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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05989-01

Fecha
24 de marzo de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05989-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 7 de diciembre de 2022 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que amparó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia del accionante, para en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por no cumplir el requisito de subsidiariedad. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05989-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

24 de marzo de 2023

Radicación: 11001 03 15 000 2022 05989 01
Accionante: Álvaro Enrique Pérez Suescún

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05989-01
Accionante: ÁLVARO ENRIQUE PÉREZ SUESCÚN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando se pretende
controvertir una sentencia inhibitoria que no tiene
apelación y se invoca la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso y acceso efectivo a la
administración de justicia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el Tribunal Administrativo
del Magdalena en contra del fallo de tutela proferido el 7 de diciembre de
2022 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que amparó los
derechos fundamentales invocados por el señor Álvaro Enrique Pérez
Suescún.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Álvaro Enrique Pérez Suescún presentó acción de tutela en contra
de la sentencia del 29 de junio de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, con el fin de que se amparen los derechos

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Radicación: 11001 03 15 000 2022 05989 01
Accionante: Álvaro Enrique Pérez Suescún

fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al AL (sic) DEBIDO
PROCESO, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(TERCERA EDAD), PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR Y
SUPREMACÍA DE LOS DERECHOS SUSTANCIALES SOBRE LOS
FORMALES del suscrito.
SEGUNDO: Que, en consecuencia, SE DEJE SIN EFECTOS la
sentencia del 29 de junio de 2022 porferida (sic) por el Tribunal
Administrativo del Magdalena.
TERCERO: Que en su lugar, SE ORDENE al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA a dictar una decisión de
reemplazo en el sentido de DECLARAR la nulidad del acto
administrativo ficto de efectos negativos configurado frente a la
petición radicada el 16 de noviembre de 2017 por medio de la cual
se negó mi derecho al pago de la cesantía del año 2015 y a título de
restablecimiento del derecho, se CONDENE a la Personería Municipal
de Ciénaga con cargo al Municipio de Ciénaga a pagar al suscrito la
sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de
mora contada a partir del 21 de mayo de 2016 hasta que se verifique
el pago efectivo del auxilio de cesantía, el cual, a la fecha no ha sido
pagado al actor […]”. [Mayúsculas en el escrito de tutela]

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante se desempeñó como personero municipal de Ciénaga,
Magdalena, desde el 1 de marzo de 2012 hasta el 29 de febrero de 2016
y, mediante la Resolución nro. 006 del 29 de febrero de 2016, expedida
por la personería municipal, se le reconoció y ordenó, a su favor, el pago
de las cesantías definitivas del año 2015 al Fondo de Pensiones y
Cesantías Porvenir 2.

Está acreditado que radicó reclamación administrativa ante la personería
municipal solicitando el pago de las cesantías reconocidas en la

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 00.
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Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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mencionada resolución, así como el de la sanción moratoria por el no pago
de las mismas3.

Informó que, a través de apoderado, presentó demanda en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de
Ciénaga y la personería municipal con el fin de que se declarara la nulidad
del acto administrativo ficto o presunto, producto del silencio
administrativo, que negó la reclamación realizada 4.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo
de Santa Marta que, en sentencia del 25 de noviembre de 2021, concedió
parcialmente las pretensiones.

Sostuvo que, inconforme con la decisión, las partes presentaron recurso
de apelación y el Tribunal Administrativo del Magdalena revocó la
sentencia de primera instancia y declaró probado de oficio el medio
exceptivo de ineptitud sustantiva de la demanda.

El accionante manifestó que “(…) el Tribunal Contencioso Administrativo
del Magdalena desconoce el precedente judicial al respecto y continúa
haciendo alusión a la figura “ineptitud sustantiva de la demanda” contrario
sensu de lo que ha indicado el Honorable Consejo de Estado, el cual,
sostiene que la alusión a dicha figura constituye actualmente una
imprecisión que debe ser superada (…)” 5.

Argumentó que el tribunal “(…) vulneró flagrantemente el derecho a la
administración de justicia del suscrito al emitir una sentencia inhibitoria
que constituye una antítesis de la función judicial, la cual, debe estar
dirigida a resolver de fondo los conflictos que surgen en una sociedad,
pues en aplicación de los artículos 228 y 229 de la Constitución, los jueces

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Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 00.
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 00.
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Ibídem.
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tienen la obligación de adoptar decisiones de fondo en los asuntos materia
de proceso; y sólo en casos excepcionales en los que el juez tenga certeza
que no hay otra alternativa procederá con la inhibición” 6.

Alegó que “(…) el Tribunal yerra y desconoce que en Sentencia de
Unificación, la Corte Constitucional dirimió el conflicto que presupone la
aplicabilidad de la sanción moratoria incluida en la ley 50 de 1990
respecto a cesantías anualizadas y la ley 244 de 1995 respecto a cesantías
definitivas (…)” 7.

Anotó que “(…) se evidencia con diamantina claridad que el actor precisó
la norma aplicable a su situación fáctica, debido a que (i) El suscrito ya
no estaba vinculado al Municipio, tal y como indica el expediente del
proceso, mi desempeño como Personero Municipal de Ciénaga, Magdalena
fue durante el período comprendido entre el 1 de marzo del año 2012
hasta el 29 de febrero del año 2016, razón por la cual, ya no era aplicable
la consignación de la cesantía del año 2015 al fondo sino debía ser
entregado directamente al ex trabajador del ente administrativo, acción
que jamás desplegó la Personería. (ii) Se emitió la Resolución nro. 006 de
fecha 29 de febrero del año 2016 con el certificado de disponibilidad
presupuestal 0013-16 que reconoció y liquidó debidamente el auxilio de
cesantías correspondiente al año 2015. (ii) Existió una solicitud del
interesado presentada a la Personería Municipal de Ciénaga el 16 de
noviembre de 2017 solicitando el pago del valor correspondiente a la
cesantía del año 2015, la cual, no fue contestada y originó el acto ficto o
presunto que se sometió al medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho” 8.

Concluyó que, “con la decisión adoptada por el Honorable Tribunal
Administrativo del Magdalena (…) se vulneran flagrantemente los

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 00.
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Ibídem.
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Ibídem.
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Accionante: Álvaro Enrique Pérez Suescún

derechos constitucionales fundamentales AL DEBIDO PROCESO, AL
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (TERCERA EDAD),
PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR Y SUPREMACÍA DE LOS
DERECHOS SUSTANCIALES SOBRE LOS FORMALES del suscrito, toda
vez que, (i) no existe error alguno en la citación de la norma aplicable
para la contabilidad de la sanción moratoria debido a que la sanción
determinada por la ley 244 de 1995 es la que acaece cuando el trabajador
ha quedado cesante como es mi caso, puesto que a partir de ese instante
la obligación que se origina no es la de consignar la cesantía en un fondo,
sino la de entregarla al trabajador junto con las demás prestaciones y
salarios a que tenga derecho2 (sic) (ii) El supuesto fáctico sobre el cual
ha recaído la reclamación siempre ha sido uno y ha sido inmodificable a
lo largo del proceso: la administración se negó rotundamente a pagar al
actor el valor correspondiente a las cesantías del año 2015 una vez finalizó
la relación laboral”9 (Mayúsculas y negrillas del escrito de tutela).

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada en la ventanilla virtual de esta Corporación el
10 de noviembre de 2022 y correspondió por reparto a la Sección Cuarta
que, por auto del 15 de noviembre de 2022 10, la admitió y dispuso
notificar al Tribunal Administrativo del Magdalena como parte accionada
y al Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta y al municipio de
Ciénaga – personería municipal – como terceros interesados 11.

