Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05927-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05927-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-05927-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
12 de diciembre de 2022
R a d ic a d o : 1 1 00 1- 03- 1 5- 00 0- 20 2 2- 05 9 27 - 00
Ac c i o na nt es : CO N SO RC IO INF R A E STR U CT UR A V I AL 20 0 9 y o tr o s
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
F.T: 299
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05927-00
Accionantes: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2009 Y OTROS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
C.
Temas: Acción de tutela en contra de providencia judicial, mediante la cual se
confirmó la decisión de primera instancia, en la que se accedieron parcialmente a
las pretensiones de la demanda. Cosa juzgada parcial. Incumplimiento del requisito
general de inmediatez y ausencia de una justificación razonable para la inactividad.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela,
decide la acción de la referencia.
HECHOS RELEVANTES
a) Medio de control de controversias contractuales
Los integrantes del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2009, conformado
por los señores Carlos Urias Rueda Álvarez, Julio Cesar Cascavita Peña y Miguel
Ángel Martínez Amórtegui y las sociedades BP S.A. y Construcciones Barsa S.A.S.,
instauraron demanda de controversias contractuales en contra del Instituto Nacional
de Vías (INVÍAS), con el fin de obtener la nulidad de las resoluciones núms. 13820
del 17 de julio de 2012 y 4353 del 13 de agosto del mismo año, por medio de las
cuales se declaró (i) el incumplimiento definitivo del Contrato de Obra núm. 1307 de
2009, (ii) el acaecimiento del siniestro cubierto por el amparo de buen manejo y
correcta inversión del anticipo por la suma de $ 4.038.755.699 y (iii) la imposición
de una pena pecuniaria por un valor de $ 2.396.500 en contra del citado contratista.
El 30 de enero de 2014 el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad
parcial de los actos administrativos precitados, en lo que tiene que ver con la
sanción impuesta, para lo cual consideró que debía tenerse en cuenta el 16 % del
valor del contrato y no el 100 %, y negó en todo lo demás las súplicas de la
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demanda, por lo cual ambos extremos procesales interpusieron recurso de
apelación en contra de la anterior decisión. El 14 de octubre de 2021 el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, confirmó la sentencia de primera instancia.
b) Acción de tutela identificada con el número de radicado 2022-03777-00
El CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2009 interpuso acción de tutela, con
el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, los cuales estimó transgredidos por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, al expedir la sentencia del 14
de octubre de 2021.
El 7 de octubre de 2022 la Subsección A de la Sección precitada declaró
improcedente la solicitud de amparo, al concluir que la parte accionante carecía de
legitimación en la causa por activa, comoquiera que los consorcios no son personas
y, por ende, no son titulares de derechos subjetivos, como para solicitar la
protección de derechos fundamentales a través de ese mecanismo constitucional,
de tal manera que la legitimación recae en cada uno de los miembros de la
respectiva asociación.
c) Inconformidad de la presente acción
El CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2009 y sus integrantes consideraron
que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, puesto
que incurrió en las siguientes causales específicas de procedibilidad:
1. Defecto fáctico, porque, al darle primacía a lo formal sobre lo material, dejó
de valorar las pruebas aportadas al expediente, concretamente, el Acta de
Obra núm. 15 y el Acta de recibo definitivo de la obra y la conexión existente
entre estas. Al respecto, señaló que el análisis no podía limitarse a
determinar si el anticipo estaba amortizado en el acta de recibo definitivo de
la obra, sino que se requería evaluar los documentos como acto complejo y
analizar de manera integral los hechos y las pruebas aportadas, por medio
de los cuales lograba demostrarse la completa amortización del anticipo del
Contrato de Obra núm. 1307 de 2009.
