judicial accionada.
Adicionalmente, dispuso la vinculación en calidad de terceros con interés, de la
Secretaría Judicial de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la División de
Registro y Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, a la
Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y a la Presidencia del Consejo Superior
de la Judicatura.
De otro lado, negó la solicitud de medida provisional al no advertir, a priori, la urgencia
y necesidad de suspender la ejecución de la sanción disciplinaria, en esa etapa del
proceso.
Por último, reconoció al abogado Rafael Cardona Enciso como apoderado la parte
accionante.
1.6. Intervenciones
Librados los oficios correspondientes, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1. Procuraduría General de la Nación
El 15 de noviembre de 2022, la abogada adscrita a la Oficina Jurídica de la entidad
rindió informe al precisar que sus funciones consisten en efectuar el registro de las
decisiones y de los reportes que realicen las autoridades disciplinarias, en el Sistema
de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad -SIRI-.
Por lo expuesto, solicitó la desvinculación de la presente acción de tutela, debido a
que no presenta incidencia en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En su
defecto, requirió que se declare la improcedencia del mecanismo constitucional ante
la ausencia de la vulneración alegada.
1.6.2. Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Mediante escrito allegado el 16 de noviembre de 2022, la magistrada ponente de la
decisión reprochada solicitó que se declarare improcedente la petición de amparo de
la referencia por cuanto no cumple con los requisitos de relevancia constitucional y
de agotamiento de todos los medios judiciales de defensa.
Ello, debido a que, en su criterio, lo pretendido por el señor Javier Armando Fletscher
Plazas consiste en que se deje sin efectos el fallo sancionatorio sin que medie la
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carga argumentativa exigida en el marco del análisis de la relevancia constitucional.
De otro lado, expuso que se encuentra pendiente por resolver la solicitud de
terminación del proceso radicada el 20 de octubre de 2022, así como el recurso de
apelación, lo cual constituye los medios judiciales idóneos para lograr la defensa de
sus garantías superiores.
Adicionalmente, aseguró que esta acción tampoco es procedente como mecanismo
transitorio, debido a que el tutelante no acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable ocasionado por la decisión sancionatoria que fue dictada con sujeción al
marco legal vigente, comoquiera que “corresponde a una secuencia lógica, a partir de la
inclusión en una de las faltas disciplinarias establecidas en la Ley 270 de 1996, por ello la
sanción disciplinaria no puede ser considerada en sí misma como un perjuicio, dado que se
trata del legítimo ejercicio del ius puniendi que detenta el Estado”.
1.6.3. Secretaría de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Mediante comunicado recibido el 15 de noviembre de 2022, la Secretaría de esa
Corporación efectuó un resumen de las actuaciones surtidas al interior del trámite
disciplinario desde el año 2017 al año 2022.
Refirió que la ejecución de la sanción se estaba haciendo efectiva por parte de la
Corte Suprema de Justicia, debido a que, a través del oficio OSG N.° 5228 de 3 de
noviembre de 2022 la Alta Corte informó que la suspensión del ejercicio del cargo
iniciaría el 15 de noviembre de 2022.
En cuanto al proceso disciplinario indicó:
“(…) el fallo sancionatorio fue discutido y aprobado en sesión de Sala No. 78, llevada
a cabo el 7 de octubre de 2022, con la presencia de los 7 magistrados que integran la
sala plena, y el voto favorable de 5 de ellos, con lo cual se obtuvieron las mayorías
requeridas por el antelado reglamento interno; situación certificada por esta Secretaría
Judicial, con la constancia de ejecutoria remitida a los sujetos procesales al momento
de notificarle el preanotado (sic) proveído.
En punto de la notificación de la providencia con la firma del ponente, se trae a colación
lo razonado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en
providencia del 1° de noviembre de 2013, al declarar infundado el recurso extraordinario
de revisión, en un asunto de similares matices, afirmando: “Igualmente cabe comentar
que lo trascendente para la ‘validez del fallo’ es que en las ‘deliberaciones y aprobación
de la decisión’, se haya contado con la mayoría de los magistrados de la respectiva
‘Sala’, situación que en este caso se cumplió de manera satisfactoria”.
