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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05834-00

Fecha
26 de enero de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05834-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05834-00 Actora: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05834-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

26 de enero de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05834-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
POLICÍA NACIONAL

TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD
JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ EN EL DEFECTO
SUSTANTIVO ENDILGADO. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN ES DE 2
AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL PAGO DE LA CONDENA O A MÁS
TARDAR DENTRO DE LOS 18 MESES DE PLAZO ESTABLECIDOS
PARA EL PAGO, LO QUE OCURRA PRIMERO, DE CONFORMIDAD
CON LA NORMATIVA DISPUESTA PARA EL ASUNTO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte

actora contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ1.

1 En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05834-00
Actora: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
POLICÍA NACIONAL.

I. ANTECEDENTES

I.1 La solicitud

La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –

POLICÍA NACIONAL, actuando a través de apoderado judicial, en

ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración

de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el

TRIBUNAL al haber proferido la providencia de 11 de mayo de

2022, dentro del medio de control de repetición identificado con

el número único de radicación 15238-33-33-001-2021-00139-01.

I.2 Hechos

Refirió que el 8 de octubre de 2021 promovió demanda en ejercicio

del medio de control de repetición contra el Auxiliar de Policía en

retiro JUNIOR STIVEN ORGANISTA GALVIS, con el fin de que

se le declarara responsable de los hechos que dieron lugar a la

acción de reparación directa2, en la que mediante sentencia de 26

de marzo de 2015, el Tribunal condenó a la institución por las

lesiones causadas a la señora MARÍA NUBIA WALTEROS

2 Identificada con el número único de radicación 15000-23-31-000-2005-01751-01.

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Actora: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
POLICÍA NACIONAL.

PIRABÁN por los hechos ocurridos el 9 de febrero de 2005 en el

Municipio de Paya y, en consecuencia, le ordenó el reconocimiento

de perjuicios morales y materiales por un valor de trescientos

quince millones cuatrocientos noventa y cuatro mil veintiocho

pesos ($315.494.028).

Indicó que el proceso fue identificado con el número único de

radicación 2021-00139-00 y le correspondió por reparto al

Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Duitama que,

mediante auto de 5 de noviembre de 2021, rechazó la demanda

al considerar que operó el fenómeno de la caducidad de la acción,

pues los 18 meses de plazo con que contaba la entidad para el

pago de la condena vencieron el 17 de octubre de 2016, fecha a

partir de la cual se cuentan los 2 años de caducidad, por lo que el

término para ejercer la acción feneció el 18 de octubre de 2018,

mientras que la demanda fue radicada hasta el 11 de octubre de

2021, esto es, tres años después de vencido el término.

Refirió que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación, el cual fue desatado por el Tribunal que, en sentencia

de 11 de mayo de 2022, confirmó la decisión del a quo al estimar

que el término de caducidad se debía contabilizar desde el

vencimiento de los 18 meses, toda vez que el pago de la condena

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se realizó hasta el 29 de junio de 2021, por lo que venció primero

el plazo, punto de partida desde el cual debían ser contados los 2

años de plazo para presentar la demanda.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada vulneró

sus derechos fundamentales invocados al desconocer que

interpuso la demanda de repetición dentro del término legal

dispuesto para ello, por lo que no se debió declarar el fenómeno

de la caducidad de la acción en el asunto.

Sostuvo que en cuanto a la oportunidad para presentar el medio

de control de repetición, el artículo 164 del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -

CPACA- prevé dos posibilidades, esto es, dos años contados: i) a

partir del día siguiente de la fecha de pago o, ii) a más tardar

desde el vencimiento del plazo para el pago de la sentencia, de tal

forma que el término de caducidad debió contabilizarse desde el

momento en que se realizó el pago de la condena, esto es, el 29

de junio de 2021, por lo que, a su juicio, el medio de control fue

presentado dentro del término, pues este concluiría hasta el 19 de

junio de 2023.

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Señaló que de conformidad con el artículo 11 de la Ley 678 de

2001, la acción de repetición caduca al vencimiento del plazo de

dos años, contados a partir del día siguiente a la fecha del pago

total efectuado.

