Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05785-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05785-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-05785-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
23 de febrero de 2023
Radicado: 11001 03 15 000 2022 05785 00
Demandante: Esteban Antonio Lagos González
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Expediente: 11001 03 15 000 2022 05785 00
Accionante: Esteban Antonio Lagos González
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera
Tesis: Incumple el requisito de relevancia constitucional frente a los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, la acción de tutela interpuesta en
contra de una providencia judicial, si no se advierte la afectación del núcleo esencial
del mencionado derecho y se pretende usar el mecanismo constitucional, como una
instancia adicional dentro del trámite ordinario.
ACCIÓN DE TUTELA – PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada, a través de apoderado, por el señor
Esteban Antonio Lagos, invocando la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad, con ocasión de la sentencia del 7 de julio de 2022,
emitida por la Sección Tercera de esta Corporación, dentro del medio de control de
nulidad simple con número de radicado 11001 03 26 000 2016 00140 00.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. El señor Esteban Antonio Lagos González, a través de apoderado judicial,
solicitó la protección de los derechos fundamentales enunciados, para lo cual
formuló las siguientes pretensiones:
“IV. PETICIONES
PRIMERO. Amparar el derecho a la igualdad y el debido proceso de ESTEBAN
ANTONIO LAGOS GONZÁLEZ.
SEGUNDO. Dejar sin efectos la sentencia del 7 de julio de 2022 de la Sección
Tercera del Consejo de Estado (M.P. José Roberto Sáchica Méndez), mediante
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la cual se resuelve el medio de control de nulidad en contra del Decreto 3004
del 26 de diciembre de 2013 del Gobierno Nacional y la Resolución No. 90341
del 27 de marzo de 2014 del Ministerio de Minas y Energía.”1
1.2. Como sustento de lo anterior, a título de hechos, señaló que el 23 de agosto
de 2016, presentó demanda de nulidad simple en contra del Decreto 3004 de 2013
y la Resolución No. 90341 de 2014, por medio de las cuales el Gobierno Nacional y
el Ministerio de Minas y Energía establecieron los criterios y procedimientos, así
como los requisitos técnicos, para la explotación de hidrocarburos en yacimientos
no convencionales.
Arguyó que, en proveído del 8 de noviembre de 2018, confirmado en auto del 17 de
septiembre de 2019, se suspendieron provisionalmente las normas demandadas
pero que, en fallo del 7 de julio de 2022, la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado denegó las pretensiones del libelo introductorio y ordenó el
levantamiento de la medida cautelativa. Resaltó que solicitó la aclaración de dicha
providencia, la cual fue resuelta en auto del 25 de agosto de 2022.
1.3. Por otro lado, alegó que se acreditó el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela, en razón a que: la demanda se
había presentado dentro un término razonable, dado que el fallo impugnado había
sido emitido el 7 de julio de 2022 y el auto que resolvió la aclaración el 25 de agosto
de ese año, no existen otros mecanismos procesales para controvertir el fallo
impugnado, hay relevancia constitucional, debido a que se pretendía el amparo de
los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, los cuales fueron
vulnerados por una ineficiente motivación de la sentencia recurrida, con un déficit
en la valoración del acervo probatorio y con desconocimiento del precedente
jurisprudencial sobre el principio de precaución. Igualmente, afirmó que el asunto
no tenía contenido económico ni mucho menos connotaciones particulares y
privadas.
Expuso que la petición de amparo no tiene origen en su negligencia o culpa, que la
providencia sometida a juicio no es una sentencia de tutela y que existió una
irregularidad procesal como elemento determinante en la violación de los derechos
1 Visible a folio 41 del escrito de demanda
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fundamentales y que no tuvo la posibilidad de alegar dicha vulneración en el
transcurso del proceso judicial.
1.4. En cuanto a los requisitos específicos de procedibilidad, mencionó que la
providencia censurada incurrió en un defecto fáctico, al asignarle la carga de la
prueba de los posibles daños del fracking, desconociendo con ello el principio de
precaución y lo estándares fijados jurisprudencialmente para la labor judicial de
apreciación probatoria. Mencionó que, en virtud del aludido principio, el operador
judicial no puede requerir certeza científica en un riesgo de daño ambiental y que
así lo ha entendido pacíficamente la jurisprudencia, particularmente, las sentencias
T-080 de 2015 y C-148 de 2022, emitidas por la Corte Constitucional.
Expuso que, inclusive en la instancia ordinaria, la Sección Tercera de esta
Corporación judicial aceptó la inversión de la carga de la prueba, precisamente en
el proveído del 17 de diciembre de 2019, que resolvió el recurso de súplica en contra
de la medida cautelar adoptada en auto del 8 de noviembre de 2018. Reprochó que,
en la decisión enjuiciada se le haya asignado la responsabilidad de acreditar la
violación del principio de precaución, al punto que se le exigió superar un umbral
probatorio preciso, inequívoco y fehaciente, para desvirtuar la presunción de
legalidad de los actos administrativos allí impugnados.
Arguyó que la entidad accionada omitió analizar el material probatorio que aportó,
lo que aseguró, llevó a que se adoptara una decisión equivocada. Así, en relación
con la prueba pericial, anotó que su valoración fue ignorada por la Sección Tercera
de esta Corporación, pese a que la misma fue ordena de oficio. En ese sentido,
expuso que de las treinta (30) preguntas que componían ese estudio, tan sólo fueron
estudiadas las que van de los números veintiséis (26) al treinta (30), pues respecto
a las demás, se limitó a realizar un resumen de lo allí expuesto por los expertos.
