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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05945-00

Fecha
24 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05945-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de materia de la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 12 “Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga el Decreto 1408 del 3 de noviembre de 2021”. 13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de diciembre de 2021. Expediente 11001-23-33-000-2021-07893-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de enero de 2022. Expediente 11001-13-15-000-2021-07578-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de febrero de 2022. Expediente 11001-13-15-000-2022-00108-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 24 de febrero de 2022. Expediente 11001-13-15-000-2021-10112-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 8 Radicación: 11001-03-15-000-2022-05945-00 Accionante: Sergio Andrés Velásquez SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, se REMITIRÁ el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05945-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

24 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05945-00
Accionante: SERGIO ANDRÉS VELÁSQUEZ
Accionados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – De la carencia actual de objeto por
sustracción de materia con ocasión de la derogatoria expresa del
Decreto 1408 de 2021

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el ciudadano Sergio Andrés
Velásquez en contra del Presidente de la República1, del Ministerio de Salud y
Protección Social, del Ministerio de Interior y del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano Sergio Andrés Velásquez solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la libertad de locomoción, a la libertad de conciencia, reunión y
manifestaciones públicas, al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a la
igualdad, a la vida digna, a la dignidad humana, a la libertad de expresión e
información, a la intimidad, de asociación y a la honra, los cuales fueron
presuntamente transgredidos por las entidades aquí accionadas, como
consecuencia de la expedición del Decreto número 1408 de 3 de noviembre de
20212.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivaron el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:

2.1. Manifestó que, a través del Decreto número 1408 de 3 de noviembre de 2021, se
dispuso que las entidades territoriales debían adicionar a los protocolos de
bioseguridad la presentación del carné o el certificado digital de vacunación contra la
enfermedad del coronavirus Covid-19 para eventos presenciales que impliquen

1
La Sala entiende que la demanda de tutela se presentó en contra del Presidente de la República.
2
“Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus
COVIO - 19, Y el mantenimiento del orden público”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05945-00
Accionante: Sergio Andrés Velásquez

asistencia masiva y para el ingreso a «[…] bares, gastrobares, restaurantes, cines,
discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así
como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, y ferias
[…]».

2.2. Afirmó que, desde la expedición del Código de Nüremberg de 20 de agosto de
1947, la autonomía del paciente es un derecho esencial, por lo que nadie puede ser
obligado a recibir un tratamiento en contra de su voluntad.

2.3. Señaló que, debido a las medidas adoptadas en el referido decreto, las entidades
accionadas están coaccionando a todos los habitantes que, por razones médicas, de
conciencia o de culto han decido autónomamente no aplicarse la vacuna contra el
coronavirus Covid-19.

2.4. Adujo que el Decreto 1408 de 2021 desconoce las siguientes normas: i) los
artículos 5° y 6° de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos; ii)
el literal d) del artículo 10 de la Ley Estatutaria de la Salud número 1751 de 2015, y
iii) el literal a) del artículo 152 de la Constitución Política.

2.5. Indicó
que la evidencia científica permitía concluir que las vacunas contra el
coronavirus Covid-19 no inmunizan al vacunado, por el contrario, pueden ocasionar
daños nocivos a su salud.

2.6. Advirtió que resulta arbitrario, discriminatorio e inconstitucional que se adopten las
medidas previstas en el Decreto 1408 de 2021, ya que se está partiendo de la
premisa consistente en que las personas no vacunadas son un peligro para la
sociedad.

2.7. Expuso que resulta inconstitucional que el Gobierno Nacional adopte esta medida
pese a que, a su juicio, no se ha garantizado el acceso a la primera y segunda dosis
a todos los colombianos.

III. PRETENSIONES

3. El accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] 4.1. Que se tutelen mis derechos fundamentales y libertades individuales
a la libre locomoción, libertad de reunión, libertad de conciencia y de culto,
derecho al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, a la
dignidad y a la vida digna.

4.2. Que, con fundamento en el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991, a fin de
obtener la tutela efectiva de mis derechos fundamentales y libertades
individuales, se suspendan los efectos del Decreto 1408 del 03 de noviembre
de 2021 mientras se acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo
en ejercicio del medio de control de nulidad y se obtiene una sentencia que
haga tránsito a cosa juzgada. […]

3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05945-00
Accionante: Sergio Andrés Velásquez

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. La Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante auto de 30 de junio de 20223,
remitió la presente acción de tutela a la Secretaría General de esta Corporación
para que procediera con su reparto.

5. El magistrado de la Sección Quinta del Consejo de Estado que inicialmente tuvo
a su cargo la sustanciación del presente proceso, mediante auto de 10 de
noviembre de 20224, remitió el mecanismo de amparo de la referencia con el
propósito de que se resolviera de su acumulación al expediente con radicado
número 11001-03-15-000-2021-07578-00 (Actora: Ana de Jesús Gallo).

6. El aludido expediente fue remitido e ingresó por primera vez al Despacho del
magistrado que actúa como ponente en esta providencia el 16 de noviembre de
20225.