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 00.
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Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 00.
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Esta orden se cumplió el 17 de noviembre de 2022. Visto en el índice 8 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022
05989 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2022 05989 01
Accionante: Álvaro Enrique Pérez Suescún

Igualmente, requirió al Tribunal Administrativo del Magdalena para que
allegara copia digital del expediente radicado con el nro. 47001-33-33-
003-2018-00203-01; sin embargo, el tribunal no lo remitió y guardó
silencio frente al escrito de tutela.

3.2. El Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta remitió vía correo
electrónico 12 el expediente ordinario radicado con el nro. 47001-33-33-
003-2018-00203-01, pero no se pronunció respecto a los hechos de la
tutela.

3.3. El municipio de Ciénaga – personería municipal – guardó silencio.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 7 de
diciembre de 2022, dispuso lo siguiente 13:

“[…] 1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia del señor Álvaro Enrique
Pérez Suescún, por las razones expuestas en la presente sentencia.

2. Dejar sin efectos la sentencia del 29 de junio de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo del Magdalena. En consecuencia,
ordenar al Tribunal Administrativo del Magdalena que, dentro de los
20 días siguientes a la notificación de esta providencia, adopte una
decisión de fondo sobre el recurso de apelación planteado en el
proceso ordinario a la luz del régimen jurídico que le resulte aplicable
[…]”. [Negrilla en la sentencia]

Para dilucidar el asunto, enlistó de manera general los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
y, luego de ello, descendió directamente al análisis de los defectos. Al
efecto explicó14:

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Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 00.
13
Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 00.
14
Ibídem.
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Radicación: 11001 03 15 000 2022 05989 01
Accionante: Álvaro Enrique Pérez Suescún

“[…] Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora cuestiona
la sentencia del 29 de junio de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, por considerar que incurrió en los
defectos por violación directa de la Constitución y desconocimiento
del precedente judicial, sin embargo, de la lectura de los argumentos
en que sustenta dichos cargos, es posible advertir que la
inconformidad radica en la indebida aplicación e interpretación de la
Ley 244 de 1995 y de la Ley 50 de 1990, pues a juicio del actor, las
pretensiones se dirigieron a obtener el pago de las cesantías
definitivas previstas en la Ley 244 de 1995 y no en la Ley 50 de
1990, como lo sostuvo el tribunal demandado, lo cual se enmarca
en la configuración de un defecto sustantivo por indebida aplicación
de la norma.

Al tiempo que, el actor alega que la decisión cuestionada dio
prevalencia a las formalidades sobre los derechos sustanciales, en
tanto, el tribunal revocó la decisión de primera instancia por haber
solicitado el reconocimiento con fundamento en la Ley 244 de 1995
y no en la Ley 50 de 1990.

De acuerdo con lo anterior, corresponde a la Sala determinar si el
Tribunal Administrativo del Magdalena, en la sentencia del 29 de
junio de 2022, incurrió en los defectos sustantivo y procedimental,
al declarar probada la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda, con el argumento que “el actor reclamó el reconocimiento
y pago de la sanción moratoria por no pago de las cesantías
definitivas, conforme con la Ley 244 de 1995, cuando lo procedente
era dar aplicación a la sanción consagrada en la Ley 50 de 1990, por
la consignación tardía del auxilio de las cesantías”, pues, a juicio de
la autoridad judicial demandada, era la aplicable para el auxilio de
cesantías parciales del año 2015.
(…)
En el presente caso se configuran los defectos invocados por la parte
actora, en tanto que, para resolver el caso sometido a su
conocimiento, era necesario que la autoridad judicial demandada se
pronunciara con respecto a lo solicitado por el actor, al margen de
que accediera o no a las pretensiones de la demanda, pues, contrario
a lo afirmado por la autoridad judicial demandada y conforme al
sustento fáctico expuesto por el actor, la pretensión del demandante
siempre fue clara y se dirigió a obtener «el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria por el no pago de las cesantías definitivas
correspondientes al año 2015».

Resulta evidente que la omisión de la autoridad judicial demandada
condujo a que se materializara la vulneración del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia del señor
Pérez Suescún, en la medida en que, para efectos prácticos, la
decisión fue inhibitoria.

7

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Radicación: 11001 03 15 000 2022 05989 01
Accionante: Álvaro Enrique Pérez Suescún

Así las cosas, correspondía al Tribunal Administrativo del Magdalena
resolver el recurso de apelación propuesto por la parte demandante,
pues, cualquiera que fuera el presupuesto normativo para resolver
el caso, lo cierto es que, la aplicación de ninguna de ellas podía
conducir a una decisión inhibitoria, sino que, en aras de garantizar
el derecho de acceso a la administración de justicia, el asunto debía
estudiarse de fondo, bien para acceder o negar.

Lo anterior porque, lo procedente, más allá de determinar el régimen
de cesantías aplicable, era que el Tribunal demandado verificara si
en el caso objeto de estudio se efectuó un pago tardío o no de las
cesantías reclamadas por el actor, pues, se insiste, al margen del
régimen al que perteneciera el demandante, tal circunstancia no
presupone que la administración quede automáticamente eximida
de la penalidad económica que se creó en contra del empleador por
el retardo en el pago de las cesantías […]”. [Negrillas en la
providencia]

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con el fallo de primera instancia, el tribunal accionado lo
impugnó con fundamento en lo siguiente 15:

“[…] 1. La providencia no efectúa un análisis de los requisitos
generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
Se trata de una providencia sin motivación frente a dichos requisitos.

En efecto, la Corte Constitucional en sentencia C-590 de 2004,
estableció los requisitos de procedibilidad para las tutelas contra
providencias judiciales, estableciéndose unos generales y otros
específicos, esa línea jurisprudencial ha sido consolidada y pacífica,
incluso todas las secciones del Consejo de Estado la han acogido, de
hecho la sentencia impugnada hace alusión a los requisitos
generales de procedencia, los enuncia, sin embargo, no los analiza
para el caso concreto; luego la sentencia sobre este punto carece de
motivación, pues es necesario que se superen todos los requisitos
generales para adentrarse en el análisis de los requisitos específicos.

2. No se realizó un análisis concienzudo de las particularidades del
caso en estudio, tal como quedó plasmado tanto en la sentencia de
calenda veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022), dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con
el número 47-001-3333-003-2018-00203-01, como en el escrito
responsivo del trámite de la presente acción tutelar.

15
Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 00.
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Accionante: Álvaro Enrique Pérez Suescún

Al respeto, huelga iterar que, en la actuación sub iuris, a juicio del
suscrito, no se incurrió en ningún defecto susceptible de ser
estudiado en sede de acción de tutela, habida consideración de que
la Agencia Judicial que presido, aplicó el lineamiento jurisprudencial
aplicable, analizó concienzudamente los elementos fácticos y
probatorios obrantes en el proceso radicado con el número 47-001-
3333-003-2018-00203-01; como en efecto quedó así plasmado en
las consideraciones de la sentencia de fecha veintinueve (29) de julio
del hogaño en la cual se precisó que a través de la Resolución nro.
006 del 29 de febrero de 2016, el señor ALVARO ENRIQUE PÉREZ
SUESCUN en su último día como personero del Municipio de
Ciénaga, se reconoció un auxilio de cesantías definitivo
correspondiente a la anualidad de 2015, indicando en la parte
motiva del acto administrativo que, tal reconocimiento se efectuaba
de conformidad con el Decreto Ley 1160 1947, esto es, como si se
tratara de un auxilio de cesantías bajo el régimen de retroactividad.

