RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-05970-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05970-00

Fecha
13 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05970-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05970-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

13 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022).

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05970-00

Accionante: ÁNGELA MARÍA ORMAZA ZAPATA

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (FALLO DE PRIMERA INSTANCIA)

TEMAS: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Procedencia excepcional y requisitos / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA
– Se declara la improcedencia del amparo solicitado.

La Sala procede a pronunciarse en relación con la demanda de tutela interpuesta
por la señora Ángela María Ormaza Zapata contra el Tribunal Administrativo de
Caldas, de conformidad con el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

La señora Ángela María Ormaza Zapata, por conducto de apoderado judicial,
promovió demanda de tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Caldas, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia, al trabajo y al mínimo vital.

La tutelante elevó las siguientes pretensiones (se trascribe de manera literal,
incluso con posibles errores):

1. Tutelar los derechos fundamentales de mi poderdante al trabajo, mínimo
vital, debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

2. Dejar sin efectos la Sentencia de Segunda Instancia del Tribunal
Contencioso Administrativo de Caldas del día 6 de mayo del año 2022 y
notificada por correo electrónico el día 11 de mayo de la misma anualidad.

3. Ordenar proferir una nueva providencia de parte del Tribunal Contencioso
Administrativo de Caldas en aplicación estricta al Decreto 1279 de 2009 y la
1
Índice No. 2 de Samai.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05970-00
Accionante: Ángela María Ormaza Zapata
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (fallo de primera instancia)

prueba documental aportada tal como lo realizó el Juzgado Primero
Administrativo de Manizales.

2. Hechos

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
señora Ángela María Ormaza Zapata demandó a la Universidad de Caldas, con el
fin de que se anularan los actos administrativos proferidos en el trámite de la
solicitud de reconocimiento de puntos por producción académica radicada por la
actora ante dicha institución2.

Además, a título de restablecimiento del derecho, pretendió que se condenara a la
parte demandada a reconocer y pagar puntos salariales por su producción
académica desde el 4 de octubre de 2016, de acuerdo con el Decreto 1279 de
2002.

En sentencia del 18 de julio de 2019, el Juzgado 1° Administrativo del Circuito de
Manizales accedió a las pretensiones de la demanda.

Contra la anterior providencia, la parte accionada interpuso recurso de apelación,
mediante el cual afirmó que los trabajos académicos realizados por la demandante
no correspondían a artículos publicados en revistas especializadas y para su
publicación no se siguió el procedimiento editorial regular de la revista “Vitae”.

El Tribunal Administrativo de Caldas, a través de sentencia del 6 de mayo de
2022, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las súplicas de la
demanda.

3. Fundamentos de la demanda

La parte tutelante señaló que, con la sentencia de segundo grado, la autoridad
judicial accionada “realizó una interpretación contraevidente, contra legem, o
claramente irrazonable o desproporcionada configurándose un defecto material o
sustantivo y defecto procedimental por exceso ritual manifiesto” y “desconoció o
no tuvo en cuenta para tomar su decisión, lo dispuesto en el parágrafo del artículo
10 del Decreto 1279 de 2002”.
2
Actos administrativos: Oficio No. 5559 del 6 de abril de 2016 del Comité Interno de Asignación y
Reconocimiento de Puntaje de la Universidad de Caldas (CIARP); oficio No. 7304 del 3 de mayo de
2016 del CIARP; resolución No. 021 del 31 de mayo de 2016 del Consejo Académico de la
Universidad de Caldas; oficio No. 7609 del 6 de mayo de 2016 del CIARP; oficio No. 9833 del 14
de junio de 2016 del CIARP; y el “acto ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo
en relación con el recurso de apelación interpuesto contra el Oficio No. 7609 del 6 de mayo de
2016”.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05970-00
Accionante: Ángela María Ormaza Zapata
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (fallo de primera instancia)

Sumado a lo anterior, anotó que durante el trámite del proceso había aportado “las
pruebas documentales que dan cuenta que la revista Vitae para el año 2016, se
encontraba indexada en la categoría A1”, por lo cual sus publicaciones “no fueron
simples ponencias” sino “verdaderos artículos de investigación”.

En esos términos, concluyó que “el Tribunal desconoció la ley y la prueba
documental obrante en el proceso, a efectos de tomar su decisión lo cual configura
una vía de hecho, que genera un perjuicio irremediable (…)”3.

4. Trámite de la demanda de tutela

Mediante providencia del 15 de noviembre de 20224, se admitió la demanda de
tutela, se dispuso vincular a la Universidad de Caldas como tercero interesado y
se ordenó notificar la decisión a la parte accionada5 para que rindiera informe
sobre los hechos objeto de debate6.

