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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05895-00

Fecha
3 de febrero de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05895-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP en contra de la sentencia proferida el 16 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, según lo explicado en precedencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley. 20 Corte Constitucional. Sentencia SU - 427 de 2016. M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2022 05895 00 Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05895-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

3 de febrero de 2023

Radicación: 11001 03 15 000 2022 05895 00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05895-00
Accionante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando es
instaurada por un fondo público de pensiones en contra
de una providencia judicial que ordenó el
reconocimiento de una prestación periódica sin que
haya sido interpuesto el recurso extraordinario de
revisión.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP contra la sentencia proferida el 16 de marzo de
2022 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado nro. 47001 33 33 001
2018 00078 01.

1.- SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora promovió acción de tutela en contra de la precitada
sentencia solicitando el amparo de los derechos fundamentales al debido

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Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP

proceso y al acceso a la administración de justicia en conexidad con el
principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional y, para ello,
formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] PRINCIPALES

Primero. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados
por la UGPP, vulnerados por el Tribunal Administrativo del
Magdalena al reconocer la pensión de retiro por vejez al causante
Efraín Perea Camacho quien no reunió los requisitos legales para
acceder al mismo, y por sustituir dicha prestación a la señora
Haydee Escalante de Perea a quien no le asiste tal derecho.

Segundo. Consecuentemente a lo anterior:

a.- DEJAR sin efectos la decisión del 16 de marzo de 2022 dictadas
(sic) por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por la flagrante
vía de hecho y el abuso palmario del derecho en razón al
reconocimiento pensional sin el lleno de requisitos legales.

b.- ORDENAR al Tribunal Administrativo de Magdalena, confirmar la
decisión de primera instancia emitida por [el] JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA del 03 de marzo
de 2021 en razón a que el causante Perea Camacho no reunió la
totalidad de los requisitos señalados en los decretos 2400 de 1968,
3135 de 1968, y 1848 de 1969 artículos 31, 29 y 81
respectivamente.

SUBSIDIARIAS

En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón
a no estar superado el requisito de subsidiariedad solicitamos:

Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos
fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Magdalena.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDA de
manera transitoria la sentencia del 16 de marzo de 2022 proferida
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, hasta tanto se
resuelva el recurso extraordinario de revisión que se iniciaría en
virtud de su orden tutelar […]”.

[Mayúsculas en el escrito de tutela]

1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05895 00.
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2. SITUACIÓN FÁCTICA

La parte accionante informó que el señor Efraín Perea Camacho nació el
3 de abril de 1930 y que prestó sus servicios al Ministerio de Defensa
Nacional del 19 de noviembre de 1953 al 15 de abril de 1955, y en el
Departamento Administrativo de Estadística – DANE del 16 de febrero de
1976 al 26 de abril de 1993.

Manifestó que la extinta Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal,
mediante la Resolución nro. 07229 del 30 de abril de 1997, le negó al
señor Perea Camacho el reconocimiento de una pensión de jubilación por
no acreditar los 20 años de servicio que exige la Ley 33 de 1985; a través
de la Resolución nro. 8548 del 21 de abril de 1998 le negó la pensión de
retiro por vejez, “en consideración a que la Ley 100 de 1993 no contempla
la pensión de retiro por vejez y tampoco se encontró inmerso en alguna
de las excepciones contempladas en el artículo 279 de la misma norma”,
decisión que fue confirmada mediante la Resolución nro. 3172 del 22 de
julio de 1999, que resolvió recurso de apelación.

Afirmó que el señor Perea Camacho falleció el 23 de mayo de 2003 y, a
través de la Resolución UGM 54175 del 13 de agosto de 2012, Cajanal le
negó a la señora Haydee Escalante de Perea el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes y la indemnización sustitutiva, “(…) la primera
porque no era factible aplicar los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993
dado que no acreditó 50 semanas de cotización dentro de los últimos 3
años antes del fallecimiento; y la segunda teniendo en cuenta que la fecha
de retiro del afiliado fallecido fue el 26 de abril de 1993 y las cotizaciones
eran anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, siendo
improcedente su reconocimiento (…)”.

