Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05902-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05902-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05902-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
17 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05902-00
Accionante: Harold Hernán Moreno Cardona
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA / No ampara – MORA JUDICIAL – justificada.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por el señor Harold Hernán Moreno
Cardona contra el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Cali y el
Consejo Superior de la Judicatura.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El señor Harold Hernán Moreno Cardona instauró acción de tutela contra el
Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Cali y el Consejo Superior de la
Judicatura, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, mínimo vital, trabajo, buen nombre y
“estabilidad”2, y en consecuencia se ordenara (i) “(…) el inmediato trámite procesal
que corresponda para obtener la ejecutoria”, y (ii) la implementación, por parte del
Consejo Superior de la Judicatura, de acciones para descongestionar los despachos
judiciales.
2.- Considera que los referidos derechos fueron vulnerados por la autoridad judicial
accionada al incurrir en una presunta mora judicial, por no proferir fallo dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho3 que promovió junto con la señora
Lina María Domínguez Correa contra el Departamento del Valle del Cauca y la
Contraloría Departamental del Valle del Cauca, con el fin de que se declarara la
nulidad de un fallo de responsabilidad fiscal.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 También invocó la protección de los principios de legalidad, moralidad administrativa, celeridad, confianza
legítima, eficacia, seguridad jurídica e igualdad.
3
Tramitada con número de radicado: 76001-33-33-007-2019-00108-00.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05902-00
Accionante: Harold Hernán Moreno Cardona
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
3.- Según se ilustra en la demanda, y se pudo constatar con las pruebas allegadas,
el conocimiento del referido proceso le correspondió al Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito de Cali, quien admitió la demanda por auto del 19 de
junio de 2019 y, surtido el trámite procesal respectivo, el 28 de marzo de 2022 al
finalizar la audiencia de pruebas, ordenó a las partes presentar alegatos por escrito.
4.- El 16 de mayo de 2022, el actor allegó memorial de impulso procesal, en el que
solicitó proferir sentencia. Luego, el 2 de agosto posterior, presentó solicitud para
que se le diera prelación de turno para dictar fallo de primera instancia, la cual fue
resuelta desfavorablemente, a través de auto del 7 de octubre de 2022.
5.- En el escrito de tutela, la parte actora adujo que el juzgado accionado vulneró
sus derechos fundamentales al incurrir en una mora judicial injustificada, toda vez
que desde que se llevó a cabo la audiencia de pruebas y se presentaron los alegatos
de conclusión, han transcurrido más de 6 meses sin que se haya proferido una
decisión; desconociendo con ello el término legalmente previsto para tales efectos,
de conformidad con lo establecido en el artículo 1824 del CPACA.
6.- Además, sostuvo que el Consejo Superior de la Judicatura, pese a tener
conocimiento de la congestión judicial, “no toma decisiones para descongestionar y
permite la vulneración de los derechos fundamentales a una pronta administración
de justicia.”
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
7.- Mediante auto de 10 de noviembre de 2022, el Despacho sustanciador dispuso
admitir la acción de tutela, ordenó notificar de su presentación a las autoridades
demandadas, y vinculó a la señora Lina María Domínguez Correa, al Departamento
del Valle del Cauca y a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en calidad
de terceros con interés. Adicionalmente, comunicó la decisión a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado.
8.- Además, requirió al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Cali
para que remitiera, en calidad de préstamo, el expediente identificado con el radicado
número 76001-33-33-007-2019-00108-00.
9.- Una vez revisado el expediente ordinario solicitado, el Despacho advirtió la
necesidad de vincular a la señora Blanca Liliana Montoya Hernández, como tercero
interesado a las resultas del proceso, habida cuenta que también ostenta la calidad
de demandante en el asunto cuestionado. En consecuencia, por auto del 13 de enero
de 2023, se ordenó su vinculación al trámite de tutela de la referencia.
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“(…) Cuando no fuere posible indicar el sentido de la sentencia la proferirá por escrito dentro de los treinta (30)
días siguientes (…)”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05902-00
Accionante: Harold Hernán Moreno Cardona
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
(i) Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Cali5
10.- La autoridad judicial Informó que el expediente contentivo del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado en sede de tutela, se encuentra
en turno 36 en el listado de los procesos para dictar fallo, pues ingresó al despacho
el 13 de junio de 2022 para ese propósito. Indicó que, alterar dicho orden supondría
una afectación de los derechos a la igualdad y debido proceso de las demás
personas que están en una situación similar.