El magistrado Augusto Ramón Chávez Marín7, ponente de la sentencia con la que
supuestamente se lesionaron los derechos fundamentales invocados, alegó que
los argumentos expuestos en la solicitud de amparo se encaminan a controvertir el
fundamento de tal providencia, en la medida en que la actora considera que desde
el 4 de octubre de 2016 la entidad accionada debe reconocer y pagar puntos
salariales por producción académica en concordancia con el Decreto 1279 de
2002.

Resaltó que este aspecto fue objeto de debate, tanto en la primera como en la
segunda instancia, y que se pretende examinarlo nuevamente a través de la
acción constitucional, lo que conduciría a una instancia adicional respecto de lo
decidido por el juez natural. En esa línea, concluyó que en este evento la solicitud
de amparo se torna improcedente.

Por su parte, la Universidad de Caldas8 manifestó que no era válido acudir a la
acción de tutela para revivir un litigio y propiciar una tercera instancia y que, en
este caso, no se cumplió la carga argumentativa mínima para efectuar un examen
3
Agregó que no contaba con otra vía jurídica para defender sus derechos fundamentales y que
agotó los mecanismos judiciales ordinarios que estaban a su alcance.
4
Índice No. 4 de Samai.
5
Magistrados Carlos Manuel Zapata Jaimes, Augusto Ramón Chávez Marín y Publio Martín
Andrés Patiño Mejía.
6
Además, se reconoció personería adjetiva al apoderado de la parte actora y se decretaron como
pruebas los documentos allegados con la solicitud de tutela.
7
Índice No. 9 de Samai.
8
Índice No. 10 de Samai.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05970-00
Accionante: Ángela María Ormaza Zapata
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (fallo de primera instancia)

de fondo, máxime cuando la tutelante no demostró, al menos sumariamente, el
defecto en que habría incurrido la sentencia de segundo grado.

Sostuvo que en la sentencia se realizó una interpretación razonable de la
normativa aplicable al asunto y se cumplió con suficiencia la carga argumentativa
desde el punto de vista fáctico y jurídico, por lo cual no hubo trasgresión alguna a
los derechos fundamentales. Destacó que la actuación judicial se tramitó con
respeto de todas las garantías procesales y con apego al principio de legalidad.

El presente asunto ingresó a despacho el 29 de noviembre de 20229.

II. CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo del
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales10.

Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
Contenciosa de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la
acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el
amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características11.

Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son12:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional,
dado que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
9
Índice No. 11 de Samai.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de
2012, radicación: 11001-03-15-000-2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 23 de
febrero de 2017, radicación: 11001-03-15-000-2016-03336-00(AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto, entre muchas otras providencias.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05970-00
Accionante: Ángela María Ormaza Zapata
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (fallo de primera instancia)

• Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

• Que no se trate de sentencias de tutela.

A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, son los siguientes:

• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones

5

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05970-00
Accionante: Ángela María Ormaza Zapata
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (fallo de primera instancia)

en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

• La violación directa de la Constitución Política.

Así pues, se ha determinado que le corresponde al juez de tutela verificar el
cumplimiento de los requisitos generales, de tal manera que, una vez superado
ese examen formal, pueda constatar si se configura por lo menos uno de los
defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por el interesado13.

2. Caso concreto

La Subsección estima que la petición de amparo de la referencia resulta
improcedente, por cuanto en la demanda de tutela no se sustentó la configuración
de alguna de las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de las que habría de adolecer la sentencia
proferida el 6 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Caldas.

En efecto, la actora se limitó a afirmar que con dicha providencia la autoridad
judicial accionada incurrió en defecto material y defecto procedimental absoluto
por exceso ritual manifiesto, pues no consideró lo preceptuado en el parágrafo del
artículo 10 del Decreto 1279 de 2002 y no tuvo en cuenta las pruebas
documentales aportadas al proceso para acreditar la indexación de la revista
“Vitae” para el año 2016.

Sin embargo, estas alegaciones no resultan suficientes en sede de tutela, porque
es evidente que sobre estos aspectos no se edificó y mucho menos se desarrolló

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 7 de
diciembre de 2016, expediente No. 2016-00134, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de
2016, expediente No. 2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia del 24 de
noviembre de 2016, expediente No. 2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 27 de
noviembre de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05970-00
Accionante: Ángela María Ormaza Zapata
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (fallo de primera instancia)

una argumentación dirigida a establecer las razones que fundamentan la supuesta
configuración de las causales específicas aludidas y, con ello, la supuesta
violación de los derechos fundamentales invocados.

En ese sentido, se observa que la tutelante no explicó en qué medida la
interpretación y aplicación de las normas condujeron a la estructuración de un
defecto material en la sentencia, así como tampoco expresó cuál fue la actuación
judicial que no se ajustó al procedimiento legalmente establecido. Además, no
individualizó las pruebas que, en su criterio, no fueron valoradas o lo fueron
defectuosamente por parte del Tribunal, sumado a que no precisó su incidencia
en la resolución del caso concreto.

