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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05905-01

Fecha
20 de abril de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05905-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 26 de enero de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, y en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de los derechos fundamentales invocados, por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-05905-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

20 de abril de 2023

Radicación: 11001 03 15 000 2022 05905 01
Accionante: REINERIA CERÓN CÁRDENAS Y OTRA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2022 05905 01
Accionantes: REINERIA CERÓN CÁRDENAS Y OTRA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando de lo expuesto por la
parte actora no se advierte la afectación del núcleo
esencial de los derechos fundamentales invocados.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo del 26 de enero de 2023, dictado por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Reineria Cerón Cárdenas, en nombre propio y en representación
de su hija menor de edad L.M.A.C., por intermedio de apoderado judicial,
solicitó el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la “tutela judicial
efectiva, confianza legítima, seguridad jurídica” y “reparación integral”,
los cuales estimó vulnerados a partir del fallo dictado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en octubre 27 de 2022, que confirmó la
sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda
de reparación directa con radicación 11001-33-36-033-2019-00084-01.

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La parte actora relató que, mediante sentencia del 15 de diciembre de
2021, el Juzgado 33 Administrativo del Circuito de Bogotá desestimó las
pretensiones de la demanda de reparación directa que instauró contra la
Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Corporación
para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía), el
departamento de Putumayo y el municipio de Mocoa, con el fin de obtener
la reparación de los perjuicios causados por la destrucción de un bien
inmueble de su propiedad, por efecto de la avenida torrencial ocurrida en
el municipio de Mocoa el 31 de marzo de 2017, por considerar que el daño
no era imputable a la administración, pues se había producido por una
situación ambiental extraordinaria, esto es, por una fuerza mayor.

Las demandantes apelaron la anterior decisión y, mediante el fallo de
octubre 27 de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, la confirmó, aclarando que lo hacía al no haber
encontrado acreditado el daño antijurídico, pues las fotografías aportadas
no demostraban que el inmueble que en éstas aparecía perteneciera a las
demandantes, ni que en el bien de su propiedad hubiera existido una
construcción que estuviera afectada por el referido fenómeno natural.

La solicitud de amparo sostiene que en este caso se cumplen los
presupuestos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, en especial, el de relevancia constitucional, porque se debate
sobre la vulneración de los derechos fundamentales invocados. Con el fin
de sustentar la supuesta vulneración del debido proceso, señaló:

“Respecto del derecho al debido proceso es menester señalar que mediante
la presente acción se involucran las garantías de la cosa juzgada, el juez
natural y la presunción de inocencia. En efecto, la construcción de la
supuesta culpa de la víctima, en el caso de la privación injusta de la
libertad, se me vulneraron estos derechos constitucionales, en tanto y en
cuanto tuvieron como base ciertas conductas que ya habían sido valoradas
por el juez penal para declararme inocente” (Subrayas de la Sala).

Señalaron, además, que en la demanda de reparación directa se alegó
que las omisiones de las entidades demandadas habían constituido graves

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violaciones a los derechos humanos, cuestión que no fue tenida en cuenta
por el tribunal al dictar la sentencia de segunda instancia. En especial, la
Fiscalía General de la Nación manifestó en ese momento cursaban
avanzadas investigaciones por la presunta responsabilidad penal de los
funcionarios de los entes territoriales involucrados, e informó que en el
asunto se planteaba la siguiente hipótesis delictiva:

“La presente investigación se originó frente a la presunta acción u omisión
de las autoridades administrativas Municipales y Departamentales, frente
al desbordamiento de varios ríos, Mulato, Taruca y Sangoyaco, debido a las
fuertes lluvias se originó una avalancha de agua, lodo, y piedras que arrasó
varios sectores provocando la destrucción de viviendas, puentes, vehículos,
infraestructura vial y vidas humanas”.

Lo anterior, según las demandantes, demuestra que las sentencias objeto
de tutela estarían incurriendo en ocultamiento de la responsabilidad por
hechos que deben “analizarse desde la perspectiva de las graves
violaciones a los Derechos Humanos de los habitantes de la Ciudad de
Mocoa”, ocasionadas por el abandono estatal al que estaban sometidos.

En cuanto al fondo del asunto, dijeron que el tribunal incurrió en defecto
fáctico porque no tuvo en cuenta: (i) el expediente de la investigación
penal que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra algunos
funcionarios de las entidades territoriales a causa de los hechos del 31 de
marzo de 2017; (ii) las pruebas aportadas en medio magnético, que
daban cuenta de que las autoridades demandadas conocían el riesgo
inminente de avalancha; (iii) las pruebas aportadas por la Universidad
Nacional de Colombia, el Congreso de la República, la Contraloría General
de la República y la Procuraduría General de la Nación, relacionadas con
la posible responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria de algunas
autoridades frente a los hechos materia de la demanda, y (iv) el Registro
Único de Damnificados (RUD)1, que acreditaba su condición de afectadas
por el fenómeno natural.

1
En adelante esta providencia hará referencia a este registro simplemente por la sigla RUD.

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Señalaron además que la decisión desconoció el principio de carga
dinámica de la prueba, pues no tuvo en cuenta que ellas, en su condición
de damnificadas, no estaban en igualdad de condiciones frente al aparato
estatal para demostrar la responsabilidad administrativa reclamada.

Por otro lado, alegaron que el tribunal incurrió en desconocimiento del
precedente horizontal, pues no tuvo en cuenta los pronunciamientos
de la Subsección B de la Sección Tercera de esa corporación, que sí
accedieron a las pretensiones indemnizatorias por los hechos del 31 de
marzo de 2017, esto es, las sentencias dictadas bajo los radicados 11001-
33-36-031-2019-00075-01 (M. P. Franklin Pérez Camargo), 11001-33-
43-063-2019-00157-01 y 11001-33-43-063-2019-00101-01 (en ambas
M. P. Clara Cecilia Suárez Vargas), y 11001-33-36-031-2019-00047-01,
(M. P. Jorge Armando Gaviria López).

