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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05965-00

Fecha
15 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05965-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NIÉGASE la solicitud de amparo de los derechos fundamentales invocados por la accionante. SEGUNDO: NIÉGANSE las solicitudes de desvinculación elevadas por la Alcaldía Municipal de Socotá y el Concejo Municipal de Socotá. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05965-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

15 de diciembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05965-00
Accionante: Amanda Lucía Camargo Jiménez
Se niega el amparo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C. quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05965-00
Accionante: Amanda Lucía Camargo Jiménez
Accionado: Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá

Temas: Tutela contra providencia judicial / Medida cautelar / Suspensión provisional de acto
administrativo / Ley 136 de 1994 / Elección de personeros municipales / Faltas absolutas y
temporales / Periodos de sesiones de concejos municipales / Fuero de maternidad /
Cumplimiento de órdenes judiciales / Se niega el amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la acción de tutela interpuesta contra el auto del 25 de octubre
de 2022 proferido por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá.
Este auto revocó el auto del 14 de septiembre de 2022 proferido por el Juzgado Primero
Administrativo de Duitama y, en su lugar, decretó la medida cautelar de suspensión
provisional del Decreto 052 del 26 de julio de 2022 que nombró temporalmente a la
actora como personera municipal de Socotá. Lo anterior, en el proceso de nulidad
electoral con radicado No. 15238-33-33-001-2022-00226-00/01.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 333 de 2021 y en
el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05965-00
Accionante: Amanda Lucía Camargo Jiménez
Se niega el amparo

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 10 de noviembre de 2022 Amanda Lucía Camargo Jiménez interpuso, en nombre
propio, una acción de tutela para obtener el amparo de sus derechos al debido proceso
y <<a la estabilidad laboral reforzada – derecho a la salud y a la seguridad social,
derecho al mínimo vital, derecho a la vida, derecho a la dignidad humana, derecho a la
integridad física, derecho a la maternidad, derechos del nasciturus, derecho a la legitima
confianza>>.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones:

<<PRIMERA: URGENTE MEDIDA PROVISIONAL ESPECIAL DE PROTECCION, se
ordene por medio de la presente el reintegro al cargo de Personera Municipal del
Municipio de Socotá -Boyacá, hasta que se emita la sentencia a que de lugar la presente
acción de tutela o en el término que su honorable despacho lo estime y que se garanticen
mis derechos especialmente el derecho a mi seguridad social en mi condición de mujer
en estado de embarazo.

SEGUNDA: Se me amparen los siguientes derechos: DERECHO CONSTITUCIONAL A
LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA – DERECHO A LA SALUD Y A LA
SEGURIDAD SOCIAL, DERECHO AL MÍNIMO VITAL, DERECHO A LA VIDA,
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA, DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA,
DERECHO A LA MATERNIDAD, DERECHOS DEL NASCITURUS, DERECHO A LA
LEGÍTIMA CONFIANZA, AL DEBIDO PROCESO.

TERCERA: Se deje sin efectos la providencia emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACA, SALA DE DECISIÓN N° 4 de fecha 25 de octubre de
dos mil veintidós donde se resuelve la apelación del auto que negó la medida cautelar
de suspensión provisional proferida por ese despacho, dentro del proceso de nulidad
electoral adelantado en el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE DUITAMA con
radicado 15238-33-33-001-2022-00226-00

CUARTA: Como consecuencia de lo anterior, se ordene al tribunal accionado emitir
nueva providencia donde SE LEVANTE LA SUSPENSION EMITIDA se incluya y se
estudie mi estado de gravidez y se valoren mis derechos como materna o mujer en
estado de embarazo ya que el mismo y la suscrita al momento de dar contestación a la
apelación desconocíamos el estado en el que me encontraba.

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Accionante: Amanda Lucía Camargo Jiménez
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QUINTA: Se ordene al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE DUITAMA se
suspenda el proceso de NULIDAD ELECTORAL que cursa en mi contra, hasta que se
cumpla el término de mi licencia de maternidad en los términos a que se refiere el artículo
236 del Código Sustantivo del Trabajo>>.

B. Hechos

3.- La actora basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- El 1º de marzo de 2020, mediante Decreto 022, la Alcaldía Municipal de Socotá –
Boyacá nombró a Daniel Fernando Niño Mendivelso como personero municipal hasta el
momento en que se posesionara Cristian Rafael Sánchez Buitrago con ocasión del
nombramiento efectuado en la Resolución 010 del 23 de febrero de 2020. Allí se precisó
que si este último no se posesionaba, el nombramiento del señor Niño Mendivelso
tendría vigencia hasta que el Concejo Municipal de Socotá adelantara la respectiva
elección.

3.2.- El 5 de julio de 2022 Daniel Fernando Niño Mendivelso presentó renuncia al cargo
de personero municipal, la cual fue aceptada por la Alcaldía Municipal de Socotá
mediante Decreto 051 del 25 de julio de 2022.

