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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05854-00

Fecha
30 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05854-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia invocados por el señor Richard Gómez Vargas, por las razones expuestas en las consideraciones. 2º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05854-00

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

30 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2022-05854-001
Actor : Richard Gómez Vargas
Demandados : Magistrados del Tribunal Administrativo de Caldas
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia

Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por el señor Richard
Gómez Vargas contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo de
Caldas, por la presunta vulneración de sus derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo. El señor Richard Gómez Vargas, quien actúa
en nombre propio, presenta acción de tutela con el fin de obtener la
protección de las garantías superiores a las que se hizo referencia,
presuntamente quebrantadas por los señores magistrados del Tribunal
Administrativo de Caldas.

Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos el auto de 24 de
agosto de 2022, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Caldas repuso
parcialmente el de 23 de junio del año en curso, con el que admitió la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada contra el
departamento de Caldas y la Universidad del Atlántico (expediente 17001-23-
33-000-2022-00062-00), para ordenarle que integre «la demanda en un solo
escrito[,] en el cual se incluy[an] solo los actos administrativos de contenido
electoral […] y se excluya la pretensión de nulidad del contrato
interadministrativo número ADCCI01- 2021 del 21 de septiembre de 2021,
así como los hechos, normas violadas, fundamentos de derecho, pruebas a
solicitarse».

1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05854-00
Actor: Richard Gómez Vargas

1.2 Hechos. Relata el accionante que, por medio de Resolución 299 de 6 de
septiembre de 2021, la asamblea de Caldas convocó a concurso de méritos,
con la finalidad de designar contralor departamental para el período «2022-
2025», motivo por el cual invitó a varias universidades del país a que
formularan ofertas relacionadas con la aplicación de la prueba de
conocimientos que se efectuaría en el marco del mencionado procedimiento
de selección.

Que el 17 de septiembre de 2021 la asamblea departamental realizó un
estudio previo de las propuestas presentadas por los diferentes claustros
universitarios, dentro de los que se encontraba la Universidad del Atlántico,
con la que celebró el convenio interadministrativo ADCCI1 de 21 de los
mismos mes y año y en el que se designó como supervisor al señor Jorge
Eduar Ocampo Suárez, en transgresión del principio de transparencia,
comoquiera que «él tiene 5 contratos con el departamento de Caldas».
Además, la referida institución educativa también fue «contratada» por el
concejo de Manizales con el propósito de que surtiera las respectivas pruebas
dentro del concurso para elegir contralor municipal.

Dice que promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el departamento de Caldas y la Universidad del Atlántico
(expediente 17001-23-33-000-2022-00062-00), encaminado a obtener la
anulación de (i) la Resolución 299 de 6 de septiembre de 2021, (ii) el
convenio interadministrativo ADCCI1 de 21 siguiente y (iii) las «actas de
publicación de resultados de la prueba de conocimiento [y de] la puntuación
de experiencia, actividad docente y producción de obras». Asimismo, pidió
que se declarara administrativamente responsable a los entes estatales
demandados y se le concedieran $683ʼ809.488, por concepto de
«restablecimiento del derecho».

Que el asunto fue conocido por el Tribunal Administrativo de Caldas, que el 3
de mayo de 2022 lo inadmitió, para que informara si dentro del concurso de
méritos se conformó la terna y estimara la cuantía de sus pretensiones, por lo
que allegó oportunamente escrito de subsanación, sin embargo, el día 27 de
los mismos mes y año la Corporación «corrigió» el anterior proveído, para
indicar que (i) debían «integrarse» a las súplicas «los actos administrativos»
a través de los cuales se configuró la mencionada terna y (ii) resultaba
necesario determinar la cuantía de acuerdo con el artículo 157 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05854-00
Actor: Richard Gómez Vargas

Sostiene que, en atención al último de las precitadas providencias, adosó
corrección de la demanda, en la que adujó que también pedía la anulación de
los actos administrativos «que convocaron y seleccionaron la terna» dentro
del concurso de méritos de contralor de Caldas y que el monto que reclamaba
como restablecimiento del derecho ascendía a $683ʼ809.488, motivo por el
cual el 23 de junio de 2022 se dictó auto admisorio.

