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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05850-01

Fecha
9 de marzo de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05850-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27 Número único de radicación: 11001-03-15-000--2022-05850-01 Actora: CARMEN ELISA SAAVEDRA DE LOZANO TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-05850-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

9 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Expediente núm. 11001-03-15-000-2022-05850-01
ACCIÓN DE TUTELA
ACTORA: CARMEN ELISA SAAVEDRA DE LOZANO

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO POR NO CUMPLIR CON EL
REQUISITO DE LA INMEDIATEZ.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL MÍNIMO VITAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora

contra la sentencia de 26 de enero de 2023, mediante la cual la

SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró

improcedente la presente solicitud de amparo constitucional.

1 En adelante la Sección Cuarta

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Número único de radicación: 11001-03-15-000--2022-05850-01
Actora: CARMEN ELISA SAAVEDRA DE LOZANO

I. ANTECEDENTES

I.1 La solicitud

La señora CARMEN ELISA SAAVEDRA DE LOZANO, actuando

en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en

el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de

sus derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital,

los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la SUBSECCIÓN

“A” DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO2,

al haber proferido la providencia de 20 de febrero de 2020, dentro

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 05001-23-33-000-

2017-02535-01.

I.2 Hechos

Afirmó que el 22 de abril de 1950 contrajo matrimonio católico con

el señor PEDRO JOAQUÍN LOZANO FUENTES, unión de la cual

nacieron sus hijos JORGE AUGUSTO y ROSA STELLA LOZANO

SAAVEDRA, quienes son mayores de edad.

2 En adelante la Sección Segunda

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Actora: CARMEN ELISA SAAVEDRA DE LOZANO

Sostuvo que el señor PEDRO JOAQUÍN LOZANO FUENTES

abandonó el hogar de manera definitiva, razón por la cual

promovió demanda de alimentos ante el JUZGADO CUARTO DE

FAMILIA DE BOGOTÁ y, como consecuencia de ello, se condenó

al citado señor a suministrarle alimentos en cuantía equivalente al

40% de la asignación de retiro que devengaba por cuenta de la

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES.

Manifestó que tiene 90 años de edad, que le es imposible ejecutar

cualquier labor, que padece de algunas enfermedades, tales como

osteoporosis de columna, hipertensión arterial, artrosis bilateral

de manos, entre otras y que dependía exclusivamente de la cuota

alimentaria que le suministraba el señor LOZANO FUENTES,

quien falleció el 31 de marzo de 2013.

Señaló que el 1o. de noviembre de 2013, solicitó ante la CAJA DE

RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES la sustitución de la

asignación de retiro, petición que fue denegada a través de la

Resolución 7870 de 22 de noviembre de 2013, por no acreditar la

convivencia durante los últimos cinco años de vida del causante,

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conforme lo establece el Decreto 4433 de 31 de diciembre de

20043.

Indicó que, como consecuencia de dicha decisión, la entidad

declaró la extinción de la asignación mensual de retiro, la

“prescripción de valores” a nombre del causante que se

encontraban en la cuenta de acreedores varios y le suspendió el

pago de la cuota alimentaria y los servicios médico asistenciales

que le venía prestando el HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

Sostuvo que mediante sentencia de tutela dictada el 25 de marzo

de 2015, el JUZGADO DIECIOCHO ADMINISTRATIVO DE

ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ amparó

transitoriamente sus derechos y ordenó a la CAJA DE RETIRO

DE LAS FUERZAS MILITARES reconocerle una pensión de

sobrevivientes a partir del 31 de marzo de 2013, decisión que fue

revocada en segunda instancia por la SUBSECCIÓN “B” DE LA

SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

CUNDINAMARCA que, mediante providencia de 12 de mayo de

2015, rechazó por improcedente la solicitud de amparo.

3“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los
miembros de la Fuerza Pública”

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Afirmó que, debido a lo anterior, promovió demanda de nulidad y

restablecimiento del derecho la cual fue identificada con el número

único de radicación 05001-23-33-000-2017-02535-01 y le

correspondió por reparto al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

ANTIOQUIA que, mediante sentencia de 30 de noviembre de

2018, ordenó el reconocimiento y pago a su favor de la sustitución

de pensión de jubilación que percibía el señor LOZANO FUENTES,

a partir del 1o. de abril de 2013.

