Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-05829-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-05829-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-05829-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
15 de diciembre de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-05829-00
Demandante: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FUTBOLISTAS
PROFESIONALES - ACOLFUTPRO
Demandado: SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
PROFERIDA EN ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO. SE
DECLARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE
TUTELA. ANÁLISIS DEL DEFECTO FÁCTICO.
Síntesis del caso: la parte actora cuestiona la providencia que en segunda instancia
resolvió una acción de cumplimiento presentada en contra del Ministerio del
Deporte. La actora invocó la configuración de un defecto sustantivo respecto del
cual la Sala encontró que no se superó el requisito de relevancia constitucional por
plantearse una discusión eminentemente legal. Se resuelve de fondo el cargo
relacionado con un defecto fáctico y se niegan las pretensiones por evidenciar que
la autoridad demandada sí valoró todas las pruebas aportadas al proceso de la
acción de cumplimiento.
La Sala procede a decidir la acción de tutela presentada por los señores Carlos
Francisco González Puche y Luis Alberto García Suarez en representación de la
Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) por ser su director
ejecutivo y secretario general, respectivamente, en contra de la Sección Quinta del
Consejo de Estado para la protección de sus derechos fundamentales del debido
proceso y acceso a la administración de justicia.
I. ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado el 3 de noviembre de 2022 los actores presentaron
acción de tutela en contra de la providencia proferida el 18 de agosto de 2022 por
la Sección Quinta del Consejo de Estado en el proceso de acción de cumplimiento
no. 25000-23-41-000-2022-00243-01, con el fin de que se protegieran los derechos
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-05829-00
Actor: Acolfutpro
Acción de tutela
constitucionales fundamentales antes referidos, por cuanto, a su juicio, incurrieron
en un defecto sustantivo y un defecto fáctico.
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción ejercida los demandantes señalaron, en
síntesis, lo siguiente:
1) Acolfutpro presentó una acción de cumplimiento en contra del Ministerio del
Deporte con el propósito de que se ordenara a esa autoridad que ejerciera sus
funciones de inspección, vigilancia y control sobre los estatutos y reglamentos de la
Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la División Mayor del Fútbol Colombiano
(Dimayor) en acatamiento de lo dispuesto por los artículos: i) 34 y 37.3 del Decreto
1228 de 1995; ii) 4.30 de la Ley 1967 de 2019; iii) 2 del Decreto 1227 de 1995 y; iv)
2.30 del Decreto 1670 de 2019.
2) La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia el 17 de junio de 2022 en la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y ordenó al Ministerio de Deporte
que, en un término de 30 días, adoptara las decisiones que en derecho
correspondan en relación con los estatutos y códigos disciplinarios de la FCF y
Dimayor, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control señaladas
en los artículos 34 del Decreto Ley 1228 de 19951 en concordancia con el numeral
30 del artículo 4 de la Ley 1967 de 20192 y el numeral 30 del artículo 2 del Decreto
1670 de 20193.
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Decreto 1228 de 1995. Por el cual se revisa la legislación deportiva vigente y la estructura de los
organismos del sector asociado con objeto de adecuarlas al contenido de la Ley 181 de 1995. (...)
Artículo 34. Naturaleza de la inspección, vigilancia y control. El Instituto Colombiano del Deporte,
Coldeportes, por delegación del Presidente de la República, ejercerá las funciones de inspección,
vigilancia y control de los organismos deportivos y demás entidades del Sistema Nacional del
Deporte, de acuerdo con las competencias que le otorga el presente Decreto, y con sujeción a lo
dispuesto sobre el particular en la Ley 181 de 1995 y demás disposiciones legales.
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Ley 1967 de 2019. Por la cual se transforma el Departamento Administrativo del Deporte, la
Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) en el Ministerio
del Deporte. (...)
Artículo 4. Funciones. (...)
30. Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los organismos deportivos y demás
entidades que conforman el Sistema Nacional del Deporte.
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Decreto 1670 de 2019. Por el cual se adopta la estructura interna del Ministerio del Deporte. (...)
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-05829-00
Actor: Acolfutpro
Acción de tutela
3) Acolfutpro y el Ministerio del Deporte impugnaron la sentencia.
