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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05955-01

Fecha
2 de marzo de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05955-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de enero de 2023 proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, bajo el entendido de que (i) se declara la improcedencia por tratarse de una acción de tutela contra decisión de la misma naturaleza, en relación con los reparos presentados contra el Tribunal Administrativo de La Guajira y el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Riohacha; (ii) no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, en relación con el argumento de la falta de vinculación de los posibles herederos del señor Édgar Martin Acosta al proceso constitucional radicado con el número 44001- 33-40-001-2022-00252-00; (iii) y se declara la cosa juzgada frente a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha y de Bogotá Zona Norte, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05955-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

2 de marzo de 2023

Demandante: Ana Aixa Murillo Orozco
Demandados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05955-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., dos (02) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación N.º: 11001-03-15-000-2022-05955-01
Demandante: ANA AIXA MURILLO OROZCO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA Y OTROS

Temas: Tutela contra sentencia de la misma naturaleza –
Improcedencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia del 11 de enero de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la improcedencia de
la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado el 10 de noviembre de 2022, la señora Ana Aixa
Murillo Orozco, actuando a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de La Guajira, el Juzgado Primero Administrativo
Mixto del Circuito Judicial de Riohacha y las Oficinas de Instrumentos Públicos de
Riohacha y Bogotá Zona Norte, con el fin de que le sean amparados sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión de la sentencia del 26 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de La Guajira que revocó el fallo del 16 de septiembre del mismo
año, dictado por el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de
Riohacha, que había accedido al amparo solicitado por la señora Ana Aixa Murillo
Orozco, para en su lugar negar la protección de los derechos fundamentales, al
interior del proceso constitucional de tutela identificado con el radicado 44001-33-
40-001-2022-00252-01.

3. Así mismo, por cuanto las Oficinas de Instrumentos Públicos de Riohacha y
Bogotá Zona Norte no han dado cumplimiento a la orden otorgada por el Juzgado
de Familia Oral del Circuito de Riohacha, consistente en la inscripción de la
demanda en los folios de matrícula inmobiliaria de algunos bienes inmuebles.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana Aixa Murillo Orozco
Demandados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05955-01

1.2. Pretensiones

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
invocados y, en consecuencia, pidió:

“1. Que se tutelen los derechos constitucionales fundamentales al ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y AL DEBIDO PROCESO de mi poderdante.

2. Consecuentemente, sírvase reabrir el trámite de la acción constitucional
Declarando y ordenando a los jueces de instancia dejar sin efectos el fallo del tribunal
contencioso administrativo de la Guajira ordenando reabrir la acción constitucional
archivada en sede desacato, para que se vuelva a emitir sentencia de primera
instancia que proteja efectivamente la tutela judicial y el acceso a la justicia, es decir
que tenga en cuenta los fundamentos facticos y jurídicos descritos con ocasión al
cumplimiento del auto de fecha septiembre 30 de 2022, es decir ORDENANDO a la
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE RIOHACHA y a la
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTÁ ZONA
NORTE INSCRIBIR sobre los 19 predios distinguidos con sus respectivas matriculas,
la Respectiva medida cautelar de inscripción de la demanda tramitada ante el
JUZGADO DE FAMILIA ORAL DEL CIRCUITO.

3. Para el efecto imponer que el termino perentorio de cinco (5) días hábiles se
proceda por parte de la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE RIOHACHA y a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE
BOGOTÁ ZONA NORTE que den cumplimiento a la orden judicial de inscripción de
demanda impartida por el Juzgado de Familia Oral del Circuito de Riohacha La
Guajira mediante auto del 30 de septiembre de 2021, comunicada y reiterada en la
forma explicada en los hechos 2,3,4,5 y 6 de la presente acción de tutela.”. (Sic a
toda la cita)

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia:

5. La señora Ana Aixa Murillo Orozco instauró proceso verbal de declaración de
existencia y reconocimiento de unión marital de hecho, respecto del señor Édgar
Martin Acosta (q.e.p.d.), el cual fue identificado con el radicado 44-001-31-10-001-
2021-00103-00 y cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de Familia Oral del
Circuito Judicial de Riohacha – La Guajira que, mediante auto del 30 de septiembre
de 2021, decretó como medida cautelar la inscripción de la demanda por parte de
las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha y Bogotá - Zona
Norte, sobre los inmuebles del difunto.

6. La señora Ana Aixa Murillo Orozco interpuso acción de tutela1 contra la
Superintendencia de Notariado y Registro – Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Riohacha - Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá
Zona Norte, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por
las accionadas, al negarse a dar cumplimiento a la orden judicial emitida por el

1 La acción de tutela se identificó con el radicado N. º 44-001-33-40-001-2022-00252-00/01

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Demandante: Ana Aixa Murillo Orozco
Demandados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05955-01

Juzgado de Familia Oral del Circuito Judicial de Riohacha – La Guajira dentro del
proceso verbal de declaración de existencia y reconocimiento de unión marital de
hecho con el difunto Edgar Martín Acosta Romero, proceso identificado con el
radicado 44-001-31-10-001-2021-00103-00.

7. En concreto, por cuanto las oficinas de registro mencionadas, se había
negado a dar cumplimiento a la medida cautelar decretada en auto del 30 de
septiembre de 2021, consistente en la inscripción de la demanda en el registro de
los bienes identificados con número de matrícula inmobiliaria No. 210-34501, 210-
37068, entre otros.

8. Como pretensiones elevó las siguientes:

“De manera atenta, se solicita su Señoría: 1. Que se tutelen los derechos
constitucionales fundamentales al ACCESO A LA ADMINISTRACIÒN DE JUSTICIA
Y AL DEBIDO PROCESO de mi poderdante: 2. Consecuentemente, sírvase ordenar
a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÙBLICOS DE RIOHACHA y a
la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÙBLICOS DE BOGOTÀ ZONA
NORTE, que den cumplimiento a la orden judicial de inscripción de demanda
impartida por el Juzgado de Familia Oral del Circuito de Riohacha – La Guajira
mediante auto del 30 de septiembre de 2021, comunicada y reiterada en la forma
explicada en los hechos 2,3,4,5 y 6 de la presente acción de tutela”.

9. En primera instancia, el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito
Judicial de Riohacha, mediante providencia de 16 de septiembre de 2022 resolvió:

PRIMERO: CONCEDER el amparo constitucional a los derechos fundamentales al
acceso a la administración de justicia y debido proceso, invocado por la señora ANA
AIXA MURILLO OROZCO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE RIOHACHA – OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE BOGOTÁ ZONA NORTE, para que en el término de cuarenta y ocho
(48) horas contadas a partir de la notificación del presente fallo, notifique al JUZGADO
DE FAMILIA ORAL DEL CIRCUITO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA y a la parte
accionante, las NOTAS DEVOLUTIVAS expedidas y las que en lo sucesivo se
expidan en el caso de la inscripción de la demanda sobre los inmuebles de propiedad
del fallecido señor EDGAR MARTÍN ACOSTA ROMERO ordenado por el referido
juzgado en el proceso44-001-31- 10-001-2021-00103-00, a la dirección física o al
correo electrónico dispuesto para dichos efectos por el Juzgado y la parte accionante
en esta tutela, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Por secretaría, de manera simultánea con la notificación de esta
providencia, envíese para su conocimiento al correo aportado por la parte accionante
para notificaciones y al JUZGADO DE FAMILIA ORAL DEL CIRCUITO DE
RIOHACHA – LA GUAJIRA, el contenido de las "NOTAS DEVOLUTIVAS", esto es la
de calenda 21 de febrero de 2021 expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos Riohacha y las del 14 de marzo, 23 de marzo y 16 de agosto de 2022 por la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Bogotá Zona Norte, vistas a folio 73 y
74, 98, 99 y 101 del expediente, conforme a lo expresado en la parte motiva.