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Anotó que la UGPP, mediante la Resolución RDP 050383 del 30 de octubre
de 2013, le negó la pensión de sobrevivientes a la señora Escalante de
Perea, “(…) toda vez que al aplicar la normatividad dispuesta en los
artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 de frente a los a los soportes
allegados, el fallecido no acredita por lo menos 50 semanas de cotización
con anterioridad al fallecimiento. La anterior resolución fue confirmada
con las Resoluciones Nos. 055301 del 05 de diciembre de 2013 y RDP
0055688 del 06 de diciembre de 2013, al resolver los recursos de
reposición y apelación, respectivamente (…)”.

Adujo que, a través de la Resolución RDP 013860 del 30 de abril de 2014,
la UGPP ordenó el reconocimiento de una indemnización sustitutiva de la
pensión de sobrevivientes en favor de la señora Escalante de Perea, por
una sola vez, en cuantía de $2.713.796, en un 50%, y “(…) se dejó en
suspenso el posible derecho y porcentaje que le pudiera corresponder a
Harold Enrique Perea Escalante, en calidad de hijo inválido, en el 50%,
como quiera que no acreditó su condición de invalidez con los documentos
pertinentes, los tiempos de servicio que se tuvieron en cuenta para este
reconocimiento, fueron los servidos para el DANE (16/02/1976 –
26/04/1993), este reconocimiento se dio en atención a un fallo de tutela
emitido por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Santa Marta de fecha 09 de abril de 2014 (…)”.

Aseguró que la señora Escalante de Perea promovió demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho con el propósito de obtener el
reconocimiento en favor “(…) de su esposo la pensión de retiro por vejez
y seguidamente como consecuencia del fallecimiento del señor Perea, se
le reconociera a ella la sustitución pensional (…)”. El asunto fue conocido
por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta
que, en sentencia del 3 de marzo de 2021, negó las pretensiones.

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Alegó que el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia
del 16 de marzo de 2022, revocó la anterior decisión y ordenó reconocer
y pagar “(…) la pensión de retiro por vejez y sustituirla a la señora Haydee
Escalante de Perea, efectiva a partir del 23 de mayo de 2003, en cuantía
del 56% del IBL obtenido conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 y según lo fija en la sentencia SU de 28 de agosto de
2018. // (…) pagar a partir del 12 de marzo de 2015, las mesadas con
sus respectivos ajustes anuales y debidamente actualizada[s] con la
variación del IPC (…). // Dispuso descontar el valor actualizado que por
concepto de indemnización sustitutiva reconoció la UGPP a la actora, si
hubiere lugar a ello (…)”.

Expresó que el señor Perea Camacho no reunía los requisitos para acceder
a la pensión de retiro por vejez de que trata el artículo 31 de la Ley 2400
de 1968, en concordancia con el artículo 29 del Decreto 3135 de 1968,
en razón a que fue despedido con justa causa por supresión del cargo
cuando contaba con 63 años de edad; tampoco cumplió con los 20 años
de servicio que exige la Ley 33 de 1985, dado que acreditó 18 años, 7
meses y 8 días de servicio. Además, la señora Escalante de Perea no
causó ningún derecho pensional por cuanto no acreditó que el causante
cotizara al menos 50 semanas, conforme lo prevén los artículos 46 y 47
de la Ley 100 de 1993, normas aplicables en razón a la fecha de
fallecimiento del señor Perea, esto es, el 23 de mayo de 2003, por lo que
se configuró un defecto sustantivo.