4) El ministerio reclamó que no se le constituyó en renuencia y, que, en todo caso,
no incurrió en incumplimiento de los mandatos a los que se aludió en la demanda
porque aprobó reformas estatutarias de las organizaciones deportivas y no se
señaló cuáles estatutos o códigos disciplinarios debían ser objeto de inspección,
vigilancia y control.
5) Acolfutpro señaló que en el fallo del tribunal existió una contradicción porque, a
pesar de ordenar al ministerio demandado aprobar los estatutos, reformas y
reglamentos de la FCF y la Dimayor, se negó el cumplimiento del numeral 3 del
artículo 37 del Decreto 1228 de 1995, el cual prevé como una de las competencias
del ministro del Deporte aprobar los estatutos, reformas y reglamentos de los
organismos del Sistema Nacional del Deporte.
6) Para la parte demandante el artículo 2 del Decreto 1227 de 1995 prevé un deber
jurídico claro, expreso y exigible en cabeza del Ministerio del Deporte, que consiste
en la inspección, vigilancia y control sobre los organismos deportivos, el cual se
omitió por no ejercer de manera oficiosa tales funciones respecto de los estatutos,
reformas y reglamentos de la FCF y Dimayor.
7) La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia de segunda instancia
el 18 de agosto de 2022 en la que resolvió: i) confirmar el numeral primero de la
sentencia de primera instancia que negó el cumplimiento del numeral 3º del artículo
37 del Decreto Ley 1228 de 1995, ii) revocar el numeral tercero que declaró
improcedente la acción de cumplimiento frente al “artículo 2º del Decreto 1228 (sic)
de 1995”, para en su lugar, negar la pretensión y; iii) revocar el numeral segundo
que accedió a las pretensiones de la demanda por considerar que no se demostró
cumplir con la condición de exigibilidad del mandato.
Artículo 2. Funciones del Ministerio del Deporte. Son funciones del Ministerio del Deporte, además
de las dispuestas en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, y en la Ley 181 de 1995, las siguientes:
(...)
30. Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los organismos deportivos y demás
entidades que conforman el Sistema Nacional del Deporte.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-05829-00
Actor: Acolfutpro
Acción de tutela
8) Sobre este último aspecto la autoridad judicial demandada estimó que, si bien
dentro del numeral 3 del artículo 37 del Decreto 1228 de 1995 se estableció la
obligación del Ministerio del Deporte de ejercer las funciones referidas sobre los
estatutos, reformas y reglamentos de los organismos que conforman el Sistema
Nacional del Deporte, entre quienes se encuentran la FCF y Dimayor, ese mandato
carece de exigibilidad porque no contiene un término o plazo temporal para su
ejercicio o acatamiento, por lo cual no era posible determinar desde qué momento
era exigible para el sujeto obligado aprobar los estatutos y a partir de cuándo se
encontraría en mora de cumplir con tal obligación.
9) La Sección Quinta del Consejo de Estado señaló que los artículos 2.6.2.2 y
2.6.2.3. del Decreto 1085 de 20154 establecieron un trámite para el evento en que
se actualicen los estatutos de las federaciones deportivas nacionales consistente
en que soliciten la inscripción de esa actualización dentro de los 10 días siguientes
a su realización. Asimismo, que la aprobación de los estatutos de dichas
federaciones deberá efectuarse en el momento del otorgamiento de su personería
jurídica por parte del Ministerio del Deporte.
10) Con los documentos aportados con el expediente de la acción de cumplimiento
no fue posible determinar que los estatutos de la FCF, el Estatuto del Jugador de la
Federación Colombiana de Fútbol, el Código Disciplinario Único de la Federación
Colombiana de Fútbol, los Estatutos de la División Mayor del Fútbol Colombiano y
el documento Declaraciones, Autorizaciones, Derechos y Deberes, fueron
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“Artículo 2.6.2.2. Requisitos de la Solicitud. La solicitud de otorgamiento de personería jurídica será
formulada por el representante de la Federación Deportiva Nacional designado para este fin,
mediante escrito al que se acompañará el acta de constitución y elección de los miembros de los
órganos de administración, control y disciplina, así como los estatutos sociales del organismo
deportivo, debidamente aprobados que contengan: (…)
Parágrafo 1. En el mismo acto por el cual se otorga la personería jurídica a que se refiere este
artículo, se aprobarán los estatutos sociales de la Federación Deportiva Nacional, así como la
inscripción del representante legal. (...).”.
