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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05885-01

Fecha
9 de marzo de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05885-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el numeral 3.º de la providencia del 1.º de diciembre del 2022 proferida por la Sección Quinta de esta corporación, el cual quedará así: “RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por los accionantes frente al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el PAR Telecom, el PAR Caprecom y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales para la Protección Social (UGPP), por las razones expuestas”. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de primera instancia, por las consideraciones anteriormente expuestas. www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-05885 01 Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo y otro TERCERO: PREVENIR a los señores Bernardo Augusto Santos Giraldo y Fredy Nel Pineda Ortiz para que, en lo sucesivo, se abstengan de iniciar nuevamente acciones constitucionales aduciendo los mismos hechos y pretensiones aquí ventilados, y de incidir en conductas que atenten contra la lealtad procesal y la correcta administración de justicia, so pena de incurrir en las respectivas sanciones legales CUARTO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma “SAMAI”. QUINTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-05885-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

9 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05885 01
Accionante: BERNARDO AUGUSTO SANTOS GIRALDO Y OTRO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCION SEGUNDA, SUBSECCION D Y OTROS
Tema: Acción de tutela contra providencia de tutela

Acción de tutela - sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante en
contra de la sentencia del 1.º de diciembre de 2022 mediante la cual
la Sección Quinta de esta corporación declaró improcedente la acción
de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Los señores Bernardo Augusto Santos Giraldo y Fredy Nel Pineda Ortiz,
actuando en nombre propio, invocan la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad
social integral y al mínimo vital, así como los principios de favorabilidad
e in dubio pro operario con base en los siguientes:

1. HECHOS

1.1. Manifestó el señor Bernardo Augusto Santos Giraldo que nació el
31 de marzo de 1961 y laboró para Telecom desde el 22 de noviembre
de 1982 al 31 de enero de 2006, es decir que prestó sus servicios por

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Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo y otro

más de 23 años y 2 meses, mientras que el señor Fredy Nel Pineda
Ortiz señaló que nació el 30 de diciembre de 1960 y trabajó para la
misma empresa a partir del 1.º de febrero de 1982 hasta el 25 de julio
de 2003, esto es, por el período de 21 años, 5 meses y 25 días.

1.2. En ese contexto, precisaron que ingresaron a Telecom antes de
la expedición del Decreto 2123 del 29 de diciembre de 1992, razón por
la cual eran beneficiarios de las convenciones colectivas.

1.3. Señalaron que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo
12 de la Ley 790 de 2002 y la sentencia de unificación SU-897 de 2012,
cumplen con la condición de prepensionados.

1.4. Por lo anterior, promovieron una acción de tutela en contra del
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, del
Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y de la Unidad de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
la cual por reparto correspondió al Juzgado Sesenta y Cuatro
Administrativo del Circuito de Bogotá bajo radicado n.° 11001-33-43-
064-2022-00103-00, dependencia judicial que, mediante sentencia del
25 de abril de 2022 resolvió declarar improcedente el mecanismo
constitucional al considerar que no cumplía con los requisitos de
subsidiariedad e inmediatez.

1.5. Inconformes, presentaron escrito de impugnación el cual fue
resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, a través de la sentencia del 26 de mayo de
2022, por medio de la cual confirmó la anterior decisión.

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Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo y otro

2. PRETENSIONES

La parte accionante solicita:

«PRIMERO.- Por medio de la presente acción de tutela contra decisión judicial se
“REVOQUEN” las sentencias expedidas el 25 de abril de 2022, por el Juzgado 64
Administrativo de Bogotá, en primera instancia, y el 26 de mayo de 2022, por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -SECCIÓN
SEGUNDASUBSECCIÓN “D”, EXPEDIENTE: 11-001-33-43-064-2022-00103-01, en
segunda instancia, mediante las cuales se negó la acción de tutela instaurada por
BERNARDO AUGUSTO SANTOS GIRALDO y FREDY NEL PINEDA ORTÍZ, contra
el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES P.A.R. TELECOM, MIN TIC Y
CAPRECOM HOY, UGPP. En su lugar “TUTELAR” los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y de acceso a la justicia y demás
derechos fundamentales presuntamente vulnerados de los accionantes.

SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS las sentencias dictadas por el JUZGADO 64°
ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, el 25 de abril y 26 de mayo del año en curso, que no
“AMPARARON” nuestros derechos fundamentales a la IGUALDAD y principio de
favorabilidad en el reconocimiento del retén social como prepensionados, como una
protección LABORAL especial reforzada de reinganbre constitucional o Sentencia de
Unificación SU 897 de 2012 Corte Constitucional, ante “NUEVOS HECHOS
JURÍDICOS”, que hacen inexistentes o excepctuados la temeridad o cosa juzgada
constitucicional (Sic), aún más, cuando la acción de tutela se presentaba “POR PRIMERA
VEZ” por encontrarnos los suscritos en las mismas situaciones “fácticas y jurídicas” con
los trabajadores de TELECOM allí beneficiados con el reconocimiento del “REGIMEN
ESPECIAL, EXCEPCIONAL Y CONVENCIONAL DE PENSIONES EN TELECOM”
y, que le fuera reconocida en CARGO TÉCNICO ahora, como CARGO DE
EXCEPCIÓN, al compañero GONZALO ENRIQUE TRIANA VERGARA, la
modalidad pensional “EXCEPCIONAL” de: “20 años de servicio sin consideración a la
edad” o “PLAN DE PENSIÓN ANTICIPADA PPA TELECOM”, como una sitaución
además “NOVEDOSA” y, demás beneficios, como la liquidación de la mesada sobre el
75% de todos los ingresos recibidos durante el último año de servicio y, la mesada catorce
(14), dado que su “causación” ocurrió mucho antes del 31 de enero de 2004 o Decreto
1835 de 1994y, que los sucritos accionantes BERNARDO AUGUSTO SANTOS
GIRALDO y FREDY NEL PINEDA ORTÍZ, nos encontramos en las mismas situaciones
“fácticas y jurídicas” con respecto al compañero GONZALO TRIANA, también,
AFIRMAR, que aplicamos en las tres (3) modalidades pensionales de TELECOM, entre
otras: “25 años de servicio sin consideración a la edad” y “20 años de servicio y 50 años
de edad, sin vínculo laboral vigente”, ésta última, reconocido en cargo ordinario a los
compañeros: MARIO ORLANDO DURÁN MORALES y otros, con quienes también
(Sic), nos encontramos en las mismas situaciones “fácticas y jurídicas”, sin pasar por alto
que se trata de “PRESTACIONES PERIÓDICAS” y, que los suscritos accionantes
BERNARDO AUGUSTO SANTOS GIRALDO Y FREDY NEL PINEDA ORTÍZ,
estamos en edades de “adulto mayor”, envejeciendo y con la salud física, psiclógica y
mental, muy desmejorada, en especial la del suscrito B.A.S.G.

TERCERO.- En consecuencia, se “ORDENE” al P.A.R. TELECOM, MIN TIC y, UGPP:
REINTEGRO LABORAL: ORDENE EL Despacho en observación al derecho a la
IGUALDAD y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, dadas las SENTENCIAS:
(…)
CUARTO: Si no es posible ORDENAR EL REINTEGRO LABORAL SIN SOLUCIÓN
DE CONTINUIDAD A LA NÓMINA DEL PAR TELECOM SEGÚN DECRETO 4781

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Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo y otro

DE 2005, reza que: (…) “Vencido el término de liquidación señalado o declarada la
terminación del proceso liquidatorio con anterioridad a la finalización de dicho plazo,
terminará para todos los efectos la existencia jurídica de la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones- Telecom en Liquidación"…” Asunto que no sucedió o Sentencia
del Honorable Consejo de Estado: Radicado numero: 11001-03-24-000-2006-00037-00
(acumulados), SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION
PRIMERA, Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ, Bogotá,
D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012). que se presume se levantó un
ACTA DE CIERRE A TODAS LUCES “ ILEGAL”, QUE EL DECRETO 4781 DE 2005
PARCIALMENTE NULO EN SU ARTÍCULO TERCERO, Cita: (…) “ la atención de
las obligaciones remanentes y contingentes, así como de los procesos judiciales o
reclamaciones en curso al momento de la terminación del proceso liquidatorio y el
cumplimiento de las demás actividades, obligaciones o fines que se indican en el presente
decreto o que de conformidad con la ley correspondan a las sociedades Fiduciarias: Sobre
la (…) “atención de las obligaciones remanentes y contingentes” se registra en su numeral
3. GESTIÓN DE HISTORIAS LABORALES:
(…)
4.1 En la situación del Accionante BERNARDO AUGUSTO SANTOS GIRALDO, de
no ser posible ORDENAR al P.A.R. TELECOM, MIN TIC y, UGPP el “REINTEGRO
LABORAL”, en consecuencia “ORDENE” EL Despacho en observación al derecho a la
IGUALDAD y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD: El reconocimiento del retén social”
como PREPENSIONADOS o Sentencia Unificadora con vocación de universalidad y
novedosa: SU 897 DE 2012, reconozca las siguientes modalidades de régimen especial,
EXCEPCIONAL y convencional de pensión en TELECOM:

