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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05792-00

Fecha
26 de enero de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05792-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTES las acciones de tutela de la referencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-05792-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

26 de enero de 2023

Radicación: 11001 03 15 000 2022 05792 00
Accionantes: EMA PARRA SALAMANCA Y OTROS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2022-05792-00
Acumulada: 11001 03 15 000 2022-05794-00
Accionantes: EMA PARRA SALAMANCA Y OTROS
Accionado: SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO
DE ESTADO

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando de lo expuesto por la
parte actora no se advierte la afectación del núcleo
esencial de los derechos fundamentales invocados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir las acciones de tutela interpuestas por la parte
actora en contra de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Ema Parra Salamanca y José Silverio Salamanca (expediente 11001-03-
15-000-2022-05792-00), y de otra parte, Marina Salamanca, José Alberto
Parra Salamanca, Yamile Parra Salamanca, Orlando Parra Salamanca,
Blanca Paulina Salamanca, Marleny Parra Salamanca, Álvaro Parra
Salamanca, Ana Bertilde Parra Salamanca, María Eugenia Parra
Salamanca, Hilda Julia Parra Salamanca, Salvador Parra Remolina, Jacklin
Milena Parra Remolina, Yeraldin Parra Remolina, Andrei Rubiel Meneses
Parra, Dayro Alejandro Meneses Parra, Estefanía Gómez Parra y Darianny

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Radicación: 11001 03 15 000 2022 05792 00
Accionantes: EMA PARRA SALAMANCA Y OTROS

Julieth Parra Remolina (expediente 11001-03-15-000-2022-05794-00),
solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad, a la vida y a la propiedad privada, pretendiendo que se deje
sin efectos la sentencia de 21 de octubre de 2021 dictada por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del
proceso de reparación directa identificado con el número de radicado
2016-00063-01 (62.874), dentro del cual fueron demandados el
municipio de Saravena y la Policía Nacional, para obtener el pago de los
perjuicios que habrían sufrido los accionantes “por omitir el cumplimiento
de una orden de lanzamiento por ocupación de hecho”.

La parte actora afirmó que sus derechos fundamentales fueron vulnerados
en cuanto la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico pues
“se limitó a determinar ‘si se configuró un daño antijurídico, porque una
alcaldía y la policía no practicaron una diligencia de lanzamiento por
ocupación de hecho’, haciendo un análisis defectuoso, que la reclamación
de los daños no solamente se originaba en la no realizar la diligencia de
lanzamiento de los invasores […] (sic). Defecto que se desprende al leer
contenido de las pretensiones de la demanda, los hechos, fundamentos y
las pruebas arrimadas a la misma, así como las legalmente practicadas e
incorporadas al proceso, desconoció los mismos, lo que constituye un
análisis insuficiente de los medios probatorios recaudados, soslayando
así, el principio de la unidad de prueba” (sic).

También manifestó que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado desconoció el precedente contenido en los fallos del 26 de julio
de 2011 dictado dentro del proceso con radicado Nº 05001-23-25-000-
1994-00069-01 (21.148) y de 16 de julio de 2015 emitido dentro del
proceso con radicado Nº 50001-23-31000-2001-20203-01 (34.046).

Por último, alegó que la providencia cuestionada vulneró el derecho
fundamental al debido proceso con la condena por concepto de agencias
en derecho que les fue impuesta, comoquiera que, a su juicio, carecía de
sustento y resultaba arbitraria, ilegal e irracional.

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Accionantes: EMA PARRA SALAMANCA Y OTROS

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Por medio de auto de 4 de noviembre de 2022 el despacho
sustanciador admitió la acción de tutela interpuesta por Ema Parra
Salamanca y José Silverio Salamanca (2022-05792-00).

De otra parte, mediante auto de noviembre 10 de 2022 el Consejero de
Estado Rafael Francisco Suárez Vargas remitió a este despacho la acción
de tutela identificada con el número de radicación 2022-05794-001, con
el objeto de estudiar la posible acumulación al trámite de la referencia.

A continuación, mediante auto de diciembre 1º de 2022, luego de advertir
el cumplimiento de los requisitos correspondientes, el despacho a cargo
resolvió acumular estas dos demandas de tutela.

2.2. La autoridad judicial accionada manifestó que “las consideraciones
esgrimidas en la providencia del 21 de octubre de 2021 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación son suficientes
para explicar la improcedencia del amparo solicitado”.

2.3. La Policía Nacional solicitó que se negaran “las súplicas de los
accionantes ante la improcedencia de la acción por la inexistencia de
vulneración de los derechos fundamentales”. Para ello, explicó que no fue
errada la valoración probatoria por parte del despacho judicial de segunda
instancia, en tanto expuso de manera coherente y congruente los
fundamentos jurídicos para negar la responsabilidad del Estado por los
hechos objeto de litigio, basado en que en ningún momento se acreditó el
daño como elemento de la responsabilidad.

Finalmente, anotó que no se configuraba un perjuicio irremediable que
permitiera considerar la procedencia de la acción de tutela como mecanismo
transitorio.

1 Accionantes: Marina Salamanca, José Alberto Parra Salamanca, Yamile Parra Salamanca, Orlando Parra
Salamanca, Blanca Paulina Salamanca, Marleny Parra Salamanca, Álvaro Parra Salamanca, Ana Bertilde Parra
Salamanca, María Eugenia Parra Salamanca, Hilda Julia Parra Salamanca, Salvador Parra Remolina, Jacklin
Milena Parra Remolina, Yeraldin Parra Remolina, Andrei Rubiel Meneses Parra, Dayro Alejandro Meneses Parra,
Estefanía Gómez Parra y Darianny Julieth Parra Remolina.