11.- Con fundamento en lo anterior, sostuvo que no vulneró los derechos
fundamentales invocados por el accionante, toda vez que no incurrió en mora judicial,
por cuanto le ha impartido el trámite correspondiente al proceso, “dentro de las
posibilidades de respuesta del Juzgado que se ven afectadas por la congestión de
la Rama Judicial que es de público conocimiento, atendiendo la prelación de que
gozan las acciones constitucionales y procesos ejecutivos”.
12.- Por último, indicó que el accionante presentó otra demanda de tutela contra
dicha autoridad por una supuesta mora judicial al interior del aludido proceso, la cual
fue tramitada con el número de radicado 76001-23-33-000-2020-01042-01 y
asignada para su conocimiento, en segunda instancia, a la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado.
(ii) Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico6
13.- La entidad señaló que, en el marco de las competencias a ella asignadas, no
le corresponde impulsar el trámite al interior del referido proceso ordinario, ni proferir
decisiones en el marco de los asuntos que se adelantan en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, comoquiera que sus funciones son netamente
administrativas y no jurisdiccionales.
14.- Indicó que, en el ejercicio de sus funciones, realiza un seguimiento permanente
a la gestión de los despachos judiciales, en virtud de lo cual ha adoptado diversas
medidas de descongestión para los juzgados administrativos. No obstante, la
implementación de las mismas se ha visto limitada por cuestiones de orden
presupuestal y la existencia de otras necesidades en el territorio nacional.
15.- Además, precisó que logró identificar la necesidad de ampliar la oferta en la
jurisdicción contenciosa administrativa, con fundamento en el comportamiento de la
demanda de justicia y las modificaciones introducidas en la Ley 2080 de 20217. Por
5 Intervención digital contenida en 2 folios.
6 Intervención digital contenida en 7 folios.
7 “Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
–Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan
ante la jurisdicción.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05902-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
lo que, para esta vigencia, el Gobierno Nacional asignó unos recursos que se han
tenido que distribuir de acuerdo a unos criterios de priorización, logrando con ello
fortalecer la oferta de justicia en lo contencioso administrativo.
16.- Expuso que, de acuerdo la información reportada en el Sistema de Información
Estadística de la Rama Judicial –SIERJU-, en el que se registra la cantidad de
procesos que tienen a su cargo los despachos judiciales, el Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito de Cali no atiende a ninguno de los criterios de
priorización definidos para adoptar alguna medida de descongestión concreta.
17.- Finalmente señaló que la solicitud de amparo se torna improcedente al no
cumplir el requisito de subsidiariedad, por cuanto la acción de tutela no es un
mecanismo instituido para solicitar la implementación de medidas de descongestión,
toda vez que estas inciden de manera directa en el presupuesto de la Rama Judicial.
(iii) Departamento del Valle del Cauca y Contraloría Departamental del Valle del
Cauca8
18.- Las entidades solicitaron ser desvinculadas de la presente acción constitucional
al carecer de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no han incurrido en
ninguna acción u omisión que la parte actora considere lesiva de sus derechos
fundamentales.
19.- Por su parte, la Contraloría manifestó que en el presente asunto se configura
la temeridad, toda vez que el accionante promovió otra acción de tutela que presenta
los mismos hechos y pretensiones de la que ahora es objeto de estudio, la cual le
correspondió para su conocimiento, en segunda instancia, a la Sección Segunda,
Subsección A de esta Corporación.
20.- Las demás guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestiones previas
(i) Las solicitudes de desvinculación formuladas por el Departamento del Valle
del Cauca y la Contraloría Departamental del Valle del Cauca
21.- La Sala no accederá a las solicitudes de desvinculación planteadas por el
Departamento del Valle del Cauca y la Contraloría Departamental del Valle del
Cauca, considerando que dichas entidades ostentan la calidad de demandadas en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se reprocha en sede de
tutela. Por esa razón, es claro que les asiste un interés legítimo para actuar en el
8 Intervenciones digitales contenidas en 13 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05902-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
presente trámite, por cuanto se podrían ver afectadas con la decisión que adopte el
juez constitucional.
