Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05878-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05878-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-05878-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
21 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 21 de julio de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05878-01
Demandante: Juan Sebastián Burgos Torres
Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ defecto fáctico – relevancia
constitucional – reiteración de argumentos/ desconocimiento del procedente – niega
Síntesis del caso: La parte actora enjuició las providencias que rechazaron una demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 9 de
marzo de 2023 de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, por medio de la cual se negó la solicitud de amparo2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera Instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 31 de octubre de 2022, Juan Sebastián Burgos Torres, por conducto
de apoderado, presentó acción de tutela contra la Subsección F de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por la presunta
vulneración de sus derechos al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia, con ocasión de los Autos de 28 de julio y 30 de
noviembre de 2021 y 28 de julio de 2022, a través de los cuales, las
autoridades accionadas inadmitieron y, luego, rechazaron una demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, Rad. 25000-23-42-000-2021-
00318-00/01.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “Primero. Denegar el amparo solicitado invocado por el señor Juan Sebastián Burgos Torres, de acuerdo con lo
expuesto en este proveído.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05878-01
Demandante: Juan Sebastián Burgos Torres
Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe
“1. Solicito muy comedidamente al(a) honorable juez constitucional, TUTELAR
EL PRINCIPIO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVAEL PRINCIPIO, DERECHO Y VALOR A
LA IGUALDAD, COMO FUENTES RECTORES DE LA APLICACIÓN IGUALITARIA DE
LAS DECISIONES JUDICIALES, IGUALDAD DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA Y AL DEBIDO PROCESO a favor de JUAN SEBASTIAN BURGOS TORRES y,
en contra de las entidades accionadas
2. DEJAR SIN EFECTO las siguientes providencias
2.1. El auto de fecha veintiocho (28) julio de dos mil veintiuno (2021) dentro de
la Radicación: 2500023420002021-00318-00 Medio: Nulidad restablecimiento
del derecho, proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN F mediante cual resuelve inadmitir la referida
demanda
2.2. El auto de fecha 30 de noviembre del 2021, dentro de la Radicación:
2500023420002021-00318-00 Medio: Nulidad restablecimiento del derecho
proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN F resuelve, rechazar la demanda impetrada por el
accionante.
2.3. el auto de fecha 28 de julio de 2022 proferido por el CONSEJO DE ESTADO-
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION SEGUNDA-SUBSECCION
B, bajo la ponencia de la magistrada, Dra. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ. Dentro
del radicado 25000-23- 42-000-2021-00318-01 Numero Interno: 2592-2022,
mediante el cual resuelve:
PRIMERO: CONFIRMAR el auto del 30 de noviembre de 2021 proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda- Subsección F el
cual rechazó la demanda en razón a que el asunto no es susceptible de control
judicial, de conformidad con lo argumentado en precedencia.
3. En consecuencia, le solicito al honorable juez constitucional ORDENAR a los
tribunales accionados, que, dentro de las 48 horas siguientes a esta
providencia, profiera una nueva providencia, en el que corrija las vías de hecho
evidenciadas a través del este trámite constitucional, y en especial acatando
la ratio decidendi de la sentencia SU077/18 de la honorable corte
constitucional, para lo cual ruego se les ordene ADMITIR la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el señor JUAN
SEBASTIAN BURGOS, en contra del comunicado del 10 de diciembre del 2019,
mediante el cual se excluyó de la convocatoria 800 del 2018 INPEC.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:
4. 1) El 17 de marzo de 2018, Juan Sebastián Burgos Torres participó en la
Convocatoria No. 800 de 2018, en la cual la Comisión Nacional del Servicio
Civil (CNSC) convocó a concurso abierto de méritos para cubrir varias
vacantes definitivas del empleo de dragoneante, con el código 4114 y
grado 11, en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
5. 2) El 12 de octubre de 2018, la CNSC emitió el Acuerdo No.
20181000006196 con el fin de establecer las normas para el mencionado
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Demandante: Juan Sebastián Burgos Torres
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concurso abierto de méritos. Este acuerdo tenía como objetivo reglar el
proceso de selección para dicho cargo, y abordó aspectos como el
requisito de la evaluación médica y la publicación de los resultados en la
plataforma web de la CNSC.
