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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05889-00

Fecha
12 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05889-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Negar las pretensiones de la acción de tutela ejercida por el señor Ermen Luis Núñez Martínez, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-05889-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

12 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05889-00
Actor: ERMEN LUIS NÚÑEZ MARTÍNEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Ermen Luis Núñez
Martínez contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 4 de noviembre de la presente anualidad1, el señor Ermen Luis Núñez Martínez
interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. Formuló las
siguientes pretensiones:
1. Se tutelen los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso
defensa y contradicción, a la igualdad, el acceso a la administración de justicia,
como también otro derecho fundamental que se encuentra violado, como el
desconocimiento del precedente judicial, como es la sentencia de unificación en
el libelo tutelar.

2. Se anule o deje sin efectos la sentencia de fecha 23 de febrero de 2022,
notificada el 11 de mayo de 2022, sin tomar en cuenta el auto de obedecimiento
a lo resuelto por el superior, la cual fue proferida por la Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado […], radicado bajo el N° 25000-23-26-000-
2009-00306-01 (53278), actor Ermen Luis Núñez Martínez, contra la Nación –

1 Se advierte que, el 29 de noviembre de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05889-00
Actor: Ermen Luis Núñez Martínez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Fiscalía General de la Nación – acción de reparación directa (segunda 2ª
instancia).

3. Se ordene a la Sección Tercera – Subsección C del Consejo de Estado […] a
proferir la sentencia que en derecho corresponda.

1.2 . Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:

En ejercicio de la acción de reparación directa, el señor Ermen Luis Núñez Martínez
demandó a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se le declarara
patrimonialmente responsable por los perjuicios generados con ocasión de la
privación de la libertad que soportó durante el proceso penal seguido en su contra, la
cual concluyó con preclusión de la investigación, decretada el 25 de julio de 2006.

Mediante providencia del 4 de septiembre de 2014, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de descongestión, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, condenó a la
Fiscalía General de la Nación a pagarle al aquí accionante una suma equivalente a
35 SMLMV, por concepto de perjuicios morales, y $15.669.574,9 por los perjuicios
materiales en la modalidad de lucro cesante.

Contra la anterior decisión, las partes interpusieron recurso de apelación ante el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que, en providencia del 23 de
febrero de 2022, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda.

1.3. Fundamentos de la tutela

Para el señor Ermen Luis Núñez Martínez, en la providencia del 23 de febrero de
2022, la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado incurrió en defecto
fáctico, al no tener en cuenta lo decidido por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el
Tribunal Superior de Bogotá, en el marco del proceso penal sumario 1890/4015705,
toda vez que al final no se demostró que aquel perteneciera al grupo de
autodefensas investigado o que tuviera responsabilidad alguna en la comisión del
delito imputado.

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05889-00
Actor: Ermen Luis Núñez Martínez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Asimismo, adujo que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente
jurisprudencial establecido en la sentencia de unificación proferida el 29 de
noviembre de 2021 por la Sección Tercera del Consejo de Estado (radicado 18001-
23-31-001-2006-00178-01), en la que, en un caso similar, se estableció la
responsabilidad del Estado ante el incumplimiento de los requisitos legales para
imponer la medida de aseguramiento, por parte de la Fiscalía General de la Nación.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 10 de noviembre de 2022, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar a los magistrados que integran la Sección Tercera, Subsección C,
del Consejo de Estado, como parte demandada, y, en calidad de tercero con
interés, a la Fiscalía General de la Nación. Así mismo, se ordenó la notificación de
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.2. La Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, por conducto del
magistrado ponente de la decisión atacada, rindió el informe respectivo y señaló
que, contrario a lo expuesto por el accionante, en el proceso ordinario se le
garantizaron los derechos fundamentales aquí invocados, toda vez que se le dio el
trámite correspondiente a sus pretensiones, tuvo oportunidad de aportar pruebas y
controvertirlas y de interponer los recursos de ley, entre ellos el de apelación que se
resolvió de manera desfavorable a sus intereses.