Al respecto, se precisó en la sentencia controvertida, que al
encontrarse el señor ALVARO ENRIQUE PÉREZ SUESCUN vinculado
a la personería del MUNICIPIO DE CIÉNAGA hasta la data del 29 de
febrero de 2016, mal podría haberse reconocido un auxilio de
cesantías correspondiente a la anualidad de 2015 de manera
definitiva, ello por la potísima circunstancia de que aún se
encontraba vinculado, y que lo que conforme al ordenamiento legal
correspondía era el reconocimiento de dicha prestación de forma
anualizada, vale decir, efectuarse la respectiva consignación en el
fondo de cesantías elegido por el trabajador, sin obviar que,
tampoco procedería su reconocimiento bajo el régimen retroactivo,
pues las vinculaciones laborales a partir del 1 de enero de 1997
únicamente se rigen por el régimen anualizado de cesantías, yerro
en el que incurrió la Personería Municipal de Ciénaga bajo las
actuaciones del propio demandante, quien se autoreconoció (sic)
dicha prestación a través de la Resolución nro. 006 del 29 de febrero
de 2016 y omitió su consignación en término, de manera que no
estaba cesante como se afirma en el escrito de tutela de la
referencia.

Así las cosas, me permito indicar que también se estableció en la
sentencia proferida que la sanción moratoria eventualmente
acaecida en razón de la consignación tardía del auxilio de cesantías
anualizado en favor del señor ALVARO ENRIQUE PÉREZ SUESCUN es
aquella contemplada en la Ley 50 de 1990 y no, como así lo solicitó
el referido demandante tanto en sede administrativa como en
judicial, huelga precisar, la contenida en la Ley 244 de 1995, la cual
se causa por el pago tardío del auxilio de cesantías definitivas;
argumentos bajos los cuales se consideró en la sentencia que se
encontraba configurada la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda, como quiera que no se acreditó que el señor PÉREZ
SUESCUN haya acudido a la administración para solicitar el
reconocimiento y pago de la respectiva sanción moratoria
establecida en la Ley 50 de 1990, la cual, se reitera, sería la
procedente para el auxilio de cesantías parciales para la anualidad
de 2015, a la que eventualmente tendría derecho, situación bajo la
9

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cual, mal podría esta jurisdicción abordar el estudio de su
procedencia, habida cuenta que ello violentaría el principio de
congruencia, a más de vulnerar los derechos al debido proceso y
defensa y contradicción de los entes encausados, quienes no han
tenido ni dentro del trámite administrativo, ni en sede judicial, la
oportunidad de pronunciarse frente a tal pedimento […]”
[Mayúsculas, negrillas y subrayado en el escrito de impugnación]

Por auto del 17 de enero de 2023 se concedió la impugnación16 y la misma
fue asignada por acta de reparto el 27 de enero de 202317.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199118, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201519, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 20, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 2019 21 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.

16
Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 00.
17
Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 01.
18
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
19
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
20
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
21
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
10

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Accionante: Álvaro Enrique Pérez Suescún

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente 22:

6.2.1. El señor Álvaro Enrique Pérez Suescún, actuando por conducto de
apoderado, promovió demanda bajo el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, pretendiendo lo siguiente 23:

“[…] Que se declare la nulidad del acto administrativo ficto o
presunto negativo derivado de la reclamación radicada el día 16 de
noviembre de 2017 por el señor ALVARO ENRIQUE PÉREZ SUESCUN,
por medio del cual el MUNICIPIO DE CIÉNAGA negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago
extemporáneo de las cesantías.

Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho se condene a la parte demandada a
reconocer y a pagar a la parte demandante las siguientes sumas de
dinero.

A.- La suma de tres millones cuatrocientos treinta y cinco mil
novecientos cincuenta y siete pesos M/L ($3.435.957.00),
correspondiente al auxilio de cesantías amparado por la Resolución
nro. 006 de fecha 29 de febrero de 2016, que a la fecha no ha sido
cancelada por la demandada.

B.- La suma de ochenta y ocho millones ochocientos setenta y seis
mil setecientos cincuenta y cuatro pesos con cuarenta centavos M/L
($88.876.754.40), correspondientes a la sanción moratoria que
trata el artículo 2 de la ley 244 de 1995, (liquidada a la fecha de la
presentación de la demanda); como consecuencia del no pago del
auxilio de cesantías del periodo comprendido entre el 1º de enero a
31 de diciembre de 2015, según Resolución No. 006 de fecha 29 de
febrero de 2016, debidamente ejecutoriada […]”.

6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero
Administrativo de Santa Marta que, en sentencia del 25 de noviembre de

22
Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
con el nro. 47001 33 33 003 2018 00203 00. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 00.
23
Lo que se extrae de la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2021 por el Juzgado
Tercero Administrativo de Santa Marta. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 00.
11

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2021, accedió parcialmente las pretensiones, en el sentido de ordenar el
pago de la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías.

6.2.3. Inconforme con la precitada decisión, tanto el aquí accionante
como la personería municipal de Ciénaga presentaron recurso de
apelación y el Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia del 29
de junio de 2022, revocó la decisión de primera instancia y declaró
probado de oficio el medio exceptivo de ineptitud sustantiva de la
demanda.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en
sentencia del 7 de diciembre de 2022, descendió al estudio de los defectos
sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto y concluyó que
estaban configurados. A su turno, el tribunal accionado impugnó la
decisión señalando que el a quo no examinó los requisitos de procedencia
de la tutela.

En ese sentido, teniendo en cuenta los reparos que son objeto de
impugnación, le corresponde a la Sala estudiar si, en este caso, los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial están cumplidos.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 24 los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela son: i) que la cuestión
que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se
hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial, salvo que se trate de evitar la configuración de un perjuicio
irremediable; iii) que se cumpla con la inmediatez; iv) cuando se trate de
una irregularidad procesal, la misma debe tener un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecte los derechos

24
C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
12

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fundamentales de la parte actora; v) que se identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos afectados y que se hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que fuera posible, y vi) que no se trate de sentencias de
tutela.

El primero de los requisitos generales que el juez de tutela debe examinar
es la relevancia constitucional; para ello, la Sala se detendrá en (i) los
criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional, para luego abordar los criterios en el (ii) caso concreto. De
estar superada esta causal de procedencia, la Sala continuará con el
análisis de los demás requisitos generales.

6.3.1. El requisito general de relevancia constitucional

6.3.1.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional 25

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de

25
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
13

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relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes” 26.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional.

En ese mismo sentido, en la citada sentencia C – 590 de 2005, la Corte
precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una
sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe
contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de la mencionada sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la
relevancia constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades 27:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

26
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
27
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128
de 2021 y SU 103 de 2022.
14

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(i) Las cuestiones de relevancia constitucional

Frente a la primera finalidad señalada, esto es, restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, la Corte Constitucional, en la sentencia SU 573
de 2019, explicó que este elemento de la relevancia tiene el siguiente
alcance:

“[…] “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”.
La Corte ha sostenido al unísono que la cuestión debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional, dado
que el único objeto de la tutela es la protección efectiva, inmediata
y subsidiaria de los derechos constitucionales fundamentales. Por tal
razón, es necesario que “la causa que origina la presentación de la
acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”.
Esto significa que el asunto debe ser trascendente para (i) “la
interpretación del estatuto superior”, (ii) su aplicación, (iii)
desarrollo eficaz y (iv) la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales. Lo anterior, exige al juez “indicar con
toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes” […]”. [Se
destaca]

De lo anterior se desprende que el alcance que la jurisprudencia
constitucional le ha dado a este primer elemento de la relevancia consiste
en que la acción de tutela que se promueva contra providencia judicial
proponga un debate sobre el contenido, alcance o goce de un derecho
fundamental, pues solo así se podrá establecer que el asunto es
evidentemente de naturaleza constitucional; ello quiere significar que,
quien interpone una acción de tutela, debe identificar cuál es el derecho
fundamental que estima afectado y explicar los motivos por los cuales
considera que la sentencia atacada lo está vulnerando.

