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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05807-00

Fecha
14 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05807-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el señor Nelson Méndez Daza en contra de la sentencia proferida el 30 de junio de 2022 por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, según lo explicado en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-05807-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

14 de diciembre de 2022

Radicación: 11001 03 15 000 2022 05807 00
Accionante: Nelson Méndez Daza

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2022 05807 00
Accionante: NELSON MÉNDEZ DAZA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando no se cumple
con el requisito de relevancia constitucional porque el
debate planteado por el actor no implica la afectación del
núcleo esencial de los derechos fundamentales que
invoca, se trata de un asunto meramente legal y pretende
reabrir el debate resuelto por el juez natural.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Nelson Méndez
Daza en contra de la sentencia proferida el 30 de junio de 2022 por la
Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Nelson Méndez Daza, actuando por conducto de apoderado,
promovió acción de tutela en contra de la Subsección A, Sección Segunda,
del Consejo de Estado, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05807 00.

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Radicación: 11001 03 15 000 2022 05807 00
Accionante: Nelson Méndez Daza

“[…] En atención a las consideraciones anteriores, respetuosamente
solicito AMPARAR el derecho al debido proceso (art. 29 CP), al acceso
efectivo a la administración de justicia (art. 229 CP) y al trabajo (art.
25 CP) del señor Nelson Méndez Daza. En consecuencia, DEJAR SIN
EFECTO la sentencia 30 de junio de 2022, dictada por la Subsección
“A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

En su lugar, ORDENAR que se profiera nueva sentencia en la que se
tenga en cuenta que el demandante era funcionario de carrera al
momento de su desvinculación de la Fiscalía General de la Nación.

ADOPTAR las demás medidas de protección constitucional que
consideren necesarias. [Mayúsculas en el escrito de tutela]

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que ingresó a laborar en la Fiscalía General de la
Nación el 1 de junio de 1994 cuando se posesionó en el cargo de Fiscal
Delegado ante los Jueces Penales Municipales; agregó que, después de
haber agotado las fases del concurso público de méritos, desempeñó
diferentes cargos en propiedad como consta en el registro de su hoja de
vida.

Expuso que, mediante la Resolución nro. 0-0909 de 2012, la Fiscalía
General de la Nación “[p]retendía modificar el carácter del nombramiento
de algunos funcionarios de carrera de la entidad (…). El sentido de este
acto indicaba que la vinculación de esos funcionarios se iba a entender en
provisionalidad y no en propiedad, a pesar de que ya se había reconocido
su derecho de carrera. // La Resolución 0-0909 nunca le fue notificada o
comunicada al fiscal, tal y como lo reconoció la propia entidad. Tampoco
se le comunicó de una supuesta revocación de su inscripción en carrera,
razón por la cual su vinculación en propiedad nunca fue modificada ya
que el acto no podía producir efectos jurídicos para él y no le era oponible,
por la falta de eficacia de este, derivada de la ausencia de publicidad del
acto administrativo […]”.

Manifestó que en el año 2017 la Fiscalía General de la Nación lo desvinculó
de su cargo “(…) producto de la reestructuración que adelantó para la

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Accionante: Nelson Méndez Daza

implementación del Acuerdo Final de Paz. Mediante Resolución No. 02358
del 29 (sic) de 2017 y Oficio STH N°70 de junio de 2017 se profirió́ la
decisión, sin que se sustentara una serie de criterios objetivos,
necesidades del servicio o planes estratégicos que permitieran a la
entidad evaluar que servidores públicos permanecerían en el cargo y
cuáles iban a ser removidos (…)”.

Arguyó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la Resolución nro. 02358 del 29 de junio de 2017 y el Oficio
STH nro. 70 del 30 de junio de 2017, la cual se sustentó en que se
desconocieron sus derechos como funcionario en propiedad; además, que
no se le notificó ni comunicó la Resolución nro. 0-0909 de 2012, por lo
que nunca pudo impugnar dicho acto toda vez que “(…) Vino a saberlo
cinco años después de expedida, cuando pidió́ una copia de su hoja de
vida para la presentación de la demanda luego de su retiro (…)”.

Señaló que el asunto fue conocido por la Subsección A, Sección Segunda,
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que, en sentencia del 28 de
noviembre de 2019, negó las pretensiones de la demanda, decisión que
fue confirmada por la Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de
Estado, mediante fallo del 30 de junio de 2022.

Afirmó, en relación con la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia, que la
presente controversia es de origen constitucional y no legal, dado que la
ausencia de notificación de la Resolución nro. 0-0909 del 13 de junio de
2012 expedida por la Fiscalía General de la Nación, y que pretendió
modificar su nombramiento en propiedad, limitaron las garantías que se
desprenden del artículo 29 de la Constitución Política, en la medida que
no pudo ejercer sus derechos de defensa y contradicción en contra de
dicha decisión.

Adujo que, “[d]esde otra perspectiva, este caso tiene notable relevancia
constitucional pues la desvinculación del cargo del accionante de la

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Fiscalía General de la Nación afectó su derecho al trabajo, aún más cuando
contaba con una expectativa cierta y fundada de conservar su empleo
dada su condición laboral de carrera. (…) // Para los funcionarios de
carrera judicial, como es el caso del accionante, esa estabilidad resulta
ser un principio esencial, ya que los trabajadores inscritos en ella solo
pueden ser desvinculados por causas específicas, es decir, deben
concurrir causas objetivas, derivadas de la evaluación acerca del
rendimiento o de la disciplina del empleado […]”.

Arguyó que la sentencia proferida por la Subsección A, Sección Segunda,
del Consejo de Estado, incurrió en defecto sustantivo toda vez que
inaplicó los artículos 66, 67, 68, 69 y 72 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que establecen el
procedimiento de notificación en los actos administrativos de carácter
particular, por lo que “[d]esconoció por completo los efectos jurídicos de
la falta de notificación de la Resolución 0-0909 de 2012. En relación con
el fiscal Nelson Méndez, esta era inoponible; es decir, no podía producir
los efectos jurídicos para los que fue expedida. Por tal motivo, el
accionante nunca perdió su calidad de funcionario en propiedad de la
Fiscalía General de la Nación […]”.

Agregó que también incurrió en defecto sustantivo por el desconocimiento
del precedente dado que no tuvo en cuenta la jurisprudencia que ha
dictado esta Corporación en relación con la publicidad de los actos
administrativos, para lo cual citó fragmentos de las sentencias proferidas
el 13 de noviembre de 2003 con radicado 4343/02, el 28 de marzo de
2019, con radicado 17001-23-31-000-2005-00913-01 y el 7 de
noviembre de 2012, con radicado 25000-23-24-000-2007-00246-01.

