RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-05788-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05788-00

Fecha
26 de enero de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05788-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Negar la desvinculación al presente trámite tutelar del Presidente de la República, el Ministro de Defensa Nacional, el Presidente del Congreso, el Fiscal General de la Nación y el Defensor del Pueblo, del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, la Procuraduría General de la Nación, la Inspección General de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional – Dirección de Sanidad y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, por lo explicado en la parte motiva. SEGUNDO: NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición del señor Héctor Adolfo Castro, por lo expuesto en precedencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. 20 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2022 05788 00 Accionante: Héctor Adolfo Castro Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05788-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

26 de enero de 2023

Radicación: 11001 03 15 000 2022 05788 00
Accionante: Héctor Adolfo Castro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2022 05788 00
Accionante: HÉCTOR ADOLFO CASTRO
Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Tesis: No hay lugar a amparar el derecho fundamental de
petición cuando no se acreditó su vulneración.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Héctor Adolfo
Castro en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de
Defensa Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del
Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Inspección General de las
Fuerzas Militares, el Ejército Nacional – Dirección de Sanidad y el Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Héctor Adolfo Castro, actuando en nombre propio, promovió
acción de tutela en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio
de Defensa Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del
Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Inspección General de las
Fuerzas Militares, el Ejército Nacional – Dirección de Sanidad y el Tribunal

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2022 05788 00
Accionante: Héctor Adolfo Castro

Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía y, para ello, formuló las
siguientes pretensiones1:

“[…] 1- Proteger el derecho fundamental Del DERECHO DE
PETICION (sic), elevado el día 31 de agosto del presente año, por el
accionante.

2- Ordenar a las entidades accionadas, realizar todas las acciones
tenientes (sic) que den lugar para atender la petición elevada por el
ciudadano HECTOR ADOLFO CASTRO, de manera positiva.

3- Ordenar que las accionadas utilicen el medio más idóneo para
atender presencialmente la petición del señor HECTOR ADOLFO
CASTRO. [Mayúsculas en el escrito de tutela]

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que “PADECE DE PERTURBACION FUNCIONAL
RESTRICION FUNCIONAL, ESTRÉS Y DEPRESION, DOLOR CRÓNICO DE
SU MIENBRO (sic) SUPERIOR IZQUIERDO Y HEMITORAS (sic) IZQUIERDO
Y PROBLEMAS DE COLUMNA VERTEBRAL CON MECÁNICA LUMBALGIA,
DONDE REQUIERE SE LE BRINDE LA ATENCIÓN POR PARTE DE LAS
ENTIDADES DE CARÁCTER URGENTE, QUIEN ES DIRECTA CULPABLE DE
SUS LESIONES, PARA QUE SE LE PROPORCIONE SUS MEDICAMENTOS,
SUS ATENCIONES QUE REQUIERE PARA MITIGAR DICHAS LESIONES,
CONTROLAR LOS DOLORES, AFECIONES (sic) QUE DESDE EL AÑO 2010,
AFECTAN AL ACCIONANTE, QUIEN A CULPA DE LAS MISMAS NO HA
TENIDO UNA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS. Y QUE DESDE EL AÑO
2016, OFICIALES DE EJÉRCITO Y MÉDICOS DE SANIDAD EJÉRCITO LO
CONVIERTIERON EN VÍCTIMA DE LOS DELITOS DE ACOSO Y ABUSO
SEXUAL, AMENAZAS, SOMETIMIENTO, TRÁFICO DE INFLUENCIAS,
PREVARICATO POR ACCIÓN, ABUSO DE AUTORIDAD POR OMISIÓN DE
DENUNICA (sic) Y LOS DELITOS DE LA INJURIA Y CALUMNIA”
(mayúsculas del escrito).

Aseguró que el 31 de agosto del 2022 elevó un derecho de petición ante
las autoridades accionadas con el propósito de que “(…) se le asignara

1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05788 00.
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2022 05788 00
Accionante: Héctor Adolfo Castro

una citación para formularles RECLAMACIONES Y DENUNCIAS de las
cuales ha sido víctima desde el año 2016, pero que las entidades
accionadas, no ha[n] querido atender (…)”.

Adujo que “(…) elevo dicha petición, en vista de que su situación ya había
sido omitida por el anterior gobierno, este reitero su petición ante el actual
gobierno, pero este desde la presidencia hasta las dependencias de
ejercito han guardado silencio y no han realizado ACCION ALGUNA, en
emitir una respuesta, y menos acercamiento, para proteger sus derechos
fundamentales vulnerados por un grupo de oficiales de sanidad ejército
(…)”. (mayúsculas del accionante).