(ii) La supuesta configuración de la cosa juzgada y/o temeridad en el presente
asunto
22.- De la revisión de la acción de tutela tramitada con número de radicado 76001-
23-33-000-2020-01042-00/01 y la que ahora es objeto de estudio, la Sala estima que
en el presente asunto no se configura la cosa juzgada ni la temeridad endilgadas,
pues si bien la parte accionante promovió otra demanda de tutela que presenta cierto
grado de similitud con la que actualmente se estudia, dado que en ambos asuntos
se alegó una supuesta mora judicial al interior del aludido proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo cierto es que no existe identidad de partes, hechos
ni de pretensiones entre ambos procesos.
23.- En efecto, en la acción de tutela 76001-23-33-000-2020-01042-00/01
únicamente se tuvo como autoridad accionada al Juzgado Séptimo Administrativo
Oral del Circuito de Cali, mientras que en la presente solicitud de amparo, además
del despacho en mención, se demandó al Consejo Superior de la Judicatura.
24.- Adicionalmente, cabe destacar que la acción de tutela 76001-23-33-000-2020-
01042-00/01 fue presentada en el año 2020. Al ser este un caso de mora judicial el
transcurso del tiempo es determinante para alegar la existencia de nuevas
actuaciones y/u omisiones ocurridas en el marco del proceso ordinario cuestionado.
En esa medida, no hay lugar a afirmar que existe una similitud de supuestos fácticos.
La simple lectura de los hechos permite evidenciar que lo que censura el accionante
es que desde que finalizó la audiencia de pruebas en marzo de 2022, no se ha
proferido fallo. Para 2020 el proceso se encontraba en otra etapa procesal diferente,
y la supuesta omisión que se alega en esta ocasión (incumplimiento del término
previsto en el artículo 1829 del CPACA para fallar), aún no había tenido lugar.
25.- Por último se observa que, si bien ambas demandas tienen por objeto que se
profiera sentencia en el asunto cuestionado, en la acción de tutela 76001-23-33-000-
2020-01042-00/01, además, se solicitó que se suspendieran provisionalmente unos
actos administrativos. Aunado a ello, en la acción constitucional que ahora es objeto
de estudio existen unas pretensiones encaminadas a impartir una serie de órdenes
al Consejo Superior de la Judicatura. Por ende, la Sala observa que las solicitudes
de amparo no guardan identidad de objeto.
D. Procedencia de la acción de tutela por mora judicial
26.- En cuanto a la mora judicial, esta Corporación ha sido categórica en advertir
que el juez de tutela en cada caso específico deberá valorar si la conducta del
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“(…) Cuando no fuere posible indicar el sentido de la sentencia la proferirá por escrito dentro de los treinta (30)
días siguientes (…)”.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
funcionario o de la corporación judicial es injustificada y negligente, toda vez que “no
toda dilación en proferir una decisión judicial genera la llamada mora judicial ni
vulnera derechos fundamentales”10. Lo anterior, en atención a que existen causas
imprevisibles o externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los
jueces cumplan con los plazos para decidir o para dictar alguna decisión. Existen,
por ejemplo, condiciones estructurales, tales como la excesiva carga laboral, la falta
de una infraestructura básica en los despachos judiciales, que impiden que los
funcionarios judiciales adopten decisiones oportunas11.
27.- Así pues, se advierte que para determinar si la autoridad judicial demandada
ha incurrido en una mora judicial injustificada, y previo a verificar si tal mora se
proyecta como afrenta a un derecho constitucional iusfundamental, se debe analizar:
(i) la complejidad del asunto; (ii) la actividad procesal del interesado; (iii) la conducta
de la autoridad judicial competente; (iv) el análisis global de procedimiento; y (iv) el
turno en el que el expediente pasó al despacho, de conformidad con lo establecido
en el artículo 18 de la Ley 446 de 19987.
28.- En ese contexto, esta Corporación ha considerado que la acción de tutela se
abre paso por mora judicial cuando se trate de una dilación injustificada como
resultado de la falta de diligencia en el actuar del funcionario judicial. Esto significa
que “no existe mora judicial por el solo transcurso del tiempo, sino que ésta debe ser
injustificada y estar probada la negligencia de la autoridad judicial accionada”12.