“Artículo 2.6.2.3. Actualizaciones. Cuando se produzca una reforma de los estatutos, una nueva
designación de representante legal o de los miembros de los órganos de administración, control y
disciplina de una federación deportiva nacional u ocurra su reelección para un nuevo período
estatutario, el organismo deportivo procederá a solicitar su inscripción ante COLDEPORTES [hoy
Ministerio del Deporte].
La solicitud de que trata el presente artículo, se efectuará dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la fecha en que ocurra la reforma o la elección, adjuntando copia del acto en el que
conste tal evento.”.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-05829-00
Actor: Acolfutpro
Acción de tutela
debidamente inscritos ante el extinto Coldeportes o el Ministerio del Deporte, por lo
cual no se puede exigir el reclamado cumplimiento de obligaciones.
11) Por último, en la sentencia de segunda instancia se anotó que la Subsección A
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca erró en estudiar
el artículo 2 del Decreto 1227 de 1995 porque el incumplimiento de esa norma no
se alegó en la demanda como sí lo fue el artículo 2 del Decreto 1228 de 1995
2. Los fundamentos de la vulneración
La parte actora señaló que en la providencia de la Sección Quinta del Consejo de
Estado se incurrió en un defecto sustantivo y un defecto fáctico.
Respecto del defecto sustantivo se alegó que la autoridad judicial demandada aplicó
normas que no eran relevantes para el caso concreto porque fundó su decisión en
los artículos 2.6.2.2. y 2.6.2.3 del Decreto 1085 de 2015 que, si bien establecen un
trámite de inscripción de actualizaciones de estatutos pertenecientes a federaciones
deportivas nacionales, corresponden únicamente a los estatutos sociales.
En punto del defecto fáctico alegó que la autoridad judicial demandada ignoró que
en el oficio que dio respuesta a la petición presentada por Acolfutpro para constituir
en renuencia al Ministerio del Deporte esa cartera ministerial reconoció no tener
competencia para ejercer sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre el
Estatuto del Jugador y el Código Único Disciplinario de la FCF.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:
“PRIMERO: Declarar que la Sección Quinta del Consejo de Estado
vulneró el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia
de ACOLFUTPRO, al aplicar el Decreto 1085 de 2015 como fundamento
jurídico para decidir que el Ministerio del Deporte no incumplió sus
funciones de inspección, vigilancia y control, al no revisar y aprobar los
estatutos y reglamentos de la FCF y de la DIMAYOR, incurriendo así en
una vía de hecho por defecto sustancial en la sentencia del 18 de agosto
de 2022.
SEGUNDO: Declarar que la Sección Quinta del Consejo de Estado
vulneró el derecho fundamental al debido proceso de ACOLFUTPRO, al
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-05829-00
Actor: Acolfutpro
Acción de tutela
abstenerse de considerar las demás pruebas del proceso que
demostraban que el Ministerio del Deporte incumplió sus funciones de
inspección, vigilancia y control, al no revisar y aprobar los estatutos y
reglamentos de la FCF y de la DIMAYOR, incurriendo así en una vía de
hecho por defecto fáctico en la sentencia del 18 de agosto de 2022.
TERCERO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se deje
sin efecto la sentencia del 18 de agosto de 2022 y se ordene a la Sección
Primera del Consejo de Estado, proferir un nuevo fallo en el que se
apliquen debidamente los artículos 34 y 37 (numeral 3) del Decreto Ley
1228 de 1995, el numeral 30 del artículo 4 de la Ley 1967 de 2019, el
artículo 2º del Decreto 1227 de 1995 y el numeral 30 del artículo 2º del
Decreto 1670 de 2019, y se aprecien las demás pruebas que acreditan
que el Ministerio del Deporte incumplió con la debida inspección, vigilancia
y control de los estatutos y reglamentos de la FCF y de la DIMAYOR.”.
(archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI – negrillas
y mayúsculas del original).
4. Actuación de primer grado
Con auto de 10 de noviembre de 2022 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación del presidente y magistrados integrantes de la Sección Quinta del
Consejo de Estado como autoridad judicial demandada con el fin de que allegaran
un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
Adicionalmente, se ordenó la notificación del presidente y magistrados integrantes
de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, la señora Ministra del Deporte, el presidente de la Federación
Colombiana de Fútbol y el presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano.