Arguyó que, “(…) de acuerdo a los sucesos que han acontecidos, desde
sometimientos, amenazas y atentados que han surgido desde que el
accionante DECIDIO DENUNCIAR PUBLICAMENTE, y que HOY TEME POR
SU VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL Y FAMILIAR (…) // Las entidades
accionadas, han guardado silencio por 54 días, donde la vida y seguridad
social del accionante ha estado en juego, pues su estado de salud se ha
deteriorado con esta situación (…)”. (mayúsculas originales).

Anotó que el jefe de Gestión de Medicina Laboral de la Dirección de
Sanidad emitió una respuesta negativa a la petición que elevó; sin
embargo, “(…) LA DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO, FUE LA
PRINCIPAL RESPONSABLE DE LOS DELITOS EN CONTRA DEL
ACCIONANTE, Y QUE ATRAVEZ (sic) DE SU EQUIPO JURIDICO, Y DE
MEDICINA LABORAL, SE HAN ENCARGADO CON DOCUMENTACION
FALSA, DESVIRTUAR SU ESTADO DE SALUD, Y SUS PROCEDIMIENTOS,
como quiera en ella se observa que según fueron realizados y archivados
sus denuncias por haber realizado, según ellos estudio, estudio que no
dio, ni se pronuncio (sic) acto alguno, de esas diligencias (…)”.
(mayúsculas del actor).

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2022 05788 00
Accionante: Héctor Adolfo Castro

3.1. Por auto del 8 de noviembre de 20222 fue admitida la acción de tutela
y se dispuso notificar al Presidente de la República, al Ministerio de
Defensa Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del
Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, a la Inspección General
de las Fuerzas Militares, al Ejército Nacional – Dirección de Sanidad y al
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía; así como vincular
al Presidente del Congreso, señor Roy Barreras3.

3.2. El Defensor del Pueblo, Regional Valle del Cauca, presentó en tiempo
escrito vía correo electrónico4, en el que manifestó que, ni del escrito de
tutela ni de la documentación que se allegó, se desprende que la causa
por la cual considera el accionante se han conculcado sus derechos
fundamentales se derive de una acción u omisión por parte de esa
entidad.

Informó que con el radicado de Orfeo nro. 20220060341392772 del 4 de
mayo de 2022 se radicó un derecho petición que elevó el hoy accionante,
y que, a través del nro. 20220060341940041 del 24 del mismo mes y
año, se le informó que carecían de competencia para tramitar su solicitud,
por lo que fue remitida a la Policía Metropolita de Cali y a la Fiscalía
General de la Nación; asimismo, se le indicó que debía solicitarle
directamente a la Unidad Nacional de Protección el estudio de su caso.

Arguyó que, a través del radicado Orfeo nro. 20220060341939691, se
remitió a las autoridades competentes “el caso del accionante, solicitando
la activación de las medidas a las cuales haya lugar y se le brinde
respuesta directa al interesado”; asimismo, a través del radicado Orfeo
nro. 20220060344467931 del 11 de noviembre de 2022, “se dio traslado
por competencia ante Sanidad Militar”.

2
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05788 00.
3
Esta orden se cumplió el 21 de noviembre de 2022. Visto en los índices 7, 8 y 9 de la
Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000
2022 05788 00.
4
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05788 00.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2022 05788 00
Accionante: Héctor Adolfo Castro

Solicitó su desvinculación del trámite tutelar por estimar que no tenía
legitimación en la causa por pasiva para atender las pretensiones de la
tutela.

3.3. La coordinadora del Grupo Asesor Jurídica del Tribunal Médico Laboral
de Revisión Militar y de Policía5, de la Secretaría General del Ministerio de
Defensa Nacional, rindió informe en oportunidad vía correo electrónico,
en el que afirmó que las pretensiones de la tutela no están dirigidas contra
ese tribunal, por lo que solicitó su desvinculación al carecer de
legitimación en la causa por pasiva.

3.4. El Grupo Jurídico de la Dirección Seccional de Fiscalías de Cali, Valle
del Cauca, solicitó a los fiscales que conocen de los procesos iniciados por
denuncias interpuestas por el accionante, para que rindieran un informe
con destino a esta acción, frente a los hechos de la tutela.

Al efecto, se recibieron en oportunidad los informes del Fiscal 61 Local de
la Unidad de Delitos Querellables6 de Cali, Valle del Cauca; del Fiscal 95
Seccional – Coordinador de la Unidad de Administración Pública7 de Cali,
Valle del Cauca; del Fiscal 9 Local de la Unidad de Delitos Querellables8
de la Dirección Seccional de Cali, Valle; del Fiscal 67 Seccional del Grupo
de Averiguación de Responsables9 y del director de Protección y Asistencia
(E) de la Fiscalía General de la Nación10, a los cuales se hará referencia
más adelante, y adicionalmente, solicitaron su desvinculación del
presente trámite tutelar.