6. 3) El 18 de noviembre de 2019, se publicaron los resultados de la
evaluación médica que determinó que el señor Burgos Torres no cumplía
con los requisitos necesarios. El accionante presentó una reclamación
impugnando la valoración médica recibida.
7. 4) El 10 de diciembre de 2019, mediante oficio, la CNSC ratificó el
estado de NO APTO en los resultados de la valoración médica al señor
Burgos Torres, comoquiera que se detectó una “inhabilidad médica” en la
radiografía de columna (raquisquisis de L5), la cual impedía ejercer el cargo
al cual se aspiraba.
8. 5) El 27 de abril de 2021, Juan Sebastián Burgos Torres promovió
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la CNSC y el
INPEC. Sus pretensiones eran la declaración de nulidad del Oficio de 10 de
diciembre de 2019 y, a título de restablecimiento, obtener su reintegro al
proceso de selección.
9. 6) Mediante Auto de 28 de julio de 2021, la Subsección F de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió la
demanda y ordenó al señor Burgos Torres enviar la demanda y sus anexos a
la parte demandada3. Esta situación fue debidamente subsanada por el
señor Burgos Torres.
10. 7) El 30 de noviembre de 2021, la Subsección F de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda tras
determinar que no fue demandado el acto administrativo que definió la
situación jurídica del demandante y respecto del cual ya operó la
caducidad, así como el hecho de que el acto, efectivamente,
demandando no era susceptible de control judicial (falta de proposición
jurídica completa)4.
3 “El Despacho advierte que la demanda se presentó el 8 de julio de 2020, (Expediente digital, archivo 03) esto es,
cuando ya se había expedido el Decreto 806 de 2020, que entró en vigencia el 4 de junio de ese año, norma que
al igual que el Decreto 2080 de 2021 (vigente desde el 25 de enero de 2021) impone la carga a la parte actora
de notificar vía correo electrónico a la parte demandada la demanda so pena de inadmisión, salvo cuando se
soliciten medidas cautelares.
En el caso de autos, la parte actora no peticionó medidas cautelares, por tanto, se impone que allegue la
constancia de envío de la demanda y sus anexos al correo oficial de la Entidad demandada”
4 “Ahora bien, en el presente caso el demandante, quien persigue su reintegro al proceso de convocatoria para
proveer el empleo de Dragoneante en el INPEC, omitió solicitar tanto en la solicitud de conciliación prejudicial
como en la demanda, la nulidad del acto administrativo que contiene la decisión de la entidad de excluirlo de la
Convocatoria 008 de 2018 y solo dirigió su demanda en contra de un acto administrativo que no constituye la
decisión definitiva de la Administración de retirarlo del concurso. En efecto, no puede perderse vista que en los
términos del artículo 24 del Acuerdo CNSC - 20181000006196 de 12 de octubre de 20182, la publicación de los
resultados concluyentes de admitidos, es el acto que de manera definitiva excluyó al actor del proceso de
selección.
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Demandante: Juan Sebastián Burgos Torres
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11. Contra esta decisión, la parte demandante presentó recurso de
apelación en el que señaló que el juez de la nulidad y el restablecimiento
del derecho erró al señalar que la demanda se dirigió contra un acto que
no constituyó la decisión definitiva de excluirlo del proceso de selección, (se
trascribe)
“Error con el cual violenta el principio de legalidad porque no interpreto y no le
dio una lectura objetiva y apropiada al acuerdo. CNSC - 20181000006196 del
12-10-2018 como norma rectora de la convocatoria 800 del 2018 INPEC, habida
cuenta que no se puede tomar como fundamento jurídico para admitir la
demanda, el artículo 24 del citado acuerdo, como mal lo hace el A-quo,
porque dentro de la fase de la estructura de la convocatoria y de cara al
artículo 4 el análisis de la publicación de los resultados médicos de admitidos y
no admitidos OMITIO verificar la fase en la que se encontraba el accionante al
momento de su exclusión, ello es la fase 5 y no la fase 3 por lo que en el caso
en concreto la aplicación de artículo 24 del citado acuerdo se torna indebida,
violatoria del principio de legalidad y debido proceso del señor BURGOS
TORRES.