Al respecto, se ha considerado que:

[N]o basta con manifestar inconformidad o desacuerdo con las decisiones
tomadas por los jueces de instancia, sino que es necesario que el interesado
demuestre que la providencia cuestionada ha incurrido en alguna de las
causales específicas para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de relevancia
constitucional14.

En línea con lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado lo
siguiente:

Esta Corporación ha señalado que en la demanda de tutela no se puede
escuetamente invocar alguna de las causales específicas de procedencia de
la tutela contra providencias judiciales para obligar al juez de tutela que revise
las decisiones que estiman contrarias a los derechos fundamentales. Como se
sabe, detrás de las causales específicas de prosperidad que ha fijado la Corte
Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo y
desmesurado de la acción de tutela contra las providencias judiciales. Las
providencias de los jueces son decisiones intangibles e inmodificables, que
gozan de la presunción de acierto y legalidad y no son fácilmente anulables
por vía de tutela15.

En otras palabras, la tutela no prospera por el simple hecho de que se invoque
alguno de los requisitos específicos que la Corte Constitucional ha identificado
para la prosperidad del amparo. Las causales específicas para la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales no pueden abrir la puerta para que
los jueces de tutela revisen de fondo las decisiones de los jueces ordinarios.
La tutela sigue siendo un mecanismo subsidiario y excepcional. No puede

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 12 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2019-03205-00, M.P. María
Adriana Marín, reiterada en fallo del 19 de septiembre de 2019, radicación:
11001-03-15-000-2019-03701-00.
15
Original de la Cita: “Sección Cuarta, sentencia del 29 de 2015, M.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas, expediente no. 2014-00552-01”.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05970-00
Accionante: Ángela María Ormaza Zapata
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (fallo de primera instancia)

convertirse en el único y el preferido medio de la parte que pierde el pleito u
obtiene una decisión contraria a sus intereses, menos aún cuando la
providencia que se cuestiona ha sido proferida por un órgano de cierre, caso
en el cual, se reitera, la propia Corte ha venido sosteniendo que para la
prosperidad de la tutela es necesario que la decisión contenga una anomalía
de tal entidad que riña abiertamente con la Constitución y la jurisprudencia
que esa Corporación ha trazado al definir el alcance y límite de derechos
fundamentales16.

En definitiva, en el caso bajo estudio la parte actora no cumplió con la carga
argumentativa exigida para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, toda vez que, si bien señaló los defectos que a su juicio se
configuraron en la decisión cuestionada -material y procedimental absoluto por
exceso ritual manifiesto-, lo cierto es que no precisó las razones por las cuales la
providencia cuestionada adolecía de los referidos supuestos específicos de
procedencia y no puntualizó cómo la decisión allí adoptada vulneró sus derechos
fundamentales.

En contraste, se aprecia que en la solicitud de amparo la tutelante insistió en su
discrepancia con lo resuelto en la sentencia controvertida, puesto que su
argumentación se concentró en demostrar que sus trabajos académicos debían
considerarse como “verdaderos artículos de investigación” y no como “simples
ponencias”, asunto que fue examinado por el Tribunal con base en lo dispuesto en
el Decreto 1279 de 2002 y lo acreditado en el expediente17.

De conformidad con lo anterior, la Sala declarará la improcedencia del amparo
solicitado.

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 12 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2019-03205-00, M.P. María
Adriana Marín, reiterada en fallo del 19 de septiembre de 2019, radicación:
11001-03-15-000-2019-03701-00.
17
El Tribunal abordó este aspecto en los siguientes términos: “La circunstancia consistente en que los
trabajos realizados por la actora se publicaran por la revista VITAE como memorias de un evento académico y
no como artículos de investigación, da lugar a que, en efecto, como lo aseguró la entidad demandada en los
actos atacados, aquellos se consideren o se enmarquen en los supuestos consagrados en el literal c) del
artículo 20 del Decreto 1279 de 2002, esto es, como ponencias en eventos especializados, por las cuales la
actora podía solicitar bonificación por productividad académica pero no reconocimiento y asignación de puntos
salariales por productividad académica. // Así pues, no sólo la misma editorial manifestó que los trabajos
publicados como memorias del congreso no podían ser considerados como artículos de la revista con
propósito de indexación, por no haber seguido el procedimiento editorial regular, sino que también existe un
criterio por parte del Grupo de Seguimiento al Régimen Salarial y Prestacional de los Profesores Universitarios
que así lo establece. // De conformidad con lo expuesto en esta providencia, estima esta Corporación que
amerita ser revocada la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Manizales,
para en su lugar, negar las súplicas de la demanda. Lo anterior, en la medida en que los trabajos publicados
por la demandante en la revista VITAE no tenían la calidad de artículos tradicionales sino de memorias de un
evento académico, y no cumplieron el procedimiento editorial regular con el propósito de indexación”.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05970-00
Accionante: Ángela María Ormaza Zapata
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (fallo de primera instancia)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

9

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.