4.1.1. Se reconozca al suscrito accionante: BERNARDO AUGUSTO SANTOS
GIRALDO, el PLAN DE PENSIÓN ANTICIPADA PPA TELECOM, como un hecho
sobreviniente al retén social o PREPENSIONADO, artículo 12° Ley 790 de 2002,
mediante ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE TELECOM No. 1782 del 28 de febrero
de 2003, que ofreciera hasta (+7) años de servicio para completar los requisitos para la
pensión, en la modalidad EXCEPCIONAL: “20 AÑOS DE SERVICIO SIN
CONSIDERACIÓN A LA EDAD”, que en derecho fundamental a la IGUALDAD y
principio de favorabilidad y, por tratarse de “prestaciones periódicas” se constituye en
“LEY PARA LAS PARTES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO” por encontrarse
en las mismas situaciones “fácticas y jurídicas” y, constituir una situación novedosa, con
respecto al compañero en cargo técnico ahora, en CARGO DE EXCEPCIÓN:
GONZALO ENRIQUE TRIANA VERGARA y, que causó el 12 de octubre de 2001
(incluyendo el tiempo de servicio militar), dados los “nuevos hechos jurídicos”: SL 3280
DE 20218 C.S.J., SU 143 DE 2020 C.C., NUEVA SL 761 DE 2021 C.S.J. Y AUTO 807
DEL 15 DE JUNIO DE 2022, ese mismo derecho que la Honorable Corte Constitucional
infirmara en Sentencia T-274 de 2010 y, en contradicción hoy, con los “nuevos hechos
jurídicos” y, la jurisprudencia T-009 de 2008 que ordenó reintegro laboral y derecho a la
pensión por retén social, mesada que se liquidará sobre el 75% de todos los ingresos
obtenidos en el último año de servicio y, adicionalmente el reconocimiento del derecho a
la mesada catorce (14) por haberse causado antes del Acto Legislativo No. 1 de 2005,
sumas debidamente indexadas y, ultra y extra petitamente lo que el Señor JUEZ
CONSTITUCIONAL considere necesario y/o pertinente.
(…)
4.1.2. Se reconozca al suscrito accionante: BERNARDO AUGUSTO SANTOS
GIRALDO, la modalidad de régimen especial, EXCEPCIONAL y convencional de
pensiones en TELECOM: “25 AÑOS DE SERVICIO SIN CONSIDERACIÓN A LA
EDAD”, dado que al 31 de enero de 2006, fecha de supresión del cargo “sin justa causa”
en su condición de “padre cabeza de familia” reconocida mediante Resolución No. 2941
de 2005 Telecom en Liquidación y, como PREPENSIONADO -SU 897 DE 2012-, por
encontrarse a menos de (- 9) meses, se le reconozca la modalidad y, que causó el pasado
12 de octubre de 2006, por encontrarse en las mismas situaciones “fácticas y jurídicas”

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Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo y otro

