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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-05964-00

Fecha
5 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-05964-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela ejercida por el señor Melkis Guillermo Kammerer Kammerer frente a los cargos por violación directa de la Constitución, decisión sin motivación y los defectos fáctico y sustantivo, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Negar las demás pretensiones de la tutela, de conformidad con lo anotado en las consideraciones del fallo. TERCERO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-05964-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

5 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05964-00
Actor: MELKIS GUILLERMO KAMMERER KAMMERER
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Melkiz Guillermo
Kammerer Kammerer contra el Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar y el
Tribunal Administrativo del Cesar.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 10 de noviembre de la presente anualidad1, el señor Melkis Guillermo
Kammerer Kammerer interpuso acción de tutela contra el Juzgado Quinto
Administrativo de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de petición y de
acceso a la administración de justicia. Formuló las siguientes pretensiones:

Primero Pretendo con estas acción de tutela, por violación administración de
justicia, a una tutela judicial efectivas, al debido proceso administrativos,
derecho de petición, principio de legalidad, de la función pública, por la mal
aplicación de la ley y los precedente del Consejo de Estado y la Cortes (sic)
Constitucional, debido que para estos jueces no existe la acción de
cumplimiento, contra las sentencias de acción de cumplimiento de primera
instancia y segunda instancia sentencia expedida por el Juzgado Quinto
Administrativo de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar, declaró
improcedente la acción de cumplimiento alegando que lo que procede es la

1 Se advierte que, el 28 de noviembre de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05964-00
Actor: Melkis Guillermo Kammerer Kammerer
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

acción de nulidad con restablecimiento del derecho, cuando yo acciones (sic)
esta acción de cumplimiento conforme a la competencia que me otorga el
artículo cuarto de la ley 393 de 1997, numerales b, y c que establecen
titulares de la acción las organizaciones sociales, y la organizaciones no
gubernamentales, además el artículo 62 de la ley estatutaria 1757 del artículo
62. Alcance del Control Social. Quien desarrolle control social podrá: e).
Presentar acciones de cumplimiento en los términos de la Ley 393 de 1997;
f). Presentar Acciones de Tutela en los términos del Decreto número 2591 de
1991; para que el magistrado ordene a darle tramite a la acción de
cumplimiento y anules (sic) la sentencias (sic) de primera y segunda instancia
por ser una clara vía de hechos (sic), por violación directa de la constitución,
defecto procedimental, defecto factico, defecto material o sustantivos (sic),
decisión sin motivación, violación de los (sic) precedente de la cortes (sic)
constitucional en las sentencias Sentencia (sic) SU077/18, C-010/01, C-
1194/01, C-575-98 C-193-98 […].

Segundo que el Consejo de Estado ordene al gobernador del Cesar para que
manifieste bajo la gravedad de juramento certifique si existe convenio con la
dirección nacional de policía y el departamento del Cesar, para que la policía
de carretera ejerzan funciones de tránsito dentro del perímetro urbano y rural
del municipios como los demás municipios del departamento del Cesar, así
mismo ordene al ministerio de transporte según el artículo 5 de la ley 769 del
2002 cuales son las carretera señalada por la ley donde la policía de carretera
debe ejercer funciones de tránsitos, cuando en el departamento del Cesar
existe secretaria de tránsito departamental.

Tercero que el Consejo de Estado aplique el artículo 4 de la Constitución y
anule el comparendo No comparendoNo9999999900000-5068617 del 15 de
abril del 2022, y la resolución No por medio de la cual el policía de carretera
me levanto un comparendo, sin tener competencia ni jurisdicción, cometiendo
prevaricato por acción omisión y extralimitación de funciones, violando mis
derechos fundamentales mis derechos fundamentales a la población
desplazadas, al derecho de petición, debido proceso administrativo, derecho
a la defensa legalidad, tipicidad, seguridad jurídica, a la igualdad, a los
principios de buena fe confianza legítima, y al principio de respeto al acto
propio, a las garantías judiciales consagrada en los artículos 8, y 25 de la
convención americana de derechos humanos, además a una tutela judicial
efectiva a los principios de la buena fe seguridad jurídica, proporcionalidad
razonabilidad, y los precedente de la cortes constitucional que conforme al
artículo 10 de la ley 1437 del 2011 deben hacerlo extensiva como es la
sentencias C-306/09, como además los dos concepto expedido por la, Sala
de Consulta y Servicio Civil consejero ponente: Augusto Hernández Becerra
Bogotá D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil once (2011).-Rad. No. :
11001-03-06-000-2010- 00097-00 Número interno: 2034 […] Radicación
00167 de 2019 Consejo de Estado, Consejo de Estado Sala de Consulta y
Servicio Civil consejero ponente: Álvaro Namén Vargas Bogotá D.C.,
veinticinco (25) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación
número: 11001-03-06-000-2018-00167- 00(2397) Actor: Ministerio de
Transporte.

