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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05785-01

Fecha
11 de mayo de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05785-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia del 23 de febrero de 2023 en cuanto declaró improcedente la acción y, en su lugar, negar el amparo deprecado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-05785-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

11 de mayo de 2023

Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 5 78 5- 0 1
Ac c i o na nt e : Es te b an A nt on i o L a gos G on zá l e z

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05785-01
Accionante: Esteban Antonio Lagos González
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera.

Temas: Acción de tutela en contra de providencia judicial dictada en proceso de
nulidad simple. Superación del requisito de relevancia constitucional. Ausencia de
los defectos invocados.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide las impugnaciones formuladas por la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y el accionante en contra de la sentencia del 23 de febrero de
2023 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

HECHOS

El señor Esteban Antonio Lagos González instauró demanda de nulidad en contra
de la Nación – Ministerio de Minas y Energía, en la que solicitó la declaratoria de
nulidad del Decreto 3004 del 2013 y de la Resolución 90341 del 27 de mayo de
2014, mediante los cuales el Gobierno Nacional y el Ministerio de Minas y Energía
establecieron los criterios, procedimientos y requerimientos técnicos para la
exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.
Adicionalmente, requirió decretar, como medida cautelar, la suspensión provisional
de los efectos de los actos demandados.

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El 7 de julio de 2022 la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de
única instancia, negó la objeción grave presentada en contra del dictamen pericial
practicado; negó las tachas por sospecha presentadas en contra de los testigos
Liliana Monsalve Jaimes, Alejandra Noemí Rodríguez Higuera, Edwar Tovar
Otacha, Manuel Alejandro Montealegre Rojas, Alejandro Cabezas Duque, Jesús
Andrés Gómez Orozco y Jorge Enrique Sánchez Segura; negó las pretensiones
de la demanda y ordenó el levantamiento de la medida cautelar de suspensión
provisional de los actos demandados decretada mediante auto del 8 de noviembre
de 2018.

INCONFORMIDAD

El accionante consideró que la Sección Tercera del Consejo de Estado vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad e incurrió en las
siguientes causales específicas de procedencia de la acción de tutela en contra de
providencias judiciales:

1. Defecto fáctico, en su dimensión negativa, porque en la sentencia controvertida
asignó la carga de la prueba a la parte demandante del proceso, en lugar de
invertirla e imponerla al Estado; decisión que implicó una desatención del principio
de precaución y un desconocimiento de los estándares fijados
jurisprudencialmente para la labor judicial de apreciación probatoria,
concretamente en las sentencias T080/2015 y C148/2022, e inclusive lo definido
en el mismo proceso objeto de debate, al resolver la medida cautelar deprecada.

En ese entendido, indicó que no era factible exigirle probar un riesgo con certeza
científica absoluta para aplicar el mencionado principio, pues la finalidad de este
es, precisamente, evitar la imposición de una carga desproporcionada, lo cual no
fue tenido en cuenta por la accionada, quien valoró las pruebas documentales, la
pericial y las testimoniales con base en un parámetro que no correspondía.

De otra parte, señaló que la Sección Tercera del Consejo de Estado no analizó la
totalidad de las respuestas del dictamen pericial, pues de las 30 únicamente
examinó las últimas 5, a pesar de que fue aquella quien ordenó de oficio esa
prueba y que lo contestado resultaba de especial relevancia para el asunto.

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Así mismo, afirmó que la autoridad judicial ignoró la divergencia de criterios de los
testigos técnicos José Armando Zamora Reyes, Edwar Tovar, Jhon Fernando
Escobar, Yurgin Alejandro Cabezas, Miguel Gonzalo Andrade Correa, Manuel
Alejandro Montealegre, Jorge Enrique Sánchez, Juan Pablo Ruíz Soto, Alejandra
Noemí Rodríguez y Sandra Monsalve Jaimes y llegó a una conclusión injustificada
y contradictoria, pues, de un lado, adujo que se trata de un acto administrativo
técnico, justiciable por naturaleza, pero no por accidente, y, de otro, prescinde de
los argumentos que probaban la ilegalidad de los actos.