3.3.- El 26 de julio de 2022, mediante Decreto 052, la Alcaldía Municipal de Socotá
nombró temporalmente a Amanda Lucía Camargo Jiménez como personera municipal
de Socotá <<por el tiempo restante del término del periodo institucional hasta cuando el
Concejo Municipal provea el cargo por medio del concurso de méritos respectivo>>. En
la misma fecha el juez promiscuo municipal de Socotá posesionó a la actora.

3.4.- Fredy Alexander Goyeneche Carreño, presidente del Concejo Municipal de Socotá,
presentó demanda de nulidad electoral contra el Municipio de Socotá y Amanda Lucía
Camargo Jiménez para obtener la nulidad del Decreto 052 de 2022. En su demanda
solicitó como medida cautelar la suspensión provisional del acto demandado.

3.5.- El 14 de septiembre de 2022 el Juzgado Primero Administrativo de Duitama negó
la medida cautelar solicitada. Sostuvo que en la solicitud no se realizó una exposición
precisa de las razones que la fundamentan y se limitó a señalar la falta de competencia
del acalde para aceptar la renuncia del entonces personero y proceder a la designación

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de otra persona de manera temporal. Adujo que el demandante citó los artículos 91 y
172 de la Ley 136 de 1994, pero no observó que el concejo municipal no se encontraba
sesionando para el momento en que se suscitó la renuncia y posterior nombramiento.
Añadió que tampoco se precisó si el funcionario que presentó la renuncia se encontraba
nombrado por concurso de méritos o se trataba de una designación transitoria.

3.5.1.- Afirmó que no existe certeza sobre si se generó una falta absoluta o temporal en
el cargo de personero ante la renuncia de Daniel Fernando Niño Mendivelso, lo cual
resulta esencial para definir la competencia del alcalde en la provisión de dicho cargo.
Agregó que no estaba acreditado si el Concejo Municipal de Socotá adelantó o se
encontraba adelantando el referido concurso de méritos, o si a la fecha de expedición
del acto acusado existía registro de elegibles vigente para dicho cargo, aspectos que
igualmente inciden en la forma de proveer el cargo de personero municipal.

3.5.2.- Precisó que ante ese despacho judicial se tramitó el medio de control de nulidad
simple interpuesto por Daniel Fernando Niño Mendivelso en contra del municipio de
Socotá y el concejo municipal1, en el cual se declaró la nulidad parcial de la Resolución
034 del 22 de julio de 2019 <<por medio de la cual se convoca y reglamenta el concurso
público de méritos para proveer el cargo de Personero municipal de Socotá – Boyacá>>.
En consecuencia, ante la existencia de la lista de elegibles para ese momento, se ordenó
que se agotaran los nombramientos respectivos conforme la misma y, en el evento en
que los elegibles no aceptaran el cargo, el concejo municipal debía realizar el
procedimiento pertinente para adelantar el concurso público de méritos. Esta decisión
fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 9 de febrero de 2022.

3.5.3.- También se refirió a la sentencia del 29 de marzo de 2022 proferida por ese
despacho judicial2, en la que se constató que para esa fecha se estaba adelantando el
concurso de méritos para la elección del personero municipal de Socotá. Adujo que no
se tenía información actual sobre el proceso de elección del personero municipal.
Concluyó que tampoco era evidente la vulneración de las normas que el demandante
invocó, de manera que el análisis inicial no satisfacía el requisito de que las actuaciones
del alcalde de Socotá hubiesen violentado las normas invocadas por el actor.

1 Sentencia de primera instancia del 22 de julio de 2020 con radicado No. 15238-33-33-001-2019-00151-00.
2 Proceso de nulidad simple adelantado por Óscar Orlando Archila Alarcón contra el Municipio de Socotá y el concejo

municipal. Radicado No. 15238-33-33-001-2021-00120-00.

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3.6.- El demandante apeló el auto de primera instancia al considerar que la renuncia es
una falta absoluta. Sostuvo que Daniel Fernando Niño Mendivelso presentó su renuncia
de manera equivocada ante el alcalde municipal, lo cual contravino el inciso tercero del
artículo 172 de la Ley 136 de 1994, pues el órgano competente era la mesa directiva del
concejo municipal; así, el Decreto 052 de 2022 se encuentra incurso en la causal de
nulidad del inciso primero del artículo 137 del CPACA.

3.6.1.- Con base en la sentencia del 29 de marzo de 2022 citada por el juzgado de
primera instancia, el apelante consideró demostrado que no existía lista de elegibles,
contrario a lo afirmado en el auto apelado. Adujo que el juzgado interpretó que, si el
concurso no se ha realizado, se trata de una falta temporal, lo cual no es cierto.

