Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05931-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05931-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-05931-00
Consejero ponente: Conjuez Luis Ferney Moreno Castillo
12 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
Conjuez Ponente: LUIS FERNEY MORENO CASTILLO
Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001031500020220593100
Accionante: MILTON VICENTE JAIMES BERMÚDEZ
Accionado: SALA DE CONJUECES DEL H. CONSEJO DE ESTADO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA DENTRO DEL
PROCESO RADICADO: 250002342000201302969 00/01/02.
Temas: Acción de Tutela contra providencia judicial
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:
La Sala de Conjueces decide la acción de tutela sometida a su conocimiento, de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
El señor Milton Vicente Jaimes Bermúdez ejerció acción de tutela contra la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en procura de la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, así como los principios
constitucionales de favorabilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, los
principios de seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima.
Garantías constitucionales estas, que consideró transgredidas con ocasión de la
expedición de la Sentencia del 05 de julio de 2022 que puso fin a la segunda instancia
dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en donde, en sentir del
accionante, se incurrió en una vía de hecho por defecto sustantivo.
1.2. Pretensiones
Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:
1. Se solicita por tanto al H. CONSEJO DE ESTADO tutelar los derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso, y a la aplicación de los
principios constitucionales de seguridad jurídica, buena fe, confianza
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legítima, favorabilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, y en
consecuencia, decrete, disponga y ordene lo siguiente:
i. La modificación de la sentencia de segunda instancia proferida por
la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del H. Consejo de
Estado, dentro del proceso radicado con el No.
25000234200020130296900/01/02, por violación de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, en la resolución
del litigio formulado en la demanda, en el periodo de desempeño
en el cargo de DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA
LEGAL DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL, en lo relativo a la prescripción de los derechos
correspondientes al periodo anterior al 03 de diciembre de 2004.
ii. Se decrete para este caso concreto y con efectos interpartes, y por
razones constitucionales de igualdad, derecho a un debido proceso
y por aplicación vinculante de los principios constitucionales de
seguridad jurídica, buena fe, confianza legítima, favorabilidad e
irrenunciabilidad de los derechos laborales, la inaplicabilidad de la
SENTENCIA DE UNIFICACIÓN SUJ-016-CE-S2-2019, de 02 de
septiembre de 2019, proferida por la H. Sala Plena de Conjueces
de la Sección Segunda del Consejo de Estado en lo atinente a los
apartes que hacen relación con la Bonificación por Compensación,
numerales sexto (6) y séptimo (7) de su parte resolutiva.
iii. Se decrete la existencia de simultaneidad de normas salariales
relacionadas con la Bonificación por Compensación en el periodo
comprendido entre el 01 de enero de 1999 y el 3 de diciembre de
2004, que impidió definir cuál de ellas era la aplicable a mi caso
concreto, para determinar el monto a reconocer y pagar por
concepto del citado emolumento salarial.
iv. Se ordene a la parte accionada, como juzgador de segunda
instancia, que en un término no mayor a 48 horas profiera una
nueva decisión de fondo, o sentencia de mérito, en la que se
reconozcan mis derechos sustanciales reclamados en la demanda
consistentes en el pago de las diferencias mensuales existentes
entre el monto derivado de la aplicación del Decreto 4040 de 2004
y de los Decretos que lo antecedieron sucesivamente (2726 de
2001, 663 de 2002, 3570 de 2003) y el monto derivado de la
aplicación del Decreto 610 de 1998 – que dispone a su vez el pago
de la Bonificación por Compensación en un 80% - diferencias
equivalentes al 10% de lo devengado por todo concepto por los
Magistrados de las Altas Cortes, quienes a su vez deben devengar
lo mismo que lo devengado por todo concepto por los Congresistas;
durante el periodo de mi desempeño como DIRECTOR DE LA
UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL DE LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL reclamado en la
demanda y no reconocido en la SENTENCIA OBJETO DE ESTA
TUTELA (desde el 19 de abril de 2001 hasta el 03 de diciembre de
2004).
1.3. Hechos Relevantes
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De la revisión del expediente se establecen los siguientes supuestos de hecho
relevantes para la resolución de la acción constitucional que aquí se examina:
1.3.1. El señor Milton Vicente Jaimes Bermúdez, desde el 19 de abril de 2001 hasta el
28 de marzo de 2005, desempeñó el cargo de Director de la Unidad de
Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, un cargo
equivalente al de Magistrado Auxiliar de las Altas Cortes, conforme al artículo 2
del Acuerdo 273 de 1998 del Consejo Superior de la Judicatura.