Añadió que la Policía Nacional es una entidad del Estado que para

el cumplimiento de sus obligaciones pende de la asignación de

recursos del Ministerio de Hacienda, por lo que si la entidad no

cumplió con la obligación dentro de los 18 meses estipulados, ello

obedeció única y exclusivamente a aspectos de orden

presupuestal.

Por lo anteriormente señalado, alegó que la autoridad judicial

accionada también incurrió en violación directa de la Constitución.

I.4. Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados y, en consecuencia:

“[…] Dejar sin efectos la providencia del 11 de mayo de
2022 notificada a los 16 días del mismo mes y año,
proferida por la Sala de Decisión No. 02 del Tribunal
Administrativo de Boyacá con ponencia del doctor Luis
Ernesto Arciniegas Triana, dentro del medio de control de
repetición No. 15238-33-33-001-2021-00139-01 y en
consecuencia, se ordene a esa Autoridad judicial que en el

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término de un (1) mes siguiente a la notificación de esta
providencia, dicte un nuevo auto que tenga en cuenta las
consideraciones aquí expuestas […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El Tribunal sostuvo que no se incurrió en alguna de las

causales genéricas y específicas de procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, comoquiera que la decisión

acusada fue adoptada en derecho y no fruto de la arbitrariedad,

máxime cuando se apoyó en los pronunciamientos emitidos por el

Consejo de Estado, que ha destacado que el término de los dos

años se toma a partir del evento que ocurra primero, es decir, a

partir del día siguiente de la fecha del pago o desde el vencimiento

del plazo de 18 meses, si el mismo transcurre sin que se haga el

pago.

Resaltó que no es posible aceptar que a través de este mecanismo

constitucional se pretenda cambiar la doctrina consolidada por el

Alto Tribunal Contencioso y se computen los términos de

caducidad del medio de control desde cuando la entidad efectuó

el pago de la condena, pues el plazo establecido en la ley para ello

no es indeterminado.

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Así las cosas, refirió que no se evidencia amenaza alguna de los

derechos fundamentales invocados en el asunto, pues no se

demostró la existencia u ocurrencia de ningún defecto.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de

Duitama refirió que la decisión acusada se fundamentó, entre

otras, en las precisiones hechas por la Corte Constitucional en

sentencia C-832 de 2001 en lo que tiene que ver con la forma

como debe contabilizarse el término de caducidad de la acción de

repetición, en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y en el

pronunciamiento que sobre el particular hizo la Sección Tercera

del Consejo de Estado en sentencia de 9 de septiembre de 2016.

Indicó que los argumentos que aduce la parte actora no resultan

de tal validez, por lo que solicitó declarar improcedente la solicitud

de amparo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

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POLICÍA NACIONAL.

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6

de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número

377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de

Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre

las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de

2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento

de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de

lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de

20123, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y

con miras a unificar la jurisprudencia, luego de analizar la

evolución jurisprudencial de la acción de tutela contra

providencias judiciales tanto en la Corte Constitucional como en

esta Corporación, concluyó que si bien es cierto que el criterio

mayoritario de la Sala había sido el de considerar improcedente la

acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que

las distintas Secciones que la componen han abierto paso a dicha

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de

2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, número de radicación: 2009-01328.

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acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha

advertido la vulneración de derechos constitucionales

fundamentales. De ahí que a partir de tal pronunciamiento se

modificó ese criterio radical y se declaró la procedencia de la

acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en

presencia de la violación de derechos constitucionales

fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros

fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella, elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo4.

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción

de tutela contra providencia judicial, así:

4Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de
agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01

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“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa
de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la
acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias
de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que
la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre
que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de
derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de

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pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio
y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la
acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida,
mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas
a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación,
proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan
definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una
sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.

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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos
en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución. […]”

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora

pretende que se deje sin efecto la providencia de 11 de mayo

de 2022, proferida por el Tribunal, por medio de la cual confirmó

la decisión del a quo que rechazó la demanda por haber operado

el fenómeno jurídico de la caducidad, dentro del medio de control

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de repetición identificado con el número único de radicación 2021-

00139-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, habida cuenta que, a juicio de la actora,

la autoridad judicial accionada incurrió en violación directa de la

Constitución.