29.- A su vez, la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que
la congestión y la mora judicial afectan gravemente los derechos de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso, por dilación injustificada e
inobservancia de los términos judiciales; sin embargo, esa misma Corporación ha
sostenido que no todo desconocimiento de los plazos establecidos en la ley por parte
del operador judicial puede dar lugar a la violación de los mencionados derechos,
pues se configura en los eventos en los cuales el juez no puede justificar su retardo.
30.- En sentencia SU-394 de 201613, el máximo Tribunal Constitucional indicó que
la acción de tutela es procedente cuando las autoridades judiciales incurren en mora
judicial injustificada, teniendo en cuenta que es posible que el derecho al debido
proceso se lesione a causa del incumplimiento de los términos procesales, por lo que
puede materializarse un daño que genere perjuicios no subsanables14.
10 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 22 de octubre de 2020, radicado: Expediente 11001-03-15-
000-2020-04601-00. M.P. Milton Chaves García.
11 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, radicado: Expediente: Nº 11001-
03-15-000-2016-01884-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 18 de febrero de
2009, exp. 25000-23-15-000-2008-01246-01 (AC), M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
13
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
14 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T- 186 De 2017, M.P. María Victoria Calle Correa.
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31.- La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando: (i) existe un
incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que
justifique la dilación; y, (iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial15.
32.- De lo expuesto anteriormente, se advierte que el simple hecho de sobrepasar
los términos legales dispuestos para el desarrollo de la actuación judicial no configura
una mora injustificada, pues deben analizarse otras circunstancias particulares.
E. Análisis del caso concreto
(i) Los reproches formulados contra el Juzgado Séptimo Administrativo Oral
del Circuito de Cali
33.- En el caso objeto de estudio, la parte actora le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales al Juzgado accionado, toda vez que, a su juicio, incurrió en
una mora judicial injustificada por no resolver la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificada con número de radicado 76001-33-33-007-
2019-00108-00.
34.- De acuerdo con lo manifestado por el titular del aludido despacho y los
elementos probatorios obrantes en el expediente, la Sala considera que en el
presente asunto no se configura la mora judicial alegada, pues la autoridad judicial
accionada ha adelantado las actuaciones pertinentes, tendientes a decidir la referida
demanda contenciosa administrativa.
35.- En concreto, se observa que, al interior del referido proceso, el Juzgado
Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Cali ha llevado a cabo las siguientes
actuaciones16: (i) el 19 de junio de 2019, admitió la demanda; (ii) el 17 de septiembre
siguiente se pronunció sobre la medida cautelar deprecada; (iii) el 14 de enero de
2020, realizó un requerimiento con el fin de decidir sobre una solicitud de
acumulación presentada por la entidad demandada; (iv) el 18 de agosto próximo,
ordenó la acumulación del expediente 76001-33-33-010-2019-00214-00 a dicho
proceso; (v) el 14 de octubre siguiente, decidió acerca de los escritos de reforma a
la demanda; (vi) el 21 de junio de 2021, fijó fecha para la realización de la audiencia
inicial, que se llevó a cabo el 10 de agosto próximo; (vii) el 11 de octubre posterior,
fijó fecha para audiencia de pruebas, la cual se realizó el 8 de febrero y continuó el
28 de marzo de 2022, fecha en la que además instó a las partes para que
presentaran los alegatos de conclusión por escrito; y (viii) el 7 de octubre de la misma
anualidad, resolvió la solicitud de prelación de turno para proferir sentencia
presentada por la parte demandante.
15 En este aspecto, la Corte Constitucional reiteró los criterios enunciados en la sentencia T-230 de 2013, M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
16 Según consta en el expediente digital 76001-33-33-007-2019-00108-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05902-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
36.- En esta última providencia, el Despacho accionado expuso que las
circunstancias alegadas por la parte accionante para que se dé prelación de turno
para proferir sentencia, no encuadran en ninguno de los supuestos legalmente
previstos para tales efectos, así como tampoco se ajustan a los criterios que han sido
creados jurisprudencialmente por la Corte Constitucional para acceder a la solicitud.