En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en la sentencia SU
573 de 2019, manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el
requisito de relevancia constitucional], más allá de la mera adecuación
del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
15

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restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que
no es lo mismo que una simple relación con aquel”. [Se destaca] Este
criterio fue reiterado en las sentencias SU 128 de 2021 28, SU 103 de
2022 29 y SU 215 de 202230.

Además, en un pronunciamiento anterior, esto es, en la sentencia T – 422
de 201831, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional confirmó
la decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado que había
declarado improcedente la acción de tutela por no cumplir con los
requisitos de relevancia constitucional e inmediatez; en cuanto a la
relevancia, la Corte indicó, entre otras razones, que el requisito de
relevancia no estaba cumplido por cuanto: “si bien la parte actora asegura
que las providencias demandadas desconocen sus derechos
fundamentales, la relevancia constitucional de un asunto no se determina
con la mera enunciación de los derechos fundamentales presuntamente
comprometidos, sino mediante la acreditación razonable de una presunta
amenaza o vulneración de los mismos”. [Se destaca]

El criterio jurisprudencial contenido en las sentencias T 422 de 2018, SU
573 de 2019, SU 128 de 2021, SU 103 de 2022 y SU 215 de 2022,
consistente en que, para superar el requisito de relevancia, no basta con
la mera enunciación de los derechos fundamentales, sino que supone por

28
Corte Constitucional. Sentencia SU – 128 del 6 de mayo de 2021. M.P.: Cristina Pardo
Schlesinger.
29
Corte Constitucional. Sentencia SU – 103 del 17 de marzo de 2022. M.P.: Alejandro
Linares Cantillo. Al respecto, en dicha sentencia se indicó: “[…] 104. Consideraciones
específicas definidas en la jurisprudencia constitucional, respecto del requisito de
procedencia denominado “relevancia constitucional”. En relación con este requisito, esta
Corte ha sido enfática en señalar que resulta indispensable verificar, en cada caso
concreto, que la acción de tutela no esté siendo utilizada como una instancia
adicional para reemplazar las vías judiciales ordinarias. De manera concreta, ha
resaltado que el contenido de la solicitud debe buscar “resolver cuestiones que
trascienden la esfera legal, el carácter eminentemente económico de la controversia y
la inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales [lo que implica
la existencia de] un probado desconocimiento de los derechos fundamentales al debido
proceso o al acceso a la administración de justicia”. Esto, por cuanto se debe “justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un derecho
fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel” […]”.
30
M.P.: Natalia Ángel Cabo.
31
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
16

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parte del actor la carga de justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada respecto de un derecho
fundamental, evidencia que es precisamente esa la razón por la cual es
necesario que, para la acreditación de este primer elemento que compone
a la relevancia constitucional, la parte interesada en el escrito de tutela,
(1) invoque la vulneración de derechos fundamentales, (2) exponga los
motivos por los cuales considera la sentencia atacada está vulnerando
tales derechos fundamentales, y (3) compruebe que la transgresión
suponga un atentado contra el núcleo esencial de los derechos invocados,
requisitos que exigen del juez de tutela un examen de los motivos
aducidos por la parte actora para afirmar que hay amenaza o vulneración
de un derecho fundamental, comparadas con el núcleo esencial del
mismo.

Ello es así porque si, en efecto, la vulneración del derecho acontece en lo
que se denomina su núcleo esencial, solo así es posible advertir que el
caso reviste la relevancia o trascendencia necesaria para permitir que,
por vía de este mecanismo, se logre exceptuar en un juicio constitucional
el principio de cosa juzgada que orienta todo el andamiaje institucional
en el que se funda nuestro sistema jurídico. Con este propósito, el juez
no podrá limitarse a convalidar el requisito de la relevancia constitucional
con la sola mención de un derecho fundamental, pues deberá evaluar si,
de acuerdo con los argumentos expresados en el escrito correspondiente,
hay amenaza o violación efectiva del mismo.

El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional como “el ámbito intangible del
derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulare s”32
y ha explicado que el núcleo esencial se define como la “parte del derecho
que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un
necesario grado de inmunidad respecto de la intervención de las

32
Corte Constitucional. Sentencia T – 426 del 24 de junio de 1992. M.P.: Eduardo
Cifuentes Muñoz.
17

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autoridades públicas. En sentido negativo debe entenderse el núcleo
esencial de un derecho fundamental como aquel sin el cual un derecho
deja de ser lo que es o lo convierte en otro derecho diferente o lo que
caracteriza o tipifica al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su
esencia fundamental. O, también, puede verse como la parte del derecho
fundamental que no admite restricción porque en caso de hacerlo resulta
impracticable o se desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección” 33.

(ii) La competencia e independencia jurisdiccional

La segunda finalidad de la relevancia constitucional consiste en preservar
la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

La Corte Constitucional ha dicho que el segundo elemento de la relevancia
implica que34: “La controversia debe versar sobre un asunto
constitucional, pero no meramente legal y/o económico. Según la
jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, esto es,
aquellas relativas a un derecho de índole económica, deben ser resueltas
mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, dado
que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente
en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario”, so pena
de “involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras
jurisdicciones”. En tales términos, un asunto carece de relevancia
constitucional, según lo ha considerado la Corte, (i) cuando la discusión
se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho,
como la correcta interpretación o aplicación de una norma “de rango
reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n violaciones a
los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia

33
Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008.
34
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
18

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estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que
no representen un interés general” […]”.

En esa medida, siguiendo el planteamiento de la Corte Constitucional, un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el debate planteado
por la parte actora es de naturaleza meramente legal y/o económica.

Sin perjuicio de lo dicho, en la sentencia SU 215 de 2022, la Corte
Constitucional señaló que: “[…] [n]o significa que en todos los casos en
los que se cuestione la definición y aplicación judicial de normas de rango
legal se incumple el requisito de relevancia constitucional […] en la labor
judicial la indebida aplicación de normas de rango legal puede derivar en
una violación de derechos fundamentales. Justamente esa situación es la
que sustenta la existencia, caracterización y definición del defecto
sustantivo. En todo caso, la relevancia constitucional exige que el
accionante vincule la discusión legal con la violación de una garantía
fundamental o, en otros términos, que explique con suficiencia el por qué
la interpretación o aplicación de una norma de rango legal afectó
garantías constitucionales […]”.

Para precisar aún más el alcance del segundo requisito de la relevancia
constitucional, el referido fallo de unificación advirtió: “[…] Esto no
significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un
asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de
casos se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así,
por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales
y las sentencias de anulación; (iv) procesos ejecutivos, entre otras
materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido
la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un

19

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derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios […]”.

En conclusión, este segundo criterio implica que el asunto carece de
relevancia constitucional cuando se trata de una discusión de naturaleza
legal o económica que no conlleva la afectación del contenido de los
derechos fundamentales que la parte actora invoca en la acción de tutela.

(iii) La instancia adicional

Por último, el tercer criterio de la relevancia constitucional es impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho 35: “[…] Tercero, la
tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni
puede reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez
de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra
de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los
jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios […]”.

Respecto de este último criterio de la relevancia constitucional, en la
sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela

35
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
20

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contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de
corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su
formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. [Se destaca]

6.3.1.2. Caso en concreto

Bajo los anteriores parámetros jurisprudenciales, la Sala examinará los
criterios que hacen parte de la relevancia constitucional para determinar
si, en el caso, están cumplidos.

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de
relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales.