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2.4. El municipio de Saravena y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, pese a haber sido debidamente notificados, guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

3.2. HECHOS

3.2.1. La parte actora presentó demanda en ejercicio del medio de control
de reparación directa contra el municipio de Saravena y la Policía Nacional
para obtener el pago de los perjuicios que le habría causado la omisión
de las entidades demandadas en la práctica de una diligencia de
lanzamiento por ocupación de hecho.

3.2.2. Por medio de sentencia de 16 de agosto de 2018 el Tribunal
Administrativo de Arauca accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. Para el efecto adujo que el municipio de Saravena se limitó a
expedir la orden de lanzamiento y a solicitar el acompañamiento de la
fuerza pública. Respecto de la Policía Nacional, argumentó que no inició
las acciones para brindar el mencionado acompañamiento y solo remitió
comunicaciones informando los requerimientos necesarios para desplazar
a su personal con el objetivo de lograr el desalojo de los invasores.

3.2.3. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con
sentencia del 21 de octubre de 2021, revocó el fallo del a quo, negó las
pretensiones de la demanda y condenó a la parte actora a pagar, a las
entidades demandadas, la suma de cuarenta y un millones quinientos
cinco mil pesos ($ 41.505.000) por concepto de agencias en derecho.

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En su parte considerativa, luego de relacionar las pruebas que obraron en
el expediente, exponer los hechos que encontró debidamente probados y
presentar algunas reflexiones en relación con el juicio policivo de
lanzamiento por ocupación de hecho, la autoridad judicial accionada
explicó lo siguiente:

“[…] 8. Según la demanda, los demandados incurrieron en falla del servicio por
omisión, por el incumplimiento de la orden de practicar la diligencia de
lanzamiento en el predio señalado por los querellantes ante el municipio de
Saravena. Está acreditado que desde el 12 de diciembre de 1977, el inmueble
denominado “Villabel”, con matrícula inmobiliaria nº. 410-25040, era de
propiedad de Rosalbina Salamanca de Parra [hecho probado 6.1]. Ella falleció
y, en virtud de la sentencia del proceso de sucesión intestada, la propiedad
pasó a sus herederos [hecho probado 6.2]. El 5 de marzo de 2014, José
Alberto, Orlando, Álvaro, Ana Bertilde e Hilda Julia Parra Salamanca, en calidad
de herederos de Rosalbina Salamanca de Parra, formularon ante la Alcaldía de
Saravena querella policiva por ocupación de hecho contra un grupo de
personas determinadas y otras indeterminadas que invadieron el predio
“Villabel”. En el escrito afirmaron ejercer posesión sobre el inmueble y
adjuntaron copia de la escritura pública nº. 127 del 12 de diciembre de 1977,
el certificado de tradición y libertad del inmueble y la sentencia del proceso de
sucesión intestada [hecho probado 6.3].

El alcalde (e) de Saravena admitió la querella y decretó el lanzamiento de los
ocupantes y la demolición de los inmuebles construidos en el predio [hecho
probado 6.4]. Posteriormente, el inspector de policía municipal fijó el 14 de
marzo de 2014 como fecha para practicar el lanzamiento, ofició al comandante
de la estación de policía de Saravena y solicitó al secretario de gobierno
municipal disponer del personal y maquinaria necesaria [hecho probado 6.5].

El 11 de marzo de 2014, el inspector de policía municipal informó al alcalde
que se requería la presencia del ESMAD para realizar el desalojo, le solicitó
coordinar con el comandante de policía y colaborar con dos cargadores, tres
volquetas y cinco obreros [hecho probado 6.7]. El 14 de marzo siguiente, el
inspector suspendió la diligencia, porque el comandante de la estación de
policía de Saravena no informó si podía hacer el desalojo. Agregó que cuando
se tuviera conocimiento de que el ESMAD llegaría al lugar, señalaría nueva
fecha [hecho probado 6.8].

El 15 de octubre de 2015, el inspector de policía municipal manifestó que el
secretario de gobierno municipal había informado que los recursos para el
desplazamiento del ESMAD habían sido asignados y, por ello, señaló que del
27 al 31 de octubre se realizaría el lanzamiento [hecho probado 6.11]. Sin
embargo, el 27 de octubre siguiente, el inspector informó que el comandante
de policía había informado que el ESMAD no podía estar presente en la
diligencia de lanzamiento. Por lo anterior, nuevamente suspendió la diligencia
e indicó que fijaría nueva fecha, cuando se contara con el personal del ESMAD
[hecho probado 6.12].

El 29 de octubre de 2014, el comandante operativo de seguridad ciudadana de
la policía del departamento de Arauca informó al alcalde de Saravena que para
realizar el acompañamiento del desalojo, era necesario que la Alcaldía
asegurara los gastos de alojamiento, alimentación e hidratación de 334
hombres del ESMAD, los gastos de transporte aéreo, 50 obreros y maquinaria
[hecho probado 6.13]. Por ello, el 12 de noviembre siguiente, el inspector
solicitó al alcalde gestionar los requerimientos señalados por la policía del
departamento, para contar con el personal del ESMAD necesario [hecho
probado 6.14].

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El 20 de mayo de 2015, el inspector de policía municipal solicitó al alcalde de
Saravena y al secretario de gobierno municipal informar si ya contaban con la
maquinaria y el personal requerido para el lanzamiento [hecho probado 6.16].
Finalmente, el 20 de enero de 2016 el inspector envió a la Alcaldía de Saravena
una relación de las querellas pendientes, entre ellas la del predio “Villabel”, e
informó que señalaría fecha para el lanzamiento cuando la Administración
dispusiera de los recursos para el desplazamiento de personal del ESMAD,
maquinaria y obreros [hecho probado 6.17].

José Alberto, Orlando, Álvaro, Ana Bertilde e Hilda Julia Parra Salamanca
presentaron querella por ocupación de hecho contra personas determinadas e
indeterminadas y afirmaron ser propietarios y poseedores del predio con
matrícula inmobiliaria nº. 410-25040, pero con esa solicitud no acreditaron la
posesión del inmueble. Solamente demostraron que eran propietarios del bien,
en virtud de la sentencia de sucesión intestada de Rosalbina Salamanca de
Parra [hechos probados 6.2 y 6.3]. Además, en el proceso policivo tampoco se
decretaron o practicaron pruebas para constatar que los querellantes en
realidad ejercían posesión sobre el bien ocupado por terceras personas.