5
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05788 00.
6
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05788 00.
7
Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05788 00.
8
Visto en los índices 21 y 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05788 00.
9
Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05788 00.
10
Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05788 00.
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2022 05788 00
Accionante: Héctor Adolfo Castro

3.5. El apoderado del Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República rindió informe en oportunidad vía correo electrónico11 en el
que pidió se deniegue la solicitud de amparo por considerar que no han
vulnerado el derecho fundamental de petición del actor, “(…) toda vez que
mediante el radicado nro. EXT22-00073648 el actor formuló petición ante
la entidad. El DAPRE con Oficio nro. OFI22-00106508/GFPU 12000000 del
20 de septiembre del año que avanza dio respuesta al accionante,
comunicación remitida a la dirección electrónica aportada por el
memorialista. Asimismo, con oficio nro. OFI22-00106512/GFPU
12000000 de esa misma fecha, remitió por competencia el escrito al
Ministerio de Defensa Nacional (…)", para lo cual remitió el informe de
trazabilidad de la solicitud que elevó el accionante.

Adicionalmente, pidió su desvinculación del trámite tutelar y señaló que
dicho departamento no es responsable de la conducta omisiva que se les
endilga, por lo que carecen de legitimación en la causa por pasiva.

3.6. Pese a que el auto admisorio de la acción de tutela fue notificado en
debida forma al Ministerio de Defensa Nacional, a la Inspección General
de las Fuerzas Militares, al Ejército Nacional – Dirección de Sanidad, a la
Procuraduría General de la Nación y al Presidente del Congreso12,
guardaron silencio.

4.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Le corresponde a la Sala conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de

11
Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05788 00.
12
Esta orden se cumplió el 21 de noviembre de 2022. Visto en los índices 7, 8 y 9 de la
Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000
2022 05788 00.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2022 05788 00
Accionante: Héctor Adolfo Castro

mayo de 2015,13 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202114, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201915 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente16:

4.2.1. El señor Héctor Adolfo Castro envió un correo electrónico desde la
cuenta castroh184@gmail.com a los siguientes destinatarios:
“denunciacorrupcion, obstraparencia, contacto, usuarios, atención.usua”,
con el asunto “DERECHO DE PETICIÓN CITA”, en el texto del mensaje se
lee lo siguiente: (se transcribe con los errores de redacción)17

“[…] CORDIALMENTE ANTE SUS DESPACHOS SE REMITE PETICIÓN
PA (sic) OFICIALES DE SANIDAD EJÉRCITO, ANTE EL SILENCIO DEL
DIREC (sic) DEL SEÑOR CASTRO HÉCTOR ADOLFO, QUIEN SIENDO
SO (sic) DESAPARECIDO DE SU EXPEDIENTE MEDICO LABORAL
INFORMA RESTABLECIMIENTO.

DONDE LOS OFICIALES DE SANIDAD, AREA JURIDICA TAMBIEN
H(SIC) DE DETENER LAS DENUNCIAS DEL SEÑOR EN MENCIÓN,
CON DONDE ALTERAN LAS JUNTAS MÉDICAS.

QUEDAMOS ATENTOS SEÑOR PRESIDENTE GUSTAVO PETRO UR
(sic) DENUNCIAS FRENTE A LA CUPULA MILITRA (sic), A QUIEN
USTED ORD (sic) […]”.

4.2.2. Con el correo se remitió un archivo en formato PDF, que, según el
accionante, se trata del derecho de petición que envió el 31 de agosto de
2022 al Presidente de la República, al Ministro de Defensa Nacional, al
presidente del Congreso, al Fiscal General de la Nación y al Defensor del

13
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
14
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
15
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
16
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro.11001 03 15 000 2022 05788 00.
17
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro.11001 03 15 000 2022 05788 00.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2022 05788 00
Accionante: Héctor Adolfo Castro

Pueblo, con el asunto “Solicitud de apoyo gubernamental y DENUNCIA
POR SEGUNDA VEZ”.

El contenido del precitado escrito, es el siguiente:

“[…] Ref. DELITOS DE ACOSO Y ABUSO SEXUAL- TRAFICO DE
INFLUENCIAS- ABUSO DE AUTORIDAD POR OMISION DE DENUNCIA.
PREVARICATO POR ACCION- FALSEDAD-AMENAZASSOMETIMIENTO.

Víctima: HECTOR ADOLFO CASTRO

Yo HECTOR ADOLFO CASTRO, mayor de edad, identificado con la
cedula de ciudadanía (…), de la ciudad de Santiago de Cali, ante
ustedes promuevo el derecho de petición AMPARADO Y PROTEGIDO
por la constitución política colombiana, acudo a ustedes en base a lo
siguiente, para que los DIRECTORES de EJÉRCITO NACIONAL-
SANIDAD MILITAR-SANIDAD EJÉRCITO- COMANDO DE
PERSONAL-INSPECCION EJERCITO, HAGAN PRESENCIA EN LO
SIGUIENTE:

1- Requiero citación de carácter URGENTE, con presencia de los
citados en este memorial, los cuales son de la cúpula militar.