Cuestionó que no se hayan analizado las preguntas 2, 3 y 4, pese a que estas tenían
una clara incidencia en la demostración de la vulneración del principio de
precaución, dado que allí la Universidad Nacional de Colombia ofrecía evidencias
contundentes sobre la existencia de riesgos asociados a la utilización de fracking
como técnica de extracción, tales como la contaminación de las aguas subterráneas
por fuga de gases y fluidos, el deterioro de las aguas superficiales, del aire, la
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emisión de gases radioactivos y de efecto invernadero como el dióxido de carbono,
así como el incremento de la actividad sísmica inducida por la inyección de aguas
contaminadas en pozos de almacenamiento, entre otras.
Reprochó que, de un lado, no se dio trascendencia a los testigos técnicos que
acreditaban la ilegalidad de los actos enjuiciados, lo cuales enunció en los folios 14
a de 21 de la demanda, pero de otro, se valoraron los relatos de 5 (cinco) testigos2
sin que se diera consideración alguna sobre la tacha propuesta en su contra por los
vínculos laborales o gremiales y las circunstancias que afectarían su imparcialidad
en los términos del artículo 211 del Código General del Proceso (en adelante CGP).
1.5. En cuanto al desconocimiento del precedente, expuso que la Corporación
Judicial accionada ignoró el desarrollo del principio de precaución en: (i) la sentencia
del 24 de octubre de 2002, emitida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
dentro del proceso con número de radicado 25000 23 24 000 1996 06978 01, (ii) el
fallo del 24 de julio de 2003, emitida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
en el expediente 15001 23 31 000 2001 02992 01, (iii) la sentencia del 5 de
noviembre de 2013, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, en el
proceso 25000 23 25 000 2005 00662 03, (iv) la sentencia del 11 de diciembre de
2013, expedida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en el proceso 11001
03 24 000 2004 00227 01, (v) el fallo del 28 de marzo de 2018, emitido por la Sección
Primera del Consejo de Estado en el proceso con radicado 25000 23 27 000 2001
90479 01, (vi) la sentencia del 29 de abril de 2015, proferida dentro del proceso con
número de radicado 25307 33 31 701 2010 00217 01, proferida por la Subsección
“B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, (vii) la sentencia del 15 de
diciembre de 2016, emitida dentro del proceso con radicado 88001 23 31 000 2011
00011 01, por la Sección Primera del Consejo de Estado, (viii) la providencia del 15
de febrero de 2018, proferida por la Sección Quinta – En Descongestión del Consejo
de Estado, en el proceso con radicado 41001 23 31 000 2009 00269 01, (ix) la
sentencia del 26 de abril de 2018, expedida por la Subsección “A” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en el proceso con radicado 11001 03 15 000 2018
00596 00, (x) el fallo del 25 de enero de 2019, proferido por la Sección Primera del
Consejo de Estado en el proceso con radicado 85001 23 33 00 2014 00218 02, (xi)
2 Liliana Monsalve Jaimes, Alejandra Noemí Rodríguez, Edwar Tovar Otacha, Manuel Alejandro
Montealegre Rojas y Alejandro Cabezas Duque.
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Demandante: Esteban Antonio Lagos González
la sentencia del 24 de septiembre de 2021, emitida por la Subsección “A” de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, en el proceso con radicado 25000 23 36
000 2013 01796 01 y (xii) el proveído del 14 de agosto de 2022, expedido en el
proceso 2500 23 41 000 2013 02459 01, por la Sección Primera del Consejo de
Estado.
Destacó que las aludidas providencias coinciden en señalar que el principio de
precaución es aplicable como mecanismo de protección al medio ambiente cuando
exista incertidumbre científica frente a la causación de un daño. Sin embargo,
expuso que, pese a que dichas decisiones guardaban equivalencia fáctica y jurídica
y que constituían precedente horizontal, la decisión enjuiciada se apartó de las
mismas, sin que existiera alguna justificación para ello.
Mencionó que en el fallo atacado se mencionaron proveídos que no eran aplicables
al asunto objeto de controversia. Así, indicó que se incluyeron sentencias como la
T-1062 de 2001, cuya ratio decidendi no alude al principio de precaución, sino que
desarrolla la subordinación de una persona natural frente a un conjunto residencial.
Sobre la sentencia T-701 de 2014, expuso que, pese a que desarrollaba el principio
de precaución, ello era en relación con el derecho a la salud humana y el ambiente
sano, respecto de la instalación de una antena de telecomunicaciones. En cuanto a
la sentencia T-139 de 2019, aludió a que su enfoque principal era el derecho al agua
y su importancia para la salud humana. A su vez, sobre el fallo T-236 de 2017, acotó
que no podía ser tenido en cuenta, dado que no era de unificación, ni representaba
la línea sobre el anotado principio establecida por la Corte Constitucional. En lo que
hace a la providencia T-574 de 1994, anotó que allí los derechos fundamentales
objeto de controversia eran la vida, la vivienda y el debido proceso y no el de
precaución en materia ambiental.
Destacó que, aunque en el fallo recurrido también se mencionaron las sentencias
T-299 de 2008 y T-360 de 2010, que sí tratan sobre el principio de precaución, lo
cierto es el aspecto de fondo que abordaron era la protección del ambiente.