(…)
Bajo ese derrotero el A-quo pretende que el accionante demande los
resultados de la valoración médica que fue notificado el día 18 de Noviembre
de 2019, a través de la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil,
desconociendo que dicha actuación no tendrá carácter de definitivo, porque
lo que se descubre en ese resultado medico en los términos 43 a 50 del citado
acuerdo es una respuesta previa, la cual solo es definitiva cuando se haya
realizado la respetiva reclamación administrativa, es decir que los resultados
médicos que aduce el A-quo son erradamente interpretados, dado que se
confunde porque no se pueden subsumir el resultado de no apto de cara al
artículo 24 del citado acuerdo, dado de que el accionante no se encuentra en
la fase 3 de la convocatoria sino en la fase 5 de la estructura de la
convocatoria, siendo la respuesta a la reclamación administrativa un solo acto
definitivo, a tenor del artículo 50 del citado acuerdo (…)”
12. 8) Por Auto de 28 de julio de 2022, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, tras considerar que la naturaleza del acto
En consecuencia, para efectos de contabilizar el término de caducidad de la acción en el caso de autos, no
puede pasar por alto la Sala la omisión del demandante de pedir en tiempo la nulidad de la totalidad de actos
que consolidaron su situación de exclusión del concurso, pues dicha circunstancia impone la aplicación del
contenido del artículo 169 del CPACA que dispone el rechazo de la demanda cuando no se ha demandado en
el término de 4 meses establecido en el artículo 138 ibidem.
En los términos anteriormente expuestos, resultaría inocuo que se concediera el término establecido en el artículo
276 del CPACA para corregir la demanda e integrar en debida forma el acto demandado, toda vez que este
plazo solo se justifica en aquellos casos en que la demanda no reúne los requisitos formales, sin que ello permita
revivir términos legales que han expirado. Así las cosas, no resulta posible permitir la inclusión de nuevos actos
demandados cuando estos están afectados por el fenómeno de la caducidad.
(…)
De conformidad con lo expuesto, para la Sala no es posible permitir que el actor reforme la demanda y solicite la
nulidad de la totalidad de actos administrativos que debieron ser demandados, pues está claro que, para esta
fecha, ya operó el fenómeno de caducidad de la acción.
Por consiguiente, para la Sala es claro que los 4 meses con que contaba el actor para acudir a la jurisdicción a la
fecha se encuentran más que agotados, sin que sea posible contar el término de caducidad a partir de la
expedición del acta de conciliación prejudicial, pues la misma se produjo respecto a un acto administrativo que
no es el que decidió la situación jurídica del demandante.
En suma, al existir un acto administrativo definitivo que no fue debida y oportunamente demandado, se concluye
que operó el fenómeno de la falta de proposición jurídica completa y por consiguiente, la caducidad de la acción
por no acudir ante la jurisdicción en el término contemplado en el literal d) del numeral 2o del artículo 164 del
CPACA, lo cual impone a la Sala rechazar la demanda.”
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demandado no era otra que la de una simple comunicación y, en ese
orden, lo que debió demandarse fue la lista de admitidos y excluidos del
concurso.
13. Como fundamento de la vulneración, la parte actora consideró que
la autoridad judicial accionada desconoció el precedente contenido en la
Sentencia SU-77 de 2018, sobre el debido proceso administrativo y la
diferencia entre actos definitivos y de trámite.
14. Además, alegó la configuración de un defecto fáctico relacionado
con la indebida interpretación del Acuerdo No. 20181000006196 de 12 de
octubre de 2018, en el que se estableció que (se trascribe) (1) “la valoración
médica (…) no es una prueba dentro del proceso de selección sino un
trámite previo y obligatorio para ingresar al curso de formación o
complementación”; (2) “los aspirantes contaban con un plazo de dos (2)
días para presentar las respectivas reclamaciones [o] pedir una segunda
valoración médica”; (3) “los resultados definitivos de la valoración médica
se debían publicar en la página web (www.cnsc.gov.co) y utilizando el
enlace (SIMO) en el cual los aspirantes debían ingresar con su usuario y
contraseña para conocer los resultados”. Y, a partir de lo anterior, señaló (se
trascribe)
“Se infiere en este caso que el actor presentó una reclamación sobre la
valoración médica obtenida de “no apto”, toda vez que en la comunicación
del 10 de diciembre del 2019 la entidad le indicó que por medio de esa decisión
era atendida una petición, allí la entidad ratificó su decisión y excluyó del
concurso al demandante.