Aseguró que la providencia censurada incurre en defecto sustantivo por
inaplicación de las normas que protegen la permanencia de los servidores
públicos nombrados en propiedad, “por cuanto confirma la decisión que
desvincula al demandante de la FGN y desconoce por completo que desde
el año 2009, este es un funcionario de carrera, titular de derechos de

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Accionante: Nelson Méndez Daza

permanencia y estabilidad laboral reforzada”; añadió que la Fiscalía
General de la Nación en la Resolución nro. 02358 del 29 de 2017 no
explicó los motivos que tuvo para desconocer los derechos de carrera de
los cuales es titular y con ello desconoció el artículo 103 del Decreto Ley
020 de 2014, el Decreto Ley 898 de 2017 y la Ley 909 de 2004.

Indicó que la sentencia cuestionada incurrió en defecto fáctico puesto que
no tuvo en cuenta las pruebas allegadas al proceso que demostraban que
no fue notificado de la Resolución 0-0909 de 2012, “[A] pesar de que en
ningún momento la FGN había podido acreditar la notificación o
comunicación de dicho acto, la decisión de segunda instancia dio por
sentado que mi representado la conocía desde el momento de su
expedición […]”; asimismo, omitió valorar la Resolución nro. 2-2843 del
15 de agosto de 2013, a través de la cual la Fiscalía General de la Nación
reconoció de manera expresa que ocupaba en propiedad el cargo de Fiscal
Delegado ante Tribunal de Distrito Judicial.

Expresó que la providencia atacada “(…) desconoció el precedente sobre
la estabilidad laboral de los funcionarios de carrera, que ha sido
consagrada como la regla general de acceso a la administración pública”.
para lo cual citó fragmentos de las sentencias de la Corte Constitucional
C-501 de 2005 y C-288 del 2014.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. Por auto del 4 de noviembre de 20222 fue admitida la acción de tutela
y se dispuso notificar a los consejeros que integran la Subsección A,
Sección Segunda del Consejo de Estado; así como vincular a los

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Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05807 00.

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Accionante: Nelson Méndez Daza

magistrados que integran la Subsección A, Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y a la Fiscalía General de la Nación3.

Igualmente, solicitó a la Subsección A, Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que allegara copia en archivo digital del
expediente radicado con el nro. 25000 23 42 000 2017 05704 01, el cual
fue enviado por medio magnético4.

3.2. El consejero ponente de la decisión controvertida presentó en tiempo
escrito vía correo electrónico5, en el que solicitó se declare improcedente
la solicitud de amparo, para lo cual afirmó que la providencia que profirió
se sustentó en el juicio de valoración de los elementos fácticos y jurídicos
del proceso ordinario, por lo que no puede señalarse que se configuró una
vía de hecho conforme lo ha desarrollado la Corte Constitucional.

Arguyó que la providencia censurada se adoptó teniendo en cuenta el
régimen de carrera de la Fiscalía General de la Nación, específicamente,
lo dispuesto por el Decreto Ley 898 de 2017 y la sentencia de la Corte
Constitucional C-013 de 2018, que declaró la exequibilidad del Título IV
del Decreto Ley 898 de 2017.

Indicó que se acreditó en el expediente que por medio de la Resolución
nro. 0391 del 4 de mayo de 2011, la Comisión Nacional de Administración
de la Carrera de la Fiscalía General de la Nación ordenó la inscripción del
señor Nelson Méndez Daza en el Registro Único de Inscripción en Carrera
(RUIC) en el cargo de fiscal ante Tribunal de Distrito en la Unidad Nacional
de Fiscalía para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado
de Activos; sin embargo, a través de la Resolución 0-0909 del 13 de junio
de 2012 el Fiscal General de la Nación dio cumplimiento a la sentencia

3
Esta orden se cumplió el 9 de noviembre de 2022. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022
05807 00.
4
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05807 00.
5
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05807 00.

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Radicación: 11001 03 15 000 2022 05807 00
Accionante: Nelson Méndez Daza

SU-446 [de 2011] y modificó el carácter de la vinculación de algunos
servidores dentro de los cuales estaba el accionante, en el sentido de
indicar que su nombramiento se entendía en provisionalidad.

Anotó que, bajo dicho contexto, el accionante no tenía derechos de
carrera y, por lo tanto, tampoco debía ser reincorporado en la nueva
planta de personal, en la medida que el legislador previó esa garantía
para los empleados de carrera y para quienes hacían parte del
denominado retén social, circunstancia que no acreditó el actor.

Refirió que la falta de notificación de la Resolución nro. 0-0909 del 13 de
junio de 2012, no torna ilegal ese acto administrativo y, en todo caso, el
deber de la administración, según lo dispuesto por el artículo tercero
ibídem, era comunicar dicho acto “[…] «por intermedio de la Oficina de
Personal en el nivel central de la Entidad y de las Direcciones Seccionales
Administrativas y Financieras a las cuales se encuentran adscritos los
servidores relacionados en el artículo primero y a través de la página web
de la entidad, en el link Convocatoria Fiscalía 2007» […]”.

3.3. El magistrado ponente de la decisión dictada en primera instancia del
proceso ordinario que se discute, rindió informe en oportunidad vía correo
electrónico6 en el que solicitó negar la tutela, para lo cual argumentó que
la sentencia que profirió tuvo en cuenta la normativa aplicable y las
pruebas obrantes en el expediente a partir de las cuales concluyó que el
acto administrativo enjuiciado no estaba incurso en las causales de
nulidad alegadas, por lo que no existe la vulneración de los derechos
fundamentales que invocó el accionante.

3.4. La señora Pilar Amparo Romero Guarnizo, quien manifestó actuar en
calidad de profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos
de la Fiscalía General de la Nación, presentó en tiempo escrito vía correo

6
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05807 00.

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Radicación: 11001 03 15 000 2022 05807 00
Accionante: Nelson Méndez Daza

electrónico7 en el que pidió se declare improcedente la solicitud de amparo
toda vez que el accionante cuenta con otro mecanismo judicial para
ventilar la controversia y no sustentó las causales específicas de
procedibilidad para que la acción de tutela sea procedente, y pretende
retrotraer actuaciones procesales.