Manifestó que, si bien el señor Núñez Martínez considera que el fallo de reparación
directa debía llegar a las mismas conclusiones de la investigación penal, lo cierto es
que se trata de procesos independientes y autónomos que persiguen una finalidad
totalmente distinta, por lo que el ejercicio de la autonomía que le corresponde a la
jurisdicción contenciosa de ningún modo puede constituir una vía de hecho como lo
malinterpreta el tutelante.

Finalmente, en cuanto a la sentencia que invocó el accionante como precedente
desconocido, expresó que esta no es aplicable al caso concreto, pues la regla de
unificación vinculante de la misma, «está circunscrita al reconocimiento y monto de
los perjuicios morales en casos de privación injusta», aunado al hecho de que no
existe semejanza en los supuestos fácticos de cada proceso, por lo que no se
advierte la configuración del desconocimiento del precedente alegado.

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05889-00
Actor: Ermen Luis Núñez Martínez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2.3. La Fiscalía General de la Nación, por medio de la dirección de asuntos jurídicos,
rindió el informe respectivo y solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela
por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad, pues el accionante cuenta con
otro mecanismo de defensa judicial, como lo es el recurso extraordinario de revisión,
del cual no hizo uso, sin que se haya demostrado un perjuicio irremediable que
excepcionalmente haga procedente la tutela contra providencias judiciales.

De otra parte, señaló que el accionante no demostró la configuración de ninguna de
las causales específicas de procedibilidad para que la tutela sea procedente

2.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo
impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de tutela
era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del año
20122, aceptó su procedencia, conforme con las reglas que ha fijado la Corte
Constitucional, esto es, cuando la misma viole flagrantemente algún derecho
fundamental.

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
2Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García
González.

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05889-00
Actor: Ermen Luis Núñez Martínez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones judiciales y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales, sin mayores excepciones.

Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, entonces, el
juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y
específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo,
en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que
podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando
con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales causales,
así:

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Actor: Ermen Luis Núñez Martínez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar la
causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la violación
de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia,
sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada
ha incurrido en alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de
relevancia constitucional.

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos, la Corte Constitucional
ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las
providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05889-00
Actor: Ermen Luis Núñez Martínez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los requisitos
generales y la configuración de una de las causales específicas antes mencionados,
la acción de tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de
cierre, «solo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la
Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o
cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se
configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez
constitucional3».

2. Problema jurídico

Lo primero que la Sala deberá determinar es si la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de la tutela contra providencias judiciales. De ser así, deberá
abordarse el estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si se configuraron
los defectos endilgados por la parte actora a la providencia del 23 de febrero de
2022, proferida por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, en el
proceso de reparación directa con radicado 25000-23-26-000-2009-00306-01.

3. Análisis de la Sala

3.1. Requisitos generales de procedibilidad

3.1.1. De la relevancia constitucional: la cuestión que aquí se discute sí tiene
relevancia constitucional, toda vez que la parte actora alegó que la autoridad judicial
accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, derechos tradicionalmente relevantes en la
institución de la acción de tutela, con mayor razón si se trata de un caso en el que,
además, se observa que la parte actora cumplió con la carga argumentativa en
relación con los defectos fáctico y de desconocimiento del precedente endilgados a
la providencia objeto de tutela, en la medida en que precisó qué prueba, a su juicio,
se dejó de valorar y la incidencia que esta tiene en la decisión final, amén de que
identificó la sentencia de unificación supuestamente ignorada.

Finalmente, la Sala no encuentra que se esté utilizando el mecanismo de amparo
constitucional como una instancia adicional al proceso ordinario.

3 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

3.1.2. De la inmediatez: la tutela cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que
la providencia atacada data del 23 de febrero y fue notificada el 13 de mayo de
2022, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 4 de noviembre de la
misma anualidad, esto es, dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la
decisión. Este término resulta razonable.
3.1.3. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que
este requisito también está acreditado, por cuanto se agotaron los recursos
disponibles en el proceso ordinario.

