Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05956-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05956-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05956-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
8 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 8 de mayo de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05956-01
Demandante: Ancermo Bravo Riascos y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Reparación directa por
accidente marítimo/ Defecto fáctico/ Defecto Procedimental – no se configuran.
Síntesis del caso: La parte actora enjuició las providencias proferidas por las autoridades
judiciales demandadas dentro de un proceso de reparación directa, por considerar que
se incurrió en una indebida valoración probatoria y se desconoció el principio de
congruencia.
De conformidad con el Auto de 7 de marzo de 20231 y la competencia
asignada2, procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la
parte actora contra la Sentencia de 19 de enero de 2023, mediante la cual
la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo
solicitado3.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 9 de noviembre de 2022, Ancermo Bravo Riascos y otros4, por
intermedio de apoderado judicial, presentaron acción de tutela contra el
1 Por medio del cual, el Magistrado Fredy Ibarra Martínez ordenó enviar el expediente de la referencia a este
despacho, “en la medida que el proyecto de fallo presentado (…) fue derrotado por la posición mayoritaria en
Sala del 27 de febrero de 2023”. Es preciso señalar que el mismo ingresó a este despacho el 14 de marzo de 2023,
tal como consta en el Sistema Sede Electrónica para la Gestión Judicial – SAMAI.
2 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.
3 Puntalmente resolvió (se trascribe): “PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela promovida
por los señores Ancermo Bravo Riascos y otros, por no cumplir con el presupuesto de la subsidiariedad, por lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia”.
4 Yessenia Bravo Angulo, Jefferson Bravo Angulo, Cristina Bravo Angulo, Soleny Bravo Angulo, Luz Nidia Bravo
Angulo, Miller Bravo Angulo, Anselmo Bravo Angulo, Harri Bravo Angulo, Daniel Bravo Angulo, Samuel Bravo
Angulo, Noemi Bravo Angulo, Jenny Bravo Angulo y Melissa Bravo Angulo, quienes a su vez acuden en nombre
de sus hijos menores Eyder Andrés Bravo Angulo, Daniel Bravo Angulo, Wendi Yuvisa Bravo Rodríguez, Walliton
Bravo Angulo, Eddy Santiago Bravo Angulo, Jefferson Bravo Grueso, Yulisa Bravo Grueso, Elisabeth Bravo Grueso,
Yoselin Bravo Grueso, Elisa Bravo Grueso, Yensi Daniela Bravo Angulo, Robinson Valencia Bravo, Elías Bravo
Angulo, Tatiana Valencia Bravo, Mariana Valencia Bravo, Einer Rentería Bravo Angulo, Melany Rentería Bravo y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05956-01
Demandante: Ancermo Bravo Riascos y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela- Segunda instancia
Decisión: Revoca – niega
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Juzgado 2 Administrativo de Buenaventura y el Tribunal Administrativo de
Valle del Cauca, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
con ocasión de la Sentencia de segunda instancia de 11 de mayo de 2022
que confirmó la decisión de primera instancia de 11 de junio de 2021,
dentro del proceso de reparación directa No. 76109-33-33-002-2018-00222-
01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
“PRIMERO: AMPARAR el DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO y al
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de mis representados por las
razones expuestas en la consideraciones y fundamentos de la presente
acción.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de segunda instancia No. 074, notificada el
18 de mayo de la misma anualidad, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, la cual confirmaba la Sentencia N° 034 del 11 de junio de
2021 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Buenaventura, del
proceso identificado con el número de radicación 76109-33-33-002-2018-
00222-01 y, en consecuencia,
TERCERO: ORDENAR a aquellas autoridades judiciales, Declarar a la Nación -
Ministerio de Defensa- [Armada] Nacional Administrativa,
extracontractualmente y patrimonialmente responsable de los daños y
perjuicios materiales y morales causados por la muerte violenta de la señora
CRISPINA ANGULO MESTIZO, (…), acaecida el 03 de octubre del 2016, como
consecuencia del hecho de los Agentes del estado, en un accidente de
tránsito marítimo ocurrido el 30 de septiembre del 2016 , cuando fue arrollada
la embarcación artesanal en la que ella viajaba, por una motonave oficial
identificada con el N° URR BP-431 EMBARCACION TIPO APOSTOL, de
propiedad de la ARMADA NACIONAL, en el sector de Punta soldado a la
altura de boya 26 en el canal de acceso a buenaventura.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
se destacan los siguientes:
4. 1) El 30 de septiembre de 2016, aproximadamente a las 3:30 am,
Elpido Rentería Cuero se movilizaba en una “embarcación artesanal”
desde el sitio denominado La Comba al frente de Boca de Raposo zona
rural de Buenaventura hacia el Puerto de Buenaventura, en compañía de
su hija, un ayudante y la señora Crispina Ángulo Mestizo, quien se dirigía a
vender una “cava de pescado” producto de las jornadas de pesca del día
anterior.