CUARTO: NOTIFÍQUESE este proveído en la forma indicada en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991; si no fuere impugnada esta decisión, envíese para su eventual
revisión a la Honorable Corte Constitucional.”

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10. Lo anterior, al considerar que, si bien se decretó la medida cautelar al interior
del proceso, lo cierto es que la oficina de registro correspondiente respondió los
oficios del juzgado indicando los motivos por los que no procedía su cumplimiento.

11. Por otra parte, y como sustento del amparo, arguyó que la respuesta
otorgada por las oficinas de registro no fue puesta en conocimiento de la señora
Ana Aixa Murillo Orozco, motivo por el cual ordenó su comunicación e indicó que
dicha decisión debía ser controvertida por la tutelante.

12. Inconforme con lo anterior, la señora Ana Aixa Murilo Orozco la impugnó, al
considerar que la orden de amparo no garantizaba la protección de sus derechos
fundamentales, en atención a que, las oficinas de registro desconocieron las normas
que regulan la inscripción de las medidas cautelares.

13. Por lo anterior, la parte demandante sostuvo que de haberse valorado
debidamente los documentos aportados al plenario y de haberse aplicado en debida
forma las normas que regulan la materia, la juez de primera instancia hubiera
arribado a la conclusión que la vulneración de los derechos fundamentales
invocados existía producto de la renuencia de las accionadas en darle cumplimiento
a la orden judicial emitida, y no, por no haberle comunicado las notas devolutivas.

14. Por medio de fallo de 26 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo de La
Guajira resolvió la impugnación presentada por la parte actora, en el que revocó la
decisión del a quo, tras considerar que:

“En virtud de lo anterior, y descendiendo al sub examine, se tiene que, la actora
impetra el mecanismo constitucional de la referencia en procura de que se le
amparen sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados por las entidades
accionadas al no acceder a la inscripción de demanda como medida cautelar
adoptada por el Juzgado de Familia del Circuito de Riohacha.

Para dilucidar lo anterior, se hace necesario determinar cuál fue la causa por la cual
las accionadas resolvieron no acatar la medida cautelar proferida en favor de la
accionante; para ello, en primer término, es conveniente señalar que, a folio 73 del
expediente, obra la Nota devolutiva 2022-2010-6689, del 18 de febrero de 2022,
emitida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha, en el que
se alega que, de conformidad con lo reglado en el artículo 591 del Código General
del Proceso, al no ser el demandado el titular del derecho real de dominio de los
bienes relacionados, no es posible acceder a la medida de inscripción.

A su vez, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, informó que,
mediante nota devolutiva No. 2022-556439 del 18 de agosto de 2022, se dio
respuesta al oficio del Juzgado de Familia Oral del Circuito de Riohacha, en el que
argumentó que, de conformidad con lo reglado en el artículo 591 del Código General
del Proceso, al no ser el demandado el titular del derecho real de dominio de los
bienes relacionados, no es posible acceder a la medida de inscripción.

En cuanto al tema de referencia, el artículo 591 del Código General del Proceso,
estableció lo siguiente:

“ARTÍCULO 591. INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA. Para la inscripción de la
demanda remitirá comunicación a la autoridad competente de llevar el registro
haciéndole saber quiénes son las partes en el proceso, el objeto de este, el nombre,
nomenclatura, situación de dichos bienes y el folio de matrícula o datos del registro
si aquella no existiere. El registrador se abstendrá de inscribir la demanda si el bien
no pertenece al demandado. (…)

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La norma anterior, impone claramente la prohibición de inscribir la demanda, cuando
el demandado dentro del proceso en el que se imparta la medida cautelar no sea el
titular del derecho real de dominio del bien sobre el que se profiera la orden de
inscripción, lo que permite concluir que las autoridades accionadas ampararon su
decisión de no acceder a la medida cautelar en la norma legal establecida por el
legislador, y no por una actuación arbitraria y/o caprichosa.

En ese sentido, este Tribunal estima que no existe vulneración alguna a los derechos
fundamentales de la accionante cuando la decisión sobre la cual erige la presunta
vulneración, fue adoptada de conformidad con los preceptos legales que rigen la
materia, por lo que se negarán las pretensiones de la acción de tutela de la
referencia.”

15. Dicha providencia fue notificada el 28 de octubre de 2022.

1.4. Fundamentos de la vulneración

16. La accionante indicó que el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito
Judicial de Riohacha vulneró sus derechos fundamentales, por realizar una
interpretación errada y dar una orden de amparo distinta a lo solicitado, pues lo
procedente era requerir el cumplimiento de la medida cautelar solicitada en el
trámite ordinario.

17. Adicionalmente, consideró que el Tribunal Administrativo de La Guajira
vulneró el principio de la no reformatio in pejus, ya que era impugnante única y se
revocó el amparo concedido en la primera instancia.

18. Teniendo en cuenta lo anterior, afirmó:

“Y es que precisamente la impugnación de la sentencia de tutela de primera instancia,
obedeció a que OBJETIVAMENTE la tutela judicial efectiva o el acceso a la justicia
como derechos invocados (obviamente también el debido proceso) no fueron
amparados por el juez a quo, en sede de tutela, pues lejos de ordenar la simple
notificación de las notas devolutivas del acto de inscripción de la medida cautelar
contenida en el auto de septiembre 30 de 2021 lo que ha debido de ordenar en aras
de salvaguardar el derecho fundamental solicitado (acceso a la justicia, debido
proceso y prevalencia del derecho sustancial) es la INSCRIPCION DE LA
CORRESPONDIENTE MEDIDA CAUTELAR DE INSCRIPCION DE LA DEMANDA
DE EXISTENCIA DE LA UNION MARITAL DE HECHO ENTRE COMPAÑEROS
PERMANENTES, es decir entre mi prohijada y el de cujus: EDGAR MARTIN ACOSTA
ROMERO.”

19. Por otro parte, manifestó que “al trámite de tutela que ahora se censura, de
manera excepcional frente a su procedencia se infiere un error craso y evidente que genera
Nulidad de lo actuado por falta de integración del contradictorio de los terceros
mencionados, Hermanos ACOSTA CAMERO como herederos del difunto compañero de mi
prohijada, contra quienes son oponibles los efectos del fallo parcialmente favorable de
primera instancia, en contravía de los ordenado en la sentencia SU116- 2018.”

20. Afirmó que solicitó la apertura de un incidente de desacato al interior del
proceso constitucional aquí cuestionado, el cual fue archivado por el Tribunal
Administrativo de La Guajira, motivo por el cual consideró que la presente solicitud
de amparo resultaba procedente.

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21. En relación con la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha,
adujo que continúa vulnerando sus derechos fundamentales ante la negativa de la
inscripción de la demanda ordenada en el proceso ordinario, lo cual le causa un
perjuicio irremediable por la imposibilidad de darle cumplimiento a la orden judicial
que se dicte en la sentencia que ponga fin a dicho proceso.

22. Expuso que “los argumentos aducidos por la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Riohacha en su nota devolutiva no son válidos por cuanto se debe tener en
cuenta que el titular inscrito de los inmuebles sobre los cuales se depreca la presente
medida cautelar, es fallecido y, en razón a ello, la demanda para la declaración de existencia
y reconocimiento de la unión marital de hecho y consecuente declaración de existencia de
la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y la liquidación de la misma, no
podría dirigirse contra el citado causante dado que el dejó de ser sujeto de derecho por
haber fallecido y quienes le suceden en su patrimonio y/o obligaciones son sus herederos;
por ello, insistimos que la presente demanda debe dirigirse como en efecto lo hicimos, en
contra de los herederos determinados en la demanda y contra los indeterminados, de
conformidad con el artículo 87 del C.G.P.”