7. Posteriormente y mediante auto de 17 de noviembre de 20226, el Despacho a
cargo de la sustanciación del presente proceso resolvió: (i) negar la acumulación
de la presente acción de tutela al expediente 11001-03-15-000-2021-07578-00
(Actora: Ana de Jesús Gallo); (ii) admitir el mecanismo de amparo de la
referencia, y (iii) negar la medida provisional solicitada por el accionante.

V. INTERVENCIONES

8. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas, se allegaron los
siguientes informes:

8.1. La Presidencia de la República, por intermedio de apoderado judicial, solicitó
declarar improcedente el mecanismo de amparo, al considerar que el actor
dispone de «[…] otro mecanismo idóneo al cual puede acceder el accionante,
como lo es el medio de control de Nulidad consagrado el artículo 137 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en
cuenta que una de sus pretensiones es la de dejar sin efectos jurídicos la
expedición del Decreto 1048 de 2021, lo que quiere decir, que para acceder a lo
que se pretende el medio idóneo no es la acción constitucional, si no el que ya se
mencionó precedentemente […]».

8.2. Igualmente,
señaló que, en todo caso, «[…] no se evidencia actuación u
omisión por parte de la entidad que represento como infractor de los derechos
fundamentales alegados por el actor […]».

8.3. Por último, advirtió que el Presidente de la República carece de legitimación en
la causa por pasiva, por cuanto «[…] nada tiene que ver con lo aquí pretendido en

3
Índice 1 del aplicativo Samai.
4
Índice 4 del aplicativo Samai.
5
Índice 9 del aplicativo Samai.
6
Índice 10 del aplicativo Samai.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05945-00
Accionante: Sergio Andrés Velásquez

razón a que no representa a la mencionada entidad y en ese orden de ideas, no
es la autoridad pública o el órgano que presuntamente violó o amenazó los
derechos fundamentales invocados […]». Por tanto, solicitó la desvinculación del
presente trámite constitucional.

8.4. ElMinisterio de Comercio, Industria y Turismo, a través de apoderado
judicial, rindió informe en el que desarrolló los siguientes temas: i) el estado actual
de la pandemia; ii) los avances en las coberturas de vacunación en el país; iii) la
efectividad y seguridad de las vacunas; iv) la evidencia sobre la necesidad de
alcanzar altas coberturas de vacunación para evitar nuevos picos, y v) el aumento
de casos de Covid-19 en niños (as) y adolescentes, entre otros.

8.5. Seguidamente indicó que la solicitud de amparo no cumplía con el requisito de
la subsidiariedad, toda vez que el actor disponía de otro medio de defensa judicial
para controvertir la legalidad del acto acusado.

8.6. Sin perjuicio de lo anterior, expuso que, en todo caso, la vulneración alegada es
inexistente, en tanto que «[…] no obra prueba siquiera sumaria de la presunta
vulneración de los derechos deprecados, por parte de esta cartera ministerial,
soslayado el principio “onus probandi incumbit actori”. En este sentido, más allá de
manifestaciones subjetivas sostenidas por la parte actora no se acredita la
vulneración o amenaza de un derecho fundamental, por parte de esta cartera
ministerial […]».

8.7. El Ministerio del Interior, por intermedio de la jefe de la oficina jurídica de la
entidad, rindió informe en el que advirtió que la presente tutela devenía
improcedente, por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad y por
inexistencia de la vulneración.

8.8. Igualmente, señaló que: «[...] El Decreto 1408 de 2021, y el Decreto 1615 de
2021, fue derogado expresamente por el decreto 655 de 28 de abril de 2022 por lo
cual, en el presente caso se presenta la carencia actual del objeto por
sustracción de materia […]».

8.9. ElMinisterio de Salud y Protección Social, por conducto de apoderada
judicial, rindió informe en el que advirtió que la presente tutela devenía
improcedente, por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad y por
inexistencia de la vulneración.

8.10. Adicionalmente, solicitó «[…] negar el amparo solicitado por cuanto no se ha
vulnerado ninguno de los derechos fundamentales de quien acciona toda vez que
el Decreto 1408 de 2021 fue derogado mediante el Decreto 655 de 2021 emitido
por el Ministerio del Interior […]».

5

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05945-00
Accionante: Sergio Andrés Velásquez

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

9. Esta Sala de Decisión es competente para pronunciarse respecto de la presente
la acción de tutela, en virtud de lo previsto en el Decreto 2591 de 19 de noviembre
de 19917, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de
20218 y en armonía con el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta
sección el conocimiento de las acciones de tutela.

VI.2. Problemas jurídicos

10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se configuró o no la carencia actual de objeto por
sustracción de materia, con ocasión de la derogatoria expresa del Decreto
1408 de 2021, de no ser así, determinar:

b) Si se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra actos administrativos de carácter general.

c) Si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por el tutelante como consecuencia de la expedición del Decreto
número 1408 de 3 de noviembre de 2021.