5. 2) Al llegar al sitio el “machetajero” fueron abordados por los
guardacostas de turno de la Armada Nacional, quienes procedieron a
Keiner Rentería Bravo, de conformidad con los poderes que fueron aportados, en cumplimiento del Auto
inadmisorio de 15 de noviembre de 2022, y que obran en el índice 9 de SAMAI al consultar el proceso de la
referencia .
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05956-01
Demandante: Ancermo Bravo Riascos y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela- Segunda instancia
Decisión: Revoca – niega
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requisar la embarcación y, una vez efectuada esa labor, Elpido Rentería
Cuero siguió su trayecto hacia el Puerto de Buenaventura.
6. 3) A eso de las 3:45 am, la embarcación tipo Apóstol identificada
con el número URR BP-431 de propiedad de la Armada Nacional colisionó
con la lancha artesanal donde se desplazaban el señor Rentería Cuero y
los demás tripulantes, lo que generó graves heridas a Crispina Ángulo
Mestizo, quien falleció 3 días después debido al trauma craneoencefálico
severo-contundente.
7. 4) El 28 de septiembre de 2018, Ancermo Bravo Riascos y sus
familiares, en ejercicio del medio de control de reparación directa,
promovieron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Armada Nacional, con el fin de que se les declarara
responsables y se les condenara al pago de perjuicios por el accidente
marítimo ocurrido el 30 de septiembre de 2016, en donde falleció la señora
Ángulo Mestizo.
8. 5) El conocimiento de ese asunto le correspondió al Juzgado 2
Administrativo de Buenaventura, el cual, mediante Sentencia de 11 de
junio de 2021, negó las pretensiones de la demanda bajo la causal
eximente de responsabilidad del hecho de un tercero, pues consideró que
fue el piloto de la embarcación artesanal quien creó el riesgo, al poner a
navegar su embarcación a esas horas de la madrugada sin la autorización
de la capitanía del puerto, los equipos de protección necesarios ni las
luces energizadas, lo que ocasionó la colisión.
9. 6) La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que
indicó que al momento de tomarse la decisión apelada se omitieron
algunos hechos relevantes, no se tuvo en cuenta lo manifestado por Elpidio
Rentería5, Werner Iann Palacio Montero y el suboficial Kamell Manrrique
Yizhath Zamir6, asimismo, (se trascribe) “se elevó al nivel de reglamentaria
una orden de navegar sin luces impartida por un superior jerárquico a los
guardacostas”. En esa medida, consideró que había lugar a declarar la
concurrencia de culpas en el accidente de tránsito marítimo porque, a
pesar de que la lancha civil se movilizaba sin señales luminosas ni chalecos
salvavidas, la embarcación de la Armada tampoco tenía luces y ello le
5 Que daba cuenta que (se trascribe) “habían sido detenidos por los mismos guardacostas de la Armada
Nacional, los cuales procedieron a detener e inspeccionar la embarcación, hacerles algunas preguntas como
cuantas personas se encontraban en la misma, que mercancía llevaban y por último dejarlos seguir su trayecto,
(…) y que estas embarcaciones de tipo artesanal, conducidas por personas que viven en las zonas rurales de
Buenaventura navegan permanentemente a esas horas de la noche”.