Alegó que, entonces, era clara la aplicación incorrecta del precedente constitucional,
pues se cambió el sentido de las decisiones allí adoptadas por la Corte
Constitucional.
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1.6. Por otro lado, expuso que el proveído impugnado carecía de motivación, al
no explicar las razones por las que se abstenía de estudiar el cargo relacionado con
el principio de precaución, el cual “lo despacha de manera insuficiente, pues a pesar
de mencionar superficialmente las corrientes del principio de precaución, no ahonda
en los motivos por los cuales se aleja de la postura adoptada por el ordenamiento
jurídico”3
1.7. Expresó que había una violación directa de la Carta Política, debido que en
el fallo censurado se desconoció el anotado principio, con base en un análisis
equívoco de la doctrina internacional, incurriendo en una indebida jerarquización de
las fuentes normativas puestas a su disposición. Así, expuso que fueron
desconocidas la declaración de Wingspread de 1998, la Carta Mundial de la
Naturaleza de las Naciones Unidas de 1982, la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París de 2016. Concluyó que la
Corte Constitucional en múltiples fallos ha reconocido que el principio de precaución
se encuentra constitucionalizado, pues se desprende de la internacionalización de
las relaciones ecológicas y de los deberes de protección y prevención del ambiente.
II. TRÁMITE DE LA TUTELA
2.1. La acción de tutela fue repartida al Consejero de Estado Roberto Augusto
Serrato Valdés, quien, en proveído del 3 de noviembre de 2022, la inadmitió para
que se allegara el correspondiente poder que habilitara al abogado Juan Pablo
Sarmiento Erazo a presentar la presente demanda a nombre del señor Lagos
González.
2.2. A través de memorial del 8 de noviembre de los corrientes, se allegó un nuevo
acto de apoderamiento, en el que únicamente se habilitó al señor Sarmiento Erazo
a actuar en el proceso ordinario objeto de controversia.
2.3. Por medio de oficio del 17 de noviembre de 2022, el aludido Consejero
Serrato Valdés manifestó encontrarse incurso de la causal de impedimento prevista
en el numeral 56 del Código de Procedimiento Penal, aplicable por la remisión del
3 Visible a folio 35 del escrito demandatorio
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artículo 39 del Decreto Ley 2591 de 1991. Dicho impedimento fue declarado
fundado por la Sala de Decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado en
providencia del 24 de noviembre de ese año.
2.4. En escrito del 24 de noviembre de 2022, la señora Ana María Sánchez
Quintero, actuando a nombre propio y en su condición de Supervisora de la
Clínica Jurídica Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario,
presentó coadyuvancia esgrimiendo reparos similares a los expuestos en el libelo
introductorio4.
2.5. La acción de tutela fue admitida por medio de auto calendado el 13 de
diciembre de 2022, en el cual se ordenó notificar a los Magistrados que integran a
la Sección Tercera del Consejo de Estado y comunicar al Ministerio de Minas y
Energía y a los coadyuvantes de la parte demandante y accionada en el proceso
ordinario.
Igualmente, se requirió a los señores Pedro Rivas, Laura Sofía Garzón, Verónica
Patricia Gómez y Laura Carolina Ávila, quienes fueron mencionados en la acción de
tutela, sin que los mismos hubieren firmado la acción, ni allegaron los mandatos que
facultaron al abogado que interpuso la demanda para ejercer su representación
judicial.
2.6. A través de memorial del 13 de enero de 2023, la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado presentó escrito en el que solicitó que se acceda a
las pretensiones de la demanda, esgrimiendo las siguientes razones:
Mencionó que el asunto de la referencia tenía relevancia constitucional dado que,
en el dictamen pericial y las demás pruebas aportadas al plenario del proceso
ordinario, se acreditaron los riesgos que lleva la ejecución de la actividad de
fracking. Reprochó que, pese a ello, la Sección Tercera del Consejo de Estado
expresó que no era posible buscar el desarrollo de una actividad sin que exista algún
riesgo, de modo que desestimó las pretensiones de la demanda. Alegó que se
agotaron todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, se
cumplió el requisito de inmediatez, existió una irregularidad determinante al
4 Visible en el índice número 24 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
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desconocer el principio de precaución, se identificaron de manera razonable los
hechos que generaron la vulneración de los derechos fundamentales y no se
atacaba una sentencia de tutela.
Mencionó que la providencia enjuiciada adolecía de defecto fáctico por una
inadecuada valoración del dictamen pericial elaborado por los expertos de la
Universidad Nacional de Colombia y de los testimonios practicados, los cuales
daban cuenta que la técnica de fracking generaba riesgos parcialmente previsibles,
mitigables y reversibles para el medio ambiente y la salud humana, los cuales no
fueron tenidos en cuenta por los actos administrativos demandados, ni se previeron
medidas para controlarlos y remediarlos.
Expuso que el fallo censurado adolecía del defecto sustantivo debido a que se
interpretó el principio de precaución de forma equivocada y arbitraria y se le dio un
sentido contraevidente, pues una aplicación correcta de éste obligaba a que se
suspendiera o evitara la situación de peligro sobre el medio ambiente. En
consecuencia, pidió que se acceda a la petición de amparo y se deje sin efectos la
sentencia del 7 de julio de 2022, expedida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado5.