del reconocimiento GENERAL del REGIMEN ESPECIAL, EXCEPCIONAL Y
CONVENCIONAL DE PENSIONES EN TELECOM, dados los “nuevos hechos
jurídicos”: SL 3280 DE 20218 C.S.J., SU 143 DE 2020 C.C., NUEVA SL 761 DE 2021
C.S.J. Y AUTO 807 DEL 15 DE JUNIO DE 2022, adicionalmente, el reconocimiento de
la mesada que se liquidará sobre el 75% de todos los ingresos obtenidos en el último año
de servicio, sumas debidamente indexadas y, ultra y extra petitamente lo que el Señor
JUEZ CONSTITUCIONAL considere necesario y/o pertinente.
(…)
4.1.3. Se reconozca al suscrito accionante: BERNARDO AUGUSTO SANTOS
GIRALDO, la modalidad de régimen especial, EXCEPCIONAL y convencional de
pensiones en TELECOM: “20 AÑOS DE SERVICIO y 50 AÑOS DE EDAD SIN
VÍNCULO LABORAL VIGENTE”, que en derecho fundamental a la IGUALDAD y
principio de favorabilidad o retén social como PREPENSIONADO -SU 897 DE 2012
CORTE CONSTITUCIONAL y, por tratarse de “prestaciones periódicas” y, encontrarse
en las mismas situaciones “fácticas y jurídicas” y, constituir una situación novedosa, con
respecto al compañero en cargo ordinario: MARIO ORLANDO DURÁN MORALES y
otros, que se causó el 31 de marzo de 2011, dados los “nuevos hechos jurídicos”: SL 3280
DE 20218 C.S.J., SU 143 DE 2020 C.C., NUEVA SL 761 DE 2021 C.S.J. Y AUTO 807
DEL 15 DE JUNIO DE 2022, mesada que se liquidará sobre el 75% de todos los ingresos
obtenidos en el último año de servicio y, adicionalmente el reconocimiento del derecho a
la mesada catorce (14) por haberse causado antes del Acto Legislativo No. 1 de 2005,
sumas debidamente indexadas y, ultra y extra petitamente lo que el Señor JUEZ
CONSTITUCIONAL considere necesario y/o pertinente.
(…)
4.1.4. Se reconozca al suscrito accionante: FREDY NEL PINEDA ORTÍZ, el PLAN DE
PENSIÓN ANTICIPADA PPA TELECOM, como un hecho sobreviniente al retén social
o PREPENSIONADO, artículo 12° Ley 790 de 2002, mediante ACTA DE JUNTA
DIRECTIVA DE TELECOM No. 1782 del 28 de febrero de 2003, que ofreciera hasta
(+7) años de servicio para completar los requisitos para la pensión, en la modalidad
EXCEPCIONAL: “20 AÑOS DE SERVICIO SIN CONSIDERACIÓN A LA EDAD”,
que en derecho fundamental a la IGUALDAD y principio de favorabilidad y, por tratarse
de “prestaciones periódicas” se constituye en “LEY PARA LAS PARTES DE
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO” por encontrarse en las mismas situaciones “fácticas
y jurídicas” y, constituir una situación novedosa, con respecto al compañero en cargo
técnico ahora, en CARGO DE EXCEPCIÓN: GONZALO ENRIQUE TRIANA
VERGARA y, que causó el 1 de febrero de 2002, dados los “nuevos hechos jurídicos”: SL 3280 DE 20218 C.S.J., SU 143 DE 2020 C.C., NUEVA SL 761 DE 2021 C.S.J. Y
AUTO 807 DEL 15 DE JUNIO DE 2022, mesada que se liquidará sobre el 75% de todos
los ingresos obtenidos en el último año de servicio y, adicionalmente el reconocimiento
del derecho a la mesada catorce (14) por haberse causado antes del Acto Legislativo No. 1 de 2005, sumas debidamente indexadas y, ultra y extra petitamente lo que el Señor
JUEZ CONSTITUCIONAL considere necesario y/o pertinente.
(…)
4.1.5. Se reconozca al suscrito accionante: FREDY NEL PINEDA ORTÍZ, la modalidad
de régimen especial, EXCEPCIONAL y convencional de pensiones en TELECOM, en
cargo ordinario: “25 AÑOS DE SERVICIO SIN CONSIDERACIÓN A LA EDAD”,
como un hecho sobreviniente al retén social o PREPENSIONADO, artículo 12° Ley 790
de 2002, se firmara el ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE TELECOM No.

1782 del 28
de febrero de 2003, que a la fecha de supresión del cargo el 25 de julio de 2003, le faltaría
menos de cuatro (4) años de servicio y, que el PPA ofreciera hasta (+7) años de servicio
para completar los requisitos para la pensión, que en derecho fundamental a la
IGUALDAD y principio de favorabilidad y, por tratarse de “prestaciones periódicas” se
constituye en “LEY PARA LAS PARTES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO” por
encontrarse en las mismas situaciones “fácticas y jurídicas” y, constituir una situación
novedosa, con respecto al compañero en cargo técnico ahora, en CARGO DE
EXCEPCIÓN: GONZALO ENRIQUE TRIANA VERGARA y, que causó el 1 de febrero

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de 2007, dados los “nuevos hechos jurídicos”: SL 3280 DE 20218 C.S.J., SU 143 DE
2020 C.C., NUEVA SL 761 DE 2021 C.S.J. Y AUTO 807 DEL 15 DE JUNIO DE 2022,
mesada que se liquidará sobre el 75% de todos los ingresos obtenidos en el último año de
servicio y, adicionalmente el reconocimiento del derecho a la mesada catorce (14) por
haberse causado antes del Acto Legislativo No. 1 de 2005, sumas debidamente indexadas
y, ultra y extra petitamente lo que el Señor JUEZ CONSTITUCIONAL considere
necesario y/o pertinente.
(…)
4.1.3. Se reconozca al suscrito accionante: FREDY NEL PINEDA ORTÍZ, la modalidad
de régimen especial, EXCEPCIONAL y convencional de pensiones en TELECOM, en la
modalidad de cargo ordinario: “20 AÑOS DE SERVICIO y 50 AÑOS DE EDAD SIN
VÍNCULO LABORAL VIGENTE”, que en derecho fundamental a la IGUALDAD y
principio de favorabilidad o retén social como PREPENSIONADO -SU 897 DE 2012
CORTE CONSTITUCIONAL y, por tratarse de “prestaciones periódicas” por
encontrarse en las mismas situaciones “fácticas y jurídicas” y, constituir una situación
novedosa, con respecto al compañero en cargo ordinario: MARIO ORLANDO DURÁN
MORALES y otros, que causó el 30 de diciembre de 2010, dados los “nuevos hechos
jurídicos”: SL 3280 DE 20218 C.S.J., SU 143 DE 2020 C.C., NUEVA SL 761 DE 2021
C.S.J. Y AUTO 807 DEL 15 DE JUNIO DE 2022, mesada que se liquidará sobre el 75%
de todos los ingresos obtenidos en el último año de servicio y, adicionalmente el
reconocimiento del derecho a la mesada catorce (14) por haberse causado antes del Acto
Legislativo No. 1 de 2005, sumas debidamente indexadas y, ultra y extra petitamente lo
que el Señor JUEZ CONSTITUCIONAL considere necesario y/o pertinente.
(…)
QUINTO: ORDENE El DESPACHO del Señor JUEZ DE TUTELA, el reconocimiento
del Plan de Salud Complementario M10- COLSANITAS, según Informe de Gestión PAR
TELECOM del mes de septiembre de 2022, (www.par.com.co), desde luego, como una
“obligación remanente y contingente” de TELECOM EN LIQUIDACIÓN o artículo 3°
Decreto 4781 de 2005, que en derecho fundamental y principio de favorabilidad y, en
cumplimiento de acciones de tutela, un grupo muy reducido de “pensionados” goza de
este derecho convencional para trabajadores y pensionados de TELECOM, sin
discriminación alguna, como un derecho fundamental a la IGUALDAD.» (Sic a toda la
cita).