En este punto se advierte que aun cuando la parte actora alega la

existencia de un defecto por violación directa de la Constitución,

la Sala observa que lo que verdaderamente quiere poner de

presente es un presunto defecto sustantivo por indebida aplicación

de los artículos 164 del CPACA y 11 de la Ley 678 de 2001, que

tratan respecto del término previsto para la presentación del

medio de control de repetición, por lo que tal inconformidad será

analizada bajo dicho precepto.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que

debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso

cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la

acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal

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derrotero, ii) establecer si la autoridad judicial accionada vulneró

los derechos fundamentales invocados dentro del medio de control

de repetición identificado con el número único de radicación 2021-

00139-01.

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional,

acogida por la Sala Plena de esta Corporación.

La Sala observa que en el caso concreto se cumple con el requisito

de la relevancia constitucional, por cuanto la parte actora plantea

con suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en

su criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto

sustantivo y vulneró sus derechos fundamentales invocados;

contra la decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se

estructuran las causales de los recursos extraordinarios de

revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de

jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se

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interpuso en un plazo razonable5 y, por último, la solicitud

identifica los hechos y derechos que se estiman lesionados.

Verificado lo anterior y superado el análisis de procedibilidad,

corresponde determinar si la autoridad judicial accionada incurrió

en el defecto sustantivo alegado al proferir la providencia de 11

de mayo de 2022 dentro del medio de control de repetición

identificado con el número único de radicación 2021-00139-01.

Del defecto sustantivo

La Corte Constitucional6 ha precisado que el defecto sustantivo se

presenta cuando “[…] la autoridad judicial aplica una norma

claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo

es, u opta por una interpretación que contraría los postulados mínimos

de la razonabilidad jurídica […]”.

En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a

conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten

vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en

5 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201,
Consejero ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
6 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.

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sentencia T-949 de 20097, la Corte Constitucional señaló los

siguientes:

“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento
una norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b)
ha perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es
inexistente d) ha sido declarada contraria a la Constitución,
e) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es
constitucional, “no se adecúa a la situación fáctica a la cual
se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le
reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por
el legislador”.

(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se
encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación
razonable o “la aplicación final de la regla es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación
contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes” o cuando en una decisión
judicial “se aplica una norma jurídica de manera
manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad
y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial
[…]”

De igual forma, la Corte Constitucional8 ha dicho que al examinar

estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa

ruptura con el ordenamiento constitucional o legal, pues su

decisión “[…] no puede constituirse en un escenario para la evaluación

acerca del grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos

elaborados por el Juez ordinario, sino que se restringe a identificar la

incompatibilidad entre estos y las normas jurídicas que regulan la

7 M.P Mauricio González Cuervo.
8 Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

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materia debatida en sede jurisdiccional […]”.

Caso en concreto

Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que el TRIBUNAL

mediante sentencia de 11 de mayo de 2022, para efectos de

determinar si había lugar a confirmar o revocar la decisión del a

quo, que rechazó la demanda por haber operado el fenómeno

jurídico de la caducidad, estableció lo siguiente:

“[…] Por su parte, el literal l) del numeral 2 del artículo 164
del C.P.A.C.A. prescribe:

“Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como
consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de
terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años,
contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a
más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la
administración para el pago de condenas de conformidad con
lo previsto en este Código”. (Subraya la Sala).

El artículo 11 de la Ley 678 de 2001 señaló que “La acción de
repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años
contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total
efectuado por la entidad pública.
Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad
comenzará a contarse desde la fecha del último pago,
incluyendo las costas y agencias en derecho si es que se
hubiere condenado a ellas”.

Como puede observarse, existe una aparente antinomia
normativa entre lo dispuesto en el artículo 164 del CPACA y
en la Ley 678 de 2001 en punto a la caducidad, por cuanto la
primera de las disposiciones establece dos referentes para

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contabilizar el término para el ejercicio del medio de control,
pero señalando que en todo caso se tomará el vencimiento
del plazo legal para pagar; en tanto que la segunda de las
disposiciones toma como referente la fecha del último pago.