2.7. A través de memorial del 12 de enero de 2023, el profesional del derecho
Juan Pablo Sarmiento Erazo, en su calidad de apoderado de la parte actora,
aclaró que los señores Pedro Rivas, Laura Sofía Garzón, Verónica Gómez y Laura
Carolina Ávila fueron indicados en calidad de colaboradores en la acción de tutela,
debido que, en su condición de estudiantes de la Clínica Jurídica de Interés Público
y Derechos Humanos de la Universidad de La Sabana, auxiliaron en la redacción
de la demanda, pero que no se trataban de sujetos procesales, pues el único
demandante era el ciudadano Esteban Antonio Lagos González6.
2.8. Por escrito del 13 de enero de 2023, el Consejero de Estado José Roberto
Sáchica Méndez, en su calidad de ponente de la decisión controvertida, solicitó se
declare a improcedencia del libelo introductorio, teniendo en cuenta las razones que
no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, pues los accionantes no indicaron
5 Visible en el índice número 32 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI
6 Visible en el índice número 33
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la razón por la cual el recurso extraordinario de revisión puede resultar insuficiente
para garantizar la protección de los derechos que se afirman como vulnerados.
Agregó que en el libelo introductorio se reconoció que la fuente de vulneración de
los derechos fundamentales había surgido con la expedición de la sentencia
acusada, de modo que dicha circunstancia se identificaba con la causal prevista en
el numeral quinto del artículo 250 del CPACA, concerniente a las irregularidades
originadas en el fallo que puso al fin al proceso.
Añadió que la acción carecía de relevancia constitucional, pues la petición de
amparo se limitó a controvertir la valoración de las pruebas y la interpretación del
alcance del principio de precaución, por lo que el análisis propuesto era propio de
la instancia ordinaria.
Indicó que no se configuró el defecto fáctico, pues el demandante confundió las
reglas y las cargas que le competen a quien pretende desvirtuar la presunción de
legalidad de un acto, con los parámetros probatorios e interpretativos del principio
de precaución. De igual forma, mencionó que no era cierto que las normas acusadas
avalaran la actividad de fracking sino que, en realidad, correspondían a un
reglamento técnico.
Frente al desconocimiento del precedente, destacó que las providencias traídas por
el accionante no podían ser tenidas en cuenta dado que abordaban supuestos
fácticos y jurídicos disímiles a los que fueron analizados en el fallo controvertido. En
cuanto a las presuntas providencias que fueron citadas y que no eran aplicables,
mencionó que éstas fueron señaladas en la obiter dicta de la sentencia, de modo
que no determinaron la regla que fue establecida en la providencia controvertida.
Anotó que no era cierto que la decisión cuestionada carezca de motivación y que,
por el contrario, allí se ahondó en las características y requisitos del principio de
precaución.
Agregó que tampoco desconoció los instrumentos internacionales referidos en la
acción de tutela, sino que dicho reproche partió de un entendimiento errado de los
demandantes, quienes creyeron que lo que se debatía era la conveniencia y
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prohibición de la actividad de fracking y no la legalidad de los actos administrativos
enjuiciados.
Concluyó señalando que, en su criterio, la acción de tutela no procede en el contexto
de los medios control de legalidad y constitucionalidad, pues allí el análisis que
realiza el Juez no involucra un interés subjetivo y particular, sino la protección de la
legalidad y constitucionalidad en abstracto7.
2.9. Por memorial del 16 de enero de 2023, la sociedad Ecopetrol S.A. pidió que
se niegue la acción de tutela, teniendo en cuenta que no se observó el requisito de
subsidiariedad, debido a que el accionante contaba con la posibilidad de interponer
el recurso extraordinario de revisión, por la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto es, el relacionado con la existencia de
una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso.
A su vez, expuso que el asunto carece de relevancia constitucional, pues la
discusión propuesta por el demandante se limita a la mera determinación de
aspectos legales que ya fueron zanjados por el Juez natural de la causa.
Expresó que la decisión enjuiciada no adolecía del defecto fáctico, pues el proceso
se ventiló a través del medio de control de nulidad, lo que implicaba que quien
demandaba estaba en la obligación de desvirtuar la presunción de legalidad de los
actos acusados. Igualmente, aseguró que la Sección Tercera del Consejo de Estado
hizo un análisis exhaustivo de la prueba pericial practicada y de los testimonios.
Anotó que tampoco se desconoció el precedente, debido a que en el proveído
cuestionado se reconoció que la aplicación de principio de precaución no era
uniforme y se expresaron las razones por las que no era posible acoger una postura
que impidiera el desarrollo de actividades, bajo el argumento que podían ocasionar
algún grado de riesgo.
Respecto al reproche relacionado con la violación directa de la Constitución Política,
expuso que el demandante pretendía reabrir la discusión del proceso ordinario y
confundía el objeto que se debatió en esa sede, pues lo discutido no eran las normas
7 Visible en el índice número 37 del Sistema de Gestión SAMAI.
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que permiten o autorizan la actividad de explotación de yacimientos no
convencionales, sino la legalidad de unos actos administrativos reglamentarios.
2.10. La Red de Veedurías y Auditoría Ciudadana del Municipio de Choachí,
actuando a través de su vocero, el señor Ángel Ricardo Perdomo, presentó escrito
en el que coadyuvó las pretensiones de la demanda8.