Indicó que la providencia cuestionada incurrió en violación directa de la
Constitución debido a que “estamos frente a una afectación periódica de
derechos fundamentales que persiste en el tiempo, como consecuencia
de la orden del despacho accionado de reconocer una pensión sin el lleno
de los requisitos legales, afectando la sostenibilidad financiera del estado
(sic)”; también se vulneró su derecho fundamental a la igualdad en razón
a que se dio un trato diferencial “inadmisible en favor del señor Perea”;

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asimismo, esa entidad “no fue juzgada conforme a las leyes
preexistentes, sino que fue juzgada con base en una norma interpretada
de manera incorrecta”, con lo cual infringió el debido proceso, desatendió
el imperio de la ley (artículo 230 de la Carta Política) y se presentó un
abuso palmario del derecho.

Explicó que el recurso extraordinario de revisión “(…) no resulta ser el
mecanismo pertinente y eficaz para impedir la grave irregularidad que se
da en esta caso relacionado con el reconocimiento de prestaciones
pensionales sin el cumplimiento de los requisitos legales que implican que
hoy la UGPP deba: // - Pagar erradamente a la beneficiaria del causante
un retroactivo por la suma aproximada de $73.053.082 m/cte. // - Con
ocasión del fallecimiento del causante sufragar mesada pensional por
sustitución pensional, de por vida de la señora HAYDEE ESCALANTE DE
PEREA por la suma de $1.000.000 m/cte ajustados cada año de acuerdo
al IPC (…)”.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

3.1. Por auto del 15 de noviembre de 20222 fue admitida la acción de
tutela, se negó la solicitud de medida provisional y se dispuso notificar a
los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Magdalena,
así como vincular a la señora Haydee Escalante de Perea3.

Igualmente, se requirió Tribunal Administrativo del Magdalena para que
allegara copia digital del proceso con radicado nro. 47001 33 33 001 2018
00078 00, el cual fue enviado por medio magnético4.

2
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05895 00.
3
Esta orden se cumplió el 22 de noviembre de 2022. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022
05895 00.
4
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05895 00.
6
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3.2. La magistrada ponente de la decisión controvertida, presentó en
tiempo escrito vía electrónica5, en el que solicitó se deniegue la solicitud
de amparo, toda vez que no se advierte la violación de los derechos
fundamentales alegados por la parte actora y, por el contrario, lo que se
vislumbra es su inconformidad con la sentencia que profirió y que accedió
a las pretensiones de la demanda.

Señaló que en el proceso se acreditó que el señor Efraín Perea Camacho
era beneficiario del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993; que no contaba con un medio de subsistencia diferente
a su trabajo el cual se vio truncado en razón de la supresión de su cargo,
por lo que tenía derecho a recibir una pensión de retiro por vejez a partir
del momento en que completó la edad de retiro forzoso en un porcentaje
del 56% del ingreso base de liquidación percibido; que la señora Haydee
Escalante de Perea era la cónyuge del causante con quien convivió hasta
su fallecimiento en el 2003, y que dependía económicamente de él y no
contaba con ingresos o bienes que le permitieran una subsistencia digna.

Concluyó que “(…) la señora Escalante de Perea cumplía con los requisitos
dispuestos en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados
por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, por lo cual tenía derecho
a que se sustituyera la prestación pensional a reconocer a su favor. // (…)
en lo tocante a la indemnización sustitutiva reconocida al causante en
cumplimiento de la Resolución No. RDP-013860 del 30 de abril de 2014,
el Colegiado acotó que tal circunstancia no reñía con el reconocimiento de
la pensión de vejez por retiro, en tanto que el valor eventualmente pagado
a título de la indemnización en cita podía ser descontado de las mesadas
pensionales de supervivencia (…)”.

5
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05895 00.
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3.3. La señora Haydee Escalante de Perea, actuando por conducto de
apoderado, rindió informe en oportunidad vía correo electrónico, en el que
solicitó se deniegue el amparo solicitado por considerar que la providencia
cuestionada no vulneró los derechos fundamentales alegados por la parte
accionante6.