3.1.4 Finalmente, la providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de
tutela.

Cumplidos los requisitos generales de procedibilidad, corresponde a la Sala estudiar
los requisitos especiales para la prosperidad de la tutela contra providencias
judiciales.

3.2. Requisitos específicos de procedibilidad alegados por la parte actora

3.2.1. Del defecto fáctico

El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las
pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En efecto, la Corte
Constitucional ha dicho que el defecto fáctico es un error relacionado con asuntos
probatorios y, además, reconoce que tiene dos dimensiones: una dimensión
negativa y una positiva.

La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo, (i)
ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; o (iii) no decretar pruebas de
oficio en los procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado
a hacerlo.

La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del juez en
la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas,
si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión; o (v) por decidir con

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

medios de prueba que, por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en
que se basa la providencia.

3.2.2. Del desconocimiento del precedente jurisprudencial

El Consejo de Estado o cualquier otra autoridad judicial idónea para generar
precedentes4, al resolver un determinado asunto, establece el alcance de una norma
o resuelve un problema jurídico específico y el juez, en un caso semejante que se
presenta con posterioridad, afronta la situación desconociendo que en dicho
pronunciamiento se definió, en principio de manera vinculante, el alcance de la
disposición aplicable o se fijó una regla para resolver esa clase de problemas
jurídicos. En estos casos, entonces, la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del derecho a la igualdad y resguardar la eficacia de
otros principios básicos del orden constitucional.

Siguiendo de cerca la jurisprudencia constitucional y su construcción de la teoría de
los precedentes5, se tiene que, para identificarlos, es preciso realizar un análisis
técnico de la jurisprudencia, en virtud del cual resulta imperativo distinguir entre el
decisum, la ratio decidendi y el obiter dictum. El decisum es la parte resolutiva de la
sentencia, aquello que se dictamina en el caso concreto y que, dependiendo del tipo
de pretensión invocada ante el juez administrativo, tendrá fuerza erga omnes o
efecto inter partes6. Por su parte, la ratio decidendi «corresponde a aquellas razones
de la parte motiva de la sentencia que constituyen la regla determinante del sentido
de la decisión y de su contenido específico»7 o, en su definición original, a la
«formulación del principio, regla o razón general de la sentencia que constituye la
base de la decisión judicial»8. Finalmente, el obiter dictum será «lo que se dice de
paso»9 en la providencia, esto es, «aquello que no está inescindiblemente ligado con
la decisión»10.

Teniendo en cuenta que el decisum de una sentencia puede tener efectos erga
omnes o inter partes, según la naturaleza de la pretensión invocada ante el juez, se
impone señalar que en aras de salvaguardar principios fundantes de nuestro

4 Corte Constitucional. Sentencia T-534 de 2017.
5 Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006.
6 En efecto, de acuerdo con el artículo 189 CPACA.
7 Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006.
8 Corte Constitucional. Sentencias SU-047 de 1999 y SU- 1300 de 2001.
9 Corte Constitucional. Sentencia SU-1300 de 2001. Ver también, entre otras, la sentencia SU-047 de

1999.
10 Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006.

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05889-00
Actor: Ermen Luis Núñez Martínez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

ordenamiento constitucional como la igualdad, la seguridad jurídica y la confianza
legítima, y de amparar derechos y garantías fundamentales como el debido proceso,
la jurisprudencia constitucional ha reiterado en numerosas ocasiones la fuerza
vinculante de los precedentes judiciales que han resuelto situaciones análogas
anteriores11. Lo anterior, en el sentido antes descrito, conforme al cual «únicamente
se forma precedente a partir de la ratio decidendi que resuelve un caso»12.

De otra parte, y en lo que tiene que ver con la definición de si la regla invocada como
ratio controlante del caso a fallar realmente resulta aplicable o no, se tiene que,
conforme a las consideraciones de la Corte Constitucional vertidas en la sentencia
T-292 de 2006, para determinar si un precedente es relevante o no «se deben tener
en cuenta factores como que: i) “En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra
una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente, ii)La ratio debió haber
servido de base para solucionar un problema jurídico semejante, o a una cuestión
constitucional semejante, iii) Los hechos del caso o las normas juzgadas en la
sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho semejante
al que debe resolverse posteriormente. En este sentido será razonable que cuando
en una situación similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan
con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el
precedente”».