2- Citación en la cual presentare (sic) ante ustedes y daré́ conocimiento
de los delitos de referencia mencionados, de los cuales soy victima
desde el año 2016, por parte de OFICIALES DEL EJERCITO
NACIONAL y SU DEPENDENCIAS DE SANIDAD MILITAR, donde
se encuentran médicos y oficiales de la misma.

3- Dichos delitos YA HAN SIDO DENUNCIADOS ANTE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES, pero estos no tienen evolución y por
ser contra militares activos muchas de las denuncias han sido
archivadas y así negando el derecho al acceso a la justicia, DONDE
VALIENDOSE DE ACTOS FALSOS PRETENDEN HACER ARCHIVAR
DICHAS ACCIONES.

4- Citación en la cual se realiza acusación directa en contra de los
oficiales y médicos así:

(…)18, de calidad médico, quien para el año 2016 ACOSO Y ABUSO
SEXUALMENTE DEL PETENTE, bajo su cargo cometió́ el delito de
tráfico de influencia.

(…)19, de calidad oficial, quien para el año 2019 en los meses de marzo
y mayo AMENAZO CON ELIMINAR AL PETENTE, y así también sus
beneficios y quien sometió́ obligo (sic) mediante amenazas querer
cambiar sus conceptos médicos, los cuales reportan sus lesiones, en

18
Se suprime el nombre suministrado por el accionante con el propósito de garantizar
el derecho a la intimidad y la protección contra injerencias en la vida privada de la
persona a quien se atribuye la comisión de la conducta descrita.
19
Se suprime el nombre suministrado por el accionante con el propósito de garantizar
el derecho a la intimidad y la protección contra injerencias en la vida privada de la
persona a quien se atribuye la comisión de la conducta descrita.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2022 05788 00
Accionante: Héctor Adolfo Castro

calidad oficial de sanidad militar quien en dos ocasiones ha incurrido
en los delitos de tráfico de influencias prevaricato por acción.

(…)

…20, en calidad de oficiales de insignias, de los delitos de falsedad,
abuso de autoridad por omisión de denuncia.

En base a esta corta información, requiero de carácter urgente se me
asigne citación con sus HONORABLES DESPACHOS, con el fin de que
sean atendidas mis denuncias, y se me brinde el apoyo gubernamental
que requiero para restablecer mis derechos fundamentales COMO EL
DE LA SALUD, VIDA EN CONDICIONES DIGNAS Y LIBRE
LOCOMOCION POR EL TERRITORIO NACIONAL. No mayor a 10
días, con el fin de darles parte y conocimiento BAJO LA GRAVEDAD
DE JURAMENTO DE LAS ACCIOES (sic) Y MALAS PRÁCTICAS
REALIZADAS POR ESTOS MÉDICOS Y OFICIALES.

Queda por mencionar que me encuentro amenazado de muerte, donde
ya he recibido TRES ATENTADOS en contra de mi integridad física, en
base a que e (sic) realizado las denuncias públicas y legales y quieren
SI (sic) O SI (sic) callarme.

Queda por mencionar ante sus despachos que mis derechos fueron
desaparecidos por el mal actuar de estos médicos y la corrupción
latente dentro de SANIDAD MILITAR, MEDICINA LABORAL, y como
prueba de ello cuento con AMPLIO MATERIAL PROVATORIO. Por el cual
me han querido asesinar […]”. (Negritas y mayúsculas del escrito)

4.2.3. Según el accionante, a la fecha de la presente providencia no se ha
dado respuesta a dichas solicitudes.

4.3. CUESTIÓN PREVIA

En relación con la petición de desvinculación del trámite tutelar que
formularon el Defensor del Pueblo- Regional Valle del Cauca, los
funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que rindieron informe, el
apoderado del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, la
Procuraduría General de la Nación, la Inspección General de las Fuerzas
Militares, el Ejército Nacional – Dirección de Sanidad y el Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía, se advierte lo siguiente:

20
Se suprimen los nombres suministrados por el accionante con el propósito de
garantizar el derecho a la intimidad y la protección contra injerencias en la vida privada
de las personas a quienes se atribuye la comisión de las conducta descritas.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2022 05788 00
Accionante: Héctor Adolfo Castro

El artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que, la acción de
tutela “[s]e dirigirá contra la autoridad pública o el representante del
órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental […]”.

Comoquiera que, en el presente caso, el accionante manifiesta que no ha
recibido respuesta al derecho de petición que envío el 31 de agosto de
2022 por correo electrónico a las autoridades accionadas, no hay lugar a
desvincularlas del presente asunto, por cuanto la tutela se dirigió contra
dichos entes precisamente porque el actor alega que han conculcado su
derecho fundamental de petición.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

Precisado lo anterior, la Sala para resolver examinará: (i) el núcleo
esencial del derecho fundamental de petición y (ii) el caso concreto.

