Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05850-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05850-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-05850-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
9 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Expediente núm. 11001-03-15-000-2022-05850-01
ACCIÓN DE TUTELA
ACTORA: CARMEN ELISA SAAVEDRA DE LOZANO
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO POR NO CUMPLIR CON EL
REQUISITO DE LA INMEDIATEZ.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL MÍNIMO VITAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora
contra la sentencia de 26 de enero de 2023, mediante la cual la
SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró
improcedente la presente solicitud de amparo constitucional.
1 En adelante la Sección Cuarta
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Número único de radicación: 11001-03-15-000--2022-05850-01
Actora: CARMEN ELISA SAAVEDRA DE LOZANO
I. ANTECEDENTES
I.1 La solicitud
La señora CARMEN ELISA SAAVEDRA DE LOZANO, actuando
en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en
el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital,
los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la SUBSECCIÓN
“A” DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO2,
al haber proferido la providencia de 20 de febrero de 2020, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 05001-23-33-000-
2017-02535-01.
I.2 Hechos
Afirmó que el 22 de abril de 1950 contrajo matrimonio católico con
el señor PEDRO JOAQUÍN LOZANO FUENTES, unión de la cual
nacieron sus hijos JORGE AUGUSTO y ROSA STELLA LOZANO
SAAVEDRA, quienes son mayores de edad.
2 En adelante la Sección Segunda
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Número único de radicación: 11001-03-15-000--2022-05850-01
Actora: CARMEN ELISA SAAVEDRA DE LOZANO
Sostuvo que el señor PEDRO JOAQUÍN LOZANO FUENTES
abandonó el hogar de manera definitiva, razón por la cual
promovió demanda de alimentos ante el JUZGADO CUARTO DE
FAMILIA DE BOGOTÁ y, como consecuencia de ello, se condenó
al citado señor a suministrarle alimentos en cuantía equivalente al
40% de la asignación de retiro que devengaba por cuenta de la
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES.
Manifestó que tiene 90 años de edad, que le es imposible ejecutar
cualquier labor, que padece de algunas enfermedades, tales como
osteoporosis de columna, hipertensión arterial, artrosis bilateral
de manos, entre otras y que dependía exclusivamente de la cuota
alimentaria que le suministraba el señor LOZANO FUENTES,
quien falleció el 31 de marzo de 2013.
Señaló que el 1o. de noviembre de 2013, solicitó ante la CAJA DE
RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES la sustitución de la
asignación de retiro, petición que fue denegada a través de la
Resolución 7870 de 22 de noviembre de 2013, por no acreditar la
convivencia durante los últimos cinco años de vida del causante,
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Actora: CARMEN ELISA SAAVEDRA DE LOZANO
conforme lo establece el Decreto 4433 de 31 de diciembre de
20043.
Indicó que, como consecuencia de dicha decisión, la entidad
declaró la extinción de la asignación mensual de retiro, la
“prescripción de valores” a nombre del causante que se
encontraban en la cuenta de acreedores varios y le suspendió el
pago de la cuota alimentaria y los servicios médico asistenciales
que le venía prestando el HOSPITAL MILITAR CENTRAL.
Sostuvo que mediante sentencia de tutela dictada el 25 de marzo
de 2015, el JUZGADO DIECIOCHO ADMINISTRATIVO DE
ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ amparó
transitoriamente sus derechos y ordenó a la CAJA DE RETIRO
DE LAS FUERZAS MILITARES reconocerle una pensión de
sobrevivientes a partir del 31 de marzo de 2013, decisión que fue
revocada en segunda instancia por la SUBSECCIÓN “B” DE LA
SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA que, mediante providencia de 12 de mayo de
2015, rechazó por improcedente la solicitud de amparo.
3“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los
miembros de la Fuerza Pública”
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Afirmó que, debido a lo anterior, promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho la cual fue identificada con el número
único de radicación 05001-23-33-000-2017-02535-01 y le
correspondió por reparto al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA que, mediante sentencia de 30 de noviembre de
2018, ordenó el reconocimiento y pago a su favor de la sustitución
de pensión de jubilación que percibía el señor LOZANO FUENTES,
a partir del 1o. de abril de 2013.