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, ponente del fallo del 27 de octubre de
2022, manifestó que la Sala sí realizó una valoración integral a los medios
de prueba y concluyó que no estaba acreditado el daño antijurídico, esto
es, que el inmueble de propiedad de las demandantes hubiera sido
destruido por la avenida torrencial. Además, precisó que este elemento
de la responsabilidad no podía acreditarse con la inclusión en el RUD.

También alegó que la sentencia no incurrió en desconocimiento del
precedente, pues se expidió con fundamento en la autonomía judicial y
se basó en el material probatorio que se aportó en este caso, a partir del
cual no se demostró el daño antijurídico reclamado, decisión que resulta
acorde con el criterio que sostuvo la Subsección B de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencias de octubre 21
de 2021, radicación 2019-00105 (M. P. Javier Tobo Rodríguez) y marzo
17 de 2022, radicación 2019-00132 (M. P. Juan Carlos Garzón Martínez).

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2.2. El Juzgado 33 Administrativo del Circuito de Bogotá relató las
actuaciones que se llevaron a cabo a lo largo del proceso de reparación
directa y alegó que en ambas instancias se analizaron todas las pruebas
allegadas al expediente y se concluyó que no había lugar a declarar la
responsabilidad de las entidades demandadas.

2.3. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por
intermedio de apoderado, reiteró las razones por las cuales el tribunal
denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa. Así mismo,
sostuvo que la entidad carece de legitimación en la causa por pasiva, pues
los hechos que se imputan en la tutela corresponden únicamente a la
actividad de la administración de justicia.

2.4. El departamento de Putumayo, por intermedio de apoderada,
alegó que la tutela es improcedente porque el debate judicial ya se
encuentra agotado y no puede ser reabierto por el solo hecho de que el
tribunal haya resuelto de manera distinta en otros asuntos similares.
Agregó que, además, la parte actora deja de lado que, en otros casos
relativos a los mismos hechos, esa corporación también ha denegado las
pretensiones porque no ha encontrado acreditado el daño antijurídico.

Advirtió que en este caso no se configuró la responsabilidad de la
administración porque la avenida torrencial constituyó un evento
extraordinario causado por las altas precipitaciones que se presentaron
en un corto periodo, es decir, por fuerza mayor. Adicionalmente, en este
caso no se demostraron los daños alegados por las demandantes y el solo
hecho de estar registrado en el RUD no es prueba de éstos.

Por último, expuso que en este caso no se vulneraron los derechos
fundamentales de las demandantes, sino que, por el contrario, la
autoridad judicial les respetó las garantías procesales. Además, reseñó
que de los 110 procesos que cursan por estos hechos, se han denegado
las pretensiones en 25 sentencias de primera instancia, al encontrar
configurada la fuerza mayor o por la falta de acreditación del daño.

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2.5. El alcalde de Mocoa alegó que la sentencia cuestionada se ciñó a
las pruebas obrantes en el expediente, las cuales demostraron la ruptura
del nexo causal entre el daño y la responsabilidad del Estado, pues el
siniestro constituyó un hecho imprevisible e irresistible.

Por último, citó varios procesos en los que los Tribunales Administrativos
de Cundinamarca y Nariño han denegado las pretensiones de demandas
de reparación directa que se presentaron por los mismos hechos.

2.6. El director general de Corpoamazonía dijo que en este caso se había
configurado la causal eximente de responsabilidad de fuerza mayor, por
lo que no era posible imputar responsabilidad por los daños reclamados
por las actoras, tal como lo señaló la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el proceso con radicado
11001-33-43-063-2019-00105-01. Al respecto, advirtió que la UNGRD en
un informe y el IDEAM en un concepto manifestaron que el desastre había
sido imprevisible e irresistible.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo del 26 de enero de 2023, el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, declaró improcedente el amparo en relación con los cargos por falta
de valoración de las pruebas que se orientaban a demostrar el elemento de
la imputabilidad del daño, pues no son pertinentes para discutir la ratio
decidendi de la sentencia del 27 de octubre de 2022, si se tiene en cuenta
que ésta denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa
porque no se demostró el daño antijurídico.

Analizó de fondo el defecto fáctico por falta de valoración del RUD, pues
estimó que esta prueba sí tenía relación con el daño antijurídico. Empero,
concluyó que la inclusión en ese registro no demostraba la destrucción del
bien inmueble ni el daño moral alegado. Tampoco consideró configurado el
desconocimiento de la carga dinámica de la prueba, porque la parte actora
era quien se encontraba en mejor posición para acreditar la destrucción del
bien inmueble.

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Por último, dijo que la providencia cuestionada no incurrió en
desconocimiento del precedente horizontal, pues las providencias invocadas
no eran precedente obligatorio para la autoridad judicial accionada.

IV. IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia y sostuvo que el
reproche que la tutela hace frente al fallo del 27 de octubre de 2022 radica
en que éste incurrió en una evidente contradicción porque primero señaló
que la parte actora había probado ser damnificada por el siniestro del 31
de marzo de 2017, pero luego sostuvo que no estaba acreditado que el
bien inmueble afectado fuera de su propiedad.

Insistió en que las pruebas documentales aportadas demuestran que la
tragedia era previsible para las autoridades demandadas, y adujo que la
prueba de la propiedad del inmueble solo debía ser valorada al momento
de reconocer los perjuicios materiales, los cuales, de todos modos, no
constituyeron la única pretensión de la demanda. En tal sentido, sostuvo
que “Centrarse solamente en decir que el señor ANACONA DELGADO (sic),
no era el dueño del inmueble para denegar las pretensiones de la demanda,
es una completa violación flagrante a sus derechos fundamentales”.