1.3.2. Mediante petición radicada el 30 de octubre de 2012, el demandante solicitó a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales mensuales entre la Bonificación por Gestión Judicial (70%
con retroactividad al 2001) según el Decreto 4040 de 2004, y la Bonificación por
Compensación (80% desde 2001) según el Decreto 610 de 1998. Según el
accionante, estas diferencias equivalen al 10% de lo devengado por los
Magistrados de las Altas Cortes, quienes deben devengar lo mismo que los
Congresistas.
1.3.3. A través de la Resolución No. 4927 del 23 de noviembre de 2012, el Director
Ejecutivo resolvió negar dicha petición.
1.3.4. Ante la respuesta negativa de la entidad, luego de adelantar la conciliación
prejudicial, el ahora accionante en tutela, mediante apoderado judicial, radicó el
19 de julio de 2013, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, demanda
en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
No. 25000234200020130296900, la cual fue resuelta mediante sentencia de 30
de junio de 2015.
1.3.5. La entidad accionada apeló la decisión de primera instancia y mediante
sentencia del 05 de julio de 2022 la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado puso fin a la segunda instancia mediante providencia en
la cual resolvió modificar la sentencia apelada de fecha 30 de junio de 2015, en
el sentido de aplicar la prescripción trienal a partir del 3 de diciembre de 2004.
1.4. Fundamentos de la Solicitud
El tutelante, luego de exponer los hechos que consideró relevantes y hacer un análisis
respecto de los requisitos que ha desarrollado la jurisprudencia para que proceda la
acción de tutela contra providencias judiciales, consideró que la autoridad judicial
accionada, al proferir la sentencia de segunda instancia del 05 de julio de 2022 incurrió
en una vía de hecho por defecto sustantivo consistente en realizar una interpretación
contraevidente o claramente irrazonable o desproporcionada, a pesar del amplio
margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales.
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A juicio del aquí accionante, el juez de segundo grado no tuvo en cuenta aspectos de
los efectos del Decreto 4040 de 2004, que no dan cabida a la interpretación y decisión
de la sentencia objeto de esta tutela para derogar lo resuelto en primera instancia y
aplicar la prescripción de los Derechos anteriores al 03 de diciembre de 2004.
Siguiendo con la misma línea, señaló que:
“la interpretación sobre la vigencia real del Decreto 4040 de 2003 y su
impacto económico sobre los ingresos del suscrito demandante y de todos
los afectados por su expedición es contraevidente y desproporcionada (…)
porque concluye de manera errada que el Decreto sólo tuvo consecuencias
económicas a partir del 03 de diciembre de 2004, cuando lo dispuesto allí es
que sus efectos fiscales son desde el 01 de enero de 2004, aunado al hecho
de que en su artículo 6° deroga el Decreto 3570 de 2003, que fue el aplicado
al suscrito para pagar la que en dicho decreto se denomina como
Bonificación por Compensación, que reitero no es la del Decreto 610 de
1998 sino una muy inferior en valor, aunque tenga la misma denominación”
En el sentir del accionante, la interpretación correcta debería haber sido que,
“desde el 01 de enero de 2004, se pagó la Bonificación por Gestión Judicial
a todos los servidores que se acogieron a lo exigido por el Decreto en los
literales a y b del artículo 2° ibídem (calculada ésta para igualar los ingresos
por todo concepto de sus destinatarios con el 70% de lo devengado por los
Magistrados de las Altas Cortes) y además, con retroactividad al 01 de enero
del año 2001 se hicieron pagos encaminados exactamente a igualar los
ingresos recibidos en esos años, con el 70% de lo devengado por los
Magistrados de las Altas Cortes, concepto que en realidad no fue nada
distinto a reconocer la retroactividad de esa Bonificación por Gestión Judicial
desde el 01 de enero del año 2001”.
1.5. Trámite procesal de la acción
Una vez admitida la acción de tutela en primera instancia se ordenó la notificación de la
autoridad accionada. Además de vincular, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del
Decreto Ley 2591 de 1991 al, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA
JUDICIAL, como entidad accionada dentro del asunto ordinario.
