Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-05859-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-05859-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2022-05859-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
13 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05859-00
Accionante: MANUEL ALEJANDRO RODRÍGUEZ TORRADO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN CUARTA – SUBSECCIÓN A Y OTRO
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho / aportes
de los rentistas de capital al régimen contributivo /
defecto sustantivo
Acción de tutela - sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Manuel
Alejandro Rodríguez Torrada contra el Juzgado Cuarenta y Tres
Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
El señor Manuel Alejandro Rodríguez, quien actúa a través de
apoderado1, interpone acción de tutela contra el Juzgado Cuarenta y
Tres Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo
1
Abogado Eisenhower Gallego Sotelo
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ACCI ÓN DE T UTEL A
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de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, por la presunta
vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, con
fundamento en los siguientes:
1. HECHOS
Mediante Liquidación. RDO-2018-01319 del 16 de mayo de 2018, la
UGPP ordenó liquidar aportes al sistema de salud y pensiones del señor
Manuel Alejandro Rodríguez por un valor de $ 46.840.400 y $
28.104.240 correspondiente a una sanción por inexactitud.
Frente a ello, presentó recurso de reconsideración, el cual fue resuelto
mediante Resolución RDC-2019-00782 del 27 de marzo de 2019, a
través de la cual se confirmó en su integridad la Resolución RDO-2018-
01319 del 16 de mayo de 2018.
Por lo anterior, formuló demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho. El estudio de la primera instancia correspondió al Juzgado 43
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, despacho que en
sentencia de 29 de julio de 2021, negó las pretensiones de la demanda.
Insatisfecha con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación que resolvió la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en providencia del 12 de mayo de
2022, en la que confirmó lo resuelto por el a quo.
2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
El accionante afirma que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en defecto sustantivo, toda vez que desconocieron que
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no existe normatividad a través de la cual se establezca que los
rentistas de capital sean considerados como sujetos pasivos de los
aportes al sistema de salud y pensiones, por lo que no podían, de
manera extensiva, aplicar las normas que regulan los elementos
esenciales del tributo de los aportes al sistema de salud y pensiones de
los trabajadores independientes.
Finalmente, manifestó que se vulneraron los principios de legalidad, no
tributación sin representación y reserva de ley.
3. PRETENSIONES
Con fundamento en lo anterior, solicita:
«5.1 TUTELAR el derecho fundamental al Debido Proceso del señor MANUEL
ALEJANDRO RODRÍGUEZ TORRADO, mayor de edad, identificada con la cédula de
ciudadanía número 1.020.741.241 vulnerado por el Juzgado 43 Administrativo del Circuito
de Bogota (sic) y la Subsección A de la Sección 4 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al expedir las sentencias de fecha del 29 de julio de 2021 y día 12 de mayo
de 2022 respectivamente, contrariando de manera directa el artículo 338 de la Constitución
Política de Colombia y desarrollado por los principios de Legalidad Tributaria, Certeza
Tributaria y Reserva de Ley.
5.2 Como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad de las Sentencias 29 de julio de
2021 Juzgado 43 Administrativo del Circuito y Sentencia del 12 de mayo de 2022
Subsección A de la Sección 4 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por violación
directa al artículo 338 de la Constitución Política de Colombia y desarrollado por los
principios de Legalidad Tributaria, Certeza Tributaria y Reserva de Ley».
4. INFORMES
Mediante auto del 10 de noviembre de 2022 se admitió la acción de
tutela de la referencia y se ordenó notificar al Juzgado Cuarenta y Tres
Administrativo del Circuito de Bogotá y al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A como accionados y a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
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Parafiscales de la Protección Social – UGPP como tercero interesado en
las resultas del proceso.
4.1. El Juzgado 43 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá manifestó que las sentencias cuestionadas se expidieron
conforme al ordenamiento jurídico, a un análisis minucioso del material
probatorio, a las normas aplicables al caso concreto y al riguroso
estudio de los argumentos planteados por las partes.