2.11. En oficio del 16 de enero de 2023, la Agencia Nacional de Hidrocarburos
– ANH, respondió la acción de tutela, señalando que carecía de legitimación en la
causa por pasiva, debido a que lo demandado era una providencia judicial, de modo
que no era la responsable de los hechos u omisiones que dieron lugar a la
interposición de la tutela. Concluyó que, en todo caso, no fueron vulnerados los
derechos fundamentales desconocidos, en la medida que la Corporación judicial
demandada realizó un análisis detallado sobre la procedencia del principio de
precaución, de manera que lo que se pretendía era abrir una instancia adicional
dentro del proceso ordinario, al estar inconforme con lo allí resuelto9.
2.12. A través de memorial del 18 de enero de 2023, el Ministerio de Minas y
Energía adujo que la acción de tutela se dirige en contra de un fallo que fue
expedido por la Sección Tercera del Consejo de Estado, de modo que, de
encontrarse la comisión de algún hecho que menoscabe los derechos del
accionante, éstos no serían imputables a esa cartera ministerial10.
2.13. En escrito del 20 de enero de 2023, la Asociación Colombiana de Petróleo
y Gas respondió el escrito demandatorio, indicando que el accionante carece de
legitimación en la causa por activa, debido a que el poder que aportó fue otorgado
para que su apoderado actuara exclusivamente en el proceso con número de
radicado 11001 03 26 000 2016 00140 00, en el que se discutió la legalidad del
Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014. Igualmente, resaltó que
tampoco obraba ningún mandato que habilitara al profesional del derecho Juan
Pablo Sarmiento a instaurar tutelas a nombre de la Universidad de la Sabana11.
8 Visible en el índice número 46 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI
9 Visible en el índice número 47 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI
10 Visible en el índice número 48 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI
11 Visible en el índice número 57 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI
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Por otro lado, en cuanto a los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela, señaló que no se había observado el de relevancia constitucional, debido a
que no se explicó de manera clara y suficiente las razones por que existió una
irregularidad procesal por la valoración probatoria efectuada por la Sección Tercera
del Consejo de Estado.
En relación con los requisitos específicos, advirtió que la sentencia cuestionada no
ha incurrido en los defectos que adujo el accionante, pues no resultaba contraria a
la Constitución Política, estaba debidamente motivada y no se apartó del precedente
judicial frente a la aplicación del principio de precaución y la valoración probatoria
fue realizada en debida forma. Agregó que la acción de tutela no procedía como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, ni se acreditó
sumariamente la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
2.14. Las demás personas vinculadas guardaron silencio, pese a ser
debidamente notificadas12.
2.15. Por medio de auto del 27 de enero de 2023, el Despacho sustanciador
requirió al apoderado de la parte actora para que allegara el respectivo mandato
que lo habilitara a actuar en el proceso de la referencia en nombre del señor Lago
González. Dicha orden fue cumplida en oficio del 2 de febrero de 202313
2.16. En memorial del 30 de enero de 2023, la Asociación Colombiana de
Petróleo y Gas se opuso al memorial allegado por la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, esgrimiendo, en síntesis, que la posición de dicha entidad no
representa los intereses del Estado, sino los del demandante; de manera que no se
daban los supuestos fijados en el artículo 610 de CGP que permitan su intervención
y, por ende, no tenía legitimación en la causa por activa para actuar en el presente
trámite.
Expuso que la aludida agencia omitió señalar que intervino dentro del proceso
ordinario de expedición del acto enjuiciado en defensa de la legalidad de las
decisiones allí enjuiciadas, de modo que resultaba inexplicable y contradictorio en
12 Visible en los índices 27 a 30 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
13 Visible en el índice 66 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
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Demandante: Esteban Antonio Lagos González
este proceso constitucional hubiere variado su postura, para ahora, indicar que
dichos actos se encuentran viciados de nulidad14.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
De conformidad con lo previsto por el numeral séptimo del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333
de 202115, y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de
2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las
acciones de tutela entre las secciones, y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de
estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente
asunto.
3.2. Hechos
3.2.1. El día 25 de agosto de 2016, el señor Esteban Antonio Lagos González
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad en contra del Decreto
3004 de 201316 y la Resolución No. 90341 de 201417, expedidas por la Presidencia
de la República y el Ministerio de Minas y Energía.
3.2.2. Por medio de proveído calendado el 7 de julio de 2022, la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda.
14 Visible en el índice 62 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
15 “ARTICULO 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)
7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que
se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto.(…)”
16 “Por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de
hidrocarburos en yacimientos no convencionales”
17 “Por medio de la cual se establecen requerimientos técnicos y procedimientos para la explotación
y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales”
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Demandante: Esteban Antonio Lagos González
3.2.3. Inconforme con esa decisión, el señor Esteban Antonio Lagos González
presentó la demanda de la referencia, alegando que fueron vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
3.3. De la legitimación en la causa por activa de la parte actora
De manera previa a verificar el cumplimiento de los requisitos generales y
especiales de procedibilidad de la acción de tutela, es preciso definir lo concerniente
a la legitimación en la causa por activa de la parte actora, en la medida en que la
Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, en su escrito de contestación, mencionó
que: (i) el profesional de derecho que aduce representar al accionante no cuenta
con un debido poder para esos efectos, debido a que el que aportó únicamente lo
habilita para actuar en el proceso de nulidad objeto de controversia, y (ii) la
Universidad de la Sabana tampoco le otorgó un mandato para su representación
judicial.