1.6. Intervenciones:
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentó la siguiente intervención:
1.6.1. El apoderado de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, División de
Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial solicitó que se denieguen las pretensiones de la Parte
Convocante, dada la improcedencia de la acción de tutela por inexistencia y/o
ausencia de las causales de procedencia contra la providencia judicial. Resaltó
que no existe vulneración alguna a los derechos fundamentales enunciados por
esta vía, pues la decisión judicial emitida lo fue en ejercicio de la autonomía
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judicial y allí se consignaron en forma razonada cada uno de los argumentos
jurídicos a lugar, por lo que mal puede predicarse arbitrariedad en la decisión
aquí controvertida.
Además, enfatizó que la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de
los procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia
del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de
las decisiones de los jueces.
1.6.2. Adicionalmente, en el marco del traslado de la actuación, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda - Subsección C y la
Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado remitieron copia de los
expedientes y actuaciones judiciales adelantadas en el marco de los procesos
que dieron origen a las providencias judiciales objeto de la presente actuación
constitucional.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Al iniciar el examen del presente asunto y en atención a la información suministrada por
el Conjuez Mauricio Fajardo Gómez, quien señaló que consultada la Secretaría de la
Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado conoció que su calidad de Conjuez
finalizó en el mes de abril de 2024 y dado que el sorteo mediante el cual resultó elegido
para integrar la colegiatura que debe conocer del presente asunto tuvo lugar con
anterioridad, esto es en diciembre 5 de 2022, esta Sala de Conjueces entiende que
dicho Conjuez se encuentra en condición de intervenir, participar y actuar válidamente
según los dictados del inciso final del artículo 1161 de la Ley 1437, expedida en 2011,
contentiva del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –C.P.A. y C.A.–, a cuyo tenor:
“Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta
que termine completamente la instancia o recurso, aunque concluya el
período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la integración de la
sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que
respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento o
recusación que dé lugar al nombramiento de estos”.
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Milton Vicente Jaimes Bermúdez de conformidad con lo
1“ARTÍCULO 116. POSESIÓN Y DURACIÓN DEL CARGO DE CONJUEZ. Designado el conjuez, deberá
tomar posesión del cargo ante el Presidente de la sala o sección respectiva, por una sola vez, y cuando
fuere sorteado bastará la simple comunicación para que asuma sus funciones.
“Cuando los Magistrados sean designados conjueces sólo se requerirá la comunicación para que asuman
su función de integrar la respectiva sala.
“Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la
instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la
integración de la sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de
aquellos no se les predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de estos”.
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establecido en la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y
333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Planteamiento
En primer lugar, esta colegiatura advierte que el estudio de esta acción constitucional
se limitará a los reproches formulados respecto de la sentencia del 5 de julio de 2022,
la cual resuelve la apelación en el Proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
donde el accionante solicitó el pago de las diferencias salariales que estimó adeudadas,
conforme a lo dispuesto en el Decreto 610 de 1998, relacionadas con la denominada
Bonificación por Compensación; además, solicitó que se le reconozcan, liquiden y
paguen las diferencias salariales adeudadas por concepto de Bonificación por
Compensación, basadas en el 80% de lo que devengan los Magistrados de las Altas
Cortes, quienes, a su vez, deben percibir una remuneración mensual igual a los ingresos
que devengan los Congresistas. Mediante dicha providencia, la Sala de Conjueces
decidió modificar la sentencia apelada y, en su lugar, aplicar la prescripción trienal a
partir del 3 de diciembre de 2004.
En consecuencia, corresponde a la Sala determinar si el tutelante cumplió con los
requisitos que han sido desarrollados por la jurisprudencia para la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y, además, establecer si en el caso
concreto se presenta una vulneración a los derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso, así como a los principios constitucionales de favorabilidad e
irrenunciabilidad de los derechos laborales, los principios de seguridad jurídica, buena
fe y confianza legítima advertidos por el accionante. Para el efecto se estudiará: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) estudio del
caso concreto, y (iii) conclusiones.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
La jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas desde la Sentencia C-590
de 20053, en la cual se hizo distinción entre causales genéricas, esto es aquellas que
hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y las
causales específicas de procedibilidad, que son las que persiguen verificar la
procedencia del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.
En ese sentido, recientemente, la Corte Constitucional ha indicado que, en el análisis
de las causales generales de procedencia de la acción de tutela en contra de
providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar lo siguiente4:
2 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995,
T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de
2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007, SU-913 de 2009, y SU-215 de 2022.
4 Sentencia SU-215 de 2022.
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(i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991)
(ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela, ni una
decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco
la que resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad
por parte del Consejo de Estado.
(iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se
promueva en un plazo razonable;
(iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos
que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y
que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite
procesal;
(v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el
interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a
su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio
irremediable o los medios de defensa judicial existentes no sean
idóneos o eficaces para evitarlo.
(vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo
que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y
no meramente legal o económico;
(vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un
efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal
error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido
sustancialmente distinto.
Por lo tanto, se han establecido, como parámetros concurrentes para realizar su estudio,
que la correspondiente demanda de tutela cumpla con los siguientes requisitos
generales: i) que acredite legitimación en la causa, ii) que no se trate de tutela contra
tutela; iii) inmediatez; iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión; v)
subsidiariedad, es decir, que se hayan agotado los medios de defensa, tanto ordinarios
como extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado, y, vi) relevancia constitucional. De modo que, de no
observarse el cumplimiento de alguno de estos presupuestos, se declarará la
improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, de encontrarse cumplidos todos esos parámetros, corresponderá al
juez de tutela determinar si se configura, al menos, una de las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
La Corte Constitucional ha sido enfática en sostener que la providencia accionada debe
adolecer de defectos graves que hacen que la decisión sea incompatible con la
Constitución y genere una transgresión de los derechos fundamentales. Sobre el
particular, a partir de la Sentencia C-590 de 2015, recientemente reiterada en sentencia
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SU215 de 2022, la Corte precisó que la tutela se concederá si se acredita la existencia
de, al menos, uno de los siguientes defectos:
(i) defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es
expedida por un funcionario judicial que carecía de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad
judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado
asunto;
(iii) defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica
de pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la
realización indebida y contraevidente de pruebas existentes en el
proceso;
(iv) defecto material o sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se
toma con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o
cuando existe una clara contradicción entre los fundamentos de la
decisión;
(v) error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha
sido inducido por factores externos al proceso, y que tienen la
capacidad de influir en la toma de una decisión contraria a derecho o a
la realidad fáctica probada en el caso;
(vi) decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su
deber de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;
(vii) desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un
caso con los mismos hechos una autoridad se aparta de los
procedimientos establecidos por los tribunales de cierre (precedente
vertical) o por los dictados por ellos mismos (precedente horizontal),
sin cumplir con la carga de justificar de forma suficiente y razonada por
qué se cambia de precedente;
(viii) violación directa de la Constitución, que se genera cuando una
providencia judicial desconoce por completo un postulado de la
Constitución, le atribuye un alcance insuficiente o lo contradice.
En consecuencia, una vez se verifique el cumplimiento de los requisitos generales y de,
al menos, una de las causales específicas, corresponderá al juez constitucional
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, escenario en el
cual, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá tener en cuenta
que la jurisprudencia constitucional ha señalado que:
“Las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, el juez de tutela
debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada
señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso
y exhaustivo de la providencia reprochada. Esto implica que el juez de tutela
debe restringir su análisis únicamente a los argumentos propuestos por el
accionante, además de verificar el cumplimiento de los requisitos generales
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y específicos de procedencia. Si el juez constata alguna irregularidad debe
comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la intervención
urgente del juez de tutela”5.
De esta manera, en esta oportunidad se procederá entonces al análisis del caso en
concreto para verificar si en el asunto bajo estudio se configura la totalidad de las
causales generales y, por lo menos, de una de las causales específicas para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
2.4. Estudio del caso concreto
Teniendo en cuenta las reglas generales establecidas por la Corte Constitucional en
materia de tutela contra providencias judiciales, esta Sala pasa a estudiar el caso
concreto. Como se indicó, se iniciará con el estudio de los requisitos generales de
procedencia y solo si estos se superan continuará con el análisis de los requisitos
específicos.
De las Causales Generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial:
Sobre el cumplimiento de los requisitos generales, la Sala observa lo siguiente:
2.4.1. Primero, se acreditó el requisito de legitimación en la causa por activa, pues
la acción de tutela fue promovida por el señor Milton Vicente Jaimes Bermúdez
quien fue el demandante dentro del asunto ordinario, quien acude a la presente
acción en procura de la protección de los derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso, así como los principios constitucionales de favorabilidad e
irrenunciabilidad de los derechos laborales, los principios de seguridad jurídica,
buena fe y confianza legítima.
Asimismo, se cumplió con el requisito de legitimación en la causa por
pasiva, ya que la solicitud de amparo se formuló en contra de la autoridad
judicial que profirió la providencia a la cual se le atribuye la violación de los
derechos fundamentales del accionante.