Finalmente, insistió en que la providencia atacada incurrió en
desconocimiento del precedente y destacó que la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a diferencia
de la Subsección A, sí efectuó un análisis completo de las pruebas allegadas
en asuntos idénticos, y que sostener que no se configura el defecto
simplemente porque se trata de jueces distintos, contribuye a prolongar la
vulneración de sus derechos fundamentales.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º

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del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

5.2. HECHOS

5.2.1. La señora Reineria Cerón Cárdenas, en nombre propio y en
representación de su hija menor de edad L.M.A.C., interpuso demanda de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la UNGRD, Corpoamazonía, el departamento de Putumayo y
el municipio de Mocoa, con el fin de obtener la indemnización de los
perjuicios causados por la destrucción de un bien inmueble de su
propiedad, ocasionada por una avenida torrencial ocurrida en el municipio
de Mocoa el 31 de marzo de 20172.

5.2.2. El Juzgado 33 Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante fallo
del 15 de diciembre de 2021, denegó las pretensiones de la demanda por
considerar que el daño no era imputable a la administración, pues se
produjo por una fuerza mayor. Las demandantes apelaron la anterior
decisión y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, mediante sentencia el 27 de octubre de 2022, la confirmó,
pero por no encontrar acreditado el daño antijurídico, alegando que no se
demostró que el inmueble de propiedad de las demandantes hubiera sido
afectado por el fenómeno natural.

5.2.3. Los actores interpusieron acción de tutela contra esa decisión.

5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

5.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el

2 Al proceso le correspondió la radicación 11001-33-36-033-2019-00084-01.

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fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

5.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al determinar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación3,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20224, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:

“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es
suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional,
pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción
desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.

En este caso la parte actora invocó los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a
la “tutela judicial efectiva, confianza legítima, seguridad jurídica” y
“reparación integral”, que estimaron vulnerados por el fallo dictado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en octubre 27 de 2022, que
confirmó la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de
la demanda de reparación directa con radicación 11001-33-36-033-2019-

3
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
4
M. P. Natalia Ángel Cabo.

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00084-01, relacionada con los daños sufridos por un inmueble a raíz de
la avalancha ocurrida en el municipio de Mocoa el 31 de marzo de 2017.

Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para el
efecto y, luego, los analizará con respecto al caso concreto.

5.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional aplica
para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional

En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute
resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que
“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

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A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En
sentencia SU–573 de 20195, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 6.

5.3.1.3. Las cuestiones de relevancia constitucional

Frente a la primera finalidad señalada, esto es, restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de clara relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales, en la sentencia SU-573 de 2019, la
Corte explicó que el elemento de la relevancia tiene el siguiente alcance:

“[…] “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”. La Corte
ha sostenido al unísono que la cuestión debe revestir una ‘clara’,
‘marcada’ e ‘indiscutible’ relevancia constitucional, dado que el único
objeto de la tutela es la protección efectiva, inmediata y subsidiaria
de los derechos constitucionales fundamentales. Por tal razón, es
necesario que ‘la causa que origina la presentación de la acción

5
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022
6
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.

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suponga el desconocimiento de un derecho fundamental’. Esto
significa que el asunto debe ser trascendente para (i) ‘la interpretación
del estatuto superior’, (ii) su aplicación, (iii) desarrollo eficaz y (iv) la
determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.
Lo anterior, exige al juez ‘indicar con toda claridad y de forma expresa
por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de
las partes’ […]”. [Se destaca].

De lo anterior se desprende que la comprensión que la jurisprudencia
constitucional le ha dado a este primer elemento de la relevancia consiste
en que la acción de tutela que se promueve contra providencia judicial
proponga un debate sobre el contenido, alcance o goce de un derecho
fundamental o que el caso concreto, en los términos del fallo SU-215 de
2022, tenga “entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o un derecho fundamental”, pues solo así se podrá establecer que
el asunto es evidentemente de naturaleza constitucional. Ello quiere
significar que, quien interpone una acción de tutela, debe identificar cuál
es el derecho fundamental que estima afectado y explicar los motivos por
los cuales considera que la sentencia atacada lo está vulnerando.

En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en el fallo SU-573
de 2019, manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el requisito de
relevancia constitucional], más allá de la mera adecuación del caso a un
lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone
justificar razonablemente la existencia de una restricción prima
facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo
que una simple relación con aquel”. [Se destaca]. Este criterio fue luego
reiterado en los fallos SU-128 de 2021, SU-103 de 2022, y más
recientemente en la ya citada sentencia SU-215 de 2022.

En la última de estas sentencias de unificación, en la cual se revisó el fallo
de segunda instancia que esta Sala dictó el 20 de agosto de 2021, en el
trámite de la acción de tutela formulada por una sociedad contra la
sentencia proferida el 4 de marzo de 2021 por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, por presunta violación de los derechos al debido
proceso y acceso efectivo a la administración de justicia, la Corte explicó

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que la cuestión discutida en esa ocasión no tenía relevancia constitucional
toda vez que la parte actora pretendía que el significado de los derechos
invocados se tradujera en “una decisión favorable a través de la
imposición de una lectura alternativa del litigio que derive en la anulación
de las liquidaciones oficiales de revisión que profirió la DIAN sin que ello
sea un asunto de interés general”.

Además, en un pronunciamiento anterior, esto es, en la sentencia T-422
de 20187, la Corte Constitucional confirmó una decisión de la Sección
Primera del Consejo de Estado que había declarado improcedente la
acción de tutela por no cumplir con los requisitos de relevancia
constitucional e inmediatez. En cuanto a la relevancia, en esa ocasión la
Corte indicó, entre otras razones, que dicho requisito no estaba cumplido
por cuanto: “si bien la parte actora asegura que las providencias
demandadas desconocen sus derechos fundamentales, la relevancia
constitucional de un asunto no se determina con la mera enunciación de
los derechos fundamentales presuntamente comprometidos, sino
mediante la acreditación razonable de una presunta amenaza o
vulneración de los mismos”. [Se destaca].