2. Defecto sustantivo, puesto que, al girar el debate sobre la declaratoria de un
amparo de seguros, como consecuencia del anticipo otorgado por el
contratista, eran aplicables las normas relativas a los contratos de seguros,
concretamente, el artículo 1077 del Código de Comercio, por cuanto la
entidad allí demandada nunca demostró el daño causado, es decir, la pérdida
por el anticipo entregado, comoquiera que se ejecutó el 84 % de las obras
contratadas, siendo únicamente el anticipo el 50 % del valor del mismo, por
lo que las obras ejecutadas comportarían el pago de este.
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Sobre el particular, precisó que la disposición referida no contiene limites
formales para probar la ocurrencia del siniestro y la cuantía, como
desafortunadamente lo ha sostenido el INVIAS y la autoridad judicial
accionada, pues no puede simplemente reducirse la prueba del daño a una
certificación del área de Tesorería, cuando esta se desvirtúa con la
acreditación material de que dicha pérdida no existió en realidad, por cuanto
la unidad ejecutora de la entidad mencionada y la interventoría del contrato
han afirmado que materialmente el anticipo se encuentra amortizado en
virtud de las obras ejecutadas y contenidas en el Acta núm. 15.
PRETENSIONES
La parte accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales antes citados y,
en consecuencia, requirió revocar la sentencia proferida el 14 de octubre de 2021
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en el proceso de
controversias contractuales con número de radicado 68001-23-33-000-2013-00362-
01, para, en su lugar, declarar la nulidad de las resoluciones 3820 y 4353 de 2012,
en cuanto a la declaratoria del siniestro de anticipo del Contrato de Obra núm. 1307
de 2009 y ordenar el pago del monto resultante del Acta de Obra núm. 15, una vez
se hayan descontados los valores pendientes de amortizar del anticipo en el
Contrato mencionado.
CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
El magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas indicó que la decisión adoptada en
la sentencia del 14 de octubre de 2021 no se basó en la falta de cumplimiento de
los requisitos para el pago, sino en un análisis integral de las pruebas, de acuerdo
con el cual, ese no fue amortizado de forma íntegra y oportuna. Sobre el particular,
explicó que, del estudio de los dos actos que conforman el acto complejo declarativo
del siniestro, la Sala concluyó que las obras con las que se habría amortizado el
anticipo no habían sido entregadas y recibidas a satisfacción oportunamente, de
acuerdo con el único documento constitutivo de aprobación de las obras objeto del
contrato; afirmación que fue ratificada en el testimonio que, según lo planteado por
el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2009 en su recurso de apelación, daba
cuenta de la amortización oportuna del anticipo.
Adicionalmente, expuso que para dar respuesta al problema jurídico planteado por
INVIAS, en relación con la proporcionalidad de la pena, no resultaba pertinente
entrar a analizar el porcentaje de las obras ejecutadas, pues el cargo que esa
entidad formuló en sede de apelación y que determinó la competencia funcional del
juzgador de segunda instancia se limitó al cuestionamiento de la proporcionalidad
que aplicó el a quo para la tasación de la pena, ya que, en criterio de la entidad, con
ello, se desconocía la finalidad de esta, así como el artículo 15 del Decreto 4828 de
2009 que había suprimido los efectos de la proporcionalidad de la garantía única de
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cumplimiento, por lo cual la Sala determinó que el Decreto mencionado no reguló la
pena pecuniaria y que su aplicación proporcional se encontraba ajustada a su
finalidad, así como a lo pactado, sin que para llegar a esa conclusión resultara
necesario determinar el porcentaje de obra ejecutado.
Finalmente, sostuvo que el artículo 1077 del Código de Comercio no fue pasado por
alto, sino que, por el contrario, fue aplicado en la providencia cuestionada, pero sin
desconocer las demás normas relativas a la declaración del siniestro en la
contratación pública ni la jurisprudencia administrativa pertinente. Además, precisó
que la ausencia de configuración del daño como elemento constitutivo del siniestro
en el seguro de buen manejo y correcta inversión del anticipo constituye un cargo
adicional a los planteados en el recurso por el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA
VIAL 2009, que, en su criterio, es inoportuno y carece de relevancia constitucional,
por basarse en una interpretación de la ley sin fundamento constitucional.