En definitiva, para examinar la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las
siguientes reglas13:

a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció14.

11 Una completa reconstrucción de esta línea jurisprudencial puede verse en la sentencia C-634 de

2011 de la Corte Constitucional.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-960 de 2001.
13 Sobre el tema, ver, entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
14 Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del

hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se
estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para
lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las
sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones
similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso
objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica» (se
destaca).

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Actor: Ermen Luis Núñez Martínez
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se
habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso
análogo ya decidido.

c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó
de aplicar.

d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las
razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá
desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco
habrá desconocimiento del precedente si el juez identifica el criterio jurisprudencial
supuestamente ignorado y expone las razones para apartarse (principios de
transparencia y razón suficiente15).

e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón
central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la
valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material
probatorio en cada caso concreto16.

f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la
protección del derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la
garantía de la confianza legítima.

4. Caso concreto y solución del problema jurídico

Con respecto al defecto fáctico, por falta de valoración de la decisión que ordenó la
preclusión de la investigación penal en contra del señor Núñez Martínez, en la que
se concluyó que no estaba acreditada su pertenencia al grupo de autodefensas
investigado o que tuviera responsabilidad alguna en la comisión del delito imputado,
considera la Sala que dicho cargo no está llamado a prosperar, puesto que la
autoridad judicial accionada efectuó una valoración probatoria razonada y conjunta
de los documentos aportados al expediente del proceso penal.

15 En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente, ver,

entre otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte Constitucional.
16 Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las
particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de
la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte
resolutiva». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05889-00
Actor: Ermen Luis Núñez Martínez
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

En efecto, en la sentencia atacada, esta es, la proferida el 23 de febrero de 2022, la
Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado enlistó los elementos de
prueba obrantes en el expediente, entre ellos la decisión de la Fiscalía Delegada
ante los jueces penales del circuito especializado de Bogotá, fechada el 25 de julio
de 2006, mediante la cual se declaró la preclusión de la investigación penal seguida
en contra del señor Ermen Luis Núñez Martínez, ante la duda razonable, dado que
existía poca credibilidad en la prueba testimonial e indiciaria.

En efecto, la mencionada prueba fue debidamente valorada por la autoridad judicial
accionada, con fundamento en lo siguiente:

En el caso concreto, se imputó al señor Ermen Núñez el delito de concierto
para delinquir, con base, en primer lugar, de la declaración de Luis Altahona
quien explicó que era miembro de una organización ilegal que operaba en la
ciudad de Barranquilla que se encargaba de cobrar protección a algunas
empresas transportadoras y de realizar otras actividades delictuales como
extorsiones y homicidios. En su declaración, suministro abundante información
relevante para desvelar la existencia del peligroso grupo de autodefensas, y
entregó datos precisos sobre los integrantes los lugares y sus modos de
operar, información de la que se sirvieron las autoridades policivas de
Barranquilla para el despliegue de una serie de operativos que permitieron la
consecución de pruebas suficientes para investigar a varios sujetos en función
de los nombres suministrados por el informante. en sus declaraciones, hizo
mención del hoy demandante, señalando que se trataba de una persona que
había acordado con miembros de la mencionada banda el asesinato de su
propia pareja y de su hijo.

Está acreditado en este expediente contencioso que la “Dirección Nacional de
Fiscalías, Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario” el 9 de marzo de 2005, previa rendición de indagatoria de Ermen
Luis Núñez Martínez, y siguiendo todos los lineamientos legales, decidió
imponerle la medida de aseguramiento de detención preventiva. En esta
misma actuación, se resolvió la situación jurídica de otras personas […].

[Se] debe destacar que la Fiscalía dedicó un apartado para establecer la
necesidad de la medida con base en el artículo 355 del C.P.P o Ley 600 de
2000, donde se establecen los fines de la medida de aseguramiento de
detención preventiva […].

