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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05840-00

Fecha
2 de marzo de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05840-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por el departamento del Putumayo, que actúa por conducto de apoderada, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma SAMAI. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-05840-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

2 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. dos (02) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05840-00
Accionante: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Tema: Tutela contra providencia judicial / derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad / medio de
control de reparación directa / defecto fáctico /
decisión sin motivación / desconocimiento del
precedente / violación directa de la Constitución /
responsabilidad del Estado por desastres naturales

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el
departamento del Putumayo, que actúa por conducto de apoderada1,
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección B, por la presunta vulneración de derechos fundamentales
ocurrida con ocasión de la expedición de la providencia de 6 de mayo

1 La abogada Ely Milena Galeano Doria.

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ACCIÓN DE TUTELA
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de 2022, proferida dentro del medio de control radicado núm. 11001-
33-43-063-2019-00157-01.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad se
fundamenta en los siguientes:

1. HECHOS

El señor Evelio Trilleras Vaquiro y las señoras María Luz del Socorro
Toro de Álvarez y Esneda Gladys Loaiza Toro, a nombre propio y en
representación de sus hijos menores Darling Samuel Palacios Loaiza y
Jireth Isabel Mia Trilleras Loaiza, presentaron medio de control de
reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres (en adelante UNGRD), de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (en adelante
Corpoamazonía), del departamento del Putumayo y del municipio de
Mocoa, con el fin de que se les declarara patrimonial y
administrativamente responsables por los daños sufridos con ocasión
de la avalancha acaecida el 1.° de abril de 2017 en el municipio de
Mocoa.

El proceso correspondió al Juzgado Sesenta y Tres Administrativo de
Bogotá que, a través de sentencia de 30 de marzo de 2020, negó las
súplicas de la demanda. Contra dicha decisión se interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B que, mediante

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providencia de 6 de mayo de 2022, revocó lo fallado en primera
instancia y, en su lugar, accedió a las pretensiones.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante sostiene que con la decisión proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección B se incurrió en un defecto fáctico por cuanto no se
valoraron las pruebas emitidas por el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM y los demás informes
aportados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres y el Servicio Geológico Colombiano – SGC, entidades que
desde su designación legal, objeto y funciones institucionales dieron
cuenta de la existencia de una «avenida torrencial» que destruyó gran
parte del municipio de Mocoa, afectando a sus habitantes y a sus
bienes, con motivo de «un hecho de la naturaleza, originado en
circunstancias ambientales imprevistas y de una magnitud inusitada,
como fue una cantidad de lluvia extraordinaria con relación a la serie
histórica».

Asimismo, indicó que de conformidad con el informe técnico del evento
avenida torrencial elaborado por Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres, se determinó: que tuvo características de
imprevisible e irresistible dado que «el desastre si era previsible pero
tenía características de imprevisible e irresistible ya que la amenaza,
es decir, el fenómeno de la avenida torrencial no se puede evitar, éste
sucede cada cierto tiempo por las características fisiográficas de la zona
e imprevisible dado que si bien es cierto, que las alertas de escala
nacional ayudan a orientar en qué áreas habrá precipitaciones, es muy
difícil determinar cuánto y cuándo una nube se estacionará en una
montaña específica para detonar el evento».

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Por otro lado, manifestó que se configura una decisión sin
motivación porque la sentencia acusada omitió realizar el análisis de
carácter lógico crítico para acreditar el daño, en su calidad de material
y moral; no estudió de forma rigurosa cada uno de los hechos que se
comprobaron en el proceso, ni enunció, ni mucho menos explicó, el
razonamiento o la metodología que utilizó para concluir que dichos
hechos acreditaban el daño moral supuestamente sufrido.

En ese sentido, también señaló que se incurrió en un
desconocimiento del precedente teniendo en cuenta que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca desatendió las reglas que fijó su
superior funcional, el Consejo de Estado, en relación a que (i) los daños
materiales deben resultar probados de manera cierta y real, sin lugar
a ambigüedades y la carga probatoria de ese primer elemento
legalmente le fue atribuido al demandante y (ii) los daños morales
derivados de la pérdida total o parcial de bienes no deben ser
presumidos, sino probados.

Finalmente expuso que existe una violación directa de la
Constitución al atacar el núcleo esencial de la cláusula general de
responsabilidad consagrada en el artículo 90 de la carta política, por
cuanto se condenó al Estado sin que se hubieran probado en el proceso
los elementos estructurales de la responsabilidad en los términos
establecidos en la disposición y desarrollados por la jurisprudencia
tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, con
relación al daño moral y su perjuicio.

3. PRETENSIONES

La parte accionante solicita lo siguiente:

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«PRIMERO. TUTELAR, los derechos fundamentales del Departamento del
Putumayo, al debido proceso, al derecho a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia establecidos en los artículos 29, 13 y 229 de la
Constitución Política de Colombia y demás que se encuentren vulnerados,
garantizándole el derecho de beneficiarse de una administración de justicia sujeta
estrictamente al imperio de la ley y a la prevalencia del derecho sustancial.

SEGUNDO. DECLARAR, que la sentencia del 06 de mayo de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección B,
desconoció los artículos 29, 13 y 229 de la Constitución Política de Colombia.

TERCERO. DEJAR SIN EFECTOS, la Sentencia proferida por el HONORABLE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA de fecha 06 de mayo
de 2022 dentro del proceso número 11001-33-43-063-2019-00157-01 y en su lugar
ordenar proferir una nueva sentencia a fin de que se garantice el debido proceso,
igualdad y al acceso a la administración de justicia vulnerados al Departamento del
Putumayo y las otras, conforme los lineamientos legales y jurisprudenciales
señalados en la presente acción.

