Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05904-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05904-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-05904-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
26 de enero de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05904-00
Actora: MARÍA FERNANDA ESCOBAR SILVA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05904-00
Demandante: MARÍA FERNANDA ESCOBAR SILVA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN “B” Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “E”
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de anular acto
administrativo que declaró insubsistencia de nombramiento.
Empleo público de libre nombramiento y remoción. Requisito
general de la relevancia constitucional cuando se acude como
instancia adicional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora María Fernanda Escobar Silva, quien actúa mediante
apoderada judicial, contra la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de
Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “E”, en la que pide el amparo constitucional de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
supuestamente vulnerados con la sentencia de 12 de mayo de 2022 y de 10 de
noviembre de 2016, en su orden, mediante las cuales se negaron las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó la
accionante contra la Contraloría General de la República.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La accionante relató que mediante Resolución No. 1036 de 13 de octubre de
2010, fue nombrada en el cargo de Director Nivel Directivo Grado 03 de la
Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada de Infraestructura Física,
Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional.
Afirmó que prestó sus servicios profesionales a la Contraloría Delegada de
Infraestructura de la Contraloría General de la República hasta el 11 de enero de
2011, cuando debió entregar el cargo en virtud de la declaratoria de
insubsistencia que se realizó mediante Resolución No. 001 de 3 de enero de
2011, comunicada el 3 de enero de 2011.
Indicó que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda contra la Contraloría General de la República, en la que
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solicitó la nulidad de la Resolución No. 0001 de 3 de enero de 2011, que declaró
insubsistente su nombramiento, al considerar que su desvinculación obedeció a
una represalia y, además, que no se presentó el mejoramiento en la prestación
del servicio de control fiscal, por lo que pidió que fuese reintegrada al cargo de
Director Nivel Directivo Grado 03 de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la
Contraloría Delegada de Infraestructura Física, Telecomunicaciones, Comercio
Exterior y Desarrollo Regional.
Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “E”, en sentencia de 10 de noviembre de 2016, negó las pretensiones
de la demanda, toda vez que no se demostró que con la insubsistencia de la
accionante se desmejorara el servicio de la entidad demandada ni que su
desvinculación obedeciera a “una retaliación”, pues con la desvinculación no se
desbordaron los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que se debían
atender al ejercicio de la facultad discrecional.
Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de
apelación que fue decidido por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo
de Estado por fallo de 12 de mayo de 2022, en el que confirmó íntegramente la
decisión.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, supuestamente vulnerados con las sentencias de 12 de mayo de 2022 y
de 10 de noviembre de 2016, en su orden, mediante las cuales la Sección
Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, negaron las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho tendientes a que se declarara
la nulidad del acto administrativo que declaró la insubsistencia del nombramiento
de la demandante.
En primer lugar, se refirió a los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, específicamente, mencionó que se cumple
con la relevancia constitucional, pues “las Accionadas configuraron un defecto
fáctico por la indebida valoración probatoria dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado No. 25000232500020110051501, en la
que se obviaron pruebas testimoniales y documentales que impidieron a la
Accionante ser restablecida en el cargo de Director Nivel Directivo Grado 03 de la
Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada de Infraestructura Física,
Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional de la Contraloría
General de la República, como consecuencia del despido injusto y arbitrario del
que fue víctima y por consiguiente vulneraron sus derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia”.
Luego, afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto
fáctico en su dimensión positiva, toda vez que no tuvieron en cuenta las
pruebas documentales y testimoniales que daban cuenta de la configuración de
nulidad del acto administrativo expedido por la Contralora General de la República,
al ser una desvinculación totalmente arbitraria e injustificada.
Señaló que las pruebas documentales que omitieron su valoración fueron las
siguientes:
• Copia del Oficio 2010IE63920 de 17 de noviembre de 2010, mediante el
cual el Contralor Delegado, Sector Infraestructura, le solicita al Contralor
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Delegado de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la
Contraloría General de la República, la evaluación de la posibilidad de
iniciar un proceso de responsabilidad fiscal con fundamento en la
conciliación celebrada entre Invias y Botero Aguilar, Conic S.A. y otros.
• Copia del Oficio 2010IE64653 de 19 de noviembre de 2010, mediante el
cual el Contralor Delegado de Investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República respondió la
solicitud del Contralor Delegado de Infraestructura.