Adujo que dicha decisión fue objeto de recurso de apelación que
fue desatado por la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia
de 20 de febrero de 2020, confirmó la decisión de primer grado.
I.3. Pretensiones
La actora solicitó en el escrito de tutela el amparo de sus derechos
fundamentales invocados ut supra y, en consecuencia:
“[…] “4.1.- … se ordene la revocatoria de la sentencia del 20
de febrero de 2020 proferida por la Sección Segunda –
Subsección A, del H. Consejo de Estado.
4.2.- Como Consecuencia se confirme el fallo de primera
instancia del 30 de noviembre de 2018 proferido por el
Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Tercera de Oralidad,
por estar ajustado a derecho.
4.3.- De los valores resultantes de la reliquidación se efectúen
el descuento de lo ya pago por la suma de DOSCIENTOS
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CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UN
PESOS M/CTE ($205.046.081.00) […]”.
I.4. Defensa
I.4.1. La SECCIÓN SEGUNDA, por intermedio del Magistrado
ponente de la decisión, solicitó declarar improcedente la acción
constitucional de la referencia, debido a que no cumple los
requisitos generales de procedibilidad contra providencias
judiciales, específicamente, el requisito de inmediatez, porque la
decisión cuestionada fue proferida el 20 de febrero de 2020 y la
presente solicitud de amparo fue presentada el 3 de noviembre de
2022, lo que significa que no se interpuso en el término razonable
de seis meses.
I.5. Intervinientes
I.5.1. La CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
-CREMIL- solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la
referencia, toda vez que a la hoy tutelante le fue garantizado el
debido proceso durante todo el trámite de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, teniendo a su disposición todos los
medios de defensa judicial en ese escenario.
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Manifestó que la solicitud de amparo no cumple ninguno de los
requisitos de procedencia contra providencia judicial, dado que las
sentencias objeto de reproche no fueron proferidas de forma
caprichosa, ni arbitraria, sino con sujeción al ordenamiento
jurídico para el caso.
II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 26 de enero de 2022, la SECCIÓN
CUARTA declaró improcedente la presente solicitud de amparo
constitucional, por incumplir con el requisito general de
procedencia de la inmediatez.
Sostuvo que, en el presente caso, la decisión de segunda instancia
que se pretende dejar sin efecto por esta vía fue proferida el 20
de febrero de 2020 y notificada mediante correo electrónico del
25 de junio de 2020, por lo cual a la fecha de presentación de la
presente acción, esto es, el 3 de noviembre de 2022, habían
transcurrido 2 años, 4 meses y 9 días después de haber sido
proferida la decisión cuestionada, lo cual desvirtuaba la urgencia
y necesidad de intervención del juez de tutela.
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III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora impugnó la sentencia de primera instancia, solicitó
revocar la decisión y, en su lugar, acceder a sus pretensiones.
Señaló que la exigencia de un requisito como el de la inmediatez
no puede primar frente a la necesidad de proteger derechos
fundamentales como el acceso a la administración de justicia, la
igualdad y el debido proceso, máxime cuando la violación de estos
ha sido recurrente y continuada desde hace muchos años.
Afirmó que el término de seis meses, no es un término perentorio
estricto exigible como norma procesal, máxime, teniendo en
cuenta que se trata de una persona que goza de especial
protección constitucional, pues tiene 90 años y es una persona de
la tercera edad, por lo cual se encuentra en una situación de
debilidad manifiesta y es sujeto cobijado por una protección
constitucional reforzada.
Alegó que la Jurisprudencia constitucional ha desarrollado una
sólida línea respecto de la especial protección de los adultos
mayores, que impone una flexibilización y trato preferencial en
materia constitucional.
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Señaló que, aunque está devengando una mesada pensional, la
misma no está debidamente indexada, lo que sí afecta el mínimo
vital de las personas de la tercera edad.