El Consejo de Estado al advertir esa contradicción se
pronunció advirtiendo que son dos (2) supuestos que se
tienen en cuenta para empezar a contar el término prescrito
para presentar oportunamente la demanda, en ejercicio del
medio de control de repetición, así: i) a partir del día siguiente
a aquél en el cual se hubiere efectuado el pago efectivo de la
condena impuesta en una sentencia, y ii) desde el día
siguiente al vencimiento del plazo que tiene la administración
pública para dar cumplimiento a una sentencia judicial.

Tanto el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de
1984), como el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 del 2011),
establecen el mismo término de caducidad de dos (2) años
con esos dos referentes; sin embargo, frente al supuesto del
“día siguiente al vencimiento del plazo” hubo una
modificación, en tanto que en el C.C.A concedía dieciocho (18)
meses para que la administración efectuara el pago, y en el
C.P.A.C.A., cuenta con diez (10) meses.

Sobre el particular, consideró el órgano de cierre de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa:

“Para la Sala, la caducidad de la acción es un fenómeno
jurídico en virtud del cual el titular de una acción pierde la
facultad de acudir ante la jurisdicción por no haber ejercido
su derecho dentro del término que señala la ley para ese
efecto.

En materia de caducidad de la acción de repetición, resulta
aplicable el artículo 11 de la ley 678 de 2001 según el cual, la
acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos
(2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del
pago total efectuado por la entidad pública.

Por su parte, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad
condicionada de la anterior disposición, en el entendido de
que en el evento en el cual no se hubiere pagado la condena
respectiva, el término se debe contabilizar a partir del
vencimiento de los 18 meses de la ejecutoria de la sentencia
que impuso la condena.

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Tratándose del ejercicio oportuno de la acción de repetición,
cabe precisar que existen dos momentos a partir de los cuales
empieza a contarse el término de dos años para impetrar la
acción, a saber: a) a partir del día siguiente a aquél en el cual
se hubiere efectuado el pago efectivo de la condena impuesta
en una sentencia y, b) desde el día siguiente al vencimiento
del plazo de 18 meses consagrado en el artículo 177 inciso 4
del C. C. A., previsto para la que la entidad pública cumpla la
obligación indemnizatoria que le ha sido impuesta.

Dado lo anterior, se toma lo que ocurra primero en el tiempo,
esto es, el pago de la suma a que se condenó, o por la cual
se concilió, o cuyo reconocimiento se realizó, o el vencimiento
de los 18 meses a que se refiere el artículo 177 del C.C.A., sin
que se haya realizado el pago de tal suma como el momento
para que empiece a correr el término para ejercer la acción.

La posición de la Sección Tercera del Consejo de Estado en
innumerables providencias respecto de los requisitos para que
proceda la acción de repetición, indica entre otras, que la
entidad debe acreditar el pago efectivo que hubiere realizado
respecto de la suma dineraria que le hubiere sido impuesta
por una condena judicial. Por tal razón no le es dable a la
entidad el hecho de que quede a su discreción determinar el
término de caducidad de la acción, cuando aquella está
determinada en la ley”. (Se subraya y resalta).

Como puede apreciarse, en punto a la caducidad del medio de
control de repetición se le introdujo una enmienda importante
dado que el cómputo de la misma tendrá dos referentes: la
fecha de pago, “o a más tardar el vencimiento del plazo” que
tiene la administración para pagar.

Así entonces, para establecer si la demanda fue interpuesta
dentro del término de caducidad consagrado para el medio de
control de repetición, es necesario establecer cuál de los dos
supuestos ocurrió primero.

[…]” (Destacado fuera de texto).