CUARTO. Ordénese al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceda a dictar
sentencia de reemplazo en la que, con base en las pruebas allegadas al expediente,
se tengan en cuenta los lineamientos establecidos en la sentencia del 1° de octubre
de 2019 proferida por la Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado
dentro del radicado 05001-23-31-000-2003-03502-02, en lo referido a la forma de
acreditar los perjuicios morales en eventos de pérdida o deterioro total o parcial de
bienes materiales.

QUINTO. Ordénese al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceda a dictar
sentencia de reemplazo en la que, con base en las pruebas allegadas al expediente,
se tengan en cuenta los lineamientos establecidos en la Constitución Política de 1991
(artículo 90), así, en cuanto la afirmación que el Consejo de Estado1 con sustento
en esta consagración constitucional, establece respecto lo indispensables que resulta
la acreditación del daño real y cierto. (i) La demostración de una ausencia, retardo,
irregularidad, ineficacia u omisión en la prestación del servicio. (ii) La existencia de
un daño o perjuicio que configure lesión o perturbación de un bien jurídico. (iii)Un
nexo causal entre la falla del servicio o falta en la prestación del servicio a que la
administración está obligada. Correlacionado con los anteriores los preceptos del
art. 167 de C.G.P, en lo que respecta al demandante la carga de la prueba de la falla
del servicio, el daño y el nexo causal existente entre el daño y la mencionada falla.

SEXTA. Ordénense la suspensión de la ejecución del fallo mientras se resuelve la
presente acción constitucional». (sic en toda la cita).

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4. TRÁMITE PROCESAL

4.1. Mediante auto de 5 de diciembre de 2022, esta Sala de Subsección
declaró fundado el impedimento manifestado por el consejero Rafael
Francisco Suárez Vargas para conocer y decidir la tutela de la
referencia, por encontrarse incurso en la causal prevista en el numeral
6° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

4.2. Con ocasión de lo anterior, el conocimiento del proceso
correspondió a este despacho que, a través de auto de 11 de enero de
2023, admitió la presente acción y ordenó notificar al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B
como accionado y a la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, a la UNGRD, a Corpoamazonía, al municipio de Mocoa, a las
señoras María Luz del Socorro Toro de Álvarez y Esneda Gladys Loaiza
Toro, quien actuó en nombre propio y en representación de sus hijos
menores; al señor Evelio Trilleras Vaquiro y a los demás intervinientes
en el medio de control de reparación directa acusado como terceros
interesados en las resultas del proceso.

4.3. Posteriormente, encontrándose el proceso al despacho para
decidir, el 10 de febrero de 2022 el magistrado William Hernández
Gómez terminó su período constitucional como consejero de estado,
razón por la cual, a través de proveído del 13 de febrero de 2023, el
magistrado sustanciador del proceso ordenó realizar el sorteo de
conjueces a fin de conformar el cuórum para resolver la tutela de la
referencia.

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4.5. Finalmente, el 21 de febrero de 2023, la Secretaría General de la
corporación procedió al sorteo de los conjueces a quienes se les
comunicó tal designación.

5. INFORMES

5.1. Corpoamazonía manifestó que no se opone a las pretensiones de
la entidad accionante y solicitó que se conceda la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración
de justicia, toda vez que la avenida torrencial ocurrida en el municipio
de Mocoa obedeció a circunstancias ambientales imprevistas de
magnitud inusitada.

Sostuvo que la gran cantidad de heridos y damnificados constituye un
reto de dimensiones inusuales para el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres, que no sólo deben atender las necesidades de los
directamente afectados, muchos de los cuales pertenecen a la
población más vulnerable del municipio, dentro de la que se cuenta un
número considerable de niños, sino que tienen la responsabilidad de
impedir la extensión de los efectos para todos los habitantes del
municipio, incluidos los del área rural, lo cual exige la disposición de
ingentes recursos económicos.

De igual modo, respaldó los argumentos esgrimidos por la parte
accionante relacionados con la configuración de un desconocimiento del
precedente y una decisión sin motivación en la sentencia dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Asimismo, alegó que existe
un desequilibrio económico porque las entidades están obligadas a
solicitar los recursos a la Nación para el pago de las indemnizaciones,
lo cual causaría un daño fiscal al presupuesto nacional.

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5.2. La Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
por conducto de la jefa de la Oficina Asesora Jurídica, solicitó que se
tutelen los derechos fundamentales alegados por la parte accionante,
porque considera que la providencia judicial demandada desconoció
que, dada la naturaleza de los hechos relacionados en la reparación
directa, se ostenta claramente que se trata de un hecho natural
imprevisible.

Manifestó que lo ocurrido es un asunto de fuerza mayor dado que se
trata de un imprevisto que no es posible resistir y en este caso es de
hecho un fenómeno natural difícilmente previsible para proceder a
retenerlo. Esto es, de una parte la falta de recursos para atender
exclusivamente la erosión y de otra el manejo incontrolable las riberas
de los ríos, lo que es imposible de prevenir ya que se trata de un
fenómeno natural de imposibilidad absoluta e irresistibilidad del hecho.