2. Desconocimiento del precedente judicial, dado que la Sección Tercera del
Consejo de Estado inobservó la posición reiterada del Consejo de Estado sobre el
principio de precaución, específicamente las siguientes sentencias del 24 de
octubre de 2002, expediente 1996-06978-01; 24 de julio de 2003, expediente
2001-02992-01; 5 de noviembre de 2013, expediente 2005-00662-03; 11 de
diciembre de 2013, expediente 2004-00227-01; 28 de marzo de 2014, expediente
2001-90479-01; 29 de abril de 2015, expediente 2010-00217-01; 15 de diciembre
de 2016, expediente 2011-00011-01, 15 de febrero de 2018, expediente 2009-
00269-01; 26 de abril de 2018, expediente 2018-00596-00; 25 de enero de 2019,
2014-00218-02; 24 de septiembre de 2021, expediente 2013-01796-01; y 4 de
agosto de 2022, expediente 2013-02459-01.

Igualmente, estimó que las decisiones judiciales dictadas por la Corte
Constitucional tenidas en cuenta en la sentencia discutida, esto es, la T1062/01,
T299/08, T360/10, T710/14, T139/16, T236/17, C988/04 y T574/96 no versaban
sobre el principio de precaución, pues este solo formó parte de la obiter dictum de
la sentencia y, en todo caso, no se aplicó en los términos allí definidos.

3. Decisión sin motivación, por cuanto la autoridad accionada omitió aplicar de
forma flexible el principio de precaución, como se ha hecho en la jurisprudencia
del Consejo de Estado para resolver casos en los que existe incertidumbre
científica frente a la causación de un daño al medio ambiente que derive en la
afectación de derechos fundamentales.

4. Violación directa de la Constitución Política, porque la Sección Tercera del
Consejo de Estado sobrepuso la doctrina a la normativa internacional, con lo cual
incurrió en una indebida jerarquización de las fuentes sobre el principio de
precaución.
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PRETENSIONES

La parte accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales al debido
proceso e igualdad y, en consecuencia, dejar sin efectos la sentencia del 7 de julio
de 2022 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado dictada en el
medio de control de nulidad que formuló.

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

El 13 de diciembre de 2022 la acción de tutela de la referencia fue admitida
mediante proveído que se ordenó notificar a los magistrados de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, al Ministerio de Minas y Energías, a los
coadyuvantes de la parte demandante en el medio de control de nulidad, señores
Hernando de Jesús Montalvo García, Ángel Ricardo Perdomo (veedor ciudadano),
Camilo Quintero Giraldo, Daniela García Aguirre, Helkin Hernández, Alfonso
Escolar (miembros de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la
Universidad de los Andes); a Juana Marina Hoffman Quintero, Claudia Velarde,
Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente, Luis Enrique
Orduz Valencia (miembro de Podion), Erika Yessenia Cuida López; Gregorio Mesa
Cuadros, Luis Fernando Sánchez Supelano, Yazmín Andrea Silva Porras, José
Agustín Labrador Forero (integrantes Grupo de Investigación en Derechos
Colectivos y Ambientales de la Universidad Nacional); Ana María Londoño
Agudelo, Andrea Montoya Giraldo, Darly Alejandra Zapata, Ana María Ardila
Gómez, Clara Inés Atehortúa Arredondo, Diana Carolina Sánchez Zapata, Adriana
María Sanín Vélez, Carolina García Rojas, Luis Guillermo Osorio Jaramillo
(Semillero de Investigación de Minería de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad de Antioquia); Ana María Sánchez Quintero, Valentina
Carvajal Henao, Mónica Roa Hastamory, Luisa Villarraga Zschommier (Grupo de
Acciones Públicas de la Universidad del Rosario), Linda Marcela Cortés; los
Representantes a la Cámara Juan Carlos Lozada Vargas y Harry Giovanny
González, los Senadores de la República Jesús Alberto Castilla Salazar, Aida
Avella Esquivel, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, Antonio Sanguino Páez y Juan
Luis Castro Córdoba. A su vez, a los coadyuvantes de la parte demandada en el
proceso, la asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, la Cámara
Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros, la Asociación Colombiana de
Petróleo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol S.A. y a la Agencia
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Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el fin de que ejercieran su derecho
de defensa.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

La Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante el magistrado José
Roberto Sáchica Méndez, luego de efectuar un recuento del proceso que dio
origen a la presente acción y de los fundamentos de esta, sostuvo que la tutela no
cumple con los requisitos de subsidiariedad, puesto que la parte actora cuenta con
el recurso extraordinario de revisión, ni de relevancia constitucional, en la medida
en que lo pretendido es crear una instancia adicional al proceso ordinario.