6 Frente a ambos testimonios indicó (se trascribe) “(…) surgen distintas inquietudes sobre las cuales el despacho
no se pronunció y por el contrario legitimó, pues no es entendible como teniendo toda la logística, capacidad y
elementos para navegar en condiciones que verdaderamente garanticen la integridad humana (…), se
dispongan a zarpar en esas condiciones de irresponsabilidad a fines de garantizar un éxito operacional”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05956-01
Demandante: Ancermo Bravo Riascos y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela- Segunda instancia
Decisión: Revoca – niega
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impidió ver la embarcación artesanal, ante lo cual (se trascribe) “el
despacho omite tener en cuenta la potencialidad del daño”.
10. 7) El recurso fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca que, en Sentencia de 11 de mayo de 20227, confirmó la decisión de
primera instancia, debido a que, si bien, la Armada se encontraba en el
ejercicio de una actividad peligrosa, se configuraba el hecho de un
tercero como eximente de responsabilidad, puesto que la lancha civil
transitaba en horario prohibido, no tenía permiso para movilizarse a esa
hora y no contaba con señales luminosas.
11. Para la parte actora, el fundamento de la vulneración radicó en la
configuración de los defectos fáctico, sustantivo y procedimental absoluto
en las providencias enjuiciadas.
12. Respecto del defecto fáctico indicó que se desestimaron y restaron
credibilidad a unas pruebas que daban cuenta de que fue la Armada
Nacional quien ocasionó la muerte de la señora Ángulo Mestizo al ejercer
una actividad peligrosa por conducción de vehículo sin cumplir con los
cuidados necesarios para ello, tales como, la orden de operaciones 018-
CEGUB/SEP/16 del Comando de Guardacostas8, las declaraciones dadas
por Elpidio Rentería9, Albeiro Asprilla Caicedo10 y Ancermo Bravo11, así
como la manifestación hecha por el suboficial Kamell Manrrique Yizhath
Zamir12.
13. Frente al defecto sustantivo afirmó que se presentó porque 1) (se
trascribe) “se elevó al nivel de reglamentaria la orden de navegar sin luces
impartida por un superior jerárquico”, 2) se desestimó la costumbre de
pesca y navegación de las personas que habitan las zonas rurales de
Buenaventura y 3) se desatendió la falla en el servicio que, en su parecer,
se estructuró porque los guardacostas no inmovilizaron la embarcación
pesquera, a pesar de no contar con los permisos requeridos para navegar,
con lo que obviaron su deber de preservar la vida en el mar.
7 Decisión notificada por correo electrónico el 18 de mayo de 2022.
8 Según la parte accionante, (se trascribe): “la orden de zafarrancho de oscurecimiento era para que la
practicara cuando se encontraran detenidos (…), no para que navegasen o se movilizaran sin luces”. Página 7
del escrito de tutela.
9 “en lo que respecta a la situación que fueron parados y abordados por los guardacostas minutos antes de la
colisión, los cuales los dejaron ir al ver que se dirigían a la ciudad de buenaventura a vender un pescado y a
dejar unos pasajeros, legitimando su actuar y por ende la costumbre de los habitantes de las zonas rurales de
Buenaventura, teniendo el deber de inmovilizarlos”. Ibidem
10 “evidencia esta[s] circunstancias del hecho de no cumplir con el deber los guardacostas de inmovilizar al
señor Elpidio Rentería por navegar en forma irregular”. Ibidem
11 “en la audiencia de pruebas celebrada el día 05 de febrero de 2020, en donde (junto con Elpidio Rentería)
hicieron distintas afirmaciones que dan fe de las costumbres que acompañas a las poblaciones afro que habitan
la zona rural de Buenaventura y en general del Pacífico Colombiano.” Página 18 del escrito de tutela.