1.2 . Hechos

A pesar de la falta de claridad del escrito de tutela, de su contenido y de los
documentos obrantes en el expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05964-00
Actor: Melkis Guillermo Kammerer Kammerer
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

El 19 de abril de 2022, el señor Kammerer Kammerer requirió a la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Valledupar para que diera cumplimiento al artículo 4 de la
Ley 1310 de 2009, modificado por el artículo 57 de la Ley 2197 de 2022, así como
de los artículos 2, 3, 6 y 125 de la Ley 769 de 2002, y que, en consecuencia, se
dejara sin efecto el comparendo No. 9999999900000- 5068617 del 15 de abril del
2022, impuesto por la Policía de Carreteras, pues, a su juicio, no tenía
competencia ni jurisdicción para tal fin, al no existir «un convenio
interadministrativo entre el Municipio de Valledupar, el Departamento del Cesar y
la Policía Nacional que facultara a aquellos a ejercer funciones de tránsito en
estas entidades territoriales».

Según la demanda, al no haber obtenido respuesta a su solicitud, el señor Melkis
Guillermo Kammerer Kammerer interpuso una acción de cumplimiento que
correspondió en primera instancia al Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar
el que, en providencia del 12 de agosto de 2022, declaró la improcedencia de la
demanda.

Dicha decisión fue objeto de impugnación y el Tribunal Administrativo de
Valledupar la confirmó, en providencia del 20 de septiembre de esta anualidad.

1.3. Fundamento de la tutela

Para el actor, en las providencias atacadas se incurrió en violación directa de la
Constitución, decisión sin motivación y en los defectos fáctico y material al
establecer que tenía otro mecanismo de defensa judicial como lo era solicitar la
nulidad y restablecimiento del derecho en contra del acto administrativo que dio
respuesta a la solicitud de eliminación del comparendo.

En el mismo sentido, considera que se incurrió en desconocimiento del precedente
fijado por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia de tutela del 24
de octubre de 2019, radicado 20001-23-33-000-2019-00273-01 pues, es inexacta
la apreciación de los despachos accionados al establecer que tenía a su
disposición el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
presunta respuesta negativa del derecho de petición, cuando lo que buscaba en
ejercicio de la acción de cumplimiento, era precisamente que se atendiera una
disposición normativa, por lo que no se podía equiparar la solicitud administrativa
de cumplimiento de una norma con un derecho de petición susceptible de control
judicial.

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05964-00
Actor: Melkis Guillermo Kammerer Kammerer
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 15 de noviembre de 2022, se admitió la acción de tutela y
se ordenó que se notificara al juez quinto administrativo de Valledupar y a los
magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Cesar, como parte
demandada y, en calidad de terceros con interés, al Municipio de Valledupar y a la
Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar. Así mismo, se ordenó la
notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.2. El Tribunal Administrativo del Cesar, por conducto de su presidente, rindió el
informe respectivo y señaló que no existía arbitrariedad o vulneración de los
derechos del demandante con la decisión atacada.

Adujo que esa Corporación ya había conocido de una tutela bajo el radicado
20001-23-33-000-2022-00128-00, promovida por el mismo accionante y con el fin
de dejar sin efecto o declarar la nulidad del comparendo No. 9999999900000-
5068617 del 15 de abril del 2022, impuesto por la Policía de Carreteras, y que, en
esa oportunidad, se declaró la improcedencia de la acción constitucional, decisión
que no fue objeto de impugnación. En consecuencia, solicita que se declare la
improcedencia de la presente solicitud de amparo.

2.3. Los demás sujetos guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para
proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el
juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir,

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05964-00
Actor: Melkis Guillermo Kammerer Kammerer
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para
conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación
consideraba que la acción de tutela era improcedente contra las providencias
judiciales; sin embargo, a partir del año 20122, aceptó su procedencia, conforme
con las reglas que ha fijado la Corte Constitucional, esto es, cuando la misma
viole flagrantemente algún derecho fundamental.