Que el departamento de Caldas interpuso recurso de reposición contra el
proveído de 23 de junio de 2022, al estimar que no se colmaban las exigencias
procesales para tramitar la demanda ordinaria, desatado el 24 de agosto
siguiente, en el sentido de reponerlo parcialmente, para ordenarle que
«integr[e aquella] en un solo escrito[,] en el cual se incluyan solo los actos
administrativos de contenido electoral referidos y se excluya la pretensión de
nulidad del contrato interadministrativo número ADCCI01- 2021 del 21 de
septiembre de 2021, así como los hechos, normas violadas, fundamentos de
derecho [y] pruebas a solicitarse».

Afirma que solicitó la nulidad de lo actuado desde el último de los proveídos
señalados en el párrafo precedente 2 , habida cuenta de que los argumentos
empleados por el departamento de Caldas en el correspondiente recurso no
tienen asidero jurídico y la orden de adecuar las súplicas desconoce que en el
auto de 27 de mayo de 2022 se le deprecó enjuiciar también la Resolución3
con la que se integró la terna de la cual se elegirá contralor de Caldas,
petición rechazada el 31 de octubre del año en curso, en razón a que las
aserciones expuestas no comportan alguna de las causales estipuladas en el
artículo 133 del Código General del Proceso (CGP).

Que la providencia cuestionada incurre en defecto sustantivo, toda vez que no
atendió los artículos (i) 173 del CPACA, que prevé que la demanda solo
puede reformarse una vez, premisa que impedía que se le ordenara
«integrarla a un solo escrito» y excluir de sus pretensiones la anulación del
convenio interadministrativo ADCCI- de 21 de septiembre de 2021 y de las
actas con las que se publicaron los resultados de la prueba de conocimientos y
de evaluación de antecedentes, dado que ello se le ordenó en el auto de 27 de
mayo de 2022; (ii) 314 del CGP, que establece que solo el demandante tiene
la potestad de desistir de sus súplicas, porque al descartarse los aludidos actos
administrativos del debate jurídico se impide estudiar su legalidad, que es lo
2
No determina qué día.
3
Omite identificarla.

3

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05854-00
Actor: Richard Gómez Vargas

que también depreca; y (iii) 165 del CPACA, que consagra la posibilidad de
acumular pretensiones, toda vez que las que formuló colman los presupuestos
fijados en ese precepto legal.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a
través de auto de 9 de noviembre de 2022, admitió la presente acción, ordenó
notificar a los señores magistrados del Tribunal Administrativo de Caldas y
dispuso vincular a los señores gobernador de ese departamento y rector de la
Universidad del Atlántico, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de
1991.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 Los señores magistrados del Tribunal Administrativo de Caldas, por
conducto del titular del despacho que conoce del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 17001-23-33-000-2022-00062-00, aseveran que
en el auto cuestionado se ordenó «integrar la demanda en un solo escrito, en
el cual se incluyan solo los actos administrativos de contenido electoral
concernientes a: (i) acto de apertura a la Convocatoria Pública CGC
0012021 contenido en la Resolución 0299 del 6 de septiembre de 2021 y (ii)
la Resolución 503 de 2022 que conformó la terna para dicha convocatoria»,
lo que no comporta trasgresión del ordenamiento jurídico, habida cuenta de
que se emitió con la finalidad de que el asunto contencioso-administrativo se
adelante sin vicios.

2.1.2 El señor rector de la Universidad del Atlántico, mediante apoderado,
indica que carece de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que la
presunta vulneración de las garantías superiores del demandante se deriva de
una providencia que no emitió, lo que imposibilita atribuirle su quebranto,
máxime cuando no es dable en una acción de tutela pronunciarse de fondo
sobre aspectos atañederos a concursos de méritos, dado que para tal fin está
instituida la demanda de nulidad electoral.

Que ese claustro universitario dispuso los recursos necesarios para el
cumplimiento del convenio interadministrativo ADCCI1 de 21 de septiembre
de 2021, celebrado con el objeto de adelantar la prueba de conocimientos en

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05854-00
Actor: Richard Gómez Vargas

el procedimiento de selección de contralor de Caldas, situación que impide
inferir que ha incumplido sus obligaciones consagradas en el referido negocio
jurídico.