3.6.2.- Precisó que en tanto el alcalde nombró a la señora Camargo hasta que el concejo
municipal proveyese el cargo por medio de concurso de méritos, es clara la ausencia de
lista de elegibles o concurso en curso, de manera que la falta del personero municipal
es absoluta, no temporal como afirma el despacho.

3.7.- El 3 de octubre de 2022 se llevó a cabo la audiencia inicial del proceso de nulidad
electoral, en cuya acta se consignó que Amanda Lucía Camargo Jiménez había
afirmado conocer ese día sobre su estado de embarazo. Al respecto, el juzgado afirmó
que <<las etapas referidas en el artículo 212 y 213 del CPACA en materia probatoria
son preclusivas, por lo que en este momento no se puede incorporar dicha prueba; sin
embargo, una vez surtida la etapa de alegatos de conclusión, eventualmente, de ser
necesario, el Despacho podrá […] decretar pruebas de oficio>>.

3.8.- El 25 de octubre de 2022 la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Boyacá revocó el auto del 14 de septiembre de 2022 y, en su lugar, decretó la medida
cautelar de suspensión provisional del Decreto 052 de 2022. Lo anterior, pues encontró
estructurados los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA para decretar la
suspensión provisional de los efectos del mencionado decreto.

3.9.- La anterior decisión se notificó por estado electrónico el 1º de noviembre de 2022
y quedó ejecutoriada el 9 de noviembre de 2022. El 16 de noviembre del mismo año el
expediente fue devuelto al despacho de origen y el 18 de noviembre este profirió auto
en el que obedeció lo dispuesto por el tribunal.

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3.10.- El 2 de noviembre de 2022 la Alcaldía Municipal de Socotá expidió el Decreto 076,
mediante el cual cumplió con la orden dada por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Boyacá en el auto del 25 de octubre de 2022 y, en consecuencia, dejó
sin efectos el Decreto 052 del 26 de julio de 2022 <<hasta tanto se resuelva el proceso
de nulidad electoral […], una vez el Concejo Municipal de Socotá realice el
nombramiento y la respectiva posesión>> de conformidad con la Ley 136 de 1994. En
dicho decreto también se le solicitó a la señora Camargo que <<teniéndose en cuenta
la posesión del funcionario designado por el Concejo Municipal, realice el empalme y la
entrega dentro de los 15 días hábiles siguientes al funcionario asignado por esa
corporación>>.

3.11.- El 2 de noviembre de 2022 el Concejo Municipal de Socotá expidió la Resolución
028, mediante la cual designó como personera interina a Heidy Milena Ochoa Panqueva,
<<decisión que durará hasta que […] quede ejecutoriada la sentencia mediante la cual
se niegue la nulidad del acta de elección de […] Amanda Camargo o hasta tanto se elija
el personero que ocupe el primer lugar de la lista de elegibles que se dé como resultado
del concurso de méritos adelantado por parte del Concejo Municipal con la entidad
seleccionada por la corporación>>.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- La actora considera que la providencia atacada desconoció su estado de embarazo,
comunicado al Concejo Municipal de Socotá y al Juzgado Primero Administrativo de
Duitama desde el 3 de octubre de 2022, fecha de la audiencia inicial del proceso
ordinario. Aduce que esto pone en riesgo su mínimo vital y vida digna.

4.1.- Considera que su nombramiento temporal se adecúa a lo previsto en el artículo
172 de la Ley 136 de 1994, norma según la cual el alcalde puede nombrar
temporalmente al personero cuando el concejo no se encuentra reunido3. Aduce que en
julio de 2022 el Concejo Municipal de Socotá no se encontraba reunido, pues en virtud
del artículo 23 de la Ley 136 de 1994, los concejos municipales de municipios de sexta

3 <<En casos de falta absoluta, el Concejo procederá en forma inmediata, a realizar una nueva elección, para el

período restante. Las faltas temporales del personero serán suplidas por el funcionario de la Personería que le siga
en jerarquía siempre que reúna las mismas calidades del personero. En caso contrario, lo designará el Concejo y si
la corporación no estuviere reunida, lo designará el alcalde. En todo caso, deberán acreditar las calidades
exigidas en la presente Ley. Compete a la mesa directiva del Concejo lo relacionado con la aceptación de renuncias,
concesión de licencias, vacaciones y permisos al personero>> (negrilla fuera de texto).

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categoría sesionan ordinariamente cuatro meses al año y máximo una vez por día, así:
febrero, mayo, agosto y noviembre4.

4.2.- Afirma que el 2 de noviembre de 2022 fue notificado el Decreto 076 y que para esa
fecha no se encontraba ejecutoriada la providencia del 25 de octubre de 2022, que fue
notificada el 1º de noviembre del mismo año. Agrega que el juzgado de primera instancia
no ha recibido de vuelta el expediente <<para lo de su cargo>>.