3. INTERVENCIONES

Mediante auto del 10 de noviembre de 2022, la Sección Quinta de esta
corporación admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, al Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, al Patrimonio Autónomo de Remanentes
Telecom y Teleasociadas en Liquidación – PAR Telecom, al PAR
Caprecom y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales para la Protección Social, UGPP.

3.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, a través del magistrado ponente de la

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decisión recurrida, pidió se declare improcedente el mecanismo
constitucional.

Al respecto, advirtió que uno de los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales es que no se dirija
contra una sentencia de tutela, toda vez que los debates sobre la
protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de
manera indefinida, esto, en virtud del precedente jurisprudencial de la
Corte Constitucional contenido en sus sentencias SU-573 de 2017 y
SU-627 de 2015.

Así las cosas, señaló que es evidente que el amparo promovido por los
accionantes, al dirigirse contra las sentencias de tutela proferidas entre
el 25 de abril de 2022 y el 26 de mayo del mismo año, es improcedente,
pues tampoco se señaló ningún argumento orientado a establecer la
configuración de alguna de las excepciones de procedencia
jurisprudencialmente previstas por la Corte Constitucional.

Lo anterior, porque (i) no aludieron, ni tampoco acreditaron, la
existencia de la cosa juzgada fraudulenta; (ii) no alegaron
irregularidades en el trámite del proceso, puesto que los reparos se
encaminaban a cuestionar el sentido de la decisión; y (iii) la acción
impetrada no está dirigida a la protección de derechos fundamentales
vulnerados en el trámite incidental de desacato.

3.2. El Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, a través del juez titular, solicitó se declare la
improcedencia del mecanismo constitucional, porque no se cumple con
los requisitos de procedibilidad de tutela contra providencia de tutela
establecidos por la Corte Constitucional.

En esa medida, considera que lo pretendido por la parte actora con la
acción de tutela es buscar una tercera instancia.

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3.3. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, a través de la Coordinadora Grupo Procesos
Judiciales y Extrajudiciales, requirió ser desvinculado del proceso por
falta de legitimación en la causa por pasiva.

Asimismo, pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela,
o, en su defecto, se deniegue el amparo constitucional, en la medida
en que no ha vulnerado derecho fundamental alguno a la parte actora
porque ha actuado dentro del ámbito de su competencia y conforme a
las obligaciones que le corresponden.

3.4. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales para la Protección Social (UGPP),
pidió que se declare la improcedencia del amparo, dado que, no cumple
con el requisito de subsidiariedad, pues considera que la parte actora
no puede pretender usar la acción de tutela de manera indefinida para
revisar las decisiones adoptadas por el juez constitucional, máxime
cuando no demostró un perjuicio irremediable que deba ser subsanado
a través del presente mecanismo.

3.5. No se rindieron más informes.

4. PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Sección Quinta de esta corporación mediante sentencia del 1.º de
diciembre de 2022 resolvió:

PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación de la ministra de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, por lo expuesto en esta providencia.

SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela promovida por los
señores Bernardo Augusto Santos Giraldo y Fredy Nel Pineda Ortiz, por no cumplir
con el presupuesto de que no se trate de acción de tutela contra sentencia de la
misma naturaleza.

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05885 01
Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo y otro

TERCERO: Deniégase, por temeridad, lo pretendido por la parte actora
relacionados (Sic) con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, el PAR Telecom, el PAR Caprecom y la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales para la Protección
Social (UGPP), de conformidad con lo señalado en esta providencia.