1.5. Trámite de la acción de tutela

24. Mediante auto del 15 de noviembre de 2022, el magistrado ponente de la
decisión de primera instancia admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de La Guajira, al Juzgado Primero Administrativo
del Circuito Judicial de Riohacha, a la Superintendencia de Notariado y Registro -–
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha y Bogotá Zona Norte,
en calidad de accionados; y al Juzgado de Familia Oral del Circuito de Riohacha –
La Guajira, como tercero con interés.

1.6. Intervenciones

25. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo de La Guajira

26. La magistrada ponente2 de la decisión acusada, a través de escrito del 2 de
diciembre de 2022, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela en tanto
se está cuestionando una decisión de la misma naturaleza, de la cual no se alega
fraude; además, las pretensiones de amparo propuestas coinciden con aquellas
desatadas en el trámite de tutela objeto de estudio, configurándose cosa juzgada.

27. En cuanto a la decisión de negar el amparo deprecado, recordó que, “a tono
como el precepto normativo en cita (artículo 591 del Código General del Proceso), la Sala
determinó que era clara la existencia de la prohibición de inscribir la demanda, cuando el
demandado dentro del proceso en el que se imparta la medida cautelar no sea el titular del
derecho real de dominio del bien sobre el que se profiera la orden de inscripción, lo que
imponía concluir que, las autoridades accionadas habían amparado su decisión en
cumplimiento a la normatividad legal vigente, y no por una actuación arbitraria y/o
caprichosa”.

2 Doctora Carmen Cecilia Plata Jiménez.

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28. Respecto de la presunta nulidad por indebida conformación del
contradictorio, refirió que ello debió ser alegado en el trámite de tutela cuestionado,
lo cual no ocurrió; sin perjuicio de ello, adujo que tampoco era procedente la
vinculación pretendida toda vez que el amparo deprecado se fundamentó en la falta
de acatamiento de la medida cautelar solicitada por el juzgado de Familia, y no, por
el proceso judicial adelantado ante este, en el cual son parte los herederos del
difunto.

1.6.2. Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte

29. La señora registradora, a través de escrito del 2 de diciembre de 2022, solicitó
negar la acción de tutela ante la ausencia de vulneración de derechos
fundamentales, pues su actuar se ha ajustado a derecho.

30. Aclaró que, de conformidad con el Decreto No. 0673 de 1987 modificado por
el No.1899 de 1989, su competencia “(c)omprende los inmuebles ubicados en la calle
100 al norte de este, los Municipios anexos a Usaquén, Suba y los Municipios de Cota,
Chía, Guasca, Guatavita, La Calera, Subachoque y Tenjo (…)”, razón por la cual solo
hará referencia al inmueble distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-
20066645, que interesa a la accionante.

31. Informó que el referido inmueble corresponde a un apartamento adquirido por
el señor Édgar Martín Acosta Moreno, respecto del cual, en lo que interesa a la
presente acción de tutela, se encontró que con turno No. 2022-11388 del 17 de
febrero de 2022 se radicó el oficio 1008 del 9 de diciembre de 2021, a través del
cual el Juzgado de Familia Oral del Circuito Judicial de Riohacha, comunicó el
decreto de la medida cautelar de inscripción de demanda sobre el folio de matrícula
ya mencionado, lo cual fue negado a través de nota devolutiva del 14 de marzo de
2022, con ocasión de la “prohibición normativa de inscribir una medida de embargo
cuando el demandado no figura como titular del derecho de dominio sobre un bien
inmueble”, de conformidad con los artículos 591 y 594 del Código General del
Proceso.

32. Con turno No. 2022-11436 del 17 de febrero de 2022 se radicó por segunda
vez el mismo oficio proveniente del juzgado de familia, cuya inscripción fue
nuevamente negada mediante nota devolutiva del 23 de marzo de 2022, sustentada
en la misma causal.

33. Con turno No. 2022-55643 del 12 de agosto de 2022, se radicó el oficio 0746
del 5 de agosto de 2022, emitido por el mismo juzgado de familia, a través del cual
se aclaró que la demanda iba dirigida en contra de los herederos del señor Édgar
Acosta Romero (propietario del inmueble), el cual tampoco fue inscrito en tanto “la
autoridad judicial no individualizó a estas por su número de documento de identificación,
como lo ordena el (a)rtículo 31 de la Ley 1579 de 2012”.

34. Notas devolutivas que, si bien no habían sido remitidas al juzgado de familia,
consecuencia del cúmulo de trabajo, durante el trámite de la primera acción de tutela
instaurada por la señora Murillo Orozco ello se materializó, sin que a la fecha se
hubiera presentado comunicación alguna subsanando lo pertinente.

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Ana Aixa Murillo Orozco
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35. Finalmente, refirió que la accionante y su apoderado pudieron recurrir el
contenido de las notas devolutivas, pues tienen la connotación de actos
administrativos, lo cual no ocurrió.

1.6.3. Superintendencia de Notariado y Registro

36. El ente de control, a través de Oficio No. SNR2022EE139808 del 2 de
diciembre de 2022, refirió que se atiene a lo probado en el proceso. No obstante,
informó que de conformidad con la Ley 1579 de 2012, “los Registradores de
Instrumentos Públicos son los únicos responsables del proceso de registro, y se encargan
de adelantar los trámites relacionados con los folios de matrícula que corresponden a su
círculo registral, (...) (d)ecisiones que pueden ser controvertidas interponiendo los recursos
de Ley (Artículo 22 y 60 ley 1579 de 2012) reposición ante el registrador y apelación ante
la Subdirección de apoyo jurídico registral, dentro de los 10 días hábiles siguientes a su
notificación. (…)”.

37. Informó que no intervino en la acción de tutela 44001-33-40-001-2022-00252-
00, pues nunca fue vinculada ni requerida para ello, y que “los legitimados
procesalmente para pronunciarse en la presente Acción Constitucional son: la Doctora
AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA, Registradora de Registro de Instrumentos Públicos
de Bogotá Zona Norte y la Doctora CARMEN REMEDIOS FRIAS ARISMENDY,
Registradora de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha, en virtud a las potestades,
funciones y el principio de autonomía en el ejercicio de la función registral, que otorga la
Ley 1579 de 2012, artículos 1, 5, 16, 22, 59, 92 y 93, (…)”.

38. Con fundamento en lo expuesto, se opuso a la prosperidad de la acción de
tutela en lo que al ente de control se refiere, por falta de legitimación en la causa
por pasiva, “de acuerdo con el objetivo y las funciones de la Superintendencia de Notariado
y Registro”.

1.6.4. Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha

39. Puso de presente que el escrito de tutela carece de la exposición y
cumplimiento de las causales generales y específicas de procedencia del
mecanismo de amparo contra providencia de la misma naturaleza.

40. Afirmó que la parte actora se limitó a hacer un recuento de lo sucedido en el
proceso ante el juez de familia y en la primera acción de tutela, sin justificar la
interposición de la nueva demanda.

41. Finalmente adujo:

“Si en gracia de discusión, se obviara el deber de cumplimiento de las causales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, y se asumiese el
conocimiento de fondo del presente asunto, es preciso manifestar Honorable
Consejero, que no se cumplen los supuestos fácticos esgrimidos por el actor en su
escrito, toda vez que, era preciso que se acreditara que dentro del presente asunto:
(i) existe fraude y por tanto, se esta ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta,
(ii) se cumpla con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales; (iii) la acción de tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara
y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una

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situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación, lo que no ocurre en el caso bajo
análisis, tal como pasa a exponerse.

Nótese que el actor, no alega existencia de fraude, la presente acción de tutela
comparte identidad procesal con la tramitada en este despacho judicial con radicado
2022-00252-00, pues se pretende luego de obtener la nulidad de las decisiones
proferidas, se expidan nuevas sentencias en las que se ordene a la entidad accionada
Oficina de Instrumentos Públicos de Riohacha y Zona Norte de Bogotá realizar la
inscripción de la demanda como medida cautelar decretada por el Juez de Familia.