En lo pertinente, la comunicación de fecha 10 de diciembre del 2019 si es
susceptibles de control judicial, porque constituye un acto administrativo
definitivo, por medio de los cuales se modifica una situación jurídica particular,
en el artículo 43 del CPACA, se dice, «los que decidan directa o indirectamente
el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación»”
15. Finalmente, alegó que en otros 7 casos de compañeros suyos, las
demandas sí habían sido admitidas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (Rad. 2021-00134-00; 2021-00309-00; 2021-00311-00; 2021-
00314-00; 2021-00315-00; 2021-00316-00; 2021-00317)5.
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
16. En Sentencia de 9 de marzo de 2023, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, luego de delimitar el objeto de estudio al
Auto de 28 de julio de 2022 (que confirmó el rechazo de la demanda)6, negó
5 Es preciso señalar que las Salas que conocieron de esos casos fueron las Subsecciones A, D y E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, esto es, autoridades distintas de las aquí accionadas.
6 “2.3. Problema jurídico. Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir el auto interlocutorio del 28 de julio de 2022, proferido por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
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la solicitud de amparo.
17. Para ello, indicó que la Sentencia SU-77 de 2018, guardaba relación
con la procedencia de la acción de tutela contra actos de trámite y fijó
algunos elementos de juicio para diferenciar entre actos definitivos y actos
de trámite. Sobre esa base, indicó que la autoridad accionada no
desconoció el precedente, comoquiera que se identificó la naturaleza del
acto enjuiciado y explicó por qué no podría considerarse definitivo. Así
mismo dejó claras las razones para considerar que el acto que debió
enjuiciarse era “la lista de admitidos y no admitidos al proceso de selección
fue la decisión que definió la situación jurídica del señor Juan Sebastián
Burgos Torres”.
18. En lo que respecta al defecto fáctico, el juez de tutela de primer
grado advirtió que lo pretendido por la parte actora no fue otra cosa que
confundir el entendimiento y/o análisis sobre la naturaleza del oficio
demandando, cuando este no fue el acto que lo excluyó del concurso.
19. Finalmente, frente a los otros procesos, conocidos por el mismo
tribunal, en los que sí se habían admitido las demandas, la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado señaló (se trascribe)
“Sobre el particular, se encuentra, luego de ser revisados cada uno de los autos
admisorios traídos como prueba al plenario, que en estos no se logra advertir si
en los asuntos se demandó solamente el Oficio del 10 de diciembre de 2019 —
tal como ocurrió en el caso de marras—, ya que bien puede pasar que también
se haya demandado el acto administrativo contentivo de la lista de admitidos
y excluidos del concurso, el cual se echa de menos en el caso, de manera que,
ante la falta de prueba en lo referente, la Sala no puede tenerlos como
antecedentes para determinar la vulneración del derecho a la igualdad aquí
endilgado.”
20. La parte demandante presentó impugnación, en la que, además de
trascribir la totalidad del fallo de primera instancia, insistió en los argumentos
presentados en el escrito de tutela, así como en la posibilidad de cuestionar
la legalidad del Oficio de 10 de diciembre de 2019.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Objeto de pronunciamiento en segunda instancia. 2.2. Procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. 2.3. Verificación de defectos y/o vulneración
de derechos. 2.4. Conclusión.
2.1. Objeto de pronunciamiento en segunda instancia
radicado 25000-23-42- 000-2021-00318-01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción
de la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia de la parte actora, al ser confirmada la decisión de rechazo de la demanda.”
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21. Revisado el escrito de impugnación, la Sala advierte que la parte
actora no formuló reparo alguno contra la Sentencia de 9 de marzo de 2023.
Se limitó a reproducir los argumentos planteados en la solicitud de amparo
inicial.
22. En relación con la falta de argumentos en el escrito de impugnación
en casos de tutelas contra providencia judicial, la Sala Mayoritaria7 de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tomado una
postura intermedia para asegurar el acceso a la justicia8. En ese orden, se
examinan las razones que sirvieron de base para la decisión de tutela de
primera instancia para determinar si son razonables y deben ser
confirmadas, o si, por el contrario, no cuentan con el respaldo jurídico y
deben de modificarse.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial9
23. La Sala difiere de la postura adoptada por la Subsección A de la
Sección Segunda de esta corporación sobre la procedencia de la acción
de tutela respecto de los reparos relativos al defecto fáctico, pues estos no
cumplieron con el requisito de relevancia constitucional.