El criterio jurisprudencial contenido en los fallos T–422 de 2018, SU-573
de 2019, SU-128 de 2021, SU-103 y SU-215 de 2022, entre otros,
consistente en que, para superar el requisito de relevancia, no basta con
la mera enunciación de los derechos fundamentales, sino que supone por
parte del actor la carga de justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada de un derecho fundamental,
evidencia que es precisamente esa la razón por la cual es necesario que,
para la acreditación de este primer elemento que integra la relevancia
constitucional, la parte interesada, en el escrito de tutela, (1) invoque la
vulneración de derechos fundamentales, (2) exponga los motivos por los
cuales considera que la sentencia atacada está vulnerando tales derechos
fundamentales, y (3) compruebe que la transgresión supone un atentado

7
M.P. Carlos Bernal Pulido.

13
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contra el núcleo esencial de los derechos invocados, requisitos que exigen
del juez de tutela un examen de los motivos aducidos por la parte actora
para afirmar que hay amenaza o vulneración de un derecho fundamental,
comparadas con el núcleo esencial del mismo.

Ello es así porque, solo si la vulneración del derecho acontece en lo que
se denomina su núcleo esencial, es posible advertir que el caso reviste la
relevancia o trascendencia necesarias para permitir que, por vía de este
mecanismo, se logre exceptuar en un juicio constitucional el principio de
cosa juzgada que orienta todo el andamiaje institucional en el que se
funda nuestro sistema jurídico. Con este propósito, el juez no podrá
limitarse a convalidar el requisito de la relevancia constitucional con la
sola mención de un derecho fundamental, pues deberá evaluar si, de
acuerdo con los argumentos expresados en el escrito correspondiente,
hay amenaza o violación efectiva del mismo.

El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional como “el ámbito intangible del
derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares” 8 y
ha explicado que, desde la perspectiva de los derechos subjetivos, el
núcleo esencial se define así9:

“[…] Métodos para la determinación del núcleo esencial

22. En el proceso de determinación de lo que constituye el núcleo
esencial de un derecho fundamental, el juzgador dispone de técnicas
jurídicas complementarias. Visto desde la perspectiva de los derechos
subjetivos, el contenido esencial de un derecho fundamental consiste
en aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para
que el derecho sea reconocible como pertinente al tipo descrito y sin
las cuales dejaría de adscribirse a ese tipo, desnaturalizándose. Por
otra parte, la jurisprudencia de intereses ha diseñado una fórmula
según la cual el núcleo esencial del derecho fundamental es aquella
parte de su contenido que es absolutamente necesaria para que los
intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten
real, concreta y efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa o
se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido
a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo
razonable o lo despojan de la necesaria protección […]”. [Se destaca].

8 Corte Constitucional, sentencia T-426 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
9
Ibidem.

14
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En otra oportunidad la Corte indicó que el núcleo esencial de un derecho
fundamental es “esa parte del derecho que lo identifica, que permite
diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de inmunidad
respecto de la intervención de las autoridades públicas. En sentido
negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental
como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en
otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho
fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O, también,
puede verse como la parte del derecho fundamental que no admite
restricción porque en caso de hacerlo resulta impracticable o se
desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección”10.

5.3.1.4. La competencia e independencia jurisdiccional

La segunda finalidad de la relevancia constitucional consiste en preservar
la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o con un marcado
contenido económico. La Corte Constitucional ha conceptualizado así este
segundo elemento de la relevancia11:

“[…] La controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional,
las discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de
índole económica, deben ser resueltas mediante los mecanismos
ordinarios dispuestos para su trámite, dado que ‘le está prohibido al juez
de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter
netamente legal o reglamentario’, so pena de ‘involucrarse
en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones’. En tales
términos, un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha
considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera
determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta
interpretación o aplicación de una norma “de rango reglamentario o
legal”, salvo que de esta ‘se desprend[a]n violaciones a los derechos y
deberes constitucionales’ o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o
contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen
un interés general” […]”.

10
Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
11
Sentencia SU–573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

15
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En esa medida, siguiendo el planteamiento de la Corte Constitucional, un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el debate planteado
por la parte actora es de naturaleza meramente legal y/o económica. Sin
embargo, en la reciente SU-215 de 2022, al respecto se señaló que:

“no significa que en todos los casos en los que se cuestione la definición
y aplicación judicial de normas de rango legal se incumple el requisito de
relevancia constitucional […] en la labor judicial la indebida aplicación de
normas de rango legal puede derivar en una violación de derechos
fundamentales. Justamente esa situación es la que sustenta la existencia,
caracterización y definición del defecto sustantivo. En todo caso, la
relevancia constitucional exige que el accionante vincule la discusión legal
con la violación de una garantía fundamental o, en otros términos, que
explique con suficiencia el por qué la interpretación o aplicación de una
norma de rango legal afectó garantías constitucionales. […]”.

Y, para precisar aún más el alcance de este planteamiento, el referido
fallo de unificación advirtió:

“[…] Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra
sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente
en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de
derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos
arbitrales y las sentencias de anulación; (iv) procesos ejecutivos, entre
otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta
con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección
de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los
jueces ordinarios. […]”.

En suma, el asunto debe trascender al plano constitucional, y ello se logra
cuando la argumentación no se limita a buscar la protección de los
intereses económicos y/o legales que identifican particularmente a la
parte actora, sino que justifica razonablemente la afectación
desproporcionada de los derechos fundamentales que se invocan.

5.3.1.5. La instancia adicional

Por último, el tercer propósito del criterio de relevancia constitucional es
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a este
elemento, la Corte Constitucional ha dicho:

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“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la
jurisprudencia constitucional, ‘la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se restringe ‘a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie,
si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de
la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así
se garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones’, en estricto
respeto a la independencia de los jueces ordinarios […]”12.