En todo caso, expuso que en la sentencia cuestionada no se incurrió en ninguno
de los defectos invocados y que los argumentos del accionante se fundamentan
en una equivocada y descontextualizada lectura de aquella. En relación con el
defecto fáctico, manifestó que el señor Esteban Antonio Lagos González confunde
las reglas y cargas que le corresponde a quien busca desvirtuar la presunción de
legalidad de un acto, con los parámetros probatorios e interpretativos del principio
de precaución.

Adicionalmente, aclaró que si bien el accionante insistió en que las normas
atacadas en la demanda de nulidad crearon y autorizaron la técnica del fracking, lo
cierto es que en la providencia se explicó ampliamente lo siguiente: 1) ello no es
así, pues en aquellas se actualizó la reglamentación técnica ya existente de una
actividad que no está prohibida, sino que es incentivada en la ley vigente; 2) la
función del juez de legalidad se limita a determinar, con base en los argumentos
de la demanda, si las normas controvertidas vulneran las de mayor jerarquía
indicadas por el demandante; 3) en los casos de cuestiones técnicas complejas,
en los que existen distintas alternativas, la anulación del reglamento técnico solo
es viable si el acto demandado es abiertamente irrazonable, desproporcionado o
arbitrario y 4) si los alegatos del demandante consisten en una errada decisión
técnica de la administración, la actividad probatoria de aquel para desvirtuar la
presunción de legalidad del acto no puede circunscribirse a revelar una simple
opinión técnica, política, económica o ambiental, sino a probar la equivocación
manifiesta en la adopción de la decisión técnica correspondiente.

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Agregó que el accionante confunde el objeto del proceso de nulidad, las
pretensiones formuladas y la competencia del juez, los cuales no recayeron sobre
la permisión o prohibición de la actividad, sino en la legalidad de la reglamentación
técnica expedida para mitigar los riesgos, lo cual resulta aplicable al razonamiento
del solicitante del amparo en relación con el dictamen pericial y al defecto de
violación directa de la Constitución Política, pues la conveniencia del fracking
escapa del juicio de legalidad.

En cuanto al desconocimiento del precedente judicial invocado, mencionó que en
los pronunciamientos referidos por el accionante no se analizaron supuestos
fácticos y jurídicos iguales, por lo cual no resultaban aplicables. Así mismo, indicó,
respecto a las decisiones de la Corte Constitucional, que las supuestas
discordancias no constituyeron la regla determinante del sentido de la
determinación adoptada.

Sobre este defecto, se dilucida que, si bien la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado planteó un defecto sustantivo, lo cierto es que este no fue
invocado por la parte accionante a la que coadyuva, por lo cual no resulta factible
analizar aspectos que no fueron planteados por este último.

Ahora, en lo relativo a la decisión sin motivación, expuso que basta con analizar la
providencia discutida para evidenciar que ese alegato se fundamenta únicamente
en el desacuerdo del actor con la posición asumida.

Aunado a lo referido, expresó que, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, tratándose de tutelas contra sentencias de altas cortes el
accionante debe demostrar una abierta contradicción entre la providencia acusada
y la Constitución Política y, además de los requisitos generales y específicos de
procedencia, tiene que probarse una anomalía de tal entidad que haga imperiosa
la intervención del juez constitucional.