En esos términos, aseguró que la sentencia objeto de tutela no desconoció los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, puesto que los hoy accionantes tuvieron la oportunidad de ejercer sus
derechos al interior del proceso, el cual se adelantó bajo el procedimiento
legalmente previsto y en el que se dictó una providencia que contiene un adecuado
análisis de la controversia bajo los parámetros legales aplicables y atendiendo a lo
que resultó probado, por lo que consideró que lo reclamado en esta sede de amparo
carece de relevancia constitucional, ya que lo que se pretende es reabrir el debate
surtido en las instancias correspondientes para lograr una decisión que le resulte
favorable, lo cual escapa al ámbito de competencia del juez de tutela.
Instituto Nacional de Vías (INVIAS)
La profesional del derecho Silvia Fernanda Ardila Cala, en cuanto a los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, afirmó que no se cumple la
exigencia de inmediatez, puesto que la solicitud de amparo se presentó el 9 de
noviembre de 2022 y la sentencia atacada fue proferida el 14 de octubre de 2021 y
notificada a las partes el 14 de marzo de 2022, por lo que ha transcurrido un término
superior al fijado por la jurisprudencia.
Adicionalmente, manifestó que lo que se busca con la presente acción es reabrir el
debate de instancia con hechos que ya fueron objeto de debate, razón por la cual
debe recordarse que la acción de tutela no es una tercera instancia donde puedan
ventilarse asuntos que ya fueron definidos por los falladores en el proceso ordinario
que estos no tuvieron oportunidad de analizar, máxime cuando no corresponde al
juez de tutela establecer si existe un mejor criterio de interpretación que el utilizado
por el juez natural, quien es el llamado a servir como parámetro de decisión de la
controversia.
En todo caso, aseguró que el fallo cuestionado no contiene ningún tipo de defecto
fáctico por omisión, por cuanto el acervo probatorio arrimado al informativo era
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suficiente y el mismo llevaba a concluir que los accionantes incumplieron el Contrato
de Obra núm. 1307 de 2009 y ejecutaron obras por fuera del plazo contractual, lo
que impide tenerlas como ejecutadas y, de contera, ser soporte de la amortización
del anticipo. Advirtió que darle otra interpretación es pretender que aquellos
cumplieran el contrato en cualquier plazo y sin los adecuados controles. Precisó que
la actio de in rem verso en nuestro derecho es un principio elevado a disposición
normativa por el Código de Comercio y no puede ser invocado para reclamar el
pago de obras sin la previa celebración de un contrato estatal por la elemental razón
que la acción de enriquecimiento sin causa para que sea procedente no puede
desconocer o ser contraria a una norma imperativa
De igual forma, señaló que la providencia judicial atacada no contiene el defecto
sustantivo alegado, por cuanto el contenido obligacional acatado por el juzgador de
la instancia está consagrado en la norma que no es otra que los pliegos de
condiciones y el contrato. Además, expresó que la máxima corporación de lo
contencioso administrativo no juzgó el asunto con normas inconstitucionales,
ilegales o inexistentes, toda vez que aplicó el contenido obligacional específico para
el caso objeto de debate.
En este orden de ideas, consideró que no hay motivos para afirmar que la decisión
enjuiciada vulneró los derechos fundamentales alegados por la parte accionante,
toda vez que esta se profirió dentro de un marco de razonabilidad que analizó la
demanda y sus anexos, la contestación y sus anexos, las pruebas arrimadas por las
partes y las solicitadas y decretadas por el Juez de primera instancia, no
correspondiendo el resultado del asunto a un vicio procesal ostensible y
desproporcionado ni a intereses subjetivos o caprichosos del juez de segunda
instancia, al hacer el estudio de fondo del recurso de alzada. En consecuencia,
solicitó denegar la presente acción constitucional.