37.- Por ende, aun cuando no se ha resuelto la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo cierto es que con dichas actuaciones se le ha dado
celeridad al proceso cuestionado, razón por la cual no se observa un actuar
negligente por parte del funcionario judicial que conoce del asunto.
38.- En esa medida, no es posible atribuir la tardanza en la resolución del asunto al
actuar del juez, pues más bien aquella obedece a circunstancias objetivas, que
tienen su origen en un problema estructural, causado por la congestión judicial que
atraviesan los despachos, los cuales tienen una gran carga de trabajo que dificulta
el poder cumplir a cabalidad con los términos judiciales.
39.- Así las cosas, se advierte que en el caso objeto de estudio: (i) la mora judicial
se encuentra justificada, (ii) no se advierte, además, que tal mora,
independientemente de su justificación comprometa un derecho fundamental cuya
afectación sea irremediable e inminente por lo que, en este caso, (iii) la acción de
tutela resulta improcedente aún para alterar el turno de decisiones y obtener una
decisión judicial, sin considerar además, (iv) que una medida de ese talante,
implicaría, de contera, la vulneración de los derechos constitucionales a la igualdad
de los demás sujetos cuyos procesos con fecha anterior de ingreso para fallo del
demandante, están a la espera de una decisión por parte de la autoridad judicial
accionada.
(ii) Las inconformidades planteadas contra el Consejo Superior de la
Judicatura
40.- La parte accionante estima que el Consejo Superior de la Judicatura
transgredió su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, por
cuanto no ha implementado las medidas correspondientes a fin de descongestionar
los despachos judiciales, a pesar de tener conocimiento de la congestión que
padecen los mismos.
41.- Contrario a lo expuesto por el actor, la Sala estima que el Consejo Superior de
la Judicatura no ha vulnerado en forma alguna el derecho fundamental invocado,
pues se evidencia que, en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales,
dicha entidad efectúa, de forma permanente, un seguimiento a la gestión de todos
los despachos judiciales del territorio nacional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05902-00
Accionante: Harold Hernán Moreno Cardona
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
42.- De esta manera, ha logrado identificar las distintas necesidades de cada uno
de los despachos, a fin de implementar diferentes medidas de descongestión judicial,
con el propósito de garantizar el acceso a una pronta y eficaz administración de
justicia a todos los usuarios.
43.- Sin embargo, tal como lo indicó la entidad, es necesario resaltar que dichas
medidas tienen afectaciones en materia presupuestal, por lo que requieren ser
priorizadas, atendiendo a unos criterios de tipo objetivo que han sido fijados por el
Consejo Superior de la Judicatura, en estricto acatamiento a lo dispuesto en el
artículo 8517 de la Ley 270 de 199618.
44.- Así las cosas, si bien la congestión judicial que atraviesan los despachos es
una situación de público conocimiento, lo cierto es que el Consejo Superior de la
Judicatura no ha adoptado medidas descongestión en el Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito de Cali, comoquiera que en su criterio el mismo no
atiende a los mencionados criterios de priorización, de conformidad con la
información que reposa en el Sistema de Información Estadística de la Rama Judicial
-SIERJU-.
45.- De acuerdo con lo expuesto, la Sala advierte que el Consejo Superior de la
Judicatura, en el marco de sus competencias, ha implementado mecanismos
encaminados a reducir la congestión en la administración de justicia, con el objeto
de garantizar la eficacia y prontitud del sistema judicial y, de esta manera, velar por
los derechos de acceso a la administración de justicia y debido proceso de todos los
usuarios, como es el caso del aquí actor.
46.- Por lo reseñado anteriormente, la Sala habrá de negar la solicitud de amparo
impetrada por el señor Harold Hernán Moreno Cardona, ante la inexistencia de
vulneración de los derechos fundamentales invocados.
47.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por el
Departamento del Valle del Cauca y la Contraloría Departamental del Valle del
Cauca, en los términos expuestos en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NEGAR el amparo constitucional solicitado, por las razones expuestas
en la parte motiva de la presente providencia.
17 “(...) En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer con cargo al Tesoro, obligaciones que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales”.
18 Ley Estatutaria de Administración de Justicia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05902-00
Accionante: Harold Hernán Moreno Cardona
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE19
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
19 VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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