De otra parte, también es preciso indicar que no se evidencia irregularidad procesal
alguna que tenga incidencia en la decisión cuestionada, puesto que, más allá de que
la parte actora alegue que se constituyó indebidamente la litis, lo cierto es que, no le
asiste razón, por cuanto la vulneración fundamental que se invocó en la acción de
tutela 2022-00252-00 se originó por la actuación de las oficinas de registro de
instrumentos públicos de Riohacha y Bogotá Zona Norte, frente a una decisión
judicial, mas no, de alguna decisión o actuación procesal propia de alguna de las
partes, o de la dependencia judicial ordinaria que tramita el proceso, que ameritara
vincular al extremo pasivo en esa litis.”

42. El Juzgado de Familia Oral del Circuito Judicial de Riohacha - La Guajira
guardó silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

43. En providencia del 11 de enero del 2023, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró (i) la falta de legitimación en la causa por
pasiva de la Superintendencia de Notariado y Registro e (ii) improcedente la acción
de tutela presentada por la señora Ana Aixa Murillo Orozco, contra el Tribunal
Administrativo de La Guajira y las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de
Riohacha y de Bogotá Zona Norte.

44. Como fundamento de su decisión, expuso que la petición de amparo de la
referencia no resultaba procedente por cuanto cuestiona una decisión de la misma
naturaleza y, no se alegó ni acreditó la configuración de un fraude, como lo exige la
jurisprudencia constitucional.

45. Puso de presente que, de acuerdo con los argumentos expuestos por la
señora Ana Aixa Murillo Orozco, lo pretendido era cuestionar la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante la cual, en segunda instancia,
negó el amparo deprecado en la acción de tutela impetrada en oportunidad anterior,
cuya petición fue que se ordenara a las Oficinas de Instrumentos Públicos de
Riohacha y Bogotá Zona Norte registrar en los folios de matrícula inmobiliaria
correspondientes, la medida cautelar de inscripción de la demanda ordenada por el
Juzgado de Familia Oral del Circuito Judicial de Riohacha en el proceso verbal de
declaración de existencia y reconocimiento de unión marital de hecho, identificado
con el radicado núm. 44001-31-10-001-2021-00103-00/01.

46. Sumado a lo anterior, manifestó:

“Por otra parte, la señora Ana Aixa Murillo Orozco pretende, una vez más, que, en
amparo de sus derechos fundamentales, se le ordene a las Oficinas de Instrumentos
Públicos de Riohacha y Bogotá Zona Norte registrar en los folios de matrícula

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inmobiliaria correspondientes, la pluricitada medida cautelar de inscripción de la
demanda.

Asunto que, como ya se dijo, fue desatado en sentencia de segunda instancia por el
Tribunal Administrativo de La Guajira a través de sentencia del 26 de octubre de
20223, la cual también se cuestiona en el presente trámite constitucional.

En asuntos como el presente, pese al encontrarse identidad de partes, causa petendi
y objeto, no puede hablarse siempre de la existencia de una acción temeraria, pues
para que esta se configure se requiere que haya una actuación dolosa o de mala fe
contra la administración de justicia, por parte de quien invoca varios recursos de
amparo.

En el asunto bajo estudio, si bien la accionante instauró la presente acción contra las
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha y Bogotá Zona Norte,
insistiendo, una vez más, en que se les ordene ejecutar la medida cautelar de
inscripción de la demanda tantas veces referida, su actuación no da lugar a interponer
una sanción; ello, por cuanto del líbelo introductorio presentado se deduce que su
radicación obedeció a que tiene el convencimiento errado de que, al haberse
archivado el primer trámite constitucional, le era factible impetrar una nueva acción
de tutela insistiendo en los mismos hechos.

Actuar que, si bien deja en evidencia la existencia de cosa juzgada, cuyo objeto es
efectivizar el derecho constitucional al debido proceso y la seguridad jurídica, no
acredita la configuración de la temeridad, mala fe o un ánimo fraudulento contra la
administración de justicia.

Así las cosas, en consideración a que en el radicado constitucional núm. 44001-33-
40-001-2022-00252-00, el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial
de Riohacha y el Tribunal Administrativo de La Guajira profirieron decisiones respecto
de la solicitud de amparo que hoy se reitera, se considera que en el sub examine ha
operado el fenómeno de la cosa juzgada, de donde no solamente se predican los
efectos procesales de la inmutabilidad y definitividad de la decisión, sino que
igualmente se producen efectos sustanciales, consistentes en precisar con certeza la
relación jurídica objeto de litigio; siendo esta la respuesta al segundo problema
jurídica planteado.”

47. Finalmente, en relación con el argumento traído por la parte actora
relacionado con la existencia de una supuesta nulidad en el trámite de la acción de
tutela identificada con el radicado 44001-33-40-001-2022-00252-00/01, por
indebida notificación del contradictorio, en tanto no se vinculó a los herederos del
señor Édgar Martin Acosta, puso de presente que, no fue expuesto ante las
autoridades que conocieron la acción constitucional.

1.8. Impugnación

48. Con escrito enviado por correo electrónico el 1° de febrero de 2023, la parte
actora impugnó la decisión de primera instancia notificada el 31 de enero del mismo
año.

49. A juicio de la señora Ana Aixa Murillo Orozco, el juez a quo de tutela no
resolvió los problemas jurídicos puestos en su consideración, los cuales consistían
en:

“a) ¿Es procedente la inscripción de la medida amén de que su titularidad o dominio
no recae sobre la parte actora quien es demandante en un proceso verbal declarativo

3
Expediente 44001-31-10-001-2021-00103-00/01.

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de reconocimiento de una unión marital de hecho contra quien si es propietario de
dichos bienes?
b) ¿Coexiste o no un Plus constitucional en este caso, que impida o permita al JUEZ
DE TUTELA pronunciarse sobre el cumplimiento de una decisión jurisdiccional ya
ventilada en una tutela anterior?
c) ¿Los hechos y la identidad de partes y pretensiones invocadas en la primera y
segunda y acción de tutela son los mismos y/o constituye cosa juzgada o por el
contrario son materia de acción constitucional por defectos facticos constitutivas de
VIA DE HECHO que concitan la COMPETENCIA DEL JCONSEJO DE ESTADO en
sede de tutela contra providencias judiciales? (sic a lo transcrito)

50. Consideró que en el caso concreto no se configura la cosa juzgada, en
atención a que no se cumplen los requisitos expuestos por la Corte Constitucional
en las sentencias “SU 027/2021 y la tutela obrante Expediente T-7.866.625, de fecha
febrero 05 de 2021 Magistrada ponentes CRISTINA PARDO”.

51. Consideró que en el caso concreto se configura una excepción a la cosa
juzgada en sede de tutela, por cuanto se está frente a la unificación de criterios de
las normas legales de procedimiento que resuelven casos análogos al propuesto en
relación a la hermenéutica e interpretación de los artículos 590 y 591 del Código
General del Proceso, relacionados con la medida cautelar de inscripción de la
demanda en procesos verbales declarativos. Al respecto expuso:

“No son vanos los intentos por unificar o variar la posición, quizá no analizada o
novedosa para este caso, en cuanto se parte del HECHO OBJETIVO DE QUE LA
PROVIDENCIA JUDICIAL EMITIDA POR EL JUEZ DE FAMILIA DE RIOHACHA EN
EL PROCESO DECLARATIVO DE UNION MARITAL DE HECHO DE ANA AIXA
MURILLO OROZCO, Ordena mediante sendos oficios a los registradores de
Instrumentos públicos de BOGOTA D.C y RIOHACHA inscribir en varios folios de
matrícula la MEDIDA DE INSCRIPCION de dicha demanda, a efectos de proteger
estos bienes, sin que ello implique prejuzgamiento o su exclusión del comercio, pero
sí de irradiarlos de su protección bajo el AMPARO JURIDICO, que precisamente
implica consecuencias a quien los adquiera respecto a la oponibilidad de la sentencia
que se adopte en cierto sentido dentro del proceso en el que se ordena la
INSCRIPCION DE DICHA DEMANDA.” (Sic a lo transcrito)

52. Adujo que el juez de familia de Riohacha fue claro en disponer la procedencia
de la medida cautelar de inscripción de la demanda de conformidad con los artículos
591 y 590 del Código General del Proceso; sin embargo, tanto los funcionarios
encargados de llevar el registro de instrumentos públicos en Bogotá y Riohacha
dispusieron de manera atrabiliaria abstenerse de cumplir la orden judicial inserta en
el auto que motivó la primera acción constitucional de tutela.

