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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05886-00

Fecha
1 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05886-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES-ITRC-, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado por carecer del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05886-00 Actora: NANCY ESTHER LINERO DE MOYA CUARTA: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-05886-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

1 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., primero (1o.) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05886-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: NANCY ESTHER LINERO DE MOYA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO,
TODA VEZ QUE CARECE DEL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. LA ACTORA PRETENDE DEBATIR ASPECTOS QUE
YA FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN SEDE ORDINARIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: IGUALDAD Y DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “C”- DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1 y la

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE

ESTADO2.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

1
En adelante el Tribunal
2
En adelante la Sección Segunda.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05886-00
Actora: NANCY ESTHER LINERO DE MOYA

La señora NANCY ESTHER LINERO DE MOYA, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales a la igualdad y al debido proceso, los cuales estima

vulnerados por el TRIBUNAL y la SECCIÓN SEGUNDA al proferir,

respectivamente, las sentencias de 23 de mayo de 2018 y 3 febrero

de 2022, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho identificado con el número único de radicación 25000-

23-42-000-2016-03065-01.

I.2. Hechos

Manifestó que la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS

NACIONALES3, mediante auto de 31 de agosto de 2011 ordenó la

apertura de la investigación disciplinaria identificada con el No. 1704-

01-2013 al considerar que, en su condición de funcionaria

Supernumeraria en el cargo de Gestor I, Código 301 Grado I, los días

4 de junio de 2010, 23 de julio de 2010 y 15 de octubre de 2010,

autorizó por fuera de los plazos establecidos en la normatividad

aduanera a través del sistema de aplicativo tecnológico SYGA, la

solicitud de prórrogas de almacenamiento en depósito a los

3
En adelante DIAN

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3

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Actora: NANCY ESTHER LINERO DE MOYA

documentos de trasporte núms. 307-33375322, 3007019 y

HBOL14535.

Señaló que, una vez efectuado el cierre de la investigación

disciplinaria, mediante auto de 18 de noviembre de 2013, la

Subdirección de Gestión de Control Disciplinario de la DIAN remitió

el expediente por competencia a la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS,

RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES-ITRC-4.

Aseguró que mediante Resolución núm. 17317-018 del 27 de julio de

2015, se profirió fallo sancionatorio en su contra consistente en la

destitución del cargo e inhabilidad general por el término de diez

años.

Indicó que la decisión fue apelada ante la Dirección General del ITRC

que, mediante fallo núm. 0015 de 23 de diciembre de 2015, rechazó

las peticiones de nulidad y confirmó en su totalidad el fallo

sancionatorio.

4
En adelante el ITRC.

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4

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Afirmó que mediante Resolución núm. 001483 de 1o. de marzo de

2016, se hizo efectiva la sanción disciplinaria de destitución e

inhabilidad general por el término de diez años.

Reveló que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

contra la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO, la DIAN y el ITRC, con el fin de obtener la nulidad de los

actos administrativos proferidos dentro de la actuación disciplinaria

y solicitó el reintegro y el pago de las acreencias laborales dejadas

de percibir.

Aseveró que el trámite judicial le correspondió en primera instancia

al TRIBUNAL que, mediante sentencia de 23 de mayo de 2018,

denegó las pretensiones de la demanda.

Resaltó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación ante la SECCIÓN SEGUNDA que, en sentencia de 3 de

febrero de 2022, confirmó la decisión de primera instancia.

I.3 Fundamentos de la solicitud

Señaló que las providencias cuestionadas incurrieron en el defecto

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material o sustantivo pues, a su juicio, las autoridades judiciales

accionadas desconocieron la configuración de la prescripción de la

acción disciplinaria de conformidad con el artículo 30 de la Ley 734

de 2002.

Aseguró que en la actuación disciplinaria se decretó la prescripción

de las conductas correspondientes al 4 de junio y 23 de julio de 2010,

sin embargo, respecto de la conducta relacionada con la solicitud

núm. 21465 de 15 de octubre de 2010, se profirió el fallo

sancionatorio que la destituyó e inhabilitó para ejercer empleos

públicos, cargo que debió ser despachado en la misma línea que los

anteriores, por cuanto dicho comportamiento prescribió sin que se

hubiere notificado de manera formal y material el fallo de segunda

instancia.