5.3. El municipio de San Miguel de Agreda, por medio de su alcalde,
coadyuvó las pretensiones del departamento del Putumayo por
considerar que la avenida torrencial ocurrida el 31 de marzo y 1.° de
abril de 2017 encajan dentro de una fuerza mayor porque se trató de
un hecho: (i) exterior, «destructora, devastadora, incontrolable y cuya
realización no es determinada, ni aun indirectamente por la actividad
del ofensor» e (ii) irresistible, es decir, que no se pudo actuar sino del
modo que se hizo.

5.4. Las señoras María Luz del Socorro Toro de Álvarez y Esneda
Gladyz Loaiza Toro y el señor Evelio Trilleras Vaquito, a través de
apoderado, se opusieron a la prosperidad de las pretensiones de la
acción.

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Solicitaron que se rechace por improcedente la tutela dado que, de la
revisión del escrito, se evidencia que no se argumenta nada que no se
haya debatido en el proceso ordinario, pues se esbozan argumentos
que ya fueron resueltos por el Juez de la causa, pretendiendo la parte
accionante reabrir un debate sobre lo decidido.

5.5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección B, por medio de la magistrada Clara Inés
Suárez Vargas, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda
por no existir vulneración alguna de derechos fundamentales.

Señaló que la sentencia cuestionada no adolece de un defecto fáctico
por indebida valoración de los elementos probatorios aportados, pues
la decisión fue producto del análisis juicioso de los hechos, las
pretensiones, los argumentos de defensa y sobre todo las pruebas
presentes en el expediente, las cuales permitieron a la Sala advertir
que no se configuraba un eximente de responsabilidad pues se constató
que el evento ocurrido se materializó en zonas que estaban
previamente identificadas como zonas de amenaza y riesgo en el Plan
Básico de Ordenamiento Territorial de Mocoa, el cual determinaba en
los documentos, medidas de reducción del riesgo tales como
reubicación de viviendas, procesos de reforestación, y adecuación
hidráulica de ríos y quebradas.

Asimismo, precisó que la parte accionante ya había presentado una
acción de tutela similar por la presunta vulneración de los derechos aquí
invocados y con fundamento en las mismas causales en contra de la
sentencia del 17 de junio de 2022 dentro de un proceso de reparación
directa en la que se les declaró administrativamente responsables por
los daños ocasionados luego de la avalancha ocurrida en el municipio

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de Mocoa. Proceso que fue decidido por el consejero Hernando Sánchez
Sánchez, que rechazó por improcedente por falta de cumplimiento de
los requisitos generales de relevancia constitucionalidad y
subsidiariedad, además de negarse las demás pretensiones de amparo
en relación con el defecto fáctico.

5.6. La UNGRD, mediante apoderado, solicitó que se accedan a las
pretensiones de la demanda porque en la sentencia bajo estudio no se
valoraron en conjunto las pruebas allegadas al proceso de reparación
directa, las cuales indicaban que la avenida torrencial fue un hecho
imprevisible por dos razones: las lluvias se presentaron fueron
inusuales y repentinas y se trató de un fenómeno natural que no se
puede determinar la fecha concreta en la que ocurrirá.

5.7. Las demás partes guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política:

«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma
o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».

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Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de
las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.

2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder si:

 ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad contra providencias judiciales?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:

 ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
– Subsección A, con la expedición de la sentencia de 6 de mayo
de 2022 que resolvió el medio control de reparación directa
radicado número 11001-33-43-063-2019-00157-01, incurrió en
un defecto fáctico, desconocimiento del precedente, decisión sin
motivación y violación directa de la Constitución y, por
consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad
de la parte accionante?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) los
requisitos de procedibilidad, iii) el defecto fáctico, iv) la decisión sin

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motivación, v) el desconocimiento del precedente, vi) la violación
directa de la Constitución y vii) el caso concreto.

3. PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano

2 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
3 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-

01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que
no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en
aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos
fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes
eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto
fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación
directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

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3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple
con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que
habilitan su interposición.

3.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados se
encuentran plenamente individualizados.

3.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece
de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional; se observa igualmente que la interposición se dio en un
lapso «razonable y proporcionado», por cuanto la providencia
cuestionada se dictó el 6 de mayo de 2022 y la acción de tutela se
presentó el 3 de noviembre de 2022.

3.1.3. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en
la medida que se centra en establecer una posible vulneración
iusfundamental como consecuencia de un defecto sustantivo y un
defecto fáctico en que presuntamente incurrió la autoridad judicial
demandada.

3.2. DEL DEFECTO FÁCTICO

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre
el particular la Corte Constitucional4 ha identificado dos dimensiones en
las que puede presentarse:

4 Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010,

T-311 de 2009, entre otras.

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a. Una dimensión negativa5, que ocurre cuando el juez niega o valora
la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva6, que se presenta generalmente cuando
el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni
valorar.

3.3. DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN

La jurisprudencia constitucional7 ha señalado que la falta de motivación
de una providencia como causal de procedencia de una tutela contra
providencia judicial, surge cuando la sentencia o auto atacado carece
de legitimación, debido a que el funcionario judicial encargado de
adoptar determinada decisión, incumplió su obligación de dar cuenta
de los fundamentos fácticos y jurídicos que la soportan, lo cual deriva
en una decisión arbitraria que desconoce derechos fundamentales.

En desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional 8 ha establecido los
criterios que se deben tener en cuenta para establecer si existió un
defecto por falta de motivación, ya que dicha ausencia no puede
estructurarse en cualquier descuerdo que exista con la justificación de
la providencia atacada. Para ello y con el fin de respetar el principio de

5 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
6 Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
7 Sentencia C-590 de 2005
8 Sentencia T-233 de 2007

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autonomía y razonamiento del juez, su configuración procederá cuando
la argumentación sea defectuosa, insuficiente o inexistente y «se activa
únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación
decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez,
es decir en una arbitrariedad9».

Finalmente, ha insistido la Corte Constitucional10 que cuando se estipule
que una providencia judicial incurrió en falta de motivación debido a la
ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido el juez
constitucional debe salvaguardar el derecho de los accionantes a
obtener respuestas razonadas que además le permitan ejercer su
derecho de contradicción, ya que aceptar una decisión que no sustente
las razones fácticas y jurídicas iría en contravía de la función judicial
que ostentan los administradores de justicia.

3.4. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente el trato ante la ley sino también de protección por parte de
las autoridades y específicamente en la interpretación y aplicación de
la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta
manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en los jueces van a
decidir los casos iguales de la misma forma11. En ese sentido, el
precedente judicial12 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de

9 Sentencia T-709 de 2010
10 Sentencia T-041 de 2018
11 Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de 2007, T-808

de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
12 En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que precedente

judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia
y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al
momento de emitir un fallo”.

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preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, pues
no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos sino
también materializa la igualdad en la aplicación del derecho13.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto
sentido14. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión
de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no
algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de
argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad”15.

No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales16, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone
el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y
proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se

13 MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012, vol. 18, no

1, p. 249-266.
14 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
15 Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16 Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico y que resultan

pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas por una autoridad judicial de
la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de
2007.

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apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras
de la misma Corte, se protege el carácter dinámico del derecho y los
principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor
judicial17.

3.5. VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN

Frente a este defecto, la Corte Constitucional en repetidas ocasiones ha
referido que se origina en la obligación que les asiste a todas las
autoridades de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en
el artículo 4° de la carta política, según el cual «la Constitución es
norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales»18.

La jurisprudencia constitucional también ha sostenido que procede la
tutela contra providencias judiciales por violación directa de la
Constitución en dos casos: (i) cuando se deja de aplicar una disposición
ius fundamental a un caso concreto; o (ii) aplica la ley al margen de los
dictados de la carta:

«En el primer evento (inaplicación ius fundamental), la Corte ha dispuesto que
procede la tutela: (i) cuando en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar
una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; (ii) cuando
se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y (iii) cuando el juez
en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme con la Constitución. En el segundo, la
jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en cuenta en sus fallos que la
Constitución es norma de normas y, por lo tanto, debe aplicar las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción
de inconstitucionalidad»19.

17 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
18 Sentencia SU-336 de 2017, Corte Constitucional.
19 Sentencias T-094 de 2013, T-209 de 2015 y SU-542 de 2016, Corte Constitucional.

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Aunque, en principio, la violación directa de la Constitución puede tener
una relación directa con otras causales especiales de procedencia, como
los defectos sustantivos o el desconocimiento del precedente, la fuerza
normativa de la constitución (art. 4°) implica que esta sea reconocida
como una causal independiente.

4. CASO CONCRETO

En el presente asunto se decide la acción de tutela instaurada por el
departamento del Putumayo, que actúa por conducto de apoderada,
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección B, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia
e igualdad ocurrida con ocasión de la expedición de la providencia del
6 de mayo de 2022, proferida dentro del medio de control de reparación
directa radicado número 11001-33-43-063-2019-00157-01.

Para resolver, esta Sala de Subsección considera:

4.1. La parte accionante sostiene que la sentencia acusada incurrió en
un defecto fáctico, un desconocimiento del precedente, una decisión sin
motivación y una violación directa de la Constitución al momento de
declarar la responsabilidad patrimonial de las entidades demandadas
dentro del proceso de reparación directa, por los daños sufridos con
ocasión de la avalancha acaecida el 1.° de abril de 2017 en el municipio
de Mocoa.

Al respecto, el Tribunal consideró que las accionadas en el proceso
ordinario no implementaron mecanismos estructurales y no
estructurales de mitigación del riesgo, a pesar de que múltiples

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documentos los recomendaron. Sostuvo que la mayor parte de la
actividad fue desplegada por el municipio de Mocoa que concentró sus
esfuerzos en contar con un sistema de alerta temprana y para ello
solicitó el apoyo de las instancias superiores en el Sistema Nacional.
Sin embargo, omitió atender otra de las circunstancias que condujeron
al desastre y fue la reubicación de las comunidades que se encontraban
asentadas en la zona de alto riesgo.

Sobre este punto, citó varias recomendaciones dadas al departamento
del Putumayo que daban cuenta de los riesgos relacionados con el plan
de ordenamiento territorial del municipio de Mocoa, entre las cuales
valoró:

«Según el Documento de Seguimiento y Evaluación del Plan Básico de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Mocoa Departamento del Putumayo,
elaborado por Corpoamazonía en diciembre de 2009, se formularon las siguientes
recomendaciones:

6.5 Componente de Riesgos

RECOMENDACIONES

Realizar la actualización de las áreas de amenaza por inundación con la
confrontación de la situación actual en los siguientes sectores: Barrio San Miguel
: Se requiere tener en cuenta el ANÁLISIS DE AMENAZAS Y
VULNERABILIDAD GEOLÓGICA EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA
TARUCA Y SANGOYACO PARA EL ÁREA RURAL, SUB-URBANA Y
URBANA DE LA POBLACIÓN DE MOCOA, realizado por Corpoamazonia,
enel cual se define que el sector comprendido por el barrio San Miguel y los
circundantes se encuentran en zona de Vulnerabilidad alta y Media ante la amenaza
por inundación.