4.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,8 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril
de 20219, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro.
080 del 12 de marzo de 201910 proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente11:

4.2.1. El señor Nelson Méndez Daza, actuando por conducto de
apoderado, promovió demanda bajo el medio de control de nulidad y

7
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05807 00.
8
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
9
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
10
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
11
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por las partes. Visto en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.11001 03 15 000 2022
05807 00.

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Radicación: 11001 03 15 000 2022 05807 00
Accionante: Nelson Méndez Daza

restablecimiento del derecho en contra de la Fiscalía General de la Nación
en la que formuló las siguientes pretensiones12:

“[…] PRIMERA.- Que se declare la nulidad de la Resolución No.
02358 del 29 de junio de 2017, “por medio de la cual se distribuyen
los cargos de la planta de personal de la Fiscalía General de la
Nación”, proferida por la Fiscal General de la Nación (E), en cuanto
no se vinculó a la planta de personal de la entidad al doctor NELSON
MÉNDEZ DAZA.

SEGUNDA.- Que se declare la nulidad del Oficio STH No. 70 del 30
de junio de 2017 suscrito por el Subdirector de Talento Humano de
[la] FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por medio del cual se
comunicó al doctor NELSON MÉNDEZ DAZA la supresión del cargo
de Fiscal Delegado ante el Tribunal de Distrito.

TERCERA.- Que como consecuencia de las anteriores declaraciones,
a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ordene a la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN proceder al reintegro del doctor
NELSON MÉNDEZ DAZA al cargo que ocupaba al momento de su
desvinculación, o a otro de similares o superiores condiciones, y al
pago de todos los salarios, prestaciones sociales, auxilios y demás
emolumentos a que tiene derecho desde la fecha en que fue retirado
del servicio hasta que se produzca su reintegro.

CUARTA.- Que como consecuencia de lo anterior, también a título
de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se declare para todos los
efectos legales que no ha existido solución de continuidad en la
prestación de los servicios […]”. (mayúsculas del escrito)

4.2.2. El asunto fue conocido por la Subsección A, Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca bajo el radicado nro. 25000 23
42 000 2017 05704 00, que, por sentencia del 28 de noviembre de 2019
negó las pretensiones13.

4.2.3. En contra de la anterior decisión el hoy accionante interpuso
recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Subsección A, Sección
Segunda del Consejo de Estado en providencia del 30 de junio de 2022,
en el sentido de confirmarla14.

12
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05807 00.
13
Ibídem.
14
Ibídem.

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Accionante: Nelson Méndez Daza

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

El primero de los requisitos generales que el juez constitucional debe
examinar para establecer si la acción de tutela es procedente contra
providencia judicial es la relevancia constitucional; para ello, la Sala se
detendrá en (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso
concreto.

4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional15

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”16.

15
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
16
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.

10

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Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional.

En ese mismo sentido, en la citada sentencia C – 590 de 2005, la Corte
precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una
sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe
contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de la mencionada sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la
relevancia constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades17:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

17
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128
de 2021 y SU 103 de 2022.

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Accionante: Nelson Méndez Daza

4.3.1.1. Las cuestiones de relevancia constitucional

Frente a la primera finalidad señalada, esto es, restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, la Corte Constitucional, en la sentencia SU 573
de 2019, explicó que este elemento de la relevancia tiene el siguiente
alcance:

“[…] “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”.
La Corte ha sostenido al unísono que la cuestión debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional, dado
que el único objeto de la tutela es la protección efectiva, inmediata
y subsidiaria de los derechos constitucionales fundamentales. Por tal
razón, es necesario que “la causa que origina la presentación de la
acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”.
Esto significa que el asunto debe ser trascendente para (i) “la
interpretación del estatuto superior”, (ii) su aplicación, (iii)
desarrollo eficaz y (iv) la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales. Lo anterior, exige al juez “indicar con
toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes” […]”. [Se
destaca]

De lo anterior se desprende que el alcance que la jurisprudencia
constitucional le ha dado a este primer elemento de la relevancia consiste
en que la acción de tutela que se promueva contra providencia judicial
proponga un debate sobre el contenido, alcance o goce de un derecho
fundamental, pues solo así se podrá establecer que el asunto es
evidentemente de naturaleza constitucional; ello quiere significar que,
quien interpone una acción de tutela, debe identificar cuál es el derecho
fundamental que estima afectado y explicar los motivos por los cuales
considera que la sentencia atacada lo está vulnerando.

En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en la sentencia SU
573 de 2019, manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el
requisito de relevancia constitucional], más allá de la mera adecuación
del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una

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restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que
no es lo mismo que una simple relación con aquel”. [Se destaca] Este
criterio fue reiterado en las sentencias SU 128 de 202118, SU 103 de
202219 y SU 215 de 202220.

Además, en un pronunciamiento anterior, esto es, en la sentencia T – 422
de 201821, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional confirmó
la decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado que había
declarado improcedente la acción de tutela por no cumplir con los
requisitos de relevancia constitucional e inmediatez; en cuanto a la
relevancia, la Corte indicó, entre otras razones, que el requisito de
relevancia no estaba cumplido por cuanto: “si bien la parte actora asegura
que las providencias demandadas desconocen sus derechos
fundamentales, la relevancia constitucional de un asunto no se determina
con la mera enunciación de los derechos fundamentales presuntamente
comprometidos, sino mediante la acreditación razonable de una presunta
amenaza o vulneración de los mismos”. [Se destaca]

El criterio jurisprudencial contenido en las sentencias T 422 de 2018, SU
573 de 2019, SU 128 de 2021, SU 103 de 2022 y SU 215 de 2022,
consistente en que, para superar el requisito de relevancia, no basta con
la mera enunciación de los derechos fundamentales, sino que supone por
parte del actor la carga de justificar razonablemente la existencia de una