2.4.2. Segundo, la providencia judicial cuestionada no es una sentencia de tutela, no
es una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional y no resuelve el
medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del Consejo
de Estado. En este caso, la acción de tutela promovida por señor Milton Vicente
Jaimes Bermúdez se dirige contra la sentencia del 05 de julio de 2022, la cual
puso fin a la segunda instancia dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, razón por la cual esta causal también se encuentra
satisfecha.
5 Sentencia SU-215 de 2022.
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2.4.3. Tercero, la acción de tutela cumplió con el requisito de inmediatez, pues se
interpuso en un término oportuno y razonable. En este caso la providencia se
profirió el 05 de julio de 2022; por su parte, la acción de tutela se interpuso en
noviembre de 2022, es decir, en un término que no supera los seis (6) meses,
plazo que la Corte Constitucional ha considerado como razonable a efectos de
validar la inmediatez en lo que a la interposición de la acción de tutela se refiere.
2.4.4. Cuarto, la demanda de tutela presentada por el señor Milton Vicente Jaimes
Bermúdez identifica los derechos fundamentales que se estiman vulnerados,
y describe los hechos que generaron la alegada vulneración.
2.4.5. Quinto, la Sala considera que se cumplió con el requisito de subsidiariedad,
puesto que no existe un mecanismo judicial ordinario o extraordinario al alcance
de la accionante, para que pueda plantear los cuestionamientos expuestos, toda
vez que la sentencia del 05 de julio de 2022 pone fin a la segunda instancia
dentro de un trámite de nulidad y restablecimiento del derecho, con lo cual se
agotan en ese punto todas las vías ordinarias para la protección de los derechos
que el actor consideró vulnerados.
2.4.6. Finalmente, en relación con el requisito de relevancia constitucional, la Sala
estima que NO se satisface, toda vez que, de la solicitud de protección
constitucional, de las pruebas y de los pronunciamientos obrantes en el
expediente, no se evidencia una violación flagrante del orden constitucional,
tampoco que exista un yerro que de corregirse produzca un cambio en el sentido
de la decisión;lo que resulta claro es un intento por controvertir el fondo de la
decisión adoptada por vía de acción de tutela como si esta se tratase de un
mecanismo de impugnación ordinario de las providencias judiciales, lo cual no
es una finalidad que se acompase con el requisito de relevancia constitucional
exigido por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.
Dicho esto, se advierte que en la sentencia de unificación SU215 de 2022 la
Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa
juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra
una decisión judicial:
“(…) el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de
la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene
‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”.
De esta manera, el alto tribunal constitucional precisó con claridad que la acción
de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un
mecanismo de corrección o revisión del fallo cuestionado. En ese sentido, no se
puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir
cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron
por el juez natural. En consecuencia, el juez constitucional debe procurar por:
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“(…) lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema
jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos
que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución”.
En la misma línea, la Corte Constitucional refirió que las finalidades de este
requisito son las siguientes:
“(…) (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la
preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida
para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales;
y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal6”.
De ese modo, la Corte Constitucional ,en aras de dar claridad para determinar si
una acción de tutela en contra de una providencia judicial cumple con el
presupuesto de relevancia constitucional, señaló los criterios que el Juez
Constitucional debe analizar, los cuales son:
“En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire
en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y
no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico7; es decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada”
e “indiscutible” relevancia constitucional8.
“(…)
“En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente
legal y/o económica.
“(…)
“Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni
puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del
juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y
a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no a
problemas de carácter legal.”9 En este orden, se reitera que el examen
de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por
los jueces naturales.”10
“En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos
suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de
manera grave un derecho fundamental.
“(…)
6 Sentencia SU-573 de 2019.
7 Sentencia SU-103 de 2022.
8 Sentencia SU-103 de 2022.
9 Sentencia SU-103 de 2022.
10 Sentencia SU-128 de 2021.
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“Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela
dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto11, lo que
implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación
judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un
escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal12.” (Énfasis de la Sala).
Adicionalmente, se ha determinado que “la acción de tutela debe plantear
argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó
de manera grave un derecho fundamental”13. Es decir, no solo basta con
enunciar los derechos fundamentales afectados, sino que va mucho más allá,
toda vez que supone que el accionante justifique razonablemente la existencia
de la vulneración o restricción desproporcionada del derecho fundamental
alegado.