• Copia del Oficio IE65551 de 24 de noviembre de 2010, por medio del cual la
accionante, en respuesta al requerimiento del Contralor Delegado de
Infraestructura relacionada con la solicitud de apertura de una nueva
indagación preliminar con ocasión de la conciliación celebrada entre Invías
y el consorcio Conic, Conigravas y otros.
• Copia del Oficio IE65629 de 24 de noviembre de 2010, dirigido al asesor
jurídico de la Delegada de Infraestructura, por medio del cual se dio
respuesta al requerimiento de apertura de indagación preliminar.
• Constancia de la directora de Gestión de Talento Humano de la Contraloría
General de la República en la que se indicó que el señor Rafael Enrique
Romero Cruz funge en el cargo de Director de Oficina Nivel Directivo Grado
04 de la Oficina Jurídica, que fue trasladado a ese cargo mediante
Resolución Extraordinaria No. 1253 de 13 de diciembre de 2010.
• Copia de la Resolución Ordinaria No. 0090 de 8 de febrero de 2011 con la
que se decide trasladar al señor Adolfo Sinisterra Bonilla a la Oficina de
Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica
Internacional, que fue allegada como prueba sobreviniente dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 25000-
23-25-000-2011-00515-01.
• Copia del Oficio 2011ER6244 de 26 de enero de 2011, en el que varios
funcionarios de la dirección de vigilancia fiscal denunciaron en varias
oportunidades el maltrato e irrespeto por parte de la Directora de Vigilancia
Fiscal de la Contraloría Delegada de Infraestructura que fue nombrada en el
cargo en reemplazo de la accionante.
Agregó que las autoridades judiciales accionadas no valoraron las declaraciones
de los señores Adolfo Sinisterra Bonilla y Luis Ángel Rincón Ramos, y de la señora
Lily Luz Lozano Medina.
Señaló que las pruebas documentales y testimoniales dan cuenta de que la
accionante sí cumplió con su carga probatoria al demostrar la arbitrariedad en la
decisión proferida por la Contralora General de la República, que de acuerdo con
los testimonios precedentes sí existió una retaliación por parte del Contralor
Delegado de Infraestructura en contra de la demandante y que, además, se
presentó un desmejoramiento en la prestación del servicio público.
Por último, indicó que la Resolución No. 0001 de 3 de enero de 2011, no se
encuentra ajustada a los fines del buen servicio, pues como se demostró en los
testimonios, la persona que llegó a ocupar el cargo en reemplazo de la accionante
no duró más de un mes en el cargo de Nivel Directivo Grado 03 de la Dirección de
Vigilancia Fiscal del Sector Infraestructura de la Contraloría Delegada - Sector
Infraestructura.
3. Pretensiones
La parte accionante formuló la siguiente:
“Con fundamento en los hechos relacionados, solicito al H. Despacho, se sirva tutelar
los derechos fundamentales de la Accionante al debido proceso y al acceso a la
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administración de justicia y en consecuencia se sirva revocar la decisión proferida por
la Subsección E – Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del
10 de noviembre de 2016 y la sentencia de la Subsección B – Sección Segunda del
Consejo de Estado del pasado 12 de mayo de 2022”.
4. Pruebas relevantes
En correo electrónico de 22 de noviembre de 2022, la Secretaría de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió copia digital del
expediente que contiene las actuaciones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que adelantó la señora María Fernanda Escobar
Silva contra la Contraloría General de la República (radicado No. 25000-23-25-
000-2011-00515-01).
5. Trámite procesal
Por auto de 15 de noviembre de 2022, la Magistrada Sustanciadora admitió la
demanda de tutela y ordenó notificar a las autoridades judiciales demandadas, así
como a la Contraloría General de la República y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 120536 a 120540 de 21
de noviembre de 20221, con el fin de notificar a las partes.