Como quedó visto en precedencia, de acuerdo con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, el primer criterio supone que el debate planteado en
sede constitucional gire en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental y, en esa medida, es que se hace necesario que el
juez de tutela verifique cuáles son los derechos fundamentales invocados
por la parte actora y las razones por las cuales el ciudadano considera
que la sentencia atacada los vulnera, para así determinar si, prima facie,
dicha transgresión supone el desconocimiento del núcleo esencial de los
derechos fundamentales o, en otras palabras, si está siendo afectado el
contenido de un derecho.

En el asunto bajo examen, la parte actora señaló que la sentencia
controvertida vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia. Adicionalmente, del escrito
de tutela se desprende que la inconformidad del actor radica en que la
21

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autoridad judicial accionada no resolvió de fondo el recurso de apelación
formulado contra la sentencia de primera instancia, sino que declaró
probada de oficio la excepción de inepta demanda, cuando ello no era
procedente.

Bajo dicho contexto, la Sala examinará el contenido o el núcleo esencial
de los derechos fundamentales invocados por el accionante, dado que, de
advertirse la afectación prima facie de alguno de ellos en su faceta
constitucional, se desprendería que el asunto es de naturaleza
constitucional, en la medida que compromete o involucra el contenido,
alcance o goce de un derecho fundamental.

En cuanto a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
efectivo a la administración de justicia, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, en la sentencia SU 103 del 17 de marzo de 2022 36, al
estudiar el requisito de relevancia en relación con estos derechos, explicó:

“[…] 112. Asimismo, reiterando la sentencia T-244 de 2007, afirmó
la Sala de Revisión en la sentencia T-131 de 2021 que el primer
escenario, esto es, cuando la tutela se dirige a cuestionar una
supuesta vulneración del derecho al debido proceso en su faceta
constitucional, supone un desconocimiento de sus elementos
esenciales, tales como el derecho al juez natural, el derecho a
presentar y controvertir las pruebas, el derecho de defensa, el
principio de legalidad, el derecho a la publicidad del proceso y de la
decisión judicial, el derecho a la independencia e imparcialidad del
juez o el derecho de defensa. De igual forma, el escenario en la cual
la acción de tutela pretende demostrar una violación al derecho al
acceso a la administración de justicia, supone una vulneración
algunos de sus garantías fundamentales, como lo son (i) el acceso
de toda persona al sistema judicial; (ii) las garantías previstas para
el normal desarrollo del proceso; y (iii) las que se relacionan con la
decisión que se adopta dentro del proceso y su capacidad de ser
ejecutada. Lo anterior, teniendo en cuenta que “el acceso a la
justicia se integra al núcleo esencial del debido proceso, por la
circunstancia de que su garantía supone necesariamente la vigencia
de aquél, si se tiene en cuenta que no es posible asegurar el
cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas
procesales establecidas por el legislador sin que se garantice
adecuadamente dicho acceso”.

36
M.P.: Alejandro Linares Cantillo.
22

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113. Por lo tanto, para acreditar el requisito de relevancia
constitucional, no es suficiente alegar una violación del derecho al
acceso a la administración de justicia o del debido proceso con
fundamento en una simple relación de los hechos del caso con
aquellos, sino que se exige demostrar, de manera razonable, una
restricción desproporcionada sobre alguno(s) de sus elementos. En
la mencionada sentencia T-131 de 2021, la Corte declaró la
improcedencia de la acción de tutela por, entre otras cosas, no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional. Constató que la
tutela no suponía a priori el desconocimiento del derecho
fundamental al debido proceso del accionante en su faceta
constitucional, sino que planteaba una controversia estrictamente
económica, consistente en la inconformidad la actora con el laudo
arbitral emitido en su contra […]”. [Se destaca]

En un pronunciamiento anterior, esto es, en el año 2021, la Sala Plena de
la Corte Constitucional, en la sentencia SU 128 37, indicó, con fundamento
en la sentencia SU 573 de 2019, lo siguiente frente al derecho
fundamental al debido proceso y el requisito de relevancia constitucional:

“[…] 4.3. En ese mismo sentido, en la Sentencia SU-573 de 2019
esta Corporación determinó que “la acreditación de esta exigencia,
más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga
una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a
un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple
relación con aquel”. Así, por ejemplo, no es suficiente con que la
parte actora alegue la violación del derecho fundamental al debido
proceso para entender acreditado el requisito general de
procedencia de relevancia constitucional […]”. [Se destaca]

Bajo los lineamientos jurisprudenciales expuestos por la Sala Plena de la
Corte Constitucional en las sentencias SU 573 de 2019, SU 128 de 2021
y SU 103 de 2022, se tiene que no está acreditada la exigencia de la
relevancia constitucional cuando la parte actora se limita a invocar la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
efectivo a la administración de justicia, sin justificar las razones por las
cuales estima que la sentencia atacada los afectó, sino que, en criterio de
la Corte Constitucional, “se exige demostrar, de manera razonable, una
restricción desproporcionada sobre alguno(s) de sus elementos” 38; esto
es, que el interesado alegue la vulneración de los derechos al debido

37
M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
38
Corte Constitucional. SU 103 del 17 de marzo de 2022. M.P: Alejandro Linares Cantillo.
23

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proceso o de acceso efectivo a la administración de justicia en su faceta
constitucional o, dicho de otra manera, que identifique dentro del núcleo
esencial cuál de las garantías que los componen resultan comprometidas
con ocasión de la sentencia controvertida en la acción de tutela.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que el núcleo
esencial del debido proceso está integrado por las siguientes garantías
mínimas39:

“(…) La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido
proceso como el “(…) conjunto de garantías previstas en el
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección
del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para
que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la
aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del
debido proceso:

(i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al
libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas,
a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante
autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido
en el fallo;

(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con
capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado
proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la
calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la
Constitución y la ley;

(iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los
medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión
favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los
medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos
a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad
ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás
personas que intervienen en el proceso;

(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un
tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se
vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables;

(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo
cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la
tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de
aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y

39
Corte Constitucional, Sentencia C- 341 de 2014.
24

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(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o
funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los
hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios
anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas (…)”.

En cuanto al derecho de acceso efectivo a la administración de justicia, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha entendido este derecho como
la posibilidad reconocida a todas las personas de poder acudir, en
condiciones de igualdad, ante las instancias que ejerzan funciones de
naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de una u otra
manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
le reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e interés legítimos,
con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con
plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales
previstas en la Constitución y la ley 40.

El Tribunal constitucional ha explicado que el derecho de acceso a la
administración de justicia tiene un contenido múltiple a partir del cual
pueden identificarse tres categorías41: (i) aquellas que tienen que ver con
el acceso efectivo de la persona al sistema judicial; (ii) las garantías
previstas para el desarrollo del proceso, y (iii) las relacionadas con la
ejecución material del fallo.

Dentro de la primera categoría, es decir, lo relacionado con el acceso
efectivo al sistema judicial, la jurisprudencia constitucional ha establecido
que se compone de las siguientes garantías: (i) el derecho de acción; (ii)
a contar con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación
legal de derechos y obligaciones, y (iii) a que la oferta de justicia permita
el acceso a ella en todo el territorio nacional.

40
Corte Constitucional. Sentencia T- 799 del 21 de octubre de 2011. M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
41
Corte Constitucional. Sentencia T- 799 del 21 de octubre de 2011. M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
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En cuanto a la segunda, incluye el derecho a (iv) que las controversias
planteadas sean resueltas dentro de un término prudencial y sin
dilaciones injustificadas; (v) que éstas sean decididas por un tribunal
independiente e imparcial; (vi) a tener todas las posibilidades de preparar
una defensa en igualdad de condiciones; (vii) que las decisiones sean
adoptadas con el pleno respeto del debido proceso; (viii) que exista un
conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de
controversias; (ix) que se prevean herramientas necesarias para facilitar
el acceso a la justicia por parte de las personas de escasos recursos.