Así, la medida se revelaba necesaria, pero también procedente en razón al
tipo de delito que se le endilgaba, penado como estaba con pena de prisión no
inferior a 4 años […].

Por otro lado, respecto del estándar demostrativo que exigía el artículo 356 del
estatuto procesal de la época para sustento de la medida de detención, vale
decir la presencia de por lo menos 2 indicios graves de responsabilidad Con
base en las pruebas legalmente producidas en el proceso, la lectura de la
providencia que decretó la medida en el caso de Ermen Luis Núñez Martínez
da cuenta de los siguientes elementos de acreditación:

Primer indicio grave: Conforme aclaración de Altahona Altahona, El
investigador se había reunido con algunos miembros del grupo ilegal, tales

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05889-00
Actor: Ermen Luis Núñez Martínez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

como Jorge de Moya, Alexander Medina y Oscar Trillos Y les había entregado
un dinero para asesinar tanto a su esposa como a su hijo, quienes
aparecieron calcinados.

En la declaración voluntaria rendida por Luis Edgardo Altahona Altahona ante
la unidad de derechos humanos de la fiscalía de santa Marta el 19 y 30 de
diciembre de 2004, el declarante aceptó que formaba parte de un grupo que
brindaba servicios de seguridad a prestigiosas empresas de transporte […].

El testimonio del señor Altahona resultaba creíble en cuanto procedía de
personas que conocía las actividades del grupo ilegal, que había suministrado
información muy precisa que a su vez había permitido la recopilación de
pruebas, nombres y actividades en contra de los presuntos implicados. Es
verdad que para aludir a Núñez Martínez no refirió su nombre, pero
claramente dijo que se trataba de la persona que se había puesto de acuerdo
con Jorge de Moya alias “York”, Alexander Medina y Oscar Trillos, para
asesinar a su esposa y su hijo, explicando que después de asesinarlos los
incineraron, circunstancia que vendría a ser aclarada no sólo con el proceso
penal en el que se investiga a esa persona por la conducta referida por el
testigo, sin que para ello tenga relieve alguno que allí hubiera sido, como lo
fue, absuelto, sino con la propia versión del implicado, quién al ser interrogado
por la muerte de quien había sido su compañera contesto: “ella murió según
las informaciones de la fiscalía del CTI, o sea los encontraron calcinados a
Mayra Yance y a mi hijo Danilo Andrés, lo que tengo entendido por
informaciones de medicina legal y del CTI. Esta investigación ya terminó con
respecto mío”.

Con base en lo anterior, era necesario que la fiscalía estableciera si el
demandante había participado en el delito de concierto para delinquir o si
hacía parte del grupo de paramilitares investigado.

Segundo indicio grave: el segundo indicio grave y consolidado por la fiscalía
fue la asomada relación que tenía el señor Núñez con alias York, quien hacía
parte de la banda ilegal, según las declaraciones de Altahona se habían
comunicado previamente. Para esto, tuvo en cuenta tanto el teléfono como la
boleta de la cuota de vigilancia.

Para establecer esta relación la fiscalía, en la indagatoria del señor Ermen
Luis Martínez Núñez, lo interrogó sobre si conocía al señor York y le preguntó
si tenía alguna relación o amistad con ese sujeto, a lo que el indagado
respondió: “no”. Sin embargo, cuando el investigador demostró que en el
teléfono de propiedad del señor Martínez Núñez (sic) aparecía el número del
señor York y, consiguientemente, al solicitar la información sobre este hecho
probado, el demandante explicó que lo conocía de una vez que intentó
venderle un perfume […].

Esta explicación no resultaba del todo concordante con la respuesta inicial y
más si se tiene en cuenta que Altahona hizo referencia en varias ocasiones a
las actividades delictivas del señor York por lo que era necesario constatar por
parte de la fiscalía si era verdad que no se trataba de un miembro de la banda,
al ser el cobrador, o sí era cierto que simplemente se dedicaba a la venta de
perfumes. así parecía que según lo expuesto por Altahona podría existir una
relación entre los investigados con las prácticas ilegales del grupo de militares,
por ejemplo, con la muerte de su esposa e hijo, que habían sido asesinados e
incinerados por los señores Héctor Alejandro Campo Ortiz y Gabriel Ángel
Berrio Parra, que también fueron mencionados como posibles miembros de
bandas ilegales.