5. Actuación de las autoridades demandadas
El magistrado de la Sección Quinta del Consejo de Estado, ponente de la
providencia cuestionada, afirmó que las pretensiones de la parte demandante no
están llamadas a prosperar porque los reparos frente al derecho fundamental del
debido proceso y la configuración del defecto fáctico son inexistentes.
El cargo de vulneración del derecho fundamental al acceso a la administración de
justicia, derivado del defecto sustantivo que supuestamente se configuró por aplicar
el Decreto 1085 de 2015 tampoco existe porque la aplicación de esa norma no fue
un yerro y está debidamente justificada en el fallo.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-05829-00
Actor: Acolfutpro
Acción de tutela
El fallo precisó que el ordenamiento jurídico prevé un trámite específico para la
aprobación de los estatutos de las federaciones del Sistema Nacional del Deporte,
dentro de las que se encuentran la FCF y la Dimayor, y señaló que el deber
contenido en el numeral 3 del artículo 37 del Decreto 1228 de 1995 se refiere a la
aprobación de todos los estatutos, reformas y reglamentos de las federaciones, sin
hacer distinción sobre cuáles están sujetos a aprobación por parte del Ministerio del
Deporte.
La parte actora busca reabrir un debate finalizado en el cual no se presentó
vulneración de las garantías constitucionales y lo que realmente se advierte es su
descontento con la decisión.
El asunto carece del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional,
lo cual impide el estudio de fondo de los defectos alegados.
La providencia contiene un riguroso análisis de las pruebas aportadas en el
expediente y en ella se expuso el marco normativo aplicable a la situación concreta
Aquello que se plantea como un defecto fáctico fue analizado y resuelto por el juez
natural de la causa.
Para arribar a la decisión adoptada, se apreciaron los documentos aportados que el
demandante señaló como no observados e, incluso, se hizo referencia explícita a
estos, para determinar que aquellos no se habían inscrito ante el Ministerio del
Deporte.
La parte actora no comparte la conclusión a la que se llegó en segunda instancia y
por ello procura reabrir un debate ya zanjado y proponer una discusión sobre un
aspecto de naturaleza meramente legal, en relación con su interpretación de lo
dispuesto en el numeral 3 del artículo 37 del Decreto 1228 de 1995.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-05829-00
Actor: Acolfutpro
Acción de tutela
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
2. Caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sección
Quinta del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de
justicia de Acolfutpro, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia
proferida por esa autoridad judicial el 18 de agosto de 2022 por cuanto, a su juicio,
incurrieron en un defecto sustantivo y un defecto fáctico.
En los términos en que fue planteada la controversia la Sala declarará la
improcedencia de la acción de tutela en lo relacionado con el alegado defecto
sustantivo y negará las pretensiones de la demanda sobre la presunta ocurrencia
de un defecto fáctico en los términos que a continuación se explica:
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-05829-00
Actor: Acolfutpro
Acción de tutela
1) Sobre el defecto sustantivo la parte actora cuestionó que la autoridad judicial
demandada sustentó su decisión en los artículos 2.6.2.2. y 2.6.2.3 del Decreto 1085
de 2015. Para la parte actora esas normas establecieron, de manera exclusiva, el
trámite de inscripción de actualizaciones de estatutos sociales pertenecientes a
federaciones deportivas nacionales, no así para el resto de estatutos.
2) Para la Sala es claro que ese planteamiento está relacionado con razones que
ya habían sido expuestas por la parte actora en la acción de cumplimiento y
analizadas en el curso de ese proceso por parte del juez natural de la causa,
relacionadas con el alcance de los artículos referidos del Decreto 1085 de 2015 y el
deber de las federaciones deportivas nacionales, para el caso la Fcf y Dimayor, de
inscribir sus estatutos y el Código Disciplinario Único de la Fcf ante el Ministerio del
Deporte.
3) En efecto, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no
relevancia constitucional es necesario examinar varios elementos, entre ellos que
la acción de tutela no se use para volver sobre lo discutido en el proceso ordinario,
esto es, que no se use como una instancia adicional a este, puesto que dicho
mecanismo especial constitucional fue diseñado para proteger derechos
fundamentales y no para discutir la simple inconformidad o discrepancia que un
actor tenga frente a una determinada decisión judicial.