18
Corte Constitucional. Sentencia SU – 128 del 6 de mayo de 2021. M.P.: Cristina Pardo
Schlesinger.
19
Corte Constitucional. Sentencia SU – 103 del 17 de marzo de 2022. M.P.: Alejandro
Linares Cantillo. Al respecto, en dicha sentencia se indicó: “[…] 104. Consideraciones
específicas definidas en la jurisprudencia constitucional, respecto del requisito de
procedencia denominado “relevancia constitucional”. En relación con este requisito, esta
Corte ha sido enfática en señalar que resulta indispensable verificar, en cada caso
concreto, que la acción de tutela no esté siendo utilizada como una instancia
adicional para reemplazar las vías judiciales ordinarias. De manera concreta, ha
resaltado que el contenido de la solicitud debe buscar “resolver cuestiones que
trascienden la esfera legal, el carácter eminentemente económico de la controversia y
la inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales [lo que implica
la existencia de] un probado desconocimiento de los derechos fundamentales al debido
proceso o al acceso a la administración de justicia”. Esto, por cuanto se debe “justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un derecho
fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel” […]”.
20
M.P.: Natalia Ángel Cabo.
21
M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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restricción prima facie desproporcionada respecto de un derecho
fundamental, evidencia que es precisamente esa la razón por la cual es
necesario que, para la acreditación de este primer elemento que compone
a la relevancia constitucional, la parte interesada en el escrito de tutela,
(1) invoque la vulneración de derechos fundamentales, (2) exponga los
motivos por los cuales considera la sentencia atacada está vulnerando
tales derechos fundamentales, y (3) compruebe que la transgresión
suponga un atentado contra el núcleo esencial de los derechos invocados,
requisitos que exigen del juez de tutela un examen de los motivos
aducidos por la parte actora para afirmar que hay amenaza o vulneración
de un derecho fundamental, comparadas con el núcleo esencial del
mismo.

Ello es así porque si, en efecto, la vulneración del derecho acontece en lo
que se denomina su núcleo esencial, solo así es posible advertir que el
caso reviste la relevancia o trascendencia necesaria para permitir que,
por vía de este mecanismo, se logre exceptuar en un juicio constitucional
el principio de cosa juzgada que orienta todo el andamiaje institucional
en el que se funda nuestro sistema jurídico. Con este propósito, el juez
no podrá limitarse a convalidar el requisito de la relevancia constitucional
con la sola mención de un derecho fundamental, pues deberá evaluar si,
de acuerdo con los argumentos expresados en el escrito correspondiente,
hay amenaza o violación efectiva del mismo.

El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional como “el ámbito intangible del
derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares”22
y ha explicado que, desde la perspectiva de los derechos subjetivos, el
núcleo esencial se define así23:

“[…] Métodos para la determinación del núcleo esencial

22
Corte Constitucional. Sentencia T – 426 del 24 de junio de 1992. M.P.: Eduardo
Cifuentes Muñoz.
23
Ibídem.

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22. En el proceso de determinación de lo que constituye el núcleo
esencial de un derecho fundamental, el juzgador dispone de técnicas
jurídicas complementarias. Visto desde la perspectiva de los
derechos subjetivos, el contenido esencial de un derecho
fundamental consiste en aquellas facultades o posibilidades de
actuación necesarias para que el derecho sea reconocible como
pertinente al tipo descrito y sin las cuales dejaría de adscribirse a
ese tipo, desnaturalizándose. Por otra parte, la jurisprudencia de
intereses ha diseñado una fórmula según la cual el núcleo esencial
del derecho fundamental es aquella parte de su contenido que es
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente
protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y
efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa o se desconoce
el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a
limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo
razonable o lo despojan de la necesaria protección […]”.
[Se destaca]

En otra oportunidad la Corte indicó que el núcleo esencial de un derecho
fundamental es “esa parte del derecho que lo identifica, que permite
diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de inmunidad
respecto de la intervención de las autoridades públicas. En sentido
negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental
como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en
otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho
fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O, también,
puede verse como la parte del derecho fundamental que no admite
restricción porque en caso de hacerlo resulta impracticable o se
desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección”24.

4.3.1.2. La competencia e independencia jurisdiccional

La segunda finalidad de la relevancia constitucional consiste en preservar
la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad. La Corte Constitucional
ha conceptualizado así este segundo elemento de la relevancia25:

24
Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008.
25
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.

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“[…] La controversia debe versar sobre un asunto constitucional,
pero no meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia
constitucional, las discusiones de orden legal, esto es, aquellas
relativas a un derecho de índole económica, deben ser resueltas
mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite,
dado que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o
reglamentario”, so pena de “involucrarse en [cuestiones] que
corresponde definir a otras jurisdicciones”. En tales términos,
un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha
considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera
determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta
interpretación o aplicación de una norma “de rango reglamentario o
legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n violaciones a los
derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o
privadas, “que no representen un interés general” […]”.

En esa medida, siguiendo el planteamiento de la Corte Constitucional, un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el debate planteado
por la parte actora es de naturaleza meramente legal y/o económica.

Sin perjuicio de lo dicho, en la sentencia SU 215 de 2022, la Corte
Constitucional señaló que:

“[…] [n]o significa que en todos los casos en los que se cuestione la
definición y aplicación judicial de normas de rango legal se incumple
el requisito de relevancia constitucional […] en la labor judicial la
indebida aplicación de normas de rango legal puede derivar en una
violación de derechos fundamentales. Justamente esa situación es
la que sustenta la existencia, caracterización y definición del defecto
sustantivo. En todo caso, la relevancia constitucional exige que el
accionante vincule la discusión legal con la violación de una garantía
fundamental o, en otros términos, que explique con suficiencia el
por qué la interpretación o aplicación de una norma de rango legal
afectó garantías constitucionales. […]”.

Para precisar aún más el alcance del segundo requisito de la relevancia
constitucional, el referido fallo de unificación advirtió:

“[…] Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra
sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela
formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i)
el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de
reparación directa; (iii) laudos arbitrales y las sentencias de
anulación; (iv) procesos ejecutivos, entre otras materias que

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implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la
relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección
de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante
los jueces ordinarios. […]”.

En conclusión, este segundo criterio implica que el asunto carece de
relevancia constitucional cuando se trata de una discusión de naturaleza
legal o económica que no conlleva la afectación del contenido de los
derechos fundamentales que la parte actora invoca en l acción de tutela.

4.3.1.3. La instancia adicional

Por último, el tercer criterio de la relevancia constitucional es impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces. Frente a este elemento la Corte
Constitucional ha dicho26:

“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la
jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se
restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en
contra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte,
exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una
actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
derechos fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción
tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones”, en estricto respeto a la independencia de los jueces
ordinarios […]”.

Respecto de este último criterio de la relevancia constitucional, en la
sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela
contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de
corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su
formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la

26
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.

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Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. [Se destaca]

4.3.2. Caso concreto

Bajo los anteriores parámetros jurisprudenciales, la Sala examinará cada
uno de los tres criterios que hacen parte de la relevancia constitucional,
para determinar si, en el caso, este requisito general de procedencia está
cumplido.