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones judiciales y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales, sin mayores excepciones.

Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, entonces,
el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y
específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las
razones en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la
protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se
hubiera interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea
de evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.
El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por
ejemplo, en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a
terceros que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte,

2 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García

González.

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Actor: Melkis Guillermo Kammerer Kammerer
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

acaece cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental
que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales
causales, así:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar
la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la
violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de
instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia
cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la

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procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario,
la tutela carecería de relevancia constitucional.

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos, la Corte
Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de
tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado. En ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los
requisitos generales y la configuración de una de las causales específicas antes
mencionados, la acción de tutela contra providencias proferidas por los
denominados órganos de cierre, «solo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de
los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional3».

2. Problema jurídico

En primer lugar, corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el
de relevancia constitucional. De ser así, deberá abordarse el estudio de fondo del
asunto, con el fin de establecer si las autoridades judiciales accionadas incurrieron
en los defectos alegados por el señor Melkis Guillermo Kammerer Kammerer.

3. Análisis de la Sala y solución del problema jurídico

3.1. De la relevancia constitucional

En sentencia del 5 de agosto de 20144, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la

3 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
4 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez.

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autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya
en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia
constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para
proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial
ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los
procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores
excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

3.2. Caso concreto

En el caso bajo estudio, el señor Kammerer Kammerer adujo que en las
providencias del 12 de agosto y 20 de septiembre de 2022, el Juzgado Quinto
Administrativo de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar vulneraron sus
derechos fundamentales al incurrir en violación directa de la constitución, decisión
sin motivación y en los defectos fáctico y material al establecer que tenía otro
mecanismo de defensa judicial como lo era solicitar la nulidad y restablecimiento
del derecho en contra del acto administrativo que dio respuesta a la solicitud
interpuesta por él ante la Secretaría de Transporte de Valledupar.

Al examinar el escrito de demanda, la Sala encuentra que el accionante no
argumentó de manera de manera clara y suficiente la anterior afirmación, sino que
se limitó a manifestar su inconformidad con la actuación de la Policía de
Carreteras al imponerle el comparendo No. 9999999900000- 5068617 del 15 de

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abril del 2022. Bajo este contexto la Sala advierte que la solicitud de amparo
carece de relevancia constitucional por su insuficiente carga argumentativa.

Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que la parte actora no cumplió con la
carga argumentativa mínima que se requiere para cuestionar providencias
judiciales a través de la acción de tutela, toda vez que, si bien alegó la existencia
de algunos defectos, lo cierto es que no expuso los argumentos puntuales y en
perspectiva constitucional, en virtud de los cuales se funde dicha afirmación.
Simplemente, reitera sus inconformidades frente a las actuaciones surtidas por
diferentes entidades del municipio de Valledupar relacionadas con la imposición
del comparendo No. 9999999900000- 5068617 del 15 de abril del 2022.

En la demanda de tutela, el accionante manifiesta sin mayor claridad
argumentativa (se trascribe textualmente, incluso con errores):