53. Consideró que el fallo del Tribunal Administrativo de La Guajira les permitió
a los funcionarios de instrumentos públicos apartarse de la orden del juez de familia
que había ordenado la medida cautelar, motivo por el cual presentó la acción de
tutela de la referencia, la cual no tiene la misma causa petendi de la anterior, pues
ahora cuestiona, no solo el actuar de las entidades mencionadas sino, además, de
las autoridades judiciales que resolvieron la primera solicitud de amparo.

54. Advirtió que no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para proteger
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, “pues previéndose la comisión de reatos penales, ya la superintendencia de
notariado y registro presagia la absolución de los funcionarios de los círculos registrales
accionados, su absolución disciplinaria, ante queja interpuesta por este servidor, lo que solo

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nos deja el camino de la VIA PENAL por la incursión de los registradores en el reato de
FRAUDE A RESOLUCION JUDICIAL al sustraerse de cumplir el auto del juez de familia
que ordena la inscripción de la medida; solo que al indagarse si la via penal es idónea,
rápida, expedita y eficaz, ante la autonomía del fiscal para adoptar una línea investigativa
e imputar cargos (lo que puede significar varios años de espera) sencillemante terminaría
por catapultar una decisión inconstitucional, ilegal e injusta que raya con la juridicidad.” (sic
a lo transcrito)

55. A su juicio, la interpretación de la norma que hizo la autoridad judicial
accionada es errada, en cuanto parte “de una premisa equivocada y termina
concluyendo con una decisión desacertada que a la postre ES CONTRARIA A LO QUE EL
JUEZ DEL CONOCIMIENTO ES DECIR EL JUEZ DE FAMILIA ya decidio dentro de la orbita
de sus competencias en el proceso declarativo de unión marital de hecho al HALLARLE
RAZON AL DEMANDANTE, es decir a la señora ANA AIXA MURILLO OROZCO, quien no
tiene el deber jurídico de soportar que las decisiones judiciales, puedan controvertirse,
interpretarse, acomodarse y si se quiere incumplirse por las autoridades llamadas a
cumplirlas, pues ello, se erige trastoca LA AUOTIDAD JUDICIAL misma que al emitir
decisiones bajo el imperio de la constitución y la ley, luego ve que en la escala
KELSENIANA un funcionario encargado de acatarlas simplemente las interpreta e inaplica
sin que ello pueda ser reprochable en sede de tutela, lo cual no deja de ser un paradójico
presagio de que las RAMAS DEL PODER PUBLICO chocan entre sí y no SE COLABORA
EFICAZMENTE EL SU PROPOSITO SUPERIOR (CONSTITUCIONAL) de cumplir los fines
del estado, entre estos, el de la FE PUBLICA en su dimencion de la inscripción de medidas
cautelares sobre bienes, a efectos de que la sentencia no sea ilusoria, y bajo los preceptos
de eficacia, garantía y APARIENCIA DEL BUEN DERECHO QUE INSPIRA LA NOVEDOSA
REFORMA AL PROCESO INSERTA EN EL ART. 590 DEL CGP” (sic a lo transcrito)

56. Transcribió el artículo 590 del Código General del Proceso y reiteró el
argumento transcrito en el párrafo anterior.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

57. El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación
presentada por la señora Ana Aixa Murillo Orozco contra la sentencia del 11 de
enero de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el
artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 1983 de 2017, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

58. Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia
del 11 de enero de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, para lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se configura en el caso concreto una actuación temeraria y se presenta el
fenómeno de la cosa juzgada en relación con la petición de amparo radicada
con el número 44001-33-40-001-2022-00252-00/01?

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• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de
la acción de tutela contra providencia judicial, en especial el relacionado con
la posibilidad de presentar una petición de amparo contra una decisión de la
misma naturaleza?

59. De superarse los requisitos de procedibilidad adjetiva y de no encontrarse
configuradas la temeridad y la cosa juzgada, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿Vulneraron el Tribunal Administrativo de La Guajira y el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Riohacha los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
de la señora Ana Aixa Murillo Orozco?

60. Por razones de orden metodológico, la Sala analizará los siguientes asuntos:
i) criterio de la Sección sobre procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) de la cosa juzgada y la temeridad; iii) del requisito de procedibilidad
adjetiva relacionado con la presentación de una acción de tutela contra decisión de
la misma naturaleza, y iv) caso concreto.

2.3. Razones jurídicas de la decisión

2.3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

61. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de
4
2012 , unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las
distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre
el tema5. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva
de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales6. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería
ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.

62. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 7,
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20058, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la
tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo
frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. María

Elizabeth García González, Sentencia 31.07.12, Rad. 2009-01328-01.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
6 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta M. P. Jorge

Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad.11001-03-15-000-2012-02201-01.
8 Corte Constitucional, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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63. Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia9 a unos
requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho de amparo –
procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo
del asunto – procedencia adjetiva -.

64. Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la
solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad adjetiva,
esto es: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra
tutela; iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y eficaces para la protección del
derecho que se dice vulnerado; e iv) inmediatez. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

65. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

66. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.3.2. De la temeridad

67. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra la figura jurídica de la
temeridad en materia de acción de tutela, de la siguiente manera:

“Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.

68. La Corte Constitucional ha establecido los siguientes requisitos para declarar
la ocurrencia de esta figura, así: “(i) identidad fáctica y de derechos invocados en
relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en cuanto la otra
acción de tutela se presenta por parte de la misma persona o su representante; (iii)
identidad del sujeto accionado y; (iv) falta de justificación para interponer la nueva
acción”10.

69. La Corte Constitucional precisó que la verificación de estos requisitos
coincide con la prohibición general de que se realice un nuevo pronunciamiento por

9 Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590

de 2005.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-883 del 9 de agosto de 2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynett, reiterada

en la Sentencia T-151 del 5 de marzo de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla

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parte del juez, sobre un proceso que guarde identidad jurídica con uno
anteriormente decidido, toda vez que, según lo establecido por el artículo 332 del
Código de Procedimiento Civil “la sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada (…)”.

70. Así mismo, esta Sala de Decisión11, estableció las características de la
temeridad al indicar que la misma “se configura, cuando concurren la (i) identidad fáctica en
relación con otra acción de tutela; (ii) identidad del demandante, en tanto la segunda petición de
amparo se presenta por parte de la misma persona o su representante; (iii) identidad del sujeto
accionado; y (iv) falta de justificación para interponer la nueva acción 12.

71. La actuación temeraria tiene una relación directa con el principio
constitucional de la buena fe, prescrito en el artículo 83 de la Constitución Política.
De acuerdo con el Tribunal Constitucional13, cuando se obra temerariamente se
vulnera este principio, en la medida en que, para satisfacer un interés particular, el
actor instaura deliberadamente y sin un motivo válido, una nueva acción de tutela y
como la buena fe se presume en todas las actuaciones de los particulares ante las
autoridades públicas, corresponde al juez de tutela demostrar su existencia
mediante un análisis profundo de las pretensiones de las demandas, de los hechos
y de los derechos en que éstas se fundan14.