4.3.2.1. En cuanto al primer criterio, esto es, restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales

Como quedó visto en precedencia, de acuerdo con la jurisprudencia de la
Corte, este criterio supone que el debate planteado en sede constitucional
gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental
y, en esa medida, es que se hace necesario que el juez de tutela verifique
cuáles son los derechos fundamentales invocados por la parte actora y las
razones por las cuales el ciudadano considera que la sentencia atacada
los vulnera, para así determinar si, prima facie, dicha transgresión supone
el desconocimiento del núcleo esencial de los derechos fundamentales o,
en otras palabras, si está siendo afectado el contenido de un derecho.

En el asunto bajo examen, la parte actora señaló que la sentencia
controvertida vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso efectivo a la administración de justicia y al trabajo.

Bajo dicho contexto, la Sala examinará el contenido o el núcleo esencial
de los derechos fundamentales invocados por el accionante, dado que, de
advertirse la afectación prima facie de alguno de ellos en su faceta
constitucional, se desprendería que el asunto es de naturaleza

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constitucional, en la medida que compromete o involucra el contenido,
alcance o goce de un derecho fundamental.

(i) En cuanto a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
efectivo a la administración de justicia, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, en la sentencia SU 128 de 202127, indicó con fundamento
en la sentencia SU 573 de 2019, lo siguiente frente a este derecho
fundamental y el requisito de relevancia constitucional:

“[…] 4.3. En ese mismo sentido, en la Sentencia SU-573 de 2019
esta Corporación determinó que “la acreditación de esta exigencia,
más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga
una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a
un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple
relación con aquel”. Así, por ejemplo, no es suficiente con que la
parte actora alegue la violación del derecho fundamental al debido
proceso para entender acreditado el requisito general de
procedencia de relevancia constitucional […]”.

Bajo los lineamientos jurisprudenciales expuestos por la Sala Plena de la
Corte Constitucional en las sentencias SU 573 de 2019, SU 128 de 2021
y SU 103 de 2022, no está acreditada la exigencia de la relevancia
constitucional cuando la parte actora se limita a invocar la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso sin justificar las razones por las
cuales estima que la sentencia atacada lo afectó, por lo que, en criterio
de la Corte Constitucional, “se exige demostrar, de manera razonable,
una restricción desproporcionada sobre alguno(s) de sus elementos”28;
esto es, que el interesado alegue la vulneración de los derechos al debido
proceso o del acceso efectivo a la administración de justicia en su faceta
constitucional o, dicho de otra manera, que identifique dentro del núcleo
esencial cuál de las garantías que los componen resultan comprometidas
con ocasión de la sentencia controvertida en la acción de tutela.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que el núcleo
esencial del debido proceso está integrado por las siguientes garantías

27
M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
28
Corte Constitucional. SU 103 del 17 de marzo de 2022. M.P: Alejandro Linares Cantillo.

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mínimas29:

“[…] La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido
proceso como el “(…) conjunto de garantías previstas en el
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección
del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para
que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la
aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del
debido proceso:

(i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al
libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas,
a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante
autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido
en el fallo;

(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con
capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado
proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la
calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la
Constitución y la ley;

(iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los
medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión
favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los
medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos
a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad
ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás
personas que intervienen en el proceso;

(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un
tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se
vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables;

(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo
cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la
tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de
aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y

(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o
funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los
hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios
anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas […]”.

En ese mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en la
sentencia SU 103 del 17 de marzo de 202230, al estudiar el requisito de
relevancia en relación con los derechos al debido proceso y acceso
efectivo a la administración de justicia, explicó:

29
Corte Constitucional, Sentencia C- 341 de 2014.
30
M.P.: Alejandro Linares Cantillo.

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“[…] 112. Asimismo, reiterando la sentencia T-244 de 2007, afirmó
la Sala de Revisión en la sentencia T-131 de 2021 que el primer
escenario, esto es, cuando la tutela se dirige a cuestionar una
supuesta vulneración del derecho al debido proceso en su faceta
constitucional, supone un desconocimiento de sus elementos
esenciales, tales como el derecho al juez natural, el derecho a
presentar y controvertir las pruebas, el derecho de defensa, el
principio de legalidad, el derecho a la publicidad del proceso y de la
decisión judicial, el derecho a la independencia e imparcialidad del
juez o el derecho de defensa. De igual forma, el escenario en la cual
la acción de tutela pretende demostrar una violación al derecho al
acceso a la administración de justicia, supone una vulneración
algunos de sus garantías fundamentales, como lo son (i) el acceso
de toda persona al sistema judicial; (ii) las garantías previstas para
el normal desarrollo del proceso; y (iii) las que se relacionan con la
decisión que se adopta dentro del proceso y su capacidad de ser
ejecutada. Lo anterior, teniendo en cuenta que “el acceso a la
justicia se integra al núcleo esencial del debido proceso, por la
circunstancia de que su garantía supone necesariamente la vigencia
de aquél, si se tiene en cuenta que no es posible asegurar el
cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas
procesales establecidas por el legislador sin que se garantice
adecuadamente dicho acceso”.

113. Por lo tanto, para acreditar el requisito de relevancia
constitucional, no es suficiente alegar una violación del derecho al
acceso a la administración de justicia o del debido proceso con
fundamento en una simple relación de los hechos del caso con
aquellos, sino que se exige demostrar, de manera razonable, una
restricción desproporcionada sobre alguno(s) de sus elementos. En
la mencionada sentencia T-131 de 2021, la Corte declaró la
improcedencia de la acción de tutela por, entre otras cosas, no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional. Constató que la
tutela no suponía a priori el desconocimiento del derecho
fundamental al debido proceso del accionante en su faceta
constitucional, sino que planteaba una controversia estrictamente
económica, consistente en la inconformidad la actora con el laudo
arbitral emitido en su contra […]”. [Se destaca]

En el asunto bajo examen, el accionante aseguró, en relación con la
violación del derecho fundamental al debido proceso y al acceso efectivo
a la administración de justicia que, “(…) la ausencia de notificación de la
Resolución 0-0909 del 13 de junio de 2012, que pretendió modificar el
nombramiento en propiedad del fiscal Nelson Méndez, limitan las
garantías que se desprenden del artículo 29 de la Constitución Política.
Aunque el acto tenía repercusiones directas para mi poderdante, nunca
fue notificado ni comunicado de su contenido; sin embargo, el acto sí

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generó efectos jurídicos negativos de tal envergadura que lo llevaron a su
desvinculación de la entidad (…)”.