Como los querellantes no recuperaron la posesión que, según afirmaron en la
querella, tenían sobre el predio “Villabel”, porque no fue posible contar con la
presencia de los miembros del ESMAD, maquinaria y obreros requeridos para
la diligencia de lanzamiento [hechos probados 6.7, 6.8, 6.12, 6.13, 6.16 y
6.17], tenían la posibilidad de iniciar la acción civil de reivindicación en calidad
de propietarios.

En efecto, la acción idónea para recuperar la posesión del bien era la acción
reivindicatoria, pues en su condición de propietarios estaban legitimados para
perseguir el predio reivindicable por haber perdido la posesión, para que se
condenara a los ocupantes a la restitución del mismo [núm. 7]. En otras
palabras, mediante la acción reivindicatoria, tramitada ante el juez civil
competente, podían recuperar la posesión de forma definitiva, pues el proceso
policivo solo busca hacer respetar de manera temporal el estatus de una
persona ante la perturbación de la posesión por terceros, hasta que el juez civil
defina el litigio de manera definitiva y con efectos de cosa juzgada.

9. En los procesos de responsabilidad extracontractual del Estado, el primer
elemento que debe quedar demostrado es el daño, el cual debe tener la
connotación de antijurídico. La jurisprudencia ha definido el daño como la
afectación de un derecho o interés tutelado por el ordenamiento jurídico y se
caracteriza por ser cierto, personal y directo. Ese daño o perjuicio entendido
como el desmedro patrimonial, resultado de un hecho ilícito, exige para su
configuración, además de esas tres condiciones, que sea previsto. La certeza
del daño supone el conocimiento seguro y claro de su existencia, es decir, que
aparezca como real y efectivamente causado, pues si se trata solo de una
posibilidad de producirse o una hipótesis, no es un daño indemnizable. En otros
términos, el daño o perjuicio debe ser real y efectivo, no hipotético.

Según la demanda, los demandantes perdieron de manera definitiva el
inmueble. Sin embargo, para el momento de presentación de la demanda, la
propiedad del predio estaba en cabeza de los demandantes y la posesión del
bien sólo podía ser definida de manera definitiva, por un juez civil, mediante
el ejercicio de las acciones correspondientes [núm. 7]. Como no se ejercieron
las acciones para recuperar la posesión del bien, a través de las cuales se
decidiría de manera definitiva el derecho de los demandantes, no se probó un
daño cierto. Por ello, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y
negará las pretensiones.

10. El artículo 188 CPACA prescribe que, salvo aquellos procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC, hoy CGP. El
artículo 365.1 CGP, norma vigente para la época en que se interpuso la
demanda, ordena condenar en costas a la parte vencida en el proceso o a quien
se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. De conformidad con
el artículo 366.4 CGP y en los términos del Acuerdo nº 1887 de 2003 del
Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha de presentación de la

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demanda -hoy Acuerdo n° 10554 de 2016-, las agencias en derecho se tasarán
en el 0.1% del valor de las pretensiones en atención a la naturaleza, calidad y
duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado. Como las pretensiones
se estimaron en $41.505.000.000, el demandante pagará la suma de
$41.505.000 por concepto de agencias en derecho. […]”

3.2.4. Inconformes con la decisión de segunda instancia que resolvió
sobre la referida acción de reparación directa, los actores presentaron
acción de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado.

3.3. ANÁLISIS DE LA SALA

3.3.1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

3.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación2,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando se “plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20223, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:

2 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García
González).
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M. P. Natalia Ángel Cabo.

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“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es
suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional,
pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción
desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.

En el presente caso, la parte actora, en el escrito de tutela, invocó los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la vida y a la
propiedad privada, pretendiendo que se deje sin efectos la sentencia de
21 de octubre de 2021, dictada por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, dentro del proceso de reparación directa
identificado con el número de radicado 2016-00063-01 (62.874).

En consecuencia, le corresponde a la Sala examinar, en primer término,
si en este caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional,
y para ello se detendrá en los criterios que la jurisprudencia constitucional
ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos con respecto al
caso concreto.

3.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial es que la cuestión que se discute resulte
de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con claridad y de forma expresa por qué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia

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constitucional, pues si no lo hace corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

En ese mismo sentido, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia
judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del
punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y
ninguna otra”.

A partir de esta importante sentencia, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido decantado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional. En sentencia SU–573 de 2019, el alto tribunal explicó que
este requisito persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 20224, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico”.

4 Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección

de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la
acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales;
y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal”.

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5.3.1.3. Las cuestiones de relevancia constitucional

Frente a la primera finalidad señalada, esto es, restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de clara relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales, en la referida sentencia SU-573 de
2019, la Corte Constitucional explicó que este elemento de la relevancia
tiene el siguiente alcance:

“[…] “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”.
La Corte ha sostenido al unísono que la cuestión debe revestir una
‘clara’, ‘marcada’ e ‘indiscutible’ relevancia constitucional, dado que
el único objeto de la tutela es la protección efectiva, inmediata y
subsidiaria de los derechos constitucionales fundamentales. Por tal
razón, es necesario que ‘la causa que origina la presentación de la
acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental’.
Esto significa que el asunto debe ser trascendente para (i) ‘la
interpretación del estatuto superior’, (ii) su aplicación, (iii) desarrollo
eficaz y (iv) la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales. Lo anterior, exige al juez ‘indicar con toda claridad
y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes’ […]”. [Se destaca].