12 “en la cual dejo percibir que de haber llevado luces la embarcación de la Armada Nacional, se habría podido
evitar el incidente que dio lugar a la muerte de la señora Crispina Angulo Mestizo”. Página 9 del escrito de tutela.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05956-01
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Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela- Segunda instancia
Decisión: Revoca – niega
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14. Manifestó que, si bien, las autoridades judiciales demandadas
pudieron determinar responsabilidad en un tercero por conducir a esa
hora y sin artefactos luminarios, (se trascribe) “no por ello podían
desconocer o justificar el actuar irresponsable de los Guardacostas de la
Armada Nacional o las 2 actividades peligrosas ejercidas para eximirlos de
responsabilidad alguna (…), por lo que reiterada jurisprudencia del
Consejo de Estado ha desarrollado la figura de concurrencia de culpas13”.
15. Ninguna de las instancias valoró en su integridad las acciones
realizadas por la Armada Nacional, las cuales daban cuenta que la
responsabilidad del hecho dañino estaba en cabeza de dicha institución,
pues a sabiendas del riesgo que por sí sola generaba una operación
militar, que es una actividad peligrosa, optaron por potencializarlo al
navegar en condiciones no aptas por las circunstancias de tiempo, modo
y lugar, y más aún cuando tenían pleno conocimiento de la existencia de
embarcaciones civiles en alta mar.
16. Sobre el defecto procedimental absoluto manifestaron que el
tribunal no resolvió los extremos de la apelación, en particular lo
correspondiente al criterio de falla del servicio al no valorar de manera
íntegra el material probatorio que demostraba que la Armada Nacional no
cumplió su deber de retener una embarcación que navegaba a deshoras
y de manera prohibida, y al obviar la potencialidad del daño de cada una
de las embarcaciones que participaron en el siniestro.
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
17. Mediante Sentencia de 19 de enero de 2023, la Sección Quinta del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
18. De manera previa, indicó que como los defectos invocados estaban
relacionados con los reparos del recurso de apelación presentado en el
proceso ordinario, los resolvería en conjunto. Seguidamente, determinó
que, como se alegó la vulneración del principio de congruencia, tal
aspecto era susceptible del recurso extraordinario de revisión, bajo la
causal de nulidad originada en la sentencia, establecida en el numeral 5
del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
19. No obstante, precisó que, aún cuando se estudiaran los otros
defectos de manera autónoma, tampoco se cumpliría el requisito de la
relevancia constitucional, porque se evidenciaba que la acción fue usada
para agotar una tercera instancia del proceso ordinario.
13 Citó la Sentencia de 23 de junio de 2010, interno No. 18376 del Consejo de Estado.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela- Segunda instancia
Decisión: Revoca – niega
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20. La parte actora presentó escrito de impugnación en el que señaló
que: (1) la tutela sí cumplía con el requisito de subsidiariedad, ya que el
recurso extraordinario de revisión no era idóneo ni eficaz para la
protección de sus derechos fundamentales, máxime cuando no sólo se
alegó un defecto (procedimental) sino varios y, en su conjunto, no podían
ser resueltos en dicho mecanismo judicial extraordinario.
21. Insistió en que las autoridades judiciales omitieron valorar el material
probatorio, concretamente, las declaraciones rendidas por los señores
Elpidio Rentería y Ancermo Bravo y le restaron importancia a las
costumbres de la comunidad afro en dicha región; además, incurrieron en
defecto sustantivo por (se trascribe) “elevar a nivel de reglamentario una
orden de navegar sin luces impartida por un superior jerárquico” y
desestimar la costumbre de las personas que habitan las zonas rurales de
Buenaventura, así como (se trascribe) “no aplicar la jurisprudencia de
riesgo excepcional o, en su defecto, de la concurrencia de culpas14”.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido. 2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio. 2.2. Identificación de
defectos. 2.3. Fijación de la controversia. 2.4. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.5. Verificación de defectos y/o vulneración de derechos
fundamentales. 2.6. Conclusión.