Por último, indicó que, a su juicio, no procede la acción de tutela contra sentencias
proferidas en los medios de control de legalidad y constitucionalidad, en los que el
análisis no se hace con base en la protección de un interés subjetivo, sino en
procura de la legalidad y constitucionalidad abstractamente consideradas, por lo
cual, en el asunto, en el que se alega la transgresión de los derechos al debido

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proceso e igualdad, se requiere una argumentación que supere el simple
descontento. Por consiguiente, solicitó negar el amparo deprecado.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio de la directora
general, manifestó su coadyuvancia a la acción de la referencia, para lo cual
expuso que se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales y aseguró que la accionada incurrió en una
indebida valoración del dictamen pericial elaborado por expertos de la Universidad
Nacional de Colombia y de los testimonios practicados, los cuales probaron el
riesgo manifiesto, grave e irreversible del fracking en el medio ambiente, que, por
demás, no fue mitigado o controlado en los actos demandados y, en esa medida,
en ellos se conculcó el principio de precaución e inclusive el de prevención, lo cual
fue desconocido injustificadamente por la autoridad judicial.

Afirmó que, en criterio de la accionada, las normas demandadas fueron
legalmente expedidas porque no se probó que sean contrarias, ajenas o
irrazonables a la luz del conocimiento científico de la mencionada actividad ni
arbitrarias para mitigar los riesgos, a pesar de que esas exigencias desconocen el
principio de precaución y constituyen un presupuesto para declarar la nulidad del
acto administrativo. En ese entendido, pidió amparar el derecho fundamental al
debido proceso e igualdad del accionante y ordenar que se dicte una nueva
decisión.

Ecopetrol S.A., mediante apoderado, expuso que en relación con el cargo de
decisión sin motivación no se satisface el requisito de subsidiariedad, puesto que
el actor contaba con el recurso extraordinario de revisión, con fundamento en la
causal 5.° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. Igualmente, aseveró que
tampoco se supera la exigencia de la relevancia constitucional, dado que lo
pretendido por aquel es reabrir un debate meramente legal que ya fue zanjado por
el juez natural e imponer el criterio que se considera apropiado.

Añadió que, contrario a lo alegado por el señor Esteban Antonio Lagos González,
la presente acción tiene origen en la negligencia o culpa del accionante, ante el
incumplimiento de la carga probatoria que le correspondía de desvirtuar la
presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, lo cual le
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generó una consecuencia negativa representada en la sentencia desestimatoria
de las pretensiones del proceso.

Al respecto, expuso que la Sección Tercera del Consejo de Estado, de forma
acertada, estimó que el principio de precaución frente a la protección de bienes
jurídicos ambientales, cuando la discusión se adelanta en un proceso de nulidad,
no obliga al juez a invertir la carga de la prueba. Agregó que el hecho de que el
juzgador haya decretado de oficio la prueba pericial no le imponía la obligación de
ceñirse a los resultados de aquella, en atención a la amplia facultad de
discrecionalidad en la valoración probatoria, la cual, en todo caso, sí examinó,
pero concluyó que no era suficiente para tener por acreditados los elementos para
demostrar la prosperidad de la demanda.

Además, puso de presente que la Sección accionada hizo un completo estudio
sobre el principio de precaución en la providencia censurada y tuvo en cuenta la
jurisprudencia sobre la materia para adoptar la decisión. Por tanto, consideró que
la providencia dictada por el Consejo de Estado no fue ostensiblemente arbitraria
o ilegítima y solicitó negar la acción de tutela.

La Red de Veedurías y Auditoría Ciudadana de Choachí, a través del vocero
Ángel Ricardo Perdomo Medina, señaló que coadyuva la acción de la referencia y
sostuvo que esta es manifiestamente procedente.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos, por conducto de apoderado, indicó que
carece de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que su representada
no ha incurrido en acción u omisión que amenace o vulnere algún derecho
fundamental del actor, máxime cuando la acción se dirige en contra de una
autoridad judicial.

En cuanto al fondo del asunto, aclaró que lo observado es una carencia probatoria
por parte del accionante, a quien le correspondía probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen dentro del trámite
judicial, lo cual no es procedente efectuarlo en esta sede constitucional.
Igualmente, precisó que la autoridad judicial accionada realizó un análisis
jurisprudencial acerca del principio de precaución y no incurrió en ningún defecto
que habilite la procedencia de este mecanismo.

