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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05950-00

Fecha
15 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05950-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Declárase improcedente la acción de tutela formulada por el señor Leonardo Herrera Anaya, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05950-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

15 de diciembre de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-05950-00
Demandante: LEONARDO HERRERA ANAYA
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA MÍNIMA
ARGUMENTATIVA CONLLEVA A QUE SE DECLARE
IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIA JUDICIAL

Síntesis del caso: se cuestiona la providencia que declaró disciplinariamente responsable al actor porque
violó un deber e incurrió en una falta contemplada en el Código Único Disciplinario y le impuso una sanción
consistente en suspensión en el ejercicio de la profesión por un año y multa de un salario mínimo legal
mensual vigente. La Sala declarará improcedente el mecanismo, tras evidenciar que no se satisfizo el
requisito de relevancia constitucional, en tanto no se cumplió con la carga mínima para sustentar los
defectos invocados.

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Leonardo Herrera Anaya en
contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para la protección de sus derechos
fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad
consagrados en los artículos 29, 229 y 13 de la Constitución Política.

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 1 de diciembre de 2021, el demandante presentó ante la
Corte Constitucional acción de tutela, por cuanto consideró que se vulneraron sus
derechos antes mencionados. A través de auto del 9 de noviembre de 2022 esa
autoridad, a su vez, la remitió a esta Corporación por competencia.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05950-00
Actor: Leonardo Herrera Anaya
Acción de tutela

Los hechos demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El 3 de abril de 2017, el señor Eric Alain Bertossa presentó una queja disciplinaria en
su contra, por lo cual en audiencia le fueron imputados los siguientes cargos por violación
a los deberes y faltas previstas en las disposiciones de la Ley 1123 de 2007, así: i)
numeral 4 del artículo 35 debido a que no entregó unas sumas de dinero que eran del
cliente; ii) numeral 1 del artículo 37 porque no adelantó los trámites de gestión de la
cédula de extranjería del quejoso ante la Unidad Administrativa de Migración Colombia,
iii) numeral 9 del artículo 33 por elaborar un contrato que no era real en detrimento de
intereses ajenos, iv) numeral 8 del artículo 28 y la falta establecida en el numeral 1 del
artículo 35 debido a que realizó un cobro excesivo de unos honorarios y v) numeral 10
del artículo 28 y la presunta falta del numeral 1 del artículo 37, en relación con el trámite
de la denuncia penal por hurto, pues se limitó a presentarla, pero no estuvo atento a su
trámite.

2) El 30 de octubre 2020, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Santander profirió sentencia de primera instancia mediante la cual lo
declaró disciplinariamente y lo sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión
por tres años y le impuso una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

3) Apeló y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante sentencia del 24 de
agosto de 2022, modificó la decisión de primera instancia y, en su lugar: i) confirmó la
responsabilidad disciplinaria por la violación del deber contenido en el numeral 8 del
artículo 28 y la comisión de la falta establecida en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley
1123 de 20071, ii) decretó la terminación del procedimiento en relación con las faltas

1 “Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros
aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al
servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que
perciba dineros, cualquiera sea su concepto.
Asimismo, deberá acordar con claridad los términos del mandato en lo concerniente al objeto, los costos,
la contraprestación y forma de pago”.
“Artículo 34. Constituyen faltas de lealtad con el cliente:
4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos
en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05950-00
Actor: Leonardo Herrera Anaya
Acción de tutela

imputadas mediante los cargos segundo, tercero y cuarto por considerar que operó el
fenómeno de la prescripción e ii) impuso como sanción definitiva suspensión en el
ejercicio de la profesión por un año y una multa equivalente a dos salarios mínimos
legales mensuales vigentes en favor del Consejo Superior de la Judicatura.

Fundamento de la vulneración

En el escrito de tutela se afirmó que la providencia cuestionada adolece de los defectos
sustantivo y fáctico, pero no se sustentaron tales reparos, pues el demandante se limitó
a transcribir la sentencia T-069/99 de la Corte Constitucional en la cual esa Corporación
determinó que se configuró una vía de hecho debido a que la autoridad judicial accionada
no se pronunció sobre la solicitud de prescripción de la acción disciplinaria planteada en
el recurso de apelación.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“Señor Magistrado con todo respeto solicito por medio de esta acción
constitucional de tutela pretendo que no sean vulnerados mis derechos
Constitucionales, derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, en armonía con el principio de
primacía del derecho sustancial, consagrados en los artículos 13, 29 229 y 228
de la Constitución Política y al Precedente Constitucional, que están siendo
vulnerados en este caso por la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL Contra la providencia COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL Magistrado Ponente: CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ.

Se REVOQUE la PROVIDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL, SENTENCIA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL por la violación de mis derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, en armonía
con el principio de primacía del derecho sustancial, consagrados en los artículos
13, 29 229 y 228 de la Constitución Política y al Precedente Constitucional, que
están siendo vulnerados en este caso por la COMISIÓN NACIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL contra la providencia emanada el 24 de noviembre de
2021 y notificada el 30-11-2021. Magistrado Ponente: CARLOS ARTURO
RAMÍREZ VÁSQUEZ.

Aprobado según Acta No. 074 de la misma fecha.