4) En el presente caso Acolfutpro reclamó la configuración de un defecto sustantivo
por la interpretación legal que hizo la Sección Quinta del Consejo de Estado sobre
esas normas a partir de la cual concluyó que ese deber de inscripción corresponde
a todos los estatutos de una determinada federación deportiva nacional, no
únicamente a los estatutos sociales como lo alegó el demandante.
5) Fue así como en la decisión cuestionada la Sección Quinta del Consejo de Estado
zanjó esa discusión de raigambre legal:
“(...) el Decreto 1085 de 2015 establece un trámite para el evento en que
se actualicen los estatutos de las federaciones deportivas nacionales, las
cuales deberán solicitar la inscripción de las mismas a COLDEPORTES,
dentro de los 10 días siguientes a que se realice la reforma
correspondiente. Asimismo, dispone que la aprobación de los estatutos
de dichas federaciones, deberá efectuarse al momento del otorgamiento
de su personería jurídica por el actual Ministerio del Deporte: (...)
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-05829-00
Actor: Acolfutpro
Acción de tutela
El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo acarreará la sanción de
suspensión de la personería jurídica hasta por un término de tres (3)
meses, según sea la dilación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
37, numeral primero y 38 del Decreto 1228 de 1995, si transcurrido el
término de duración de la suspensión, aún no ha cumplido con el requisito
de inscripción dispuesto, se le aplicará a la Federación la revocatoria de
la personería jurídica. Ahora bien, el artículo 11 del Decreto 1228 de 1995
define las federaciones deportivas y sus características como organismos
de derecho privado conformadas por un número mínimo de ligas
deportivas o asociaciones deportivas departamentales o del Distrito
Capital o de ambas. (...)
Teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico prevé un trámite
específico para la aprobación de los estatutos de las federaciones del
Sistema Nacional del Deporte y de sus correspondientes reformas o
actualizaciones, se tiene que, es necesario que dichos órganos los
inscriban ante el Ministerio del Deporte para que sea posible su
aprobación por la entidad.
78. El demandado afirmó haber cumplido con sus obligaciones
constitucionales y legales, se acreditó por el demandante en el expediente
la inscripción y aprobación de la reforma a los estatutos de la Federación
Colombiana de Futbol y además enunció el demandado las resoluciones
núms. 000408 de 9 de mayo de 2011, 000825 de 29 de abril de 2014,
001778 de 26 de septiembre de 2016 y 001917 de 13 de octubre de 2016,
por medio de las cuales se inscribieron reformas parciales a los estatutos
de la FCF.
79. No obstante, no se demostró la observancia del deber del artículo 37.3
del Decreto 1228 de 1995 de aprobar los demás estatutos, reformas y
reglamentos expedidos por la DIMAYOR y la FCF, a saber, los estatutos
sociales de estas, el Estatuto del Jugador y el Código Único Disciplinario
de la FCF.
80. A pesar de lo anterior, lo cierto es que al demandado no se le puede
exigir el cumplimiento de lo anterior, bajo el entendido de que el Decreto
1085 de 2015 exige la inscripción de dichos estatutos ante el ministerio,
de lo cual no se tiene evidencia en el expediente, condición necesaria para
que se proceda a realizar la aprobación dispuesta por el artículo 37.3 del
Decreto 1228 de 1995. (...).”.
6) A partir del citado análisis normativo el tribunal concluyó que los artículos 2.6.2.2.
y 2.6.2.3 del Decreto 1085 de 2015 exigen a todas las federaciones deportivas
nacionales la inscripción de todos sus estatutos, con sus actualizaciones, ante el
Ministerio del Deporte, para efectos de que esa autoridad determine si hay lugar o
no a su aprobación, no únicamente en lo referente a los estatutos sociales, siendo
ese el aspecto esencial que se reprochó en la demanda de tutela porque conllevó a
que fueran negadas las pretensiones de la acción de cumplimiento.