4.4.1. El núcleo esencial del derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política de 1991 señala que “[…] Toda
persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales […]”.

En cuanto a las reglas que rigen el derecho de petición, la Corte
Constitucional ha dicho21:

“[…] a) El derecho de petición es fundamental y determinante para
la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos
constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución
pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad
de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el
sentido de lo decidido.

21
Corte Constitucional, sentencia T-1160A del 1 de noviembre de 2001, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa.
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2022 05788 00
Accionante: Héctor Adolfo Castro

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2.
Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente
con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si
no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del
derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado
ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales,
esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo
extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo
determine.

(…)

g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el
término que tiene la administración para resolver las peticiones
formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código
Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no
ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y
ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la
autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el
término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el
criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de
la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado
las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder
dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta
será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.

[…]”.

De igual manera, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el tema
de la carga de la prueba en materia de tutelas, verbigracia en la sentencia
T-131 de 2007 afirmó que rige el principio “onus probandi incumbit
actori” y para ello explicó22:

“[…] en diversas ocasiones la Corte ha examinado el tema de la
carga de la prueba en sede de tutela. Así, en sentencia T-298 de
1993 esta Corporación, con ocasión de una petición de amparo
instaurada por un padre, quien pretendía que su hijo fuese
desvinculado de las filas del Ejército Nacional, negó la protección
judicial demandada con base en las siguientes consideraciones:

“El artículo 22 del mencionado decreto, "el juez, tan
pronto llegue al convencimiento respecto de la situación
litigiosa, podrá proferir el fallo, sin necesidad de
practicar las pruebas solicitadas". Pero esta disposición

22
M.P. Humberto Sierra Porto.
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2022 05788 00
Accionante: Héctor Adolfo Castro

no puede entenderse como una autorización legal para
que el juez resuelva sin que los hechos alegados o
relevantes para conceder o negar la protección hayan
sido probados, cuando menos en forma sumaria dadas
las características de este procedimiento. Su
determinación no puede ser adoptada con base en el
presentimiento, la imaginación o el deseo, sino que ha
de obedecer a su certidumbre sobre si en efecto ha sido
violado o está amenazado un derecho fundamental, si
acontece lo contrario, o si en el caso particular es
improcedente la tutela. A esa conclusión únicamente
puede arribar el fallador mediante la evaluación de los
hechos por él establecidos con arreglo a la ley y sin
desconocer el derecho de defensa de las partes".

Siguiendo con esa misma línea jurisprudencial, la Corte en sentencia
T-835 de 2000, en el caso de un trabajador, quien alegaba ser
víctima de una discriminación en materia salarial en relación con sus
compañeros, negó el amparo solicitado por cuanto “Quien pretende
la protección judicial de un derecho fundamental debe demostrar
los supuestos fácticos en que se funda su pretensión, como quiera
que es razonable sostener que quien conoce la manera exacta
como se presentan los hechos y las consecuencias de los mismos,
es quien padece el daño o la amenaza de afectación”.

Así mismo, en diferentes providencias el Tribunal Constitucional ha
estimado que, si bien se pueden amparar transitoriamente los
derechos de la mujer embarazada cuando el despido amenace su
derecho al mínimo vital o el de su hijo que está por nacer, “la prueba
de la vulneración del mínimo vital se convierte en un elemento
indispensable para que el juez constitucional adquiera competencia
para decidir un asunto como el que ahora se estudia, pues sin esta
condición la jurisdicción competente seguirá siendo la ordinaria”. En
igual sentido, en sentencia T-237 de 2001, la Corte señaló lo
siguiente:

“el directo afectado debe demostrar la afectación de su
mínimo vital, señalando qué necesidades básicas están
quedando insatisfechas, para lograr la protección y
garantía por vía de tutela, pues de no ser así, derechos
de mayor entidad, como la vida y la dignidad humana
se pueden ver afectados de manera irreparable.

“En este punto, es necesario enfatizar el hecho de que,
no basta hacer una afirmación llana respecto de la
afectación del mínimo vital, sino que dicha aseveración
debe venir acompañada de pruebas fehacientes y
contundentes de tal afectación, que le permitan al juez
de tutela tener la certeza de tal situación.”