El Tribunal Administrativo de Santander remitió copia del expediente digital del
medio de control de controversias contractuales con número de radicado 68001-23-
33-000-2013-00362-00/01.
CONSIDERACIONES
Competencia
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 1.° del Decreto 333 de 20212, el cual regula que:
«[…] Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo de Estado serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a
la misma Corporación (sic) y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o
Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento […]».
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Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada
y uniforme de la Corte Constitucional1 y del Consejo de Estado2 ha sido admitir su
procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de
procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia
(defectos).
La posición ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional empezando por la
tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993,
entre otras providencias, y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su
sistematización en la sentencia C-590 de 2005.
Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez, concluyó
que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se
respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos
generales y específicos precisados por la Corte Constitucional. Veamos:
Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en
su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la
vía de hecho planteada. Estos son los siguientes:(i) la cuestión que se discute tiene
relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con
los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv)
cuando se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser decisiva en la
sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; (v) se expresaron
de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo
estudio y (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de
una acción de tutela.
Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede
incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes3: a) defecto orgánico, que se
presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b) defecto
procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa completamente al
margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto ocurre cuando: el
juez carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente equivocada o no
tiene en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir la
decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando exista un error
1 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009
de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814
de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807
de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-
051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012,
T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
2Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
3Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras.
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judicial ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca lineamientos
constitucionales y/o legales, específicamente ocurre cuando: se decida con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas o
exista una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e)
error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f)
decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente judicial y h) violación
directa de la Constitución Política.
Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.
Problema jurídico
El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las siguientes preguntas:
1. ¿Existe identidad de objeto, causa y partes entre la presente solicitud de
amparo y la acción de tutela instaurada anteriormente con el número de
radicado 2022-03777-00?
2. ¿Transcurrieron más de seis meses entre el día siguiente a la fecha de
ejecutoria de la sentencia emitida el 14 de octubre de 2021 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, y la presentación de esta acción de
tutela?
3. En caso de una respuesta positiva: ¿Está justificada la inactividad de la
accionante para instaurar la acción de la referencia?
Para resolver el problema así planteado, se abordará la siguiente temática: (I) cosa
juzgada y temeridad, (II) análisis de la configuración de la cosa juzgada y la
temeridad en el asunto bajo estudio, (III) interposición de la acción de tutela, (IV)
excepciones al presupuesto de inmediatez y (V) justificación frente a la inactividad
del accionante. Veamos:
• Primer problema jurídico
¿Existe identidad de objeto, causa y partes entre la presente solicitud de amparo y
la acción de tutela instaurada anteriormente con el número de radicado 2022-03777-
00?
I. Cosa juzgada y temeridad
La institución jurídica procesal de la cosa juzgada busca otorgar a las sentencias un
carácter definitivo, inmutable y vinculante, lo que impide a los jueces decidir sobre
una discusión que ya ha sido resuelta en sede judicial. Con lo anterior, se pretende
dotar de seguridad jurídica al ordenamiento jurídico, así como a las partes
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(sentencias inter partes) o a la comunidad en general (fallos con efectos erga
omnes). En lo relativo a ello, en el artículo 303 del Código General del Proceso se
definió que los elementos para la configuración de la cosa juzgada son: la identidad
de objeto, de causa y de partes, lo cual ha sido reiterado en sede de tutela por la
Corte Constitucional4. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que cuando se
presenten hechos nuevos se realizará un nuevo análisis del fondo del asunto, pero
únicamente frente a esos hechos.
Ahora bien, la presentación de varias acciones de tutela con fundamento en iguales
hechos y pretensiones por parte del mismo accionante no implica de facto la
configuración de una actuación temeraria, pues es necesario verificar los motivos
por los cuales se radicaron las solicitudes de amparo y si esa situación está
suficientemente justificada. En efecto, si el juez de tutela al realizar el análisis de las
razones que llevaron al solicitante a interponer dos o más acciones determina que
actuó de forma excesivamente imprudente, que su finalidad era lograr una decisión
diversa a la anterior a sabiendas que no le asiste el derecho y que sobre la misma
existe cosa juzgada, así deberá declararlo en la parte resolutiva. De lo contrario,
podrá solamente declarar la configuración de la cosa juzgada o determinar que
ninguno de los dos fenómenos aconteció, según el caso.