Sostuvo que el hecho de imponerle la carga de presentar la acción
de tutela dentro de los seis meses siguientes a la notificación de
la respectiva sentencia acusada, resulta desproporcionada,
máxime aun, teniendo en cuenta los pocos años de vida que le
quedan y su consecuente estado de debilidad manifiesta.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591
de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción
de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política,
en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 30 de 6 de
abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de
marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
que regula la distribución de negocios entre las secciones.
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Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo
42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha
acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que
solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio,
con miras a evitar un perjuicio irremediable.
Caso concreto
En el presente caso, la actora instauró acción de tutela con el fin
de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al mínimo vital, los cuales, a su juicio, le fueron
vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA, al haber proferido la
providencia de 20 de febrero de 2020, dentro del medio de control
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».
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de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 05001-23-33-000-2017-02535-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales de la actora, habida cuenta que, a su
juicio, debió ordenarse la indexación de la sustitución pensional
desde la fecha de fallecimiento del causante y, al no hacerlo, la
sentencia está en contravía de los mandatos constitucionales,
pues negó la posibilidad de devengar una mesada pensional
actualizada a valores presentes.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por
la Sección Cuarta que, mediante sentencia 26 de enero de 2022,
declaró improcedente el amparo solicitado, pues consideró que la
solicitud no cumplió el requisito general de procedencia de la
inmediatez.
La actora impugnó el referido fallo al considerar que la exigencia
de la inmediatez para la procedencia de la acción de tutela
instaurada no podía primar frente a la necesidad de proteger sus
derechos fundamentales, máxime si los mismos se han venido
conculcando desde hace muchos años y, además, porque se trata
de una persona de la tercera edad que es sujeto de especial
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protección.
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la
Sala consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si
la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados.
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional,
acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial el
requisito de la inmediatez.
Requisito general de procedencia de la inmediatez cuando
se controvierten providencias judiciales
La jurisprudencia constitucional ha sostenido, de manera
reiterada, que la acción de tutela está instituida como un
mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de los
derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que
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aunque no tenga previsto un término de caducidad para su
presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro
de un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir
un lapso injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la
protección y la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la
procedencia del mecanismo […]”5.
Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada
caso, para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido
entre el momento en que ocurre la presunta vulneración de los
derechos y la instauración de la tutela.
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción se
ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un
examen más riguroso en aras de preservar los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el interés de
terceros, cuya situación podría verse injustamente afectada por el
otorgamiento tardío de la protección constitucional. En este
sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 6:
“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer
lugar, proteger derechos de terceros que pueden verse
5
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
6 Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
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vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable,
caso en el que ‘se rompe la congruencia entre el medio de
protección y la finalidad que se busca: la protección integral
y eficaz de los derechos fundamentales de las personas’. En
segundo lugar, impedir que el amparo ‘se convierta en factor
de inseguridad [jurídica]’. En tercer lugar, evitar ‘el uso de
este mecanismo constitucional como herramienta supletiva
de la propia negligencia’ en la agencia de los derechos […]”.
En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia
en torno a los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, sostuvo7:
“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y
el respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.
[…]
De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a
todas las acciones de tutela, es más estricto cuando se
interpone contra providencias judiciales, por lo que,
como lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar
un tiempo significativo desde el hecho vulneratorio de los
derechos, resulta claramente desproporcionado el control
constitucional de una providencia judicial por la vía de tutela’.
Por tal razón, debe mediar un término razonable entre la
ejecutoria de la decisión judicial que se aduce como violatoria
de los derechos fundamentales del accionante y la
presentación de la acción de tutela para buscar su amparo.
[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto
de 2014, op. cit.
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excepcional para la protección pronta y eficaz de tales
derechos, se requiere que la acción se ejerza en un
tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza
la realización del principio de seguridad jurídica y, por
ende, el de la cosa juzgada, al asegurar que la decisión
judicial alcance el grado de certeza material, que la
hace definitiva e inmutable.