4.3.- Aduce que no podía ser desvinculada de su cargo debido a su estado de embarazo,
para lo cual citó el desarrollo del fuero de maternidad previsto en las sentencias SU-070
de 2013 y SU-075 de 2018 de la Corte Constitucional. Considera que el fuero de
maternidad también aplica cuando se ha vinculado a la mujer embarazada en
provisionalidad en cargos de carrera administrativa. Agrega que normas como la Ley
2244 de 2022 prevén el principio de no discriminación de las mujeres embarazadas.

4.4.- Señala que es madre cabeza de familia, que tiene una hija de 9 años y que su
única fuente de ingreso hasta el 1º de noviembre de 2022 <<ha sido>> su trabajo como
personera. Agrega que, en cualquier caso, sus hijos deben ser atendidos <<por el
Sistema de Seguridad Social en Salud, aún si no se encuentran afiliados al Régimen
Contributivo o al Subsidiado>>.

4.5.- En escrito del 24 de noviembre de 2022 la actora solicita que se reconsidere la
decisión tomada en el presente proceso de tutela a través del auto admisorio del 15 de
noviembre de 2022 con respecto a su solicitud de medida provisional. Reitera que se
debe ordenar su reintegro al cargo de personera municipal de Socotá hasta que se
profiera sentencia de tutela en este proceso. Considera que allegó suficiente material
probatorio al proceso de tutela para que se decrete la medida provisional y, además,
sostiene que su estado de embarazo es de alto riesgo.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá (accionada) solicita
que se niegue el amparo solicitado. Afirma que en el trámite del recurso de apelación

4 <<[…] Los concejos de los municipios clasificados en las demás categorías, sesionarán ordinariamente en la
cabecera municipal y en el recinto señalado oficialmente para tal efecto, por derecho propio, cuatro meses al año y
máximo una vez (1) por día así: febrero, mayo, agosto y noviembre […]>>.

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que conoció esa autoridad judicial, la actora no informó que se encontraba en estado de
embarazo y que tal circunstancia solo se puso de presente con el escrito de tutela.
Afirma que la providencia atacada se adecuó a los artículos 125 y 243 del CPACA y los
artículos 322, 324, 326, 328 del CGP, y tuvo en cuenta las pruebas del proceso.

5.1.- Precisa que la <<provisión provisional>> del cargo de personero solo puede
corresponder al concejo municipal, pues además de ser la autoridad nominadora de ese
cargo, tiene la función general de resolver sobre sus faltas absolutas o temporales. Por
lo anterior, si el concejo municipal no estaba sesionando, el alcalde debía convocar
sesiones extraordinarias para que el concejo diera el trámite de ley con respecto a la
renuncia del personero. Resalta que el alcalde decidió nombrar temporalmente a la
actora de este proceso de tutela a tan solo seis días calendario del inicio de las sesiones
ordinarias del Concejo Municipal de Socotá.

5.2.- Agrega que el 31 de octubre de 2022, con posterioridad al auto atacado del 25 de
octubre de 2022, la actora asistió a E.S.E. Hospital Regional de Duitama, donde obtuvo
como diagnóstico <<embarazo de 12.3 semanas>>, por lo que el tribunal no pudo haber
conocido del estado gestacional de la actora.

6.- El Juzgado Primero Administrativo de Duitama (tercero con interés) envió copia
electrónica del expediente del proceso de nulidad electoral con radicado No. 15238-33-
33-001-2022-00226-00 y rindió informe. Solicita que la acción de tutela se declare
improcedente o, en su defecto, se niegue la solicitud de amparo. Señala que en el
proceso no se integraron pruebas que acreditaran el estado de embarazado de la actora,
pues cuando lo intentó en la audiencia inicial del 3 de octubre de 2022, ya había
precluido la etapa para estos efectos. Resalta que la actora no explicó por qué el juez
de primera instancia vulneró sus derechos fundamentales.

7.- La Alcaldía Municipal de Socotá (tercero con interés) solicita ser desvinculada porque
expidió el Decreto 076 de 2022, mediante el cual se dejó sin efectos de manera temporal
el Decreto 052 del 2022, en estricto cumplimiento de la orden judicial señalada en el
auto del 25 de octubre de 2022 proferido por la autoridad accionada. Afirma que
coadyuva las pretensiones de la tutela siempre y cuando se le desvincule del proceso.

8.- El Concejo Municipal de Socotá (tercero con interés) solicita ser desvinculado y que
se niegue el amparo solicitado. Aduce que el auto del 25 de octubre de 2022 fue

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notificado de acuerdo con la Ley 2213 de 2022, de manera que no se vulneró ningún
derecho fundamental al nombrarse a la nueva personera interina a través de la
Resolución 028 del 2 de noviembre de 2022.

II. CONSIDERACIONES

9.- La Sala negará el amparo solicitado porque el auto proferido por la Sala Cuarta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá no incurrió en defecto alguno.