Adujo que dicha decisión fue objeto de recurso de apelación que

fue desatado por la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia

de 20 de febrero de 2020, confirmó la decisión de primer grado.

I.3. Pretensiones

La actora solicitó en el escrito de tutela el amparo de sus derechos

fundamentales invocados ut supra y, en consecuencia:

“[…] “4.1.- … se ordene la revocatoria de la sentencia del 20
de febrero de 2020 proferida por la Sección Segunda –
Subsección A, del H. Consejo de Estado.

4.2.- Como Consecuencia se confirme el fallo de primera
instancia del 30 de noviembre de 2018 proferido por el
Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Tercera de Oralidad,
por estar ajustado a derecho.
4.3.- De los valores resultantes de la reliquidación se efectúen
el descuento de lo ya pago por la suma de DOSCIENTOS

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CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UN
PESOS M/CTE ($205.046.081.00) […]”.

I.4. Defensa

I.4.1. La SECCIÓN SEGUNDA, por intermedio del Magistrado

ponente de la decisión, solicitó declarar improcedente la acción

constitucional de la referencia, debido a que no cumple los

requisitos generales de procedibilidad contra providencias

judiciales, específicamente, el requisito de inmediatez, porque la

decisión cuestionada fue proferida el 20 de febrero de 2020 y la

presente solicitud de amparo fue presentada el 3 de noviembre de

2022, lo que significa que no se interpuso en el término razonable

de seis meses.

I.5. Intervinientes

I.5.1. La CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

-CREMIL- solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la

referencia, toda vez que a la hoy tutelante le fue garantizado el

debido proceso durante todo el trámite de la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho, teniendo a su disposición todos los

medios de defensa judicial en ese escenario.

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Manifestó que la solicitud de amparo no cumple ninguno de los

requisitos de procedencia contra providencia judicial, dado que las

sentencias objeto de reproche no fueron proferidas de forma

caprichosa, ni arbitraria, sino con sujeción al ordenamiento

jurídico para el caso.

II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 26 de enero de 2022, la SECCIÓN

CUARTA declaró improcedente la presente solicitud de amparo

constitucional, por incumplir con el requisito general de

procedencia de la inmediatez.

Sostuvo que, en el presente caso, la decisión de segunda instancia

que se pretende dejar sin efecto por esta vía fue proferida el 20

de febrero de 2020 y notificada mediante correo electrónico del

25 de junio de 2020, por lo cual a la fecha de presentación de la

presente acción, esto es, el 3 de noviembre de 2022, habían

transcurrido 2 años, 4 meses y 9 días después de haber sido

proferida la decisión cuestionada, lo cual desvirtuaba la urgencia

y necesidad de intervención del juez de tutela.

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III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la sentencia de primera instancia, solicitó

revocar la decisión y, en su lugar, acceder a sus pretensiones.

Señaló que la exigencia de un requisito como el de la inmediatez

no puede primar frente a la necesidad de proteger derechos

fundamentales como el acceso a la administración de justicia, la

igualdad y el debido proceso, máxime cuando la violación de estos

ha sido recurrente y continuada desde hace muchos años.

Afirmó que el término de seis meses, no es un término perentorio

estricto exigible como norma procesal, máxime, teniendo en

cuenta que se trata de una persona que goza de especial

protección constitucional, pues tiene 90 años y es una persona de

la tercera edad, por lo cual se encuentra en una situación de

debilidad manifiesta y es sujeto cobijado por una protección

constitucional reforzada.

Alegó que la Jurisprudencia constitucional ha desarrollado una

sólida línea respecto de la especial protección de los adultos

mayores, que impone una flexibilización y trato preferencial en

materia constitucional.

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Señaló que, aunque está devengando una mesada pensional, la

misma no está debidamente indexada, lo que sí afecta el mínimo

vital de las personas de la tercera edad.