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El Ministerio de Energía, a través de apoderado, expuso que la vulneración
alegada recae en una decisión judicial, motivo por el cual no existe una
transgresión por parte de esa cartera ministerial.

La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, mediante su representante legal,
después de efectuar algunas precisiones sobre la notificación de la presente
acción, señaló que en el presente asunto no se configura ninguno de los
supuestos fijados por la Corte Constitucional que darían lugar a la vulneración de
los derechos impetrados y afirmó que la acción de tutela no puede utilizarse con el
objetivo de cambiar el sentido de una decisión judicial ni para obtener una nueva
valoración probatoria, máxime cuando la sentencia se soportó en la jurisprudencia,
en las pruebas y en el estudio del principio de precaución, por lo cual estimó que
no hay lugar a acceder a las pretensiones.

Aunado a lo expuesto, adujo que el poder allegado para presentar esta acción no
fue otorgado para la instauración de la tutela, por lo cual el presunto apoderado
carece de legitimación en la causa por activa. En ese entendido, solicitó rechazar
la acción o, en su defecto, negar el amparo.

Ana María Sánchez Quintero, actuando en nombre propio y en su condición de
supervisora de la clínica jurídica Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del
Rosario, manifestó su coadyuvancia a la acción de la referencia, para lo cual refirió
que la Sección Tercera del Consejo de Estado desconoció el reiterado precedente
sobre el principio de precaución y la carga de la prueba, en términos similares a
los expuestos en el escrito de tutela.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 23 de febrero de 2023 la Sección Primera del Consejo de Estado, de un lado,
negó las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva
de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y del Ministerio de Minas y Energía, y, de
otro, declaró improcedente la acción de tutela.

Para adoptar las anteriores decisiones, aquella afirmó, en primer lugar, que la
parte actora allegó el poder debidamente conferido para la instauración de la
presente acción; y, en segundo lugar, consideró que no se superó el requisito de
relevancia constitucional.
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Concretamente, mencionó que no se presentó una vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, pues en el proceso de nulidad se garantizaron
cada uno de los componentes de aquel; así mismo, estimó que lo pretendido era
nuevamente plantear la misma controversia que se efectuó ante el juez natural,
para que se adoptara una decisión distinta, ante la inconformidad del accionante.

En relación con la supuesta transgresión del derecho a la igualdad, refirió que el
solicitante del amparo omitió, en el proceso ordinario, específicamente en la
demanda y en los alegatos de conclusión, invocar la totalidad de precedentes que
señala en esta sede, lo que pone de presente la intención de crear una nueva
instancia.

IMPUGNACIÓN

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado impugnó la sentencia de
primera instancia, para lo cual, luego de hacer un recuento de las actuaciones de
la acción de tutela, reiteró los argumentos expuestos en la contestación y, en
suma, sostuvo que la acción es procedente por dos razones: I) se demostró la
manifiesta vulneración del derecho al debido proceso, puesto que en la sentencia
discutida se valoraron inadecuadamente el dictamen pericial y los testimonios
practicados, con los que se demostraron los riesgos del fracking para el medio
ambiente y la salud humana, los cuales no fueron contemplados ni mitigados en
los actos administrativos demandados, y II) se probó una manifiesta transgresión
del mencionado derecho y de la igualdad, por interpretación equivocada e
irrazonable del principio de precaución.

Sobre el particular, además, expresó que a pesar de que la Sala, de las
declaraciones, concluyó que existían riesgos en la actividad señalada, que su
mitigación está en proceso de construcción y que los actos demandados requieren
mejoras, decidió que estos últimos no son inapropiados o irrazonables y están
fundados en conclusiones científicas, con lo que se evidencia la transgresión del
principio de precaución e inclusive del de prevención. Aclaró que lo pretendido no
es lograr una nueva valoración probatoria ni utilizar la acción de tutela como un
recurso adicional.

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De otra parte, señaló que el argumento del a quo de tutela es equivocado en
cuanto a la exigencia del señalamiento previo de los precedentes, dado que lo
pretendido por el accionante no es demostrar el desconocimiento del precedente,
sino la aplicación errónea del principio de precaución, la cual conllevó la
vulneración del derecho a la igualdad, por lo cual la Agencia recalcó, en la
contestación, que el defecto era el sustantivo, y, en todo caso, precisó que era
obligación de la accionada aplicar el precedente.