[…]
[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de
tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente
[…]”. (Destacado fuera de texto).
La Sala resalta que revisado el expediente digital y el Software de
Gestión de Consulta de Procesos de la Rama Judicial, se advierte
que la providencia cuestionada fue proferida el 20 de febrero de
2020 y fue notificada el 25 de junio de 2020, mientras que la
presente acción de tutela se presentó hasta el 3 de
noviembre de 2022, esto es, transcurridos 2 años, 4 meses y
7 días, superando así los 6 meses que han sido estimados por la
jurisprudencia como término razonable para impugnar por vía de
tutela el contenido de una decisión judicial, sin que se hubiesen
presentado razones válidas para la inactividad del accionante o
que justifiquen la tardanza en la presentación de la solicitud de
amparo.
Sobre el punto, la Corte Constitucional ha precisado que en casos
como el presente el juez debe verificar si la acción se instauró en
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un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración8. Tal presupuesto va ligado con la finalidad
del amparo que se pretende, el cual, en caso de transcurrir el
tiempo y consumarse un daño, sería ineficaz.
En tal sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de
esta Corporación, en la precitada sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, estableció como razonable el término de 6 meses,
sin perjuicio de que el mismo pueda variar ante circunstancias
especiales, como ocurre, entre otras, cuando se trata de
prestaciones periódicas, en aras de proteger los derechos al
“mínimo vital, la dignidad, la salud y la vida de sujetos de especial
protección constitucional”. En el mismo sentido se ha pronunciado
la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-374 de 18 de
mayo de 20129, al referirse a la inaplicación del requisito de
inmediatez cuando se trata de prestaciones periódicas de carácter
vitalicio, así:
“[…] La jurisprudencia constitucional también ha dado un
alcance específico al requisito de inmediatez en la
interposición de la acción de tutela en este tipo de casos. Si
bien a lo largo de sus pronunciamientos la Corte
Constitucional ha exigido, como regla general, que entre el
hecho que supuestamente da lugar a la violación o amenaza
de derechos fundamentales y la interposición de la acción de
8
Corte Constitucional, Sentencia T–315 de 1o. de abril de 2005, M.P. Ponente Jaime Córdoba Triviño
9 Corte Constitucional, Sentencia T–315 de 1o. de abril de 2005, M.P. Ponente
Jaime Córdoba Triviño
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tutela medie un término razonable, el contenido mismo del
requisito de inmediatez varía cuando se trata de una
prestación periódica que, como las mesadas
pensionales, se vincula directamente al ejercicio de los
derechos fundamentales al mínimo vital, la dignidad, la
salud y la vida de sujetos de especial protección
constitucional. En suma, dado el carácter periódico y la
particular importancia de las mesadas pensionales para
el ejercicio de los derechos más básicos de los
pensionados, la Corte ha considerado que la
actualización continua de los perjuicios presentes y
sustantivos derivados de la falta de indexación de la
mesada resta relevancia al requisito de inmediatez en
la presentación de la tutela. En otras palabras, como la
afectación de los derechos fundamentales por la pérdida de
poder adquisitivo de las pensiones se renueva mes a mes y
día a día, en forma presente, las personas afectadas en su
mínimo vital por esta situación pueden recurrir a la acción de
tutela, cumpliendo eso sí con unas reglas que hacen admisible
el que se haya prolongado en el tiempo la presentación de la
acción [...]” (Resaltado fuera de texto).
Cabe precisar que con fundamento en la mencionada sentencia de
la Corte Constitucional y la jurisprudencia de esta Sección,
relacionada con acciones de tutelas promovidas contra
providencias judiciales en las que se controvirtieron asuntos sobre
prestaciones periódicas, como ocurre en el caso sub lite, la Sala
concluyó que “[…] siempre que se trate de una acción de
tutela contra providencia judicial que verse sobre
prestaciones periódicas, se realizará el análisis del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad,
incluido el de inmediatez, el cual deberá efectuarse desde
los criterios de i) que se demuestre que la vulneración de
los derechos permanezca, esto es, que sea continua y
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actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela; y ii) que el actor
se encuentre en condición de debilidad manifiesta10 […]”.