Sostuvo que el hecho de imponerle la carga de presentar la acción

de tutela dentro de los seis meses siguientes a la notificación de

la respectiva sentencia acusada, resulta desproporcionada,

máxime aun, teniendo en cuenta los pocos años de vida que le

quedan y su consecuente estado de debilidad manifiesta.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,

de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción

de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política,

en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 30 de 6 de

abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de

marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado,

que regula la distribución de negocios entre las secciones.

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Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los

derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier

autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo

42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha

acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que

solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de

defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio,

con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, la actora instauró acción de tutela con el fin

de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido

proceso y al mínimo vital, los cuales, a su juicio, le fueron

vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA, al haber proferido la

providencia de 20 de febrero de 2020, dentro del medio de control

4
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».

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de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

número único de radicación 05001-23-33-000-2017-02535-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales de la actora, habida cuenta que, a su

juicio, debió ordenarse la indexación de la sustitución pensional

desde la fecha de fallecimiento del causante y, al no hacerlo, la

sentencia está en contravía de los mandatos constitucionales,

pues negó la posibilidad de devengar una mesada pensional

actualizada a valores presentes.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por

la Sección Cuarta que, mediante sentencia 26 de enero de 2022,

declaró improcedente el amparo solicitado, pues consideró que la

solicitud no cumplió el requisito general de procedencia de la

inmediatez.

La actora impugnó el referido fallo al considerar que la exigencia

de la inmediatez para la procedencia de la acción de tutela

instaurada no podía primar frente a la necesidad de proteger sus

derechos fundamentales, máxime si los mismos se han venido

conculcando desde hace muchos años y, además, porque se trata

de una persona de la tercera edad que es sujeto de especial

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protección.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la

Sala consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si

la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados.

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional,

acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial el

requisito de la inmediatez.

Requisito general de procedencia de la inmediatez cuando

se controvierten providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional ha sostenido, de manera

reiterada, que la acción de tutela está instituida como un

mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de los

derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que

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aunque no tenga previsto un término de caducidad para su

presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro

de un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir

un lapso injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la

protección y la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la

procedencia del mecanismo […]”5.

Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada

caso, para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido

entre el momento en que ocurre la presunta vulneración de los

derechos y la instauración de la tutela.

Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción se

ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un

examen más riguroso en aras de preservar los principios de cosa

juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el interés de

terceros, cuya situación podría verse injustamente afectada por el

otorgamiento tardío de la protección constitucional. En este

sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 6:

“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer
lugar, proteger derechos de terceros que pueden verse

5
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
6 Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto

Antonio Sierra Porto.

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vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable,
caso en el que ‘se rompe la congruencia entre el medio de
protección y la finalidad que se busca: la protección integral
y eficaz de los derechos fundamentales de las personas’. En
segundo lugar, impedir que el amparo ‘se convierta en factor
de inseguridad [jurídica]’. En tercer lugar, evitar ‘el uso de
este mecanismo constitucional como herramienta supletiva
de la propia negligencia’ en la agencia de los derechos […]”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia

en torno a los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencias judiciales, sostuvo7:

“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y
el respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.

[…]

De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a
todas las acciones de tutela, es más estricto cuando se
interpone contra providencias judiciales, por lo que,
como lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar
un tiempo significativo desde el hecho vulneratorio de los
derechos, resulta claramente desproporcionado el control
constitucional de una providencia judicial por la vía de tutela’.
Por tal razón, debe mediar un término razonable entre la
ejecutoria de la decisión judicial que se aduce como violatoria
de los derechos fundamentales del accionante y la
presentación de la acción de tutela para buscar su amparo.

[…]

Justamente, porque la acción de tutela es un medio

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto

de 2014, op. cit.

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excepcional para la protección pronta y eficaz de tales
derechos, se requiere que la acción se ejerza en un
tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza
la realización del principio de seguridad jurídica y, por
ende, el de la cosa juzgada, al asegurar que la decisión
judicial alcance el grado de certeza material, que la
hace definitiva e inmutable.

[…]

[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de
tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente
[…]”. (Destacado fuera de texto).