4.2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social solicitó negar
o rechazar por improcedente la presente acción de tutela, al considerar
que en las providencias cuestionadas no se evidenció la existencia de
un defecto material o sustantivo, por cuanto los fundamentos
expuestos se ajustaron a la normatividad aplicable al tema objeto de
estudio.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:
• ¿La presente solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará:
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• ¿La Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, al proferir la sentencia del 12 de mayo de 2022
que confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el señor
Manuel Alejandro Rodríguez, incurrió en defecto sustantivo y, en
consecuencia, en la vulneración de los derechos fundamentales
de la accionante?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar i) el marco conceptual de la acción de tutela contra
providencias judiciales; ii) el cumplimiento de los requisitos generales
de procedencia y, de encontrarlos acreditados; iii) el marco conceptual
del defecto sustantivo y iv) el caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta
política le impone.
2
Corte Constitucional, sentencia C-590-05.
3
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino
en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de
tutela.
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En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente
únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la
actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al
verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error
inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la
Constitución y (vi) desconocimiento del precedente.
2.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional
cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
2.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración como los derechos quebrantados se encuentran
plenamente individualizados.
2.1.2. Así mismo, se observa que la parte accionante no contaba con
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.
2.1.3. Se advierte, igualmente, que la interposición del mecanismo
constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», contado
desde la fecha de expedición de la sentencia de segunda instancia (12
de mayo de 2022) hasta la radicación de la acción de tutela (4 de
noviembre de 2022).
2.1.4. Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible
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vulneración iusfundamental como consecuencia del defecto sustantivo
en que, presuntamente, incurrió la autoridad judicial cuestionada.
2.2. DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO
De conformidad con la jurisprudencia constitucional , el defecto
material o sustantivo se origina en primer momento cuando la
autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia,
fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o
inconstitucionales , es decir, se da en los casos en que la autoridad
judicial se basa en, “(i) una norma no aplicable al caso, ya sea, porque
la norma,(a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue
derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente,
(d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es
constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó,
(ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de
interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las
sentencias con efecto Erga Omnes, que son aquellas de aplicación
general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o
contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder
concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no
previsto en la disposición” .
En segundo momento, el defecto material o sustantivo se origina
cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción
evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican.
En este orden de ideas, se produce cuando la decisión “(vi) se funda en
una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión del
análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en
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concreto,(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende
afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de
argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez
no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta
violación de la Constitución” . Este defecto, se presenta ante situaciones
excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión judicial es
irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser
así, la acción de tutela resultaría improcedente.
3. Caso concreto
Se advierte que la decisión judicial reprochada fue proferida por la
Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el 12 de mayo de 2022, en el trámite de segunda
instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado
por Manuel Alejandro Rodríguez Torrado contra la UGPP.
En la precitada sentencia la autoridad judicial accionada confirmó el
fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
Esta decisión a criterio de la parte accionante incurrió en un defecto
sustantivo al considerar que las normas que regulan los aportes al
sistema de salud y pensiones de los trabajadores independientes, no
pueden ser aplicadas a los rentistas de capital.
En la providencia objeto de tutela, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, consideró lo siguiente:
«[…] En este punto, es procedente traer a colación la Sentencia
C – 578 de 2009 del 26 de agosto de 2009, en la que la Corte
Constitucional precisó:
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“(…) Ahora bien, para intervinientes como la CUT, si bien
con la expresión “trabajadores independientes” se incurre
en un defecto técnico al otorgar a los “independientes con
capacidad de pago” la calidad de “trabajadores”, no por ello
la norma deviene inconstitucional, en la medida que una
compresión amplia de la expresión permite incluir dentro
de tal concepto el de “rentistas” tal como en su momento
lo señaló el Decreto 3063 de 1989, en su artículo 15, según
el cual es trabajador independiente toda “persona natural
que ejerce personal y directamente una profesión, oficio o
actividad económica, con o sin trabajadores a su servicio,
sin sujeción a contrato de trabajo”, con lo cual se concluye
que la expresión trabajadores independientes incluye a
todas las personas económicamente activas.
Lo expuesto permite demostrar que para ninguno de los
intervinientes la interpretación de las normas acusadas
puede ser diferente a aquella que asegure los principios de
universalidad y solidaridad, es decir, la obligatoriedad de
que los “rentistas” coticen al Sistema General de Seguridad
Social en Salud y, en últimas, es este entendimiento de la
norma el que debe preferirse a aquel que no se ajuste al
precepto constitucional que obliga a que todo colombiano
se encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad
Social en Salud sin excepción alguna, aspecto que en
definitiva permite concluir que los cargos de la demanda
recaen sobre una apreciación limitada del tenor literal del
numeral 1 de la Letra A del artículo 157 y el parágrafo
segundo del artículo 204 de la Ley 100, lo cual ni siquiera
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atiende el mandato contenido en el inciso primero de la
disposición acusada, según el cual “A partir de la sanción
de la presente ley, todo colombiano participará en el
servicio público esencial de salud que permite el sistema
general de seguridad social en salud (…)”.