En lo que respecta al primer requisito mencionado en precedencia,
esto es, que se trate de una prestación periódica y, de contera,
una vulneración continua y actual, en sentencia de 30 de julio de
20158, la Sala señaló:
“[…] La Sección Segunda de esta Corporación se ha
pronunciado de manera reiterada y uniforme en relación a
qué debe entenderse por prestaciones periódicas.
Así, en proveído de 1° de octubre de 20149, la Sección
Segunda del Consejo de Estado, consideró lo siguiente:
“No es de recibo la tesis planteada por el recurrente, según la
cual el tema que aquí se discute corresponde a la reclamación
de prestaciones periódicas, ya que tal calidad se predica tan
sólo del derecho a la pensión de jubilación de las personas de
la tercera edad como claramente lo tiene sentado esta
Corporación en su jurisprudencia, como a continuación se
precisa en uno de sus apartes10:
“Si la interpretación sobre lo que debe entenderse por
prestación periódica fuera el significado lingüístico de las
palabras, sería elemental que el actor tendría razón.
No obstante, tal método, cuando la ley se encarga de poner
ejemplos sobre los cuales son las prestaciones periódicas, no
es eficaz y debe atenderse a la orientación que brinda aquella.
En efecto, el artículo 131,6 letra b) del CCA, se refiere a las
pensiones de jubilación y de invalidez como prestaciones
periódicas, referencia que debe observase para los efectos del
inciso 3º del artículo 136 ibídem, pues la norma en últimas lo
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 22 de mayo de 2014, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 11001-
03- 15-000-2013-02423-01.
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que da a entender es que tratándose de derechos que existen
durante la vida del titular y después respecto de los
beneficiarios llamados a sustituirse también en forma vitalicia
(cónyuge, compañera o hijo inválidos), es lógico, justificable
y razonable que en cualquier tiempo pueda discutirse tales
prestaciones, para diferenciarlas de los demás derechos
laborales que no son vitalicios y por consiguiente la definición
de las controversias sobre los mismos, debe hacerse en los
términos de la caducidad establecida para ellos, vale decir, a
meses.
[…]
Visto lo anterior, resulta claro para la Sala que las
prestaciones periódicas son aquellos emolumentos que se
reciben de manera vitalicia e indefinida y que son susceptibles
de ser sustituidos a sus beneficiarios (cónyuge, hijos,
hermanos, etc.). Asimismo, se consideran como tales,
aquellos valores devengados de manera constante, en
virtud de un vínculo laborar vigente, de tal manera, que
si éste se termina, desaparece la calidad de
periodicidad de dichos reconocimientos […]”. (Resaltado
fuera del texto).
Frente a lo anterior, para la Sala es importante resaltar que en el
presente caso se trata de una prestación periódica, pues, como
quedó visto en párrafos anteriores, la actora pretende que a través
del medio de protección constitucional se deje sin efecto la
providencia de 20 de febrero de 2020 y se ordene el
reconocimiento y pago de la indexación de la sustitución pensional
desde la fecha de fallecimiento del causante, el señor LOZANO
FUENTES.
En cuanto al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad
manifiesta, conviene traer a colación las precisiones hechas por
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esta Sección en sentencia de 28 de mayo de 201511, a través de
la cual unificó su jurisprudencia frente a la aplicación de los
criterios que deben tenerse en cuenta para analizar el requisito de
la inmediatez en estos casos particulares, especialmente, el que
hace referencia a la “condición de debilidad manifiesta”, en la que
señaló:
“[…]Pues bien, comoquiera que por medio de la providencia
transcrita, se estableció “el criterio que, en adelante
observará la Sala para analizar la procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias que traten de prestaciones
periódicas”; en casos como el presente, en que se
controvierte una sentencia relacionada con la reliquidación de
una prestación periódica, se ha acudido al citado
lineamiento Jurisprudencial de manera invariable, para
determinar si el hecho de haber superado el plazo prudencial
para interponer la acción de tutela merece ser tratado en
forma especial, esto es, a la luz de los criterios de ”que i) se
demuestre que la vulneración de los derechos permanece en
el tiempo, esto es, que es continua y actual, pese a que el
hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela; y que ii) el actor se encuentre en
un condición de debilidad manifiesta.”