La última categoría abarca (x) la posibilidad efectiva de obtener respuesta
acorde a derecho, motivada y ejecutable; y que (xi) se cumpla lo previsto
en ésta.

Cabe agregar que, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que
hacer efectivo el derecho a la administración de justicia conlleva
garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende: -) la
posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las
autoridades judiciales, -) que éste sea resuelto y, -) que se cumpla de
manera efectiva lo ordenado por el operador jurídico y se restablezcan los
derechos lesionados 42.

Conforme con lo anotado, se advierte que en este caso sí está cumplido
el primer requisito de la relevancia constitucional, toda vez que la parte
actora (1) invocó la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso efectivo a la administración de justicia; (2) en el escrito
de tutela expuso las razones por las cuales tales derechos están siendo
afectados por la sentencia que aquí ataca, y (3) una vez examinados los
motivos aducidos en los que se sustenta la violación, comparados con el
núcleo esencial de los derechos fundamentales invocados, se advierte que

42
Corte Constitucional. Sentencia T – 283 del 16 de mayo de 2013. M.P.: Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
26

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el debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia
podrían resultar comprometidos con ocasión de la providencia censurada.

Lo anterior, dado que hace parte del núcleo esencial del debido proceso
el derecho de acceso efectivo a la administración de justicia y el contenido
o núcleo esencial de este último derecho supone que las controversias
que los ciudadanos plantean ante los jueces sean resueltas y
precisamente lo que alega la parte actora es que la sentencia aquí atacada
no resolvió los reparos que formuló en el recurso de apelación contra la
providencia de primera instancia, sino que el tribunal accionado declaró
probada la excepción de inepta demanda y no se resolvió de fondo el
asunto objeto de debate en el proceso ordinario, de donde se desprende
que los motivos de vulneración expuestos por el actor sí podrían llegar a
comprometer la afectación al núcleo esencial del debido proceso y acceso
efectivo a la administración de justicia.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar
que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad o de naturaleza económica

Como se explicó en precedencia, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, el segundo criterio de la relevancia implica que un asunto
carece de transcendencia constitucional cuando se trata de una discusión
de naturaleza legal o económica que no conlleva la afectación del
contenido de los derechos fundamentales que la parte actora invoca en la
acción de tutela.

En este caso, el segundo criterio de la relevancia también está cumplido,
comoquiera que el debate planteado por la parte actora implica la posible
afectación de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
efectivo a la administración de justicia.

27

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En este punto, es pertinente precisar que si bien en el escrito de tutela el
actor controvierte que “no existe error alguno en la citación de la norma
aplicable para la contabilidad de la sanción moratoria debido a que la
sanción determinada por la ley 244 de 1995 es la que acaece cuando el
trabajador ha quedado cesante como es mi caso, puesto que a partir de
ese instante la obligación que se origina no es la de consignar la cesantía
en un fondo, sino la de entregarla al trabajador junto con las demás
prestaciones y salarios a que tenga derecho”43, lo que constituye una
controversia sobre la aplicación de una norma de carácter legal, el asunto
tiene trascendencia constitucional en la medida que, según lo expuesto
por el interesado, con fundamento en la aplicación e interpretación de
dicha norma el tribunal accionado resolvió declarar la excepción de inepta
demanda, decisión que puede comprometer los derechos invocados
porque el recurso de apelación formulado no fue resuelto.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia
o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces

En este asunto, el último criterio de la relevancia constitucional también
está acreditado, dado que la decisión de declarar de oficio la excepción
de ineptitud sustantiva de la demanda fue en segunda instancia, de
manera que el actor no pudo controvertir o alegar sobre lo resuelto en el
transcurso del proceso ordinario y es lo que constituye el sustento para
promover la acción de tutela, de allí se advierte que este mecanismo
constitucional no está siendo utilizado como un medio para reabrir la
instancia.

Conforme con lo anotado, la Sala concluye que en este evento sí está
cumplido el requisito de relevancia constitucional, dado que la
controversia planteada por el actor puede involucrar la afectación del
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso

43
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 00.
28

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efectivo a la administración de justicia, además la inconformidad del actor
no fue objeto de debate en el transcurso del proceso ordinario, toda vez
que la decisión de declarar de oficio la excepción de ineptitud sustantiva
de la demanda fue adoptada en segunda instancia, luego de que las partes
presentaran recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia
que había accedido parcialmente a las pretensiones.

6.3.2. El requisito general de subsidiariedad

Como en este caso, el asunto que se discute tiene relevancia
constitucional, el segundo requisito general de procedencia de la acción
de tutela que debe examinarse es la subsidiariedad. Para resolver si en
este caso está superado, lo primero que se advierte es que la parte actora
en el escrito de tutela alega que la sentencia proferida el 29 de junio de
2022 por el Tribunal Administrativo del Magdalena vulnera los derechos
fundamentales de acceso efectivo a la administración de justicia y al
debido proceso.

En el análisis de la relevancia constitucional, quedó visto que el núcleo
esencial de tales derechos podría resultar comprometido con la decisión
que aquí se ataca, toda vez que el tribunal accionado al resolver los
recursos de apelación que formularon las partes contra la providencia de
primera instancia dispuso declarar de oficio la excepción de inepta
demanda, asunto que no pudo ser controvertido por el aquí accionante, y
que implicó que el objeto de debate planteado en el proceso ordinario no
fuera resuelto.

Bajo dicho contexto, el requisito de subsidiariedad no está cumplido,
comoquiera que en este caso la acción de tutela está dirigida contra una
sentencia que no tiene apelación y el actor invoca y sustenta la afectación
de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la
administración de justicia, por lo que el interesado puede promover el
recurso extraordinario de revisión con fundamento en la causal de nulidad

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originada en la sentencia y bajo las mismas consideraciones expuestas en
el escrito de tutela, dado que constituye el medio judicial idóneo para
proteger tales garantías.

Ello, teniendo en cuenta que la tutela es un mecanismo residual y que, si
lo que se pretende es acreditar que una sentencia que no tiene apelación
vulnera el debido proceso y el acceso efectivo a la administración de
justicia, ya la jurisprudencia de las corporaciones de cierre ha dicho que,
en tales casos, lo que procede es que el accionante intente el recurso
extraordinario de revisión, pues con él puede proteger el derecho al
debido proceso constitucional, cuando se alegue que fue vulnerado con
dicha sentencia.

En efecto, tratándose de la sentencia de última instancia que, en concepto
de la parte reclamante, viola el derecho fundamental al debido proceso,
tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han dicho que
ella es susceptible del recurso extraordinario de revisión por incurrir en la
causal quinta del artículo 250 del CPACA, es decir, “existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso alguno (…)”.

A este respecto, se observa que la Corte Constitucional, en la sentencia
de unificación SU - 090 de 2018, se remite a lo dicho por ella en la
sentencia T-553 de 2012, afirmando que 44, “respecto de los recursos
extraordinarios el único de éstos que finalmente procedería para atacar la
sentencia del Tribunal demandado y salvaguardar los derechos
fundamentales de los tutelantes, es el de revisión. No obstante, la Corte
ha establecido reglas jurisprudenciales que permiten analizar si este
medio de defensa judicial es idóneo y eficaz, al punto que desplace el
recurso de amparo, lo cual ocurre cuando: “a) la única violación alegada
sea el derecho al debido proceso y, eventualmente, la de otros derechos

44
Referencia: Expediente T-6.406.743. Sentencia del 27 de septiembre de 2018. M.P.
Alberto Rojas Ríos.
30

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que no tienen carácter fundamental, o b) cuando el derecho fundamental
cuya protección se solicita sea susceptible de ser protegido de manera
integral dentro del trámite del recurso, porque concurren en él (i) causales
de revisión evidentemente dirigidas a salvaguardar dicho derecho,
y (ii) en caso de prosperar el recurso, decisiones que restauran de forma
suficiente y oportuna el derecho”.