SEXTO SEÑOR MAGISTRADO DEL CONSEJO DE ESTADO LO QUE YO
BUSCO CON ESTA AACION DE CUMPLIMIENTO ERA QUE LA POLICIA
DE CARRETERA que se abstuviera ejerciendo funciones de tránsito en el
municipio de Valledupar y el departamento del cesar , debido que no existe
convenio interaminiatrivo con la dirección nacional de policía y el
departamento del cesar , para poder ejercer estas funciones, debido que
encada momento y de forma permanente la policía de carretera, tienen sus
comando de forma permanente en la entrada y y salida del municipio de
Valledupar y demás municipio del departamento del cesar sin tener facultad
para estar ejerciendo estas funciones, debido que muchos de estos
municipios cuenta con funcionarios públicos ejerciendo esta función, como
el departamento del cesar, que tiene su secretaria departamental de tránsito
pero la policía nacional de carretera en su afán de hacer comparendo, no
quieren salir de Valledupar, ni de ningún municipio del país extralimitándose
de sus funciones, es así que el 15 de abril del 2022 a unos metros del
puente de hurtado del municipio de Valledupar donde hay un retén
permanente de la policía nacional, el cuerpo especializado de agente de
tránsito de la policía de carretera que debe velar por el cumplimiento del
régimen normativo de tránsito en todas las carreteras nacionales , por fuera
del perímetro urbano y rurales como los tramo, me levanto el comparendo
No 9999999900000-5068617 del 15 de abril del 2022,donde yo atravez del
derecho de petición verbal le manifesté que la policía de carretera no se
encuentra facultada para ejercer funciones de tránsito, como me lo
manifestó el ministerio de transporte en varia consulta , y esto lo vengo
denunciando por los diferente medio de comunicaciones, por las redes
sociales, , por volante , pero la policía de carreteracontinúan, ejerciendo
estas funciones en todos los municipios del cesar, guajira y la costa entera,
no salen de los municipios cometiendo prevaricato por acción y omisión y
extralimitación de funciones ,, violando los artículos, 2,6,24,29,83,de la
constitución , donde es una violación de la constitución y la ley. Violando el
debido proceso administrativo, derecho de petición, los principios de la
buena fe confianza legítima acto propio, legalidad, seguridad jurídica,
principio de proporcionalidad, , los principios de la función públicas, violando
los precedente de la cortes constitucional LA SENTENCIA C-306/09, que
deben hacer HAGAN EXTENSIVA.

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SEPTIMO violan al artículo 4 de la ley 1310 del 2009 modificado por el
artículo 57 la ley LEY 2197 de 2022,,le 769 del 2002 articulo 3,paragrafo
1,2,3,y4 artículo 5,articulo 6 parágrafo 1, y 2 , articulo 7, parágrafo 1,2,3,y4 ,
ley 769 del 2002 atribuye a la policía nacional, en su cuerpo especializado
de carreteras, el control de las normas de tránsito y la aplicación de este
código en todas las carreteras nacionales por fuera del perímetro urbano de
los municipios y distritos. esta regla aparece reproducida en el artículo 7° de
la misma ley en los siguientes términos: “… el ministerio de transporte
tendrá a su cargo un cuerpo especializado de agentes de tránsito de la
policía nacional que velará por el cumplimiento del régimen normativo de
tránsito en todas las carreteras nacionales por fuera del perímetro urbano
de distritos y municipios.” sobre este punto se observa, sin embargo, que el
artículo 4° de la ley 1310 de 2009 atribuyó jurisdicción a “los agentes de
tránsito municipales o distritales en el perímetro urbano y rural de
susmunicipios”, motivo por el cual ha de concluirse que la jurisdicción de los
agentes de la policía nacional quedó reducida a las carreteras nacionales
por fuera del perímetro urbano y rural de los municipios y distritos. el mismo
artículo 4° de la ley 1310, al reglamentar la jurisdicción, dispuso que cada
una de las distintas autoridades de tránsito “ejercerá sus funciones en el
territorio de su jurisdicción”, y que por consiguiente las ejercerá “la policía
de carreteras de la policía nacional en las carreteras nacionales”. en otras
palabras, y para utilizar las expresiones de la ley, el “territorio” de la
jurisdicción de los agentes de tránsito de la policía nacional son las
carreteras nacionales, salvo los tramos de estas que estén localizadas
dentro del perímetro urbano y rural de los municipios y distritos.

así mismo no se encontraba investido de autoridad, conforme a los artículo
3, ,6 y ,7, del código nacional de tránsito al no existir un convenio
interadministrativo firmado por la dirección nacional de policía y el ministro
de transporte y aplique el control de convencionalidad, y garantice mis
derechos fundamentales una tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa
contradicción buena fe.