Sin embargo, cuando el tema ha involucrado prestaciones
periódicas en las modalidades de pensión o asignación
de retiro, la aplicación de dichos criterios frente al requisito
de la inmediatez, en cada caso concreto, ha dado lugar a
soluciones divergentes, habida cuenta de que la Sala ha
aceptado que el pensionado, por el simple hecho de serlo,
ostenta una calidad que le permite enervar dicho requisito de
procedibilidad, pero también ha entendido que en ocasiones
se requieren elementos adicionales a tal condición para
proceder al estudio de fondo […]
Dichas divergencias merecen ser precisadas y, por lo tanto,
en esta oportunidad la Sala, con el propósito de unificar su
Jurisprudencia, determinará como lineamiento único y
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 28 de mayo de 2015, C.P. María Elizabeth García González, radicación número:
11001- 03-15-000-2015-00001-01.
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preciso, en cuanto a la exigencia o no del requisito de
inmediatez de la tutela contra providencias judiciales, cuando
el solicitante del amparo constitucional es un pensionado o
persona que goza de Asignación de Retiro, que tal
condición no es per se circunstancia que permita enervar el
citado requisito, habida cuenta de que es necesario que
confluyan elementos adicionales que permitan concluir que el
actor se encuentra en “la especial situación” que
“convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle
la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros”, tal como lo ha señalado la
Corte Constitucional en sentencia T-158 de 2006 y esta Sala
en el Expediente núm. 2013-02423-01, Consejero Ponente
doctor Marco Antonio Velilla Moreno.
Obsérvese que la Corte cita, solo a manera de ejemplo,
algunas circunstancias que pueden tenerse en cuenta para
determinar si el actor está o no en una ESPECIAL
SITUACIÓN, que justifique su inactividad en el tiempo frente
a la defensa de sus derechos, dentro de las cuales sugiere “el
estado de indefensión, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otras…” sin que éstas constituyan
taxatividad alguna. Justamente por ello, esta Sala introdujo
dentro de dicha lista al pensionado, por tratarse de un sujeto
de protección especial, conforme lo ha determinado la
Jurisprudencia Constitucional.
Pero, ocurre que el concepto de sujeto de especial protección
incluye, además de los pensionados, a otros grupos de
personas, tales como: indígenas, padres y madres cabeza de
familia, mujer embarazada, menores de edad, minusválidos,
ancianos, defensores de derechos humanos, enfermos
graves, desplazados, entre otros; sin que sea aceptable
concluir que en todos los casos, éstos resulten eximidos de
cumplir el requisito de procedibilidad de inmediatez, cuando
acudan a la tutela para obtener la pérdida de efectos de una
providencia judicial, por el solo hecho de ser denominados
sujetos de especial protección […]”.
Al respecto, se advierte que la actora no demostró, ni siquiera con
prueba sumaria, que se encontrara en un estado de debilidad
manifiesta que justificara la tardanza en la presentación de
la acción de tutela contra la providencia que presuntamente
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vulneró sus derechos fundamentales invocados.
Cabe resaltar que si bien en la impugnación del fallo de tutela de
primera instancia, la actora sostuvo que no era pertinente exigirle
el cumplimiento del requisito de la inmediatez, pues, a su juicio,
debía primar la protección de los derechos fundamentales que
están siendo vulnerados por la autoridad judicial accionada, lo
cierto es que dicho argumento no es suficiente para morigerar u
omitir el estudio de este requisito general de procedencia, dado
que lo que se pretende controvertir es una providencia judicial
debidamente notificada y ejecutoriada, la cual está cobijada bajo
los principios de legalidad, cosa juzgada y seguridad jurídica y por
ello la exigencia de radicar con prontitud la solicitud de amparo
constitucional es aún más importante precisamente en aras de
garantizar la protección y cumplimiento de dichos principios.