En desarrollo de la ya comentada finalidad, en la sentencia SU-215 de
2022, y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció
que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y
no un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.

5.3.2. Caso concreto

La Sala examinará el reclamo traído ante el juez de tutela a la luz de cada
uno de los tres criterios que, de acuerdo con la jurisprudencia estudiada,
hacen parte de la relevancia constitucional, para determinar si en este
caso este requisito general de procedencia está cumplido.

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de
relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales

Como quedó visto en precedencia, de acuerdo con la jurisprudencia de la
Corte, este criterio supone que el debate planteado en sede constitucional
gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental

12
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

17
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y, en esa medida, es que se hace necesario que el juez de tutela verifique
cuáles son los derechos fundamentales invocados por la parte actora y las
razones por las cuales el ciudadano considera que la sentencia atacada
los vulnera, para así determinar si, prima facie, dicha transgresión supone
el desconocimiento del núcleo esencial de los derechos fundamentales o,
en otras palabras, si está siendo afectado el contenido de un derecho.

En el asunto bajo examen, la parte actora alegó que las sentencias
controvertidas vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, “tutela judicial
efectiva, confianza legítima, seguridad jurídica”, “reparación integral”, y
el principio de carga dinámica de la prueba.

Así las cosas, es del caso advertir que, aunque la parte actora invocó el
derecho fundamental a la igualdad y atribuyó su vulneración al supuesto
desconocimiento del precedente judicial, lo cierto es que la solicitud
relativa a este derecho no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, pues el escrito de tutela se limitó a citar cuatro
pronunciamientos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, y a invocar la parte resolutiva de éstos, pero sin
avanzar en la explicación o sustentación de las razones por las que éstos
serían de obligatoria observancia frente al caso concreto, ni en la forma
como su supuesto desconocimiento habría vulnerado el derecho invocado.
Más aún, las demandantes únicamente señalaron que su situación jurídica
era idéntica a la que se estudió en esas providencias, en cuanto se refieren
a los mismos hechos, pero no señalaron, ni menos explicaron, por qué los
presupuestos fácticos eran iguales en cuanto a la acreditación del daño
antijurídico y al consecuente reconocimiento de la indemnización pedida.

Siendo así, la Sala concluye que no concurre el elemento de la relevancia
constitucional en lo relativo a este primer criterio, frente al reclamo
relacionado con el derecho fundamental a la igualdad.

En segundo término, debe tenerse en cuenta que el principio de seguridad
jurídica no es un derecho fundamental susceptible de ser amparado por

18
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vía de tutela13, pues corresponde precisamente a un principio que, como
tal, debe observarse en los casos en que ello sea requerido, y si es
necesario para amparar derechos. En el mismo sentido, se advierte que
la reparación integral tampoco es un derecho fundamental, sino un
principio de carácter legal previsto en los artículos 16 de la Ley 446 de
1998 y 283 del Código General del Proceso (CGP), que solo
excepcionalmente tendría el carácter de derecho fundamental cuando se
trata de asuntos relativos a graves violaciones de los derechos humanos
o del derecho internacional humanitario14, escenario que no corresponde
al objeto de debate en el presente asunto. En consecuencia, la Sala
concluye que, en relación con estos aspectos, no aparece probada la
relevancia constitucional de los principios invocados, por lo que no
realizará ningún análisis particular adicional respecto de ellos.

De otra parte, observa la Sala que, conforme a la jurisprudencia de la
Corte Constitucional15, el principio de confianza legítima guarda estrecha
relación, e incluso se ha entendido como derivado de la buena fe, mandato
previsto en el artículo 83 de la Constitución Política, y reconocido a su vez
como uno de los elementos del núcleo esencial del derecho fundamental
al debido proceso16. Sin embargo, las demandantes no expusieron ningún
argumento sobre la forma cómo en este caso el supuesto desconocimiento
de este principio habría redundado en la vulneración del derecho previsto
en el artículo 29 superior. Por lo tanto, se ratifica la ausencia de relevancia
constitucional de este reclamo, frente al cual la Sala no puede efectuar
ninguna consideración adicional.

En línea semejante, es pertinente precisar que la carga dinámica de la
prueba es una regla que tampoco tiene raigambre constitucional ni
configura un derecho fundamental susceptible de amparo a través de la
acción de tutela, sino que se trata de un principio de naturaleza procesal
establecido en la ley, concretamente en el artículo 167 del CGP, cuya

13
Ver entre muchas otras la sentencia T-061 de 2012.
14
Sentencias SU-254 y C-753 ambas de 2013, C-344 de 2017 y T-067 de 2019, entre muchas otras.
15
Sentencias T-180A de 2010, T-097 de 2011 y T-1026 de 2012.
16
Cfr. entre otras, la sentencia C-341 de 2014(M. P. Mauricio González Cuervo).

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aplicación debe ser solicitada al juez natural del asunto, lo que, por cierto,
no ocurrió en este caso. Por lo tanto, es claro que lo que buscan las
demandantes con este alegato es simplemente controvertir las
conclusiones probatorias a las que llegó la autoridad judicial demandada,
razón por la cual se concluye que la controversia que al respecto se
propone carece también de relevancia constitucional.

De igual manera, las actoras invocaron como vulnerada la tutela judicial
efectiva. Al respecto, conviene destacar que la Corte Constitucional ha
manifestado que el “derecho fundamental a la tutela judicial efectiva es
manifestación concreta de los derechos fundamentales a acceder a la
justicia, a la defensa y al debido proceso”17. Así mismo, ha equiparado
esa prerrogativa con el derecho de acceso a la administración de justicia,
al señalar que: “[e]l derecho a la administración de justicia también
llamado derecho a la tutela judicial efectiva se ha definido como ‘la
posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de
poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales…’”18.

En consecuencia, la posible vulneración de este derecho será estudiada
desde la perspectiva del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia.