De lo anterior se desprende que la comprensión que la jurisprudencia
constitucional le ha dado a este primer elemento de la relevancia consiste
en que la acción de tutela que se promueve contra providencia judicial
proponga un debate sobre el contenido, alcance o goce de un derecho
fundamental o que el caso concreto, en los términos del fallo SU-215 de
2022, tenga “la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o un derecho fundamental”, pues solo así se podrá
establecer que el asunto es evidentemente de naturaleza constitucional.
Ello quiere significar que, quien interpone una acción de tutela, debe
identificar cuál es el derecho fundamental que estima afectado y explicar
los motivos por los cuales considera que la sentencia atacada lo está
vulnerando.

En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en el fallo SU-573
de 2019, manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el requisito de
relevancia constitucional], más allá de la mera adecuación del caso a un

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lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone
justificar razonablemente la existencia de una restricción prima
facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo
que una simple relación con aquel”. [Se destaca]. Este criterio fue luego
reiterado en los fallos SU-128 de 20215, SU-103 de 20226, y más
recientemente en la ya citada sentencia SU-215 de 2022.

En la última de estas sentencias de unificación, en la cual se revisó el fallo
de segunda instancia que esta Sala dictó el 20 de agosto de 2021, en el
trámite de la acción de tutela formulada por una sociedad contra la
sentencia proferida el 4 de marzo de 2021 por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, por presunta violación de los derechos al debido
proceso y acceso efectivo a la administración de justicia, la Corte explicó
que la cuestión discutida en esa ocasión no tenía relevancia constitucional
toda vez que la parte actora pretendía que el significado de los derechos
invocados se tradujera en “una decisión favorable a través de la
imposición de una lectura alternativa del litigio que derive en la anulación
de las liquidaciones oficiales de revisión que profirió la DIAN sin que ello
sea un asunto de interés general”.

Además, en un pronunciamiento anterior, esto es, en la sentencia T-422
de 20187, la Corte Constitucional confirmó una decisión de la Sección
Primera del Consejo de Estado que había declarado improcedente la
acción de tutela por no cumplir con los requisitos de relevancia
constitucional e inmediatez. En cuanto a la relevancia, en esa ocasión la
Corte indicó, entre otras razones, que dicho requisito no estaba cumplido
por cuanto: “si bien la parte actora asegura que las providencias
demandadas desconocen sus derechos fundamentales, la relevancia
constitucional de un asunto no se determina con la mera enunciación de
los derechos fundamentales presuntamente comprometidos, sino
mediante la acreditación razonable de una presunta amenaza o
vulneración de los mismos”. [Se destaca].

5 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
6 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
7 M.P. Carlos Bernal Pulido.

11
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El criterio jurisprudencial contenido en los fallos T–422 de 2018, SU-573
de 2019, SU-128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, entre
otros, consistente en que, para superar el requisito de relevancia, no
basta con la mera enunciación de los derechos fundamentales, sino que
supone por parte del actor la carga de justificar razonablemente la
existencia de una restricción prima facie desproporcionada respecto de un
derecho fundamental, evidencia que es precisamente esa la razón por la
cual es necesario que, para la acreditación de este primer elemento que
integra la relevancia constitucional, la parte interesada, en el escrito de
tutela, (1) invoque la vulneración de derechos fundamentales, (2)
exponga los motivos por los cuales considera que la sentencia atacada
está vulnerando tales derechos fundamentales, y (3) compruebe que la
transgresión supone un atentado contra el núcleo esencial de los derechos
invocados, requisitos que exigen del juez de tutela un examen de los
motivos aducidos por la parte actora para afirmar que hay amenaza o
vulneración de un derecho fundamental, comparadas con el núcleo
esencial del mismo.

Ello es así porque si, en efecto, la vulneración del derecho acontece en lo
que se denomina su núcleo esencial, solo así es posible advertir que el
caso reviste la relevancia o trascendencia necesarias para permitir que,
por vía de este mecanismo, se logre exceptuar en un juicio constitucional
el principio de cosa juzgada que orienta todo el andamiaje institucional
en el que se funda nuestro sistema jurídico. Con este propósito, el juez
no podrá limitarse a convalidar el requisito de la relevancia constitucional
con la sola mención de un derecho fundamental, pues deberá evaluar si,
de acuerdo con los argumentos expresados en el escrito correspondiente,
hay amenaza o violación efectiva del mismo.

El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional como “el ámbito intangible del
derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares” 8 y

8 Corte Constitucional, sentencia T-426 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

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ha explicado que, desde la perspectiva de los derechos subjetivos, el
núcleo esencial se define así9:

“[…] Métodos para la determinación del núcleo esencial

22. En el proceso de determinación de lo que constituye el núcleo
esencial de un derecho fundamental, el juzgador dispone de técnicas
jurídicas complementarias. Visto desde la perspectiva de los
derechos subjetivos, el contenido esencial de un derecho
fundamental consiste en aquellas facultades o posibilidades de
actuación necesarias para que el derecho sea reconocible como
pertinente al tipo descrito y sin las cuales dejaría de adscribirse a
ese tipo, desnaturalizándose. Por otra parte, la jurisprudencia de
intereses ha diseñado una fórmula según la cual el núcleo esencial
del derecho fundamental es aquella parte de su contenido que es
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente
protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y
efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa o se desconoce
el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a
limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo
razonable o lo despojan de la necesaria protección […]”. [Se
destaca].

En otra oportunidad la Corte indicó que el núcleo esencial de un derecho
fundamental es “esa parte del derecho que lo identifica, que permite
diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de inmunidad
respecto de la intervención de las autoridades públicas. En sentido
negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental
como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en
otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho
fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O, también,
puede verse como la parte del derecho fundamental que no admite
restricción porque en caso de hacerlo resulta impracticable o se
desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección”10.