De contera, el requisito de relevancia constitucional no se cumple frente
a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la
administración de justicia, toda vez que el accionante no cumplió con la
exigencia de explicar los motivos por los cuales la providencia atacada
afecta la faceta constitucional de estos derechos y lo que se observa es
que, a través de este mecanismo constitucional, está controvirtiendo la
legalidad de los actos administrativos que demandó en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando lo aquí cuestionado es
la sentencia proferida el 30 de junio de 2022 por la Subsección A, Sección
Segunda del Consejo de Estado y no los actos dictados por la Fiscalía
General de la Nación.

(ii) Frente al derecho al trabajo, la Corte Constitucional ha indicado que
el núcleo esencial de este derecho está compuesto por las siguientes
garantías31:

“[…] La acción de tutela procede como mecanismo de protección del
derecho al trabajo cuando:

1. Se desconoce el núcleo esencial del derecho al trabajo que
consiste en toda acción u omisión que impida el ejercicio de la
facultad de desarrollar una labor remunerada en un espacio y tiempo
determinado.

Se desconoce el núcleo esencial del derecho cuando se evidencia un
desconocimiento de las condiciones dignas y justas en las que el
trabajador debe realizar su labor.

Hace parte del núcleo esencial la adecuada remuneración. La
remuneración no puede ser simplemente simbólica. Ha de ser
adecuada al esfuerzo que implica la tarea cumplida por el trabajador,
a su preparación, experiencia, conocimiento y al tiempo durante el
cual vincule su potencial de trabajo a los fines que interesan al
patrono. No puede congelarse indefinidamente.

2. La vulneración de un derecho conexo que conlleve el ataque
injustificado del núcleo esencial.

31
Corte Constitucional. Sentencia T – 611 del 8 de junio de 2001. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.

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No pertenece al núcleo la pretensión incondicional de ejercer un
oficio o cargo específico, en un lugar determinado ni la permanencia
absoluta en un cargo. El retiro del servicio no implica la prosperidad
de la acción de tutela, solamente hay lugar al estudio del caso,
cuando existe debilidad manifiesta o se trata una trabajadora
embarazada.

3. Por el incumplimiento o retardo en la obligación de pagar el salario
más la prueba de vulneración al mínimo vital del trabajador. La
situación económica de la empresa no es óbice para dejar de pagar
durante varios meses los salarios de los empleados. Las acreencias
laborales prevalecen incluso sobre cualquier crédito concordatario.

4. El empleador da por terminado el contrato con justa causa pero
faltó en el procedimiento a los principios de buena fe al no expresar
los hechos precisos e individuales que provocan la justa causa de
terminación para que así, la otra parte tenga la oportunidad de
enterarse de los motivos que originaron el rompimiento de la
relación laboral y pueda hacer uso del derecho a la defensa y
controvertir tal decisión si está en desacuerdo.

5. Se desconoce el principio fundamental de a trabajo igual
salario igual. Un tratamiento diferente que vulnere este principio se
considera una discriminación, es un trato diferente sin justificación
racional ni razonable […]”. [Destacado por la Sala]

En este evento, el actor, en el escrito de tutela indicó que se vulneró su
derecho fundamental al trabajo por lo siguiente:

“[…] Desde otra perspectiva, este caso tiene notable relevancia
constitucional pues la desvinculación del cargo del accionante de la
Fiscalía General de la Nación afectó su derecho al trabajo, aún más
cuando contaba con una expectativa cierta y fundada de conservar
su empleo dada su condición laboral de carrera.

(…)

La Fiscalía, al adoptar los actos demandados para desvincular a mi
poderdante sin un sustento suficiente, razonable, claro, veraz y
público, violentó no solo los postulados de imparcialidad y buena fe,
sino que además desconoció los fines esenciales del Estado,
extralimitándose en el ejercicio de sus atribuciones e infringiendo el
derecho al trabajo del cual gozaba mi poderdante, ante la existencia
de su vinculación laboral en propiedad como servidor de carrera, y
en tal condición le correspondía la especial protección del Estado.

No basta que la entidad alegue la reestructuración de su planta de
personal o la disminución de los cargos. Ninguno de estos criterios
resulta suficiente para desvincular al accionante, ya que, de
cualquier manera debía ser reubicado en un cargo igual o similar al
que tenía como servidor de carrera, como lo reconoció el artículo 64
del Decreto Ley 898 de 2017, que modificó la estructura de la
Fiscalía General de la Nación.

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El derecho al trabajo de mi representado también se vio afectado
cuando fue reconocido como funcionario en provisionalidad y no de
carrera como realmente ocurría, sin tener la posibilidad de
demandar una resolución de la que nunca tuvo conocimiento. En
este sentido, se desconoció por completo que la Resolución 0-0909
de 2012 que supuestamente modificaba la condición laboral de este,
no se había notificado y por tanto nunca generó efectos jurídicos
para él. Así, la condición de funcionario nombrado en propiedad, que
acreditó desde el año 2009 nunca perdió vigencia […]”.

Acorde con lo señalado, la Sala advierte que el accionante no explicó los
motivos por los cuales la providencia controvertida vulneró las garantías
que componen el núcleo esencial del derecho trabajo, pues sus
alegaciones están dirigidas a cuestionar la legalidad de los actos que
expidió la Fiscalía General de la Nación y al trámite surtido frente a la
publicación de los mismos que determinaron su desvinculación laboral de
esa entidad.

Adicionalmente, no sobra indicar que, como lo precisó la Corte
Constitucional en la providencia dictada líneas atrás, “[N]o pertenece al
núcleo la pretensión incondicional de ejercer un oficio o cargo específico,
en un lugar determinado ni la permanencia absoluta en un cargo. El retiro
del servicio no implica la prosperidad de la acción de tutela, solamente
hay lugar al estudio del caso, cuando existe debilidad manifiesta o se trata
una trabajadora embarazada […]”.

Por lo señalado, este primer criterio no se cumple.

4.3.2.2. Respecto del segundo criterio, esto es, preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad

En el análisis del primer elemento que hace parte de la relevancia, quedó
visto que el debate planteado por la parte actora no involucra un asunto
constitucional, por cuanto no gira en torno a la afectación o vulneración
del contenido de los derechos fundamentales que invocó.