OCTAVO al artículo 4 de la ley 1310 del 2009 modificado por el artículo 57
la ley LEY 2197 de 2022,,le 769 del 2002 articulo 3,paragrafo 1,2,3,y4
artículo 5,articulo 6 parágrafo 1, y 2 , articulo 7, parágrafo 1,2,3,y4 , ley 769
del 2002 ,la policía de carretera al expedir los comparendos, violan la
sentencia de , LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LA Sentencia C-306/09
DECLARO EXEQUIBLE el Proyecto de Ley No. 190 de 2007 Senado, 077
de 2006 Cámara, “mediante el cual se unifican normas sobre agentes de
tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y
se dictan otras disposiciones”, únicamente por los cargos planteados en las
objeciones analizadas en esta sentencia. QUE ES LA LEY 1310 DEL 2009
QUE EN SU ARTICULO QUE DECLARO EXEQUIBLE LA LEY 1310 DEL
2009 Y EN SUS ARTICULO 4 ESTABLECE ARTÍCULO 4o.
JURISDICCIÓNSin perjuicio de la colaboración que deben prestar las
distintas autoridades de tránsito, cada una de ellas ejercerá sus funciones
en el territorio de su jurisdicción, de la siguiente manera: La Policía de
Carreteras de la Policía Nacional en las carreteras nacionales; los agentes
de tránsito de los organismos departamentales en aquellos municipios
donde no hayan organismos de tránsito; los agentes de tránsito municipales
o distritales en el perímetro urbano y rural de sus municipios Cada
organismo de tránsito contará con un solo cuerpo especializado de agentes
de tránsito y transporte, que actuará únicamente en su respectiva
jurisdicción (o bajo convenios con otros municipios), los cuales por su rango
de autoridad y tener funciones de policía judicial no podrán ser objeto de
delegación o contratar con particulares., LOS POLICIA DE CARRETERA
SOLO Y UNICAMENTE SOLO PUEDEN EJERCER FUNCIONES DE
TRASITO en el casco urbano y rural de la jurisdicción de las secretarias de
transito de los municipios, ni siquiera en los tramo, por ejemplo en los tramo
entre el municipio de Valledupar y la paz , no pueden hacer comparendos,
en sus corregimientos, veredas, casco urbano y rural no pueden levantar

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05964-00
Actor: Melkis Guillermo Kammerer Kammerer
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

comparendo, los policía de carreteras que se encuentran ubicado
diariamente que tienen azotado a los conductores del cesar y la guajira y se
encuentra al lado de la universidad nacional ubicada entre el tramo del
municipio de la paz y de Valledupar no pueden hace comparendo por
infracciones de tránsitos, los policía de carretera no pueden hacer
comparendo en los corregimiento de Valledupar, tampoco pueden hacer
comparendo en las carreteras departamentales, por lo que estos policía de
carreteras vienen cometiendo prevaricato por acción y emisión y
extralimitación de funciones, ,de forma inmediata deben de anularse todos
estos comparendo.

NOVENO SEÑORES CONCESO DE ESTADO la policía de carretera al
expedir esto comparendo sin haber un convenio interadministrativo firmado
por la dirección nacional de policia con cada unos de los cinco
gobernadores , violan el estado social de derechos, debido que la ley 769
del 2002 bajo ninguna circunstancias el congreso de Colombia le
establecido funciones definidads en el código nacional de tránsito para
ejercer estas funciones en las entidades territoriales que por constitución le
corresponde a los alcaldes y gobernadores artículos 305, 315, por lo que la
policía de carretara no puede ejercer estas competencias sin autorización
de los alcaldes y gobernadores asi como lo establece el articulo Artículo
122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que
estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en
el presupuesto correspondiente, asi mismo el artículo 128. Nadie podrá
desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de
una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de
la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas, como
se puede observar, estos convenios interadministrativo, tiene que ser
pagado por los municipios y departamentos ,por ese motivo la policía
nacional de transito municipales y la policía nacional de carretera puede
ejercer funciones sin autorización de las entidades territoriales , y sin tener
convenios, por lo que estos comparendo realizado por la policía de
carretera dentro de estos cincos departamentos, tienen que existir este
convenio, como lo dejo claro el ministerio de transportes en varias
consultas, que ratifico, que para que la policía pueda ejercer funciones de
tránsitos dentro de los departamentos , debe existir un convenios
interadministrativo con la dirección nacional de policía y los cincos
departamentos, así sucesivamente con la policía de tránsito de cada uno de
estos municipios, así mismo manifestó el ministerio Id Documento:
11001031500020220596400005025010005 de transportes , que si hay
carretera nacional pasando por el perímetro urbano y rural y los tramos de
los municipios , la competencia le corresponde es a los organismo municipal
de transito.

Como puede verse, la parte accionante, de manera confusa, señaló que su
inconformidad se encuentra concretamente con la actuación de la policía de
carreteras al imponer el comparendo No. 9999999900000- 5068617 del 15 de abril
del 2022, y con la Secretaría de Tránsito y Transporte que no atendió, como él
pretendía, su requerimiento frente al cumplimiento de unas normas y la anulación
del mencionado comparendo.