Asimismo, afirmó que las decisiones cuestionadas desconocieron el

precedente jurisprudencial en lo relacionado con la prescripción

de la acción disciplinaria, conforme lo ha decantado la Corte

Constitucional en las sentencias C-556 de 2001 y T-282 de 2012,

desconociendo sus derechos fundamentales.

Manifestó que las consideraciones plasmadas en el fallo de segunda

instancia constituyen una evidente contradicción entre los

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fundamentos y la decisión, por lo que se configura el defecto material

o sustantivo alegado.

I.4. Pretensiones

La actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] PRIMERO: Mediante la acción que interpongo PERSIGO que
esa Honorable Corporación TUTELE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y AL DEBIDO PROCESO,
consagrados en los artículos 13 y 29 de la Constitución Política de
1991, los cuales fueron violados por el H. Tribunal
Administrativo Cundinamarca – Sección Segunda -
Subsección “C” y Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Segunda – Subsección “B” (1ª y 2ª
instancia respectivamente), con la emisión de las sentencias de
fecha 23 de mayo de 2018 y 3 de febrero de 2022, primera y
segunda instancia respectivamente, dentro de la acción de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho, radicado No. No.
25000-23-42-000-2016-03065-01 (5612- 2018)en donde la
suscrita actuó como demandante y demandado La Nación –
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales (DIAN) – Unidad Administrativa Especial
Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones
Parafiscales –ITRC, con ocasión de la expedición de los actos
administrativos proferidos dentro del proceso disciplinario No.
1704-01-2013-380, con claro desconocimiento a mi derecho
fundamental al debido proceso, así como la incursión en un
defecto material o sustantivo.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, PRETENDO que
esa Honorable Corporación Revoque o nulite las sentencias de
fecha 23 de mayo de 2018 y 3 de febrero de 2022, primera y
segunda instancia respectivamente, proferidas por el H. Tribunal
Administrativo Cundinamarca – Sección Segunda -
Subsección “C” y Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Segunda – Subsección “B” (1ª y 2ª
instancia respectivamente), dentro de la acción de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, radicado No. No. 25000-23-

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42-000-2016-03065-01 (5612-2018)en donde la suscrita actuó
como demandante y demandado La Nación – Ministerio de
Hacienda y Crédito Público - Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) – Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones
Parafiscales – ITRC, con ocasión de la expedición de los actos
administrativos proferidos dentro del proceso disciplinario No.
1704-01-2013-380, y en su lugar se ordene al fallador de
segunda instancia se ACCEDAN A LAS PRETENSIONES DE LA
DEMANDA. […]”. (Destacado pertenece al texto)

I.5. Defensa

I.5.1. El TRIBUNAL indicó que se opone a los argumentos de la

tutela, por cuanto la decisión proferida por el despacho no incurrió

en vías de hecho, ni el defecto fáctico alegado, ni mucho menos en

vulneración de las garantías constitucionales.

Aseguró que la decisión se adoptó con fundamento en las normas

aplicables al caso atendiendo el alcance que sobre las mismas ha

efectuado a la jurisprudencia, así como la prevalencia de los

principios de la sana crítica y la buena fe.

Consideró que los aspectos que fueron objeto de valoración

probatoria dieron cuenta que no se configuró la prescripción de la

acción disciplinaria, ya que la conducta de la actora fue considerada

de ejecución instantánea, pues el término para adelantar el proceso

disciplinario debe contabilizarse desde el día siguiente de la

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consumación, es decir, desde el 16 de octubre de 2010, por lo que la

administración contaba hasta el 16 de octubre de 2015, para imponer

la sanción, situación que se configuró con la emisión del fallo

disciplinario de 27 de julio de 2015, el cual fue notificado

debidamente por edicto fijado entre el 14 y el 19 de agosto de 2015.

Finalmente, señaló que en el presente asunto no se configuran los

requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, sino que, por el contrario, lo que se pretende es generar

una tercera instancia respecto de las pretensiones que fueron

negadas.