Por lo tanto, consideró que se acreditó el requisito de relevancia constitucional del
asunto y solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia; se deje sin
efectos la decisión del 7 de julio de 2022 proferida por la Sección Tercera del
Consejo de Estado y se ordene dictar una nueva providencia en la que se valoren
correctamente las pruebas y se interprete adecuadamente el principio de
precaución.

El accionante, a su vez, impugnó la sentencia de primera instancia, porque
estimó que la acción de la referencia sí cumplió con las finalidades del requisito
general de la relevancia constitucional, en tanto se demostró la transgresión del
derecho fundamental al debido proceso, al no haberse protegido su derecho a
obtener una respuesta razonable de una autoridad judicial y debidamente
motivada y no haberse adoptado una decisión fundamentada en el precedente del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional sobre el principio de precaución; así
como se probó la vulneración del derecho a la igualdad, por apartamiento del
mencionado precedente sin fundamentación alguna.

Adicionalmente, puntualizó que no pretende utilizar la acción de tutela como una
instancia adicional al proceso ordinario, pues el objeto del litigio del medio de
control fue la legalidad de los actos administrativos demandados y el de este
mecanismo es la violación de los derechos fundamentales por parte del juez
administrativo; así mismo, aclaró que, si bien se solicitó la revisión de los
elementos probatorios, esto tiene fundamento en la estructuración del defecto
fáctico alegado.

De otra parte, afirmó que la conclusión del juez colegiado de primera instancia es
equivocada en relación con la determinación que adoptó frente al precedente
judicial, comoquiera que 1) partió del supuesto de que la exigibilidad de la
aplicación del precedente por parte del juez solo opera cuando una de las partes
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lo ha señalado expresamente durante el proceso, lo cual desconoce el deber del
juez de aplicar las normas de derecho al caso; 2) impuso una carga
desproporcionada al exigir plasmar en la demanda y los alegatos de conclusión
del proceso de nulidad precedentes posteriores, pues la primera se formuló en el
2016 y los segundos en 2020 y 3) ignoró la congruencia de la aplicación uniforme
del precedente.

Así las cosas, requirió revocar la sentencia de primera instancia de esta acción
constitucional y dejar sin efectos la decisión judicial del 7 de julio de 2022 proferida
por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la
Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la
Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a
la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para
sustituir el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen
de lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que
no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias
excluidas de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial,
la Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
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generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.

II. Caso concreto

En primer lugar, la Sala encuentra, contrario a lo definido en primera instancia de
esta acción constitucional, superado el requisito de relevancia constitucional, en la
medida en que la discusión planteada por el accionante se centra en establecer si
en la decisión judicial controvertida se vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad reclamados en protección y se incurrió en los
defectos invocados, aspecto que resulta suficiente, en criterio de esta Subsección,
para conocer el fondo del asunto.

Así las cosas, y bajo el entendido que los demás requisitos generales de
procedencia se encontraron superados por la Sección Primera del Consejo de
Estado, no son objeto de discusión en esta instancia y no se evidencia su
incumplimiento, se procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto, previa
aclaración de que el examen que aquí se realizará se limitará a las causales
alegadas y no a un nuevo estudio del caso, pues a ello se circunscribe la
competencia del juez de tutela cuando se controvierten decisiones judiciales.

Esclarecido lo anterior, corresponde examinar si en el presente asunto se
configuraron los defectos fáctico, desconocimiento del precedente judicial,
decisión sin motivación y violación directa de la Constitución Política en la
sentencia del 7 de julio de 2022 proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado.