24. La relevancia constitucional es uno los requisitos que deben concurrir
para que resulte procedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, pues, en los términos de la Corte Constitucional, (se trascribe) “el
juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”.
25. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 201410, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere de la conjunción de 2 elementos: (1) la carga argumentativa por
parte del demandante en la que explique la relevancia de la controversia
para el juez de tutela11 y que la solicitud de amparo no se presente con el
objeto de obtener una nueva instancia12; y (2) que se trate de una
7 Postura que no comparte el magistrado Fredy Ibarra Martínez.
8 Entre otras, Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia de 10 de septiembre de 2019. Rad.
11001-03-15-000-2019-02020-01.
9 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia
T-66 de 2019.
10 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01
11 Ídem. “El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela
que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
12 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
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controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de mera
legalidad13.
26. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e
independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos
donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional14.
27. Lo anterior obedece a que la Sala logró evidenciar que la parte
demandante pretendió que se analizaran argumentos que ya fueron
expuestos dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, concretamente, el recurso de apelación contra el auto que
rechazó la demanda.
28. En el escrito de tutela, el señor Burgos Torres mostró su inconformidad
respecto del análisis realizado por las autoridades judiciales, en lo
relacionado con la valoración, interpretación y/o alcance del Acuerdo No.
20181000006196 de 12 de octubre de 2018, para establecer si el Oficio de 10
de diciembre de 2019 era, o no, un acto definitivo. Argumento que, como
se evidenció, desde los antecedentes de esta providencia, igualmente fue
puesto de presente al juez de la nulidad y el restablecimiento del derecho.
En otras palabras, se trata de una reiteración.
29. Tales argumentos fueron abordados y resueltos en la oportunidad
procesal pertinente por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado (como juez natural del asunto).
30. En virtud de lo anterior, se reitera que no se evidenció la necesidad de
la intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue resuelto por el juez
natural, quien se pronunció sobre los reparos formulados por la parte
demandante.
31. Además, se recuerda que las diferencias interpretativas que existieren
entre el demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por sí
mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del
juez ordinario. En otros términos, la presentación simple de discrepancias
entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión vía
tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es
constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra
13 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
14 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.
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providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de amparo
de derechos fundamentales de carácter excepcional.
32. En lo que respecta al desconocimiento del precedente y los reparos
sobre el derecho a la igualdad, la Sala estima, tal como lo hizo el juez de
tutela de primera instancia, que esta acción de tutela era procedente
porque: no existe recurso idóneo y eficaz que permitiera a la parte actora
alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa del derecho
presuntamente vulnerado. Hubo un plazo razonable entre la fecha de
notificación de la providencia cuestionada (9/9/22)15 y la de interposición
de la presente acción de tutela (31/10/22). No se enjuició un fallo de tutela,
pues la controversia se relacionó con un auto de segunda instancia que
confirmó el rechazo de una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho. Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los
hechos y la presunta vulneración derivada de ellos.
33. Por último, se advierte que la controversia tiene relevancia
constitucional por tratarse de la presunta afectación de los derechos
fundamentales de debido proceso, igualdad y acceso a la administración
de justicia de la parte actora, en el marco de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Asimismo, no se advierte que se trate de una
reiteración de los argumentos planteados en el proceso ordinario.
34. En ese orden, existen razones suficientes para modificar la decisión de
primera instancia en lo relativo al defecto fáctico y declarar su
improcedencia por falta de relevancia constitucional. Frente a los demás
defectos/reparos alegados se procederá a hacer el respectivo análisis de
fondo.
2.3. Verificación de defectos y/o afectación de derechos
35. La Sala confirmará la decisión de negar la solicitud de amparo frente
al desconocimiento del precedente y la vulneración del derecho a la
igualdad.
36. Tal como lo señaló la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, la Sentencia SU-77 de 2018 de la Corte Constitucional
prevé ciertas herramientas para que los operadores jurídicos puedan
identificar/diferenciar actos administrativos definitivos de aquellos de
trámite, (se trascribe):
“13. El artículo 43 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo define los actos definitivos como aquellos que «(…)
15 Notificado por estado.
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Demandante: Juan Sebastián Burgos Torres
Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B y otro
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decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible
continuar la actuación».
