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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-05951-01

Fecha
20 de abril de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-05951-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revócase la sentencia de 26 de enero de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que negó la acción de 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Autopistas del Café S.A. Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta Radicado: 11001-03-15-000-2022-05951-01 tutela presentada por la sociedad Autopistas del Café S.A. y, en su lugar, declárase improcedente, por los motivos descritos anteriormente. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2022-05951-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

20 de abril de 2023

Demandante: Autopistas del Café S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05951-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05951-01
Demandante: AUTOPISTAS DEL CAFÉ S.A.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA

Tema: Tutela contra providencia. Requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra
el fallo de 26 de enero de 2023, por medio del cual el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A negó la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La sociedad Autopistas del Café S.A., por conducto de apoderado judicial,
presentó acción de tutela1 contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta, al
considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de
la sentencia de 12 de mayo de 2022 proferida por la mencionada autoridad.

Lo anterior, por cuanto revocó la providencia de 31 de mayo de 2019 emitida por
el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión para, en su
lugar, negar las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, en adelante, DIAN.2

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó:

“PRIMERA. TUTELAR Y AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de
Autopistas del Café como quiera que en el Fallo de Segunda Instancia el H.
Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo o material, con fundamento en
los hechos y razones expuestos en este escrito.

1
Mediante escrito radicado el 9 de noviembre de 2022.
2
Proceso con radicado 66001-23-33-000-2018-00157-00/01.

1
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Demandante: Autopistas del Café S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05951-01

SEGUNDA. Como consecuencia de la anterior declaración, SOLICITO REVOCAR
y/o DECLARAR LA NULIDAD del Fallo de Segunda Instancia.

TERCERA. Como consecuencia de la anterior declaración, ORDENAR a la
Segunda Instancia que profiera una sentencia de segunda instancia de reemplazo,
en la cual se aplique el derecho vigente y aplicable a la disputa, o, en su lugar, que
el juez de tutela TOME y/o ADOPTE las órdenes y/o las medidas que estime
correspondientes y pertinentes en aras de que se ampare el derecho fundamental
al debido proceso de mi representada en la segunda instancia.”3

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

La parte accionante relató que mediante liquidación oficial de revisión 90000 de
21 de abril de 2016, la DIAN le modificó la declaración del impuesto sobre la
renta para la equidad - CREE, correspondiente al año gravable 2013 para
rechazar la deducción concerniente a la actualización de un pasivo de 1996 a
2013 por la suma de $52.057.277.000, razón por la que determinó un mayor valor
a su cargo e impuso sanción por inexactitud.

Narró que interpuso recurso de reconsideración contra la anterior decisión, el
cual fue resuelto desfavorablemente mediante la Resolución 000244 de 12 de
enero de 2018, motivo por el cual demandó a la DIAN en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de controvertir
la legalidad de los referidos actos.

Señaló que del asunto conoció el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Primera de Decisión que, mediante sentencia de 31 de mayo de 2019, accedió a
sus pretensiones tras concluir que la suma debatida era una actualización, de
modo que no le era aplicable el límite de deducibilidad previsto en el artículo 1174
del Estatuto Tributario.

Mencionó que la parte demandada interpuso recurso de apelación, con respaldo
en que no había lugar a indexar el monto cuestionado, pues antes del 2013 no se
había pactado su actualización y tal no podía ser retroactiva, de ahí que solo
fuera procedente la deducción de la indexación de la vigencia analizada, según
los requisitos de proporcionalidad y oportunidad establecidos en el artículo 1075
ibíd.

Adujo que el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en providencia de 12 de mayo
de 2022, revocó el fallo del a quo para, en su lugar, negar las súplicas de la
demanda al considerar que esa sociedad aplicó a la base gravable del impuesto
sobre la renta para la equidad - CREE una deducción que era improcedente,

3
Trascripción literal del original con posibles errores.
4
“...El gasto por intereses devengado a favor de terceros será deducible en la parte que no
exceda la tasa más alta que se haya autorizado cobrar a los establecimientos bancarios, durante
el respectivo año o período gravable, la cual será certificada anualmente por la Superintendencia
Financiera ...”.
5
“...La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio comercial,
teniendo en cuenta las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones
establecidas en los artículos siguientes...”.