Así mismo, en oportunidad anterior, la Corte Constitucional, en la
sentencia SU - 263 del 7 de mayo de 2015 45, había concluido que “la
acción de tutela se torna improcedente cuando al interior de un proceso
contencioso administrativo se alega la vulneración al debido proceso y
este derecho fundamental es susceptible de ser protegido mediante el
trámite del recurso extraordinario de revisión (…)”.

Dicha regla fue reiterada en la sentencia SU - 026 del 5 de febrero de
2021 46, donde la Corte determinó la improcedencia de la acción de tutela
por no superar el requisito general de subsidiariedad, indicando que el
recurso extraordinario de revisión se trata de un mecanismo de defensa
idóneo y eficaz cuando se invoca el derecho fundamental al debido
proceso, toda vez que la protección de este derecho puede encuadrarse
de manera integral dentro de una de las causales del recurso de revisión.
Allí indicó:

“(…) Lo anterior erige al recurso extraordinario de revisión en
materia contencioso-administrativa como un medio de defensa
idóneo y eficaz cuando la vulneración del derecho al debido proceso
tiene origen en un fallo judicial que se encuentra ejecutoriado. De
hecho, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la innegable
semejanza entre la acción de tutela y el recurso de revisión cuando
se busca proteger este derecho:

“A través de ese medio [recurso extraordinario especial de
revisión] se plantearía la controversia sobre el debido proceso
en términos idénticos a los que constituyen el presupuesto
para resolver la acción de tutela, al punto que un
pronunciamiento del juez constitucional dejaría sin oficio al
juez competente. Los dos procesos, el extraordinario especial

45
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
46
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
31

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de revisión y el de tutela, tendrían identidad de causa petendi
y de petitum, y resulta claro que no puede haber, sobre la
misma causa, dos pronunciamientos judiciales concurrentes”.

Estas similitudes entre los dos mecanismos de defensa han llevado
a la Corte Constitucional a establecer la siguiente subregla de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales:

“[E]l recurso de revisión constituye un mecanismo idóneo y
eficaz de defensa judicial dependiendo de la naturaleza de los
derechos invocados por el peticionario, y la cobertura
brindada por las causales aplicables al proceso específico.
Así, el recurso será eficaz cuando a) la única violación alegada
sea el derecho al debido proceso y, eventualmente, la de
otros derechos que no tienen carácter fundamental, o b)
cuando el derecho fundamental cuya protección se solicita sea
susceptible de ser protegido de manera integral dentro del
trámite del recurso, porque concurren en él (i) causales de
revisión evidentemente dirigidas a salvaguardar dicho
derecho, y (ii) en caso de prosperar el recurso, decisiones que
restauran de forma suficiente y oportuna el derecho.”

Dicho de otro modo, la acción de tutela desplazará el recurso
extraordinario de revisión siempre que (i) el derecho fundamental
cuya protección se solicita no sea susceptible de ser protegido de
manera integral dentro del trámite del recurso; y (ii) las causales de
revisión no se encuadren dentro de los hechos denunciados por el
accionante. En síntesis, para la Sala Plena “la acción de tutela se
torna improcedente cuando al interior de un proceso contencioso-
administrativo se alega la vulneración al debido proceso y este
derecho fundamental es susceptible de ser protegido mediante el
trámite del recurso extraordinario de revisión(…)”.

Por su parte, la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Consejo de
Estado, en sentencia del 8 de mayo de 2018, dijo que 47 “(…) el recurso
de revisión (…) y las causales que dan lugar a su solicitud, constituyen un
mecanismo judicial destinado a la protección de derechos fundamentales
como el de acceso a la justicia y el debido proceso, es decir, es un
instrumento o medio de control adicional que el legislador diseñó para la
protección de esos derechos fundamentales y, por tanto, hacen parte del
haz de acciones para la satisfacción plena del derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva (…)”, para agregar a su pronunciamiento el alcance

47
Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 1998 00153 01 (REV). C.P. Alberto Yepes
Barreiro. En similar sentido se pronunció la Sala Especial de Decisión nro. 22 en
sentencia del 2 de febrero de 2016. Expediente radicación núm. 11001-03-15-000-
2015-02342-00 (REV), C.P. Alberto Yepes Barreiro.
32

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que la Corporación le da actualmente a la causal contenida en el numeral
5 del artículo 250 del CPACA, con la siguiente argumentación:

“6.2.3 Nuevo alcance de la causal de nulidad originada en la
sentencia

Todo lo anterior permite afirmar sin ambages que los eventos
definidos tradicionalmente por la jurisprudencia de esta Corporación
como constitutivos de nulidades originadas en sentencia, no son
taxativos.

Así, por ejemplo, con esta providencia queda claro que, en aras de
hacer efectivos los derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a
la administración de justicia y al debido proceso, es deber del juez
decidir de fondo los litigios cuando las circunstancias así se lo
permitan, lo que significa que la violación a tales preceptos cuando
se expide un fallo inhibitorio injustificado también configura la causal
de revisión alegada. (…)” (se destaca)

En esta misma dirección, la jurisprudencia de esta Corporación también
abrió la posibilidad de que el recurso extraordinario de revisión proceda
con la invocación de la causal señalada en el anotado numeral 5 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, cuando quiera que se evidencie
la vulneración del derecho al debido proceso; para ello, es pertinente
traer a colación lo explicado por la Sección Quinta en fallo del 16 de enero
de 2017, dentro del proceso número 11001-03-28-000-2016-00070-00,
en cuyo contenido también se aludió a la postura de la Sala Especial de
Revisión nro. 26, donde se decidió el recurso extraordinario de revisión
radicado con el número 11001-03-15-000-2011-01639-00. Así dijo:

“[…] 4. La causal de revisión por nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso48

Corresponde al numeral quinto del artículo 250 del CPACA:

“Son causales de revisión:

“5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.”

48 En cuanto al alcance de esta causal, Cfr. Sentencia de la Sala Especial de Decisión No.
26 del Consejo de Estado, proferida el 7 de abril de 2015, dentro del expediente
110010315000201300358-00, Demandante: Luis Facundo Maldonado Granados,
Demandado: Universidad Pedagógica Nacional.
33

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Una de las causales de revisión que más discusiones ha generado en
la jurisprudencia de lo contencioso administrativo49 es la relativa a
la nulidad originada en la sentencia, dado que en razón de su
redacción, ha correspondido al juez del recurso de revisión
establecer su alcance, por cuanto el legislador omitió determinar las
circunstancias que podían generar la nulidad de la providencia, es
decir, se trata de un texto en blanco.

En ese sentido, desde la idea de que este recurso no se puede
emplear o utilizar para reabrir el debate que originó el respectivo
proceso, la causal en estudio ha sido objeto de diversos
pronunciamientos que buscan circunscribir su alcance para evitar,
precisamente, que ella se emplee para que el juez de revisión se
convierta en un juez de instancia.

En un fallo de revisión de la Sala Especial de Revisión 2650, se indicó
cómo, en la Sala Plena de lo Contencioso, se originaron tres
corrientes o tendencias para entender este causal, según las
cuales i) las razones de la nulidad de la sentencia las define el juez;
ii) las causales de nulidad de la sentencia son las del artículo 140 del
Código de Procedimiento Civil -hoy en día 133 del Código General
del Proceso- y iii) las causales de nulidad de la sentencia provienen
de la combinación de los dos criterios anteriores.