Se debe tener en cuenta que el Consejo de Estado en sentencia
del 11 de noviembre de 2021, proferida con ponencia de la
doctora Myriam Stella Gutiérrez Argüello, dentro el expediente
No. 54001-23-33-000-2018-00316-01(24719), consideró:
“Recientemente, la Sala al estudiar la legalidad del artículo
26 del Decreto 806 de 1998 en sentencia del 29 de abril de
2021 (exp.25056 C.P. Myriam Gutiérrez Argüello) reiteró lo
expuesto anteriormente y señaló que “no solo deben
afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud
los rentistas de capital y los propietarios de empresas, sino
también todas las personas naturales residentes en el país,
que no tengan vínculo contractual y reglamentario con
algún empleador.”
Así las cosas, esta Sección ha sido clara sobre el deber de
afiliarse en el sistema de salud de este tipo de personas.
Respecto a los aportes a pensión se tiene que aplican las
mismas razones, pues los principios de solidaridad y
universalidad se predican de todo el Sistema General de
Seguridad Social, incluido el de pensiones, por lo que todas
las personas con capacidad económica deben contribuir con
su financiamiento.
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Es por esto que dentro de la expresión trabajadores
independientes se encuentran aquellos que no cuentan con
un contrato de trabajo o en una relación legal o
reglamentaria, pero que ostentan capacidad de pago para
financiar el sistema, de los que se destacan los
comerciantes, rentistas de capital, propietarios de
empresas, entre otros”.
Entonces, conforme a lo precisado por la Corte Constitucional y
el Consejo de Estado en las citada sentencias, así como también
a lo establecido en los artículos 1º y 16 del Decreto 1406 de 1999,
y en el artículo 26 del Decreto 806 de 1998, normas vigentes para
la época de ocurrencia de los hechos objeto del proceso de la
referencia, es claro que se consideran aportantes al Sistema de
Seguridad Social Integral, entre otros, los trabajadores por
cuenta propia y los rentistas de capital, en razón a que la
expresión “trabajadores independientes” incluye a todas las
personas económicamente activas.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que el demandante es un rentista
de capital, es evidente que es una persona económicamente
activa, y, por ende, debe ser catalogado como un trabajador
independiente, siendo, en consecuencia, un afiliado forzoso al
SSSI y, por ende, tenía la obligación de afiliarse y pagar los
aportes de los periodos discutidos.
Además, es claro que la calidad de sujeto pasivo del demandante
no se define por el artículo 26 del Decreto 806 de 1998, como
erradamente se señala en la demanda, pues tal circunstancia
deviene de los artículos 13, 15, numeral 1º, y 157, numeral 1º,
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de la Ley 100 de 1993, que determina que los trabajadores
independientes son afiliados obligatorios a los subsistemas de
salud y pensiones, pues como quedó demostrado, los rentistas de
capital están incluidos en esa categoría.
Igualmente, es evidente que no se realizó ninguna aplicación
analógica de normas, como pretende hacer ver el demandante,
pues tal conclusión deviene de la aplicación directa que
determinan que quienes deben afiliarse al SSSI, y de la
interpretación que de las mismas efectuó la Corte Constitucional
y el Consejo de Estado. De esta manera, es evidente que el
análisis efectuado en la sentencia apelada se ajusta a derecho en
ese aspecto.
Se anota que con el recurso de apelación se indica que el Juzgado
41 Administrativo de Bogotá, en sentencia del 29 de octubre de
2019, proferida dentro del proceso No.
1101333704120180033300 determinó que para el año 2014 no
existía certidumbre en cuanto a un método claro, preciso y eficaz
para establecer el IBC de los trabajadores independientes,
respecto a lo cual se tiene que decir que esa sentencia no está en
firme ya que se encuentra en trámite, ante el despacho del doctor
Luis Antonio Rodríguez Montaño, el recurso de apelación
interpuesto por la demandante de ese caso.