Ahora bien, en situaciones muy particulares de especial indefensión,
la Corte ha considerado que se invierte la carga de la prueba a favor
del peticionario, es decir, que basta con que éste realice una
afirmación, teniendo la autoridad pública accionada, o el particular
en su caso, el deber de desvirtuarla. En otras palabras se presumen
ciertos los hechos alegados por el accionante. Así por ejemplo, en
12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2022 05788 00
Accionante: Héctor Adolfo Castro

casos de personas víctimas de desplazamiento forzado, esta
Corporación en sentencia T- 327 de 2001 estimó lo siguiente:

“Al presumirse la buena fe, se invierte la carga de la
prueba y, por ende, son las autoridades las que deben
probar plenamente que la persona respectiva no tiene la
calidad de desplazado. Por lo tanto, es a quien desea
contradecir la afirmación a quien corresponde probar la
no ocurrencia del hecho. El no conocimiento de la
ocurrencia del hecho por autoridad gubernamental
alguna no es prueba de su no ocurrencia. Es apenas
prueba de la inmanejable dimensión del problema que
hace que en muchas ocasiones las entidades
gubernamentales sean desconocedoras del mismo. En
muchas ocasiones las causas del desplazamiento son
silenciosas y casi imperceptibles para la persona que no
está siendo víctima de este delito. Frente a este tipo de
situaciones es inminente la necesidad de la presunción
de buena fe si se le pretende dar protección al
desplazado.

(…)

En suma, quien instaure una acción de tutela por estimar vulnerados
o amenazados sus derechos fundamentales tiene la carga procesal
de probar sus afirmaciones; tan sólo en casos excepcionales, dadas
las especiales condiciones de indefensión en que se encuentra el
peticionario, se ha invertido jurisprudencialmente la carga de la
prueba a favor de aquél.

[…]” (subrayas ajenas).

4.4.2. Caso concreto

Acorde con lo manifestado por el actor las autoridades accionadas han
desatendido responder de manera oportuna el derecho de petición que
aduce les envió vía correo electrónico el 31 de agosto de 2022 y para
acreditar su radicación aportó la siguiente captura de pantalla23:

23
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05788 00.
13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2022 05788 00
Accionante: Héctor Adolfo Castro

También se observa que el correo se dirigió desde la cuenta
castroh184@gmail.com, con el asunto “DERECHO DE PETICIÓN CITA” a
los correos: “denunciacorrupcion, obstraparencia, contacto, usuarios,
atención.usua”.

Por consiguiente, no está acreditado que el actor hubiese dirigido una
petición el 31 de agosto de 2022 a las autoridades aquí accionadas, esto
es, a la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa Nacional, a
la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la
Procuraduría General de la Nación, a la Inspección General de las Fuerzas
Militares, al Ejército Nacional – Dirección de Sanidad y al Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía, ni que éstas hayan sido omisivas
en contestar o en atender un requerimiento que por competencia debieran
asumir o en su defecto remitir a la autoridad competente.

Al respecto, de los informes presentados con destino a esta acción se
desprende lo siguiente:

(i) El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
informó que, “(…) mediante el radicado nro. EXT22-00073648 el actor

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2022 05788 00
Accionante: Héctor Adolfo Castro

formuló petición ante la entidad. El DAPRE con Oficio nro. OFI22-
00106508/GFPU 12000000 del 20 de septiembre del año que avanza dio
respuesta al accionante, comunicación remitida a la dirección electrónica
aportada por el memorialista. Asimismo, con oficio nro. OFI22-
00106512/GFPU 12000000 de esa misma fecha, remitió por competencia
el escrito al Ministerio de Defensa Nacional (…)".

Entre las documentales que remitió, se encuentra el registro de la
trazabilidad del correo electrónico radicado por el accionante el 20 de
septiembre de 2022, con el asunto: “EMAIL Solicitud de audiencia con
el señor Gustavo Petro Cali”, como se observa a continuación24:

(ii) El Defensor del Pueblo, Regional Valle del Cauca, manifestó que,
mediante el radicado de Orfeo nro. 20220060341392772 del 4 de mayo
de 2022, se recibió una petición radicada por el hoy accionante, y a
través del radicado Orfeo nro. 20220060341940041 del 24 del mismo
mes y año, le informó que carecía de competencia para tramitar su
solicitud, por lo que fue remitida a la Policía Metropolita de Cali y a la
Fiscalía General de la Nación; igualmente, le indicó que debía solicitar a
la Unidad Nacional de Protección el estudio de su caso, por lo que precisó
que la causa por la cual considera el accionante se han conculcado sus
derechos fundamentales no se deriva de una acción u omisión por parte
de esa entidad.