2.1.3 El señor gobernador de Caldas guardó silencio en la oportunidad
prevista para el efecto.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de
reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983
de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por
el accionante, quien aduce quebranto de sus derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar el auto de 24 de agosto de 2022, por cuyo
conducto el Tribunal Administrativo de Caldas repuso parcialmente el de 23
de junio del año en curso, con el que admitió la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurada por el tutelante contra el
departamento de Caldas y la Universidad del Atlántico (expediente 17001-23-
33-000-2022-00062-00), para ordenarle que presente un solo escrito inicial
«en el cual se incluy[an] solo los actos administrativos de contenido electoral
[…] y se excluya la pretensión de nulidad del contrato interadministrativo
número ADCCI01- 2021 del 21 de septiembre de 2021, así como los hechos,
normas violadas, fundamentos de derecho [y] pruebas a solicitarse»; y, en

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Actor: Richard Gómez Vargas

caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso
y acceso a la administración de justicia invocadas en la solicitud de amparo.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la
amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en
sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en
apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de
hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y
desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la
acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el
reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la
administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos
fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii)
defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de
sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el
que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del
proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05854-00
Actor: Richard Gómez Vargas

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial
siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05854-00
Actor: Richard Gómez Vargas

inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la
Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de
vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo
del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales 4 , rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 20125, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos6.

3.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que

4
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2)
31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P.
Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de
junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-
0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia
López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
5
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
6
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008,
exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de
febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp.
2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05854-00
Actor: Richard Gómez Vargas

(i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia del actor; (ii) contra el auto acusado no procede
recurso alguno, por cuanto decidió uno de reposición7; (iii) se establecieron los
hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías
superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la
determinación judicial atacada se profirió el 24 de agosto de 2022 y la solicitud
de amparo se instauró el 3 de noviembre siguiente, es decir, dentro de un
término prudencial (2 meses y 9 días); y (v) la providencia cuestionada no
desató una acción de tutela.

En razón a que se colman los presupuestos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, esta Sala examinará el fondo
del asunto, conforme a la causal específica denominada defecto sustantivo.

3.5.1 Defecto sustantivo. El artículo 230 de la Constitución Política prevé
que los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de ese
mandato, las autoridades judiciales deben decidir las discusiones conforme a
las normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

La jurisprudencia constitucional 8 ha precisado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el
denominado defecto sustantivo, que se configura cuando el litigio es desatado
con fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien
porque fue derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no
tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es
paradójica o simplemente se omite aplicarla.

Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo que este defecto implica «[…] la
existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en
el proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al
caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la
procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la

7
Artículo 243A del CPACA: «No son susceptibles de recursos ordinarios las siguientes providencias:
[…]
3. Las que decidan los recursos de reposición, salvo que contengan puntos no decididos en el auto recurrido,
caso en el cual podrán interponerse los recursos procedentes respecto de los puntos nuevos.
[…]».
8
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05854-00
Actor: Richard Gómez Vargas

efectividad de los derechos constitucionales»9.

En el sub lite, en atención al escrito inicial y a las pruebas adosadas al
presente trámite constitucional, la Sala evidencia que, mediante Resolución
299 de 6 de septiembre de 2021, la asamblea de Caldas convocó a concurso
de méritos, encaminado a proveer el cargo de contralor departamental para el
período «2022-2025», procedimiento dentro del cual el día 21 de los mismos
mes y año la mesa directiva de dicha Corporación suscribió el convenio
interadministrativo ADCCI1 con la Universidad del Atlántico, con el
propósito de que practicara la prueba de conocimientos.