A su vez, se le encontró una boleta para el pago de una cuota de vigilancia,
firmado por Aldo Casalins en el que informaba que los afiliados a las
empresas de transporte rutas soledad y Riomar autorizaron el pago de una

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05889-00
Actor: Ermen Luis Núñez Martínez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

cuota destinada a cubrir el servicio de seguridad prestado ilegalmente por
grupos al margen de la ley en Barranquilla. que el señor Ermen Núñez tuviera
ese documento, como quedó demostrado tanto en las diligencias policías,
como en la propia declaración, permitía inferir, en asocio con los demás
elementos probatorios, que sus destinatarios eran los grupos de protección de
las busetas que no estaban registradas ante la superintendencia y vigilancia y
que tenían unos comportamientos ilegales se apuntaba a la versión de
Altahona que lo señalaba como partícipe del delito de concierto para delinquir
[…].

De esta manera, se muestra razonable que la fiscalía haya inferido, en el
grado de convencimiento que demandaba la ley para la decisión que había de
adoptar a esa altura de la investigación, la existencia de alguna relación entre
Núñez Martínez y de Moya Barrios, con las actividades delictivas realizadas
por la empresa ASIS LTDA fue el pago de vigilancia de los buses, por lo que
era necesario continuar con la investigación con el propósito de poder
esclarecer los hechos que se estaban examinando […].

Al punto viene procedente recordar el siguiente lineamiento trazado por esta
corporación en su sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, sobre la
carga probatoria de la detención privativa: “Por esta razón, pretender que la
imposición de una medida de aseguramiento, como la detención preventiva,
se funden la recaudación de una plena prueba de responsabilidad penal no es
otra cosa que la contraposición a los postulados procesales dispuestos para
tal fin por el legislador y a las atribuciones que la Constitución ha otorgado con
ese mismo propósito a los jueces y a los órganos de investigación”.

Con base en las consideraciones expuestas la sala encuentra que la medida
de aseguramiento de detención preventiva en contra de Ermen Núñez, no fue
injusto porque cumplió con todos los requisitos de legalidad, proporcionalidad
razonabilidad y proporcionalidad.

Ahora, la Sala no pasará por alto la decisión de la fiscalía 5 de la unidad de
derechos humanos y de derecho internacional humanitario, del 16 de agosto
de 2005, providencia en la que veía la necesidad de practicar algunas pruebas
nuevas para el perfeccionamiento de la investigación […] y es que, la Sala
observa que la fiscalía simplemente consideraba que debía avanzarse la
investigación en relación con las actividades de Ermen Núñez, circunstancia
apenas explicable en atención a la complejidad del caso y a la gravedad de
los hechos que rodeaban al investigado.

Por lo anterior, decidió acertadamente no prescribir la investigación sino que
reconoce la necesidad de practicar otras pruebas […].

En síntesis la decisión de la fiscalía 5 de la unidad de derechos humanos de
no prescribir la investigación era la más conveniente al momento de los
hechos, está correctamente argumentada y cumple con los requisitos
establecidos para la fecha de los hechos en el ordenamiento jurídico
colombiano, concretamente con los de legalidad, razonabilidad,
proporcionalidad y necesidad.

Finalmente respecto de la declaración de preclusión de la investigación en
contra de Hermen (sic) Luis Núñez Martínez, proferida por la fiscalía 5 de la
unidad nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario del
25 de julio de 2006, la sala encuentra relevante los siguientes apartes:

“Son estas circunstancias las que debilitan no sensiblemente la situación
inicial y desemboca necesariamente en una duda difícil de superar en este
momento procesal, por lo que se procederá a ordenar la preclusión de la
investigación, acogiendo así las peticiones que elevaran el ministerio

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Actor: Ermen Luis Núñez Martínez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

público y la defensa del procesado, de conformidad con lo dispuesto en el
inciso 2° del artículo 7° del código de procedimiento penal”.