Sobre el particular, en primer lugar, se advierte que en criterio del accionante la
autoridad judicial accionada, equivocadamente le impuso la carga de la prueba, a
pesar de que procedía su inversión, en atención al principio de precaución, y, en
segundo lugar, aquella desconoció el precedente del Consejo de Estado sobre el
principio de precaución, concretamente las sentencias del 24 de octubre de 2002,
expediente 1996-06978-01; 24 de julio de 2003, expediente 2001-02992-01; 5 de
noviembre de 2013, expediente 2005-00662-03; 11 de diciembre de 2013,
expediente 2004-00227-01; 28 de marzo de 2014, expediente 2001-90479-01; 29
de abril de 2015, expediente 2010-00217-01; 15 de diciembre de 2016, expediente
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2011-00011-01, 15 de febrero de 2018, expediente 2009-00269-01; 26 de abril de
2018, expediente 2018-00596-00; 25 de enero de 2019, 2014-00218-02; 24 de
septiembre de 2021, expediente 2013-01796-01; y 4 de agosto de 2022,
expediente 2013-02459-01.

Igualmente, estimó que las decisiones judiciales dictadas por la Corte
Constitucional tenidas en cuenta en la sentencia discutida, esto es, la T1062/01,
T299/08, T360/10, T710/14, T139/16, T236/17, C988/04 y T574/96 no versaban
sobre el principio de precaución, pues este solo formó parte de la obiter dictum de
la sentencia y, en todo caso, no se aplicó en los términos allí definidos.

Sobre los anteriores disensos, al estar relacionados, esta Sala los analizará de
forma conjunta; así, considera necesario mencionar que en la sentencia hoy
cuestionada la Sección Tercera del Consejo de Estado analizó minuciosa y
ampliamente el desarrollo jurisprudencial y normativo, tanto nacional como
internacional, acerca del principio de precaución, de sus elementos y sus
características. Estudio que le permitió concluir que no resultaba adecuada una
concepción única del mencionado principio para oponerse a cualquier acción que
conlleve un riesgo de daño significativo o prohibir una actividad, en la medida que
ello podría generar un obstáculo para el desarrollo y progreso sostenible, sino un
examen ponderado entre los riesgos y los beneficios.

Así mismo, aquella precisó que el principio de precaución exigía de la
administración, de un lado, tener en cuenta la investigación y el conocimiento
científico en la formulación de las políticas ambientales y, de otro, adoptar las
medidas necesarias en caso de que se observe un riesgo grave para el medio
ambiente o la salud derivado de alguna actividad; sin embargo, denotó que en el
asunto bajo estudio el accionante no probó la existencia de un error inequívoco o
un desacierto técnico en los actos demandados.

Sobre el particular, esta Subsección evidencia que la carga de la prueba impuesta
al demandante consistió en que aquel debía demostrar la ilegalidad de los actos
demandados, lo cual encuentra respaldo en el artículo 167 del Código General del
Proceso; ahora, si bien el accionante considera que debió invertirse la carga, en
atención al principio de precaución, lo cierto es que no se puede confundir el deber
que recae en quien pretende que se apliquen los supuestos de una norma en un
proceso judicial con el concepto del mencionado principio.
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De otra parte, esta Sala no observa una desatención por parte de la accionada de
aplicar los pronunciamientos referidos por el accionante, dado que, primero, el
estudio efectuado por la Sección Tercera no contradijo el principio de precaución
ni su evolución, sino que encontró demostrado que en el caso no se desvirtuó la
presunción de legalidad de los actos demandados, y, segundo, aquellos fueron
proferidos en medios de control distintos al de nulidad, cuyo objeto es determinar
que los actos administrativos de carácter general no hayan sido expedidos con
infracción de las normas en que debían fundarse, sin competencia, en forma
irregular, con desconocimiento del derecho de defensa, mediante una falsa
motivación o con desviación de las atribuciones propias de quien las profirió, en
los términos del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.

De igual forma, tampoco se advierte una aplicación indebida de los
pronunciamientos de la Corte Constitucional, pues aquellos fueron relacionados
para fundamentar la determinación adoptada en cuanto al principio de precaución.

En tercer lugar, el accionante indicó que la autoridad judicial accionada no valoró
adecuadamente el dictamen pericial y la divergencia de criterios de los testigos
técnicos, los cuales daban cuenta de los riesgos propios del fracturamiento
hidráulico en yacimientos no convencionales.