Igualmente, con fundamento en la norma y en los

pronunciamientos emitidos por la Sección Tercera del Consejo de

Estado, el TRIBUNAL concluyó que el término de caducidad debía

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contabilizarse a partir del vencimiento del plazo de los 18 meses

para pagar la condena, ya que fue esto lo que ocurrió primero, no

así desde el pago efectivo de la sentencia, de la siguiente manera:

“[…] En el presente asunto la apoderada de la parte
demandante asegura que el término de caducidad debe
contarse a partir del momento en que se efectúo el pago de
la condena por parte de la entidad producto de la conciliación,
y por su parte, para el a quo el cómputo se cuenta una vez
fenecieron los 18 meses de que trata el artículo 177 del
Código Contencioso Administrativo, por tratarse de un
proceso en el que la sentencia condenatoria se dictó en
vigencia de esa normativa y porque fue lo que ocurrió
primero.

En un caso similar al que se debate, el Consejo de Estado en
jurisprudencia del 8 de marzo del 2017, dentro del radicado
15001-23-33-000-2016-00585-01, resolvió la apelación
contra providencia proferida por este Tribunal, M.P Dr. Oscar
Alfonso Granados, en la cual se rechazó la demanda, e indicó:

[…]

De la jurisprudencia trascrita, fuerza concluir, que el término
de los dos años se toma a partir del evento que ocurra
primero, es decir, que los 2 años se cuentan: i) a partir del
pago, cuando éste se hace dentro del plazo de 18 meses, o ii)
desde el vencimiento de este último plazo, si el mismo
transcurre sin que se haga el pago.

Debe decir esta Sala que en el presente caso debe tenerse en
cuenta para efectos de determinar el término que la entidad
tenía para cumplir la sentencia lo dispuesto en el artículo 177
del C.C.A., que si bien la providencia objeto de repetición fue
proferida en la fecha en que el CPACA estaba en vigencia, no
puede desconocerse que el trámite del proceso de reparación
directa se rigió por las reglas del C.C.A, y en ese orden, se
debe tener atender lo que establecía esa normativa; diferente
situación se presenta cuando el proceso inició bajo el trámite
del CPACA el cual establece que el cumplimiento de las
sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas
serán cumplidas dentro de los 10 meses siguientes a la fecha

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de ejecutoria de la sentencia.

Por otra parte, es del caso traer a colación la providencia
proferida por el Consejo de Estado al resolver el recurso de
apelación contra un auto de rechazo de demanda proferido
por esta corporación con ponencia del suscrito magistrado
sustanciador en un caso de similares contornos donde reitera
que el término a partir del cual se cuenta la caducidad es a
partir del vencimiento de los 18 meses, por ser el evento que
ocurre primero:

[…]

Así las cosas, es claro que el término de la caducidad en el
medio de control de repetición empieza a contabilizarse a
partir del pago, siempre y cuando este se haya efectuado
dentro del término que la entidad tiene para pagar, pues, por
el contrario, al transcurrir dicho plazo sin que se efectúe el
pago el plazo para presentar la demanda se cuenta a partir de
su vencimiento, por ser lo que ocurre primero.

De manera que le asiste razón al a quo al contabilizar el
término desde el vencimiento de los 18 meses ya que fue lo
que ocurrió primero, pues se observa que efectivamente la
sentencia objeto de condena fue proferida el 26 de marzo de
2015, cobró ejecutoria el 16 de abril de 2015 (anexo 01
fls.58), el termino de los 18 meses que tenía la entidad para
pagar vencían el 17 de octubre de 2016, y el pago se realizó
el 29 de junio de 2021, entonces, venció primero el plazo,
punto de partida a partir de la cual se deben contar los dos
años para presentar la demanda.

Entonces, se concluye que los términos corrieron entre el 17
de octubre de 2016 y el 17 de octubre de 2018, y la demanda
se presentó el 11 de octubre de 2021 (acta de reparto), es
decir fuera del término, en consecuencia, le asiste razón al a
quo al rechazar la demanda por caducidad, pues como la
demanda no se presentó en dicho lapso ineluctablemente
operó el fenómeno de la caducidad del medio de control.

[…]” Destacado fuera de texto.