I.5.2. La SECCIÓN SEGUNDA afirmó que se atiene a lo que se

demuestre durante el trámite de la actuación, en tanto las razones

que sirvieron de fundamento para proferir la decisión cuestionada se

encuentran debidamente motivadas.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

vinculado como tercero interesado en las resultas de la presente

acción, solicitó su desvinculación de la acción de tutela de la

referencia, al considerar que no está legitimado en la causa por

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pasiva, en razón a que no existió vínculo jurídico, laboral o

contractual con la actora y, además, no fue la entidad que profirió

los actos administrativos sobre los que se debate la legalidad.

I.6.2.-La DIAN, vinculada como tercera interesada en las resultas

de la presente acción, elaboró un recuento de los cargos formulados

en la demanda objeto de análisis y aseguró que no prescribió la

acción disciplinaria en tanto la conducta endilgada en la actuación

disciplinaria se adelantó dentro del término de prescripción que

señala el artículo 30 de la Ley 734 de 2002.

Finalmente, solicitó denegar las pretensiones de amparo al no

evidenciarse la existencia de anomalías en las decisiones

cuestionadas.

I.6.3.- El ITRC, vinculado como tercero interesado en las resultas

de la presente acción, solicitó su desvinculación de la acción de tutela

de la referencia, al considerar que la acción de tutela va dirigida en

contra de las providencias judiciales proferidas dentro de la actuación

que cursó ante la jurisdicción de lo Contencioso administrativo, las

cuales desfavorecieron los intereses de la actora.

Asimismo, consideró que la acción de tutela no cumple con el

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requisito de inmediatez y, además, no cuenta con los suficientes

argumentos para cuestionar las razones expuestas por los

juzgadores de instancia.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la

sentencia.

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La Sala advierte que el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA

DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES-ITRC- formularon peticiones

de desvinculación en la presente acción de tutela.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

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La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA

DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES-ITRC-, actuaron como parte

demandada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho identificado con el número único de radicación 25000-

23-42-000-2016-03065-01, objeto del presente estudio, la Sala

concluye que a las entidades, en calidad de terceras, les asiste

interés en la decisión de la acción constitucional de la referencia,

razón por la que se les denegará sus solicitudes de desvinculación,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de

la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero doctor Jorge Octavio

Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

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“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema
jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así,
esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las
competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar
en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de
las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años
después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de
resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

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e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto
al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión
judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé
cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que
proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y

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jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

Análisis del caso concreto

En el presente caso, la actora pretende que se dejen sin efecto las

sentencias de 23 de mayo de 2018 y 3 febrero de 2022

proferidas por el TRIBUNAL y la SECCIÓN SEGUNDA,

respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 25000-23-42-000-2016-03065-01, por medio de las

cuales se denegaron las pretensiones de la demanda.

A las citadas providencias la actora les atribuye la vulneración de sus

derechos fundamentales, habida cuenta que, a su juicio, las

autoridades judiciales accionadas incurrieron en el defecto material

o sustantivo, al desconocer que se configuró la prescripción de la

acción disciplinaria de conformidad con el artículo 30 de la ley 734

de 2002.

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Asimismo, afirmó que las decisiones cuestionadas desconocieron el

precedente jurisprudencial en lo relacionado con la prescripción

de la acción disciplinaria, conforme lo ha decantado la Corte

Constitucional en las sentencias C-556 de 2001 y T-282 de 2012,

vulnerándose así sus derechos fundamentales.

Es del caso advertir que si bien en la acción de tutela se solicita dejar

sin efectos, tanto la providencia de 23 de mayo de 2018 proferida

por el TRIBUNAL, como la dictada el 3 febrero de 2022 por la

SECCIÓN SEGUNDA, la Sala realizará únicamente el análisis de la

presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados a la

sentencia proferida por el ad quem, toda vez que fue esta la que dio

por terminado el proceso.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

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expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».6

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra

5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión
que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe
ser una cuestión de evidente relevancia constitucional.
Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de un
derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra
decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente
relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir
asuntos de mera legalidad [12]. Si bien no siempre es fácil
delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que
no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de
diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los
antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente
de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho
al debido proceso. El primero que emerge de la propia
Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que
se denomina simplemente debido proceso [13].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art.
29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o
básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales
garantías esenciales son el derecho al juez natural [ 14]; el
derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de
defensa –que incluye el derecho a la defensa técnica-; el derecho
a la segunda instancia en el proceso penal; el principio de
predeterminación de las reglas procesales o principio de
legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones
judiciales y la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos

[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

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“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela

se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir

las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que los argumentos

que invoca la actora como fundamento de la presunta vulneración de

los derechos deprecados, son los mismos que fueron puestos a

consideración ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Así se desprende de la lectura del recurso de apelación que fue

interpuesto en el proceso ordinario origen de la controversia y su

comparación con el escrito de tutela, como se explica a continuación:

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Argumentos del recurso de Argumentos de la demanda de
apelación15 tutela16
“[…] RESPUESTA A LAS “[…] Caso concreto
ANTERIORES CONSIDERACIONES:
Conforme el texto de demanda se dijo:
Es evidente Honorables Magistrados
del Consejo de Estado, que las “(…) El artículo 29 Superior, consagra el
consideraciones antes transcritas no derecho fundamental al debido proceso
se compadecen con los argumentos y dentro de él, se consagra el principio
que frente a la cuarta causal de de legalidad, el cual señala que “nadie
nulidad invocada se realizó en la podrá ser juzgado sino conforme a
demanda y en los alegatos de leyes preexistentes al acto que se le
conclusión, pues si se revisa el imputa”, es decir, con el respeto de las
contenido de la causal propuesta, normas procesales, por decisión del
encontrará que lo argumentado por el legislador en ejercicio de su margen de
A quo, desconoce a todas luces las configuración de los procedimientos.
diferentes pronunciamientos de tres
(3) de las más altas cortes de nuestro Como se puede advertir la falta
país, en punto al tema de la imputada a mi representada se remonta
prescripción de la acción disciplinaria y a comportamientos ocurridos en el año
de la inexistencia de norma (en la Ley 2010, más concretamente
734 de 2002) que consagre su correspondiente a las fechas 4 de junio,
"interrupción", y así se desarrolló en 23 de julio y 15 de octubre, conforme se
el libelo de demanda, trayendo a vislumbra del auto de cargos del 20 de
colación, más de una sentencia del enero de 2014, cuando en su descripción
Consejo de Estado, Tribunales fáctica se imputó de la siguiente
Administrativos, Corte Constitucional manera: […]
y Consejo Superior de la Judicatura,
sin que en la sentencia que se recurre Es importante advertir, que dentro del
en apelación hubiera hecho la más fallo de primera instancia No. 17317-
mínima alusión del porqué dichas 00018 del 27 de julio de 2015, se
sentencias no aplican al presente caso, decretó la prescripción de la acción
en garantía del derecho fundamental a disciplinaria de las conductas 4 de junio
la igualdad que merece mi y 23 de julio de 2010, conforme a los
representada. preceptos del artículo 30 de la Ley 734
de 2002, de la siguiente manera: […]
Por respeto a los Honorables
Magistrados del Consejo de Estado, no Ahora bien, para el presente asunto,
trascribiré de nuevo los fragmentos de quedó pendiente la conducta relacionada
las sentencias traídas a colación en el con la solicitud No. 21465, autorizada el
texto de demanda, para fundamentar 15 de octubre de 2010, que
la posición de que la prescripción de la corresponde al Documento de
acción disciplinaria, en punto a la Transporte No. HBOL14535 con
interpretación dela artículo 30 de la Número Oficial 032010000005925,
Ley 734 de 2002, sin su modificación, Número de manifiesto
es que la misma se interrumpe dentro 032010000024213, con fecha de

15
Índice No. 9, aplicativo Samai, expediente digital proceso No. 25000-23-42-000-2016-03065-01
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000
202205886001100103

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https://relatoria.consejodeestado.gov.co:3001/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/110010315
00020220588600/F6FC6F577967EA77C09E9FD19C4AE24299066065508C74DA21BF24B30F156897/2