2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio
22. La Sala se centrará en analizar los reparos invocados respecto de la
Sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Valle del Cauca el 11 de mayo de 2022, puesto que, pese a que también
se enjuició la decisión del Juzgado 2 Administrativo de Buenaventura, lo
cierto es que, con ocasión del recurso de apelación, la decisión del
tribunal fue la que resolvió el litigio. Asimismo, no puede pasarse por alto
que, ante una eventual decisión favorable a las súplicas de amparo, será
la autoridad que resolvió la controversia en segunda instancia, la
encargada de dar cumplimiento a lo que se ordene.
2.2. Identificación de defectos
23. Si bien, en el escrito de tutela, la parte accionante invocó un
defecto sustantivo, la Sala se sustraerá de su estudio porque, de un lado, se
esgrimieron reparos que, en realidad, tienen relación directa con la
presunta omisión de las pruebas que daban cuenta de la responsabilidad
de la Armada Nacional en la muerte de la señora Angulo Mestizo y, por
14 Al respecto, hizo alusión a la Sentencia T-66 de 2019 de la Corte Constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05956-01
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Referencia: Acción de tutela- Segunda instancia
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ende, pueden ser analizados bajo la óptica del defecto fáctico invocado.
De otro lado, se hizo alusión al tema de concurrencia de culpas, pero no se
precisaron las reglas jurisprudenciales aplicables al caso de las
providencias citadas.
24. Por lo anterior, y luego de superarse el examen de los requisitos
generales de procedibilidad, la Sala centrará su estudio en el defecto
fáctico, así como en el defecto procedimental, cuyos reparos giraron en
torno a la presunta falta de congruencia entre la sentencia de segunda
instancia y los extremos de la apelación.
2.3. Fijación de la controversia
25. Corresponde a la Sala establecer si el Tribunal Administrativo de Valle
del Cauca incurrió en 1) un defecto fáctico por indebida valoración de
pruebas (orden de operaciones 018-CEGUB/SEP/16 del Comando de
Guardacostas, las declaraciones dadas por Elpidio Rentería, Albeiro Asprilla
Caicedo y Ancermo Bravo, y la manifestación hecha por el suboficial
Kamell Manrrique Yizhath Zamiry) que, según la parte actora, daban
cuenta de que fue la Armada Nacional quien ocasionó la muerte de la
señora Ángulo Mestizo y/o, (2) defecto procedimental por el
desconocimiento del principio de congruencia. Como consecuencia de lo
anterior, se procederá a confirmar, revocar o modificar la sentencia
impugnada.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial15
26. La Sala advierte que se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela porque hubo un plazo razonable
entre la fecha de notificación de la providencia enjuiciada (23/5/2216) y la
de interposición de la presente acción de tutela (9/11/2022). No se enjuició
un fallo de tutela, pues la controversia se relacionó con una sentencia
dictada en el marco de un proceso de reparación directa. Se identificaron
de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta
vulneración derivada de ellos. Además, contrario a lo señalado por el juez
de tutela de primera instancia, se advierte que la controversia tiene
relevancia constitucional por tratarse de la presunta afectación de
derechos fundamentales con ocasión de una providencia judicial cuyo
debate central gira entorno a la valoración probatoria y a la presunta falta
de congruencia entre lo apelado y lo resuelto en segunda instancia.
Aunado a ello, se precisa que, pese a que en la apelación la parte
15 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-66 de 2019.
16 Al consultar el proceso No. 76109-33-33-002-2018-00222-01 en la página web de la Rama Judicial, se constató
que el mensaje de datos se envió el 18 de mayo de 2022.