La Sala resalta que revisado el expediente digital y el Software de

Gestión de Consulta de Procesos de la Rama Judicial, se advierte

que la providencia cuestionada fue proferida el 20 de febrero de

2020 y fue notificada el 25 de junio de 2020, mientras que la

presente acción de tutela se presentó hasta el 3 de

noviembre de 2022, esto es, transcurridos 2 años, 4 meses y

7 días, superando así los 6 meses que han sido estimados por la

jurisprudencia como término razonable para impugnar por vía de

tutela el contenido de una decisión judicial, sin que se hubiesen

presentado razones válidas para la inactividad del accionante o

que justifiquen la tardanza en la presentación de la solicitud de

amparo.

Sobre el punto, la Corte Constitucional ha precisado que en casos

como el presente el juez debe verificar si la acción se instauró en

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un término razonable y proporcionado a partir del hecho que

originó la vulneración8. Tal presupuesto va ligado con la finalidad

del amparo que se pretende, el cual, en caso de transcurrir el

tiempo y consumarse un daño, sería ineficaz.

En tal sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de

esta Corporación, en la precitada sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, estableció como razonable el término de 6 meses,

sin perjuicio de que el mismo pueda variar ante circunstancias

especiales, como ocurre, entre otras, cuando se trata de

prestaciones periódicas, en aras de proteger los derechos al

“mínimo vital, la dignidad, la salud y la vida de sujetos de especial

protección constitucional”. En el mismo sentido se ha pronunciado

la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-374 de 18 de

mayo de 20129, al referirse a la inaplicación del requisito de

inmediatez cuando se trata de prestaciones periódicas de carácter

vitalicio, así:

“[…] La jurisprudencia constitucional también ha dado un
alcance específico al requisito de inmediatez en la
interposición de la acción de tutela en este tipo de casos. Si
bien a lo largo de sus pronunciamientos la Corte
Constitucional ha exigido, como regla general, que entre el
hecho que supuestamente da lugar a la violación o amenaza
de derechos fundamentales y la interposición de la acción de

8
Corte Constitucional, Sentencia T–315 de 1o. de abril de 2005, M.P. Ponente Jaime Córdoba Triviño
9 Corte Constitucional, Sentencia T–315 de 1o. de abril de 2005, M.P. Ponente
Jaime Córdoba Triviño

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tutela medie un término razonable, el contenido mismo del
requisito de inmediatez varía cuando se trata de una
prestación periódica que, como las mesadas
pensionales, se vincula directamente al ejercicio de los
derechos fundamentales al mínimo vital, la dignidad, la
salud y la vida de sujetos de especial protección
constitucional. En suma, dado el carácter periódico y la
particular importancia de las mesadas pensionales para
el ejercicio de los derechos más básicos de los
pensionados, la Corte ha considerado que la
actualización continua de los perjuicios presentes y
sustantivos derivados de la falta de indexación de la
mesada resta relevancia al requisito de inmediatez en
la presentación de la tutela. En otras palabras, como la
afectación de los derechos fundamentales por la pérdida de
poder adquisitivo de las pensiones se renueva mes a mes y
día a día, en forma presente, las personas afectadas en su
mínimo vital por esta situación pueden recurrir a la acción de
tutela, cumpliendo eso sí con unas reglas que hacen admisible
el que se haya prolongado en el tiempo la presentación de la
acción [...]” (Resaltado fuera de texto).

Cabe precisar que con fundamento en la mencionada sentencia de

la Corte Constitucional y la jurisprudencia de esta Sección,

relacionada con acciones de tutelas promovidas contra

providencias judiciales en las que se controvirtieron asuntos sobre

prestaciones periódicas, como ocurre en el caso sub lite, la Sala

concluyó que “[…] siempre que se trate de una acción de

tutela contra providencia judicial que verse sobre

prestaciones periódicas, se realizará el análisis del

cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad,

incluido el de inmediatez, el cual deberá efectuarse desde

los criterios de i) que se demuestre que la vulneración de

los derechos permanezca, esto es, que sea continua y

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actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo

respecto de la presentación de la tutela; y ii) que el actor

se encuentre en condición de debilidad manifiesta10 […]”.