5.3.1.4. La competencia e independencia jurisdiccional

La segunda finalidad de la relevancia constitucional consiste en preservar
la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o con un marcado

9
Ibidem.
10
Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

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contenido económico. La Corte Constitucional ha conceptualizado así este
segundo elemento de la relevancia11:

“[…] La controversia debe versar sobre un asunto constitucional,
pero no meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia
constitucional, las discusiones de orden legal, esto es, aquellas
relativas a un derecho de índole económica, deben ser resueltas
mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite,
dado que ‘le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o
reglamentario’, so pena de ‘involucrarse en [cuestiones] que
corresponde definir a otras jurisdicciones’. En tales términos,
un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha
considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera
determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta
interpretación o aplicación de una norma “de rango reglamentario o
legal”, salvo que de esta ‘se desprend[a]n violaciones a los derechos
y deberes constitucionales’ o (ii) cuando sea evidente su naturaleza
o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o
privadas, “que no representen un interés general” […]”.

En esa medida, siguiendo el planteamiento de la Corte Constitucional, un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el debate planteado
por la parte actora es de naturaleza meramente legal y/o económica. Sin
embargo, en la reciente SU-215 de 2022, al respecto se señaló que:

“no significa que en todos los casos en los que se cuestione la
definición y aplicación judicial de normas de rango legal se incumple
el requisito de relevancia constitucional […] en la labor judicial la
indebida aplicación de normas de rango legal puede derivar en una
violación de derechos fundamentales. Justamente esa situación es
la que sustenta la existencia, caracterización y definición del defecto
sustantivo. En todo caso, la relevancia constitucional exige que el
accionante vincule la discusión legal con la violación de una garantía
fundamental o, en otros términos, que explique con suficiencia el
por qué la interpretación o aplicación de una norma de rango legal
afectó garantías constitucionales. […]”.

Y para precisar aún más el alcance de este planteamiento, el referido fallo
de unificación advirtió:

“[…] Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra
sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela

11 Sentencia SU–573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

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formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i)
el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de
reparación directa; (iii) laudos arbitrales y las sentencias de
anulación; (iv) procesos ejecutivos, entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la
relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección
de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante
los jueces ordinarios. […]”.

En suma, el asunto debe trascender al plano constitucional, y ello se logra
cuando la argumentación no se limita a buscar la protección de los
intereses económicos y/o legales que identifican particularmente a la
parte actora, sino que justifica razonablemente la afectación
desproporcionada de los derechos fundamentales que se invocan.

5.3.1.5. La instancia adicional

Por último, el tercer propósito del criterio de relevancia constitucional es
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a este
elemento, la Corte Constitucional ha dicho12:

“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la
jurisprudencia constitucional, ‘la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie,
si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima
de la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo
así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en estricto
respeto a la independencia de los jueces ordinarios […]”.

En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que

12 Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

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no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.

3.3.2. Caso concreto

Bajo los anteriores parámetros jurisprudenciales, la Sala examinará el
reclamo traído ante el juez de tutela a la luz de cada uno de los tres
criterios que hacen parte de la relevancia constitucional, para determinar
si en este caso este requisito general de procedencia está cumplido.

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de
relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales

Como quedó visto en precedencia, de acuerdo con la jurisprudencia de la
Corte, este criterio supone que el debate planteado en sede constitucional
gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental
y, en esa medida, es que se hace necesario que el juez de tutela verifique
cuáles son los derechos fundamentales invocados por la parte actora y las
razones por las cuales el ciudadano considera que la sentencia atacada
los vulnera, para así determinar si, prima facie, dicha transgresión supone
el desconocimiento del núcleo esencial de los derechos fundamentales o,
en otras palabras, si está siendo afectado el contenido de un derecho.

En el asunto bajo examen, la parte actora indicó que la sentencia
controvertida vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la vida y a la propiedad privada. Del escrito de tutela se
desprende que la inconformidad radica principalmente en la valoración
probatoria realizada por la autoridad judicial accionada, que condujo a la
revocación del fallo de primera instancia y a la consiguiente negación de
sus pretensiones, y en el alegado desconocimiento que ello implicaría del
precedente judicial contenido en dos sentencias de la Sección Tercera. De
otra parte, se reprochó también la condena por concepto de agencias en
derecho que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado

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impuso en la sentencia de 21 de octubre de 2021, precisamente como
consecuencia de la negación de las pretensiones de la actora.

Bajo dicho contexto, la Sala examinará el contenido o el núcleo esencial
de cada uno de los derechos fundamentales invocados por la parte actora,
dado que, de advertirse prima facie su afectación en su faceta
constitucional, se derivaría que el asunto sí es de naturaleza
constitucional, en la medida que compromete o involucra el contenido,
alcance o goce de un derecho fundamental.

En esta línea, y en primer término, resulta del caso señalar que aunque
la parte actora invocó el derecho fundamental a la igualdad y atribuyó
su vulneración al supuesto desconocimiento del precedente judicial
aplicable, la solicitud relativa a este derecho no cumple con el requisito
de relevancia constitucional, en cuanto, en lo atinente al mismo, el escrito
de tutela se contrae a transcribir parcialmente las dos providencias que
se consideran desconocidas, sin avanzar en la explicación o sustentación
de las razones por las que tales precedentes serían de obligatoria
observancia frente al caso concreto, ni en la forma como su supuesto
desconocimiento habría vulnerado el derecho invocado. En cambio, insiste
en cuestionar el razonamiento probatorio e interpretativo del juez natural
que decidió el caso. Por tales razones, concluye la Sala, no concurre el
elemento de la relevancia constitucional en lo relativo a este primer
criterio, frente al reclamo relacionado con ese derecho fundamental.