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accionante esgrimió algunos reparos relacionados con el defectos fáctico
aquí invocado, lo cierto es que en la acción de tutela alegó que la
sentencia de segunda instancia enjuiciada no efectuó un
pronunciamiento al respecto, por lo que el análisis se centrará en esta.
27. Frente al requisito de subsidiariedad, debe indicarse que, si bien la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en el fallo de primera instancia,
indicó que este no se satisfizo porque la parte demandante contaba con
el recurso extraordinario de revisión para alegar la falta de congruencia,
bajo la causal contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA,
relacionada con la nulidad originada en la sentencia, la Sala ha
considerado17 que el mismo no procede sobre el aspecto reseñado, pues
las causales de nulidad son taxativas y se encuentran contempladas en el
artículo 133 del CGP18.
28. En ese orden, no resolver todos los extremos de la controversia no es
una causal de nulidad y, por ende, el asunto sí superó el requisito general
de subsidiariedad, razón suficiente para revocar la decisión de primer
grado.
2.5. Verificación de defectos y/o vulneración de derechos
fundamentales
29. En lo que respecta al fondo de la controversia, la Sala negará el
amparo solicitado por no encontrar configurados los defectos fáctico y
procedimental, por las siguientes razones:
30. En relación con el defecto fáctico, la Sala evidencia que el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca confirmó la sentencia apelada, tras
determinar que la causa eficiente del daño era atribuible a la
embarcación civil por transitar en horario prohibido y sin iluminación, y que
no existía concurrencia de culpas porque el bote de la Armada estaba en
17 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia de 28 de enero de 2020. radicado No. 11001-03-
15-000-2019-04407-01; 11 de junio de 2021, radicado No. 11001-03-15-000-2020-04756-01; 11 de octubre de 2021,
radicado No. 11001-03-15-000-2021-04048-01; 23 de noviembre de 2021, radicado No. 11001-03-15-000-2021-
02892-01.
18 “Artículo 133. Causales de Nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: 1.
Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia. // 2. Cuando
el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o
pretermite íntegramente la respectiva instancia. // 3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las
causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad
debida. // 4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su
apoderado judicial carece íntegramente de poder. // 5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar,
decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea
obligatoria. // 6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o
descorrer su traslado. // 7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de
conclusión o la sustentación del recurso de apelación. // 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación
del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas,
aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el
proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio
Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado. (…)”
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Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y otro
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una operación militar, lo que justificaba que transitara sin luces y que no le
fuera previsible que la embarcación civil estuviera allí.
31. Para llegar a las anteriores consideraciones, el tribunal valoró las
pruebas obrantes en el expediente, entre esas, las que citó la parte actora
en su escrito de tutela, pues, se refirió de forma expresa a las declaraciones
de Elpidio Rentería19, conductor de la lancha civil, y Albeiro Asprilla
Caicedo20, pasajero de esa lancha, que, junto con la declaración del
marino Gustavo Miguel Cantero, tripulante de la embarcación de la
Armada, conllevaron a establecer que (se trascribe) “: i) la colisión de
ambas embarcaciones ocurrió en horas de la noche; ii) el bote civil se
movilizaba en un horario prohibido; iii) la embarcación de la Armada iba
sin luces; iv) la lancha civil tampoco tenía luces de navegación, solo una
linterna que portaba su conductor; iv) el bote civil no tenía chalecos
salvavidas”.
32. También valoró la Orden de operaciones No. 018-CEGUB/SEP/16 del
Comando de Guardacostas, cuyo fin era interceptar botes en actividades
ilegales, para concluir que el bote de la Armada Nacional se encontraba
ejecutándola, lo cual constaba en el informe del accidente elaborado por
la Armada y dirigido al CTI y en el texto de dicha orden de operaciones,
cuyo objetivo era (se trascribe) “la protección de la vida en el mar –
interdicción marítima –patrullaje y vigilancia marítima – protección del
medio ambiente”. Para la autoridad judicial, dicha orden explica por qué
el bote de la Armada adelantó la estrategia llamada “zafarrancho de
oscurecimiento y/o de combate” y, en consecuencia, transitaba sin luces,
tal como lo declaró el marino tripulante Gustavo Miguel Cantero.