Por consiguiente, lo afirmado por la parte actora no basta para considerar que se
cumpla con el primer elemento del requisito de la relevancia constitucional –carga

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05964-00
Actor: Melkis Guillermo Kammerer Kammerer
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

argumentativa mínima–, pues no explicó, con la suficiencia exigida por la
jurisprudencia constitucional, las razones por las cuales considera que las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en violación directa de la
constitución, decisión sin motivación y en los defectos fáctico y material.

Conviene anotar que esta Corporación ha sostenido que en la demanda de tutela
no se puede escuetamente señalar de manera ligera alguna de las causales
específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, sino que es
necesario que tal señalamiento se sustente razonablemente. Como se sabe,
detrás de las causales específicas de prosperidad que ha fijado la Corte
Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo y desmesurado
de la acción de tutela contra las providencias judiciales5.

En otras palabras, es necesario que los señalamientos que se hagan se sustenten
razonablemente en alguno de los requisitos específicos que la Corte
Constitucional ha identificado para la prosperidad del amparo, a fin de que el juez
cuente con los parámetros suficientes para decidir si una providencia judicial
vulnera o no derechos fundamentales.

De conformidad con lo anterior, la Sala declarará improcedente la acción de tutela
de la referencia por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional,
respecto a los cargos por violación directa de la constitución, decisión sin
motivación y en los defectos fáctico y material.

Ahora bien, respecto del cargo por desconocimiento del precedente, la tutela sí
cumple el presupuesto de la relevancia constitucional, pues el demandante
identificó que se omitió considerar la sentencia de tutela del 24 de octubre de
2019, radicado 20001-23-33-000-2019-00273-01, dictada por la Sección Quinta de
esta Corporación en un caso similar; sin embargo, se advierte que dicha decisión
se refiere a una acción de tutela cuya parte resolutiva y sus consideraciones
tienen efectos inter partes, razón por la cual la providencia de esta naturaleza
alegada como desconocida, no constituye precedente jurisprudencial, aunado al
hecho de que la misma fue declarada improcedente al no cumplir con el requisito
de la subsidiariedad.

4. Frente a las demás pretensiones de la tutela

5 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-

00380-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05964-00
Actor: Melkis Guillermo Kammerer Kammerer
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Teniendo en cuenta que en la tutela se plantearon otras pretensiones ajenas a las
providencias judiciales dictadas en el trámite de la acción de cumplimiento con
radicado 20001-33-33-005-2022-00272-01, precisa la Sala que la primera,
referente a decretar una orden al gobernador del Cesar, está encaminada a
obtener un concepto sobre un asunto de transporte, circunstancia que no se
refiere a vulneración de derechos fundamentales, razón por la cual escapa de la
competencia del juez de tutela.

Finalmente, en cuanto a la solicitud de anular el comparendo No.
9999999900000- 5068617 del 15 de abril del 2022, aun cuando el accionante ya
presentó con anterioridad la misma solicitud en ejercicio de una acción de esta
misma naturaleza, tal como lo expuso el Tribunal Administrativo del Cesar en la
contestación de la acción de la referencia, identificada con el radicado 20001-23-
33-000-2022-00128-00; lo cierto es que en la presente tutela no se demandaron a
las autoridades administrativas accionadas en aquella ocasión, esto es, el
Ministerio de Transporte y la Presidencia de la República, razón por la cual no
concurren lo elementos para declarar la cosa juzgada en esta oportunidad.

En lo que concierne a esta pretensión, precisa la Sala que la tutela resulta
improcedente porque en el procedimiento contravencional6 que se inició como

6 Reglado por el Artículo 136 de la Ley 769 de 2002 (modificado por el Artículo 24 de la Ley 1383

de 2010, a su vez modificado por el artículo 205 del Decreto Nacional 019 de 2012).

CAPÍTULO IV.
ACTUACIÓN EN CASO DE IMPOSICIÓN DE COMPARENDO.