En síntesis, según la jurisprudencia Constitucional, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del
juez de tutela como del ordinario, y previene que la acción de tutela se utilice de
tal manera que se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir
debates meramente legales.
Para determinar si este requisito se cumple a la luz de lo señalado en la
sentencia SU215 de 2022, el juez debe analizar:
(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental;
(ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y,
(iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales.
(iv) Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
A la luz de los criterios mencionados, la Sala observa que, frente a los cargos
propuestos no se acredita el requisito de relevancia constitucional, puesto que la
accionante no explicó cómo, mediante la concesión de la acción constitucional,
se ayudaría a interpretar, a aplicar o a desarrollar la Constitución Política; o, en
su caso, como se estarían vulnerando y en consecuencia se debería proteger el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
así como los principios constitucionales de favorabilidad e irrenunciabilidad de
11 Sentencia SU-573 de 2019.
12 Sentencia SU-573 de 2019.
13 Sentencia SU-215 de 2022.
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los derechos laborales, los principios de seguridad jurídica, buena fe y confianza
legítima que se alegan como vulnerados.
Por el contrario, al analizar el escrito de tutela, se evidencia, de las peticiones
elevadas por el accionante, que el objeto de esta acción es el de perseguir la
resolución de una controversia netamente económica, relativa al reconocimiento
y pago de las diferencias salariales por concepto de lo dispuesto en el Decreto
610 de 1998, relacionadas con la denominada Bonificación por Compensación y
a que se le reconozcan, liquiden y paguen las diferencias salariales que él estima
adeudadas por concepto de Bonificación por Compensación. Lo anterior se
evidencia al revisar el acápite de pretensiones, donde el tutelante solicita:
“Se ordene a la parte accionada, como juzgador de segunda instancia,
que en un término no mayor a 48 horas profiera una nueva decisión
de fondo, o sentencia de mérito, en la que se reconozcan mis
derechos sustanciales reclamados en la demanda consistentes en
el pago de las diferencias mensuales existentes entre el monto
derivado de la aplicación del Decreto 4040 de 2004 y de los Decretos
que lo antecedieron sucesivamente (2726 de 2001, 663 de 2002, 3570
de 2003) y el monto derivado de la aplicación del Decreto 610 de 1998
(…)”. (Énfasis de la Sala).
En línea con lo anterior, se pone de presente que el accionante se limitó a
mencionar que
“la eliminación del reconocimiento de la Bonificación por
Compensación como parte integral de los ingresos a que tengo
derecho (..) y la aplicación del precedente de la SENTENCIA DE
UNIFICACIÓN SUJ-016-CE-S2-2019, de 02 de septiembre de 2019
por parte de la Sala de Conjueces de segunda instancia, vulnera mis
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, y los
principios constitucionales de seguridad jurídica, buena fe, confianza
legítima, favorabilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales,
circunstancia que deriva en la clara viabilidad de utilizar para mi
defensa, la acción de tutela”.
En ese sentido, la Sala no advierte cuál es la justificación que supondría la
relevancia constitucional de la supuesta vulneración a los derechos
fundamentales, cuando no se desarrolla ni siquiera sumariamente cómo la
providencia cuestionada estaría afectando el núcleo esencial de los derechos y
principios que se alegan como vulnerados. Sin embargo, lo que se intenta es
proponer una nueva interpretación que busca reabrir el debate del asunto
ordinario y convertir la sede de tutela en una tercera instancia.
Del núcleo esencial de los Derechos Fundamentales y Principios
Constitucionales invocados:
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La Sala, en aras de dar claridad, hará un breve análisis respecto del núcleo
esencial de los derechos fundamentales y principios constitucionales enunciados
por el accionante como vulnerados.
A este respecto, se precisa que la jurisprudencia constitucional ha definido el
núcleo esencial del derecho al debido proceso como la posibilidad de “hacer
valer ante los jueces derechos e intereses de las personas, mediante la defensa
contradictoria, y de obtener, en fin, una respuesta fundada en derecho”14. Lo
anterior lleva a concluir que el debido proceso implica el acatamiento y sujeción
del poder judicial a un trámite preestablecido por la Ley, el análisis de la situación
problemática sometida a su conocimiento y la resolución de esta de conformidad
con lo previsto en la Ley, lo cual en forma alguna implica que en todos los casos
la efectividad de este derecho se refiera a la obtención de una decisión favorable
a los intereses del accionante.