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Accionante: Nelson Méndez Daza

Ahora, como se explicó en precedencia, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, el segundo criterio de la relevancia implica que “la
controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico”32. En esa medida, la Corte ha señalado
que un asunto carece de relevancia cuando “(i) la discusión se limita a la
mera determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta
interpretación o aplicación de una norma “de rango reglamentario o
legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n violaciones a los derechos y
deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o
contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no
representen un interés general” (…)”33.

En este caso, la parte actora no propuso un debate que verse sobre un
asunto constitucional y, por el contrario, se desprende que su reparo
comporta una discusión de carácter legal, puesto que afirma que debió
declararse la nulidad de la Resolución nro. 02358 del 29 de junio de 2017
y del Oficio STH nro. 70 de junio de 2017, a través de los cuales, se
distribuyeron los cargos de la planta de personal de la Fiscalía General de
la Nación y se le comunicó sobre la supresión del cargo de Fiscal Delegado
ante el Tribunal de Distrito Judicial que venía ocupando, respectivamente.

A lo dicho se agrega, que el accionante argumentó que la providencia
censurada “[r]ealizó una interpretación que desconoce por completo los
artículos 66, 67, 68, 69 y 72 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, que establecen el procedimiento de
notificación en los actos administrativos de carácter particular. Además,
omitió la jurisprudencia del Consejo de Estado que reconoce la falta de
eficacia y oponibilidad de los actos administrativos que no son notificados
[…]”, lo que implica una controversia de carácter legal.

32
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
33
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.

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Asimismo, el actor afirmó que la sentencia enjuiciada no tuvo en cuenta
las pruebas que demostraban que la Fiscalía General de la Nación omitió
notificarlo de la Resolución 0-0909 de 2012 ni valoró la Resolución nro.
2-2843 del 15 de agosto de 2013, en la cual la precitada entidad reconoció
de manera expresa que ocupaba en propiedad el cargo de Fiscal Delegado
ante Tribunal de Distrito Judicial.

De modo que, de las inconformidades planteadas por el accionante, se
observa que el debate jurídico propuesto no corresponde a un asunto
constitucional, sino de mera legalidad, porque implica determinar si los
actos administrativos que expidió la Fiscalía General de la Nación debieron
declararse nulos.

Al efecto, cabe traer a colación las consideraciones expuestas en la
sentencia T – 422 de 201834, proferida por la Corte Constitucional, en la
que confirmó la decisión proferida por la Sección Primera de esta
Corporación que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir
los requisitos de relevancia constitucional e inmediatez. Sobre la
relevancia, en dicha oportunidad expuso:

“[…] 35. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, para
esta Sala es claro que el asunto sometido a su análisis carece de
relevancia constitucional. El actor considera que, con las
providencias demandadas, las autoridades judiciales accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales, debido a que las
autoridades judiciales accionadas, a su juicio, no valoraron las
pruebas del expediente que daban cuenta que la experiencia
acreditada por el señor Diego Botero Álvarez no tenía la idoneidad
que se requería para desempeñar el cargo en el que fue nombrado
en reemplazo del accionante.
36. La supuesta irregularidad advertida por el actor no cumple con
este requisito, debido a que (i) se trata de un asunto meramente
legal, (ii) que busca convertir la acción de tutela en una tercera
instancia adicional a las establecidas para casos como el presente, y
que, por tanto, (iii) no tiene una relación directa con la presunta
vulneración o amenaza del derecho al debido proceso u otro derecho
fundamental del actor.

Corte Constitucional. Sentencia T – 422 del 16 de octubre de 2018. M.P.: Carlos Bernal
34

Pulido.

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37.En el presente asunto, si bien, la acción de tutela interpuesta por
José Javier Patiño Angulo pretende que se dejen sin efecto las
sentencias proferidas por el Juzgado Cuarenta y Tres Administrativo
de Bogotá, y el Tribunal Administrativo de Antioquia, de manera
consecuente supone que se dejen sin efecto las sentencias de
segunda y primera instancia del mismo proceso, teniendo en cuenta
que en ninguna de dichas oportunidades procesales fue otorgada, a
su favor, la pretensión de nulidad del acto administrativo que
terminó su nombramiento provisional y el restablecimiento del
derecho con el reintegro solicitado. Como fundamento de la acción,
consideró que el Juez y el Tribunal no valoraron, de manera
adecuada, el material probatorio del expediente.

38.Primero, el actor plantea controversias sobre asuntos meramente
legales, como la verificación de los requisitos legales para
desempeñar un cargo. Pues bien, la definición de tales requisitos y
en general las situaciones propias del derecho administrativo
laboral, que deben ser verificados en cada caso concreto, es de
resorte exclusivo del juez de lo contencioso administrativo, que no
del juez constitucional. Esta Sala advierte que el debate planteado
por el actor no versa sobre la presunta afectación o violación de
derechos fundamentales, sino sobre su discrepancia en relación con
la verificación de la experiencia acreditada por el señor Diego Botero
Álvarez, especialmente, con que se hubiere nombrado a alguien en
el cargo que este desempeñaba en provisionalidad […]”.
[Se destaca]

Así las cosas, se observa que, en este caso, el debate planteado por el
accionante es propio del derecho administrativo laboral, dado que, se
insiste, su inconformidad está relacionada con la legalidad de los actos
administrativos que lo desvincularon de la Fiscalía General de la Nación;
de modo que se trata de un debate de naturaleza legal que, como lo
mencionó la Corte Constitucional, es del resorte exclusivo del juez de lo
contencioso administrativo, a lo que se acota que los reparos de la parte
actora no versan sobre la afectación o vulneración del contenido de los
derechos fundamentales que invocó.

Precisamente, el requisito de relevancia busca impedir que el juez
constitucional se involucre en los asuntos que, por competencia, asignada
legalmente, les corresponden a otros jueces; en este evento, es claro que
la controversia que plantea la parte actora, en sede de tutela, es de
naturaleza meramente legal que no conlleva la afectación o amenaza de
algún derecho fundamental.

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Por consiguiente, este segundo criterio tampoco está superado.

4.3.2.3. En cuanto al tercer criterio, esto es, impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces

La Sala recuerda que en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte
Constitucional precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela
contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe
contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces
de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación
de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea
de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo
que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para
proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por
un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que
permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”35. [Se destaca]

Bajo este criterio jurisprudencial, en aquellos casos en los que el
interesado controvierte a través de la acción de tutela la valoración que
el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la convicción
que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación
de las normas de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate
surtido en el proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual
se estaría desconociendo la autonomía e independencia del juez natural.

35
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.