• La Libertad y San Agustín: Se recomienda realizar la actualización de la
información que permita definir el grado de vulnerabilidad de los barrios ubicados
en la zona baja del área urbana, que no solo se ven afectadas por el Río Mocoa,
sino por la confluencia de las corrientes menores que atraviesan la ciudad (q.

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Taruca, Río Mulato, Sangoyaco, principalmente), pues en las partes altas de estas
fuentes se presenta el mayor riesgo de avalanchas e inundaciones.

ó el documento «PLAN DE
CONTINGENCIA POR INUNDACIONES, AVALANCHAS Y DESLIZAMIENTOS
DE TIERRA QUEBRADA LA TARUCA Y EL CONEJO MUNICIPIO DE MOCOA
PUTUMAYO», con el propósito de «Obtener una guía de procedimiento para
atender una emergencia por AVALANCHA, INUNDACION provocadas por las
quebradas LA TARUCA EL CONEJO y sus afluentes y/o DESLIZAMIENTOS por
remoción en masa de tierra. Determinando sobre esta área varios asentamientos
humanos. Obligados también debemos incluir por efectos de las mismas
emergencias que produzca sobre los barrios su área de influencia en la ciudad de
Mocoa»20.

En dicho documento se lee:

El Municipio de Mocoa Putumayo se encuentra ubicado en una franja de amenazas
industriales, naturales, antrópicas, socio naturales que pueden generar tragedias,
causando traumatismo tanto en la población adulta e infantil, por exagerado
manejo e inadecuado también de los recursos naturales; las características
geográficas y topográficas del municipio; las fallas geológicas, la ubicación de
asentamientos subnormales en el cauce de quebradas y ríos, sumado a las
pendientes erosionables e inestables de las mismas; la contaminación por ruido,
aire, agua y químicos entre otros, son los factores que han registrado hechos
históricos e inolvidables en la memoria de la comunidad del Putumayo. Podemos
mencionar dentro de los agentes que ofrecen amenaza al Municipio a la quebrada
la taruca que de acuerdo a la historia contada por habitantes de Mocoa, ha
presentado algunos episodios de desbordamiento y avalanchas que han
llegado a afectar algunos sectores del casco urbano de Mocoa, sin que haya
registro de víctimas. La micro cuenca de las Quebradas Taruca-Conejo está
localizada hacia el Centro del municipio de Mocoa, y al Occidente del sector
urbano de Mocoa, en el departamento del Putumayo. Esta micro cuenca
desemboca sobre el rio Mocoa, en el pie de monte amazónico, sobre el borde
oriental de la Codillera Oriental, haciendo parte de la cuenca del rio Caquetá y a
nivel internacional de la gran cuenca del rio Amazonas. En la siguiente figura se
muestra la localización dela micro cuenca en el contexto nacional, departamental
y regional.

[…]»

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Asimismo, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente,
se advierte que el Tribunal tuvo en cuenta los análisis de vulnerabilidad
del territorio, así:

«5. ANALISIS DE VULNERABILIDAD

De acuerdo a los registros encontrados, la amenaza HIDRICA en el Municipio
de Mocoa, presenta una ocurrencia anual, de tipo severa, constituyéndose una
amenaza de corta ocurrencia, que siempre genera grandes daños.

En el estudio realizado encontramos que el municipio de Mocoa presenta las
siguientes Vulnerabilidades:

5.1 Vulnerabilidad Cultural: Se realizó una encuesta a 100 pobladores de diferentes
estratos la cual arrojó que el 70% de los encuestados desconocen que es la Gestión
del riesgo y las amenazas a que están expuestos, así mismo no saben que es el
Comité de Emergencias.

5.2 Vulnerabilidad en Servicios Públicos: El acueducto de los barrios del Sur se
surte de las aguas de la quebrada la taruquita y el conejo, lo que hace que en una
avalancha de estas quebradas, este acueducto se afectará dejando sin suministro de
agua a los barrios que se surten de éste siendo algunos como: OBRERO-
GUASIPANGA-PROGRESO-LA ESMERALDA-SAN MIGUEL –SAN
FERNANDO-GUADUALES-entre otros, así mismo la planta puede verse
afectada por una avalancha de la quebrada la Taruca ya que ésta pasa muy cerca a
la planta.

5.3 Vulnerabilidad en Infraestructura: En la zona de influencia de las quebradas la
TARUCA y el CONEJO se encuentran: La Subestación de la electrificadora del
Putumayo, La cárcel, el colegio Ciudad Mocoa, la sede de CORPOAMAZONIA.
Así mismo por desembocar la quebrada la taruca en el río Sangoyaco, pueden
verse afectados 4 puentes(av. Col-plaza-colgante-san agustin) , la plaza de
Mercado, el terminal de transportes, parte del barrio el progreso y un sector del
Barrio San Agustín.El Hospital local no tiene capacidad de respuesta para atender
lesionados en masa, ya que con solo 5 Politraumatatizados puede colapsar. No
tienen identificados sus Áreas de expansión, cuentan con 3 ambulancias de las
cuales solo una presta el servicio local.