2
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además mantuvo la sanción por inexactitud impuesta, dado que no encontró
alguna causal que exonerara a la contribuyente.

1.4. Sustento de la petición

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial cuestionada incurrió en defecto
sustantivo debido a que aplicó las normas previstas en el sistema general de
ajustes por inflación regulado en el Título V del Libro I del Estatuto Tributario
para resolver su caso, pese a que fueron derogadas mediante el artículo 78 de la
Ley 1111 de 20066 y, ello, desconoció lo previsto en los artículos 104, 105 y 107
ibíd.

En ese sentido, explicó que la decisión objeto de reproche fue contradictoria por
cuanto las normas que no estaban vigentes ordenaban a los contribuyentes del
impuesto sobre la renta, obligados a llevar contabilidad, a reconocer anualmente
ajustes integrales por inflación respecto de activos no monetarios.

Precisó que el artículo 343 del Estatuto Tributario señalaba que debían ajustarse
los pasivos no monetarios, esto es, aquellos expresados en moneda extranjera,
en UPAC o respecto de los cuales se hubiera pactado un reajuste. Así, los
pasivos acordados en moneda nacional sin acuerdo de reajuste escapaban del
ámbito de aplicación de los arreglos integrales por inflación.

Resaltó que como en este caso la deducción materia de disputa se refería a una
cuenta por pagar, es decir un pasivo monetario establecido en pesos sin pacto
de reajuste, dicha cuenta no era objeto de reconocimiento o regulación del
sistema de ajustes integrales por inflación.

1.5. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto de 12 de diciembre de 2022, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A admitió la solicitud de tutela, ordenó notificar esta
decisión a la accionante y como demandados a los magistrados que integran la
Sección Cuarta del Consejo de Estado; además, vinculó a la DIAN en atención al
interés que le asiste en las resultas de este proceso.

Remitidas las respectivas comunicaciones7, se presentó la siguiente intervención:

1.5.1. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

En respuesta enviada el 19 de diciembre de 2022, la subdirectora de
representación externa de la entidad solicitó declarar improcedente la acción de
tutela, pues lo pretendido por la sociedad tutelante es satisfacer intereses
particulares en aras de restarle autonomía e independencia a la colegiatura
enjuiciada.

6
“Por la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales.”
7
Mediante oficios enviados el 16 de diciembre de 2022.

3
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Destacó que el hecho de que la autoridad judicial cuestionada profiriera un fallo
desfavorable para la sociedad tutelante no materializaba por sí solo la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso, toda vez que era
imprescindible demostrar que lo decidido carece de fundamento jurídico o
probatorio, al igual que se impidió ejercer el derecho de defensa y contradicción,
lo que no ocurrió en el presente asunto.

1.5.2. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, pese a que fue debidamente
notificada de la existencia del presente trámite8, guardó silencio.

1.6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en providencia de 26 de
enero de 20239, luego de encontrar cumplidos los requisitos generales de
procedibilidad10 abordó el estudio del defecto sustantivo invocado por la parte
actora, análisis a partir del cual resolvió negar las pretensiones de la acción de
tutela de la referencia.

Advirtió que la autoridad judicial accionada no incurrió en el yerro planteado, pues
la decisión de negar las súplicas de la demanda obedeció a que la parte
demandante, de manera unilateral y bajo su liberalidad, actualizó una cuenta por
pagar a su cargo por el periodo comprendido entre 1996 y el 2013 y que,
seguidamente, registró la novedad como una deducción en el CREE11
correspondiente al año gravable 2013.

Entonces, la sociedad actora actualizó un pasivo monetario que dada su
naturaleza no podía ser ajustado por inflación, pues esto era aplicable
únicamente respecto de los pasivos no monetarios y que, en cualquier caso, la
actualización de estos perdió reconocimiento contable y fiscal a partir del periodo
gravable 2007.