2.3.3. De la cosa juzgada

72. La figura jurídica de la cosa juzgada se encuentra actualmente consagrada
en el artículo 303 del Código General del Proceso, en los siguientes términos:

“Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse
sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre
ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo
proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero
o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al
registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro
en los demás casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que
comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá
efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.”

11 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION QUINTA. Consejero

ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO. Sentencia del once (11) de febrero de dos mil dieciséis (2016).
Radicación número: 11001-03-15-000-2015-02100-01(AC)
12 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-883 del 9 de agosto de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
13 Sobre este tema se pueden consultar las sentencias de la Corte Constitucional T-308 del 13 de julio de 1995,

M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-145 del 3 de abril de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía, T-091 del 6
de marzo de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-001 del 21 de enero de 1997, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo, T-1215 del 11 de diciembre de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, entre otras
14 Corte Constitucional, Sentencia T-067 del 7 de febrero de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez

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73. De otra parte, en sentencia del 4 de febrero del 201615, esta Sección puso de
presente que esta Corporación16 ha sostenido que el fenómeno de la cosa juzgada
está llamado a garantizar el principio de unidad y seguridad jurídica, de modo que
solamente haya un pronunciamiento sobre la misma materia.

74. De esta forma, cuando se produce una decisión jurisdiccional definitiva que
pone fin a un conflicto, esta se torna intangible, por lo que ningún otro juez puede
pronunciarse nuevamente sobre el asunto. De ocurrir, sería posible la existencia de
dos sentencias contradictorias sobre idéntica controversia y, por ende, se violaría el
debido proceso17.

75. La Corte Constitucional ha considerado que el alcance del concepto de cosa
juzgada constitucional, debe atender una identidad de partes, hechos y
pretensiones18.

76. En ese orden de ideas, y frente a los requisitos señalados, para que sea
aplicable esta figura jurídica al caso concreto se requiere que se configuren ciertos
elementos definidos así por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta
Corporación:

‘i) Que exista identidad de causa. Debe existir plena coincidencia entre la razón
o motivos por los cuales se demanda; esto es, los hechos que dieron origen a
la presentación de la demanda y a la formulación de las pretensiones.

ii) Que el proceso recaiga sobre el mismo objeto. Las pretensiones o
solicitudes de la demanda, en relación con la cual se dictó la sentencia
definitiva, deben coincidir, a su vez, con las peticiones de la nueva demanda.

iii) Que exista identidad de partes. Quienes actúan como demandante y
demandado en el proceso anterior deben actuar de la misma forma en el nuevo
proceso19.

77. Finalmente, es importante resaltar que la Corte Constitucional, en sentencia
T-053 del 2012, la cual se trae a colación como criterio auxiliar de interpretación,
señaló lo siguiente:

“Aunque, la cosa juzgada no es absoluta comoquiera que, el ordenamiento jurídico
estableció figuras como los recursos de revisión o la tutela contra providencia judicial
que atenúan tal institución. A pesar de esto, sin lugar a dudas la finalidad máxima de
la tutela es proteger los derechos fundamentales de las personas que se encuentran
amenazados o vulnerados, por lo que las decisiones adoptadas dentro del proceso
de amparo tienen la virtualidad de constituir cosa juzgada.”20

15 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION QUINTA. Consejera

ponente: ROCIO ARAUJO OÑATE. Sentencia del cuatro (4) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación
número: 11001-03-15-000-2015-02538-01(AC)
16 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION CUARTA. Sentencia

de 7 de abril de 2015. Consejero Ponente: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ. Radicación: No. 11001-03-
15-000-2006-00318-00. También en Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 12 de
julio de 2012, Exp. No. 85001-23-31-000-2003-00455-01(2083-10), C.P: Víctor Hernando Alvarado Ardila.
17 Ídem.
18 Corte Constitucional. Sentencia T-281 de 2014.
19 Ídem supra. Cita 13.
20
Corte Constitucional, Sentencia T-053 del 05.07.2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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78. Así mismo, la jurisprudencia constitucional precisó que el juez es el
encargado de establecer en cada caso concreto la existencia o no de la temeridad.
La Sala precisa que en los procesos de tutela, en los eventos en que un mismo
asunto presenta sucesivas o múltiples solicitudes de amparo, puede suceder las
siguientes situaciones: i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en las
circunstancias en que se interpone una acción de tutela sobre un asunto decidido
previamente en otro proceso de la igual naturaleza, sin que existan razones que
justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que haya cosa juzgada, pero no
temeridad, acaece como caso típico, cuando de buena fe se interpone una segunda
tutela debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha operado el
fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la
demanda de la existencia previa de un recurso de amparo; y iii) los casos en los
cuales se configure únicamente temeridad, una muestra de ello acontece en la
presentación simultánea de mala fe de dos o más solicitudes de tutela que
presentan la triple identidad a la que se ha aludido, sin que ninguna haya hecho
tránsito a cosa juzgada.

2.3.4. Tutela contra decisión de tutela

79. La Corte Constitucional, en sentencia SU-627 del 1 de octubre de 2015, con
ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo, precisó la improcedencia de la
acción de tutela interpuesta contra decisiones proferidas en el marco de otras
acciones de la misma naturaleza por cuanto “la resolución del conflicto se prolongaría
indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jurídica como del goce efectivo de los
derechos fundamentales”.

80. Por lo tanto, en los términos del referido precedente, al admitirse una nueva
acción de tutela se instituiría un recurso adicional para la insistencia en la revisión
de un proceso ya concluido, lo que es contrario a la Constitución y a las normas que
reglamentan la materia, ya que, una vez culminado el trámite procesal
correspondiente, opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

81. Sin embargo, en la misma providencia, la Corte Constitucional aclaró que,
excepcionalmente, procede la acción de tutela contra providencias proferidas en
ejercicio de la acción de amparo constitucional, bajo los siguientes parámetros:

“(…)

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de
un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la
de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha
sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por
sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de
nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte
Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal
de la República, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno

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de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con
los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de
tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y
(iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación.

4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad
o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela
sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para
su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato,
y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional. (…)21” (Negrillas fuera de texto).

82. Como se lee, el máximo órgano constitucional ha aceptado de manera
excepcional la procedencia de este mecanismo de amparo contra una providencia
de tutela, siempre que se compruebe de manera clara y suficiente que la sentencia
acusada fue producto de un fraude.

83. Así, además de cumplirse con los demás requisitos previstos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, es necesario, para
que proceda contra una sentencia de tutela, que el accionante demuestre la
configuración de una situación fraudulenta y que no exista otro medio ordinario o
extraordinario para resolver esa situación.

2.4. De la temeridad en el caso concreto

84. La Sala advierte que en el sub judice la acción de tutela es presentada contra
el Tribunal Administrativo de La Guajira, el Juzgado Primero Administrativo Mixto
del Circuito Judicial de Riohacha y las Oficinas de Instrumentos Públicos de
Riohacha y Bogotá Zona Norte.

85. Contra éstas últimas, la señora Ana Aixa Murillo Orozco presentó la acción
de tutela tramitada con el radicado 44001-33-40-001-2022-00252-00/01, en el cual
se negaron sus pretensiones.

86. Ahora, no se evidencia la mala fe de la tutelante a efectos de configurar la
temeridad, en los términos descritos en el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991
y del desarrollo jurisprudencial que al respecto ha tenido esta Sección22.

21 Corte Constitucional, Sentencia SU-627 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
22 Ver al respecto las sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta del 28 de julio de 2016. M.P. Rocío

Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2015-03307-01, del 2 de marzo de 2017. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad.