El 2 de marzo de 2022 el tutelante promovió medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el departamento de Caldas y la
mencionada institución educativa (expediente 17001-23-33-000-2022-00062-
00), con la finalidad de obtener la anulación (i) de «la convocatoria CGC1-
2021, contenida en la Resolución 299 de 6 de septiembre de 2021»; (ii) de las
«acta[s] de publicación de resultados [de la] prueba de conocimientos [y de
la] puntuación de experiencia, educación, actividad docente, y producción de
obras de los aspirantes»; y (iii) del convenio interadministrativo ADCCI1 de
21 de septiembre de 2021. Asimismo, deprecó «declarar responsables» a las
demandadas y ordenarles que le paguen como indemnización $683ʼ809.488,
que corresponden a lo que devenga un contralor departamental durante el
lapso para el cual es elegido.

En la demanda se consignó que durante el procedimiento de selección
acontecieron una serie de irregularidades que afectan el principio de
transparencia, como la de suscribir el referido convenio interadministrativo
con una universidad que participaba en la elección del contralor de Manizales
y designar como su supervisor al señor Jorge Eduar Ocampo Suárez, quien
tiene «5 contratos con el departamento de Caldas».

Del asunto conoce el Tribunal Administrativo de Caldas, que el 3 de mayo de
2022 lo inadmitió, al considerar que el demandante no indicó si dentro del
concurso de méritos ya se había integrado la respectiva terna y proferido el
acto administrativo de elección de contralor departamental (determinaciones
que debía allegar, en caso de que se hubieran expedido) y no estimó la cuantía
conforme al artículo 157 del CPACA, por lo que debía subsanar dichas
omisiones dentro de diez (10) días siguientes a la notificación de la decisión,
9
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05854-00
Actor: Richard Gómez Vargas

de acuerdo con el artículo 17010 ibidem.

Dentro de la respectiva oportunidad procesal el actor adosó escrito en el que
informó que, por medio de Resolución 503 de 6 de mayo de 2022, se
conformó la terna en el correspondiente procedimiento de selección, y al que
adosó copia de esa decisión administrativa y de las actas de publicación de los
resultados de «la prueba de conocimientos» y «de la puntuación de la
experiencia, educación, actividad docente y producción de obras, de los
aspirantes que superaron la prueba de conocimientos de carácter
eliminatoria».

El 27 de mayo de 2022 el Tribunal Administrativo de Caldas «corrig[ió]» el
proveído de 3 anterior, por cuanto en él se pidió aportar los actos
administrativos enunciados en el párrafo precedente, pero se omitió ordenarle
que dentro de sus pretensiones incluyera la anulación de aquellos, por lo que
debía hacerlo dentro de los diez (10) días siguientes, lo cual acató, motivo por
el que el 23 de junio del año en curso la Corporación admitió el medio de
control y ordenó notificar a los entes demandados.

El departamento de Caldas interpuso recurso de reposición contra el auto
admisorio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
17001-23-33-000-2022-00062-00, al estimar que el actor (i) no agotó el
requisito de procedibilidad de la conciliación, (ii) carece de legitimación en la
causa por activa, porque no era titular del derecho de ocupar el cargo de
contralor departamental; y (iii) no integró el litisconsorcio necesario, dado
que no demandó a la contraloría de Caldas. Además, se configuraron las
excepciones de ineptitud sustantiva por indebida acumulación de pretensiones
(puesto que no es dable pedir en una misma demanda la anulación de actos
administrativos y convenios interadministrativos) y caducidad.

El precitado recurso fue desatado el 24 de agosto de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Caldas, en el sentido de reponer parcialmente el auto de 23
de junio anterior, para ordenarle al actor que «integr[e] la demanda en un solo
escrito en el cual se incluyan solo los actos administrativos de contenido
electoral referidos y se excluya la pretensión de nulidad del contrato
interadministrativo número ADCCI01- 2021 del 21 de septiembre de 2021,

10
«Se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos señalados en la ley por auto susceptible de
reposición, en el que se expondrán sus defectos, para que el demandante los corrija en el plazo de diez (10)
días. Si no lo hiciere se rechazará la demanda».

11

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05854-00
Actor: Richard Gómez Vargas

así como los hechos, normas violadas, fundamentos de derecho, pruebas a
solicitarse».