Esta decisión de prescribir la investigación se presenta en muchas ocasiones
y por diversas causas, sin que de ella se pueda derivar automáticamente la
antijuridicidad de la privación de la libertad del encartado. cómo lo ha reiterado
el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018,
se debe señalar:

“Ciertamente, unas son las circunstancias en las que dada la decisión
absolutoria se le arriba como consecuencia de la ausencia total de pruebas
en contra del sindicado, lo que afecta, sin duda, el sustento fáctico y
jurídico de la detención preventiva, pues no puede aceptarse de ninguna
manera que, pese a la falta de pruebas o indicios el estado adopte la
decisión de aplicar al investigado esa medida restrictiva de su libertad y le
imponga efectivamente dicha carga y otras, en cambio, son las
circunstancias que tendrían lugar cuando, a pesar de haberse recaudado
diligentemente la prueba necesaria para proferir medida de aseguramiento
y, luego, resolución de acusación en contra del sindicado, se concluye que
no hay lugar a dictar una sentencia condenatoria.

En punto a lo anterior, aun cuando para acudir a la jurisdicción
administrativa y reclamar la reparación de los perjuicios que se derivan de
la privación de la libertad, no se puede prescindir del pronunciamiento que
pone fin al proceso penal, la atención del juez se debe centrar en
determinar si el daño derivado de la aplicación de la medida de
aseguramiento de detención preventiva, esto es, la privación de la libertad,
se mostró como antijurídico, toda vez que en lo injusto de ella radica la
reclamación del administrado, al margen de cómo haya seguido su curso la
correspondiente investigación y del sustento fáctico y jurídico de la
providencia de absolución o de preclusión, según sea el caso, pues, se
reitera, puede suceder que el caudal probatorio no tuvo la suficiente fuerza
de convencimiento para llevar al juez al proferir una sentencia
condenatoria, pero ellos no da cuenta, per se, de que la orden de
restricción haya llevado a un daño antijurídico”.

En conclusión, a pesar de que se haya presentado la preclusión de la
investigación, de lo expuesto se desprende que, en efecto, había mérito en la
prueba para que la fiscalía considerara razonable que, bajo las circunstancias
fácticas descritas, Núñez Martínez podía estar involucrado en el concierto
para delinquir que se le endilgaba.

En consecuencia, la sala concluye que el daño que sufrió Ermen Núñez con
ocasión de la investigación penal por concurso para delinquir adelantada por
la Fiscalía, en la que se impuso medida de aseguramiento detención
preventiva y estuvo privado de la libertad por 86 días, no fue un daño
antijurídico, porque cumplió con los requisitos de legalidad, proporcionalidad,
razonabilidad y proporcionalidad. Por tanto, habrá que revocar la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 4 de septiembre
de 2014, que accedió a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, negará
las pretensiones.

Del aparte trascrito, observa la Sala que, contrario a lo sostenido por la parte actora,
la autoridad demandada hizo un análisis integral y razonado de las pruebas obrantes
en el expediente, incluida la decisión dictada el 25 de julio de 2006, por la Unidad de
Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, para definir el asunto y
determinar que la detención preventiva del señor Ermen Luis Núñez Martínez, como

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Actor: Ermen Luis Núñez Martínez
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

presunto partícipe del delito de concierto para delinquir, cumplió los requisitos
exigidos en los 355 y 356 de la Ley 600 de 2000, estos son, haber contado con la
configuración de, por lo menos, dos indicios graves de responsabilidad y resultar
necesaria la medida debido a la gravedad de los hechos y a la naturaleza del delito
investigado, pues se relacionaban con graves actuaciones delictuosas cometidas por
un grupo armado al margen de la ley.