Por regla general, según lo dispone el artículo 74 de la normativa en cita, contra
los actos definitivos proceden los siguientes recursos: «1. El de reposición, ante
quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque; 2.
El de apelación, para (sic) ante el inmediato superior administrativo o funcional
con el mismo propósito (…) y; 3. El de queja, cuando se rechace el de
apelación (…)».
De otra parte, los actos de trámite, que comprenden los preparatorios, de
ejecución y, en general, todos los actos de impulso procesal, son los que no
crean, modifican o extinguen una situación jurídica concreta, sino que están
encaminados a contribuir con su realización. Con respecto a dichos actos, esta
Corporación ha establecido que «(…) no expresan en conjunto la voluntad de
la administración, pues simplemente constituyen el conjunto de actuaciones
intermedias, que preceden a la formación de la decisión administrativa que se
plasma en el acto definitivo y, en la mayoría de los casos, no crean, definen,
modifican o extinguen situaciones jurídicas.»
14. La distinción entre actos definitivos y de trámite obedece a la forma que
adoptan las actuaciones de la administración, en la que se adelantan actos
previos para la determinación o alteración de una situación jurídica -
preparatorios-, se emiten decisiones que crean, modifican o extinguen la
situación jurídica concreta -definitivos- y se realizan diversos actos dirigidos a
ejecutar u obtener la realización efectiva de la decisión de la administración -
de ejecución-.
La diferenciación en mención es relevante para determinar cuáles son los
mecanismos de contradicción con los que cuentan los ciudadanos. Así pues,
mientras el artículo 74 del CPACA prevé los recursos que proceden contra los
actos definitivos, el artículo 75 ibidem establece que “[n]o habrá recurso contra
los actos de carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de
ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa.”
La jurisprudencia constitucional se ha referido a la clasificación de los actos
antes descrita. En particular, en la sentencia C-557 de 2001 , este Tribunal indicó:
«(…) los actos de trámite son ‘actos instrumentales’, que integran el
procedimiento anterior a la decisión que finalmente resuelva el asunto y sus
defectos jurídicos podrán cuestionarse cuando se impugne el acto
definitivo, el cual podrá ser inválido, v.gr., por haberse adoptado con
desconocimiento del procedimiento previo que constituye requisito formal
del mismo acto. Por lo tanto, es necesario esperar a que se produzca la
resolución final del procedimiento para poder plantear la invalidez del
procedimiento por haberse presentado anomalías en los actos de trámite.»”
37. Contrario a lo afirmado por la parte actora, la autoridad accionada
no desconoció el precedente pues explicó, con suficiencia, las razones para
considerar que el Oficio 10 de diciembre de 2019 no era un acto pasible de
control judicial (se trascribe)
“20. Revisado el expediente se observa que el Oficio del 10 de diciembre de
2019 le manifestó al demandante que sería excluido de dicho concurso por
presentar una inhabilidad en la radiografía de columna (rasquisquisis de L5)
para ejercer el cargo al cual aspira, por lo que se colige que el prenotado acto
administrativo es una mera comunicación que se le hizo al actor de lo que
posteriormente se definiría en los resultados finales. Por consiguiente, se
entiende que para el presente asunto el accionante debió cuestionar la
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legalidad de la lista de admitidos y no admitidos si se encontraba inconforme
con su separación del concurso, por ser el que presuntamente afectó los
derechos deprecados en la demanda.
21. De igual manera, se ha sostenido por esta Subsección5 que el acto por el
cual se conforma la lista de admitidos y no admitidos en un concurso es
susceptible de control judicial:
«(…) Así las cosas, se tiene que cuando la Administración admite o excluye
a un convocado en el concurso, expide un acto administrativo de carácter
particular y concreto, en la medida que surte un efecto inmediato, directo
y subjetivo respecto del destinatario; lo mismo ocurre cuando consolida
dichos resultados mediante la conformación de una lista de elegibles; acto
administrativo que a pesar de su naturaleza plural en cuanto lo integra un
conjunto de destinatarios, crea derechos singulares respecto de cada una
las personas que la conforman. En el caso en estudio la lista de elegibles, en
tanto acto administrativo particular, concreto y positivo, es creador de
derechos y por lo tanto, enjuiciables ante esta jurisdicción. (…)»
22. Así mismo, el artículo 43 del CPACA establece lo siguiente:
«(...) son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo
del asunto o hagan imposible continuar la actuación. (...)».