4.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,7 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril
de 20218, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro.
080 del 12 de marzo de 20199 proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente10:

4.2.1. La señora Haydee Escalante de Perea promovió demanda bajo el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de

6
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05895 00.
7
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
8
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
9
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
10
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito Judicial de Santa Marta. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro.11001 03 15 000 2022 05895 00.
8
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Radicación: 11001 03 15 000 2022 05895 00
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y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP

la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, cuyas pretensiones fueron11:

“[…] a.) DECLARACIONES 1.) Que se declare la Nulidad de la
Resolución No. 008548 del 21 de abril de 1998, expedida por la Caja
Nacional de Previsión Social “Cajanal”, mediante la cual se negó la
pensión de jubilación al señor EFRAIN PEREA CAMACHO; 2.) Que se
declare la Nulidad de la Resolución No. 026342 del 13 de octubre de
1998, expedida por la Caja Nacional de Previsión Social "Cajanal",
mediante la cual resolvió recurso de reposición contra la Resolución
No. 008548 del 21 de abril de 1998, confirmándola en todas sus
partes; 3.) Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 003172
del 22 de julio de 1999, expedida por la Caja Nacional de Previsión
Social “Cajanal” mediante la cual resolvió recurso de apelación
contra la resolución No. 008548 del 21 de abril de 1998,
confirmándola en todas sus partes; 4.) Que se declare la Nulidad de
la Resolución No. UGM 054175 del 13 de agosto de 2012, mediante
la cual la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal EICE en
Liquidación negó la pensión de sobrevivientes a la señora HAYDE
ESCALANTE DE PEREA en su condición de cónyuge supérstite del
causante EFRAIN PEREA CAMACHO; 5.) Que se declare la Nulidad
de la Resolución No. RDP 050383 de fecha 30 de octubre de 2013,
mediante la cual la U.G.P.P. negó la pensión de sobrevivientes a la
señora HAYDE ESCALANTE DE PEREA en su condición de cónyuge
supérstite del causante ÉFRAIN PEREA CAMACHO; 6.) Que se
declare la Nulidad de la Resolución No. RDP 055301 de fecha 5 de
diciembre de 2013, mediante la cual la UGPP resolvió el recurso de
reposición formulado por la actora contra la resolución No. RDP
050383 de fecha 30 de octubre de 2013, confirmándola en todas sus
partes; 7.) Que se declare la Nulidad de la Resolución No. RDP
055688 de fecha 6 de diciembre de 2013, mediante la cual la UGPP
resolvió el recurso de apelación formulado por la actora contra la
resolución No. RDP 050383 de fecha 30 de octubre de 2013,
confirmándola en todas sus partes: 8.) Que se declare la Nulidad de
la Resolución No. RDP 013860 de fecha 30 de abril de 2014,
mediante la cual la UGPP le reconoció indemnización sustitutiva de
la pensión de sobrevivientes a la actora en su condición de cónyuge
supérstite del causante FERAIN PEREA CAMACHO.

b.) CONDENAS: Que como consecuencia de la nulidad de los actos
administrativos demandados, debidamente individualizados en el
acápite anterior, a título de restablecimiento del derecho se
CONDENE a La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social "UGPP" a
reconocerle, liquidarle y pagarle debidamente indexados a la señora
HAYDE ESCALANTE DE PEREA los siguientes derechos laborales:

11
Tomado del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado nro.
47001 33 33 001 2018 00078 00. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro.11001 03 15 000 2022 05895 00.
9
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y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP

1.) LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES a que tiene derecho en su
condición de cónyuge supérstite del causante EFRAIN PEREA
CAMACHO conforme al artículo articulo 1º de la Ley 33 de 1973, a
partir del 3 de abril de 1995 fecha en que el causante cumplió los
65 años de edad, liquidada conforme al promedio de todos los
factores salariales devengados en el último año de servicio por el
causante, en razón a que esté en vida dejó causado el derecho a la
pensión de retiro por vejez conforme al articulo 29 del Decreto 3135
de 1968, modificado por el articulo 81 del Decreto 1848 de 1969,
sin que se le efectuara el reconocimiento.