Así las cosas, en razón a lo expuesto en los párrafos precedentes, la Sala
contraerá este análisis al contenido de los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia invocados por
la actora, pues en caso de advertirse prima facie su afectación, se
derivaría que el asunto es de naturaleza constitucional, pues compromete
o involucra el contenido, alcance o goce de un derecho fundamental.

Ahora bien, en la citada sentencia SU-103 de 2022, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, al estudiar el requisito de relevancia en relación con
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso efectivo a la
administración de justicia, explicó:

17
Sentencia T-328 de 2005.
18
Cfr. entre otras, las sentencias C-426 de 2002, C-279 de 2013, T-608 de 2019 y SU-129 de 2021.

20
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“[…] 112. Asimismo, reiterando la sentencia T-244 de 2007, afirmó la
Sala de Revisión en la sentencia T-131 de 2021 que el primer
escenario, esto es, cuando la tutela se dirige a cuestionar una
supuesta vulneración del derecho al debido proceso en su faceta
constitucional, supone un desconocimiento de sus elementos
esenciales, tales como el derecho al juez natural, el derecho a
presentar y controvertir las pruebas, el derecho de defensa, el
principio de legalidad, el derecho a la publicidad del proceso y de la
decisión judicial, el derecho a la independencia e imparcialidad del
juez o el derecho de defensa. De igual forma, el escenario en la cual
la acción de tutela pretende demostrar una violación al derecho al
acceso a la administración de justicia, supone una vulneración algunos
de sus garantías fundamentales, como lo son (i) el acceso de toda
persona al sistema judicial; (ii) las garantías previstas para el normal
desarrollo del proceso; y (iii) las que se relacionan con la decisión que
se adopta dentro del proceso y su capacidad de ser ejecutada. Lo
anterior, teniendo en cuenta que ‘el acceso a la justicia se integra al
núcleo esencial del debido proceso, por la circunstancia de que su
garantía supone necesariamente la vigencia de aquél, si se tiene en
cuenta que no es posible asegurar el cumplimiento de las garantías
sustanciales y de las formas procesales establecidas por el legislador
sin que se garantice adecuadamente dicho acceso’.

113. Por lo tanto, para acreditar el requisito de relevancia
constitucional, no es suficiente alegar una violación del derecho al
acceso a la administración de justicia o del debido proceso con
fundamento en una simple relación de los hechos del caso con
aquellos, sino que se exige demostrar, de manera razonable, una
restricción desproporcionada sobre alguno(s) de sus elementos. En la
mencionada sentencia T-131 de 2021, la Corte declaró la
improcedencia de la acción de tutela por, entre otras cosas, no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional. Constató que la
tutela no suponía a priori el desconocimiento del derecho fundamental
al debido proceso del accionante en su faceta constitucional, sino que
planteaba una controversia estrictamente económica, consistente en
la inconformidad la actora con el laudo arbitral emitido en su contra
[…]”. [Se destaca].

En un pronunciamiento anterior, esto es la sentencia SU-128 de 202119,
el alto tribunal constitucional explicó, con fundamento en el fallo SU-573
de 2019, lo siguiente frente al derecho fundamental al debido proceso y
al requisito de relevancia constitucional:

“[…] 4.3. En ese mismo sentido, en la sentencia SU-573 de 2019 esta
corporación determinó que ‘la acreditación de esta exigencia, más allá
de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a
un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación
19
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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con aquel’. Así, por ejemplo, no es suficiente con que la parte actora
alegue la violación del derecho fundamental al debido proceso para
entender acreditado el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional […]” [Se destaca].

De acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales expuestos por la Sala
Plena de la Corte Constitucional en sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 y SU-215 ambas de 2022, no se cumple la exigencia de
relevancia constitucional cuando la parte actora se limita a invocar la
vulneración de los derechos fundamentales, sin sustentar de manera
precisa las razones por las cuales estima que la decisión judicial atacada
los afectó, pues, en criterio de la Corte, “se exige demostrar, de manera
razonable, una restricción desproporcionada sobre alguno(s) de sus
elementos”20, esto es, que el interesado alegue la vulneración de los
derechos al debido proceso o de acceso efectivo a la administración de
justicia en su faceta constitucional o, dicho de otra manera, que
identifique dentro del núcleo esencial cuál de las garantías que los
componen resultan comprometidas con ocasión de la providencia atacada
en la acción de tutela.

La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso
como el “conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a
través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.
Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) el derecho a la
jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso
a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía
superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al
juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud
legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de
acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la
división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) el derecho

20
Sentencia SU-103 de 2022 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).

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a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y
adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para
la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado
cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y
a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso;
(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo
razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido
a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el derecho a la
independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia,
ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al
legislativo, y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o
funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los
hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios
anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas” 21.

En este caso, las demandantes alegaron que el asunto es de relevancia
constitucional porque se debate sobre la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia. Sin embargo, al explicar cómo se había producido la vulneración
de tales derechos, de manera visiblemente equivocada explicaron que “la
construcción de la supuesta culpa de la víctima, en el caso de la privación
injusta de la libertad, se me vulneraron estos derechos constitucionales,
en tanto y en cuanto tuvieron como base ciertas conductas que ya habían
sido valoradas por el juez penal para declararme inocente”.

Es decir que, si bien invocaron derechos fundamentales que, a su juicio,
resultaron vulnerados por la decisión que cuestionan, lo cierto es que no
explicaron las razones por las cuales se produjo tal vulneración, pues la
argumentación que desarrollaron corresponde, al parecer, a un asunto de

21
Sentencia C-341 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo).

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responsabilidad por privación injusta de la libertad, y no al que se discutió
en la reparación directa que dio lugar a la tutela.