Lo anterior, al estimar que (i) los actos administrativos acusados son de
carácter general, por tanto, no resulta aplicable el agotamiento del requisito de
procedibilidad de la conciliación; (ii) el accionante cuenta con legitimación en
la causa por activa, dado que participó en el procedimiento de selección
convocado por la asamblea de Caldas para designar contralor departamental,
en consecuencia, está facultado para controvertir las decisiones dictadas
dentro de aquel; y (iii) no era necesario vincular a la contraloría de Caldas,
toda vez que no profirió las decisiones administrativas enjuiciadas ni participa
en el concurso de méritos.

De igual modo, se advirtió que sí hubo una indebida acumulación de
pretensiones, en razón a que para que haya lugar a decidir en un mismo
proceso sobre la nulidad de actos administrativos de contenido electoral (que
son los que «establecen lineamientos del procedimiento electoral») y de
convenios interadministrativos, las súplicas formuladas para tal fin deben
tener conexidad, presupuesto que no se colma, comoquiera que el actor no
explicó la incidencia que tiene la eventual anulación de las determinaciones
administrativas de carácter electoral en el convenio interadministrativo
ADCCI1 de 21 de septiembre de 2021 y viceversa, por consiguiente, el
estudio de legalidad de este debe ser excluido.

Por último, determinó que los únicos actos administrativos cuestionados son
la Resolución que convocó el procedimiento de selección y la que «integró la
terna», por ende, quedan apartadas de control jurisdiccional, por ser de
trámite, las actas de publicación de resultados de «la prueba de
conocimientos» y «de la puntuación de la experiencia, educación, actividad
docente y producción de obras, de los aspirantes que superaron la prueba de
conocimientos de carácter eliminatoria».

En la solicitud de amparo, el actor sostiene que el auto reprochado incurre en
defecto sustantivo, habida cuenta de que desatiende los artículos (i) 173 del
CPACA, por cuanto dispuso una reforma la demanda, pese a que ello ya había
acontecido y esa norma prevé que solo es dable hacerlo una vez; (ii) 314 del
CGP, porque al excluir las mencionadas actas y el convenio
interadministrativo ADCCI1 de 21 de septiembre de 2021 del estudio
jurídico, se le impuso renunciar a algunas de sus pretensiones, pese a que ese
precepto legal consagra que el desistimiento de las súplicas solo le concierne
12

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05854-00
Actor: Richard Gómez Vargas

al demandante; y (iii) 165 del CPACA, toda vez que las pretensiones que
formuló colman las exigencias allí señaladas para su acumulación, pero aun
así se desestimó la relacionada con el referido convenio.

Con el fin de determinar si los anteriores argumentos tienen o no asidero
jurídico, resulta oportuno advertir que la demanda es un acto procesal mediante
el cual una persona acude a la administración de justicia, con la finalidad de
ponerla en marcha y, como regla general, obtener solución a una controversia.
Para tal propósito, aquella debe satisfacer, en materia contencioso-
administrativa, los requisitos contemplados en el artículo 16211 del CPACA.

Las exigencias estipuladas en la precitada norma tienen como objeto, entre
otros, (i) fijar el litigio, es decir, determinar los hechos sobre los cuales existe
discrepancia y así delimitar el análisis que debe realizar el juez de
conocimiento; (ii) dilucidar lo pretendido; (iii) precisar los extremos de la
relación jurídico-procesal (demandante y demandado); y (iv) establecer el
funcionario judicial competente para conocer del proceso.

Por otra parte, resulta pertinente indicar que si bien es cierto que el sistema
normativo no estipula, en principio, la posibilidad de que la autoridad judicial
que profirió un auto pueda modificarlo con posterioridad (salvo que decida
un recurso de reposición interpuesto oportunamente en su contra), también lo
es que el marco jurídico prevé excepciones a la anterior regla, como en el
evento en que el proveído lo contraríe, puesto que en ese escenario el juez
puede revocarlo aun si está ejecutoriado, por cuanto no puede estar atado a un
error que vicia las actuaciones posteriores, máxime cuando tiene el deber,
como director del proceso12, de adoptar medidas tendientes a garantizar que
tanto las decisiones como el procedimiento impartido a un litigio observen
los preceptos constitucionales y legales.