La tendencia mayoritaria ha sido la de acoger aquellas causales del
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, hoy 133 del Código
General del Proceso, que por su contexto pueden originar la nulidad
de la providencia, para no confundirlas con aquellas generadas en
las instancias o etapas anteriores a esta, dado que el recurso de
revisión solo se puede presentar cuando la nulidad se materialice en
el fallo y no en una fase que lo anteceda.

Por ello, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo fue fijando
las circunstancias que podían configurar la causal de revisión en
estudio, para lo cual analizó cada una de las causales establecidas
en el artículo 140 del C. de P. C., hoy 133 del Código General del
Proceso, para indicar, entre otras cosas, lo siguiente:

“… la nulidad que tiene origen en la sentencia puede ocurrir,
en conformidad con la disposición referida – se hace alusión
al artículo 140 del C. de P.C.-, cuando se provee sobre
aspectos para los que no tiene el juez jurisdicción o
competencia (numerales 1 y 2); cuando, sin ninguna otra
actuación, se dicta nueva sentencia en proceso terminado
normalmente por sentencia firme, o sin más actuación se
dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual
hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la
transacción o declarada la perención del proceso, porque así
se revive un proceso legalmente concluido, o cuando se dicta

49
Ibídem.
50
Consejo de Estado. Sala Especial No. 26. Sentencia de 3 de febrero de 2015,
Expediente: 11001-03-15-000-2011-01639-00 Demandante: Vehivalle S.A. Referencia:
Recurso extraordinario de revisión. Consejera Ponente, doctora Olga Melida Valle de De
La Hoz.
34

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sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la
instancia; o cuando se condena al demandado por cantidad
superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o
por causa diferente de la invocada en ésta, o se condena a
quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo
concerniente, también se pretermite íntegramente la
instancia (numeral 3); o cuando, sin más actuación, se
profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en éstos
casos, antes de la oportunidad debida (numeral 5), entre
otros eventos.”[…]51

En un pronunciamiento posterior precisó:

“[…] Las nulidades procesales no pueden confundirse con las
que se originan en la sentencia, pues mientras las primeras
se estructuran cuando quiera que se dan los motivos
consagrados taxativamente en el artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil, partiendo del contenido de la misma
disposición, las segundas deben interpretarse
restrictivamente con unos determinados supuestos fácticos
que esta Corporación ha precisado y que conducen a
determinar que la nulidad originada en la sentencia puede
ocurrir:

a) cuando el Juez provee sobre asuntos respecto de los cuales
carece de jurisdicción o competencia;

b) cuando, sin ninguna actuación, se dicta nuevo fallo en
proceso que terminó normalmente por sentencia en firme;

c) cuando sin más actuación, se dicta sentencia después de
ejecutoriado el auto por el cual se aceptó el desistimiento,
aprobó la transacción, o, declaró la perención del proceso,
pues ello equivale a revivir un proceso legalmente concluido;

d) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el
trámite previo correspondiente, toda vez que ello implica la
pretermisión íntegra de la instancia;

e) cuando el demandado es condenado por cantidad superior,
o por objeto distinto del pretendido en la demanda, o por
causa diferente de la invocada en ésta,

f) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso,
porque con ello también se pretermite íntegramente la
instancia;

g) cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después
de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o

51
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 11 de mayo de 1998.
Expediente: REV-93. Actor: Gabriel Mejía Vélez. C.P.: Dr. Mario Alario Méndez.
35

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de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad
debida.”

Igualmente, junto a este criterio se ha aceptado, que pueden existir
otros motivos no contemplados en los códigos procesales como
causales de nulidad, pero que surgen de la vulneración del
artículo 29 constitucional. Es decir, que la violación al debido
proceso constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión.
En este último evento, corresponderá al juez determinar si el hecho
que se dice contrario a este derecho puede configurar la causal de
revisión en comento.

Así lo entendió la Especial de Decisión 26, al indicar “… las causales
de nulidad de la sentencia son las previstas en el estatuto procesal
civil, en las condiciones que establece el art. 142 del mismo y las
que se originen en la sentencia por violación del debido proceso
constitucional, contemplado en el artículo 29.”52

En este caso, el juez no está creando una causal, pues se reconoce
que la nulidad originada en el fallo, se deriva del desconocimiento
de un mandato constitucional, en donde el operador judicial será el
encargado de determinar si lo que se alega tiene la entidad suficiente
para originar la nulidad de la sentencia de instancia, pues no toda
irregularidad puede tener la potencialidad de afectar la inmutabilidad
de la providencia que ha puesto fin al proceso”.

(Subrayas ajenas al texto original).

Por último, valga reiterar que la jurisprudencia de esta Corporación ha
señalado que la afectación al debido proceso, que da lugar a la
interposición del recurso extraordinario de revisión, puede tener lugar
cuando se profiere un fallo inhibitorio; al respecto la Subsección A,
Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 12 de diciembre
de 202253 señaló lo siguiente:

“[…] Bajo una concepción mucho más amplia y garantías, que por
demás no deja de ofrecer críticas, la causal de nulidad originada en
la sentencia se ha extendido a la violación del debido proceso en los
términos del artículo 29 de la Constitución Política y, dentro de ese
marco, la jurisprudencia se ha ocupado de identificar variados vicios

52
Consejo de Estado. Sala Especial No. 26. Expediente: 11001-03-15-000-2011-01639-
00 Demandante: Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión.
Consejera Ponente, doctora Olga M. Valle de la Hoz. En dicha Sala se aprobaron otras
dos decisiones en igual sentido. Radicación: 11001-03-15-000-1998-00157-01 (Rev.
157). Demandante: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali.
53
Consejero Ponente José Roberto Sáchica Méndez
36

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Radicación: 11001 03 15 000 2022 05989 01
Accionante: Álvaro Enrique Pérez Suescún

que darían lugar a su configuración54, tales como: (i) haberse
dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con
violación al debido proceso, (ii) haberse dictado fallo condenatorio
contra una persona que no fue vinculada al proceso, (iii) proferir una
sentencia sin motivarla, (iv) dictar un fallo inhibitorio injustificado y,
(v) faltar al principio de congruencia, ente otros […]”. [Se destaca]

En esas condiciones, quien alega que una sentencia de última instancia le
ha violado el derecho al debido proceso, e invoca y sustenta elementos
de su núcleo fundamental, no puede intentar que el asunto le sea resuelto
en sede de tutela, salvo que demuestre perjuicio irremediable; pues tiene
para ello expedito el recurso extraordinario de revisión. Ello, teniendo en
cuenta que la tutela está instituida como un mecanismo residual para
amparar derechos constitucionales fundamentales, y ya la jurisprudencia
ha señalado que el derecho al debido proceso constitucional (Art. 29 de
la Carta Política), que se considere violado o amenazado por sentencia
que no tenga apelación, puede ser protegido mediante dicho recurso. Por
lo tanto, la acción de tutela así formulada no cumple con el requisito
general de la subsidiariedad, indispensable para acceder a la acción de
amparo contra sentencia judicial.

Por lo anotado y sin ser necesario descender al examen de las causales
específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, la Sala revocará el fallo de tutela proferido el 7 de diciembre de
2022 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que amparó los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la
administración de justicia del accionante, para, en su lugar, declararla
improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

54
Al respecto ver: Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia del 20 de agosto 2021, expediente
11001-03-15-000-2020-02925-01.
37

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 7 de diciembre de
2022 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que amparó los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la
administración de justicia del accionante, para en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por no cumplir el
requisito de subsidiariedad.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

38

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