Ahora, no debe dejarse de lado que las demandantes alegaron que el
tribunal podría haber incurrido en ocultamiento de graves violaciones a
los derechos humanos de los habitantes del municipio de Mocoa, causadas
por el abandono estatal al que estaban sometidos, que dio lugar a la
tragedia del 31 de marzo de 2017. No obstante, de la transcripción
realizada en la demanda sobre la supuesta hipótesis delictiva que formuló
la Fiscalía General de la Nación, la Sala advierte que las investigaciones
penales de las que da cuenta esa autoridad recaen sobre las supuestas
omisiones en las que incurrieron los funcionarios del departamento de
Putumayo y del municipio de Mocoa frente a la prevención del siniestro.

Es decir que, contrario a lo manifestado en la solicitud de tutela, en
relación con los hechos que suscitaron la demanda de reparación directa
no se encuentran en debate graves violaciones a los derechos humanos,
como podrían ser los crímenes de guerra o de lesa humanidad
perpetrados en el marco del conflicto armado —y no se observa, por
tanto, que el tribunal haya incurrido en ocultamiento de este tipo de
hechos—, sino que únicamente estuvieron en discusión las omisiones
administrativas frente a la ocurrencia de un fenómeno natural y la
indemnización que las demandantes estiman merecer como consecuencia
de los daños causados por éste sobre un bien inmueble de su propiedad.

En todo caso, conviene señalar que, una vez revisado el expediente del
medio de control de reparación directa, la Sala no vislumbra vulneración
o amenaza del núcleo esencial del derecho fundamental al debido
proceso, puesto que aquél se tramitó ante las autoridades judiciales
competentes, se adelantó conforme a las reglas previstas en la ley, no se
pretermitió ninguna de las etapas procesales, las partes tuvieron la
oportunidad de ejercer su defensa, se garantizó el derecho de
contradicción y la publicidad de las actuaciones, y, por último, las
providencias dictadas en el curso del proceso se fundaron en derecho.

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Tampoco se advierte la violación del núcleo esencial del derecho de
acceso a la administración de justicia, en la medida que la actora
obtuvo dos pronunciamientos judiciales en sede ordinaria que atendieron
todos los elementos que constituyen el núcleo esencial del debido proceso
constitucional. Situación distinta es que ella esté en desacuerdo con el
criterio aplicado por el juez del proceso ordinario al momento de analizar
la prueba del daño antijurídico y que, además, la providencia atacada
haya desestimado las pretensiones que perseguía su demanda, lo cual no
implica que las autoridades judiciales accionadas hayan infringido los
elementos del núcleo esencial de este derecho fundamental.

Así las cosas, en el presente asunto el requisito de relevancia
constitucional no concurre, pues la parte actora no cumplió con la
exigencia de explicar los motivos por los cuales las sentencias que
cuestiona afectan la faceta constitucional de los derechos fundamentales
invocados, y de lo expuesto no se advierte prima facie que los fallos
atacados comprometan o involucren el contenido de esos derechos
fundamentales. Por lo expuesto, el asunto no es relevante desde el punto
de vista constitucional.

En suma, el primer criterio que se estudia, consistente en restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales, lo cual implica, como la Corte
Constitucional lo ha señalado, que la acción de tutela involucre un debate
jurídico en torno al contenido, alcance y goce de uno de tales derechos,
no se cumple, como quiera que, si bien la parte actora invocó el debido
proceso y el acceso a la administración de justicia, no expuso las razones
por las cuales las garantías que componen el núcleo esencial de éstos
resultaron vulneradas, y la argumentación que esgrimieron se refiere a
un asunto de otra naturaleza. En todo caso, tampoco se advierte prima
facie la transgresión de estas prerrogativas en su faceta constitucional,
esto es, en los elementos que componen el núcleo esencial de cada una.

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(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y evitar que la
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad

Como se explicó, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el
segundo criterio de la relevancia implica que “la controversia debe versar
sobre un asunto constitucional, pero no meramente legal y/o
económico”22. En esa medida, en la misma decisión, la Corte señaló que
un asunto carece de relevancia cuando “(i) la discusión se limita a la mera
determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta
interpretación o aplicación de una norma ‘de rango reglamentario o legal’,
salvo que de ésta ‘se desprend[a]n violaciones a los derechos y deberes
constitucionales’ o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, ‘que no representen un interés
general’ (…)”.

En este caso, para la Sala es claro que la controversia propuesta en la
tutela no radica en la posible vulneración de garantías iusfundamentales,
sino en la acreditación del daño antijurídico que, según se alega en la
solicitud de amparo, les produjeron a las actoras las entidades accionadas
en el proceso de reparación directa, al haber omitido la adopción de las
medidas necesarias para prevenir el siniestro que produjo la avenida
fluvial acaecida en el municipio de Mocoa el 31 de marzo de 2017, debate
que ya fue definido por el juez natural del asunto, de acuerdo con el
análisis de las pruebas allegadas por las partes, las cuales, en su criterio,
no acreditaron que el inmueble de propiedad de las demandantes hubiera
sufrido daños por ese hecho de la naturaleza.

Dicho de otro modo, la controversia propuesta en sede de tutela gira en
torno al enfoque que la autoridad judicial accionada aplicó sobre la forma
en que debía ser acreditado en el caso concreto el elemento de la
responsabilidad del daño antijurídico, aspecto sobre el cual consideró que

22 Sentencia SU–573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

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las fotografías que se allegaron no demostraban que el inmueble que en
ellas aparecía perteneciera a las demandantes, ni que el bien de su
propiedad, en efecto, hubiera tenido una construcción que hubiera sido
afectada por el fenómeno natural, elemento que, a su juicio, tampoco se
acreditaba con la inscripción en el RUD.

Para la Sala, la controversia sobre la aplicación de tales criterios, cuya
consecuencia directa fue la conclusión del fallador sobre ausencia de
responsabilidad en cabeza de la administración, resulta ser de naturaleza
meramente legal y económica.