Bajo tal intelección, esta Colegiatura procedió a noticiar a las partes, interesados y a
las entidades encargadas del cumplimiento de la determinación adoptada por la Sala,
remitiendo para ello copia de la sentencia debidamente suscrita por la Dra. Magda
Victoria Acosta Walteros (Ponente), junto con la respectiva constancia de ejecutoria
emitida por el suscrito secretario, lo que de ninguna forma invalida lo decidido o su acto
de notificación porque, en atención a lo dispuesto en los artículos 54 y 56 de la Ley 270
de 1996, que remiten a los reglamentos internos de las Corporaciones judiciales, todas
las decisiones adoptadas por estas requieren la asistencia y voto de la mayoría de los
miembros del cuerpo colegiado, cual aconteció en el presente asunto, lo que para la
época del envío del comunicado de sanción, relevaba de contar la providencia con
todas las firmas de los integrantes, bien de manera física, ora virtual”.
Precisó que, de conformidad con lo anterior y con lo dispuesto en el Decreto 2213
de 2022, la notificación de la decisión de 7 de octubre de 2022 se surtió en debida
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forma el día 11 siguiente, con el envío de los telegramas SJ CAAL 31201 y 31202
junto con la providencia reprochada suscrita por la magistrada ponente.
Por último, solicitó que se deniegue la acción de tutela invocada por el señor
Fletscher Plazas.
1.6.4. Corte Suprema de Justicia
Con memorial de 15 de noviembre de 2022, el Presidente la Alta Corte señaló que,
mediante el oficio S.J. CAAL 32974 de 21 de octubre de 2022, la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial remitió la providencia del 7 de octubre de 2022 con el fin de que
se realizara la anotación de la sanción impuesta al señor Javier Armando Fletscher
Plazas.
En atención a lo anterior, la Sala Plena de esa Corporación expidió el Acuerdo 1879
del 3 de noviembre de 2022, en el que se “dispuso que a partir del 15 de noviembre de
2022, empieza a regir la sanción de suspensión impuesta al actor; acto debidamente
notificado a la señor magistrado sancionado a través de oficio OSG No. 5226 del 3 de
noviembre de 2022”.
1.6.5. Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de
abogados y Auxiliares de la Justicia
A través de informe radicado el 11 de noviembre de 2022, la dirección de la unidad
advirtió que a esta fecha, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no había remitido
la solicitud de registro de la sanción disciplinaria impuesta al señor Fletscher Plazas,
en ese sentido, solicitó la desvinculación del trámite de la referencia.
1.7. Fallo impugnado
Con proveído de 5 de diciembre de 2022,3 la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado negó la solicitud de amparo. Como primera medida, planteó el
problema jurídico a resolver, en los siguientes términos:
“Teniendo en cuenta las pretensiones de la demanda, lo primero que la Sala deberá
examinar es si está acreditada o no la vulneración de los derechos fundamentales del
señor Javier Armando Fletscher Plazas, por cuanto la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial aún no ha resuelto las solicitudes de terminación del proceso, de revocatoria
directa del fallo disciplinario y el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
del 7 de octubre de 2022”.
Luego, explicó que de conformidad con lo señalado en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, la simple demora en la solución de los medios judiciales no configura
per se una mora judicial injustificada, debido a que deben valorarse las circunstancias
que rodean cada caso.
Del análisis del sub examine, concluyó que no advirtió la irregularidad alegada por el
señor Fletscher Plazas debido a que, tal como lo informó la autoridad censurada, el
recurso de apelación y la solicitud de terminación del proceso fueron recientemente
radicados el 14 y 20 de octubre de 2022. Ello, sumado a que se demostró en este
trámite la congestión que padece la autoridad disciplinaria debido a que tiene en turno
otros procesos con mayor antigüedad para resolver.
3 La sentencia de primera instancia fue notificada por medios electrónicos el 12 de diciembre de 2022.
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Aseguró que dicha condición de congestión en el aparato judicial es una causa
externa a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial que afecta el
funcionamiento oportuno del servicio de la administración de justicia y que, por demás
está decir, se escapa de sus manos.
En ese orden, concluyó que no se acreditó que en el caso objeto de análisis se
hubiese configurado una mora judicial injustificada, comoquiera que el proceso
disciplinario se ha adelantado dentro de términos razonables y con la debida garantía
del debido proceso.
Por último, precisó que “(…) si lo que se pretende mediante el ejercicio de la presente
acción es que se deje sin efectos la sentencia del 7 de octubre de 2022, dictada por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, precisa la Sala que el accionante no presentó ni
sustentó la configuración de ninguno de las causales específicas de procedencia de la tutela
contra providencias judiciales, por lo que esta carecería de relevancia constitucional ante la
total ausencia de carga argumentativa”.