De lo anterior, se extrae que la autoridad judicial accionada, al

conocer del medio de control de repetición, confirmó la decisión

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del a quo que declaró la caducidad de la acción, al estimar que el

término para el efecto debe contabilizarse a partir del pago,

siempre que este se haya efectuado dentro del término que tenía

la entidad para pagar, pues de lo contrario, de transcurrir dicho

plazo sin que se efectúe el pago, la caducidad debía contabilizarse

a partir de su vencimiento, al ser lo primero que ocurre.

Así las cosas, la autoridad judicial accionada al encontrar que la

sentencia objeto de condena fue proferida el 26 de marzo de 2015

y que esta cobró ejecutoria el 16 de abril de ese mismo año, el

término de los 18 meses que tenía la entidad para pagar vencía el

17 de octubre de 2016, mientras que el pago se realizó hasta el

29 de junio de 2021, esto es, venció primero el plazo, punto de

partida para contabilizar los dos años que tenía para presentar la

demanda.

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que los términos para

presentar la demanda sucedieron entre el 17 de octubre de 2016

y el 17 de octubre de 2018, al momento de presentar la demanda,

esto es, 11 de octubre de 2021, ya había operado el fenómeno

jurídico de la caducidad, por lo que el Tribunal accionado consideró

que le asistía razón al a quo al rechazar la demanda.

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Para arribar a lo anterior, el TRIBUNAL fundamentó su decisión

en los artículos 164 del CPACA, 11 de la Ley 678 de 2001 y en la

jurisprudencia del Consejo de Estado, para lo cual advirtió que

para establecer la caducidad, se debía tener en cuenta cual

supuesto ocurrió primero, esto es, si la fecha del pago de la

condena o el vencimiento del plazo de los 18 meses que tenía la

entidad para efectuar dicho pago, de tal forma que al encontrar

que la sentencia condenatoria fue proferida el 26 de marzo de

2015 y el plazo para el pago venció el 17 de octubre de 2016,

mientras que el pago se realizó hasta el 29 de junio de 2021, se

debía tener como punto de partida para contabilizar los términos

el vencimiento del plazo, pues este ocurrió primero.

Ahora, a fin de descartar los reparos expuestos por la parte actora,

es necesario traer a colación la normativa dispuesta en cuanto el

término de caducidad del medio de control de repetición.

El numeral 2, literal l) del artículo 164 del CPACA, vigente para el

momento que se presentó la demanda de repetición, prevé:

“[…] ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA
DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:

[…]

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2. En los siguientes términos, so pena de que opere la
caducidad:

[…]

l) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como
consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de
terminación de un conflicto, el término será de dos (2)
años, contados a partir del día siguiente de la fecha del
pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo
con que cuenta la administración para el pago de
condenas de conformidad con lo previsto en este Código […]”
(Destacado fuera de texto).

Por su parte, el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, dispone lo

siguiente:

“[…] La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo
de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la
fecha del pago total efectuado por la entidad pública […]”.

De las normas transcritas es dable inferir que el término de

caducidad del medio de control de repetición es de dos (2) años

contados a partir: i) del día siguiente de la fecha del pago de la

condena, si ello se efectuó dentro del plazo de los 10 o 18

meses, según corresponda o, ii) del vencimiento del plazo con

que cuenta la administración para realizar el pago de la condena.

De tal forma que para el cómputo de la caducidad se toma lo que

ocurra primero, esto es, el pago de la condena (artículo 11 de la

Ley 678) o el vencimiento del plazo de 18 meses con el que cuenta

la entidad para efectuar el pago.

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Sobre el particular, es del caso destacar que el artículo 164 del

CPACA dispone que el término será de dos años, contados a más

tardar desde el vencimiento del plazo con el que cuenta la

administración para efectuar el pago de la condena, tesis que ha

sido reiterada por esta Corporación en diferentes oportunidades.

En efecto, en sentencia de 1o. de diciembre de 20219, la Sección

Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, discurrió sobre el

particular así:

“[…] Como se ve, la regla para contabilizar la caducidad del
medio de control de repetición resulta ser clara, en tanto el
CPACA dispone expresamente que los dos (2) años para
ejercer la acción se contarán a partir del día siguiente a la
fecha del pago total que efectúe la entidad, del pago de la
última cuota o al vencimiento del plazo con el que cuenta la
Administración para el pago de condenas, lo que ocurra
primero. Cabe recordar que este plazo será de dieciocho (18)
meses si el proceso en el que se profirió la condena o se
aprobó la conciliación empezó en vigencia del CCA y de diez
(10) meses si lo fue en vigencia del CPACA […]”. (Destacado
fuera de texto).