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87. Lo anterior por cuanto en el escrito de demanda, la actora manifestó que, con
anterioridad interpuso una acción de tutela contra las Oficinas de Instrumentos
Públicos de Riohacha y Bogotá Zona Norte en la que elevó la misma pretensión que
expuso en el sub judice, lo cual desvirtúa el elemento subjetivo que se exige para
entender configurada la temeridad.

88. Así mismo, la Sala advierte que la tutelante manifestó que presentaba
nuevamente el mecanismo constitucional debido a que considera que la presente
petición de amparo es distinta a la anterior, pues ahora cuestiona, adicionalmente,
a las autoridades judiciales que negaron la protección de sus garantías
fundamentales, lo que permite concluir, al margen de la razonabilidad de dicho
argumento que, es ausente la intención de engañar al fallador con la finalidad de
que se tramite una nueva acción de tutela.

89. De manera que, el actuar de la señora Ana Aixa Murillo Orozco en este caso
no resulta temerario en tanto que ella está convencida de que la providencia de
tutela proferida al interior del proceso 2022-00252-00/01 que negó sus
pretensiones, da lugar a la presentación de una nueva solicitud de amparo
constitucional que obligue a la autoridad judicial accionada a acceder a lo solicitado,
al considerar que el juez constitucional erró en la interpretación y aplicación de los
artículos 590 y 591 del Código General del Proceso.

90. Con todo, la razón que expone la actora, si bien justifica su proceder en el
asunto de la referencia, no necesariamente desvirtúa la cosa juzgada, la cual será
analizada a continuación.

2.5. De la cosa juzgada en el caso concreto

91. Como se indicó en precedencia, la acción constitucional de la referencia se
interpuso contra el Tribunal Administrativo de La Guajira, el Juzgado Primero
Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Riohacha, así como contra las Oficinas
de Instrumentos Públicos de Riohacha y Bogotá Zona Norte. Sin embargo, la acción
constitucional 2022-00252-00/01 fue presentada únicamente contra las últimas
entidades mencionadas. En ese sentido, la configuración de la cosa juzgada se
analizará frente a dichos sujetos, motivo por el cual se verificará la identidad de
partes, derechos, hechos y pretensiones:

Identidad Tutela con radicado 2022- Tutela con radicado 2022-
00252-00/01 05955-01
Partes Demandante: Ana Aixa Murillo Demandante: Ana Aixa Murillo
Orozco Orozco
Demandado: Oficina de
Demandado: Oficina de Registro de Instrumentos
Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha-
Públicos de Riohacha- Superintendencia de Notariado
Superintendencia de Notariado y Registro-Oficina de Registro

11001-03-15-000-2017-00055-00 y del 22 de febrero de 2018. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. 68001-23-33-
000-2017-00881-01.

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y Registro-Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte.
Bogotá Zona Norte.
Se recuerda que el juez
constitucional de primera
instancia declaró la falta de
competencia de la
Superintendencia de Notariado
y Registro.
Derechos Debido proceso y acceso a la Debido proceso y acceso a la
vulnerados administración de justicia administración de justicia
Hechos Las entidades accionadas Las entidades accionadas
vulneraron sus garantías vulneraron sus garantías
fundamentales en atención a la fundamentales en atención a la
negativa en dar cumplimiento a negativa en dar cumplimiento a
la orden dada en el auto del 30 la orden dada en el auto del 30
de septiembre de 2021 de septiembre de 2021
proferido por el Juzgado de proferido por el Juzgado de
Familia Oral del Circuito Familia Oral del Circuito
Judicial de Riohacha. Judicial de Riohacha.
Pretensiones “1. Que se tutelen los derechos “1. Que se tutelen los derechos
constitucionales constitucionales fundamentales al
fundamentales al acceso a la ACCESO A LA
administración de justicia y al ADMINISTRACIÓN DE
debido proceso de mi JUSTICIA Y AL DEBIDO
PROCESO de mi poderdante.
poderdante.
2. Consecuentemente, sírvase (…)
ordenar a la OFICINA DE
REGISTRO DE 3. Para el efecto imponer que el
INSTRUMENTOS PÚBLICOS termino perentorio de cinco (5)
DE RIOHACHA y a la OFICINA días hábiles se proceda por parte
DE REGISTRO DE de la OFICINA DE REGISTRO
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE BOGOTÁ ZONA NORTE DE RIOHACHA y a la OFICINA
que den cumplimiento a la DE REGISTRO DE
orden judicial de inscripción de INSTRUMENTOS PUBLICOS DE
BOGOTÁ ZONA NORTE que den
la demanda impartida por el cumplimiento a la orden judicial
Juzgado de Familia Oral del de inscripción de demanda
Circuito de Riohacha – La impartida por el Juzgado de
Guajira mediante auto del 30 Familia Oral del Circuito de
de septiembre de 2021, Riohacha La Guajira mediante
comunicada y reiterada en la auto del 30 de septiembre de
forma explicada en los hechos 2021, comunicada y reiterada en
2, 3, 4, 5, y 6 de la presente la forma explicada en los hechos
acción de tutela.” (Sic a toda la 2,3,4,5 y 6 de la presente acción
cita) de tutela.”. (Sic a toda la cita)

92. Del recuento expuesto, la Sala advierte que, en relación con las Oficinas de
Instrumentos Públicos de Riohacha y Bogotá Zona Norte, existe identidad de partes,
derechos, hechos y pretensiones.

93. En efecto, en relación con la identidad de partes, la Sección observa que este
aspecto se encuentra configurado pues tanto en la presente tutela como en la
presentada con anterioridad, la señora Ana Aixa Murillo Orozco cuestiona la omisión
en la que incurrieron las referidas entidades de registro, en relación con el auto del

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30 de septiembre de 2021 proferido en el proceso identificado con el radicado
44001-31-10-001-2021-00103-00.

94. Lo anterior permite advertir la identidad de objeto, ya que se considera que
con la referida omisión se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia, motivos suficientes para concluir que en
el sub lite se encuentra acreditada la cosa juzgada.

95. Ahora, la señora Ana Aixa Murillo Orozco manifiesta que no se configura la
cosa juzgada en la medida en que, la presente acción de tutela se presenta
igualmente contra las autoridades judiciales accionadas que resolvieron la primera
solicitud de amparo.

96. Al respecto, la Sala considera que la inclusión de dichos sujetos, se relaciona
con una pretensión distinta, frente a la cual, no se configura la cosa juzgada. Sin
embargo, esa situación en nada cambia el hecho de que en ambas acciones
constitucionales se cuestione la omisión de las entidades de registro de dar
cumplimiento a la orden dada en el ya mencionado auto del 30 de septiembre de
2021 argumento que ya fue objeto de pronunciamiento en el trámite 2022-00252-
00/01.

97. Por otro lado, la parte actora indicó que, “se está frente a la UNIFICACION de
criterios frente a las normas legales de procedimiento que resuelven casos análogos al
propuesto frente a la hermenéutica e interpretación del Art. 590 y 591 del CGP, referente a
la MEDIDA CUATELAR DE INSCRIPCION DE LA DEMANDA en procesos verbales
declarativos, de que se ocupa en regular este estatuto procesal (…)”

98. Ahora, contrario a lo manifestado por la demandante, la acción de tutela no
es el mecanismo judicial idóneo para solicitar la unificación en la interpretación y
aplicación de las normas procesales, sumado al hecho de que, en todo caso, ni en
la demanda primigenia ni en la presente, pidió la referida unificación. Es decir, el
objeto del proceso de la referencia no es la implementación de una regla de derecho
en relación con la hermenéutica de los artículos 590 y 591 del Código General del
Proceso.

99. Así las cosas, en la medida en que la señora Ana Aixa Murillo Orozco
presenta nuevamente la acción de tutela, sin que exista un hecho nuevo que
modifique o altere la situación que presuntamente vulneró sus derechos
fundamentales y que haga necesaria la intervención de este juez constitucional, se
configura en el sub lite la cosa juzgada únicamente en relación con las Oficinas de
Instrumentos Públicos de Riohacha y Bogotá Zona Norte.