Al efecto, cabe recordar las consideraciones vertidas en el fallo T–422 de
2018 de la Corte Constitucional, en la que se declaró improcedente una
tutela por incumplir los requisitos de relevancia constitucional e
inmediatez23. Sobre la relevancia, en dicha oportunidad expuso:

“[…] 35. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, para esta
Sala es claro que el asunto sometido a su análisis carece de relevancia
constitucional. El actor considera que, con las providencias
demandadas, las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales, debido a que las autoridades judiciales
accionadas, a su juicio, no valoraron las pruebas del expediente que
daban cuenta que la experiencia acreditada por el señor (…) no tenía
la idoneidad que se requería para desempeñar el cargo en el que fue
nombrado en reemplazo del accionante.

36. La supuesta irregularidad advertida por el actor no cumple con
este requisito, debido a que (i) se trata de un asunto meramente legal,
(ii) que busca convertir la acción de tutela en una tercera instancia
adicional a las establecidas para casos como el presente, y que, por
tanto, (iii) no tiene una relación directa con la presunta vulneración o
amenaza del derecho al debido proceso u otro derecho fundamental
del actor.

37. En el presente asunto, si bien, la acción de tutela interpuesta (…)
pretende que se dejen sin efecto las sentencias proferidas por el
Juzgado (…) Administrativo de Bogotá, y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, de manera consecuente supone que se dejen sin efecto las
sentencias de segunda y primera instancia del mismo proceso,
teniendo en cuenta que en ninguna de dichas oportunidades
procesales fue otorgada, a su favor, la pretensión de nulidad del acto
administrativo que terminó su nombramiento provisional y el
restablecimiento del derecho con el reintegro solicitado. Como
fundamento de la acción, consideró que el juez y el tribunal no

23 Sentencia T–422 de 2018 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

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valoraron, de manera adecuada, el material probatorio del
expediente.

38. Primero, el actor plantea controversias sobre asuntos meramente
legales, como la verificación de los requisitos legales para desempeñar
un cargo. Pues bien, la definición de tales requisitos y en general las
situaciones propias del derecho administrativo laboral, que deben ser
verificados en cada caso concreto, es de resorte exclusivo del juez de
lo contencioso administrativo, que no del juez constitucional. Esta Sala
advierte que el debate planteado por el actor no versa sobre la
presunta afectación o violación de derechos fundamentales, sino sobre
su discrepancia en relación con la verificación de la experiencia
acreditada por el señor (…), especialmente, con que se hubiere
nombrado a alguien en el cargo que este desempeñaba en
provisionalidad […]”. [Se destaca].

Así las cosas, se observa que, en este caso, el debate traído por la parte
actora es ajeno al derecho constitucional y no guarda relación con los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, dado que, se insiste, su inconformidad se refiere
principalmente a los criterios que fueron aplicados por la autoridad judicial
frente a la prueba del daño antijurídico, como elemento de la
responsabilidad extracontractual del Estado, aspecto que debe ser
valorado de manera exclusiva por el juez natural del asunto.

Como consecuencia de lo expuesto, para la Sala es claro que no se
encuentra acreditado en este caso el elemento de la relevancia
constitucional, en lo relativo al segundo criterio analizado frente a los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, cuya protección se solicitó en este caso.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia
o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces

El tercer criterio de la relevancia constitucional supone que la tutela no
sea utilizada como una instancia o recurso adicional orientado a discutir
asuntos de mera legalidad.

Frente a este último criterio de la relevancia, además de lo dicho por la
jurisprudencia antes citada, cabe destacar que, en el fallo C-590 de 2005,

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la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una decisión de
tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe
contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces
de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación
de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea
de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo
que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para
proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por
un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que
permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].

Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.

En este caso, y como ya se expuso, la Sala advierte que las
inconformidades planteadas en la tutela giran en torno al análisis que
realizaron los jueces contencioso-administrativos sobre la prueba del
daño antijurídico. En efecto, los argumentos de la solicitud de amparo
simplemente buscan que se analicen nuevamente (i) las pruebas que,
según las demandantes, acreditaban la imputabilidad del daño a las
entidades accionadas en la reparación directa, aspecto que, como se
expuso, no resulta de relevancia, pues no corresponde a las razones que
sustentaron la decisión que se ataca, y (ii) la prueba del registro de ellas

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en el RUD, único elemento probatorio que de alguna manera estaría
relacionado con el daño antijurídico, pero que fue descartado por la
autoridad demandada.

Todo lo anterior, se insiste, constituye el debate que ya se agotó en el
proceso de reparación directa, además de lo cual, las demandantes no
proponen al respecto una nueva discusión de índole constitucional, lo que
hace evidente que solo quieren acceder a una instancia adicional.

A este efecto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene. Por lo tanto,
en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias,
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez
constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,

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porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente que
ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, pues la parte
actora no alega que el juez se haya desviado de los hechos o el derecho
propuesto en el proceso, sino que se limita a argumentar que decidió sin
tener en cuenta el alcance que, según su parecer, le debió dar a las
pruebas que aportó para demostrar el daño antijurídico.

En razón a todo lo expuesto, la Sala concluye que en este asunto no se
cumple con el requisito de la relevancia constitucional, razón por la cual
resulta completamente innecesario el estudio sobre el posible
cumplimiento de los restantes requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra decisiones judiciales.

5.3.3. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala modificará la sentencia
impugnada, que declaró la improcedencia de la tutela frente al cargo de
defecto fáctico por omisión en la valoración de las pruebas que pretendían
acreditar el elemento de imputación del daño, y la denegó en cuanto a los
demás argumentos, para en su lugar, declarar la improcedencia por falta
del requisito de relevancia constitucional, respecto de los derechos

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fundamentales a la igualdad, el debido y el acceso a la administración de
justicia, invocados por la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 26 de enero de 2023, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, y en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE el amparo de los derechos fundamentales invocados,
por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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