Ahora, frente a la protección del derecho a la igualdad, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que se trata de un concepto multidimensional, toda
vez que puede ser reconocido como un principio, un derecho fundamental y una
garantía. En la sentencia T-030 de 2017 se puntualizó que la igualdad puede
entenderse a partir de tres dimensiones:
“i) formal, lo que implica que la legalidad debe ser aplicada en
condiciones de igualdad a todos los sujetos contra quienes se dirige;
y, ii) material, en el sentido garantizar la paridad de oportunidades
entre los individuos; y, iii) la prohibición de discriminación que implica
que el Estado y los particulares no puedan aplicar un trato diferente a
partir de criterios sospechosos construidos con fundamento en
razones de sexo, raza, origen étnico, identidad de género, religión y
opinión política, entre otras”15.
En lo que respecta a la seguridad jurídica, esta ha sido entendida por la Corte
Constitucional, en sentencia SU072 de 2018, como
“una condición necesaria de la realización de un orden justo y de la
efectividad de los derechos y libertades de los ciudadanos, dado que
solo a partir del cumplimiento de esa garantía podrán identificar
aquello que el ordenamiento jurídico ordena, prohíbe o permite”.
Por otra parte, referente la favorabilidad e irrenunciabilidad de los derechos
laborales, la jurisprudencia constitucional ha señalado que estos principios se
apoyan en el mejoramiento constante de los niveles de vida y en la dignificación
del trabajador. Particularmente, sobre la favorabilidad se reitera que consiste en
la obligación de optar por la situación más favorable al empleado, en caso de
duda en la aplicación e interpretación jurídicas16. Así mismo, respecto de la
irrenunciabilidad, la Corte Constitucional tiene sentado que:
14 Sentencia T-416 de 1998.
15 Sentencia T-608 de 2018.
16 Sentencia T-559 de 2011
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“Las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de
orden público. Los derechos y prerrogativas en ellas reconocidos se
sustraen a la autonomía de la voluntad privada, por lo que no son
disponibles salvo los casos exceptuados por la ley. La imposibilidad
constitucional de modificar las condiciones de trabajo en perjuicio del
trabajador tiene sustento en el carácter esencial de estos beneficios
para la conservación de la dignidad humana”17.
Por último, en cuanto a la buena fe y el principio de confianza legítima, en la
sentencia T-453 de 2018 la Corte Constitucional indicó que la buena fe tiene
como objetivo erradicar actuaciones arbitrarias por parte de las autoridades,
pues pretende
“que las actuaciones del Estado y los particulares se ciñan a un
considerable nivel de certeza y previsibilidad, en lugar de dirigirse por
impulsos caprichosos, arbitrarios e intempestivos.”
Además, se anotó que del principio de la buena fe se desprende el principio de
confianza legítima, que pretende que la Administración se abstenga de
modificar
“situaciones jurídicas originadas en actuaciones precedentes que
generan expectativas justificadas (y en ese sentido legítimas) en los
ciudadanos, con base en la seriedad que -se presume- informa las
actuaciones de las autoridades públicas, en virtud del principio de
buena fe y de la inadmisibilidad de conductas arbitrarias”.
Con base en lo anterior, se reitera que de la argumentación expuesta por el
tutelante en el caso que aquí se examina, no se justificó cómo la sentencia del
05 de julio de 2022 que puso fin a la segunda instancia del proceso ordinario
habría vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
así como los principios constitucionales de favorabilidad e irrenunciabilidad de
los derechos laborales, los principios de seguridad jurídica, buena fe y confianza
legítima, puesto que:
1. En lo que se refiere al debido proceso, no se acreditó el acaecimiento de una
irregularidad procesal que hubiese afectado algún derecho sustancial del
accionante; por el contrario, tal como se evidencia en el expediente, se
siguieron los procedimientos y se agotaron las instancias legalmente
previstas.
2. En lo que refiere a la igualdad, esta Sala no advierte situación alguna de
discriminación o un trato diferente a partir de criterios sospechosos
construidos con fundamento en razones de sexo, raza, origen étnico,
identidad de género, religión u opinión política de justicia dentro de la
instancia, en cambio se aprecia una solución de fondo, cumplida y eficaz por
17 Sentencia T-149 de 1995
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parte del juez de segundo grado. Por el contrario, sí advierte la Sala del
escrito de tutela, que el accionante pretende “la inaplicabilidad de la
SENTENCIA DE UNIFICACIÓN SUJ-016-CE-S2-2019, de 02 de septiembre
de 2019, proferida por la H. Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado en lo atinente a los apartes que hacen relación con la
Bonificación por Compensación, numerales sexto (6) y séptimo (7) de su
parte resolutiva”18, es decir, persigue que se le dé un trato diferencial sin ni
siquiera señalar por qué se debería inaplicar lo establecido y definido en
dicha sentencia de unificación.