Señaló que en la providencia controvertida se puso de presente que hasta antes
del 2007 la normatividad tributaria y contable reconocía efectos a la inflación, sin
embargo, este era un sistema aplicable únicamente para las partidas no
monetarias que eran susceptibles de adquirir un mayor valor nominal como
consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, incluyendo las
deudas sobre las cuales se hubiese estipulado pacto de reajuste del principal, tal
como lo disponían los artículos 343 del Estatuto Tributario y 51 del Decreto 2649
de 1993 (antes de ser modificado por el Decreto 1536 de 2007).

Por último, indicó que lo planteado en sede constitucional se limitó a evidenciar
una diferencia de criterios frente a la interpretación de una norma, lo que no es

8
Notificación 30058.
9
Notificada mediante correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2023.
10
Al respecto, explicó que: “...los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados se encuentran plenamente individualizados... la providencia objeto de tutela carece
de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional... la interposición
del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado»... el asunto a
resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una
posible vulneración iusfundamental...”.
11
Impuesto sobre la renta para la equidad.

4
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suficiente para calificar una providencia como arbitraria o caprichosa, y menos
aún, violatoria de derecho fundamental alguno.

De este modo, indicó que “la acción de tutela no procede para resolver
divergencias interpretativas de la ley, pues el criterio de la autoridad judicial de
conocimiento prevalece frente a la opinión del juez constitucional”, no solo porque
es el juez natural del asunto, sino también debido a que éste se encuentra
amparado por los principios de autonomía e independencia judicial que imponen
el respeto por la cosa juzgada.

1.7. Impugnación

Mediante escrito enviado por correo electrónico el 7 de febrero del año en curso,
la parte actora impugnó el fallo de primera instancia con respaldo en que el a quo
i) reconoció que el sistema de ajustes por inflación fue derogado a partir del
2007, pero no tuvo en cuenta que se aplicó a una situación que ocurrió en el año
2013 y ii) omitió pronunciarse en cuanto al desconocimiento de los artículos 104,
105 y 107 del Estatuto Tributario.

Reiteró que la decisión proferida por la subsección cuestionada adolece de
defecto sustantivo, toda vez que no resolvió la litis sometida a su consideración
con sustento en el régimen vigente en materia de deducciones para el año 2013
y optó por aplicar aquél regulado en el Título V del Libro I del Estatuto Tributario,
el cual era distinto y estaba derogado.

1.8. Actuación procesal en segunda instancia

Estando el expediente al despacho para resolver la impugnación presentada por
la parte actora se advirtió que no se dispuso la vinculación del Tribunal
Administrativo de Risaralda - Sala Primera de Decisión, a pesar de que fue la
autoridad judicial que conoció en primera instancia el proceso dentro del cual se
originó la decisión controvertida.

Es así como mediante auto de 10 de marzo del año en curso se ordenó
notificarlo en calidad de tercero con interés y, de conformidad con el artículo 137
del Código General del Proceso, se le puso en conocimiento la posible
configuración de la causal de nulidad prevista en el artículo 133 del mismo
código. Pese a que fue debidamente notificado, no se pronunció respecto a los
reproches expuestos por la sociedad demandante.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, el 26 de enero de 2023, según lo previsto en los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 201512, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

12
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.

5
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2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la
decisión proferida en primera instancia, para lo cual se debe analizar si la
solicitud de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad y, de
superarse lo anterior, deberá verificar si el Consejo de Estado, Sección Cuarta
vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la sociedad Autopistas del
Café S.A., por presuntamente incurrir en el defecto sustantivo planteado.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201213, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como
se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo,
cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento Jurisprudencialmente.”14

Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme
a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas
características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos

13
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González. Negrilla fuera de texto.
14
Ibídem.

6
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generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir
cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.15

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva

2.4.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar
que el a quo consideró que se cumplía, con sustento en que la controversia
expuesta por la parte actora se centra en establecer la presunta vulneración
iusfundamental en la que incurrió la autoridad judicial demandada como
consecuencia del defecto sustantivo planteado.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 26 de junio de
2022 explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa
juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra
una decisión judicial “...el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros
puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene
‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre...”.

En ese sentido, el alto tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del
fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una

15
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de 2004
y C-590 de 2005.