ARTÍCULO 136. REDUCCIÓN DE LA MULTA. <Artículo, salvo sus parágrafos, modificado por el
artículo 205 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Una vez surtida Ia orden de
comparendo, si el inculpado acepta Ia comisión de Ia infracción, podrá, sin necesidad de otra
actuación administrativa:

1. <Ver Notas del Editor> <Numeral modificado por el artículo 118 del Decreto Ley 2106 de 2019.
El nuevo texto es el siguiente:> Cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa dentro
de los cinco (5) días siguientes a la orden de comparendo y siempre y cuando asista
obligatoriamente a un curso sobre normas de tránsito en un Organismo de Tránsito o en un Centro
de Enseñanza Automovilística o un Centro integral de atención debidamente registrados ante el
RUNT. Si el curso se realiza ante un centro de enseñanza automovilística o en centro integral de
atención, o en un organismo de tránsito de diferente jurisdicción donde se cometió la infracción, a
este se le cancelará un veinticinco por ciento (25%) del valor a pagar y el excedente se pagará al
organismo de tránsito de la jurisdicción donde se cometió la infracción; o
2. <Ver Notas del Editor> <Numeral modificado por el artículo 118 del Decreto Ley 2106 de 2019.
El nuevo texto es el siguiente:> Cancelar el setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la multa,
si paga dentro de los veinte días siguientes a la orden de comparendo y siempre y cuando asista
obligatoriamente a un curso sobre normas de tránsito en un Organismo de Tránsito, en un centro
de enseñanza automovilística, o un Centro integral de atención debidamente registrados ante el
RUNT. Si el curso se realiza ante un centro de enseñanza automovilística, o centro integral de
atención o en un organismo de tránsito de diferente jurisdicción donde se cometió la infracción, a

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05964-00
Actor: Melkis Guillermo Kammerer Kammerer
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

consecuencia del comparendo, mediante los diferentes medios de prueba, el actor
puede desvirtuar su responsabilidad en la comisión de la infracción de tránsito.

Hay que decir también que no está acreditado ningún perjuicio irremediable que
amerite la intervención urgente e impostergable del juez de tutela. En efecto, en el
expediente no obra prueba de que el señor Kammerer Kammerer sea sujeto de
especial protección constitucional o una persona de escasos recursos cuyo
mínimo vital se vería afectado ante una eventual multa.

Además, es claro que la imposición del comparendo no implica automáticamente
una sanción, pues es apenas el preludio del procedimiento administrativo en el
que el presunto infractor debe ejercer la defensa de sus intereses. Por lo tanto, la
obligación de pagar la multa surge cuando se establezca su culpabilidad, es decir,
cuando se pruebe que él fue quien cometió la infracción, o cuando éste lo admita
expresa o implícitamente. En todo caso, no existe certeza de que en el
procedimiento contravencional se hubiera adoptado decisión de fondo y, por ende,
se insiste, ese el escenario propicio para que ejerza las garantías de contradicción
y defensa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

este se le cancelará un veinticinco por ciento (25%) del valor a pagar y el excedente se pagará al
organismo de tránsito de la jurisdicción donde se cometió la infracción.
3. Si aceptada Ia infracción, ésta no se paga en las oportunidades antes indicadas, el inculpado
deberá cancelar el cien por ciento (100%) del valor de Ia multa más sus correspondientes intereses
moratorios.
Si el inculpado rechaza Ia comisión de Ia infracción, deberá comparecer ante el funcionario en
audiencia pública para que éste decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de
oficio que considere útiles.
Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a Ia notificación del comparendo, Ia autoridad de tránsito, después de treinta (30) días
calendario de ocurrida Ia presunta infracción, seguirá el proceso, entendiéndose que queda
vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados.
En Ia misma audiencia, si fuere posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al
inculpado. Si fuere declarado contraventor, se le impondrá el cien por ciento (100%) de Ia sanción
prevista en Ia ley.
Los organismos de tránsito de manera gratuita podrán celebrar acuerdos para el recaudo de las
multas y podrán establecer convenios con los bancos para este fin. El pago de Ia multa a favor del
organismo de tránsito que Ia impone y Ia comparecencia, podrá efectuarse en cualquier lugar del
país.
(…).

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05964-00
Actor: Melkis Guillermo Kammerer Kammerer
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

FALLA:

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela ejercida por el señor
Melkis Guillermo Kammerer Kammerer frente a los cargos por violación directa de
la Constitución, decisión sin motivación y los defectos fáctico y sustantivo, por lo
razonado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Negar las demás pretensiones de la tutela, de conformidad con lo
anotado en las consideraciones del fallo.

TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

CUARTO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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