3. Por otra parte, respecto de la presunta vulneración a la seguridad jurídica,
no se observa motivo alguno que conduzca a la Sala a determinar la
afectación de dicho principio, toda vez que en el escrito de tutela solo se
enuncia como vulnerado, sin desarrollar al menos un argumento que permita
evidenciar su vulneración, o la forma en la cual la sentencia de segundo
grado estaría impidiendo a los ciudadanos o a la administración identificar
aquello que el ordenamiento jurídico les ordena, prohíbe o permite respecto
de la aplicación de la bonificación por Gestión Judicial.
4. De igual manera, en relación con la favorabilidad y la irrenunciabilidad, el
tutelante no desplegó argumentación suficiente que permita a esta Sala
evidenciar una vulneración de dichos principios constitucionales, ya que no
se observa que el juez de segundo grado estuviese en una situación que
implicara la obligación de optar por la situación más favorable al empleado,
en caso de duda en la aplicación e interpretación jurídicas o se desmejoraran
las garantías laborales. Por el contrario, se encuentra que el ad quem realizó
un análisis referente a la aplicación del Decreto 610 de 1998, concretamente
respecto a la Bonificación por Compensación, y sobre los efectos del Decreto
4040 de 2004 y concluyó que “el demandante tiene derecho a que se le
liquide y pague la Bonificación Judicial con el 80% por ciento de lo que
devengan los Magistrados de las Altas Cortes”, sin embargo, estimó
procedente modificar la sentencia de primera instancia para darle aplicación
a la prescripción trienal a partir del 3 de diciembre de 2004, con base en la
sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019, de 02 de septiembre de
2019.
5. Por último, la Sala extraña argumento alguno que evidencie la supuesta
vulneración de la buena fe y de la confianza legitima; el tutelante no expuso
al respecto motivos que conduzcan a señalar que la accionada Sala de
Conjueces hubiere basado su decisión en impulsos caprichosos, arbitrarios
e intempestivos que cambiaran la decisión, o fuera de un margen de
interpretación aceptable amparado por la independencia judicial.
Lo anterior significa, entonces, que en criterio de esta Sala no se cumplió con la
carga argumentativa que la jurisprudencia constitucional exige para la
18 Pág. 5 escrito de tutela.
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procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En
consecuencia, de lo expuesto en el escrito de la demanda de tutela, se colige
que el tutelante tiene como propósito utilizar la acción de tutela para modificar
una decisión judicial que le fue desfavorable, por cuanto pretende que el juez
constitucional asuma el papel de juez natural de la causa para estudiar el fondo
de una controversia económica valiéndose de una supuesta vulneración de
derechos fundamentales, situación que se encuentra prohibida para el Juez
Constitucional, toda vez que, como se ha mencionado, el juez de tutela tiene
vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo sobre la providencia
reprochada.
Por lo anterior, no se advierte que el caso que aquí se examina tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar o determinar el alcance de la Constitución o
de un derecho fundamental, por lo cual carece de relevancia constitucional y, en
consecuencia, se debe declarar la improcedencia de la acción de tutela en
estudio, puesto que no se encuentran acreditados todos los requisitos generales
de procedencia de la acción constitucional.
2.5. Conclusiones:
De conformidad con lo expuesto, se declarará la improcedencia de la acción de tutela
en contra de la sentencia de Segunda Instancia del 05 de julio de 2022 proferida por la
Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la medida en que,
tal y como se advirtió no se acreditó el acaecimiento de la totalidad de las causales
generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales.
Por el contrario, la argumentación desplegada denota una mera inconformidad con el
sentido de la decisión y pretende convertir la acción de tutela en una tercera instancia,
en la cual se analice nuevamente el fondo de la controversia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela instaurada por el señor
Milton Vicente Jaimes Bermúdez contra la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las Partes y vinculados en la forma prevista en el artículo 30
del Decreto No. 2591 de 1991.
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TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
LUIS FERNEY MORENO CASTILLO
Conjuez Ponente
SOL MARINA DE LA ROSA FLOREZ
Conjuez
MAURICIO FAJARDO GÓMEZ
Conjuez
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número
de radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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