24
Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05788 00.
15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2022 05788 00
Accionante: Héctor Adolfo Castro

(iii) En los informes que rindieron los funcionarios de la Fiscalía General
de la Nación, se indicó:

El Fiscal 61 Local de la Unidad de Delitos Querellables de Cali, Valle del
Cauca, afirmó25:

“[…] De la manera más atenta y comedida me permito dar respuesta
a la acción de tutela de la referencia, informándole que a este
delegado le correspondió conocer del siguiente radicado:

SPOA 760016000199202251565 Delito Calumnia, víctima HÉCTOR
ADOLFO CASTRO en contra del teniente coronel CARLOS MAURICIO
PEÑA, basado en los hechos de haber oficiado a gestión jurídica
disan ejército, en el cual CARLOS MAURICIO PEÑA JIMENEZ,
mediante oficio 2022325000104581 emitido al Juzgado Diecisiete
Civil Del Circuito de Cali, lo acusa a HECTOR ADOLFO CASTRO de los
delitos de constreñimiento, amenazas, e intimidación a personal del
ejército nacional (funcionarios públicos). Caso el cual se encuentra
en etapa de indagación a la espera de recoger emp. Ef. e Ilo. (Sic)

(…)

Con lo anterior su señoría, queda demostrado que este despacho ha
cumplido con todos los protocolos para que se adelante el estudio
de protección y no se le ha vulnerado ningún derecho fundamental
[…]”.

-) El Fiscal 95 Seccional – Coordinador de la Unidad de Administración
Pública de Cali, Valle del Cauca26, expresó que “[L]a petición que, según
la tutela, no ha sido resuelta, nunca llegó a este despacho y lo único
que tenemos frente al ciudadano, es que en la fecha 14-12-2014,
presentó denuncia y la indagación fue archivada el 27-10-2015 (…)”.
(Negrita de la Sala)

-) El Fiscal 9 Local de la Unidad de Delitos Querellables de la Dirección
Seccional de Cali, Valle del Cauca27 expuso que, “[e]n este despacho fiscal
cursó indagación bajo SPOA 760016000193201324371, // en el cual
funge como querellante el señor HECTOR ADOLFO CASTRO y como
querellado el señor FELIPE GUERRA, por el delito de abuso de confianza,

25
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05788 00.
26
Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05788 00.
27
Visto en los índices 21 y 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05788 00.
16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2022 05788 00
Accionante: Héctor Adolfo Castro

y se encuentra archivado por conducta atípica desde el 29-05-2015. //
Considera este funcionario que la tutela no tiene relación alguna con el
hecho que se investigó́ y por tanto no se pronuncia sobre las peticiones
del accionante […]”.

-) El Fiscal 67 Seccional del Grupo de Averiguación de Responsables
explicó que28:

“[…] adelanta investigación bajo el radicado
7600160000199202252808 por el presunto delito de falsedad
ideológica en documento público conforme la denuncia que formuló
el señor HÉCTOR ADOLFO CASTRO, el 5 de mayo de 2022 contra los
servidores públicos – oficiales militares – (…), en la cual precisó que
los denunciados emitieron dictámenes falsos sobre su estado de
salud certificando situaciones que no corresponden a la realidad (…).

Es importante informar que este despacho fiscal desconoce
la solicitud elevada el 31 de agosto del presente año por el
accionante, igualmente el 12 de octubre del año en curso, el
señor Héctor Adolfo Castro […]”. (Negritas de la Sala)

-) El director de Protección y Asistencia (E) de la Fiscalía General de la
Nación29 señaló que esa dependencia únicamente recibió un derecho de
petición por parte del accionante el cual fue radicado bajo el número
20221100044895 del 25 de julio de 2022, y, a través del radicado nro.
20221100079101 del 28 de julio de 2022, se le dio respuesta al correo
electrónico suministrado por el interesado.

Explicó también que, atendiendo la solicitud efectuada por la asesora del
Grupo de Servicios al Ciudadano de la Oficina Asesora de Planeación e
Información de la Unidad Nacional de Protección, libró la misión de trabajo
nro. 155989 del 17 de junio de 2022 a la Unidad de Investigaciones y
Evaluaciones con el fin de adelantar la Evaluación de Amenaza y Riesgo,
atendiendo los parámetros fijados por la Resolución nro. 0-1006 de 2016.

28
Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05788 00.
29
Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05788 00.
17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2022 05788 00
Accionante: Héctor Adolfo Castro

Arguyó que “[D]el estudio técnico antes aludido, se generó un informe de
fecha 20 de julio del año en curso y dentro de las labores realizadas por
el evaluador, el día 23 de junio de dicho año, se reunión con el accionante
con el fin de practicar la correspondiente entrevista. // En tal diligencia,
el investigador a cargo procedió a explicarle el motivo de esta, lo atinente
al programa, sus principios rectores, consentimiento, reserva legal, las
normas que lo regulan (…). // Una vez realizada la explicación por parte
del evaluador, el actor no autorizó la continuación de la entrevista,
asegurando que, // “… no deseo ingresar al programa de protección,
pensé que la seguridad que me brindarían en esa ciudad, era con la
asignación de un escolta o por lo menos que darían un arma de dotación
o un chaleco blindado para defenderme, ya que fui víctima de dos
atentados, además no saldré de esta ciudad porque tengo obligaciones
con mi familia y proyectos en esta ciudad…” […]”.