9.1.- Si bien la actora no alega de manera explícita la configuración de determinados
defectos en el auto atacado, de la lectura de su escrito de tutela es posible extraer tres
posibles defectos. Un (i) defecto sustantivo por indebida aplicación de la Ley 136 de
1994, otro (ii) fáctico por no haberse tenido en cuenta el estado de embarazo de la
actora, lo que a su vez condujo a desconocer su fuero de maternidad, y uno (iii)
procedimental por haberse cumplido la orden de un auto que no estaba ejecutoriado.

9.2.- Como se desprende de las pretensiones del escrito de tutela, los reparos de la
actora se dirigen contra el auto del 25 de octubre de 2022 mediante el cual la Sala Cuarta
de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá revocó el auto del 14 de septiembre
de 2022 y, en su lugar, decretó la medida cautelar de suspensión provisional del Decreto
052 de 2022. Por esto, la Sala limitará su análisis a la mencionada providencia.

E. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales

10.- Los requisitos se cumplen pues: i) la accionante indicó de manera clara los hechos
y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el asunto es de evidente relevancia
constitucional porque se afirma la vulneración a los derechos fundamentales al debido
proceso, entre otros, y es posible identificar los defectos en los que habría incurrido la
providencia acusada (sustantivo, fáctico y procedimental)5; iii) se encuentra cumplido el
requisito de subsidiariedad porque la parte actora utilizó todos los mecanismos judiciales
a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales; iv) la solicitud se

5 Además, de acuerdo con la posición mayoritaria de la Sala, el asunto es de evidente relevancia constitucional porque

los cargos no fueron objeto de análisis en el proceso ordinario, pues los reparos se originan en la providencia de
segunda instancia en tanto allí fue donde el Tribunal Administrativo de Boyacá revocó la decisión de primera instancia
y, en su lugar, decretó la medida cautelar de suspensión provisional del Decreto 052 de 2022. Adicionalmente, la
actora no apeló el auto de primera instancia, pues fue favorable a sus intereses, de manera que no ha planteado los
reparos que ahora presenta en su escrito de tutela.

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presentó en un término prudencial (inmediatez), puesto que el auto cuestionado se
profirió el 25 de octubre de 2022 y la tutela se presentó el 10 de noviembre de 2022, es
decir, dentro del término de los seis meses precisado tanto por esta Corporación6 como
por la Corte Constitucional7; y v) no se trata de una decisión proferida en sede de tutela.

F. No se configura el defecto sustantivo alegado porque el Tribunal Administrativo
de Boyacá aplicó de forma adecuada la Ley 136 de 1994 para resolver la solicitud
de medida cautelar en el proceso electoral

11.- El Tribunal Administrativo de Boyacá no incurrió en un defecto sustantivo, pues
concluyó de forma adecuada que la solicitud de suspensión del acto administrativo
elevada en el proceso de nulidad electoral analizado cumplía las exigencias del artículo
231 del CPACA: (i) el demandante la realizó en el escrito de la demanda; (ii) fue
solicitada contra un acto definitivo, esto es, el Decreto 052 de 2022; (iii) la causal
invocada fue la de falta de competencia en contravía del artículo 172 de la Ley 136 de
1994, y se apreció una vulneración respecto al ejercicio de la potestad de elección del
personero municipal; y (iv) se confrontó el acto de nombramiento temporal de un empleo
de periodo institucional con los artículos 918 y 172 de la Ley 136 de 1994. En
consecuencia, y con base en jurisprudencia del Consejo de Estado9, el tribunal decretó
la medida cautelar solicitada.

12.- El tribunal accionado señaló que las faltas absolutas y temporales de los personeros
están previstas en los artículos 98 y 99 de la Ley 136 de 1994, en los cuales se
contempla la renuncia como una falta absoluta. Añadió que el artículo 172 de la
misma ley prevé el procedimiento que debe seguirse en caso de faltas absolutas y
temporales del personero, así como la autoridad competente para suplirlo y aceptar su
renuncia; norma que prevé que <<[e]n casos de falta absoluta, el Concejo procederá en
forma inmediata, a realizar una nueva elección, para el período restante>>.

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ),

C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
8 <<Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que

le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo […]>>.
9 Consejo de Estado, Sala Plena. Auto del 17 de marzo de 2015. Radicado No. 11001-03-15-000-2014-03799-00.

C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Consejo de Estado, Sección Quinta. Auto de unificación del 26 de noviembre de
2020. Radicado No. 44001-23-33-000-2020-00022-01. C.P. Rocío Araujo Oñate.

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12.1.- Reconoció que el artículo 2.2.11.1.1 del Decreto 1083 de 2015 contiene las
causales de retiro del servicio, entre ellas, la renuncia. Sin embargo, precisó que los
personeros tienen como norma especial la Ley 136 de 1994, en la cual se contemplan
los eventos cuando existen faltas temporales y definitivas. En consecuencia, no les son
aplicables las normas previstas en el Decreto 1083 de 2015 para dichas situaciones.