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En el caso concreto, el accionante, a través de la solicitud de amparo,
pretende controvertir las decisiones de los jueces de instancia y, para ello,
reitera puntos que fueron objeto de debate en el proceso ordinario, tales
como, la falta de notificación de la Resolución nro. 0-0909 de 2012 y la
violación de las normas que, según expuso, protegen la permanencia de
los servidores públicos nombrados en propiedad, según se verifica:

(i) En cuanto a la falta de notificación de la Resolución 0-0909 de 2012:

En el escrito de tutela manifestó que se vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración
de justicia ante “(…) la ausencia de notificación que afectó al accionante
se comporta como una barrera para acceder a diversas garantías (…) //
[l]a Fiscalía General de la Nación omitió la notificación de la resolución al
señor Nelson Méndez, esta no generó efectos jurídicos para él. Aunque la
decisión 0-0909 del 13 de junio de 2012 existía desde su expedición, esta
le era inoponible y por tanto, la resolución nunca cambió su condición de
funcionario en propiedad de la Fiscalía General de la Nación, de manera
que no podía ser desvinculado de la entidad en el proceso de
reestructuración del año 2017”.

Mientras que, en el recurso de apelación que formuló en contra de la
sentencia proferida en primera instancia en el proceso ordinario, afirmó:

“(…) el Tribunal acepta que la falta de publicidad de los actos
administrativos no los vicia de nulidad ni afecta su validez, sino que
afecta su eficacia y los hace inoponibles a las partes y a terceros. Es
decir, en su concepto, la ausencia de notificación de la Resolución
nro. 0-0909 de 2012 sí afectaba su eficacia y se tradujo en su
inoponibilidad. Sin embargo, líneas más adelante entiende que la
inoponibilidad solo opera frente a los terceros, por lo cual insiste en
que la Resolución 0-0909 de 2012 sí generó efectos jurídicos para
el doctor MÉNDEZ DAZA, resultando en la modificación de su
condición de funcionario de carrera a funcionario en provisionalidad.

(…)

Con base en lo anterior, en el caso concreto el doctor NELSON
MÉNDEZ DAZA nunca tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de
defensa contra la Resolución 0-0909 de 2012 que modificó la calidad

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de su nombramiento de propiedad a provisionalidad. No contó con
el espacio que garantizara su derecho fundamental al debido
proceso para gestionar si en sus condiciones particulares la
Resolución 0-0909 de 2012 se ajustaba a las exigencias de la
sentencia SU-446 de 2011. (…) Mucho menos tuvo ocasión de
ejercer sus derechos de contradicción y defensa a través de recursos
ante la Administración y la Jurisdicción, porque solo vino a conocer
sobre la existencia de la Resolución 5 años después de expedida
(…)”.

(ii) En relación con la violación de las normas que protegen la
permanencia de los servidores públicos nombrados en propiedad:

En el escrito de tutela el actor aseguró que la providencia censurada
inaplicó las normas que protegen la permanencia de los servidores
públicos nombrados en propiedad, “(…) por cuanto confirma la decisión
que desvincula al demandante de la FGN y desconoce por completo que
desde el año 2009, este es un funcionario de carrera, titular de derechos
de permanencia y estabilidad laboral reforzada”.

Añadió que, “(…) Como queda claro en la providencia citada, las entidades
públicas deben seguir y respetar unas reglas y criterios al momento de
privilegiar la incorporación de servidores en provisionalidad por sobre
servidores en propiedad, en los procesos que impliquen supresión de
cargos. Sin embargo, en la Resolución N° 02358 del 29 de 2017, la
Fiscalía General de la Nación no explicó los motivos en que se fundó para
desconocer los derechos de carrera de mi mandante, pues al preferir a
funcionarios en provisionalidad en su nueva planta estaba en el deber de
demostrar los criterios objetivos que influyeron en la decisión de
incorporar personas con una estabilidad laboral mucho menor a la que
tenía el accionante (…)”.

Concluyó que la Fiscalía General de la Nación en la Resolución nro. 02358
del 29 de junio de 2017, no explicó los motivos que tuvo para desconocer
los derechos de carrera de los cuales es titular, con lo cual, no observó lo
dispuesto por el artículo 103 del Decreto Ley 020 de 2014, el Decreto Ley
898 de 2017 y la Ley 909 de 2004.

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Sobre este mismo punto, se observa que, en el recurso de apelación, el
hoy accionante dijo lo siguiente:

“(…) conforme a lo expuesto, el Tribunal desconoce que algunas de
las normas superiores en materia de supresión de cargos en el
marco de procesos de reestructuración de entidades públicas
infringidas por parte de la FGN con la expedición de la Resolución
2358 de 2017, concretamente el artículo 63 del propio Decreto Ley
898 de 2017, el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, el numeral 26
del artículo 4 del Decreto Ley 016 de 2014 y el artículo 96 del
Decreto Ley 020 de 2014.

Concluyó que la Fiscalía General de la Nación en la Resolución nro.
02358 del 29 de 2017, no explicó los motivos que tuvo para
desconocer los derechos de carrera de los cuales es titular, con lo
cual, desconoció el artículo 103 del Decreto Ley 020 de 2014, el
artículo 64 del Decreto Ley 898 de 2017 y la Ley 909 de 2004.

En consecuencia, es equívoco declarar que se respetaron las normas
constitucionales, legales y jurisprudenciales al distribuir los cargos,
definir la nueva planta de personal de la FGN y retirar del servicio al
doctor NELSON MÉNDEZ DAZA, incluso se (sic) él hubiera estado
vinculado a la entidad en provisionalidad (…)”.

Así las cosas, para la Sala, resulta evidente que el solicitante está
utilizando este mecanismo constitucional para reabrir el debate surtido en
el proceso ordinario.

Acorde con las razones expuestas en precedencia, la solicitud de amparo
es improcedente toda vez que no superó el requisito de relevancia
constitucional en la medida que, el debate planteado por el actor no
implica la afectación del núcleo esencial de los derechos fundamentales
que invoca, se trata de un asunto meramente legal y pretende reabrir el
debate resuelto por el juez natural.

En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela
instaurada por el señor Nelson Méndez Daza en contra de la sentencia
proferida el 30 de junio de 2022 por la Subsección A, Sección Segunda
del Consejo de Estado.

31

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Radicación: 11001 03 15 000 2022 05807 00
Accionante: Nelson Méndez Daza

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada
por el señor Nelson Méndez Daza en contra de la sentencia proferida el
30 de junio de 2022 por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo
de Estado, según lo explicado en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

32

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