En lo que respecta al primer requisito mencionado en precedencia,

esto es, que se trate de una prestación periódica y, de contera,

una vulneración continua y actual, en sentencia de 30 de julio de

20158, la Sala señaló:

“[…] La Sección Segunda de esta Corporación se ha
pronunciado de manera reiterada y uniforme en relación a
qué debe entenderse por prestaciones periódicas.

Así, en proveído de 1° de octubre de 20149, la Sección
Segunda del Consejo de Estado, consideró lo siguiente:

“No es de recibo la tesis planteada por el recurrente, según la
cual el tema que aquí se discute corresponde a la reclamación
de prestaciones periódicas, ya que tal calidad se predica tan
sólo del derecho a la pensión de jubilación de las personas de
la tercera edad como claramente lo tiene sentado esta
Corporación en su jurisprudencia, como a continuación se
precisa en uno de sus apartes10:
“Si la interpretación sobre lo que debe entenderse por
prestación periódica fuera el significado lingüístico de las
palabras, sería elemental que el actor tendría razón.

No obstante, tal método, cuando la ley se encarga de poner
ejemplos sobre los cuales son las prestaciones periódicas, no
es eficaz y debe atenderse a la orientación que brinda aquella.
En efecto, el artículo 131,6 letra b) del CCA, se refiere a las
pensiones de jubilación y de invalidez como prestaciones
periódicas, referencia que debe observase para los efectos del
inciso 3º del artículo 136 ibídem, pues la norma en últimas lo

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia

de 22 de mayo de 2014, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 11001-
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Actora: CARMEN ELISA SAAVEDRA DE LOZANO

que da a entender es que tratándose de derechos que existen
durante la vida del titular y después respecto de los
beneficiarios llamados a sustituirse también en forma vitalicia
(cónyuge, compañera o hijo inválidos), es lógico, justificable
y razonable que en cualquier tiempo pueda discutirse tales
prestaciones, para diferenciarlas de los demás derechos
laborales que no son vitalicios y por consiguiente la definición
de las controversias sobre los mismos, debe hacerse en los
términos de la caducidad establecida para ellos, vale decir, a
meses.
[…]
Visto lo anterior, resulta claro para la Sala que las
prestaciones periódicas son aquellos emolumentos que se
reciben de manera vitalicia e indefinida y que son susceptibles
de ser sustituidos a sus beneficiarios (cónyuge, hijos,
hermanos, etc.). Asimismo, se consideran como tales,
aquellos valores devengados de manera constante, en
virtud de un vínculo laborar vigente, de tal manera, que
si éste se termina, desaparece la calidad de
periodicidad de dichos reconocimientos […]”. (Resaltado
fuera del texto).

Frente a lo anterior, para la Sala es importante resaltar que en el

presente caso se trata de una prestación periódica, pues, como

quedó visto en párrafos anteriores, la actora pretende que a través

del medio de protección constitucional se deje sin efecto la

providencia de 20 de febrero de 2020 y se ordene el

reconocimiento y pago de la indexación de la sustitución pensional

desde la fecha de fallecimiento del causante, el señor LOZANO

FUENTES.

En cuanto al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad

manifiesta, conviene traer a colación las precisiones hechas por

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Actora: CARMEN ELISA SAAVEDRA DE LOZANO

esta Sección en sentencia de 28 de mayo de 201511, a través de

la cual unificó su jurisprudencia frente a la aplicación de los

criterios que deben tenerse en cuenta para analizar el requisito de

la inmediatez en estos casos particulares, especialmente, el que

hace referencia a la “condición de debilidad manifiesta”, en la que

señaló:

“[…]Pues bien, comoquiera que por medio de la providencia
transcrita, se estableció “el criterio que, en adelante
observará la Sala para analizar la procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias que traten de prestaciones
periódicas”; en casos como el presente, en que se
controvierte una sentencia relacionada con la reliquidación de
una prestación periódica, se ha acudido al citado
lineamiento Jurisprudencial de manera invariable, para
determinar si el hecho de haber superado el plazo prudencial
para interponer la acción de tutela merece ser tratado en
forma especial, esto es, a la luz de los criterios de ”que i) se
demuestre que la vulneración de los derechos permanece en
el tiempo, esto es, que es continua y actual, pese a que el
hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela; y que ii) el actor se encuentre en
un condición de debilidad manifiesta.”