33. Ahora bien, aunque no hubo un pronunciamiento expreso respecto
de las declaraciones de Ancermo Bravo y el suboficial Kamell Manrrique
Yizhath Zamir que guardaban relación con los reparos expuestos por la
parte actora de que “se elevó al nivel de reglamentaria la orden de
navegar sin luces impartida por un superior jerárquico” y se desestimó la
costumbre de pesca y navegación de las personas que habitan las zonas
rurales de Buenaventura, lo cierto es que la Sala no evidenció, ni la parte
actora demostró, de qué manera dichos elementos de prueba hubieran
19 “los guardacostas los detuvieron en la zona de machetajero después de haber navegado más o menos una
hora con el fin de realizar una verificación de la embarcación (…) a los 20 minutos de estar andando después de
que nos dejaran ir íbamos por la Caldumera cuando de repente sentí un fuerte golpe en la parte trasera (…)
ninguna lancha artesanal tiene señales de luces, nosotros andamos con nuestras linternas especiales, yo venía
alumbrando hacia adelante, pero el golpe fue por detrás yo en ningún momento vi al guarda costas, si ellos
hubieran traído las luces encendidas yo veo el reflejo y podría haber hecho alguna maniobra para evitar el
choque, yo sentí el golpe y caí al agua (…)”.
20 “Nosotros salimos de La Comba a las tres de la mañana, el día 30 de septiembre, yo venía dormido y sentí que
nos paró una lancha de guarda costas y nos preguntaron que llevábamos y que les mostrara lo que llevábamos,
yo me desperté y les mostré el pescado que llevábamos para Pueblo Nuevo a venderlo, ellos lo miraron y le
tomaron fotos, nos dejaron ir y nosotros seguimos el viaje pegados a la orilla de las bahías por donde transitan las
lanchas pequeñas para evitar accidentes, cuando como a unos veinte minutos de estar andando sentí un fuerte
golpe en la parte de atrás de nuestro bote”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05956-01
Demandante: Ancermo Bravo Riascos y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela- Segunda instancia
Decisión: Revoca – niega
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cambiado el sentido de la decisión, más aún cuando la autoridad judicial
demandada advirtió que el bote civil transitaba en horario prohibido y sin
permiso ni señales luminosas –“Resolución No. 520 de 1999”-, de manera
que se configuraba el hecho de un tercero como causal eximente de
responsabilidad.
34. En ese orden, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca sí valoró
la mayoría de las pruebas que la parte actora citó como desestimadas en
su escrito de tutela; sin embargo, de su estudio no se desprendió que la
Armada Nacional hubiera sido quien causó el daño, en vez del hecho de
un tercero.
35. Respecto del defecto procedimental, la parte actora afirmó que el
tribunal no resolvió los extremos de la apelación, pues no valoró de manera
íntegra el material probatorio que demostraba que la Armada Nacional no
cumplió con su deber de retener una embarcación que navegaba a
deshoras y de manera prohibida, y, además, obvió referirse a la
potencialidad del daño de cada una de las embarcaciones implicadas en
la colisión.
36. No obstante lo anterior, la Sala advierte que no se encuentra
configurada la vulneración al principio de congruencia, pues el tribunal se
pronunció frente a los argumentos que presentó la parte demandante en
su recurso de apelación, relacionados con la indebida valoración de las
pruebas que presuntamente demostraban que la Armada Nacional no
cumplió su deber de retener una embarcación que navegaba a deshoras
y de manera prohibida, lo que le llevó a concluir que, de ninguna manera,
la no inmovilización de la lancha artesanal, por parte de los guardacostas,
podía catalogarse como la causa directa y eficiente del accidente, pues
obedeció a un momento previo sin nexo de causalidad.