Al respecto, señaló que la parte actora no demostró que se hubiera
configurado alguna de las causales señaladas por la Corte
Constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra fallos
de tutela, pues no acreditó la existencia de fraude; por el contrario,
encontró que lo que en esta oportunidad se pretendía bajo el
argumento de que presentaron «nuevos hechos jurídicos» que, a juicio
de los demandantes sí tienen incidencia, es cuestionar nuevamente la
situación jurídico administrativa frente al reconocimiento de la calidad
de prepensionados, el retén social, así como el derecho al
reconocimiento de una pensión de jubilación convencional.

En cuanto a los cargos relativos al reconocimiento laboral y pensional,
advirtió un actuar temerario por parte de los accionantes, porque en el
presente asunto existe identidad de partes, de causa petendi y de
objeto respecto de la acción de tutela formulada por los accionantes
bajo el radicado n.° 11001-33-43-064-2022-00103-00-01.

Lo anterior porque, en su sentir, los demandantes plantearon los
mismos fundamentos fácticos y jurídicos y, además, formularon el
siguiente interrogante:

«PREGUNTAMOS CON ABSOLUTO RESPETO AL TRIBUNAL: ¿Acaso nos
quieren llevar o continuar en DEMANDAS JUDICIALES INTERMINABLES y
llevarnos a los 70 u 80 o más años de edad, entre estrados judiciales, demandas
ordinarias laborales, acciones de tutela, desacatos y, demás recursos judiciales o
nulidades, en procura de nuestro derecho a la pensión, que constitucional, legal y
convencionalmente ‘CAUSAMOS’ hace más de 21 y 20 años, como una
‘prestación periódica’, que nos asegure una vida digna en la vejez? Asuntos que
el TRIBUNAL definitivamente, no aviz[o]ró o que miró para otro lado.»

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Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo y otro

En ese contexto, concluyó que lo planteado por los actores carecía de
respaldo jurídico, pues el sentido desfavorable del fallo de tutela
cuestionado no podía convertirse en una excusa para promover
indefinidamente la demanda bajo los mismos supuestos fácticos y
jurídicos ante los jueces constitucionales.

5. IMPUGNACIÓN

La parte actora en el escrito de impugnación insistió en que las
autoridades judiciales accionadas en las decisiones cuestionadas
incurrieron en desconocimiento del precedente jurisprudencial
contenido en las sentencias SL 3280 de 2018 y SL 761 de 2021 de la
Corte Suprema de Justicia y las SU 143 de 2020 y SU 897 de 2012
proferidas por la Corte Constitucional.

Por otra parte, manifestaron que de ninguna manera se demostró un
actuar temerario pues, por el contrario, consideran que el mecanismo
constitucional se presentó con ocasión de “nuevos hechos jurídicos”,
que a juicio de los accionantes sí tiene incidencia en el asunto.

II.CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que
el problema jurídico se circunscribe a responder:

• ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos generales
de procedibilidad?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá:

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Accionante: Bernardo Augusto Santos Giraldo y otro

• ¿El Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, con la expedición de las sentencias del
25 de abril de 2022 y del 26 de mayo de 2022, respectivamente,
a través de las cuales resolvieron la acción de tutela presentada
por los señores Bernardo Augusto Santos Giraldo y Fredy Nel
Pineda Ortiz, incurrieron en desconocimiento del precedente?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra las providencias judiciales; ii) los
requisitos generales de procedibilidad y la temeridad y iii) el caso
concreto.

2. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.

1
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
2
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
irregularidades que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara, después de
años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que
tienen como propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio
de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.

De tal suerte, que se erigieron como requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b.
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el
requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d.
Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora. e. Que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible. f. Que no se trate de sentencias de tutela».

En cuanto a la improcedencia de la tutela contra decisiones de la misma
índole, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-1219 de 2001,
señaló que la competencia para revisar los fallos proferidos por los
jueces constitucionales en el ámbito de las acciones de amparo
previstas en el artículo 86 de la Carta Política es exclusiva y excluyente
de dicha Corte, mediante la revisión eventual.

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Expuso que la improcedencia de la acción de tutela contra decisiones
de amparo, además de fundarse en el propio texto constitucional, se
encamina a i) hacer efectiva la protección de los derechos
fundamentales confiada por la Carta Política a todos los jueces y ii)
garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez, que cierra la
posibilidad de que el cumplimiento de las órdenes de tutela se dilaten
de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama la
protección constitucional, que el asunto bajo análisis sea resuelto con
eficacia y prontitud.

Sin embargo, la misma jurisprudencia constitucional señala, que en
ocasiones anteriores se ha admitido la posibilidad de interponer
acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso de
jueces de tutela, pero no respecto de sentencias, sino en relación con
las actuaciones que se surten en el trámite o procedimiento del recurso
de amparo, y que puedan dar lugar a la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso.