Sin embargo, cuando el tema ha involucrado prestaciones
periódicas en las modalidades de pensión o asignación
de retiro, la aplicación de dichos criterios frente al requisito
de la inmediatez, en cada caso concreto, ha dado lugar a
soluciones divergentes, habida cuenta de que la Sala ha
aceptado que el pensionado, por el simple hecho de serlo,
ostenta una calidad que le permite enervar dicho requisito de
procedibilidad, pero también ha entendido que en ocasiones
se requieren elementos adicionales a tal condición para
proceder al estudio de fondo […]

Dichas divergencias merecen ser precisadas y, por lo tanto,
en esta oportunidad la Sala, con el propósito de unificar su
Jurisprudencia, determinará como lineamiento único y

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia

de 28 de mayo de 2015, C.P. María Elizabeth García González, radicación número:
11001- 03-15-000-2015-00001-01.

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preciso, en cuanto a la exigencia o no del requisito de
inmediatez de la tutela contra providencias judiciales, cuando
el solicitante del amparo constitucional es un pensionado o
persona que goza de Asignación de Retiro, que tal
condición no es per se circunstancia que permita enervar el
citado requisito, habida cuenta de que es necesario que
confluyan elementos adicionales que permitan concluir que el
actor se encuentra en “la especial situación” que
“convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle
la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros”, tal como lo ha señalado la
Corte Constitucional en sentencia T-158 de 2006 y esta Sala
en el Expediente núm. 2013-02423-01, Consejero Ponente
doctor Marco Antonio Velilla Moreno.

Obsérvese que la Corte cita, solo a manera de ejemplo,
algunas circunstancias que pueden tenerse en cuenta para
determinar si el actor está o no en una ESPECIAL
SITUACIÓN, que justifique su inactividad en el tiempo frente
a la defensa de sus derechos, dentro de las cuales sugiere “el
estado de indefensión, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otras…” sin que éstas constituyan
taxatividad alguna. Justamente por ello, esta Sala introdujo
dentro de dicha lista al pensionado, por tratarse de un sujeto
de protección especial, conforme lo ha determinado la
Jurisprudencia Constitucional.

Pero, ocurre que el concepto de sujeto de especial protección
incluye, además de los pensionados, a otros grupos de
personas, tales como: indígenas, padres y madres cabeza de
familia, mujer embarazada, menores de edad, minusválidos,
ancianos, defensores de derechos humanos, enfermos
graves, desplazados, entre otros; sin que sea aceptable
concluir que en todos los casos, éstos resulten eximidos de
cumplir el requisito de procedibilidad de inmediatez, cuando
acudan a la tutela para obtener la pérdida de efectos de una
providencia judicial, por el solo hecho de ser denominados
sujetos de especial protección […]”.

Al respecto, se advierte que la actora no demostró, ni siquiera con

prueba sumaria, que se encontrara en un estado de debilidad

manifiesta que justificara la tardanza en la presentación de

la acción de tutela contra la providencia que presuntamente

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vulneró sus derechos fundamentales invocados.

Cabe resaltar que si bien en la impugnación del fallo de tutela de

primera instancia, la actora sostuvo que no era pertinente exigirle

el cumplimiento del requisito de la inmediatez, pues, a su juicio,

debía primar la protección de los derechos fundamentales que

están siendo vulnerados por la autoridad judicial accionada, lo

cierto es que dicho argumento no es suficiente para morigerar u

omitir el estudio de este requisito general de procedencia, dado

que lo que se pretende controvertir es una providencia judicial

debidamente notificada y ejecutoriada, la cual está cobijada bajo

los principios de legalidad, cosa juzgada y seguridad jurídica y por

ello la exigencia de radicar con prontitud la solicitud de amparo

constitucional es aún más importante precisamente en aras de

garantizar la protección y cumplimiento de dichos principios.