12.2.- Frente a la competencia para proveer el cargo de personero por faltas temporales
o definitivas de personeros, el tribunal citó dos conceptos de la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado: conceptos No. 2283 del 22 de febrero de 2016 y
No. 126961 del 12 de abril de 2021. Allí se señaló que, con independencia de la
calificación de la vacancia, la competencia para la provisión provisional del cargo de
personero solo puede corresponder al concejo municipal. Lo anterior, pues además de
ser la autoridad nominadora de ese cargo, tiene la función general de resolver sobre sus
faltas absolutas o temporales. En dichos conceptos se precisó que, además, de
conformidad con el artículo 172 de la Ley 136 de 1994, los concejos municipales son los
encargados de resolver las situaciones administrativas de los personeros: aceptación
de renuncias, concesión de licencias, vacaciones y permisos, entre otros.

12.3.- Como consecuencia de todo lo anterior, el Tribunal Administrativo de Boyacá
precisó que las faltas absolutas del personero se deben proveer por el concejo
municipal mediante una nueva elección para lo que resta del periodo legal, previo
concurso público de méritos. En cuanto a las faltas temporales generadas por
ausencia transitoria o pasajera del personero titular, estas serán suplidas por el
funcionario de la personería que le siga en jerarquía al personero, siempre y cuando
reúna los requisitos para ocupar el empleo.

12.4.- Sobre los periodos de sesiones del concejo municipal, el tribunal citó el artículo
23 de la Ley 136 de 1994 y el concepto No. 174841 del 11 de mayo de 2022 del
Departamento Administrativo de la Función Pública para precisar que si el concejo
municipal no se encuentra sesionando cuando el personero municipal decide renunciar,
aquel deberá realizar una nueva elección para el período restante inmediatamente
inicie el respectivo período de sesiones10.

10 <<[…] en los casos de falta absoluta, el Concejo procederá en forma inmediata a realizar una nueva elección

para el período restante; lo que significa que, en este caso, por ser la renuncia una falta absoluta del personero
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 98 y 176 de la Ley 136 de 1994, el concejo municipal procederá en forma
inmediata a realizar una nueva elección para el período restante, y en caso de no estar sesionando lo deberá

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13.- En el caso concreto, el Tribunal Administrativo de Boyacá concluyó que no era cierto
que el alcalde municipal de Socotá tuviera competencia para nombrar de forma temporal
al personero municipal de conformidad con el numeral 12 del literal d) del artículo 91 de
la Ley 136 de 199111. Esto, pues dicha norma no es aplicable al caso concreto porque:
(i) el personero municipal no hace parte de la administración central o descentralizada
de la entidad territorial, sino que pertenece a uno de los órganos de control del Estado;
y (ii) la norma es clara en exceptuar de su aplicación los casos en que la misma ley
disponga otra cosa. Precisó que uno de esos casos es el de los personeros municipales,
pues existe norma especial que regula el procedimiento en el evento de su ausencia
absoluta: el artículo 172 de la Ley 136 de 1994.

13.1.- Según esta norma, en casos de falta absoluta el concejo procederá de inmediato
a realizar una nueva elección para el período restante. Además, precisa que le compete
a la mesa directiva del concejo lo relacionado con la aceptación de renuncias, concesión
de licencias, vacaciones y permisos al personero, no al alcalde municipal.

13.2.- En consecuencia, en caso de que el concejo municipal no se encontrara
sesionando, como ocurrió en el caso concreto, para el nombramiento del remplazo del
personero la Ley 136 de 1996 previó en el parágrafo 2° de su artículo 23 la solución:
<<Los alcaldes podrán convocarlos a sesiones extraordinarias en oportunidades
diferentes, para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que se sometan a su
consideración>>. Por esto, el alcalde debía convocar inmediatamente al concejo
municipal, en vez de aceptar la renuncia de forma directa y nombrar su reemplazo.

13.3.- En suma, para suplir la vacancia que se generó en el cargo de personero
municipal, mientras se lograba la culminación del concurso público correspondiente, la
aceptación de la renuncia y la designación del nuevo personero era de competencia
del concejo municipal, quien debía adoptar tal decisión electoral; tesis acogida en
reciente pronunciamiento del Consejo de Estado12. Por lo anterior, esta Sala considera
que el tribunal accionado argumentó de forma suficiente y con base en la normativa

hacer inmediatamente inicie el respectivo período de sesiones. Compete a la mesa directiva del Concejo lo
relacionado con la aceptación de renuncias, concesión de licencias, vacaciones y permisos al personero>> (negrilla
fuera de texto). Concepto 174841 de 2022 Departamento Administrativo de la Función Pública.
11 <<[…] Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes: […] 12. Conceder licencias y aceptar

renuncias a los funcionarios y miembros de las juntas, concejos y demás organismos cuyos nombramientos
corresponda al Concejo, cuando este no se encuentre reunido, y nombrar interinamente a quien deba reemplazarlos,
excepto en los casos en que esta ley disponga otra cosa>>.
12 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 13 de mayo de 2021. Radicado No. 68001-23-33-000-2020-

00608-01. C.P. Rocío Araújo Oñate.