23. De la jurisprudencia precitada se colige que contiene 2 tipos de actos para
2 tipos de momento: i) Uno en fase de admisibilidad, ya sea que admite o
excluye a un aspirante. ii) y el segundo, aquel que se emite cuando se
consolida dichos resultados mediante la conformación de una lista de
elegibles.
24. En esa medida, y en atención al artículo 43 ibidem, le asiste razón al tribunal
al considerar que el Oficio del 10 de diciembre de 2019 no es el acto susceptible
de control judicial en este asunto, puesto que el acto que definió la situación
jurídica del demandante respecto de la exclusión del concurso – curso INPEC
es la lista de admitidos y no admitidos en razón a que es este el acto que surte
un efecto inmediato, directo y subjetivo respecto del destinatario, pues el
accionante no pudo consolidar sus resultados para una posterior conformación
de la lista de elegibles.
25. Así las cosas, los argumentos del recurrente tendiente a que se revocara el
auto que rechazó la demanda no tiene vocación de prosperidad, toda vez
que el oficio demandado no es el acto susceptible de control judicial para lo
pretendido por el actor, pues es de mero trámite o preparatorio en razón a que
a través de este le manifestó la razón que se tomaría al expedir la lista de
admitidos y excluidos del concurso, por lo tanto, el acto que conformó la lista
de admisión y exclusión de los concursantes es la decisión definitiva que
imposibilitó al actor para continuar en las demás fases del concurso, siendo en
consecuencia, éste el llamado a ser enjuiciado ante la jurisdicción contencioso
administrativa.”
38. En ese orden de ideas, no se configuró el defecto que se analiza pues
(1) la sentencia fue de unificación, pero sobre la procedencia de la acción
de tutela contra actos de trámite, concretamente, en un caso en el que se
enjuiciaron los actos administrativos mediante los cuales las Registradurías
Distritales inscribieron 3 iniciativas de revocatoria del mandato del Alcalde
Mayor de Bogotá, esto es, un caso que incluso difiere sustancialmente en sus
supuestos fácticos respecto del asunto de la referencia y (2) las herramientas
dadas por la Corte (no necesariamente reglas de unificación jurisprudencial,
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dados los supuestos fácticos y jurídicos de aquella controversia), en ese
caso, para diferenciar actos de trámite de actos definitivos, no fueron
desatendidas, sino que, por el contrario, fueron aplicadas e interpretadas en
el caso concreto para definir la naturaleza del Oficio de 10 de diciembre de
2019, que se consideró como un acto de mera comunicación.
39. 2) Frente a la presunta vulneración al derecho a la igualdad, se
comparten las apreciaciones del juez de tutela de primera instancia, pues,
comoquiera que solo se allegaron al expediente de la referencia los autos
admisorios de los otros procesos, no hay elementos de juicios suficientes para
cotejar si existió o no similitud fáctica entre aquellos casos y el del señor
Burgos Torres, es decir, no hay forma de corroborar si, por ejemplo, solo se
demandó el oficio por el cual se comunicó la ratificación de la decisión de
no apto, se demandó la lista de admitidos y excluidos del concurso, hubo
reformas de la demanda, etc. Por tal motivo, a partir de los argumentos y
pruebas presentadas, no se tiene por demostrada vulneración alguna al
derecho a la igualdad.
2.4. Conclusión
40. La Sala modificará la sentencia de primera instancia para declarar la
improcedencia de los reparos relativos al defecto fáctico y confirmará la
decisión de negar el amparo, frente a los demás reparos.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 9 de marzo de 2023, por medio de
la cual la Subsección A Sección Segunda del Consejo de Estado en lo
relativo al defecto fáctico y, en su lugar, DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de
la solicitud de amparo en lo que respecta a ese reparo en particular, por
falta de relevancia constitucional.
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia impugnada.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
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solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin16.
CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con aclaración de voto Con aclaración parcial de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
16 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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