Se tutele mi derecho fundamental al Derecho a la Defensa y al Debido Proceso.
Como consecuencia, se ordene a la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de
tutela acate las normas conforme a la normatividad y la jurisprudencia
Colombiana.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05950-00
Actor: Leonardo Herrera Anaya
Acción de tutela

Que se ordene ARCHIVAR EL PROCESO DISCIPLINARIO DE LA
REFERENCIA POR PRESCRIPCIÓN”. (archivo disponible en medio magnético
en el aplicativo SAMAI).

Actuación procesal

Mediante auto de 16 de noviembre de 2022 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y magistrados integrantes de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, asimismo, por considerar que le asistía algún interés en el proceso se ordenó la
vinculación del presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional
de la Judicatura de Santander y el señor Eric Alain Bertossa, quien actuó como quejoso
en el proceso disciplinario con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que
motivaron el ejercicio de la acción.

Intervenciones de las autoridades demandadas

El magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de Bogotá solicitó que se
niegue la protección deprecada porque no es posible declarar la prescripción del deber y
la falta imputada mediante el cargo primero en razón de los cuales se declaró
disciplinariamente responsable y se impuso sanción, debido a que la conducta está en
ejecución dado que el actor no ha entregado al quejoso los dineros recibidos por concepto
de las dos pólizas constituidas a nombre de la aseguradora Los Libertadores por la suma
de diecisiete millones de pesos ($17.000.000), sumas que eran del cliente y que debían
ser devueltos una vez finalizaran los contratos, ello, por cuanto el quejoso lo contrató para
que celebrara a su nombre unos contratos de arrendamiento de bien inmueble en
Colombia, ya que aquel no podía por ser extranjero.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y, 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05950-00
Actor: Leonardo Herrera Anaya
Acción de tutela

constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la
sentencia de segunda que declaró disciplinariamente responsable al actor y le impuso
sanción consistente en suspensión del ejercicio de la profesión por un año y le impuso
una multa de 5 salarios mínimos.

La autoridad demandada solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela
porque resultaba de plano inviable decretar la prescripción de la falta a la honradez
imputada al accionante contemplada en el artículo numeral 4 del artículo 35 del Código
Disciplinario del Abogado, pues probatoriamente se pudo establecer que recibió en virtud
de la gestión profesional $17.000.000 y no los entregó a su cliente.

En los términos en los que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional frente a los defectos fáctico y sustantivo invocados, por las razones que se
procederán a exponer:

1) De entrada, la Sala advierte en cuanto a los supuestos defectos sustantivo y fáctico
que basta con remitirse al acápite de “fundamentos de la vulneración” para inferir que
carecen de relevancia constitucional por cuanto la parte demandante no cumplió con la
carga mínima para explicar de manera clara y suficiente las razones por las que consideró
que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en tales reparos, pues no precisó
ni identificó cuál fue la norma presuntamente desconocida o aplicada erróneamente, así
como tampoco indicó cuales fueron las pruebas que se omitieron valorar o se valoraron
de manera incorrecta, lo cual torna improcedente este mecanismo constitucional.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05950-00
Actor: Leonardo Herrera Anaya
Acción de tutela

2) La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de
20142 explicó frente a esta causal de procedibilidad lo siguiente:

“La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos
cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional
de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)”;
por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”.

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos
fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone
la conjunción de dos elementos necesarios.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afectación de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir
la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se
cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional.”. (Negrillas de la Sala).

3) En el mismo sentido, esta Corporación ha señalado en punto a la necesidad de que la
parte actora explique con un mínimo de suficiencia la razón del por qué considera que se
incurrió en determinado defecto, así:

“Si bien la acción de tutela es un mecanismo sumario que no exige mayor
ritualidad, se recuerda que cuando se trata de controvertir decisiones
judiciales se requiere un mínimo de argumentación, teniendo en cuenta que
para su procedencia deben satisfacerse los requisitos generales y
específicos para que resulte viable un estudio de fondo, y no la mera
manifestación de estar en desacuerdo con la decisión judicial adoptada […]

Sobre el asunto la Corte Constitucional en sentencia C-590 de 2005, fue clara y
concreta en señalar que en casos cuando se presenten acciones de tutela contra
providencias judiciales, resulta fundamental que quien considere vulnerados
derechos fundamentales por esta razón, explique la relevancia
constitucional en el respectivo caso y manifieste de manera motivada el
porqué de su decir.”. (Negrillas por fuera del texto original).

4) En ese orden, cuando se trata de tutela contra providencias judiciales se requiere que
se satisfaga un mínimo de argumentación para que se justifique un estudio de fondo del
asunto, sin embargo, en este caso , esa carga no se cumplió en relación con los defectos
invocados, pues, como se indicó en precedencia, la parte actora se limitó a transcribir

2 MP Jorge Octavio Ramírez Ramírez, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05950-00
Actor: Leonardo Herrera Anaya
Acción de tutela

una providencia de la Corte Constitucional en la cual se ampararon los derechos de la
parte actora porque la demandada no se pronunció frente a los argumentos relacionados
con la prescripción de la acción disciplinaria, pero no precisó concretamente los motivos
por los que consideró que se causaron los defectos o que el caso expuesto en esa
providencia guardaba similitud con el suyo para que el juez de tutela pudiera cotejarla y
establecer si en efecto la autoridad judicial accionada incurrió en una causal especifica
de procedibilidad.

5) Por consiguiente, se declarará improcedente el amparo por falta de relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°) Declárase improcedente la acción de tutela formulada por el señor Leonardo Herrera
Anaya, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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