6. Oposición
La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E” y la
Contraloría General de la República, a pesar de que se les notificó en debida
forma el auto admisorio de la acción de tutela, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “E”, con las sentencias de 12 de mayo de 2022 y 10 de
noviembre de 2016, respectivamente, por medio de las cuales se negaron las
pretensiones tendientes a declarar la nulidad del acto administrativo que declaró la
insubsistencia del nombramiento de la señora María Fernanda Escobar Silva,
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, por incurrir en defecto fáctico en su dimensión
positiva, por la supuesta indebida valoración de las pruebas por la omisión en
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La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes
direcciones de correo electrónico: cfreire@fdplegal.com, notifsibarra@consejodeestado.gov.co; juandar86c@gmail.com;
lyxim.rojas@gmail.com; notifcperdomo@consejodeestado.gov.co; fulana06@gmail.com;
notifcpalomino@consejodeestado.gov.co; daniangap0128@gmail.com; javilas@consejodeestado.gov.co;
ces2secr@consejodeestado.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, notificacionesjudiciales@contraloria.gov.co,
scs02sb05tadmincdm@notificacionesrj.gov.co; scs02sb06tadmincdm@notificacionesrj.gov.co y
scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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estudiar las pruebas documentales y testimoniales que demostraban que su
desvinculación desmejoró el servicio público.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones2.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de
tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para
discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues
ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no
basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para
cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza
o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con
las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta
2
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
4
la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
5
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de
la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De
modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de
incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron
expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra
providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que
permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos
que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional
del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos
sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en
la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los
jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La accionante manifiesta que la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “E”, con las sentencias de 12 de mayo de 2022 y 10 de
noviembre de 2016, en su orden, en las que se negaron las pretensiones del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho encaminadas a
declarar la nulidad del acto administrativo que declaró la insubsistencia del
nombramiento de la señora María Fernanda Escobar Silva, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por
incurrir en defecto fáctico en su dimensión positiva, por la omisión en la
valoración de pruebas documentales y testimoniales que demostraban que su
desvinculación desmejoró el servicio público.
4.2. La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela porque
no cumple el requisito de la relevancia constitucional, en tanto se acude a ella con
la intención de dar continuidad al debate legal que fue resuelto en dos instancias.
La señora María Fernanda Escobar Silva presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Contraloría General de la República, en la
que solicitó que se anularan la Resolución No. 001 de 3 de enero de 2011, que
declaró la insubsistencia de su nombramiento en el cargo de Director Nivel
Directivo Grado 03 de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada
de Infraestructura Física, Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo
Regional, por haberse configurado la causal de nulidad de desviación de poder, lo
que conllevó un desmejoramiento en el servicio público.
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La demandante aportó con la demanda varias pruebas documentales, entre ellas,
los Oficios 2010IE63920 de 17 de noviembre de 2010, 2010IE64653 de 19 de
noviembre de 2010, IE65551 de 24 de noviembre de 2010, IE65629 de 24 de
noviembre de 2010 y 2011ER6244 de 26 de enero de 2011. Además, solicitó que
se practicaran los testimonios a los señores Adolfo Sinisterra Bonilla y Luis Ángel
Rincón Ramos, así como a la señora Lily Luz Lozano Medina.
De otra parte, la Contraloría General de la República en la contestación de la
demanda aportó la constancia expedida por la Directora de Gestión de Talento
Humano de la entidad en el que constaba que el señor Rafael Enrique Romero
Cruz era el titular del cargo de Director de Oficina, Nivel Directivo Grado 04 de la
Oficina Jurídica.
Agotadas las etapas del proceso en primera instancia, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, por fallo de 10 de
noviembre de 2016 negó las pretensiones de la demanda, bajo el argumento de
que no se demostró que la entidad demandada al desvincular a la actora hubiera
desmejorado el servicio público. Para arribar a esta conclusión, tuvo en cuenta la
Resolución No. 1036 de 13 de octubre de 2010, el acta de posesión No. 01031 de
19 de octubre de 2010, los Oficios 2010IE63920 de 17 de noviembre de 2010,
2010IE64653 de 19 de noviembre de 2010, IE65551 de 24 de noviembre de 2010,
IE65629 de 24 de noviembre de 2010 y 2011ER6244 de 26 de enero de 2011, el
acta de reunión entre Conic S.A. y Botero Aguilar y otros, la Resolución No. 0001
de 3 de enero de 2011, la constancia expedida por la directora de Gestión de
Talento Humano de la Contraloría General de la República y la hoja de vida de la
señora Luz Samira Rodríguez Rodríguez.