3.3.1. Bajo tal entendido, frente al primer punto, lo que advierte la Sala es que, si
bien asiste razón a la mencionada asociación, respecto a que, en un principio, el
señor Lagos González únicamente le otorgó un poder al abogado Juan Pablo
Sarmiento Erazo para que lo representara dentro del trámite de nulidad identificado
con número de radicado 11001 03 26 000 2016 00140 00, lo cierto es que dicha
circunstancia fue advertida en las providencias del 3 de noviembre de 2022 y del 27
de enero de 2023, en las que se requirió al anotado profesional del derecho para
que allegara el correspondiente mandato especial que lo autorizara a actuar en el
presente asunto a nombre del accionante.
Tal falencia fue subsanada en memorial del 2 de febrero de los corrientes, así18:
18 Visible en el índice 66 del Sistema de Gestión SAMAI.
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De ahí que el abogado Sarmiento Erazo sí cuente con las potestades necesarias
para actuar a nombre del señor Lago González, de modo que sí está legitimado en
la causa por activa para intervenir en el presente asunto.
3.3.2. Ahora en cuanto al reparo atinente a que el anotado profesional del derecho
actúa en nombre de la Universidad de la Sabana sin tener un mandato para esos
fines, lo que observa la Sala es que ese reparo no se corresponde con la realidad
de lo vertido en el expediente, pues, aunque en el escrito de acción de tutela el
mismo afirma que pertenece a la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos
Humanos del aludido centro educativo, lo cierto es que, ni en el escrito introductorio,
ni el poder allegado al plenario, se afirmó que esa institución actuaba como
accionante y, por el contrario, expresamente se afirmó que el demandante era el
señor Esteban Antonio Lago Gonzáles.
Lo expuesto fue confirmado en el memorial del 12 de enero de 2023, en el que el
anotado abogado afirmó textualmente que: “es importante aclarar que, como parte
la Clínica Jurídica, ni los estudiantes, ni quien suscribe este documento
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representamos a la Universidad de la Sabana como institución” 19; de modo que el
reproche no tiene vocación de prosperidad.
3.4. De la verificación del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela.
3.4.1. De la relevancia constitucional
En la sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primero de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
es que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional. En
ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.
Asimismo, la mencionada sentencia precisó que “los fundamentos de una decisión
de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a
estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de lo dicho, el concepto de la relevancia constitucional ha sido decantado
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En sentencia SU–573 de 201920, el
alto tribunal constitucional explicó que este requisito persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad.
19 Visible en el índice
20 M.P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-
103 de 2022.
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(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en la citada
sentencia SU-215 de 202221, decisión en la cual, además, expuso la clave que sirve
al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto entendimiento de los hechos y
del problema jurídico”.
3.4.1.1. De la constatación sobre la posible afectación a derechos
fundamentales.
Al respecto, es pertinente señalar que la Corte Constitucional, en las sentencias T–
422 de 2018, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022,
ha entendido que para la acreditación de este primer elemento es necesario que la
parte interesada, en el escrito de tutela: (i) invoque la vulneración de derechos
fundamentales, (ii) exponga los motivos por los cuales considera que la sentencia
atacada está vulnerando tales derechos fundamentales y (iii) compruebe que la
transgresión supone un atentado contra el núcleo esencial de los derechos
invocados22.
En otras palabras, para superar dicho elemento el Juez no puede limitarse a
convalidar el requisito de la relevancia constitucional con la sola mención de un
derecho fundamental, sino que debe evaluar si, de acuerdo con los argumentos
expresados en el escrito correspondiente, hay amenaza o violación efectiva del
núcleo esencial del mismo. Por ende, únicamente cuando se observe que la
vulneración del derecho acontece en su núcleo esencial, es posible advertir que el
21 Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la
acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal”.
22 La Corte Constitucional en sentencia C-756 de 2008 ha entendido el núcleo esencial de un derecho
como: “esa parte del derecho que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un
necesario grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades públicas. En sentido
negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental como aquel sin el cual un
derecho deja de ser lo que es o lo convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica
al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O, también, puede verse
como la parte del derecho fundamental que no admite restricción porque en caso de hacerlo resulta
impracticable o se desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección”
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caso reviste la trascendencia necesaria para permitir que se logre exceptuar en un
juicio constitucional, el principio de cosa juzgada que orienta todo el andamiaje
institucional en el que se funda nuestro sistema jurídico.
3.4.1.2. Impedir que se controviertan asuntos de mera legalidad o
económicos en la acción de tutela
En este punto, el Juez debe verificar que en la acción de amparo no tenga como
finalidad la protección de intereses económicos y/o se debatan asuntos meramente
legales, dado que éstos no tienen trascendencia constitucional. Al respecto, la Corte
Constitucional en sentencia SU-215 de 2022, señaló:
“no significa que en todos los casos en los que se cuestione la definición y
aplicación judicial de normas de rango legal se incumple el requisito de
relevancia constitucional (…) en la labor judicial la indebida aplicación de
normas de rango legal puede derivar en una violación de derechos
fundamentales. Justamente esa situación es la que sustenta la existencia,
caracterización y definición del defecto sustantivo. En todo caso, la relevancia
constitucional exige que el accionante vincule la discusión legal con la violación
de una garantía fundamental o, en otros términos, que explique con suficiencia
el por qué la interpretación o aplicación de una norma de rango legal afectó
garantías constitucionales”.