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de los cinco (5) años de ocurrencia de manifiesto del 20 de septiembre del
la conducta y hasta antes de la 2010, por el cual la primera instancia
notificación del fallo de segunda profirió fallo sancionatorio de destitución
instancia, pues considerar que ello e inhabilidad general para ejercer
ocurre {interrupción) con la funciones públicas por el término de diez
notificación del fallo de primera o única (10) años, comportamiento este que
instancia, toda vez que la segunda PRESCRIBIO el pasado 15 de octubre
instancia es agotamiento de la vía de 2015, sin que se hubiere notificado de
gubernativa, es una posición que manera formal y material el fallo
respetable, no corresponde a la definitivo, es decir, el de segunda
realidad fáctica ni jurídica y mucho instancia.
menos a la posición que ha fijado la
Honorable Corte Constitucional en sus Para sustentar la posición jurídica que se
diferentes pronunciamientos (línea invoca, es preciso traer a colación las
jurisprudencial), por lo que se insiste siguientes disposiciones y
en la declaratoria de la nulidad jurisprudencias: […]
deprecada en este caso, pues la falta
disciplinaria imputada a mi Implica lo anterior que esa Unidad
representada se remonta a Administrativa Especial Agencia del
comportamientos ocurridos en el año Inspector General de Tributos, Rentas
2010, más concretamente Procuraduría perdió potestad
correspondiente a las fechas 4 de sancionatoria, por el transcurso del
junio, 23 de julio y 15 de octubre, tiempo, es decir esa entidad tenía hasta
conforme se vislumbra del auto de el día 15 de octubre de 2015, no solo
cargos del 20 de enero de 2014, para proferir el fallo de segunda
cuando en su descripción fáctica se instancia, sino que antes de esa fecha
imputó de la siguiente manera: […] debía estar notificado, cosa que no ha
ocurrido, puesto que a la fecha (15 de
Es importante advertir, que dentro del enero de 2016) no se ha notificado a
fallo de primera instancia No. 17317- todo los sujetos procesales.
00018 del 27 de julio de 2015, se
decretó la prescripción de la acción Conforme a lo expuesto y tal como
disciplinaria de las conductas sucedieron los hechos se desprende que
correspondientes a las fechas 4 de la falta por la cual se cuestiona la
junio y 23 de julio de 2010, conducta de la implicada, se trata de las
conforme a los preceptos del artículo que la jurisprudencia y la doctrina
30 de la Ley 734 de 2002, de la considera como de ejecución
siguiente manera: […] instantánea, es decir, que el término de
prescripción se comienza a contar desde
Ahora bien, para el presente asunto, el momento que se sucedieron los
quedó pendiente la conducta hechos como en este caso a partir del
relacionada con la solicitud No. quince (15) de octubre de 2010, por lo
21465 autorizada el 15 de octubre que en ese orden de ideas, se le está
de 2010, que corresponde al sancionando sin que ese organismo
Documento de Transporte No. tenga competencia para proferir y
HBOL14535 con Número Oficial confirmar una decisión como la
032010000005925, Número de mencionada, con lo cual nos
manifiesto 032010000024213, con encontramos frente a una violación del
fecha de manifiesto del 20 de debido proceso conforme lo establece el
septiembre del 2010. por el cual la artículo 29 de la Constitución Política e
primera instancia profirió fallo igualmente a una ad considerada vía de
sancionatorio de destitución e hecho por defecto sustancial tal como así
inhabilidad general para ejercer lo advierte la Corte
funciones públicas por el término de Constitucional.(Negrilla pertenece al
diez (10) años, comportamiento este texto)

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que PRESCRIBIO el 15 de octubre
de 2015. sin que se hubiere notificado
de manera formal y material el fallo
definitivo, es decir, el de segunda
instancia. […] (Negrilla pertenece al
texto)

Ahora bien, la Sala al estudiar el contenido de la providencia

cuestionada17, observa que la autoridad judicial accionada abordó el

problema jurídico planteado de la siguiente manera:

“[…] 3.6 Caso concreto relativo al problema jurídico
derivado de las causales de anulación invocadas en la
demanda. De antemano, reitera esta Colegiatura que si bien la
garantía del debido proceso abarca un conjunto de principios
materiales y formales de obligatoria observancia por parte de las
autoridades, que a la vez constituyen derechos de los sujetos
disciplinables, tampoco se puede desconocer que los actos de la
Administración gozan de la presunción de legalidad, hoy por
expresa disposición del artículo 88 del CPACA8, indemnidad que
adquiere mayor connotación cuando se trata de decisiones
sancionatorias de carácter disciplinario, en virtud de que su
formación estuvo precedida de la participación activa del
investigado y de su apoderado, mediante defensa técnica, con
ejercicio de los derechos de contradicción y defensa. De ahí que
en sede judicial se realice un juicio de validez de la actuación
disciplinaria, no de corrección, y por ello no cualquier defecto
procesal tiene el poder de afectar la presunción de legalidad que
ampara dichos actos administrativos.