De igual forma, ha señalado la misma Corte que es procedente, de
manera excepcional, la tutela contra sentencias de tutela, cuando:

«(…) (i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales; (iii) la acción de tutela presentada no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue
producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro
medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación»3.

3
Corte Constitucional, sentencia T-286-18.

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3. De la temeridad en la acción de tutela

La Corte Constitucional ha señalado que, para el buen funcionamiento
de la acción de tutela, es necesario que «los actores tengan una
participación trasparente, con el objetivo primordial de garantizar la
recta decisión de los jueces. En esta medida, las autoridades
correspondientes han previsto para cada escenario procesal los actos
que contrarían la adecuada administración de justicia y a su vez han
dispuesto los correctivos correspondientes»4.

En ese sentido, se dispuso en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991,
que «Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de
tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes», con el propósito de «evitar
el abuso de esta acción constitucional, así como el hecho de alcanzar
una relación honesta y transparente entre la administración y los
administrados»5.

De esta manera, la jurisprudencia constitucional ha determinado que,
para que se configure una actuación temeraria, deben concurrir los
siguientes elementos: (i) identidad de partes, (ii) identidad de hechos,
(iii) identidad de pretensiones y (iv) ausencia de justificación para la
presentación de la nueva demanda6.

No obstante lo anterior, ha advertido que existen ciertos eventos en
los que, pese a presentarse la duplicidad de acciones, la conducta no
puede calificarse como temeraria, en consideración a las circunstancias

4 Sentencia T-556 de 2010.
5 Sentencia T-556 de 2010.
6 Cfr. T-568 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-951 de 2005 (M.P. Humberto Sierra
Porto), T-410 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas), T-1303 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño),
T-662 de 2002 (M.P. Marco Gerardo Monroy) y T-883 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett).

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particulares del caso concreto o de las condiciones específicas del
demandante7. Así lo ha precisado:

«… [a] pesar de existir dicha duplicidad, el ejercicio de las acciones de tutela se funda (i)
en la ignorancia del accionante; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del
derecho8; o (iii) por el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas
situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema
de defender un derecho. En estos casos, si bien lo procedente es la declaratoria de
“improcedencia” de las acciones de tutela indebidamente interpuestas, la actuación no se
considera “temeraria” y, por lo mismo, no conduce a la imposición de sanción alguna en
contra del demandante»9.

En todo caso, la Corte Constitucional ha insistido en que, aun cuando
se configure uno de los eventos mencionados en los que la
presentación de más de una tutela no está motivada por una conducta
temeraria, las demandas «deben ser declaradas improcedentes, pues
la interposición de acciones de tutela de forma repetida y reiterada, es
incompatible con el principio de cosa juzgada constitucional y con la
configuración procesal del trámite de tutela, ya que (i) la regulación de
la acción de tutela prevé la existencia de dos instancias que garantizan
al demandante la posibilidad de discutir un fallo inicial, desestimatorio
de sus pretensiones; (ii) la norma fundamental estableció, en cabeza
de la Corte Constitucional, la facultad de revisar las sentencias de
instancia con el preciso objeto de unificar la jurisprudencia
iusfundamental y garantizar la integridad y supremacía de la carta. Así,
la decisión sobre la selección o no de un caso, constituye un momento
de cierre definitivo en la jurisdicción constitucional y; (iii) los
accionantes tienen el derecho a presentar escrito ante las Salas de
Selección de la Corte Constitucional exponiendo las razones por las
cuales, en su criterio, es procedente la selección del expediente para
su revisión»10.

7 Sentencia T-327 de 2013.
8 Sentencia T-721 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
9 Sentencia T-089 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda).
10 Sentencia T-327 de 2013.

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4. Caso concreto

En el presente asunto, los accionantes cuestionan las providencias del
25 de abril de 2022 y del 26 de mayo del mismo año, mediante las
cuales el Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, resolvieron declarar la improcedencia de la
acción de tutela bajo radicado n.° 11001-33-43-064-2022-00103-00.

Al respecto, esta Sala considera, como lo hizo la Sección Quinta de esta
corporación en la providencia de primer grado, que el mecanismo
constitucional es improcedente porque la presente tutela, al intentarse
contra sentencias proferidas dentro de una acción de idéntica
naturaleza no cumple con los requisitos de procedencia de la misma,
máxime porque se encamina a controvertir las decisiones de fondo y
no expone situaciones de fraude o cosa juzgada fraudulenta, que
pudiera haber afectado sus derechos fundamentales, por lo cual resulta
imperativo para la Sala de Subsección rechazarla por ser abiertamente
improcedente.