Igualmente, se estudiaron los testimonios practicados a los señores Adolfo
Sinisterra Bonilla y Luis Ángel Rincón Ramos, así como a la señora Lily Luz
Lozano Medina, en los que se observa que estos manifestaron que la demandante
se desempeñó en debida forma mientras estuvo en el cargo.
Luego de analizar las pruebas allegadas y practicadas en el curso del proceso, el
tribunal accionado consideró que la demandante no cumplió con la carga de
probar que el hecho de que inmediatamente después de su desvinculación la
Contraloría General de la República procediera a nombrar a la señora Luz Samira
Rodríguez Rodríguez constituyera una desviación de poder, “como quiera que la
administración debe velar por la continua y correcta prestación de servicio”.
Posteriormente, la referida autoridad judicial concluyó que la desvinculación de la
demandante no obedeció a una retaliación, con sustento en que “a. dicha
inferencia resulta débil como quiera que su desvinculación se produjo un mes
después de los hechos acontecidos en la reunión de 25 de noviembre de 2010
que, en su criterio, conllevaron a su desvinculación. B. Adicionalmente, considera
la Sala que con el acervo probatorio recaudado dentro de las oportunidades
legales, no es posible arribar a la conclusión que su desvinculación haya sido una
retaliación por parte del Contralor Delegado de Infraestructura por la elemental
pero potísima razón que el no era su nominador. C. Además, la prueba del posible
nexo entre esa situación y la insubsistencia de la demandante, es el testimonio del
Asesor de Gestión 01 según el cual, acabada la reunión de 25 de noviembre de
2010 en cuya acta quedó registrada la discrepancia de criterios, el contralor
delegado irrumpió en cólera y se dirigió al Despacho de la Señora Contralora, sin
embargo, la prueba resulta a todas luces insuficientes para determinar una
relación entre esos dos sucesos”.
La ahora demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, la
cual sustentó en que su desvinculación no obedeció a razones de buen servicio, lo
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que resultaba evidente del estudio de las pruebas allegadas y de las declaraciones
de los testigos entre los que resaltó la de los señores Adolfo Sinisterra Bonilla y
Luis Ángel Rincón Ramos, así como la de la señora Lily Luz Lozano Medina.
Igualmente, solicitó que se tuvieran como pruebas sobrevinientes algunos
elementos de convicción, concretamente la Resolución No. 0090 de 8 de febrero
de 2011, en la que se decide trasladar al señor Adolfo Sinisterra Bonilla a la
Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica
Internacional.
La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado por auto de 29 de
junio de 2017 admitió el recurso de apelación. Adicionalmente, en proveído de 30
de noviembre de 2017, negó las pruebas en segunda instancia, toda vez que
“revisado el expediente de la referencia, se tiene que tales pruebas fueron
solicitadas, decretadas y practicadas dentro del trámite de primera instancia, razón
por la cual la solicitud no cumple con los presupuestos normativos contenidos en
el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo”. Esa decisión no fue objeto
de reproche alguno.
En sentencia de 12 de mayo de 2022, la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia, para lo cual procedió
a establecer los hechos probados en el proceso, por lo que tuvo en cuenta las
pruebas documentales allegadas al proceso como la Resolución No. 1036 de 13
de octubre de 2010, los Oficios 2010IE63920 de 17 de noviembre de 2010,
2010IE64653 de 19 de noviembre de 2010, IE65551 de 24 de noviembre de 2010,
IE65629 de 24 de noviembre de 2010 y 2011ER6244 de 26 de enero de 2011, el
acta de reunión de 25 de noviembre de 2010, la Resolución No. 0001 de 3 de
enero de 2011, la constancia expedida por la directora de Gestión de Talento
Humano de la Contraloría General de la República y la hoja de vida de la señora
Luz Samira Rodríguez Rodríguez.