II. Análisis de la configuración de la cosa juzgada y la temeridad con respecto
al Consorcio accionante
El CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2009 solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
los cuales consideró vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, al expedir la sentencia del 14 de octubre de 2021, comoquiera que
incurrió en defecto fáctico, al no valorar el Acta de Obra núm. 15 y el Acta de recibo
definitivo de la obra y la conexión existente entre estas, por medio de los cuales
lograba demostrarse la completa amortización del anticipo del Contrato de Obra
núm. 1307 de 2009, y en defecto sustantivo, por no aplicar el artículo 1077 del
Código de Comercio.
Pues bien, una vez consultado el sistema de gestión judicial «SAMAI», se observa
que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2009, por intermedio de su
apoderado judicial, interpuso la acción de tutela identificada con el número de
radicado 2022-03777, la cual podría tener similitud con los supuestos fácticos y
jurídicos alegados en el presente asunto, por lo que procederá a verificarse si en el
caso sub examine se observa una identidad de partes, causa petendi y objeto con
respecto a dicha solicitud de amparo.
Así, se advierte que con antelación la asociación hoy accionante instauró tutela en
contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por la presunta
transgresión de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, como consecuencia de la sentencia dictada el 14 de
4Ver entre otras sentencias: C-774/01.
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octubre de 2021 en el medio de control de controversias contractuales con número
de radicado 2013-00362-01.
De igual forma, se denota que el 7 de octubre de 2022 la Subsección A de la Sección
referida declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar que el
accionante no se encontraba legitimado en la causa por activa, puesto que los
consorcios no son personas y, en esa medida, tampoco son sujetos de derechos,
por lo que la legitimación para solicitar la protección de los derechos fundamentales
presuntamente quebrantados recaía únicamente en los integrantes de aquel. Al
respecto, explicó que, si bien era cierto que el señor Álvaro Andrés Beltrán García,
en calidad de representante legal, fue quien otorgó el poder para presentar esa
tutela, también lo era que aquel no figuraba como integrante del CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA VIAL 2009 y tampoco acreditó que actualmente ostentara la
condición de representante legal de alguna de las sociedades consorciadas.
Efectuado el anterior recuento, lo primero que se advierte es que existe identidad
de partes entre ambas acciones de tutela en relación con el consorcio, comoquiera
que fueron interpuestas por el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2009 y
aquellas se dirigieron en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C.
En segundo lugar, se aprecia que se presenta igualdad de objeto porque lo
pretendido tanto en la acción primigenia como en esta es que se ordene revocar la
sentencia proferida el 14 de octubre de 2021 en el proceso de controversias
contractuales con número de radicado 68001-23-33-000-2013-00362-01, para, en
su lugar, declarar la nulidad de las resoluciones 3820 y 4353 de 2012, en cuanto a
la declaratoria del siniestro de anticipo del Contrato de Obra núm. 1307 de 2009 y
ordenar el pago del monto resultante del Acta de Obra núm. 15, una vez se hayan
descontados los valores pendientes de amortizar del anticipo en el Contrato de Obra
mencionado.
En tercer y último lugar, en relación con la causa petendi, se tiene que en las dos
solicitudes de amparo se alegó la vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia por parte de las accionadas,
al haber incurrido en defecto fáctico, por dejar de valorar el Acta de Obra núm. 15 y
el Acta de recibo definitivo de la obra y la conexión existente de estas y en defecto
sustantivo, al no aplicar el artículo 1077 del Código de Comercio.