Así las cosas, se tiene que dicho fenómeno de improcedencia de la
acción deviene del criterio jurisprudencial que ha reiterado la
imposibilidad de atacar, mediante la acción constitucional, una
sentencia proferida dentro de una acción de tutela anterior; pues de
aceptarse una situación contraria, implicaría que la resolución del
conflicto se prolongue indefinidamente en desmedro tanto de la
seguridad jurídica como del goce efectivo de los derechos
fundamentales, principios que radican en la necesidad de brindar una
protección cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos
fundamentales han sido vulnerados o amenazados.

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Asimismo, no se advierte que en el asunto bajo estudio se cumpla con
los requisitos de procedencia excepcional fijados por la jurisprudencia
constitucional en relación con la acción de amparo contra una sentencia
de tutela, a saber:

a) Que la acción de tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no
se esté en presencia del fenómeno de cosa juzgada.

b) Debe probarse de manera clara y suficiente dentro del
proceso, que la decisión adoptada en una anterior acción de
tutela fue producto de una situación de fraude o una que atente
contra el ideal de justicia presente en el derecho (Fraus omnia
corrumpit).

c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situación,
esto es, que tenga un carácter residual.

En ese orden de ideas, al no encontrarse acreditado el cumplimiento
de los requisitos relacionados previamente, esta Sala de Subsección
confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente
la acción de tutela instaurada por los señores Bernardo Augusto Santos
Giraldo y Fredy Nel Pineda Ortiz para cuestionar las sentencias de
tutela, por las consideraciones anteriormente expuestas.

Por otra lado, en relación con la temeridad declarada en primera
instancia, la parte demandante manifestó que en el presente proceso
no se demostró una actuación temeraria, pues considera que el
mecanismo constitucional se presentó con ocasión de “nuevos hechos
jurídicos”, que a su juicio sí tienen incidencia en el asunto.

Al respecto, considera la Sala que no hay lugar a declarar la temeridad,
en tanto la parte demandante, en esta sede judicial, no ocultó la

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interposición del mecanismo constitucional en anterior oportunidad;
por el contrario, cuestionó las decisiones dictadas en el marco del
proceso de tutela, lo que descarta un actuar desleal por parte de los
accionantes.

En ese contexto, aunque prima facie pudiera entenderse que ambos
procesos tienen identidad de partes, objeto y causa petendi, el
accionante, en estricto sentido, dirige sus pretensiones a su vez sobre
decisiones distintas razón por la que para esta Subsección no se
configura la temeridad en los términos del artículo 38 del Decreto 2591
de 1991.

No obstante, en criterio de la Sala, sí se configura una cosa juzgada
constitucional, puesto que, en el fondo, lo pretendido por los
accionantes es hacerse acreedores de una serie de beneficios
convencionales y del retén social, pedidos que ya fueron analizados
previamente por el juez constitucional.

En ese sentido, a pesar de que no se configure un actuar temerario por
parte de los accionantes, sí se configura una cosa juzgada
constitucional, lo que impone a esta Sala prevenir a los demandantes
para que, en lo sucesivo, se abstengan de seguir presentando acciones
de tutela en las que expongan las pretensiones aquí esgrimidas.

Así las cosas, la Subsección modificará el numeral tercero que denegó
por temeridad las pretensiones formuladas por el accionante frente al
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el
PAR Telecom, el PAR Caprecom y la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales para la Protección
Social (UGPP) para, en su lugar, rechazar por improcedente la acción
de tutela por configurarse el fenómeno de cosa juzgada constitucional.

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Asimismo, prevenir a los señores Bernardo Augusto Santos Giraldo y
Fredy Nel Pineda Ortiz para que, en lo sucesivo, se abstengan de iniciar
nuevamente acciones constitucionales aduciendo los mismos hechos y
pretensiones aquí ventilados y de incurrir en conductas que atenten
contra la lealtad procesal y la correcta administración de justicia, so
pena de incurrir en las respectivas sanciones legales.

III.DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el numeral 3.º de la providencia del 1.º de
diciembre del 2022 proferida por la Sección Quinta de esta
corporación, el cual quedará así:

“RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela
formulada por los accionantes frente al Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el
PAR Telecom, el PAR Caprecom y la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales para la Protección Social (UGPP), por las
razones expuestas”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de primera
instancia, por las consideraciones anteriormente
expuestas.

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TERCERO: PREVENIR a los señores Bernardo Augusto Santos
Giraldo y Fredy Nel Pineda Ortiz para que, en lo sucesivo,
se abstengan de iniciar nuevamente acciones
constitucionales aduciendo los mismos hechos y
pretensiones aquí ventilados, y de incidir en conductas
que atenten contra la lealtad procesal y la correcta
administración de justicia, so pena de incurrir en las
respectivas sanciones legales

CUARTO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.

QUINTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada el nueve (9) de
marzo de dos mil veintitrés (2023)

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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