1.8. Impugnación
Mediante correo electrónico enviado oportunamente a la Secretaría General del
Consejo de Estado el 19 de diciembre de 2022, el apoderado de la parte actora
manifestó:
“Buenas tardes
Actuando como apoderado judicial del accionante, respetuosamente les manifiesto que
IMPUGNO el fallo de primera instancia, el cual fue notificado, en mi caso, el pasado 14
de diciembre de 2022, cuando se cumplieron los dos días hábiles siguientes al envío
del mensaje de datos que contiene la comunicación. Me sustento en el art. 8 de la Ley
2213 de 2022, que es aplicable en sede constitucional: Cfr. C.C. Auto 1351/22. Así las
cosas, el término para interponer la impugnación vence hoy 19 de diciembre de 2022,
por ser el tercer día hábil siguiente a la notificación de la providencia. Ahora, como la
impugnación en sede de tutela no requiere sustentación para su procedencia, ruego
entonces que se disponga el envío del asunto a la segunda instancia”. (Sic para la
cita)
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de 5 de diciembre de 2022 proferida por la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591
de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar sí debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 5 de diciembre de 2022, a través de la cual, la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado negó la solicitud de
amparo deprecada por el señor Javier Armando Fletscher Plazas contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial.
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Para el efecto, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la naturaleza de la acción de
tutela; (ii) las generalidades de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia; (iii) la mora judicial; y (iv) el caso concreto.
2.3. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable4.
2.4. Derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación armónica
de los artículos 229 de la Constitución5, del derecho fundamental al debido proceso6
y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de fundamental al
derecho de acceso a la administración de justicia7.
El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para que
resuelva “[…] las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y con el
mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada, ajustada a
derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales
previstas en la Constitución y en la ley […]”8.
Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía “[…] no puede
concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante los jueces,
o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas de los
asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante los estrados
judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad
y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca
de los hechos materia de su decisión […]”9.
4 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
5 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará
en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
6 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a
la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio,
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
7 Sentencia T-006 de 1992.
8 Sentencia T-476 de 1998.
9 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
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Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende
que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que cuando el “[…]
ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encuentre una respuesta
rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos y garantías”10, y de otro lado,
“la obligación correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las
condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a dicho servicio
público sea real y efectivo, con lo cual se deben descartar las actuaciones nominales que no
logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la
necesidad de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que
representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas […]”11.
Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996
Estatuaria de la Administración de Justicia12 y con sustento en los principios de
celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez,
como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de
evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con una
sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de las
partes.
Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que “[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial que
aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que se proyecta
más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su
responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales. El juez
que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas
imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos
mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material […]”13.
2.5. La mora judicial
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede llegar
a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en aquellos
casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no en la
complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de
carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisión
sistemática de sus deberes.14
Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que “ atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales
no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales”15.
En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que:
« (…) por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
10 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
11 Ibídem.
12 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y
lograr y mantener la concordia nacional”.
13 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio Palacio.
14 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
15 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio,
para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la
jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del
juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden
vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso
recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el
incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la
complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del
operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas
estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o
de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o
ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley.
Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de
dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente
y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus
funciones.».
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial16, según la cual solo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En
el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a
la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes.
2.6. Caso concreto
2.6.1. En el sub examine, la parte actora solicitó que se accediera transitoriamente al
amparo de sus prerrogativas constitucionales en el sentido de suspender la ejecución
de la sanción de la cual fue objeto en el fallo de 7 de octubre de 2022, con el propósito
de evitar un perjuicio irremediable.
De otro lado, el tutelante alegó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia por presuntamente haber incurrido en mora, en resolver el recurso de
apelación contra la sentencia de 7 de octubre de 2022 y las solicitudes de terminación
del proceso o de revocatoria del referido fallo que puso fin a la causa disciplinaria de
única instancia adelantada contra el señor Javier Armando Fletscher Plazas.
Finalmente, pidió que se inste a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que,
en lo sucesivo, no comunique decisiones sin el cumplimiento de los requisitos y
formalidades.