Ahora bien, la parte actora señaló también como vulnerado el derecho
a la propiedad privada, garantía constitucional que, pese a su gran
importancia, es claro que no tiene el carácter de derecho fundamental,
por lo que apenas de manera excepcional puede ser protegido mediante
tutela, en caso de probada conexidad con otro derecho que sí tenga ese
carácter. No obstante, dentro del escrito de tutela no se explicó, ni menos
se acreditó, que con la providencia cuestionada se le hubiere vulnerado
a la parte actora el derecho a la vida o a la igualdad o algún otro derecho
fundamental, a partir de lo cual sería posible que el derecho de propiedad

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adquiriera por conexidad esa misma calidad, según lo ha manifestado la
Corte Constitucional, así13:

“2.5 En cuanto tiene que ver con la propiedad privada, estos dos aspectos –
fundamentalidad y justiciabilidad- se encuentran estrechamente ligados. El
criterio mantenido por esta Corte es que únicamente algunas facetas del derecho
constitucional a la propiedad privada adquieren el carácter de fundamental y, solo
cuando ello ocurre, la propiedad es susceptible de protección mediante la acción
de tutela. Concretamente, para la Corte, la propiedad solo puede ser
considerada un derecho fundamental cuando las facetas invocadas por
los accionantes (uso, goce, usufructo, etc.) tengan una relación directa
con la dignidad humana.
(…)

Sobre este punto, ya desde sus primeras providencias había dicho la Corte:

"La posibilidad de considerar el derecho a la propiedad como derecho
fundamental depende de las circunstancias específicas de su ejercicio.
De aquí se concluye que tal carácter no puede ser definido en abstracto,
sino en cada caso concreto. Sólo en el evento en que ocurra una
violación del derecho a la propiedad que conlleve para su titular
un desconocimiento evidente de los principios y valores
constitucionales que consagran el derecho a la vida a la dignidad
y a la igualdad, la propiedad adquiere naturaleza de derecho
fundamental y, en consecuencia, procede la acción de tutela ".

(…)

2.7 A manera de síntesis, cabe decir que el juez constitucional solo puede entrar
a estudiar dentro del trámite de la acción de tutela asuntos relativos al derecho
a la propiedad cuando ésta adquiere un carácter fundamental, lo cual
ocurre cuando la afectación a alguno de sus atributos está ligado
directamente a la dignidad humana del titular del derecho subjetivo. En
los demás casos, debe declararse que la acción de tutela no es
procedente.” (Subrayas y resaltado de la Sala)

Este planteamiento es plenamente congruente con el reiteradamente
sostenido por la Corte Constitucional, según el cual los asuntos sometidos
al juez de tutela deben ser auténticamente relevantes desde el punto de
vista constitucional, es decir, el debate que se plantea en la demanda
debe versar sobre derechos fundamentales.

Por lo tanto, en los términos planteados por la parte actora, el derecho a
la propiedad privada, como fue invocado en este caso, no cumple con el
requisito de relevancia constitucional al no ser un derecho fundamental.
En consecuencia, concluye la Sala que, en lo relativo a este reclamo, esta
acción de tutela deberá declararse improcedente.

13
Sentencia T-454 de 2012 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva).

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Por último, y en línea semejante, la Sala observa que la solicitud de tutela
tampoco cumple con el requisito de relevancia constitucional, en lo que a
este primer criterio se refiere, respecto del derecho fundamental al
debido proceso, como a continuación se explica.

Respecto de los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso
efectivo a la administración de justicia, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, en la citada sentencia SU-103 de 202214, al estudiar el
requisito de relevancia en relación con estos derechos, señaló:

“[…] 112. Asimismo, reiterando la sentencia T-244 de 2007, afirmó
la Sala de Revisión en la sentencia T-131 de 2021 que el primer
escenario, esto es, cuando la tutela se dirige a cuestionar una
supuesta vulneración del derecho al debido proceso en su faceta
constitucional, supone un desconocimiento de sus elementos
esenciales, tales como el derecho al juez natural, el derecho a
presentar y controvertir las pruebas, el derecho de defensa, el
principio de legalidad, el derecho a la publicidad del proceso y de la
decisión judicial, el derecho a la independencia e imparcialidad del
juez o el derecho de defensa. De igual forma, el escenario en la cual
la acción de tutela pretende demostrar una violación al derecho al
acceso a la administración de justicia, supone una vulneración
algunos de sus garantías fundamentales, como lo son (i) el acceso
de toda persona al sistema judicial; (ii) las garantías previstas para
el normal desarrollo del proceso; y (iii) las que se relacionan con la
decisión que se adopta dentro del proceso y su capacidad de ser
ejecutada. Lo anterior, teniendo en cuenta que ‘el acceso a la
justicia se integra al núcleo esencial del debido proceso, por la
circunstancia de que su garantía supone necesariamente la vigencia
de aquél, si se tiene en cuenta que no es posible asegurar el
cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas
procesales establecidas por el legislador sin que se garantice
adecuadamente dicho acceso’.

113. Por lo tanto, para acreditar el requisito de relevancia
constitucional, no es suficiente alegar una violación del derecho al
acceso a la administración de justicia o del debido proceso con
fundamento en una simple relación de los hechos del caso con
aquellos, sino que se exige demostrar, de manera razonable, una
restricción desproporcionada sobre alguno(s) de sus elementos. En
la mencionada sentencia T-131 de 2021, la Corte declaró la
improcedencia de la acción de tutela por, entre otras cosas, no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional. Constató que la
tutela no suponía a priori el desconocimiento del derecho
fundamental al debido proceso del accionante en su faceta
constitucional, sino que planteaba una controversia estrictamente

14 M.P. Alejandro Linares Cantillo.

19
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económica, consistente en la inconformidad la actora con el laudo
arbitral emitido en su contra […]”. [Se destaca].

En un pronunciamiento anterior, concretamente en la sentencia SU-128
de 202115, con fundamento en el fallo SU-573 de 2019, el alto tribunal
constitucional explicó lo siguiente frente al derecho fundamental al debido
proceso y el requisito de relevancia constitucional:

“[…] 4.3. En ese mismo sentido, en la sentencia SU-573 de 2019
esta corporación determinó que ‘la acreditación de esta exigencia,
más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga
una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a
un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple
relación con aquel’. Así, por ejemplo, no es suficiente con que la
parte actora alegue la violación del derecho fundamental al debido
proceso para entender acreditado el requisito general de
procedencia de relevancia constitucional […]”.