37. A su vez, el tribunal estudió lo relacionado con la potencialidad del
daño que podía causar una embarcación como la de la Armada
Nacional, análisis que le permitió establecer que no estaba demostrado
que dicha institución hubiere determinado la causación del daño, sino que
este había sido producto del actuar imprudente de un tercero, pues la
actividad que realizaba el bote oficial resultaba acorde con el objeto de
la orden de operaciones, además, porque el accidente fue una situación
imprevisible, así (se trascribe):
“En este acontecer fáctico, la Sala considera que si bien la Armada se
encontraba en el ejercicio de una actividad peligrosa como lo era
conducción de un bote, se configuró el hecho de un tercero como eximente
de responsabilidad que la exonera de responsabilidad por la muerte de
Crispina Angulo Mestizo. Como se explicó anteriormente, la omisión del bote
civil de portar luces energizadas lo hizo invisible al bote de la Armada,
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05956-01
Demandante: Ancermo Bravo Riascos y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela- Segunda instancia
Decisión: Revoca – niega
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haciendo que el accidente fuera una situación imprevisible porque i) no era
esperable que a esa hora de la madrugada transitara un bote civil sin luces de
navegación, no puede considerarse adecuada una linterna; ii) irresistible
porque la invisibilidad del bote impidió cualquier maniobra evasiva y iii)
externa a la actividad de la Armada porque la ejecutó un civil ajeno a la
operación militar y al funcionamiento del bote de la Armada.
Por último, cabe indicar que carece de fundamento la insinuación de la
demanda acerca de que antes del accidente el bote civil había sido
requisado por otro bote de la Armada, legitimando su falta de iluminación y
tránsito en horario prohibido, pues no lo inmovilizó pese a estar infringiendo los
protocolos de navegación. Esta circunstancia, en primer término, no está
debidamente probada y en todo caso no fue la causa eficiente del
accidente que ocurrió minutos después, pues obedecen a dos momentos sin
nexo de causalidad.
Admitir que la Armada es co-responsable del accidente porque no inmovilizó
el bote es retornar a la antigua teoría de la equivalencia de las condiciones,
en donde cualquier hecho anterior al accidente puede ser causa del mismo,
desconociendo la doctrina de la causalidad adecuada en la que solo
aquellos hechos relevantes y más próximos o con mayor probabilidad, en la
producción del daño pueden considerarse su causa; que en este caso fue la
presencia del bote civil sin luces y en horario prohibido21”.
38. En esa medida, la Sala estima que la sentencia fue congruente en
atención a que existe concordancia entre lo solicitado en el recurso de
apelación y la parte resolutiva de la misma, pues el tribunal sí valoró el
material probatorio allegado al expediente y, con base en ello, concluyó
que, si bien, la Armada se encontraba en el ejercicio de una actividad
peligrosa para el cumplimiento de una operación militar en la modalidad
de “zafarrancho” y por eso transitaba sin luces, lo cierto era que se
configuraba el hecho de un tercero como eximente de responsabilidad.
2.6. Conclusión
39. Al no configurarse los defectos alegados por la parte actora, la Sala
revocará la Sentencia de tutela de primera instancia y, en su lugar, negará
las súplicas de la tutela.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 19 de enero de 2023 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de
acción de tutela y, en su lugar, NEGAR el amparo solicitado por Ancermo
21 Páginas 8 y 9 de la Sentencia de 11 de mayo de 2022, radicado No. 76109-33-33-002-2018-00222-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05956-01
Demandante: Ancermo Bravo Riascos y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela- Segunda instancia
Decisión: Revoca – niega
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Bravo Riascos y otros, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello22.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con salvamento de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
22 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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