VI.3. Caso concreto

11. El ciudadano Sergio Andrés Velásquez solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la libertad de locomoción, a la libertad de conciencia, reunión y
manifestaciones públicas, al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a la
igualdad, a la vida digna, a la dignidad humana, a la libertad de expresión e
información, a la intimidad, de asociación y a la honra, los cuales fueron
presuntamente transgredidos por las entidades aquí accionadas, como
consecuencia de la expedición del Decreto número 1408 de 3 de noviembre de
20219.

7
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
8
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
9
“Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus
COVIO - 19, Y el mantenimiento del orden público”.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05945-00
Accionante: Sergio Andrés Velásquez

VI.3.1. De la carencia actual de objeto por sustracción de materia con
ocasión de la derogatoria expresa del Decreto 1408 de 2021

12. En relación con la figura de la carencia actual de objeto, esta Sala de
Decisión en reciente providencia de 9 de septiembre de 202110 precisó que dicho
fenómeno jurídico se presenta en las siguientes eventualidades: «[…] i) por hecho
superado, cuando por alguna conducta del obligado se supera la afectación a los
derechos invocados de tal manera que resulte innecesario el pronunciamiento del
juez, ii) por daño consumado, cuando se afecta de manera definitiva los derechos
del tutelante, antes de que el juez constitucional profiera decisión de fondo sobre
las pretensiones de la tutela y, iii) por sustracción de materia […]».

13. Particularmente, y en lo atiente a la carencia actual de objeto por sustracción
materia, la Sala concluyó que tal figura: «[…] se configura en aquellos casos en
que deja de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez constitucional debe
tomar una decisión, por lo cual, la protección a través de la tutela pierde sentido y,
en consecuencia, el juez constitucional queda imposibilitado para emitir orden
alguna de protección del derecho fundamental invocado […]».

14. En esa misma línea argumentativa, la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha indicado lo siguiente:

[…] La carencia actual de objeto tiene lugar, en la medida en que la
finalidad de la acción de tutela es garantizar la protección del derecho
fundamental de quien invoca el amparo. Es decir, es, en principio, una
finalidad subjetiva. Existiendo carencia de objeto “no tendría sentido cualquier
orden que pudiera proferir esta Corte con el fin de amparar los derechos del
demandante, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por
sustracción de materia” […]

Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el
mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita,
administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere
pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han
amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa
actual y cierta de los mismos.

No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta
amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra
superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más
apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto la decisión que
pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas
luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo
constitucionalmente previsto para esta acción11” […] (negrillas fuera del texto).

15. A partir de lo anterior, es dable concluir que la acción de tutela fue instituida
como un mecanismo expedito para la protección inmediata y oportuna de los
derechos fundamentales de las personas y, debido a esto, al desaparecer las

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, sentencia del 9 de septiembre de 2021, Exp.
11001-03-15-000-2021-02263-00, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
11
Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión. Sentencia T-653 de 17 de septiembre de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05945-00
Accionante: Sergio Andrés Velásquez

causa que da origen a dicha vulneración, como sería, por ejemplo, la derogatoria
del acto administrativo que presuntamente vulnera las garantías fundamentales
del accionante, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo de
protección judicial.

16. En este contexto, se pone de relieve que el Decreto número 1408 de 3 de
noviembre de 2021 fue derogado expresamente por el artículo 5º del Decreto
número 1615 de 30 de noviembre de 202112, norma cuyo tenor literal prescribe:
«[…] el presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga el Decreto 1408
del 3 de noviembre de 2021 […]» (negrillas fuera del texto).

17. Enatención a lo anterior, y en consideración a que el objeto del presente
proceso consiste en que se suspendan los efectos del Decreto número 1408 del 3
de noviembre de 2021, para la Sección es claro que en el caso de autos se
configura la carencia actual de objeto por sustracción de materia, en el entendido
que el acto administrativo que presuntamente vulneró los derechos
fundamentales del accionante no está surtiendo efectos jurídicos en este
momento, debido a su derogatoria expresa.

18. Como sustento de lo anterior, la Sala prohíja en su integridad las
consideraciones expuestas por esta Sección en sentencia de 15 de diciembre de
202113, reiterada, entre otros, en los fallos de 17 de enero14, de 17 y 24 febrero de
202215, oportunidades en la que se analizaron unos asuntos idénticos al presente
y se explicaron ampliamente las razones por las que se debía declarar la carencia
actual de objeto por sustracción de materia respecto de las acciones de tutela que
habían sido interpuestas en contra del Decreto número 1408 de 2021.

19. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala declarará la carencia actual
de objeto por sustracción de materia, tal como se dispondrá en la parte resolutiva
de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de materia de
la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
12
“Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga el Decreto 1408 del 3 de noviembre de 2021”.
13
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de diciembre de 2021.
Expediente 11001-23-33-000-2021-07893-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
14
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de enero de 2022.
Expediente 11001-13-15-000-2021-07578-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
15
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de febrero de 2022.
Expediente 11001-13-15-000-2022-00108-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 24 de febrero de 2022.
Expediente 11001-13-15-000-2021-10112-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05945-00
Accionante: Sergio Andrés Velásquez

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, se REMITIRÁ el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez
(10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el
artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley. P:(18)

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