Posteriormente, indicó que la circunstancia de que se nombrara una persona en
reemplazo de la demandante no implicaba una desmejora del servicio, pues al
momento de ejercer la facultad discrecional no existe obligación de motivar los
actos administrativos en razón a que esta se presume -necesidad de mejorar el
servicio público-. Asimismo, agregó lo siguiente:
“Por consiguiente, tratándose de empleados que ocupan cargos como los de libre
nombramiento y remoción para los cuales, el ejercicio de la facultad discrecional le
permite al nominador designar a nuevos empleados públicos que considere idóneos
para la realización de ciertas funciones (facultad discrecional de nombramiento); y
cuando no lo son, autoriza al empleador para reemplazarlos por otras personas cuya
capacidad, idoneidad y eficiencia se adecúen a los requerimientos institucionales
(retiro discrecional), no significa que dicha facultad pueda ejercerse en forma
arbitraria, ya que no puede sustentarse en razones diferentes a las del buen servicio
(art. 44 C.P.A.C.A), la cual debe ejercerse en consonancia con el interés general (art.
2º C.P.), por lo que no puede inspirarse entonces dicha potestad, en motivos de
orden personal o para favorecer intereses propios o de terceros.
Advierte la demandante que tiene mejor hoja de vida que la persona que la reemplazó
esto es Luz Samira Rodríguez Rodríguez.
No obstante, al expediente únicamente se aportó la hoja de vida de la señora Luz
Samira Rodríguez Rodríguez, pero no la de la actora, lo que no hace posible la
comparación.
Adicionalmente debe resaltarse que la demandante fue nombrada a través de la
Resolución No. 1036 de 13 de octubre de 2010 y su nombramiento declarado
insubsistente con Resolución No 0001 de 3 de enero de 2011, es decir, que el tiempo
que laboró la demandante en calidad de Director, Nivel Directivo Grado 03 de la
Dirección de Vigilancia Fiscal Sector Infraestructura de la Contraloría Delegada
Sector Infraestructura, fue un lapso de 2 meses y 15 días, por lo que resulta difícil
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realizar un juicio que pueda establecer si el servicio público debido a la gestión de la
demandante mejoró o si este desmejoró después de su desvinculación.
En lo que tiene que ver con la falta de cumplimiento de los requisitos para
desempeñar el cargo, relacionado con una menor experiencia laboral que le endilga
la accionante al nombramiento de la señora Luz Samira Rodríguez Rodríguez
efectuado en su reemplazo, con el cual se evidenció el desmejoramiento del servicio
público, esta Sala no lo comparte por cuanto se debe partir del presupuesto según el
cual, las motivaciones del acto administrativo de nombramiento de esta servidora
pública, son ajenas a las que la entidad tuvo en consideración para declarar el retiro
de la accionante.
(…)
Al efectuar una comparación entre las hojas de vida de la señora María Fernanda
Escobar Silva y la persona designada en su reemplazo señora Luz Samira Rodríguez
Rodríguez, se observa que reúne los requisitos para ocupar el cargo, al tener título de
abogada con especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional en el año 2005,
igualmente especializada en Derecho Penal y Ciencias Forenses en el año 2007 y
contar con una experiencia relacionada con el cargo superior a cuatro años, toda vez
que laboró como escribiente nominado en el Juzgado 39 Civil del Circuito desde el 1º
de octubre de 2002 al 1º de octubre de 2003, como profesional universitario del
Ministerio de la Protección Social del 5 de noviembre de 2003 al 15 de noviembre de
2005 y finalmente como Fiscal Seccional de la Fiscalía General de la Nación desde el
13 de junio de 2006 al 23 de marzo de 2010.
Respecto del cumplimiento de las funciones en forma eficiente, ha sido reiterada la
jurisprudencia en el sentido de que la reunión de estas condiciones, si bien
constituyen garantía para el buen servicio, no restringen el ejercicio de la potestad
discrecional toda vez que existen diversos motivos, tales como el grado de especial
confianza, que facultan al nominador para declarar insubsistentes a los altos
funcionarios, por tratarse de sus más cercanos colaboradores, lo cual no implica la
descalificación del servidor público.
La idoneidad para el ejercicio de un cargo y el buen desempeño de las funciones,
supuesto que alega la demandante, no otorgan por sí solo a su titular prerrogativa de
permanencia en el cargo, puesto que lo lógico es el cumplimiento de los deberes que
la Constitución y la ley exigen del funcionario; y es que la noción de buen servicio no
se contrae exclusivamente a las calidades laborales del servidor, sino que comprende
aspectos de conveniencia y oportunidad, cuyo análisis corresponde al nominador.