Bajo los lineamientos jurisprudenciales expuestos por la Sala Plena de la
Corte Constitucional en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021,
SU-103 y SU-215 ambas de 2022, se tiene que no está acreditada la
exigencia de la relevancia constitucional cuando la parte actora se limita
a invocar la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso
o el acceso efectivo a la administración de justicia, sin sustentar de
manera precisa las razones por las cuales estima que la sentencia atacada
los afectó, pues en criterio de la Corte Constitucional, “se exige
demostrar, de manera razonable, una restricción desproporcionada sobre
alguno(s) de sus elementos”16, esto es, que el interesado alegue la
vulneración de los derechos al debido proceso o del acceso efectivo a la
administración de justicia en su faceta constitucional o, dicho de otra
manera, que identifique dentro del núcleo esencial cuál de las garantías
que los componen resultan comprometidas con ocasión de la sentencia
controvertida en la acción de tutela.

La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso
como el «conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a

15 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
16 Sentencia SU-103 de 2022 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).

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través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.
Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) el derecho a la
jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso
a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía
superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al
juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud
legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de
acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la
división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) el derecho
a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y
adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para
la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado
cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y
a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso;
(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo
razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido
a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el derecho a la
independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia,
ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al
legislativo, y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o
funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los
hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios
anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas»17.

Ahora, una vez revisado el expediente contentivo del precedente medio
de control de reparación directa, la Sala no vislumbra vulneración o
amenaza del núcleo esencial del derecho al debido proceso, puesto que

17
Sentencia C-341 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo).

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aquel se tramitó ante las autoridades judiciales competentes, se adelantó
conforme a las reglas previstas en la ley, no se pretermitió ninguna de las
etapas procesales, las partes tuvieron la oportunidad de ejercer su
defensa, se garantizó el derecho de contradicción y la publicidad de las
actuaciones, y, por último, las providencias proferidas en el curso del
proceso se fundamentaron en derecho.

De igual forma, tampoco se advierte la violación del núcleo esencial del
derecho de acceso a la administración de justicia, en la medida que
la parte actora obtuvo dos pronunciamientos judiciales en sede ordinaria
que atendieron todos los elementos que constituyen el núcleo esencial del
debido proceso constitucional. Cosa distinta es que ella se encuentre en
desacuerdo con el criterio aplicado por el juez ordinario al momento de
valorar las pruebas y de aplicar las normas que rigieron el caso concreto,
y que, además, la providencia atacada no haya concedido las pretensiones
que perseguía la demanda.

En línea semejante, la condena en costas, por la cuantía allí establecida,
es consecuencia obligada del sentido de la decisión judicial, por lo que
tampoco se observa cómo tal determinación podría considerarse violatoria
de los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la justicia.

Así las cosas, en el presente caso el requisito de relevancia constitucional
no concurre, pues la parte actora no cumplió con la exigencia de explicar
los motivos por los cuales la sentencia que cuestiona afecta la faceta
constitucional de los derechos fundamentales invocados, puesto que no
identificó cuál de las garantías que componen el núcleo esencial resulta
amenazada por las providencias que controvierte, ni de lo expuesto se
advierte prima facie que, en este caso, el fallo atacado comprometa o
involucre el contenido de esos derechos fundamentales. Por lo expuesto,
el asunto no es relevante desde el punto de vista constitucional.

En suma, el primer criterio de la relevancia constitucional, consistente en
restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales, que implica, como

22
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la propia Corte Constitucional lo ha señalado, que la acción de tutela
conlleve un debate jurídico en torno al contenido, alcance y goce de un
derecho fundamental, no se cumple, comoquiera que, la parte actora se
limitó a invocar la vulneración de los ya referidos derechos fundamentales
sin explicar las razones por las cuales las sentencias atacadas lo
vulneraron, ni tampoco se advierte prima facie la transgresión de estos
derechos en su faceta constitucional, es decir, en las garantías que
componen el núcleo esencial de cada derecho.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y evitar que la
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad

En el análisis del primer elemento que hace parte de la relevancia, quedó
visto que el debate planteado por la parte actora, en lo atinente a los
derechos al debido proceso y el acceso a la justicia, no involucra un asunto
constitucional, por cuanto no gira en torno a la afectación o vulneración
del contenido de los derechos fundamentales que invocó.

Ahora, como se explicó en precedencia, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, el segundo criterio de la relevancia implica que “la
controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico”18. En esa medida, en la misma decisión,
la Corte señaló que un asunto carece de relevancia cuando “(i) la
discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un
derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una norma ‘de
rango reglamentario o legal’, salvo que de esta ‘se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales’ o (ii) cuando sea
evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una
controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o
privadas, ‘que no representen un interés general’ (…)”.

18 Sentencia SU–573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

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En este caso, en lo atinente al derecho al debido proceso, por las
razones ya indicadas, se insiste en que la parte actora no propuso un
debate que verse sobre un asunto constitucional, a lo que se agrega en
este segundo criterio que, del escrito de tutela, se deriva que el reparo
que motivó la solicitud de amparo constitucional no recae en la
vulneración de tal derecho fundamental, pues radica en determinar si de
las pruebas que reposaron en el expediente ordinario era posible endilgar
a las entidades demandadas la responsabilidad por falla en el servicio.

Así, de las inconformidades planteadas por la parte actora en tutela, se
observa que sus pretensiones realmente no corresponden a unas de tipo
constitucional, pues se dirigen a controvertir la valoración probatoria con
la cual se descartaron las pretensiones relativas a los perjuicios que,
según afirmaron, les fueron causados por la falta de práctica de una
diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, y, tal como se
demostró en el análisis del primer elemento, este no es un tema de
naturaleza constitucional, porque no versa sobre la afectación al
contenido de un derecho fundamental.