2.6.2. En cuanto al primer aspecto, la Sala de manera preliminar señala que, al revisar
las piezas obrantes en el expediente digital del asunto de la referencia, advierte que
la Corte Suprema de Justicia allegó copia del Acuerdo N.° 1879 de 3 de noviembre
de 2022 a través del cual se dispuso la ejecución de la sanción impuesta al señor
Javier Armando Fletscher Plazas en los siguientes términos:
“PRIMERO: DISPONER que a partir del quince (15) de noviembre de dos mil veintidós
(2022), empiece a regir la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término
de un (1) mes, impuesta por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el proceso
16 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-2012-
01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal Administrativo
de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014, Rad. No.: 25000-
23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado: Procuraduría General de
la Nación.
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disciplinario No. 11000102000201700369-00, al doctor JAVIER ARMANDO
FLETSCHER PLAZAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.210.525, en su
calidad de Magistrado en propiedad de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Bogotá.
SEGUNDO: COMUNICAR lo pertinente al funcionario sancionado, a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, a la Presidencia del Tribunal Superior de ese Distrito
Judicial para que se coordine la entrega del Despacho.
(…)”
Adicionalmente, al revisar los antecedentes disciplinarios del magistrado Fletscher
Plazas se observa que la sanción se cumplió entre el 15 de noviembre y el 14 de
diciembre de 2022, así:
De conformidad con el certificado de antecedentes disciplinarios, es claro para esta
Magistratura que, frente a la solicitud de suspensión provisional de la ejecución
de la sanción, ha operado la figura de la carencia actual de objeto por sustracción
de materia debido a que la separación del señor Javier Armando Fletscher Plazas de
su cargo como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, tuvo lugar el mes que transcurrió entre el 15 de noviembre y el 14 de
diciembre de 2022.
En otras palabras, durante las fechas anotadas se efectuó lo que el demandante
pretendía evitar, comoquiera que la sanción se ejecutó en debida forma según lo
referido por la Corte Suprema de Justicia y la información que consta en la plataforma
de consulta de antecedentes disciplinarios de la Comisión censurada.
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De lo anterior, esta Colegiatura destaca que en anteriores oportunidades17 se ha
referido a la acción de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa judicial
ha sido instituido como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección
de derechos fundamentales que sean vulnerados o amenazados de una manera
actual e inminente.
Asimismo, se ha señalado que existen eventos en los que la amenaza o efectiva
vulneración al derecho fundamental desaparece en el transcurso de la acción
de tutela, o la vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa en el
curso del proceso, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que hace inane
la intervención del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la
vulneración de los derechos fundamentales.
En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del
proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en los siguientes
supuestos: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; (iii) por una situación
sobreviniente; y (iv) por sustracción de materia.
En ese sentido, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 de 2016, que la Sala
cita como criterio auxiliar, señaló que:
«“La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de
los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por
lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y
sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría
inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.18
A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre
este respecto, que:
“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente bajo
la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su
amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o
amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido
o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un
peligro ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original).
“Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la carencia
actual de objeto para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita
salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular,
se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente
descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho
superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar
17 Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias de: (i) 8 de julio de 2020, Rad. No. 2021-02506-0, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; (ii) de
24 de junio de 2021, Rad. No. 2021-00266-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
18 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual
se transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».
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por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente19”».
Con base en el anterior marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional ha
sostenido que:
(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los
derechos fundamentales.
(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho fundamental
que se pretendía evitar se materializa, antes de la interposición de la solicitud de
amparo constitucional o en el trámite de la acción de tutela, por lo que no es posible
retrotraer los efectos de la vulneración pues el daño resulta perenne.
Al respecto ha señalado el Tribunal Constitucional: “[l]a segunda de las figuras
referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius-fundamental
que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela
se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir
que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden al respecto”.20
(iii) La situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los derechos
fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela, pero por una
circunstancia que no se encuadra en los conceptos de daño consumado y hecho
superado.
(iv) Adicionalmente, el Alto Tribunal también ha considerado la figura de la carencia
actual de objeto por sustracción de materia, la cual opera cuando en el trámite de
la acción de tutela ocurre un supuesto fáctico que varía la situación del accionante.
Entre otras, en las sentencias T-186 de 1995, T-682 de 2001, T-271 de 2001, T-1018
de 2004, T-137 de 2004, y T-204 de 2013, la Corte Constitucional ha señalado que el
juez de esta sede pierde la facultad para pronunciarse sobre aspectos que han
derivado en la ausencia de lo pretendido, así:
“Durante el transcurso del proceso pueden sobrevenir hechos que cambien la situación
del accionante frente a la entidad accionada. (…) Se presenta, en consecuencia, una
inexistencia del objeto jurídico tutelable”.