7
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instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional “protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales” y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para
verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

“...(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii)
que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”16

En el asunto analizado, la sociedad Autopistas del Café S.A. controvierte la
sentencia de 12 de mayo de 2022, por medio de la cual el Consejo de Estado,
Sección Cuarta revocó la decisión que había accedido a sus pretensiones y, en
su lugar, las negó; esto en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra la DIAN.

Es así como afirmó en la tutela y reiteró en la impugnación que dicha autoridad
judicial incurrió en defecto sustantivo, al prescindir de lo previsto en los artículos
104, 105 y 107 del Estatuto Tributario y resolver el caso con respaldo en el
sistema general de ajustes por inflación regulado en el Título V del Libro I del
mismo código, pese a que estaba derogado.

En criterio de la Sala, la discusión planteada por la parte actora versa sobre una
cuestión de interpretación meramente legal, pues gira en torno a las normas que,
en su sentir, debía aplicar la subsección accionada para solucionar la
controversia, sin que exista una argumentación tendiente a demostrar la grave
vulneración del derecho fundamental al debido proceso, cuyo núcleo esencial fue
definido como el de:

«...hacer valer ante los jueces derechos e intereses de las personas, mediante la
defensa contradictoria, y de obtener, en fin, una respuesta fundada en derecho”[121].
Sin embargo, los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia no se
traducen en la obtención de una respuesta favorable. En efecto, la jurisprudencia
constitucional ha explicado que esta garantía se traduce en “la posibilidad de
emplear todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y pretender
una decisión favorable”.»17

Nótese que la Sección Cuarta del Consejo de Estado cerró el debate sugerido
por la demandante, pues actuó como órgano de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 66001-23-33-000-2018-00157-01, en el cual la sociedad
consideró que sí era deducible del impuesto sobre la renta para la equidad -
16
Destacado por la Sala.
17
Sentencia SU-215 de 26 de junio de 2022. Negrilla fuera del texto original.

8
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CREE la actualización de un pasivo acumulado a lo largo de varios periodos
gravables.

Situación distinta es que la colegiatura arribara a una conclusión desfavorable a
los intereses de la actora, tras advertir que “...la contribuyente actualizó un pasivo
monetario, que, dada su naturaleza, no podía ser ajustado por inflación, puesto
que esos ajustes, mientras estuvieron vigentes [hasta antes del 2007], eran
aplicables únicamente respecto de pasivos no monetarios...”.

De modo que lo argumentado por la tutelante en esta oportunidad está dirigido a
que se modifique la interpretación legal realizada por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado en la providencia en cuestión, sin que lo pretendido sea
trascendente para la aplicación de la Constitución o la determinación del
contenido y alcance del derecho fundamental al debido proceso.

Además, en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022 la Corte
Constitucional puntualizó que para determinar si un asunto ventilado tiene
relevancia constitucional se debe analizar si la solicitud de amparo trasciende la
mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”,
pues dicho enfoque impide que la tutela sea utilizada indebidamente para debatir
“asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial”.

Quiere ello decir que el cuestionamiento sugerido por la accionante no podía
limitarse a la discrepancia de criterios respecto de las normas que debían ser
aplicadas en la decisión censurada, sino que era necesario que expusiera
reparos que denotaran la existencia de una afectación desproporcionada a un
derecho fundamental producto de una actuación arbitraria de la colegiatura
enjuiciada.

Finalmente, cabe resaltar que esta acción constitucional no constituye una
tercera instancia en la que la intervención del juez de tutela implique la
realización de un nuevo estudio de los fundamentos jurídicos que respaldaron la
decisión objeto de reproche, máxime si se tiene en cuenta que los jueces
naturales están amparados por los principios de autonomía e independencia
judicial que imponen el respeto por la cosa juzgada.

En este orden de ideas, se revocará la sentencia impugnada para, en su lugar,
declarar la improcedencia de la acción de tutela, dado que la parte actora no
propuso algún cuestionamiento relativo a la trasgresión de su derecho
fundamental al debido proceso que amerite la intervención del juez constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Revócase la sentencia de 26 de enero de 2023 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que negó la acción de

9
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Demandante: Autopistas del Café S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05951-01

tutela presentada por la sociedad Autopistas del Café S.A. y, en su lugar,
declárase improcedente, por los motivos descritos anteriormente.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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