5.4 Vulnerabilidad Política: No se aplica el POT ya que se permite
asentamientos en zonas de riesgo. Se debe buscar además, la incorporación del

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tema de prevención y atención de desastres en el plan de ordenamiento territorial,
así se crean los mecanismos de control de las zonas de alto riesgo, que sumado a
que debemos tener conocimiento de las normas del tema por los funcionarios de
las administraciones municipales.

5.5 Vulnerabilidad Organizacional: Los Organismos de socorro no cuentan con
ningún apoyo por parte de la ALCALDÍA municipal de Mocoa ni de la
Gobernación del Putumayo para poder funcionar y brindar un servicio adecuado a
la población. Los vehículos que se tienen ya han prestado su vida útil. No se cuenta
con suficiente equipo para rescate como cuerdas, arneses, mosquetones, ochos, etc.
El centro de reserva del Comité Regional solo tiene equipos Obsoletos y que ya
han cumplido su vida útil.

No se cuenta con una red de alerta temprana para dar aviso a tiempo a los
habitantes rivereños para contrarrestar los daños que pueda ocasionar una
creciente súbita o avalanchas en las quebradas y ríos que bañan la región. No
existe una red de radio que enlace las autoridades y organismos de socorro que
permita coordinar efectivamente la atención de una contingencia.

5.6 Vulnerabilidad Económica: No se cuenta con recursos para adquirir
combustible, y otras necesidades. En el caso de la Defensa Civil solo obtiene
ingresos mensuales girados por la Dirección General de la Defensa Civil los que
son un rubro muy reducido de $884.000 de Fondo de Emergencias para cubrir todo
el departamento.
Teniendo en cuenta los anteriores conceptos se puede decir que el Municipio
de Mocoa tiene una Vulnerabilidad ALTA lo que hace que el Riesgo en caso
de una Avalancha producida por la quebrada la Taruca sea ALTO. Con lo
anterior debemos tener los protocolos y procedimientos para el
funcionamiento adecuado de los COMITÉS DE PREVENCION Y
ATENCION DE DESASTRES. Y así poder imponer interés en el tema por
parte de los niveles políticos y administrativos».

Con base en lo citado, en la sentencia de 6 de mayo de 2022 se indicó
que la UNGRD, Corpoamazonía y el departamento del Putumayo
atendieron con ineficiencia las peticiones del municipio afectado, a
pesar de que les correspondía apoyarlo en virtud del principio de
subsidiariedad positiva. Así, encontró que las respuestas fueron tardías,
elusivas y en gran medida abstencionistas en cuanto a brindar un apoyo
real a la entidad municipal.

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Sobre ello, expuso el Tribunal:

«Aun cuando Corpoamazonía y el departamento del Putumayo suscribieron el
convenio 569 de 2015 para apoyar en la mitigación del riesgo y, derivado de este,
la gobernación departamental suscribió un contrato de consultoría 1110 del mismo
año, lo cierto es que estos negocios jurídicos en nada contribuyeron a la prevención
de la avenida torrencial, por la sencilla razón de que esta acaeció; pero también
porque hubo una demora injustificada por parte del ente departamental para
suministrar de manera íntegra el producto de la consultoría al municipio de Mocoa,
pues, a pesar de que recibió el informe final del consultor en agosto de 2016,
solamente hasta marzo de 2017, es decir el mismo mes del desastre, lo entregó a
la administración municipal completo con sus respectivos anexos. Además, hubo
una serie de deficiencias en el concepto del consultor, que se hicieron evidentes
después del fenómeno natural, hasta el punto en que se suscitó un hallazgo fiscal
por parte de la Contraloría General de la República.

[…]».

Por otro lado, en cuanto a los registros de eventos de tipo inundación,
desplazamiento y avenida torrencial, las pruebas aportadas
evidenciaron que estos ocurren desde el año 1974 en Mocoa, al punto
que el respectivo plan de ordenamiento territorial previó como riegos
comunes las amenazas de deslizamientos, inundaciones y avenidas
torrenciales desde el año 2000.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca encontró que en marzo de
2014, Corpoamazonía elaboró un plan de acción para la «identificación
y caracterización de sitios críticos de amenaza Municipio de Mocoa -
Departamento de Putumayo», en el cual se refirieron los siguientes
antecedentes:

«6.2.1 Registros históricos de eventos o desastres: El municipio de Mocoa desde
el año 1947, existen registrados eventos naturales y antrópicos que se han
desarrollado y ocasionado daños socioeconómico y ambiental sentidos con mayor
impacto los que se presentan sobre las cabecera municipal y en especial en la zona

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urbana y en especial los barrios asentados sobre las márgenes de los cuerpos de
agua presentes en el municipio de Mocoa.

A continuación se da a conocer la relación de eventos naturales que han sucedido
en el municipio de Mocoa, que corresponden desde el año 1947 hasta 2014.

Cuadro 8: Relación de Eventos cantidad Descripción
Naturales Municipio de Mocoa
Nombre del evento
Eventos asociados a 50 Provocada por los ríos
inundaciones Mocoa, Mulato, Sangoyaco,
Pepino, Rumiyaco,
Quebradas Taruquita,
Tilinguara, Taruca,
Taruquita, Tinguiyaco,
Canoyaco,
Deslizamientos 99 Murallas, Parte alta del río
Mulato, Vía Mocoa- Pitalito,
Quebrada Almorzadero,
Quebrada San Joaquín; Río
Pepinito, Vereda San Martín,
quebrada Chapulina.
Avenida Torrencial 46 Provocada por los ríos
Mocoa, Mulato, Sangoyaco,
Pepino, Rumiyaco,
Quebradas Taruquita,
Tilinguara, Taruca,
Taruquita, Tinguiyaco,
Canoyaco,
Lluvia Torrencial 10 Desviación río Mulato
quebrada Tarucayaco, San
Antonio.
Represamiento 2 Barrio Miraflores
taponamiento Alcantarillado
Vendavales 14 Vereda La Eme, Villanueva,
área urbana, barrio el Peñón
Sismo 8 Se sitio en todo el municipio y
en especial la zona urbana
Epidemia 0
Volcánica 0
Sequía 0
Abejas Africanizadas 13 Existe atención por parte de
Bomberos en la zona urbana
Total 242

[…]».