Con Oficio 2011ER6244 de 26 de enero de 2011, suscrito por los funcionarios de la
Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada de Infraestructura Física,
Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional dirigido a la Contralora
General de la República, se presentan quejas sobre la labor desempeñada por la
señora Luz Samira Rodríguez Rodríguez, sucesora de la actora, relacionadas con
maltrato e irrespeto a algunos funcionarios de esa dirección y asignar tareas y
actividades en desconocimiento al rol, funciones, procedimientos, métodos y
lineamientos específicos del proceso de control fiscal, lo cual por sí sola no constituye
prueba del desmejoramiento del servicio, toda vez que si bien es cierto se encuentra
firmado por varias personas, no se sabe cómo fue el procedimiento de su recolección,
además no se probó expresamente cuáles fueron las funciones que dejó de prestar la
reemplazante y cómo dicha omisión incurrió en vulneración al servicio público.
Igualmente, se aclara que la persona reemplazante no duró mucho tiempo en su
empleo al presentar renuncia del cargo antes de cumplir un mes de nombrada.
No se advierte desmejoramiento del servicio mientras la persona sustituta de la
demandante estuvo vinculada a la entidad accionada por lo que no se demostró que
se lesionó el buen funcionamiento de la entidad”.
De otro lado, al referirse al cargo relacionado con que la desvinculación de la
accionante se debió a una retaliación del Contralor Delegado - Sector
Infraestructura, la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado
consideró que lo que ocurrió entre la accionante y el mencionado funcionario fue
una discrepancia de criterios jurídicos, quien no ostentaba la facultad nominadora
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ni se demostró que pudiera incidir para declarar la insubsistencia de la actora, por
consiguiente, concluyó, no se configuró una desviación de poder.
Agregó que “para efecto de probar la desviación de poder, se recaudó prueba
testimonial quienes se refirieron respecto de las funciones ejercidas por la actora y
resaltaron el desempeño laboral y no obstante, lo afirmado por los deponentes, las
calidades laborales de la demandante como Directora, Nivel Directivo Grado 03 de
la Dirección de Vigilancia Fiscal Sector Infraestructura, no es el único elemento a
tener en cuenta para el ejercicio de la facultad discrecional de retiro, toda vez que
razones de confianza deben así mismo ser consideradas por el nominador de
conformidad con la observancia de prestar un mejor servicio público”.
Indicó que las declaraciones practicadas en el curso del proceso no desvirtúan la
presunción de legalidad del acto administrativo acusado, “el cual fue expedido en
ejercicio de la facultad discrecional, pues las mismas por sí solas resultan
insuficientes para estructurar la desviación de poder, toda vez que se limitan a
relatar las calidades laborales de la demandante, pero no la existencia de razones
diferentes al buen servicio público para disponer su retiro. En consecuencia,
dichas declaraciones se tratan simplemente de una apreciación personal que no
compromete la legalidad del acto enjuiciado y en esa medida, el cargo no está
llamado a prosperar”.
De lo anterior, la Sala observa que en primera y segunda instancia después de
analizar las pruebas en su conjunto no evidenciaron que el acto expedido por la
Contralora General de la República que declaró insubsistente el nombramiento de
la actora hubiera sido expedido por razones distintas al buen servicio público, ni
con desviación de poder.
4.3. Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que los reproches formulados
por la accionante en el escrito de tutela, independientemente que se quieran
encuadrar en la supuesta vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, por la supuesta configuración
de un defecto fáctico por omisión probatoria, lo que en realidad pretende es darle
continuidad al debate litigioso relacionado con la presunción de legalidad del acto
administrativo de desvinculación a partir de un nuevo estudio de las pruebas
documentales y testimoniales que se allegaron en el curso del proceso.
En efecto, la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”,
analizaron suficientemente los Oficios 2010IE63920 de 17 de noviembre de 2010,
2010IE64653 de 19 de noviembre de 2010, IE65551 de 24 de noviembre de 2010,
IE65629 de 24 de noviembre de 2010 y 2011ER6244 de 26 de enero de 2011, la
constancia de la directora de Gestión de Talento Humano de la Contraloría
General de la República y las declaraciones de los señores Adolfo Sinisterra
Bonilla y Luis Ángel Rincón Ramos, así como la de la señora Lily Luz Lozano
Medina, elementos de convicción que les permitieron concluir que la accionante no
cumplió con la carga de probar que su desvinculación no obedeció al buen
servicio, ni a una retaliación por discrepancias con un contralor delegado.