Aseguró que, de acuerdo con lo manifestado por el investigador que
realizó el análisis de la información y valoración de la amenaza, riesgo y
vulnerabilidad, el accionante tiene la calidad de víctima y/o denunciante
al interior de distintos procesos que se encuentran en etapa de indagación
y que son adelantados por la Dirección Seccional Cali, Valle del Cauca,
así: la Fiscalía 61 Delegada ante los Jueces Promiscuos y Penales
Municipales30; la Fiscalía 85 Delegada ante los Jueces Penales del
Circuito31; la Fiscalía 108 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito32.
Igualmente, por la Unidad de Conciliación Preprocesal de Bogotá: la
Fiscalía 324 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito33; la Fiscalía 35
Delegada ante los Jueces Penales del Circuito34 y la Fiscalía 157 Delegada
ante los Jueces Penales del Circuito35.

30
Radicado N.U.N.C 760016000199202251565, por el delito de calumnia.
31
Radicado N.U.N.C 7600160001992022515521, por el delito de prevaricato por
omisión.
32
Radicado N.U.N.C 760016000199202252808, falsedad ideológica en documento
público.
33
Radicado N.U.N.C 760016099165202100324, injuria por vías de hecho.
34
Radicado N.U.N.C 760016099165202002286, tráfico de influencias de servidor
público.
35
Radicado N.U.N.C 7600160001999201907180, fraude procesal.
18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2022 05788 00
Accionante: Héctor Adolfo Castro

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, quien
promueve una acción de tutela tiene la carga de probar la situación fáctica
en que respalda lo pretendido y, en este caso, el actor no acreditó que
haya radicado una petición ante las autoridades accionadas.

Ahora bien, la Sala no desconoce que de conformidad con el artículo 20
del Decreto 2591 de 1991 cuando el informe solicitado no sea rendido en
el plazo correspondiente se tendrán por ciertos los hechos y, lo que aquí
se observa, es que el Ministerio de Defensa Nacional, la Procuraduría
General de la Nación, la Inspección General de las Fuerzas Militares, el
Ejército Nacional – Dirección de Sanidad y el Presidente del Congreso
guardaron silencio; sin embargo, dicha circunstancia no relevaba al actor
de la carga de probar que presentó el derecho de petición, puesto que lo
que incumbe demostrar a los accionados es si contestaron o no la petición
formulada y, ello es precisamente lo que se tendría por cierto, no su
radicación. Por consiguiente, no es posible presumir que el actor
interpuso una petición con fundamento en que los accionados omitieron
rendir un informe con destino a esta tutela.

En consecuencia, comoquiera que no se probó que el accionante haya
radicado un derecho de petición el 31 de agosto de 2022 vía correo
electrónico a las autoridades accionadas y solo aportó una captura de
pantalla36 y un archivo en PDF de la solicitud que asegura remitió, pero
no se evidencia la fecha de envío, ni sus destinatarios, la pretensión de
amparo no puede abrirse paso, dado que tampoco se acreditó que el actor
se encuentre en una condición especial de indefensión que permita
invertir la carga de la prueba de sus afirmaciones.

Por último, no sobra destacar por la Sala que, como lo pretendido por el
accionante a través de la petición que asegura remitió a las autoridades
accionadas es que se le conceda una “(…) Citación en la cual presentare
(sic) ante ustedes y daré́ conocimiento de los delitos de referencia
mencionados, de los cuales soy victima desde el año 2016, por parte de

36
Según lo manifestado en el acápite de pruebas de la tutela.
19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2022 05788 00
Accionante: Héctor Adolfo Castro

OFICIALES DEL EJERCITO NACIONAL y SU DEPENDENCIAS DE SANIDAD
MILITAR, donde se encuentran médicos y oficiales de la misma (…)”,
puede acudir ante las autoridades judiciales competentes para interponer
la respectiva querella frente a los delitos que tenga conocimiento,
conforme lo establecen los artículos 66 a 74 y siguientes del Código de
Procedimiento Penal, que regulan lo atinente a la titularidad de la acción
penal, el deber de denunciar y la interposición de la querella, entre otros
asuntos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: Negar la desvinculación al presente trámite tutelar del
Presidente de la República, el Ministro de Defensa Nacional, el Presidente
del Congreso, el Fiscal General de la Nación y el Defensor del Pueblo, del
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, la Procuraduría
General de la Nación, la Inspección General de las Fuerzas Militares, el
Ejército Nacional – Dirección de Sanidad y el Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía, por lo explicado en la parte motiva.

SEGUNDO: NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición del
señor Héctor Adolfo Castro, por lo expuesto en precedencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la ley.

20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2022 05788 00
Accionante: Héctor Adolfo Castro

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

21

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.