Igualmente se destaca que el anterior análisis ya ha sido
efectuado por esta Sala de decisión en múltiples sentencias, como
por ejemplo en las providencias proferidas el 28 de abril de 2022,
dentro del proceso No. 11001333703920190004401, de Felix
Alfonso García Barrero contra la UGPP, y el 17 de marzo de 2022,
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en el proceso No. 250002337000201800527-00, de Catalina
Gómez Garzón contra la UGPP, ambas expedidas por la ponente.
(…)
De la anterior se desprende que se presumen con capacidad de
pago y, en consecuencia, están obligados a afiliarse al Régimen
Contributivo, entre otros, las personas naturales declarantes del
impuesto de renta y complementarios, impuesto a las ventas e
impuesto de industria y comercio.
Igualmente, la referida norma dispone que el Gobierno Nacional
reglamentará un sistema de presunción de ingresos con base en
la información sobre las actividades económicas, lo cual para el
año de 2014 no había sucedido, sin embargo, tal circunstancia no
permite, de ninguna manera, desconocer que los declarantes de
renta se presumen con capacidad de pago y, en consecuencia,
están obligados a afiliarse al Régimen Contributivo, por lo que no
le asiste razón al demandante.
En conclusión, la base gravable para los trabajadores por cuenta
propia y los rentistas de capital para el año 2014 está
determinada en el artículo 19 de la Ley 100 de 1993, modificado
por el artículo 6 de la Ley 797 de 2003, el cual determina que los
trabajadores independientes con capacidad de pago deberán
cotizar al Sistema de Seguridad Social Integral en forma
obligatoria sobre los ingresos efectivamente percibidos, con las
deducciones que prevé el artículo 107 del ET, en relación con las
expensas necesarias para desarrollar la actividad productora de
renta. Igualmente, es claro que la base de cotización para
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pensiones deberá ser la misma que la base de la cotización a
salud.
Por lo tanto, los trabajadores independientes deben cotizar sobre
los ingresos que declaren ante la entidad a la cual están afiliados,
guardando correspondencia con los ingresos realmente recibidos;
de modo que la norma parte de la base de que esta clase de
trabajadores tienen una fuente de ingresos que le permiten su
cotización al sistema.
(…)
En consecuencia, para la Sala es evidente que a la UGPP
determinó en debida forma la obligación de declarar en los
subsistemas de salud y pensión del demandante por los periodos
de enero a diciembre de 2014, y que determinó en debida forma
el IBC para cada subsistema, sin que el demandante haya
desvirtuado la legalidad de los actos demandados».
Con fundamento en lo anterior, esta Sala de Subsección encuentra que
la autoridad judicial accionada, explicó los motivos por los cuales se
determina que los trabajadores independientes son afiliados
obligatorios a los subsistemas de salud y pensiones.
Asimismo, señaló las normas que establecen que los rentistas de capital
están incluidos dentro de la categoría de trabajadores independientes
y por lo tanto están obligados a afiliarse al Régimen Contributivo, por
cuanto se presumen con capacidad de pago, razón por la cual no se
observa un defecto sustantivo por una indebida extensión de las
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ACCI ÓN DE T UTEL A
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Ac c i on ant e: M anu el Al e j and ro R od ríg uez T orr ado
normas que regulan los aportes a seguridad social de los trabajadores
independientes a los rentistas capitalistas.
Así las cosas, al resolver en segunda instancia la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió su decisión con fundamento en las normas
vigentes al momento de radicar la demanda, la jurisprudencia aplicable,
y cumplió con la motivación requerida, estudiando las resoluciones
demandadas y analizando de manera minuciosa los fundamentos
expuestos en el recurso de apelación.
En ese orden de ideas, la Sala observa que el señor Manuel Alejandro
Rodríguez Torrado, sustentándose en la existencia de un defecto
sustantivo, pretende convertir la presente acción de tutela en una
tercera instancia.
En conclusión, según los argumentos que anteceden, se negará la
solicitud de tutela formulada por el señor Manuel Alejandro Rodríguez
Torrado en contra de la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.
III.DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
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FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional invocado por el señor
Manuel Alejandro Rodríguez Torrado en contra del
Juzgado 43 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
y de la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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