11
«Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:
1. La designación de las partes y de sus representantes.
2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por
separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.
3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados,
clasificados y numerados.
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto
administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.
5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar
todas las documentales que se encuentren en su poder.
6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia […]».
12
De acuerdo con el numeral 1 del artículo 42 del CGP, es deber del juez «Dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y
dilación del proceso y procurar la mayor economía procesal».

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05854-00
Actor: Richard Gómez Vargas

En este punto, debe precisarse que el artículo 228 de la Constitución Política
preceptúa que en las actuaciones jurisdiccionales «[…] prevalecerá el
derecho sustancial […]», principio que les impone a los jueces de la
República un papel activo en las controversias que conocen, que involucra, se
reitera, la obligación de acoger correctivos orientados a garantizar que sus
decisiones «sean justas» 13 y evitar sentencias inhibitorias, las cuales
constituyen, como regla general, «negación de justicia y la prolongación de
los conflictos que precisamente está[n] llamad[os] a resolver» 14 , pues no
deciden de fondo el litigio por aspectos formales, a pesar de agotarse las
correspondientes etapas procesales (en las que pudieron corregirse las
anomalías), lo que deriva en incertidumbre respecto de la titularidad del
derecho en disputa.

Efectuadas las anteriores precisiones jurídicas, la Sala evidencia que en el
auto reprochado se repuso parcialmente el auto admisorio de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho 17001-23-33-000-2022-00062-00,
para indicar que debía integrarse en un solo escrito «solo los actos
administrativos de contenido electoral», por lo que quedaban excluidas del
litigio (i) las actas de publicación de resultados de «la prueba de
conocimientos» y «de la puntuación de la experiencia, educación, actividad
docente y producción de obras, de los aspirantes que superaron la prueba de
conocimientos de carácter eliminatoria»; y (ii) el convenio
interadministrativo ADCCI1 de 21 de septiembre de 2021.

Para el demandante la providencia reprochada involucra trasgresión del
ordenamiento jurídico, comoquiera que en el auto de 27 de mayo de 2022 ya
se habían determinado los actos administrativos enjuiciables, por tanto, no era
dable que en el proveído reprochado se volviera a analizar ese asunto,
máxime cuando el artículo 173 del CPACA prevé que la reforma de la
demanda solo procede una vez.

Para la Sala el anterior reproche carece de asidero jurídico, porque si bien en
el precitado auto se indicaron las determinaciones administrativas que el
demandante debía enjuiciar, ello no impedía que, con posterioridad, las
autoridades accionadas excluyeran del estudio jurídico las señaladas en el
párrafo precedente, habida cuenta que, como directores del proceso, deben
adoptar las medidas que estimen necesarias (como la de apartar de la

13
Corte Constitucional, sentencia T-113 de 2019, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
14
Corte Constitucional, sentencia T-713 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

14

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05854-00
Actor: Richard Gómez Vargas

controversia los actos administrativos que no son susceptibles de control
jurisdiccional) con el propósito de evitar fallos inhibitorios, como sucedería
en el caso de que se surtan todas las etapas procesales y, al momento de dictar
sentencia, se constate que las decisiones administrativas acusadas no son
pasibles de control por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa.

En ese orden de ideas, no observa la Sala que la orden consignada en el auto
censurado desconozca el sistema normativo, en particular, el artículo 173 del
CPACA, puesto que esa norma prevé que solo es procedente que el
demandante reforme la demanda una vez, pero no le impide al juez que la
conoce ordenar su adecuación, con la finalidad de que las diligencias
ordinarias se adelanten de acuerdo con el marco jurídico, máxime cuando ello
comporta el ejercicio de sus potestades como director del proceso, con lo que,
sea dicho de paso, se atiende el artículo 228 superior.

Adicionalmente, si bien es cierto que en el proveído de 27 de mayo de 2022
se le ordenó expresamente al demandante pedir la anulación de las actas de
publicación de los resultados de «la prueba de conocimientos» y «de la
puntuación de la experiencia, educación, actividad docente y producción de
obras, de los aspirantes que superaron la prueba de conocimientos de
carácter eliminatoria», también lo es que los señores magistrados
demandados contaban con la posibilidad de corregir el curso del proceso,
como lo hicieron en la providencia cuestionada, porque, como se anotó en
líneas anteriores, el juez no está atado a un error que vicia las actuaciones
posteriores, premisa que les permitía adoptar los correctivos que consideran
pertinentes, como efectivamente lo efectuaron.