En igual sentido, la Subsección “A” de la misma Sección Tercera

del Consejo de Estado10 señaló que:

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 1o. de diciembre de

2021, C.P. Nicolás Yepes Corrales, identificada con número único de radicación 8001-
23-33-000-2018-00123-01 (66530).
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 22 de noviembre

de 2021, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, identificada con número único de radicación
20001-23-33-000-2013-00063-01 (54263).

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“[…] Dado que el hecho que ocurrió primero en el
tiempo fue el vencimiento del plazo de los 18 meses
contemplados en el artículo 177 del C.C.A., será este hecho el
que determinará el momento a partir del cual se deben
contabilizar los dos años del término de caducidad. Así las
cosas, el plazo debe contarse desde el día siguiente al
vencimiento de los 18 meses ya referidos, es decir, a partir
del 22 de noviembre de 2010, de manera que, el mismo se
extendió hasta el 22 de noviembre de 2012 […]”. (Destacado
fuera de texto).

Posición que también ha sido reiterada por la Sección Tercera,

Subsección “C” de esta Corporación11, como se observa a

continuación:

“[…] De igual forma la jurisprudencia de esta Corporación ha
precisado que para efectos del cómputo del término de
caducidad contenido en el literal l) del numeral 2 del artículo
164 del CPACA debe tenerse en cuenta el supuesto
normativo que primero se configure, con atención de las
siguientes reglas:

1) Si el pago de la condena impuesta se realiza dentro
del término otorgado por la ley -ya sean 18 meses
tratándose del CCA o 10 meses en el caso del CPACA- el
término de caducidad se contará desde la fecha del
pago.

2) Cuando el término conferido por la ley para el pago
de la condena se venza sin que se hubiese realizado el
desembolso de esta el cómputo del término de
caducidad se hará desde el vencimiento de dicho
término.

[…]”. (Destacado fuera de texto).

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 18 de noviembre

de 2021, C.P. Fredy Ibarra Martínez, identificada con número único de radicación 73001-
23-33-000-2020-00336-01(67222).

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Así las cosas, la Sala encuentra que el cómputo de la caducidad

para el medio de control de repetición se empieza a contabilizar a

partir de la fecha en la que se realice el pago o, a más tardar,

dentro del plazo de 18 meses – si fue en vigencia del CCA-,

contados a partir de la ejecutoria de la providencia que imponga

la obligación, lo que ocurra primero en el tiempo, posición pacífica

en la jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado.

Por consiguiente, la Sala no comparte las inconformidades

expuestas por la parte actora, en la medida que la autoridad

judicial accionada no desconoció la normativa dispuesta para el

asunto, pues fue precisamente en los artículos 164 del CPACA y

11 de la Ley 678 de 2001 que se fundamentó para emitir su

decisión, la cual, por demás, se acompasa con la interpretación

dada a tales normas por esta Corporación, lo que descarta la

configuración del defecto sustantivo endilgado.

En ese orden de ideas, el análisis ni la decisión contenida en la

providencia controvertida, resultan caprichosos o excedidos, sino

que fueron adoptados a partir del alcance dado a la situación

fáctica de la demanda respectiva, a las pruebas aportadas al

proceso y a la normativa aplicable al asunto, por lo que de

conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

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conocimiento, confirmó la decisión del a quo que declaró el

fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de

repetición.

De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad de la

parte actora con las razones de la providencia judicial acusada,

no así la vulneración de los derechos fundamentales invocados,

motivo por el cual al no haberse acreditado los yerros endilgados,

la Sala denegará el amparo deprecado, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera,

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado, de conformidad con

lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito

y eficaz.

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POLICÍA NACIONAL.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de enero

de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Salva voto

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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