Para precisar aún más el alcance de este planteamiento, el referido fallo de
unificación advirtió:
“Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en
un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos
se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en
acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se
discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de
reparación directa; (iii) laudos arbitrales y las sentencias de anulación; (iv)
procesos ejecutivos, entre otras materias que implican pretensiones
económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto
siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a
obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión
definida ante los jueces ordinarios.”.
3.4.1.3. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia
adicional
Por último, frente al tercer elemento, es pertinente señalar que en las sentencias
SU-215 de 2022 y SU-128 de 2021, la Corte estableció que “la tutela contra
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providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo de esa forma se previene la irrupción
del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se previene que el
recurso de amparo sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
Dicho en otras palabras, en un proceso judicial el debate gira sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado y, por ende, la decisión del Juez se fundamenta precisamente en las
razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho que ellas
ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley prevé, de
conformidad con las facultades oficiosas que tiene. Por lo tanto, en los eventos en
los cuales la autoridad judicial decide precisamente sobre la controversia que se le
ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes, simplemente está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el
ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera
de las competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el Juez Constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia,
entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del
juez competente para conocer del asunto, en el escaso término que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con
el evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga
decirlo, no tiene la formación requerida.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido
el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando
ella está por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han
formulado demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede
comprometer el núcleo fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho
a la defensa, en la medida en que tal decisión no haya podido ser controvertida
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3.4.1.4. De la falta de acreditación del requisito de relevancia en el
presente asunto
3.4.1.4.1. De la ausencia de una posible vulneración del núcleo esencial de
los derechos fundamentales invocados.
En ese orden, la Sala deberá analizar las razones por las cuales el demandante
considera que la autoridad judicial demandada vulneró los aludidos derechos
fundamentales, para determinar si, prima facie, dicha trasgresión supone el
desconocimiento de su núcleo esencial.
a. Pues bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido el derecho al
debido proceso como el “conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido
proceso: (i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre
e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado
como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en
determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la
calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la
ley; (iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las
demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público,
desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la
actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el
derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen
funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el
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derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre
deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del
orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias
ilícitas”23
Sin embargo, para el caso bajo examen, la Sala advierte que no existe vulneración
o amenaza del núcleo esencial del derecho al debido proceso, pues el medio de
control de nulidad objeto de controversia se tramitó ante las autoridades judiciales
competentes, se adelantó conforme a las reglas previstas en la ley, no se pretermitió
ninguna de las etapas procesales, las partes tuvieron la oportunidad de ejercer su
defensa, se garantizó el derecho de contradicción y la publicidad de las actuaciones,
y, por último, las providencias proferidas en el curso del proceso se fundamentaron
en derecho.
b. Sobre el derecho a la igualdad, lo que se advierte es que el demandante indica
que existe trasgresión por dos vías: la primera, porque la Sección Tercera omitió la
valoración de doce (12) providencias emitidas por el Consejo de Estado que
abordaban el verdadero alcance del principio de precaución; y la segunda, por haber
fundado de manera indebida la decisión que negó sus pretensiones en el proceso
ordinario en pronunciamientos judiciales de la Corte Constitucional, habida cuenta
de que no gozaban de identidad fáctica y jurídica.
Bajo esa perspectiva, la Sala entiende comprometido el núcleo esencial del derecho
a la igualdad, lo que se traduce en el cumplimiento de este presupuesto en orden a
definir si el asunto es relevante constitucionalmente.
En efecto, sobre el núcleo esencial del derecho a la igualdad ha explicado la Corte
Constitucional lo siguiente:
“[…] De este derecho se desprenden dos mandatos básicos: (i) otorgar el mismo
trato a supuestos de hecho equivalentes y (ii) otorgar un trato diferente a
situaciones de hecho disímiles. Como se observa, el rasgo esencial del derecho a
la igualdad es que implica un juicio de comparación entre dos personas o grupos
de personas. Para determinar con mayor precisión el alcance del derecho a la
igualdad, la Corte ha especificado estos dos mandatos generales en cuatro reglas,
a saber: (i) debe darse un tratamiento distinto a situaciones de hecho que no tienen
ningún elemento en común; (ii) debe darse el mismo trato a situaciones de hecho
23 Sentencia C- 341 de 4 de junio de 2014, magistrado ponente Mauricio González Cuervo.
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idénticas; (iii) debe darse un trato paritario a situaciones de hecho que presenten
similitudes y diferencias, cuando las similitudes sean más relevantes que las
diferencias; y (iv) debe darse un trato diferente a situaciones de hecho que
presenten similitudes y diferencias, cuando las diferencias sean más relevantes
que las similitudes. […]” 24.