Al efecto, cabe recordar las consideraciones vertidas en el fallo T–422 de
2018 de la Corte Constitucional19, en el que se declaró improcedente una
tutela por incumplir los requisitos de relevancia constitucional e
inmediatez. Sobre la relevancia, en dicha oportunidad expuso:

“[…] 35. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, para esta
Sala es claro que el asunto sometido a su análisis carece de relevancia
constitucional. El actor considera que, con las providencias
demandadas, las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales, debido a que las autoridades judiciales
accionadas, a su juicio, no valoraron las pruebas del expediente que
daban cuenta que la experiencia acreditada por el señor (…) no tenía
la idoneidad que se requería para desempeñar el cargo en el que fue
nombrado en reemplazo del accionante.

36. La supuesta irregularidad advertida por el actor no cumple con este
requisito, debido a que (i) se trata de un asunto meramente legal, (ii)
que busca convertir la acción de tutela en una tercera instancia
adicional a las establecidas para casos como el presente, y que, por
tanto, (iii) no tiene una relación directa con la presunta vulneración o

19
Sentencia T–422 de 2018 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

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amenaza del derecho al debido proceso u otro derecho fundamental
del actor.

37.En el presente asunto, si bien, la acción de tutela interpuesta por
(…) pretende que se dejen sin efecto las sentencias proferidas por el
Juzgado (…) Administrativo de Bogotá, y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, de manera consecuente supone que se dejen sin efecto las
sentencias de segunda y primera instancia del mismo proceso,
teniendo en cuenta que en ninguna de dichas oportunidades procesales
fue otorgada, a su favor, la pretensión de nulidad del acto
administrativo que terminó su nombramiento provisional y el
restablecimiento del derecho con el reintegro solicitado. Como
fundamento de la acción, consideró que el juez y el tribunal no
valoraron, de manera adecuada, el material probatorio del expediente.

38.Primero, el actor plantea controversias sobre asuntos meramente
legales, como la verificación de los requisitos legales para desempeñar
un cargo. Pues bien, la definición de tales requisitos y en general las
situaciones propias del derecho administrativo laboral, que deben ser
verificados en cada caso concreto, es de resorte exclusivo del juez de
lo contencioso administrativo, que no del juez constitucional. Esta Sala
advierte que el debate planteado por el actor no versa sobre la
presunta afectación o violación de derechos fundamentales, sino sobre
su discrepancia en relación con la verificación de la experiencia
acreditada por el señor (…), especialmente, con que se hubiere
nombrado a alguien en el cargo que este desempeñaba en
provisionalidad […]”. [Se destaca]

Así las cosas, se observa que, en el caso de autos, el debate traído por la
actora es ajeno al derecho constitucional, y no guarda relación con el ya
referido derecho fundamental al debido proceso, puesto que, se insiste,
su inconformidad se refiere, principalmente, a la valoración probatoria
que desestimó los perjuicios perseguidos en la demanda, y a la condena
en costas que se siguió de tal determinación. Así pues, se trata de asuntos
que, como lo entiende la Corte Constitucional, son del resorte exclusivo
del juez contencioso administrativo, a lo que se agrega que los reparos
planteados no versan sobre la afectación o vulneración del contenido
esencial de los derechos fundamentales que invocó.

Como consecuencia de lo expuesto, es claro para la Sala que no aparece
acreditado en este caso el elemento de la relevancia constitucional, en lo
relativo al segundo criterio analizado, en relación con los derechos
fundamentales cuya protección se solicitó.

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(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia
o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces

El tercer criterio de la relevancia constitucional supone que la tutela no
sea utilizada como una instancia o recurso adicional orientado a discutir
asuntos de mera legalidad.

Frente a este último criterio de la relevancia, además de lo dicho por la
jurisprudencia antes citada, cabe destacar que, en el fallo C-590 de 2005,
la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una decisión de
tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe
contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces
de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación
de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea
de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo
que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para
proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por
un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que
permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”20. [Se destaca].

Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.

20 Sentencia C–590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

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Por lo dicho, la Sala considera no acreditado el requisito de la relevancia
constitucional en relación con la tutela del derecho al debido proceso,
puesto que dicho requisito implica o supone que la acción de amparo no
se utilice como una instancia adicional al proceso ordinario, al paso que
en este caso se advirtió que las inconformidades planteadas tenían que
ver con la valoración probatoria adelantada por el juez natural, y el
consecuencial sentido de la decisión adoptada por éste.

En esa medida, advierte la Sala que, en este caso, la actora está utilizando
la acción de tutela para reabrir el debate, pues lo cuestionado es la
supuesta falta de valoración que el juez natural hizo del acervo probatorio.

A este efecto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene. Por lo tanto,
en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias,
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez
constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo

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de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.

Situación distinta se presenta cuando la decisión que se controvierte no
ha atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión
que se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente que
ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, pues la parte
actora no alega que el juez se haya desviado de los hechos o el derecho
propuesto en el proceso, sino que se limita a argumentar que decidió sin
tener en cuenta el alcance que, según su parecer, le debió dar a las
pruebas que aportó.

En razón a todo lo expuesto, la Sala concluye que, en relación con los
derechos al debido proceso y el acceso a la administración de
justicia, no aparece probado el requisito de la relevancia constitucional.

Así las cosas, no concurre la relevancia respecto de ninguno de los
derechos reclamados, por lo que resulta completamente inane el estudio
sobre el posible cumplimiento de los restantes requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales.

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3.4. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la
acción de tutela de la referencia, al constatar la ausencia del requisito
general de relevancia constitucional, respecto de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTES las acciones de tutela de la
referencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

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HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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