En este punto, resalta la Sala que el resultado del proceso de reparación directa no
necesariamente sigue la suerte de lo decidido en la investigación penal, teniendo en
cuenta la finalidad disímil que persigue cada proceso, por lo que, a pesar de existir
una decisión favorable para el accionante en materia penal, ello no implica per se
una decisión favorable automática en materia contencioso administrativa, ni la
configuración de un defecto fáctico en el caso de negarse las pretensiones
indemnizatorias.

En ese contexto, la Sala estima que el defecto fáctico alegado se centra realmente
en el resultado de la valoración probatoria que realizó la Sección Tercera,
Subsección C, del Consejo de Estado, lo cual se encuentra en un campo restringido
para el juez de tutela, salvo que se advierta irracionalidad o capricho en la tasación
de los medios de prueba, circunstancias que en este caso no se presentan.

El hecho de que el accionante no la comparta, no habilita al juez de tutela para
volver a estudiar un asunto que ya fue decidido por el despacho accionado, menos
aun cuando se está cuestionando una providencia dictada por un órgano de cierre,
evento en el que, además de los tradicionales requisitos específicos de
procedibilidad, la Corte Constitucional ha establecido que es necesario acreditar que
se ha transgredido abiertamente un postulado constitucional y que se ha
desconocido la jurisprudencia en la que esa corporación le hubiera dado alcance a
un derecho fundamental, lo cual no ocurrió en el asunto bajo examen.

Ahora, en cuanto al desconocimiento del precedente fijado por la Sección Tercera de
esta Corporación, en sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021,
radicado 18001-23-31-001-2006-00178-01, advierte la Sala que, tal como lo expuso
el despacho accionado en la contestación de la demanda, la regla de unificación que
impone la providencia en mención es relativa al reconocimiento y monto de los
perjuicios morales en eventos de privación injusta de la libertad, sin que, además, se

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

advierta similitud fáctica y jurídica entre el caso analizado por el pleno de la Sección
Tercera en aquel proceso y el que actualmente se estudia.

Precisa la Sala que, en materia de responsabilidad del Estado por eventos de
privación injusta de la libertad, es preciso atender a lo establecido en la sentencia de
unificación SU-072 del 5 de julio de 2018 de la Corte Constitucional, según la cual,
independientemente del título de imputación que se elija aplicar, debe considerarse
si las decisiones adoptadas por el funcionario judicial se enmarcan en los
presupuestos de «razonabilidad, proporcionalidad y legalidad»1718 de la medida.

En razón a lo anterior, resulta claro que no existió el desconocimiento del precedente
alegado, toda vez que, para el caso concreto, la autoridad judicial accionada observó
lo señalado en la mencionada sentencia SU-072 de 2018 y, en ejercicio de la
autonomía judicial, concluyó que la medida de aseguramiento dictada en contra del
hoy accionante no resultó irracional ni desproporcionada y, además, se ajustó a las
circunstancias y elementos con los que contaba el funcionario judicial al momento de
imponerla. Así mismo, expuso que, aunque los elementos materiales probatorios no
fueron suficientes para declarar la responsabilidad penal, lo cual sirvió para declarar
la preclusión de la investigación, lo cierto era que al inicio de la investigación se
constituyeron los indicios necesarios para adoptar la medida privativa de la libertad.

Así las cosas, la Sala concluye que no se vulneraron los derechos fundamentales
invocados por el señor Ermen Luis Núñez Martínez, toda vez que no se acreditó que
la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado hubiera incurrido en
defecto fáctico o en desconocimiento del precedente, razón por la cual se negarán
las pretensiones de la tutela.

17
Más adelante señala: «112. En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de
responsabilidad del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de necesidad,
razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia que preceden a la imposición
de una medida de aseguramiento…».
18
Ibidem. Acápite 104. «Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte [razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad] definen la actuación judicial, no el título de imputación (falla del servicio,
daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la
Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio
apriorístico e insular respecto del compendio jurisprudencial que gravita en torno del entendimiento
del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una base de
interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de
la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a señalar
que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares».

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05889-00
Actor: Ermen Luis Núñez Martínez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Negar las pretensiones de la acción de tutela ejercida por el señor
Ermen Luis Núñez Martínez, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad
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