En ese orden, esta Sala de Decisión arguye que, debido a que en el sub examine la
pretensión del accionante concerniente a que se ordenara la suspensión temporal de
la ejecución de la sanción, no será objeto de análisis por cuanto la separación del
magistrado Javier Armando Fletscher Plazas de su cargo se agotó entre el 15 de
noviembre y el 14 de diciembre de 2022, esto es, con anterioridad al momento en que
se efectúa en segunda instancia el estudio de la solicitud de amparo.
19 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual
se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
20«Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».
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Al respecto, esta Corporación ha considerado que la mencionada fórmula se debe
aplicar en aquellos casos en los que se evidencia la desaparición de los supuestos,
hechos o normas que sustentan una acción o pretensión como en el asunto de la
referencia, que impiden al juez pronunciarse, porque cualquier decisión resultaría
inane, caería en el vacío, circunstancia que indiscutiblemente se adecúa a lo que
ocurrió en este evento.21
Así las cosas, en relación con la petición de un amparo provisional esta Colegiatura
declarará la carencia actual de objeto por sustracción de materia.
2.6.3. Ahora bien, en cuanto al cargo por mora judicial, este cuerpo Colegiado
anuncia que confirmará la decisión del a quo en el sentido de negar el amparo por
cuanto no se demostró que la Comisión Nacional del Disciplina Judicial hubiera
incurrido en una tardanza injustificada en resolver el recurso de apelación y las
solicitudes de terminación del proceso disciplinario o de revocatoria de la sentencia
sancionatoria de 7 de octubre de 2022.
A dicha conclusión se arriba luego de analizar la información allegada por la
Secretaría de la Comisión Nacional de Disciplina y aquella contenida en el sistema
de consulta de procesos de dicha autoridad, en el cual obra la siguiente información:
El 7 de octubre de 2022 se declaró infundado el impedimento manifestado por
el magistrado Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo y en la misma diligencia
se profirió la sentencia que resolvió el proceso disciplinario.
La anterior decisión fue notificada al accionante y a su apoderado el 7 de
octubre de 2022 a través de los telegramas SJ CAAL 31201 y 31202.
Efectuada la notificación, el 18 de octubre de 2022 se comunicó la sanción a
las autoridades encargadas de la ejecución, esto es, a la División de Registro
y Control de la Procuraduría General de la Nación, a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Seccional Bogotá y a la Presidencia de la Corte
Suprema de Justicia.
El 14 y 20 de octubre de 2022, el señor Fletscher radicó recurso de apelación
y las solicitudes de terminación del proceso o de la revocatoria directa del fallo,
respectivamente.
El 8 de noviembre de 2022 se recibió el oficio OSG N.° 5228 de 3 de noviembre
del mismo año mediante el cual la Corte Suprema de Justicia refirió que la
sanción empezaría a regir el 15 de noviembre de 2022.
En el escrito de intervención, la autoridad cuestionada precisó que, debido a que el
actor recurrió el fallo sancionatorio, el expediente se encuentra al despacho de la
magistrada ponente para resolver lo que corresponda, razón por la cual el juez
constitucional no está facultado para emitir pronunciamientos respecto a la validez del
proveído de 7 de octubre de 2022.
Así las cosas, considera esta Sala de Decisión que en el proceso disciplinario objeto
de debate se han respetado los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia del señor Javier Armando Fletscher Plazas en tanto se han
21Corte Constitucional, Sentencia T-419 del 29.06.2017, M.P. Diana Fajardo Rivera; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 22.03.2018, M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 500012333201700591-01.
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agotado las etapas procesales y se ha garantizado el derecho de defensa y
contradicción del sancionado.
Tal aseveración deviene del hecho acreditado, concerniente a que la causa
disciplinaria tuvo inicio en el año 2017 cuando aún funcionaba la Sala Jurisdiccional
del Consejo Superior de la Judicatura y, hasta el 7 de octubre de 2022, fecha en la
que se resolvió el fondo del litigio, no se advirtió reproche alguno con sustento en la
tardanza en el servicio de administración de justicia.
Ahora, es necesario resaltar que, si bien el señor Fletscher Plazas alegó la
vulneración de sus garantías superiores debido a la mora de la autoridad en resolver
la apelación y las mencionadas solicitudes, lo cierto es que también es un hecho
notorio que el país presenta un alto índice de congestión en la Rama Judicial, y la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial no es un órgano ajeno a esta problemática.