3.4.1.4.2. Del uso de la acción de tutela como una instancia adicional dentro
del trámite ordinario
a. En lo que concierne al derecho al debido proceso resulta evidente que la
presente controversia gira sobre el mismo objeto de debate propuesto en el trámite
del medio de control de nulidad simple. En efecto, lo que observa la Sala es que lo
que el señor Lagos González pretende es que el Juez de tutela revise nuevamente
los medios materiales probatorios que obran en el trámite ordinario y la ponderación
que sobre los mismos dio el juez ordinario. Ello es así, pues la discusión sobre dicho
punto fue uno de los aspectos propuestos en el escrito de demanda del proceso
ordinario y que, además, fue resuelto expresamente en la sentencia impugnada, de
manera que lo pretendido no es otra cosa que en esta sede se llegue a una
conclusión distinta sobre la viabilidad de las pretensiones examinadas por la
accionada, debido a que el actor está inconforme con lo allí resuelto.
b. Ahora, en lo que hace a la presunta vulneración del derecho fundamental a
la igualdad por desconocimiento del precedente judicial, la Sala es del criterio que
éste requisito tampoco se cumple, debido a que el accionante omitió invocar la
totalidad de precedentes que invoca en ésta sede en el trámite ordinario, pues como
pasa a explicarse, bien puede alegarse que esta inconformidad encubre la
búsqueda de una nueva oportunidad de ventilar la controversia propuesta, lo que
equivale a lo que la jurisprudencia reiteradamente ha considerado como una tercera
instancia, propósito que excede las finalidades de la tutela.
Sobre el particular, es menester señalar que, para acreditar la relevancia
constitucional de un reclamo relacionado con el presunto desconocimiento del
precedente aplicable en este contexto, sería necesario demostrar que tal situación
ha surgido apenas al dictarse la sentencia de segunda instancia, sorprendiendo al
ahora tutelante, que ha expuesto por demás ante su juez natural la existencia de la
jurisprudencia que pretende luego invocar en sede de tutela, pues de otra manera
24 Corte Constitucional, sentencia C–571 de 2017 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).
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no podría alegar posteriormente su desconocimiento para pretender que sea el juez
constitucional que la convalide.
En estos términos, no resulta razonable enfocar así lo que sucede cuando, al
adoptarse una determinada decisión judicial, ésta tiene un contenido diferente al
que una de las partes visualizaba y guardaba la esperanza de obtener, sustentada
entonces en una particular lectura de la línea jurisprudencial aplicable. Ello por
cuanto, aun sin perjuicio del deber de dar aplicación al principio iura novit curia,
salvo el caso en que la cuestión sobre cuál es el precedente obligatorio en relación
con el tema debatido haya hecho parte de los asuntos explícitamente ventilados
durante el proceso ordinario y el juez a cargo lo hubiere desdeñado, no podría
considerarse que un determinado sentido de la sentencia implica una sorpresa
desleal lesiva para la parte desfavorecida con tal decisión, bajo la sola consideración
de que aquel no refleja una específica postura jurisprudencial, que no fue planteada
durante el proceso ordinario antecedente, y que posiblemente nunca llegaría a ser
invocada en caso de ser favorable el resultado.
En otras palabras, si el debate sobre cuál era el precedente aplicable no estuvo
presente antes de adoptarse las decisiones de instancia que luego se cuestionan
en sede de tutela, mal podría después uno de los sujetos procesales dolerse de
haber sido supuestamente sorprendido por tales decisiones, en cuanto éstas no
satisfagan su no planteada expectativa respecto de la aplicación de una particular
postura jurisprudencial, cuando no la ha expuesto ante el juez competente.
En el presente caso, y de la revisión del escrito de demanda presentada por el señor
Lagos González, así como del escrito por el cual éste corrió traslado para alegar en
el procedimiento ordinario, lo que se advierte es que planteó la discusión respecto
de la ilegalidad de los actos allí censurados por la aplicación del principio de
precaución frente la actividad de fracking, pero no expuso la totalidad de la
jurisprudencia que en esta sede acusa no fue tenida en cuenta por la entidad
demandada, ni mucho menos cuál era su correcta interpretación, ni la razón por la
que una eventual decisión que ignorara su existencia llevaría a un desconocimiento
del precedente horizontal de ésta Corporación.
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Demandante: Esteban Antonio Lagos González
En tal medida, se reitera, no podría el actor alegar un supuesto desconocimiento del
derecho a la igualdad como resultado de las decisiones de instancia, cuando nunca
existió una referencia cierta de cuál sería el parámetro de lo debido frente al caso
concreto ni cuáles eran las providencias que, en su visión, mejor se ajustaban a
resolver la controversia, y por el contrario, aparece patente que lo que se pretende
es simplemente una nueva oportunidad de debate en torno a los temas ya resueltos
por el juez natural, expectativa que, se insiste, rebasa ampliamente, e incluso
contradice, las finalidades de la acción de tutela.
Bajo tal perspectiva, la Sala concluye que no aparece acreditado el requisito de la
relevancia constitucional en cuanto a los alegatos expuestos en la demanda en
relación con los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, lo que
por sí solo conduce a la improcedencia de la acción de tutela.
3.5. De la legitimación de las entidades accionadas.
Finalmente, respecto a los reproches relacionados con la falta de legitimación de la
la causa por activa de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
propuesto por la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas; y los de falta de
legitimación en la causa por pasiva invocados Agencia Nacional de Hidrocarburos
– ANH y el Ministerio de Minas y Energía, debe advertirse que la vinculación al
presente asunto de dichas entidades, se produjo en atención a que participaron
dentro del trámite ordinario objeto de controversia, de ahí les asiste un claro interés
para intervenir al presente asunto, de modo que, se negarán las respectivas
solicitudes de desvinculación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de los Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
IV. FALLA
PRIMERO: NEGAR las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa
del accionante y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, propuestos
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 05785 00
Demandante: Esteban Antonio Lagos González
por la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, por las razones antes señaladas
en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NEGAR las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva
de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH y del Ministerio de Minas y Energía,
por las razones indicadas en la parte motiva de este proveído.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del
Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 23 de febrero de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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