100. Ahora, no sucede lo mismo con el Tribunal Administrativo de La Guajira y el
Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Riohacha, debido a
que dichas autoridades judiciales resolvieron la acción de tutela radicada 2022-
00252-00/01.

101. En ese sentido, la Sala analizará si se cumplen los requisitos de
procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial de la
demanda presentada por la señora Ana Aixa Murillo Orozco contra las providencias
del 26 de octubre de 2022 y 16 de septiembre del mismo año, empezando por el

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relacionado con presentación de amparo contra decisión de la misma naturaleza,
en la medida en que no fue superado por el a quo.

2.6. Del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad adjetiva en el caso
concreto

2.6.1. Tutela contra tutela

102. La Sala advierte que la solicitud de amparo de la referencia no se relaciona
con una de aquellas hipótesis establecidas por la jurisprudencia constitucional en la
que de manera excepcional es procedente la acción de tutela contra una providencia
de la misma naturaleza; es decir, que con motivo de un fraude se hubiere producido
cosa juzgada fraudulenta, como pasa a explicarse:

103. En el caso bajo análisis, el reparo de la accionante se dirige contra las
sentencias del 26 de octubre de 2022 y 16 de septiembre del mismo año, en
atención a que (i) el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de
Riohacha si bien advirtió una vulneración de sus garantías fundamentales, no
ordenó la protección idónea de las mismas y (ii) el Tribunal Administrativo de La
Guajira violó el principio de la no reformatio in pejus al revocar el amparo dado en
primera instancia y le dio aplicación indebida a los artículos 590 y 591 del Código
General del Proceso.

104. A juicio de la demandante, la acción tutelar es el único mecanismo que tiene
a su disposición para proteger sus derechos fundamentales, en tanto que, de no
cumplirse la medida cautelar ordenada en el proceso verbal de declaración de
existencia y reconocimiento de unión marital de hecho, la sentencia que allí se dicte
sería inocua.

105. En otras palabras, el reproche de la actora, se limita a que en la primera
acción constitucional no se accedió a lo solicitado, esto es, no se ordenó a las
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha y de Bogotá Zona Norte
la inscripción de la demanda en los términos del auto del 30 de septiembre de 2021
proferido por el Juzgado de Familia Oral del Circuito Judicial de Riohacha en el
expediente 44001-31-10-001-2021-00103-00.

106. Si bien la tutelante manifestó que las autoridades judiciales accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales, lo cierto es que no precisó ningún hecho
que constituya fraude, pues se limitó a cuestionar las decisiones y reiterar las
pretensiones de la primera acción de tutela, mas no elevó argumentación alguna
que acredite una situación fraudulenta que hiciera procedente la solicitud de amparo
que ahora presenta.

107. Así mismo, de los hechos expuestos en la acción de tutela de la referencia,
no se evidencia elemento alguno que lleve a la conclusión que, en el proceso
constitucional cursado en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de La
Guajira, radicado con el número 44001-33-40-001-2022-00252-00/01, se hubiese
incurrido en una conducta fraudulenta, circunstancia que le correspondía alegar y
demostrar en grado de plenitud probatoria a la parte actora.

108. Lo anterior, en cumplimiento de lo advertido por la Corte Constitucional en la

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sentencia T-218 del 20 de marzo de 2012 con ponencia del Magistrado Juan Carlos
Henao Pérez, en la cual se indicó que la cosa juzgada fraudulenta “se predica de un
proceso que ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que materializa
en esencia un negocio fraudulento a través de medios procesales, que implica un perjuicio
ilícito a terceros y a la comunidad”.

109. Sobre la configuración del fraude, el máximo Tribunal Constitucional, en la
sentencia T-218 de 2012 antes mencionada, reconoció que aquel puede ser
cometido, por una parte, por ambas o por el juez que conoce el asunto, por lo que
amerita la intervención del juez constitucional para evitar que una orden fraudulenta
se materialice. Dicha actuación fraudulenta debe predicarse de los sujetos
procesales al interior de la acción constitucional.

110. Como se evidenció anteriormente, los argumentos de la parte actora están
dirigidos a cuestionar la negativa de las autoridades accionadas en ordenar lo
pedido en la primera acción de tutela. No obstante, no expuso ninguna situación
en la que el juez hubiera actuado con dolo para desviar el proceso de su fin,
circunstancia que, la accionante debió acreditar para demostrar la configuración de
un fraude, pues la simple afirmación relativa a que el Tribunal accionado vulneró
sus derechos fundamentales y el principio de la no reformatio in pejus no es causa
para dar cabida a la excepción a la regla general consistente en que las acciones
de tutela no proceden contra decisiones de la misma naturaleza.

111. En el caso concreto se advierte que la parte actora no comparte el análisis
realizado por las autoridades judiciales accionadas, mas no aporta prueba clara y
suficiente de la existencia de una situación fraudulenta para que proceda el principio
fraus omnia corrumpit.

112. Adicionalmente, es claro que, en el sustento de las providencias proferidas
por las demandadas, no se encuentra vicio alguno producto de una situación de
fraude o que no exista otro medio eficaz para resolver el caso.

113. Por el contrario, la parte accionada indicó que, de conformidad con el artículo
591 del Código General del Proceso, era clara la prohibición de inscribir la demanda,
en atención a que el demandado dentro del proceso en el que se impartió la medida
cautelar no era el titular del derecho real de dominio del bien sobre el que se imponía
la inscripción.

114. En consecuencia, al no encontrar una situación de fraude en las decisiones
recurridas, esta Sala confirmará la decisión del 11 de enero de 2023 que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo al no superar el requisito de tutela contra
sentencia de la misma naturaleza.

115. Finalmente, la Sala considera importante señalar que, la acción
constitucional identificada con el número 44001-33-40-001-2022-00252-00 se
dirigió contra la Superintendencia de Notariado y Registro – Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos de Riohacha y de Bogotá Zona Norte, motivo por el cual, si
la señora Ana Aixa Murillo Orozco consideraba que los posibles herederos del señor
Édgar Martin Acosta debían ser vinculados a dicho trámite, así debió manifestarlo
al interior del proceso, circunstancia que no ocurrió, motivo por el cual la Sala

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considera que frente a dicho argumento no se supera el requisito de la
subsidiariedad.

2.7. Conclusión

116. De conformidad con las razones expuestas, habrá de confirmarse la
sentencia del 11 de enero de 2023 proferida por la Sección Segunda, Subsección
B del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia, bajo el entendido de que:

• Se declara la improcedencia por tratarse de una acción de tutela contra
decisión de la misma naturaleza, en relación con los reparos presentados
contra el Tribunal Administrativo de La Guajira y el Juzgado Primero
Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Riohacha.
• Se declara la improcedencia por no cumplirse con el requisito de la
subsidiariedad, en relación con el argumento de la falta de vinculación de los
posibles herederos del señor Édgar Martin Acosta al proceso constitucional
radicado con el número 44001-33-40-001-2022-00252-00.
• Se declara la cosa juzgada frente a las Oficinas de Registro de Instrumentos
Públicos de Riohacha y de Bogotá Zona Norte.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de enero de 2023 proferida por la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia, bajo el entendido de que (i) se
declara la improcedencia por tratarse de una acción de tutela contra decisión de la
misma naturaleza, en relación con los reparos presentados contra el Tribunal
Administrativo de La Guajira y el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito
Judicial de Riohacha; (ii) no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, en
relación con el argumento de la falta de vinculación de los posibles herederos del
señor Édgar Martin Acosta al proceso constitucional radicado con el número 44001-
33-40-001-2022-00252-00; (iii) y se declara la cosa juzgada frente a las Oficinas de
Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha y de Bogotá Zona Norte, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081

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