En esos términos, la Subsección encuentra acreditada la configuración de la cosa
juzgada en el caso bajo estudio, por existir identidad de partes, de objeto y de causa
petendi entre la acción instaurada con anterioridad por el CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA VIAL 2009 y la tutela de la referencia.
Ahora bien, en virtud de la anterior determinación, corresponde analizar si el
accionante actuó con temeridad, para lo cual es necesario estudiar si las razones
por las cuales instauró otra acción de tutela se encuentran suficientemente
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justificadas. Sobre ello, se aclara que en el escrito inicial el peticionario puso de
presente que en esta oportunidad interpuso la solicitud de amparo, con poder
otorgado por cada uno de los integrantes del Consorcio, y que esta resultaba
procedente, debido a que en la tutela primigenia los argumentos de fondo no fueron
objeto de análisis ni de pronunciamiento, al haber sido declarada improcedente.
En esa medida, la Subsección colige que en el presente asunto no se encuentra
configurado el fenómeno de la temeridad, puesto que en el expediente no existen
elementos de juicio que demuestren una actuación dolosa o de mala fe por parte
del solicitante del amparo, por cuanto aquel consideró que podía interponer la nueva
acción, en razón a que los integrantes de dicha asociación ya le habían conferido
poder al representante judicial de ese consorcio y que la anterior tutela no había
sido resuelta de fondo.
En consecuencia, la Subsección declarará improcedente la acción de tutela, al
haberse configurado el fenómeno de la cosa juzgada, en relación con el
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2009.
• Segundo problema jurídico
¿Transcurrieron más de seis meses entre el día siguiente a la fecha de ejecutoria
de la sentencia emitida el 14 de octubre de 2021 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, y la presentación de esta acción de tutela?
III. Interposición de la acción de tutela
Los integrantes del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2009 solicitaron la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, los cuales consideraron vulnerados por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, al expedir la providencia del 14 de octubre
de 2021.
Pues bien, una vez analizado el recuento realizado en la parte inicial de esta
providencia y las pruebas obrantes en el expediente de la referencia, se tiene que
el 14 de octubre de 2021 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
confirmó la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Santander en el
medio de control de controversias contractuales promovido por los hoy accionantes.
Al respecto, se denota que la anterior decisión fue notificada por estado electrónico
el 17 de febrero de 20225, por lo que adquirió ejecutoria el 22 del mismo mes y año6.
5Según la información que reposa en el sistema de gestión judicial «SAMAI» al consultar el proceso con número
de radicado 68001-23-33-000-2013-00362-00/01.
6 Código General del Proceso, artículo 302. Ejecutoria. “Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan
ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin
haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que
resuelva los interpuestos” y el Decreto 806 de 2020, artículo 8, inciso 3.° “La notificación personal se entenderá
realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a
correr a partir del día siguiente al de la notificación”.
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En esa medida, como la procedencia de la acción de tutela amerita el cumplimiento
de los requisitos generales de procedibilidad, en relación con el término de
inmediatez, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante providencia del 5 de
agosto de 20147, explicó que el mencionado requisito cobra mayor relevancia
cuando el recurso de amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez
que se encuentran en juego los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por
lo anterior, la corporación, en la sentencia de unificación precitada, acogió como
regla general un plazo de seis meses contados a partir de la notificación o ejecutoria
de la providencia, según el caso.
En esa medida, el término para presentar la acción de tutela en el presente asunto
inició el 23 de febrero de 20228 y venció el 23 de agosto de la misma anualidad. No
obstante, la acción de la referencia fue interpuesta hasta el 9 de noviembre del
mismo año, esto es, por fuera del término de los seis meses previstos
jurisprudencialmente.