En otras palabras, pese a que la Corporación censurada es relativamente joven y
podría dar lugar a inferir que inició labores con una estadística de procesos asignados
en cero, la realidad es que recibió toda la carga laboral de la extinta Sala Jurisdiccional
del Consejo Superior de la Judicatura que también tenía asuntos pendientes por
resolver.
Debido a ello, la judicatura cuestionada, en aras de preservar el alcance y
materialización de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia de todos los usuarios de la jurisdicción disciplinaria, debe respetar el turno
asignado a cada expediente conforme a la fecha de paso al despacho.
En ese orden de ideas, se insiste en el argumento expuesto por el a quo consistente
en que no se advierte en el sub examine una mora judicial injustificada, comoquiera
que el recurso de apelación y las solicitudes presentadas se incoaron recientemente
el 14 y 20 de octubre de 2022, esto, aunado al hecho notorio de que la congestión
judicial se constituye como el factor principal del retardo en la administración de
justicia y que escapa a las posibilidades humanas y a la esfera funcional de los
empleados y funcionarios de la Rama Judicial.
2.6.4. En relación con la pretensión de instar a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial para que en lo sucesivo se abstenga de comunicar decisiones sin el
cumplimiento de los requisitos, será denegada.
Esta manifestación obedece a que en el literal “h” del artículo 17 del Acuerdo 003 de
25 de enero de 202122, en el que se señalan las reglas para el estudio y decisión de
las providencias que son competencia de la Sala Plena de la Corporación accionada,
se determinó:
“Una vez que la Secretaría Judicial, pase a los despachos las providencias aprobadas
para firma, el respectivo Magistrado tendrá un término de tres (03) días improrrogables
para firmar, dándole prioridad a las suspensiones provisionales y los asuntos próximos
a prescribir”.
22 A través del cual se adoptó el Reglamento Interno Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
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Por su parte, en el artículo 20 ibídem se regula que la remisión de los expedientes a
la Secretaría se realizará dentro de los 2 días siguientes a la fecha de aprobación del
proyecto en Sala, “firmadas por el ponente”. (Énfasis propio)
En ese sentido, la logística interna implementada por el mencionado reglamento
indica que los proyectos aprobados deberán ser remitidos a la Secretaría dentro de
los 2 días siguientes a la Sala, suscritos por el ponente. Luego, dicha dependencia
gestionará las firmas de los demás magistrados, quienes tendrán un plazo de 3 días,
cada uno, para ello.
Corolario, el artículo 205 de la Ley 734 de 2002 prevé que la ejecutoria de las
sentencias dictadas en única instancia y las providencias a través de las cuales se
resuelven recursos de apelación, queja y consulta, así como aquellas no susceptibles
de recursos quedarán ejecutoriadas en la fecha de su expedición.
Asimismo, en el artículo 206 de la norma ejusdem se establece que los referidos
proveídos “se notificarán sin perjuicio de su ejecutoria inmediata”.
Lo anterior conlleva a concluir que, debido a que la ejecutoria de las decisiones
adoptadas por la Comisión censurada opera de manera inmediata, y que el
reglamento interno ordena un procedimiento específico para efectos de lograr la
impronta de la firma de los magistrados de la Sala Plena, es a penas lógico que el
expediente pase a la Secretaría Judicial con la rúbrica del ponente y que en el
trascurso de los siguientes días, el documento sea entregado en cada uno de los
despachos de los miembros de la Corporación, para tal efecto.
Entonces, el hecho de que el señor Fletscher Plazas encontrara la sentencia de 7 de
octubre de 2022 únicamente con la firma de la magistrada ponente en el expediente
que estaba en Secretaría, no deriva automáticamente en una irregularidad de la
decisión o en una falla en el trámite interno de la Corporación. Corresponde a una
logística establecida en el reglamento del órgano disciplinario, la cual debe cumplirse.
2.7. Conclusión
Por todo lo anterior, esta Sala de Decisión modificará la sentencia dictada por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado que negó las pretensiones
del señor Javier Armando Fletscher Plazas, para, en su lugar: (i) adicionar la
declaratoria de la carencia actual por sustracción de materia frente a la solicitud de
un amparo transitorio; y (ii) confirmará la negativa respecto a lo demás.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la Repúblicay por
autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 5 de diciembre de 2022 proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el sentido de
ADICIONAR la declaratoria de carencia actual de objeto por sustracción de materia
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frente a la pretensión de acceder a un amparo transitorio; y CONFIRMAR la negativa
frente a los demás cargos.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”
17
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