Cuestión diferente es que la accionante al no estar de acuerdo con las
valoraciones que se realizaron de las pruebas en las decisiones que negaron las
pretensiones en las dos instancias, formulara la acción de tutela bajo la supuesta
vulneración de derechos fundamentales con sustento en argumentos subjetivos, lo
que no es razón suficiente para omitir el hecho de que el mecanismo de tutela se
está utilizando como una instancia adicional, lo que desconoce el requisito de la
relevancia constitucional.
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Adicionalmente, se constató que los fundamentos que la demandante desarrolló
en la solicitud de amparo se plantearon desde la demanda ordinaria y en el
recurso de apelación, los cuales han sido objeto de estudio y pronunciamiento, lo
que evidencia el propósito de continuar con un debate que ya fue abordado por el
juez natural del asunto.
Igualmente, se advierte que el hecho de que la demandante alegue la vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, no da por superado automáticamente el requisito de la relevancia
constitucional, pues es necesario que se proponga un genuino debate
constitucional alejado de apreciaciones subjetivas y que esté relacionado con el
contenido, alcance y goce de derechos fundamentales, lo que, como quedó
expuesto, no ocurre en esta oportunidad.
Al respecto, es necesario recordar que la Corte Constitucional en sentencia SU-
573 de 20196, estableció que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a
saber: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces”7 (Negrilla y resalta de la Sala)
En reciente sentencia SU-215 de 20228, la Corte Constitucional recordó que el
cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional requiere “involucrar algún
debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico”, a lo que agregó que “la controversia no debe limitarse a una
puramente legal y/o económica”. De allí que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección de los derechos efectiva de los
derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal”.
Asimismo, como quiera que una de las providencias objetadas fue dictada por la
Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, la verificación del
requisito de la relevancia constitucional adquiere mayor importancia y se torna
más estricto en este caso, teniendo en cuenta que se trata de una providencia
emitida por una Alta Corte.
En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que este presupuesto es más
riguroso cuando se trata de providencias judiciales proferidas por una Alta
Corporación. Al respecto, en la sentencia SU-917 de 20109, expresó lo siguiente:
“La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más restrictiva, en
la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando
ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una
anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En
los demás eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente
la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen
6
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
7
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
8
M.P. Natalia Ángel Cabo.
9
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Reiterada en las sentencias SU-131 de 2013, M.P. (E) Alexei Egor Julio Estrada, SU-050
de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU-217 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela
pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión”.
Lo anterior, fue reiterado por la Corte Constitucional en sentencia SU-257 de
202110, en la que se afirmó que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con
especial rigurosidad, por consiguiente se “exige valorar, prima facie, si la decisión
se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales,” razón por la cual “(…) el examen de la
relevancia constitucional debe ser más estricto que el que pudiera hacerse en los
demás eventos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales”.
Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en
este caso, a la manera de una tercera instancia, toda vez que insiste en el mismo
debate litigioso relacionado con la presunción de legalidad del acto administrativo
de desvinculación y la supuesta desviación de poder que, a su juicio, se
demostraba con las pruebas documentales y testimoniales practicadas en el curso
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Finalmente, frente a la falta de valoración de la Resolución Ordinaria No. 0090 de
8 de febrero de 2011, se advierte que la accionante solicitó en el recurso de
apelación que esta se aportara como prueba sobreviniente, sin embargo, se debe
recordar que la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado en
proveído de 30 de noviembre de 2017, negó las pruebas en segunda instancia
solicitadas por la demandante por no cumplir con los supuestos del artículo 214
del Código Contencioso Administrativo -marco normativo aplicable al caso-, sin
que presentara reproche alguno contra esta decisión, omisión que no se puede
pretender subsanar con la solicitud de amparo.
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela, por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora María Fernanda Escobar Silva contra la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “E”, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
10
M.P.: Jorge Enrique Ibáñez Najar.
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Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
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