Al respecto, resulta relevante aclarar que la Sección Tercera del Consejo de
Estado indicó cuál era el contenido de las normas demandadas y concluyó que en
ellas no se autorizó el fracturamiento hidraúlico en yacimientos no convencionales,
actividad con la cual está en desacuerdo el demandante, sino que se condiciona
técnicamente su desarrollo, con el objetivo de actualizar la reglamentación
existente, luego no estaban legitimado una actividad prohibida en el ordenamiento
jurídico. En esa medida, el debate del proceso no versó, como lo observó la
autoridad accionada, en la actividad del fracking, sino en la legalidad de los actos
cuestionados.

Sumado a lo expuesto, también se evidencia que la autoridad judicial accionada
estudió los testimonios y los informes rendidos, en atención al dictamen pericial
decretado, y examinó la objeción por error grave formulada por la parte
demandada y sus coadyuvantes, la cual desestimó, al considerar que no se
presentó una observación equivocada del objeto de esa prueba.
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Así, estimó que, si bien los peritos coincidieron en que la regulación no era
suficiente para controlar la totalidad de los riesgos asociados, lo cierto es que con
el principio de precaución no se pretende la búsqueda del “riesgo cero”, pues ello
es imposible de lograr y, adicionalmente, aquellos afirmaron que la regulación sí
dispone cómo mitigar y controlar los riesgos.

Conclusión que no se aprecia caprichosa o arbitraria. En este punto debe
recordarse que la labor del juez de tutela debe limitarse a verificar si se presentó
un defecto que torne en irrazonable la decisión adoptada y que, por contera,
vulnere derechos fundamentales, lo cual no resulta manifiesto en este asunto.

En tercer lugar, el señor Esteban Antonio Lagos Gonzáles alegó que existió una
decisión sin motivación, lo cual fundamentó nuevamente en el desconocimiento
del precedente judicial, el cual, como se explicó, no ocurrió; además, como se ha
expuesto a lo largo de este proveído las decisiones adoptadas fueron
debidamente justificadas.

En cuarto y último lugar, el accionante aduce una violación directa de la
Constitución Política, porque la Sección Tercera del Consejo de Estado sobrepuso
la doctrina a la normativa internacional, con lo cual incurrió en una indebida
jerarquización de las fuentes sobre el principio de precaución; sin embargo, no se
evidencia la supuesta prevalencia, pues, se itera, la autoridad judicial analizó las
normas de forma integral y en conjunto.

Por último, se estima relevante aclarar que el hecho de que el accionante no esté
de acuerdo con las conclusiones adoptadas por el juez natural no habilita la
procedencia del amparo, pues solo ante la configuración de un defecto es posible
la intervención excepcional del juez de tutela, especialmente cuando lo que se
discute es una decisión judicial adoptada por una alta corte en un proceso de
nulidad, en el cual el estudio se limita a un juicio de legalidad.

Al respecto, debe tenerse en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional3,
según la cual la procedencia de las acciones de tutela dirigidas a debatir

3
Ver entre otras sentencias de la Corte Constitucional: SU-917 de 2010, SU-074 de 2016, SU-050 de 2017,
SU-573 de 2017, SU-050 de 2018 y SU-072 de 2018.

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sentencias judiciales dictadas por altas corporaciones debe ser más restrictiva, por
lo cual, además de los requisitos generales de procedencia y los específicos de
procedibilidad, debe acreditarse la existencia de una irregularidad que desconozca
abiertamente mandatos constitucionales o que resulte incompatible con la
jurisprudencia sentada por el máximo tribunal constitucional sobre el alcance de
un derecho fundamental y que, por ende, requiera la imperiosa intervención del
juez de tutela, en pro de la salvaguarda de los derechos fundamentales, lo cual,
como quedó expuesto, no se aprecia en el presente asunto.

Por consiguiente, al encontrarse superado el requisito general de relevancia
constitucional, pero no evidenciarse la configuración de alguna de las causales
específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se
revocará la sentencia del 23 de febrero de 2023 únicamente en cuanto declaró
improcedente la acción y, en su lugar, se negará el amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la sentencia del 23 de febrero de 2023 en cuanto declaró
improcedente la acción y, en su lugar, negar el amparo deprecado, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.

Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

PCL

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