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aplicable su decisión de decretar la medida cautelar solicitada por la parte demandante
del proceso electoral, de manera que no se configura el defecto sustantivo alegado.

G. No se configura el defecto fáctico imputado porque el Tribunal Administrativo
de Boyacá no tuvo conocimiento del presunto estado de embarazo de la actora,
por lo cual no pudo desconocer fuero de maternidad alguno

14.- El 20 de septiembre de 2022 Fredy Alexander Goyeneche Carreño, parte
demandante del proceso de nulidad electoral, apeló el auto proferido por el Juzgado
Primero Administrativo de Duitama el 14 de septiembre de 2022, en el que se negó la
medida cautelar solicitada. El 28 de septiembre de 2022 el mencionado juzgado profirió
auto en el que concedió, en el efecto devolutivo, el recurso de apelación del
demandante. Luego, el 29 de septiembre de 2022, el juzgado envió el expediente a la
oficina judicial de reparto para el trámite del recurso en segunda instancia.

14.1.- La parte actora de este proceso de tutela señala que el 3 de octubre de 2022,
fecha de la audiencia inicial del proceso ordinario, informó al Juzgado Primero
Administrativo de Duitama y al Concejo Municipal de Socotá que se encontraba en
estado de embarazo. Como se observa conforme a la cronología expuesta, la Sala
Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá no tuvo conocimiento de dicha
manifestación de la actora, pues el acta de la audiencia inicial del 3 de octubre de 2022
no hizo parte de los documentos que recibió el tribunal el 29 de septiembre de 2022,
por lo cual no podía ser tenida en cuenta al proferir el auto atacado del 25 de octubre
de 2022.

14.2.- Por lo anterior, al tribunal accionado no le es imputable un defecto fáctico, pues
la prueba que la actora consideró desconocida nunca estuvo a disposición del tribunal
para su eventual valoración. Además, de conformidad con el numeral 7 del artículo 243
del CPACA13, la actora podía apelar la decisión tomada por el Juzgado Primero
Administrativo de Duitama en la audiencia inicial del 3 de octubre de 2022, relativa a que
en ese momento no se podía incorporar la prueba sobre su estado de embarazo. Sin
embargo, la actora no presentó el respectivo recurso contra la providencia que
negó incorporar ese medio de prueba.

13 <<Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia: […]

7. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas>>.

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14.3.- En consecuencia, cuando el tribunal accionado decretó la medida cautelar en la
decisión objeto de tutela, no obraba en el expediente ninguna prueba del estado de
embarazo de la accionante. La actora no realizó ninguna comunicación ante esa
instancia para que tal circunstancia fuera considerada, razón por la cual no se le puede
imputar defecto fáctico a dicha providencia.

15.- En cuanto al fuero de maternidad, la Corte Constitucional ha establecido dos
reglas14: (i) la protección reforzada a la maternidad y la lactancia en el ámbito del trabajo
procede cuando se demuestre: la existencia de una relación laboral o de prestación y,
por otra parte, que la mujer se encuentra en estado de embarazo o dentro de los tres
meses siguientes al parto en vigencia de dicha relación laboral o de prestación. (ii) No
obstante, el alcance de la protección se debe determinar a partir de dos factores: el
conocimiento del embarazo por parte del empleador y la alternativa laboral mediante la
cual se encontraba vinculada la mujer embarazada15.

16.- El alcance del fuero de maternidad en relación con el despido de mujeres
embarazadas se refiere, en principio, a la presunción legal según la cual dicho despido
obedece a un trato discriminatorio por motivos o con ocasión del embarazo. Sin
embargo, en el caso concreto no se analiza un caso de despido o desvinculación por
parte del empleador o nominador de la actora, sino a su suspensión por parte de una
autoridad judicial porque su designación se consideró ilegal. Es decir, no se analiza un
escenario en el cual el Concejo Municipal de Socotá haya desvinculado a la actora a
sabiendas de su estado de embarazo. En consecuencia, este supuesto de hecho
particular no se subsume en las reglas sobre el fuero de maternidad previstas en la
jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional, tales como las sentencias SU-070 de
2013 y SU-075 de 2018.