2. Los valores correspondientes a las mesadas retroactivas,
debidamente indexadas, causadas a partir de la fecha en que se
causó el derecho pensional del causante EFRAIN PEREA CAMACHO,
que lo fue a partir del 3 de abril de 1995, cuando cumplió los 65
años de edad, hasta la fecha en que se le reconozca, liquide y se
haga efectiva la pensión de sobrevivientes […]”.

4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta con el radicado nro.
47001 33 33 001 2018 00078 00, que, en sentencia del 3 de marzo de
2021, negó las pretensiones12.

4.2.3. El Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia del 16 de
marzo de 2022, resolvió13:

“[…] Primero: Revócase la sentencia de 3 de marzo de 2021
proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Santa Marta, mediante la cual se negaron las súplicas de la
demanda, acorde con lo expuesto en precedencia.

Segundo: Declarase la nulidad de las Resoluciones 008548 de 21 de
abril de 1998, 026342 de 13 de octubre de 1998. 003172 de 22 de
junio de 1999. UGM 054175 de 13 de agosto de 2012. RDP 050383
de 30 de octubre de 2013, RDP 055301 de 5 de diciembre de 2013
y RDP 055688 de 6 de diciembre de 2013 y RDP 013860 de 30 de
abril de 2014, mediante las cuales la UGPP negó el reconocimiento
de la pensión de retiro por vejez al causante señor Efraín Perea
Camacho, la pensión de sobreviviente a la señora Haydee Escalante
de Perea en condición de cónyuge supérstite del pensionado y
reconoció la indemnización sustitutiva, de conformidad con las
razones advertidas en esta providencia.

12
Ibídem.
13
Ibídem.
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Tercero: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y
a título de restablecimiento del derecho ordénase a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP a reconocer y pagar
pensión de retiro por vejez y sustituirla a la señora Haydee Escalante
de Perea, identificada con la cédula (…), efectiva a partir del 23 de
mayo de 2003, en cuantía del 56% del Ingreso Base de Liquidación
obtenido conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y siguiendo las pautas de la sentencia unificadora de 28 de
agosto de 2018 a que se aludió en la parte considerativa de este
proveído.

Cuarto: Condénase a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -
UGPP a pagar a la parte actora, a partir del 12 de marzo de 2015,
las mesadas causadas con sus respectivos reajustes anuales y
debidamente actualizada con la variación del IPC utilizando para el
efecto la fórmula expuesta anteriormente.

Quinto: Declarase probada la excepción de prescripción trienal sobre
las mesadas causadas con anterioridad al 12 de marzo de 2015, por
las razones expresadas en este proveído.

Sexto: Descuéntase de las mesadas a que tiene derecho la parte
actora, el valor actualizado que por concepto de indemnización
sustitutiva reconoció la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP,
si hubiere lugar a ello.

Séptimo: Ordénase a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP
que dé cumplimiento a la sentencia y pague intereses moratorios en
los términos de los artículos 187, 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011
[…]”.

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, se tiene lo siguiente:
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El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable14.

Por su parte, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispone:

“[…] La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada
en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en
que se encuentra el solicitante […]”.

Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la
medida que solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio
irremediable15.

La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de
subsidiariedad envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial16: (i) cuando el asunto está

14
Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
15
La Corte Constitucional en la sentencia T-441 del 15 de julio de 2015. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, dijo que los criterios a partir de los cuales debe analizarse si,
efectivamente, en un caso concreto, se está ante la presencia de un perjuicio
irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo de amparo
constitucional son (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y evidente sobre un
derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría
forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la
gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la
tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales.
16
Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P.: Jorge Iván
Palacio Palacio.
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trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los medios de defensa
judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir etapas
procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico.

No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido dos excepciones al
principio de subsidiariedad de la acción de tutela: (i) cuando el mecanismo
ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para la protección inmediata
de los derechos fundamentales, y (ii) cuando se pretende evitar la
configuración de perjuicio irremediable, el cual debe acreditarse que
cumple con la características de ser inminente y grave, que requiere de
la adopción de medidas de carácter urgente para superar el daño y, por
lo tanto, que la protección constitucional es impostergable 17.