3.6.1 La acción disciplinaria no prescribió; la actuación
administrativa se resolvió en primera instancia dentro de
los cinco (5) años establecidos en la versión inicial del
artículo 30 de la Ley 734 de 2002, aplicable al caso.
Asegura la apelante que operó la prescripción de la acción
disciplinaria, en atención a que el acto administrativo
sancionatorio de segunda instancia es el que determina la
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2

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interrupción de la prescripción, y en este caso, el que desató la
alzada, se emitió el 23 de diciembre de 2015, es decir, cuando
habían trascurrido más de los 5 años previstos para tal fin en el
artículo 30 del CDU9.

En torno a la prescripción, recuerda la Sala que está consagrada
en el artículo 29 de la Ley 734 de 200210 como una de las
causales de extinción de la acción disciplinaria y ocurre cuando
dentro el término legal fijado no se adelantó ni definió el
procedimiento disciplinario.

Para resolver la presente controversia, resulta necesario hacer
remisión, por ser aplicable, a la versión inicial del artículo 30 de
la Ley 734 de 200211, por la época de ocurrencia de los hechos
sancionados (año 2010), que establecía: […]

Como se puede observar, la norma en cita determinó el
momento a partir del cual comienza a contarse el término de
prescripción de la acción, pero no especificó el que debe tenerse
por interrumpido.

En vista de lo anterior, la sala plena de lo contencioso-
administrativo de esta Corporación, en sentencia de unificación
de 29 de septiembre de 200912, precisó:

Y en fallo de 28 de julio de 201413, reiteró que «la
Jurisprudencia vigente de la Sala Plena del Consejo de Estado en
materia de prescripción de la acción administrativa disciplinaria
[…], señala que dentro del término prescriptivo establecido por
la ley, la autoridad competente debe concluir únicamente la
actuación administrativa expidiendo y notificando el acto que
resuelve la situación disciplinaria del encartado sin que
comprenda en ella la resolución de los recursos
interpuestos contra la decisión principal que impone la
sanción disciplinaria al investigado, con los cuales se agotaría la
vía gubernativa» (se destaca). Añadió que, por consiguiente, es
equivocado considerar que el término de prescripción de la
acción disciplinaria comprenda la notificación del acto que
resuelve el último recurso en sede administrativa. Por el
contrario, imponer la sanción disciplinaria dentro del término de
cinco (5) años contados a partir del último acto constitutivo de
la falta (o del auto de apertura de la acción disciplinaria),
significa que, como máximo, dentro de dicho plazo debe la
autoridad pública expedir y notificar la determinación principal,
es decir, el acto primigenio que resuelve la actuación
administrativa en primera instancia.

En tal virtud, en el asunto sub examine no se configuró la
prescripción alegada, por cuanto el acto que interrumpió la
prescripción no fue el que resolvió el recurso de apelación, como

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erradamente lo plantea la demandante, sino el pronunciamiento
de primera instancia, notificado por edicto fijado entre el 14 y el
19 de agosto de 201514, y como la autorización de la solicitud
de prórroga de almacenamiento en depósito en cuestión fue
registrada el 15 de octubre de 201015, significa que la actuación
disciplinaria se resolvió dentro de los cinco (5) años que fija la
ley.

Por otro lado, sostiene la actora16 que la posición plasmada por
esta Colegiatura en la mencionada providencia de unificación,
«[…] COLISIONA CON LA INTERPRETACIÓN ADOPTADA
POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LA SENTENCIA C-
401 DE 2010, cuyos efectos son erga omnes […]», según la
cual «[…] el proceso disciplinario debe haberse adelantado y
concluido con decisión de mérito antes de los 5 años […]», es
decir, con la resolución y notificación del acto que resuelve los
recursos, postura que, por ser más favorable, es la que debe ser
aplicada.