Ahora bien, el tutelante afirma que las autoridades accionadas, al excluir de la
controversia las referidas actas, evitó que se estudiaran todas las pretensiones
por él formuladas, lo que involucra desatención del artículo 31415 del CGP,
que establece que solo el demandante puede desistir de ellas, aserción que no
es de recibo, dado que la simple formulación de las súplicas no le impone a
los jueces la obligación de decidirlas en la sentencia, por cuanto estos deben
asegurar que el proceso atienda el ordenamiento jurídico, del que hace parte el
artículo 43 del CPACA, que estipula la regla de que los actos administrativos
susceptibles de control jurisdiccional son los definitivos, en virtud de la cual
se emitió el auto cuestionado.
15
«El demandante podrá desistir de las pretensiones mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga
fin al proceso […]».

15

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Actor: Richard Gómez Vargas

Cabe anotar que como la demanda es el acto procesal introductorio que
delimita la controversia, resulta de suma importancia velar para que se ajuste
al sistema normativo, puesto que ello asegura que las diligencias se surtan en
debida forma, situación por la que no merece reproche que las autoridades
accionadas le hayan ordenado al demandante adecuarla en los términos que
estiman correctos.

Por último, se advierte que la exclusión del contrato interadministrativo
ADCCI1 de 21 de septiembre de 2021 del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 17001-23-33-000-2022-00062-00, no comporta
desconocimiento del artículo 165 del CPACA, porque si bien este permite la
acumulación de pretensiones «de nulidad, de nulidad y de restablecimiento
del derecho, relativas a contratos y de reparación directa», para ello es
indispensable que «sean conexas», presupuesto que para las autoridades
accionadas no se colma, puesto que no explicó la relación que tienen los actos
administrativos sobre los cuales se tramitará la demanda (en caso de que se
atienda el auto reprochado) con el aludido negocio jurídico, aseveración que
no resulta reprochable para la Sala, por cuanto involucra una interpretación
razonable de la referida disposición y de lo consignado en la demanda, lo que
impide censurarla en esta instancia judicial, máxime cuando, efectivamente,
no se observa una carga argumentativa encaminada a fundamentar la relación
entre las precitadas decisiones administrativas. Sobre este aspecto la Corte
Constitucional16 dijo:

[…] la interpretación de la ley es un campo en el que se manifiestan
con especial intensidad los principios de independencia y autonomía
judicial. En efecto, en la tarea de aplicación de las normas, el juez se
enfrenta a diversas posibilidades hermenéuticas que derivan de la
interpretación de las disposiciones normativas, y no corresponde al
juez constitucional señalar cuál es la “correcta”, o la más conveniente
para la resolución de un caso específico, porque con fundamento en el
artículo 230 de la Constitución Política, el funcionario judicial al
administrar justicia goza de una libertad interpretativa, producto del
respeto de la independencia y la autonomía judicial, que lo ponen a
salvo de injerencias indebidas que afecten su imparcialidad y la
sujeción al orden jurídico, y que únicamente encuentran límite en la
desviación caprichosa y arbitraria de la ley […].

Así las cosas, la providencia acusada no desconoce las normas invocadas por

16
Corte Constitucional, sentencia T-192 de 2015, M. P. María Victoria Calle Correa.

16

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05854-00
Actor: Richard Gómez Vargas

el demandante, por cuanto se emitió en atención a las facultades de las que
gozan las autoridades accionadas para asegurar que el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 17001-23-33-000-2022-00062-00 se adelante en
debida forma, por consiguiente, se concluye que no incurre en defecto
sustantivo.

A partir de los anteriores prolegómenos, la Sala negará el amparo deprecado,
comoquiera que la decisión censurada no comporta la referida causal
específica.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia invocados por el señor
Richard Gómez Vargas, por las razones expuestas en las consideraciones.

2º. Notifíquese esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
WILLIAN HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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