Para la Sala es claro que el cumplimiento del requisito de
inmediatez se determina con fundamento en la fecha en que se
produce o conoce el hecho generador de la presunta vulneración
de los derechos fundamentales invocados y en tratándose de las
acciones de tutela contra providencia judicial, dicha fecha no
puede ser otra que el día en el que se notifica la misma.
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Aunado a lo anterior, en los argumentos de la solicitud de amparo
la actora puso de presente su edad y afirmó que padece de algunas
afecciones de salud que requieren tratamientos médicos, además
que se ha afectado su mínimo vital.
Al respecto la Sala advierte que la edad de la actora no es un hecho
que por sí solo configure un perjuicio irremediable que haga
procedente el estudio del fondo del asunto, además, porque no se
acredita de manera alguna que, en efecto, no cuente con más
recursos que suplan su mínimo vital, señalando qué necesidades
básicas se encuentran insatisfechas, esto último sobre lo cual se
ha señalado8:
“[…] Aunado a lo anterior, la parte actora sostuvo que la
decisión controvertida vulnera su derecho fundamental al
mínimo vital; sin embargo, no allegó ningún medio probatorio
para corroborar que ello es así y verificar que se encuentra
en un estado de vulnerabilidad, dado que, de conformidad
con la jurisprudencia constitucional, le corresponde al
accionante demostrar la vulneración de su mínimo vital,
señalando qué necesidades básicas están siendo
insatisfechas, pues “no sólo basta hacer una afirmación llana
respecto de la afectación del mínimo vital, sino que dicha
aseveración debe venir acompañada de pruebas fehacientes
y contundentes de tal afectación, que le permitan al juez de
tutela tener la certeza de tal situación […]”12.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 11 de
noviembre de 2021, CP Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-
15-000-2021-04089-01(AC).
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Cabe precisar que, en todo caso, las circunstancias que aduce la
actora no justifican la interposición de la acción de tutela de forma
tardía, máxime si se tiene en cuenta que se encuentra siendo
representada por un profesional del derecho y, además, tras
verificar los documentos obrantes en el expediente no se
encuentra acreditada la afectación del mínimo vital, ni la
existencia de un perjuicio irremediable que hagan imperiosa la
intervención del juez constitucional, pues cómo quedó visto, la
actora hizo uso del presente mecanismo constitucional hasta el 3
de noviembre de 2022, esto es, se itera, transcurridos más de 2
años, 4 meses y 7 días después.
Cabe señalar que, frente al tema de la edad, la jurisprudencia
Constitucional13 ha sostenido que la condición de sujeto de la
tercera edad no constituye per se razón suficiente para admitir la
procedencia de la acción de tutela, pues si bien son sujetos de
especial protección constitucional14, deben probar la existencia de
un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez y,
en el caso bajo estudio, la Sala no advierte la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela de
la referencia como mecanismo transitorio, dado que de los
13 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, sentencia T-169/17, M.P. Alejandro
Linares Cantillo.
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elementos de juicio obrantes en el expediente no es posible
establecer dicha circunstancia.
Corolario de lo anterior, la Sala señala que para que proceda el
amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, debe ser actual y las
medidas que se requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no
basta cualquier perjuicio, se requiere que sea grave, lo que
equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo material o
moral en el haber jurídico de la persona; y la urgencia y la
gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable,
debido a que tiene que ser adecuada para restablecer el orden
social justo en toda su integridad.
Se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201715, la Corte
Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de
inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para
resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses
establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las
particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el
que existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la
interposición de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no
15
Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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se observa en el presente caso.
Así las cosas, resulta evidente que la presente acción no cumple
con el requisito general de la inmediatez para la procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial, ni las exigencias
excepcionales previstas para el efecto.
Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia impugnada, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de marzo
de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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