7) Lo expuesto permite concluir sin mayores dilaciones que, en lo concerniente al
defecto sustantivo, la parte actora pretendió emplear la acción de tutela como un
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-05829-00
Actor: Acolfutpro
Acción de tutela
recurso que permitiera revivir la discusión sobre la interpretación brindada por la
demandada a los artículos 2.6.2.2. y 2.6.2.3 del Decreto 1085 de 2015 y con ello
crear una instancia adicional para obtener una decisión favorable a sus intereses, a
pesar de que tales desacuerdos no atañen a una discusión de raigambre
constitucional, que ya fue decidida por el juez natural de la causa y que resulta
insuficiente para sustentar la relevancia constitucional.
En lo relacionado con el presunto defecto fáctico que la parte actora sustentó en
que la Sección Quinta del Consejo de Estado no tuvo en cuenta que en el oficio que
dio respuesta a la petición presentada por Acolfutpro para constituir en renuencia al
Ministerio del Deporte, esa cartera ministerial reconoció no tener competencia para
ejercer sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre el Estatuto del
Jugador y el Código Único Disciplinario de la FCF, esta Sala negará las
pretensiones de la acción de tutela, por las siguientes razones:
a) Para resolver ese planteamiento de la parte actora basta con señalar que en la
sentencia cuestionada la autoridad judicial demandada sí hizo un análisis de todas
aquellas pruebas que fueron aportadas por las partes al proceso ordinario, en
particular del oficio de respuesta proferido el 20 de agosto de 2021 por el Ministerio
del Deporte para dar respuesta a la petición elevada por Acolfutpro:
“Hechos (...)
9. La directora de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del
Deporte, en respuesta de 20 de agosto de 2021, afirmó que esa cartera
carece de competencia para ejercer control sobre el Estatuto del Jugador
y el Código Disciplinario Único. Seguido de lo anterior, manifestó que,
mediante Resolución núm. 001917 de 13 de octubre de 2016, inscribió la
reforma parcial a los estatutos sociales de la FCF y que el acto fue remitido
a ACOLFUTPRO.
b) Cuestión diferente es que para la autoridad judicial demandada ese hecho no
tuvo mayor incidencia para resolver la controversia que le fue planteada, por cuanto
su tesis se centró en que Acolfutpro no probó que los estatutos de la FCF, el Estatuto
del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, el Código Disciplinario Único
de la Federación Colombiana de Fútbol, los Estatutos de la División Mayor del
Fútbol Colombiano y el documento Declaraciones, Autorizaciones, Derechos y
Deberes, fueron inscritos o remitidos al Ministerio del Deporte, por lo cual coligió
que no era posible exigirle a esa cartera ministerial el cumplimiento de sus
obligaciones legales para determinar la aprobación de aquellos documentos.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-05829-00
Actor: Acolfutpro
Acción de tutela
c) Si bien es claro que para resolver la controversia que fue planteada en la acción
de cumplimiento que presentó la parte actora, la Sección Quinta del Consejo de
Estado no centró sus consideraciones en la competencia del Ministerio del Deporte
para revisar la totalidad de estatutos de la FCF y Dimayor, también lo es que esa
discusión resultó independiente a la falta de pruebas que acreditaran que esos
estatutos fueron debidamente radicados en el ministerio, lo cual en definitiva
constituyó el sustento de la decisión de negar las pretensiones de la acción de
cumplimiento por ausencia del requisito de exigibilidad.
d) No advierte esta instancia que la autoridad accionada omitiera analizar alguna de
las pruebas aportadas por la actora al proceso de acción de cumplimiento o que
fundara su decisión exclusivamente en las competencias legales del Ministerio del
Deporte, por el contrario, fue la valoración integral del expediente la que le permitió
concluir que la autoridad ministerial demandada no recibió los documentos cuya
revisión exigió la demandante, por lo cual no era posible declararla en
incumplimiento de sus deberes legales.
e) De acuerdo con lo expuesto, esta Sala concluye que no hay lugar a declarar la
presencia de un defecto fáctico en la providencia atacada razón por la que se
negarán las pretensiones de la acción de tutela respecto de ese cargo en concreto.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA
1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por Acolfutpro en lo
atinente al defecto sustantivo, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
2º) Deniégase la acción de tutela presentada por Acolfutpro en lo relacionado con
el cargo por defecto fáctico.
3°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
13
Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-05829-00
Actor: Acolfutpro
Acción de tutela
4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Aclara voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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