Al respecto, se advierte que la parte accionante, en el escrito inicial de esta acción,
manifestó que la decisión controvertida fue notificada el 14 de marzo de 2022. Sin
embargo, al revisar el expediente en el sistema de gestión judicial «SAMAI» se
observa que en esa oportunidad solo fueron notificados el Instituto Nacional de Vías
(INVIAS) y la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa. En todo
caso, si se contabilizara el término de inmediatez desde esa fecha el mismo ya
habría fenecido, comoquiera que el plazo vencería el 23 de septiembre de 2022 y
la solicitud de amparo, se itera, fue formulada hasta el 9 de noviembre de igual
anualidad.
Por lo anterior, se concluye que la solicitud de amparo presentada por los
integrantes del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2009 no cumple con el
requisito de inmediatez, como causal general de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales. Sin embargo, en el acápite siguiente se
analizará si se encuentra justificada la tardanza en la instauración de este
mecanismo de protección de derechos fundamentales.
• Tercer problema jurídico
¿Está justificada la inactividad de la parte accionante para presentar la acción de la
referencia en tiempo?
IV. Excepciones al presupuesto de la inmediatez
La Subsección resalta que la Corte Constitucional, en diversos pronunciamientos9,
ha expuesto que al analizar el presupuesto de la inmediatez, también deben
examinarse las circunstancias específicas del asunto, para lo cual tienen que
7 C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicado No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Demandante:
Alpina Productos Alimenticios S.A.
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Término contado a partir del día siguiente hábil de la ejecutoria de la sentencia cuestionada.
9 Al respecto, ver entre otras, la sentencias SU-961 de 1999 y T-691 de 2009.
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tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 1. La existencia de razones válidas para
justificar la inactividad de la parte accionante; 2. La permanencia en el tiempo de la
amenaza o la vulneración, a pesar de que el hecho que la originó sea antiguo y 3.
Si la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable resulta
desproporcionada por una situación de debilidad manifiesta del peticionario de la
salvaguarda. Aunado a ello, el máximo tribunal constitucional ha sostenido10 que es
posible flexibilizar el requisito referido cuando el solicitante del amparo sea un sujeto
de especial protección constitucional, en atención al artículo 13 de la Constitución
Política.
En ese orden de ideas, al juez constitucional, además de comprobar el transcurso
del tiempo, corresponde verificar si existe alguna de las circunstancias definidas
jurisprudencialmente que permita determinar que la acción de tutela fue presentada
en un término razonable o si existe alguna situación que viabilice la flexibilización
del estudio de la inmediatez.
V. Justificación frente a la inactividad del accionante
La parte accionante, en el escrito de tutela, no presentó ningún argumento para
justificar la interposición del mecanismo de amparo por fuera del término previsto
jurisprudencialmente, esto es, seis meses, y al revisar el mismo tampoco se advierte
alguna situación que le haya impedido acudir a esta acción y que convierta en
desproporcionada la exigencia del agotamiento de este requisito general de
procedibilidad.
Adicionalmente, se aclara que no puede tenerse en cuenta el hecho de que se
hubiese presentado otra acción de tutela, para flexibilizar el requisito aquí estudiado,
dado que en esa oportunidad los integrantes del consorcio no presentaron la acción,
sino que lo hizo directamente aquel, por lo que dicho yerro no puede afectar el
término de inmediatez.
En consecuencia, se concluye que el presente trámite constitucional no superó la
exigencia general aquí estudiada. Por tanto, se declarará improcedente la acción de
tutela, al haberse configurado el fenómeno de la cosa juzgada, con respecto al
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2009, y no haberse acreditado el
cumplimiento el requisito de inmediatez, en relación con los integrantes del
precitado Consorcio.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
10 Ver entre otras: T678/16, T518/17 y T375/18.
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FALLA
Primero: Declarar improcedente la acción de tutela instaurada en contra del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, al haberse configurado el
fenómeno de la cosa juzgada con respecto al CONSORCIO INFRAESTRUCTURA
VIAL 2009, y no haberse acreditado el cumplimiento el requisito de inmediatez, en
relación con los integrantes del precitado Consorcio, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días
siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no fuere
impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la actuación a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Aclaración de voto
Firma electrónica
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firma electrónica
ARF
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