Para la Sala es claro que el cumplimiento del requisito de

inmediatez se determina con fundamento en la fecha en que se

produce o conoce el hecho generador de la presunta vulneración

de los derechos fundamentales invocados y en tratándose de las

acciones de tutela contra providencia judicial, dicha fecha no

puede ser otra que el día en el que se notifica la misma.

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Aunado a lo anterior, en los argumentos de la solicitud de amparo

la actora puso de presente su edad y afirmó que padece de algunas

afecciones de salud que requieren tratamientos médicos, además

que se ha afectado su mínimo vital.

Al respecto la Sala advierte que la edad de la actora no es un hecho

que por sí solo configure un perjuicio irremediable que haga

procedente el estudio del fondo del asunto, además, porque no se

acredita de manera alguna que, en efecto, no cuente con más

recursos que suplan su mínimo vital, señalando qué necesidades

básicas se encuentran insatisfechas, esto último sobre lo cual se

ha señalado8:

“[…] Aunado a lo anterior, la parte actora sostuvo que la
decisión controvertida vulnera su derecho fundamental al
mínimo vital; sin embargo, no allegó ningún medio probatorio
para corroborar que ello es así y verificar que se encuentra
en un estado de vulnerabilidad, dado que, de conformidad
con la jurisprudencia constitucional, le corresponde al
accionante demostrar la vulneración de su mínimo vital,
señalando qué necesidades básicas están siendo
insatisfechas, pues “no sólo basta hacer una afirmación llana
respecto de la afectación del mínimo vital, sino que dicha
aseveración debe venir acompañada de pruebas fehacientes
y contundentes de tal afectación, que le permitan al juez de
tutela tener la certeza de tal situación […]”12.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia

de 11 de

noviembre de 2021, CP Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-
15-000-2021-04089-01(AC).

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Cabe precisar que, en todo caso, las circunstancias que aduce la

actora no justifican la interposición de la acción de tutela de forma

tardía, máxime si se tiene en cuenta que se encuentra siendo

representada por un profesional del derecho y, además, tras

verificar los documentos obrantes en el expediente no se

encuentra acreditada la afectación del mínimo vital, ni la

existencia de un perjuicio irremediable que hagan imperiosa la

intervención del juez constitucional, pues cómo quedó visto, la

actora hizo uso del presente mecanismo constitucional hasta el 3

de noviembre de 2022, esto es, se itera, transcurridos más de 2

años, 4 meses y 7 días después.

Cabe señalar que, frente al tema de la edad, la jurisprudencia

Constitucional13 ha sostenido que la condición de sujeto de la

tercera edad no constituye per se razón suficiente para admitir la

procedencia de la acción de tutela, pues si bien son sujetos de

especial protección constitucional14, deben probar la existencia de

un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez y,

en el caso bajo estudio, la Sala no advierte la existencia de un

perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela de

la referencia como mecanismo transitorio, dado que de los

13 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, sentencia T-169/17, M.P. Alejandro

Linares Cantillo.

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elementos de juicio obrantes en el expediente no es posible

establecer dicha circunstancia.

Corolario de lo anterior, la Sala señala que para que proceda el

amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar la

ocurrencia de un perjuicio irremediable, debe ser actual y las

medidas que se requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no

basta cualquier perjuicio, se requiere que sea grave, lo que

equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo material o

moral en el haber jurídico de la persona; y la urgencia y la

gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable,

debido a que tiene que ser adecuada para restablecer el orden

social justo en toda su integridad.

Se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201715, la Corte

Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de

inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para

resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses

establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las

particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el

que existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la

interposición de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no

15
Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.

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se observa en el presente caso.

Así las cosas, resulta evidente que la presente acción no cumple

con el requisito general de la inmediatez para la procedencia de la

acción de tutela contra providencia judicial, ni las exigencias

excepcionales previstas para el efecto.

Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia impugnada, como

en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera,

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito

y eficaz.

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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para

su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de marzo

de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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