H. El Tribunal Administrativo de Boyacá no incurrió en el defecto procedimental
alegado porque el cumplimiento de su orden judicial es un fenómeno ajeno a su
órbita de acción y, en todo caso, este se adecuó al marco normativo

14 Corte Constitucional. Sentencias SU-070 de 2013 y SU-075 de 2018. M.P. Alexei Julio Estrada y Gloria Stella Ortiz

Delgado, respectivamente.
15 En cuanto al segundo factor, las alternativas laborales desarrolladas por las sentencias de unificación son: (i)

contrato a término indefinido; (ii) contrato a término fijo; (iii) contrato por obra o labor; (iv) cargos de libre nombramiento
y remoción; (v) cooperativas de trabajo asociado; (vi) empresas de servicios temporales; y (vii) contrato de prestación
de servicios (cuando encubre relación laboral). Así bien, con base en cada alternativa laboral y el conocimiento o
desconocimiento del estado de embarazo por parte del empleador, las sentencias de unificación establecieron reglas
específicas para cada escenario.

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17.- Como consecuencia de la medida cautelar decretada por la Sala Cuarta de Decisión
del Tribunal Administrativo de Boyacá en el auto del 25 de octubre de 2022, el 2 de
noviembre de 2022 la Alcaldía Municipal de Socotá expidió el Decreto 076 y el Concejo
Municipal de Socotá expidió la Resolución 028. La accionante considera que las
autoridades municipales no podían expedir los mencionados actos administrativos
porque el auto que decretó la medida cautelar no estaba ejecutoriado. Al respecto, se
observa que no existe ningún reparo concreto frente al tribunal accionado, pues las
inconformidades de la actora se centran en la actuación de las autoridades municipales.

17.1.- Ahora bien, en cuanto a lo realizado por la Alcaldía Municipal de Socotá y el
Concejo Municipal de Socotá, no se aprecia vulneración de derecho fundamental
alguno, pues dichas autoridades cumplieron con la orden dada por la Sala Cuarta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá una vez fue notificada, esto es, el 1º de
noviembre de 2022. De conformidad con el artículo 298 del CGP, <<[l]as medidas
cautelares se cumplirán inmediatamente>> y en el caso concreto no se debía prestar
caución16, de manera que las autoridades municipales podían hacer efectiva la medida
cautelar decretada sin dilaciones.

17.2.- Además, como precisa el mismo artículo 298 del CGP, los recursos que se
interpongan contra las providencias que decreten medidas cautelares se consideran
interpuestos en efecto devolutivo, de manera que estos no impiden el cumplimiento
inmediato de la medida cautelar decretada. Sin embargo, en el caso concreto se observa
que contra el auto del 25 de octubre de 2022 no se interpuso ningún recurso, por lo cual
es aún más evidente que no hubo vulneración de derecho fundamental alguno y no se
configuró el defecto procedimental alegado.

18.- Sobre la supuesta afectación a su mínimo vital en calidad de madre cabeza de
familia, se anota que la actora no acreditó dicha afirmación en el proceso de tutela. En
lo que respecta a la atención de sus hijos a través del sistema de seguridad social, los
defectos alegados con respecto a la providencia atacada no permiten que el juez de
tutela tome una decisión relacionada con dicha atención, en especial en tanto no ha sido
proferida sentencia en el proceso de nulidad electoral. Por otra parte, en cuanto a la
pretensión quinta del escrito de tutela relacionada con la suspensión del proceso de

16 De conformidad con el artículo 233 del CPACA, <<[l]a medida cautelar solo podrá hacerse efectiva a partir de la

ejecutoria del auto que acepte la caución prestada>>.

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nulidad electoral, esta no procede debido a los argumentos expuestos en páginas
precedentes. Esto, máxime en tanto existen oportunidades a lo largo del proceso
ordinario para que la actora eleve los reparos que presenta aquí con respecto a las
consecuencias de su estado de embarazo para las resultas del proceso.

19.- En cuanto al escrito presentado por la actora el 24 de noviembre de 2022, en el que
insistió en su solicitud de medida provisional dentro del proceso de tutela, esta Sala
observa que no presentó ningún argumento adicional que permita variar la decisión
alcanzada en el auto admisorio del 15 de noviembre de 2022. En efecto, en el referido
escrito la actora se limitó a sostener que existía suficiente material probatorio para
acoger su solicitud, sin que se observe en qué medida su afirmación genérica desvirtúa
la argumentación desplegada en el auto admisorio en donde se negó su solicitud.

20.- Por último, se negarán las solicitudes de desvinculación elevadas por la Alcaldía
Municipal de Socotá y el Concejo Municipal de Socotá. Su vinculación al presente asunto
se origina en el interés que puedan tener en las resultas del trámite de la acción, puesto
que la discusión sobre la competencia para elegir al personero municipal gira en torno
a estas dos autoridades. Dicho de otra forma, un eventual amparo conduciría a la posible
expedición de actos administrativos por parte de ambas autoridades, de manera que su
vinculación al trámite de tutela es indispensable.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NIÉGASE la solicitud de amparo de los derechos fundamentales invocados
por la accionante.

SEGUNDO: NIÉGANSE las solicitudes de desvinculación elevadas por la Alcaldía
Municipal de Socotá y el Concejo Municipal de Socotá.

TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.

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CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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