Al respecto, la Sala destaca que si bien el máximo tribunal
constitucional, en sentencia C-634 de 2011, precisó que «[…] los
argumentos que conforman la razón […] de los fallos de control
de constitucionalidad son fuente formal de derecho, con carácter
vinculante […]», y sus decisiones, «[…] tanto en ejercicio del
control concreto como abstracto de constitucionalidad, hacen
tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante, tanto en su
parte resolutiva (erga ommes en el caso de los fallos de control
de constitucionalidad de leyes, e inter partes para los fallos de
revisión de tutela) y, en ambos casos, las consideraciones de la
ratio decidendi, tienen fuerza vinculante para todas las
autoridades públicas», este no es el caso, puesto que la
providencia de la citada Colegiatura que invoca la apelante (C-
401 de 201017) se ocupó de examinar la constitucionalidad del
artículo 1018 de la Ley 1333 de 200919, y no del artículo 30 de
la Ley 734 de 2002, que sirve de fundamento para resolver la
presente controversia.

De modo que hasta ahora la providencia que trata el alcance de
la interrupción de la prescripción de la acción disciplinaria frente
a la versión inicial del artículo 30 de la Ley 734 de 2002, ante el
vacío normativo, es el de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado de 29 de septiembre de
2009, dado que sobre tal artículo y esta materia en particular
(modo de interrumpir la prescripción) no existe pronunciamiento
de constitucionalidad en concreto, lo que pone en evidencia la
estabilidad y coherencia de las reglas de derecho fijadas por esta
Corporación sobre el asunto.

Conforme a lo expuesto, el cargo de violación del debido proceso
e igualdad, por prescripción de la acción disciplinaria, no está

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llamado a prosperar20. […]” (Negrilla pertenece al texto).

Realizadas las anteriores observaciones, la Sala constata que lo

planteado en la presente acción de tutela no se refiere a un asunto

de relevancia constitucional, -en los términos señalados en la

jurisprudencia constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa la

intervención del juez de tutela, con miras a examinar la posible

vulneración de los derechos fundamentales invocados por la actora.

Por el contrario, se destaca que sus argumentos fueron analizados y

resueltos por la autoridad judicial accionada en segunda instancia y,

en esa medida, solo se procura su discusión en sede de tutela para

buscar la oportunidad de debatir, en una tercera oportunidad, la

posición de la actora, lo cual resulta improcedente.

Como quedó visto, resulta improcedente por esta vía constitucional

plantear un debate legal como si se tratara de un recurso o una

instancia adicional frente a actuaciones que han hecho tránsito a cosa

juzgada, que fueron proferidas por autoridades judiciales investidas

de competencia en procesos que ofrecen los medios para proteger

las garantías constitucionales, así lo precisó la Sala Plena de la Corte

Constitucional en sentencia de unificación SU-215 de 2022, en la que

al efecto sostuvo:

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“[…] Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que
“la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no
a problemas de carácter legal. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de
amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales”.

Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios
ordinarios, ni es un escenario para definir controversias
doctrinarias o interpretativas de corrección legal.

[…]

En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de
tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del
ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia
o recurso adicional para reabrir debates meramente legales.
Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe
analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente
legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales […]”.

Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado

improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no

resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se

centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue

el caso de la providencia de 29 de agosto de 2018 18, en la que se

sostuvo:

18
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

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“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).

Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201719, se indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

19
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,

sino la reiteración de planteamientos que ya fueron estudiados por

el juez natural y que obedecen a un debate de mera legalidad, en el

cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la

acción de tutela el carácter de una tercera instancia o recurso

adicional para controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir

la competencia y la independencia del juez ordinario.

En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente

asunto no se invocó ni acreditó la existencia de un perjuicio

irremediable, que permita de manera excepcional proceder al análisis

de la acción constitucional, la Sala concluye que tales

inconformidades carecen del requisito general de relevancia

constitucional.

En consecuencia, se declarará la improcedencia de la solicitud de

amparo presentada por la actora, como en efecto se dispondrá en la

parte resolutiva de esta providencia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentadas por el MINISTERIO

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y la UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR

GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES

PARAFISCALES-ITRC-, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado por

carecer del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con

lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

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CUARTA: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de diciembre de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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