Con base en lo anterior, en la decisión bajo estudio se concluyó que
había una noción histórica de eventos asociados a fenómenos
hidrológicos en quebradas como la Taruca y la Taruquita, así como en

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los ríos Sangayoco y Mocoa, que desde el 2011, por lo menos, suscitó
una creciente preocupación por el riesgo de avalanchas y avenidas
torrenciales sobre Mocoa, especialmente problemático por la
incertidumbre sobre el grado de vulnerabilidad, la falta de capacidad de
respuesta y la ausencia de un sistema de alerta temprana que
permitiera enfrentar esas contingencias mediante la evacuación de
habitantes.

En ese mismo sentido, expuso que frente a los hechos ocurridos el 31
de marzo y 1.° de abril de 2017, existen pruebas que dan cuenta de
que ya en 2002 se había modificado el POT del municipio porque era
necesario, entre otras medidas, mitigar el riesgo por avalanchas y
adoptar un «análisis profundo que determine las viviendas que se
deben trasladar» en las zonas vulnerables como los «barrios bajos de
Mocoa».

Por otro lado, se valoró por la autoridad accionada que el informe de la
UNGRD ofrecía una explicación contradictoria en torno a si esa avenida
torrencial era previsible o no. Teniendo en cuenta que dice que:

«[E]l desastre si era previsible pero tenía características de imprevisible e
irresistible ya que la amenaza, es decir, el fenómeno de avenida torrencial no se
puede evitar, éste sucede cada cierto tiempo por las características fisiográficas de
la zona e imprevisible dado que si bien es cierto, que las alertas de escala nacional
ayudan a orientar en qué áreas habrá precipitaciones, es muy difícil determinar
cuánto y cuándo una nube se estacionará en una montaña específica para detonar
el evento, por ello la dinámica de ocupación del territorio es clave en la GRD.

El evento ocurrido se materializó en zonas que estaban previamente identificadas
como zonas de amenaza y riesgo en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de
Mocoa, el cual determinaba en los documentos que hacen parte del mismo,
medidas de reducción del riesgo tales como reubicación de viviendas, procesos de
reforestación, y adecuación hidráulica de ríos y quebradas. Se anexa informe de
análisis del Plan de Ordenamiento de Territorial del municipio».

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Ahora bien, en relación con la fuerza mayor, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca se basó en la jurisprudencia del Consejo de Estado,
la cual ha precisado que para que se cumpla con dicho fenómeno son
necesarios tres requisitos: i) la imprevisibilidad; ii) irresistibilidad y iii)
la exterioridad respecto de la demandada. Sin embargo, aunque un
hecho sea externo, irresistible y de ocurrencia súbita, no implica que
sea un hecho imprevisible.

En este orden de ideas, el Tribunal encontró que:

 Existía para la época anterior a la avenida torrencial del 31 de
marzo de 2017 en Mocoa, el conocimiento generalizado de la
vulnerabilidad y predisposición de la zona ante estos fenómenos
naturales. Por eso, la UNGRD presentó informe técnico en el que
expuso que el desastre sí era previsible, pero tenía características
de imprevisible a irresistible, no se sabe el momento exacto en
que ocurrirá, pero sí la vulnerabilidad de la zona.

 El IDEAM reportó que la precipitación de esa fecha sobre el
municipio de Mocoa tuvo un volumen de 129 mm. en total, lo que
constituye uno de los más altos en una serie de más de 30 años.
Además, el 83 % del día pluviométrico se presentó en solo 3
horas, entre las 10 pm. y la 1 am. Por eso, esta situación ocurrida
en el municipio se calificó por el IDEAM como un evento
extraordinario; sin embargo, sí era un evento previsible, tal y
como lo detallan la serie de informes, alertas, estudios y
documentos relacionados a lo largo de esta providencia.

 Las víctimas afirmaron que el día de la tragedia se produjo una
pluviosidad inusitada, de modo que esto hizo imprevisible la
avenida torrencial.

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Así las cosas, se concluyó que las entidades demandadas,
encontrándose obligadas a ello, no ejecutaron las acciones necesarias
y pertinentes, tendientes a conjurar la destrucción descomunal
presentada en Mocoa por los hechos materia del proceso. Por ello,
desconocieron la participación coordinada y planificada en los diferentes
niveles del territorio a instancias de articulación necesaria para las
adecuadas gestiones del riesgo y ambiental.

Señalado lo anterior, no encuentra esta Sala de Subsección que en el
presente asunto se haya configurado ninguna de las causales
específicas de procedibilidad alegadas, toda vez que las conclusiones a
las que llegaron los funcionarios judiciales para resolver el caso no
obedecieron a un capricho o arbitrariedad, ni se fundaron en su simple
voluntad, sino que por el contrario, se basaron en un razonable ejercicio
de interpretación normativa y jurisprudencial, contrastada con los
contornos fácticos del caso, que llevó a tomar la decisión adversa a las
pretensiones de la demandada.