En el asunto bajo examen, lo pretendido por la entidad accionante es que
se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
efectivo a la administración de justicia en conexidad con el principio de
sostenibilidad financiera del sistema pensional y se deje sin efectos la
providencia controvertida por considerar que no había lugar a ordenar el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez al hoy fallecido Efraín Perea
Camacho y la consecuente sustitución pensional en favor de la señora
Haydee Escalante de Perea.

Bajo ese contexto, la Sala advierte que el recurso extraordinario de
revisión es el medio idóneo para controvertir la decisión que se ataca. Al
respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-427 de 201618,
señaló que, en principio, la tutela no es la vía para debatir las decisiones
judiciales cuando se controviertan providencias judiciales que reconocen
una prestación periódica, en tanto que para ello las entidades encargadas
del pago de dichas prestaciones cuentan con el instrumento previsto por

17
Sentencia T-150 de 2016.
18
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
13
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el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En la citada providencia la Corte
Constitucional explicó:

“[…] el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 consagró la competencia del
Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia para revisar, por
petición del Gobierno, las providencias judiciales que “en cualquier
tiempo” hayan decretado la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza al tesoro público o a fondos
de naturaleza estatal. Dicho procedimiento procede cuando: (a) el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, o (b)
la cuantía del derecho reconocido exceda lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables […]”.

Por su parte, esta Sección ha dicho19:

“Cabe precisar que esta Sala ha entendido que cuando se han
reconocido pensiones irregularmente, bien por fraude a la ley o por
abuso del derecho, le corresponde a la autoridad administrativa
responsable revocar sus actos y aplicar los correctivos pertinentes
(artículo 19 de la Ley 797 de 2003); sin embargo, cuando esta figura
deviene de un fallo judicial ejecutoriado, la entidad está en la obligación
de intervenir mediante el recurso extraordinario de revisión (artículo 20
ejusdem), para evitar que esto suceda o continúe sucediendo”. (se
destaca)

En el caso concreto, la UGPP alega que se presenta un abuso palmario del
derecho “(…) en el actuar del estrado judicial accionado al reconocer una
pensión de retiro por vejez a favor del señor EFRAÍN PEREA CAMACHO y
con ocasión de su fallecimiento sustituirla a favor de la señora HAYDEE
ESCALANTE DE PEREA pasando por alto que el causante no reunió los
requisitos legales contemplados en los decretos 2400 de 1968, 3135 de
1968, 1848 de 1969 artículos 31, 29 y 81 respectivamente, lo que implica
que la decisión judicial controvertida está generando una clara afectación
al erario (…)”.

Sin embargo, la Sala advierte que la UGPP no probó las razones por las
cuales el medio judicial que tiene a su alcance, esto es, el recurso
extraordinario de revisión no es el idóneo para reclamar lo pretendido, de

19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 15 de noviembre de 2019. M.P: Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente nro.
11001-03-15-000-2019-04328-00(AC).
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tal manera que haga procedente el mecanismo de la acción de tutela. Ni
tampoco alegó la existencia de un perjuicio irremediable. Al efecto, la
Corte Corte Constitucional ha indicado20: “(…) Ante la existencia de dicho
recurso de revisión, en principio, las acciones de tutela interpuestas por la UGPP
contra providencias judiciales en las que presuntamente se incurrió en un abuso
del derecho en el reconocimiento y/o liquidación de una prestación periódica son
improcedentes, salvo en aquellos casos en los que de manera palmaria se
evidencie la ocurrencia de dicha irregularidad”. (Se destaca)

Conforme con lo anotado, la acción de tutela deviene improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP en contra de la
sentencia proferida el 16 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo
del Magdalena, según lo explicado en precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.

20
Corte Constitucional. Sentencia SU - 427 de 2016. M.P.: Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
15
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Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

16
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