Ciertamente, encontrándose fundamentada la decisión en los criterios
aquí reseñados, mal podría afirmarse que se verifican en ella los
elementos necesarios para configurar un defecto fáctico, una decisión
sin motivación, un desconocimiento de precedente o, peor aún, una
violación directa de la Constitución.

Lo primero queda descartado con el razonamiento expuesto por el
Tribunal, según el cual, con base en el análisis del amplio material
probatorio acopiado, concluyó que si bien la avenida torrencial tiene las
características de ser irresistible y externa, no puede catalogarse como
imprevisible. Interpretación a la cual llegó después de analizar los
documentos aportados por Corpoamazonía, la oficina operativa de la

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Defensa Civil, el Servicio Geológico Colombiano, entre otras entidades,
que dieron cuenta del registro de eventos de tipo inundación,
desplazamiento y avenida torrencial que se presentaron en Mocoa y
cómo los respectivos planes de ordenamiento territorial previeron como
riesgos comunes estas amenazas.

En cuanto a lo segundo, lo concerniente a la presunta decisión sin
motivación con respecto a la acreditación de los daños materiales y
morales, se tiene que ella tampoco se configura, toda vez que, como
se advierte con la lectura del fallo cuestionado, el Tribunal consideró:

«[…] existe prueba de la afectación moral que los hechos produjeron a los actores,
pues refirieron la pérdida de su lugar de vivienda, que ocupaban como
arrendatarios, mediante declaraciones juramentadas antes descritas. Este aspecto
es fácilmente asimilable a la categoría de damnificado por un desastre natural de
la envergadura y características de la avenida torrencial en Mocoa, por la zozobra
que genera la pérdida del lugar de asentamiento familiar. No obstante, también
debe tenerse en cuenta que la concesión de subsidios de arrendamiento sirvió como
alivio para este tipo de perjuicios, ya que pudo permitir a los accionantes
reasentarse como familia en una nueva ubicación».

A dicha conclusión arribó basándose en el principio de equidad y al
arbitrio iuris, de conformidad con la naturaleza del hecho causante del
daño antijurídico y las condiciones particulares de los individuos, dado
que se probó la obligación o deber normativo en cabeza de las
demandadas en el proceso ordinario, el carácter previsible y resistible
del hecho o de la mayoría de sus consecuencias, la inactividad
sustancial de la administración y la ausencia de fuerza mayor.

En lo concerniente al tercer señalamiento, esto es, el supuesto
desconocimiento del precedente fijado por el Consejo de Estado en
punto a la prueba de la configuración de los daños materiales y morales,
tiene que ser igualmente descartado, teniendo en cuenta que, como se

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dijo previamente, el Tribunal fundamentó su decisión en las normas
jurídicas vigentes aplicables al caso concreto.

Asimismo, es necesario señalar que la inconformidad de la parte
accionante, respecto de la jurisprudencia aplicada por la autoridad
judicial cuestionada, pudo haberse ventilado mediante el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, el cual tiene como fin
asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación
uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que
resulten perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere del
caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales. Frente a
esto, el artículo 258 del CPACA, dispone:

«ARTÍCULO 258. CAUSAL. Habrá lugar al recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una
sentencia de unificación del Consejo de Estado».

Lo anterior determinaría la improcedencia de dicho señalamiento en
particular, toda vez que pudiendo haber sido ventilado ante el juez
ordinario por vía del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, se acudió directamente ante el juez de tutela,
desconociendo así el carácter subsidiario y especialísimo del amparo
constitucional.

Finalmente, tampoco se encuentran configurados los elementos de la
violación directa de la Constitución, puesto que, contrario a lo afirmado
por el departamento del Putumayo, en el sub lite se evidencian los
elementos indispensables para estructurar y declarar su
responsabilidad patrimonial. Además de haberse acreditado los daños
materiales y morales alegados por la parte demandante en el medio de

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control, también figura probado en el proceso y razonada en la
sentencia su imputabilidad al Departamento de Putumayo.

Sobre esto, es importante resaltar que la decisión proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
B se dio con el respeto de los principios esenciales que rigen el debido
proceso y con estricto seguimiento de las garantías de las partes, por
lo que no se advierte una vulneración de los derechos fundamentales
contemplados en la carta política.

Dicho lo anterior, es menester recordar que las discusiones adelantadas
en el marco del proceso ordinario no pueden ser revividas a través de
la tutela, pues ello acarrea que se convierta la sede constitucional en
una instancia no consagrada por el ordenamiento jurídico para estudiar
los argumentos del juez natural, dictaminados en razón a lo probado
dentro de ese proceso y bajo unas consideraciones y análisis que le
sirvieron de soporte.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la intervención del juez de tutela
se activa únicamente en los casos específicos en que se evidencia una
argumentación defectuosa, abiertamente insuficiente, o inexistente al
punto que se torna arbitraria, y por no advertirse vulneración alguna
de derechos fundamentales, esta Sala de Subsección negará el amparo
solicitado mediante la acción de tutela presentada por el departamento
del Putumayo, que actúa por conducto de apoderada, contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B.

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

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III. FALLA

PRIMERO.- NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela
presentada por el departamento del Putumayo, que actúa
por conducto de apoderada, contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección B, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

HÉCTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO HÉCTOR SANTAELLA QUINTERO
Conjuez Conjuez

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