Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05991-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05991-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-05991-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
26 de enero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05991-00
Accionante: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN
B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se
declara improcedente la acción de tutela – incumplimiento del
requisito de la subsidiariedad
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada, a través de apoderado judicial, por la
Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional en contra de la
sentencia de 2 de marzo de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, a través de
apoderado judicial, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 2 de marzo de 2022, proferida
por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, dentro de la acción
de grupo con radicación número 76001-23-33-000-2017-01845-01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Refirió que la Comunidad Indígena Unión de Agua Clara, perteneciente al
Resguardo de Burujón; la Comunidad Indígena de Chamapurro, que hace parte
del Resguardo de Nuevo Pitalito y la Comunidad Indígena del Resguardo
Chachajo, las cuales integran el Pueblo Wounaan y habitan en la región conocida
como «Bajo San Juan» en el departamento del Chocó, fueron víctimas de
desplazamiento forzado entre el 24 de septiembre y el 24 de noviembre de 2014.
2.2. Indicó que, con ocasión a lo anterior, las aludidas comunidades promovieron
demanda de acción de grupo en contra de la Unidad Administrativa Especial para
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05991-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV-, de la Nación -
Defensoría del Pueblo, de la Nación - Fiscalía General de la Nación, de la
Nación - Ministerio del Interior, de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional
• Ejército Nacional y Policía Nacional, de la Nación - Ministerio de Salud y
Protección Social, de la Unidad de Restitución de Tierras -URT, de la Agencia
Nacional de Tierras - ANT, de la Unidad Nacional de Protección, del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, del departamento del Valle del
Cauca, de la Alcaldía de Cali y del distrito de Buenaventura, para que les fueran
reparados los daños padecidos con ocasión del desplazamiento forzado y del
retorno sin garantías de seguridad a sus territorios.
2.3. Indicó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia de
primera instancia en la que negó las pretensiones de la demanda por no haberse
configurado una falla en el servicio por parte de las entidades demandadas.
2.4. Puntualizóque la decisión de primera instancia fue objeto de recurso de
apelación por la parte demandante.
2.5. Señaló que, mediante sentencia de 2 de marzo de 2022, la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado revocó el fallo de primera instancia y, en
su lugar, dispuso: «[…] DECLARAR LA RESPONSABILIDAD DEL MINISTERIO DE
DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, el DISTRITO DE BUENAVENUTRA y la UARIV
por los daños padecidos por el pueblo indígena Wounaan de las comunidades de
Chachajo, Chamapuro y Aguaclara desplazados a Buenaventura el 24 de
septiembre y el 29 de noviembre de 2015 […]». En consecuencia, fueron
condenados «[…] a ENTREGAR AL FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS COLECTIVOS, el equivalente a 20.250 SMLMV dentro de los 10 días
siguientes a la ejecutoria de esta Sentencia […]».
2.6. Advirtió que la decisión proferida por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado incurre en un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria y en un desconocimiento del precedente jurisprudencial.
2.7. En cuanto al defecto fáctico, la parte actora señaló, en síntesis, que la
Subsección accionada habría declarado la responsabilidad del Estado sin que
existiese ningún medio de convicción en el expediente que le permitiera advertir una
falla en el servicio por parte de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional.
2.8. En relación con el desconocimiento del precedente jurisprudencial, señaló que
la decisión objeto de la presente acción constitucional era contraria a los fallos de
20 de marzo de 2003, de 29 de agosto de 2012 y de 9 de octubre de 2014, proferidos
por las distintas Subsecciones que integran la Sección Tercera del Consejo de
Estado, ya que en estas decisiones se habría «[…] establecido que exigirle al
Estado el don de la omnipotencia, omnisuficiencia y omnipresencia en cada punto
del territorio nacional para proteger la vida de cada uno de los ciudadanos, es
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Accionante: Nación – Ministerio de Defensa
atribuirle obligaciones imposibles tal y como la misma jurisprudencia ha recordado
"nadie está obligado al imposible” ni siquiera el Estado cuyo deber constitucional es
garantizar la vida de los ciudadanos, pero es justo que para que pueda poner en
marcha mecanismos de protección deba ser informado con la antelación suficiente
que le permitan poner en marchas sus fuerzas de seguridad y repeler las
afectaciones violentas que se pretendan llevar a cabo en contra de la paz y
tranquilidad […]».
2.9. Adicionalmente, sostuvo que la decisión judicial objeto de esta acción de amparo
desconoció la línea jurisprudencial fijada por esta Corporación, en la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020, atinente a la caducidad del medio de control de
reparación directa y conforme a la cual «[…] no es procedente, retomar el concepto
de daño continuado, para efectos de dejar de lado el fenómeno de la caducidad
[…]».
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] 1. Se amparen los derechos fundamentales constitucionales al DEBIDO
PROCESO, al acceso efectivo a la administración de justicia, y EL PRINCIPIO
DE LA JUSTICIA MATERIAL a favor de la NACIÓN - MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL al configurarse las causales genéricas de procedibilidad
contra providencia judicial violación directa de Constitución Política y
desconocimiento del precedente jurisprudencial.
2. Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos el - FALLO CONSEJO
DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN B, CONSEJERO PONENTE: ALBERTO MONTAÑA
PLATA, Radicación número: 76001-23-33-000-2017-01845-01 (64094) (AG)
Demandante: COMUNIDAD UNIÓN AGUACLARA, CHACHAJO Y
CHAMAPURO DEL PUEBLO INDÍGENA WOUNAAN Demandados: NACION -
MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, Y OTROS, por ende
mantener la decisión de absolver a la entidad de cualquier responsabilidad. […]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. El consejero a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 23 de
noviembre de 2022, admitió la acción de tutela de la referencia. En la misma
providencia, se ordenó la vinculación, como terceros con interés directo en los
resultados del proceso, «[…] a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas -UARIV-, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía
General de la Nación, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Salud y Protección
Social, a la Unidad de Restitución de Tierras -URT-, a la Agencia Nacional de Tierras
-ANT-, a la Unidad Nacional de Protección, al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar -ICBF-, al departamento del Valle del Cauca, a la Alcaldía de Cali, al Distrito
de Buenaventura, a los gobernadores de las comunidades de Unión Aguaclara,
Chachajo y Chamapuro del pueblo indígena Wounaan […]».
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Accionante: Nación – Ministerio de Defensa
5. Mediante auto de 7 de diciembre de 2022, el consejero sustanciador del proceso
ordenó remitir «[…] al Despacho a cargo del doctor Luis Alberto Álvarez Parra,
consejero de la Sección Quinta del Consejo de Estado la acción de tutela de la
referencia […]», para que avocara su conocimiento. Sin embargo, a través del auto
15 de diciembre de 2022, la Sección Quinta de esta Corporación resolvió no avocar
el conocimiento del asunto.
V. INTERVENCIONES
6. Realizadas las comunicaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas, se
allegaron los siguientes informes:
6.1. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por conducto
del consejero ponente, rindió informe en el que señaló: «[…] [s]e considera que la
providencia y el expediente de la respectiva acción de reparación directa, contienen
los argumentos y elementos necesarios para que el juez de la acción de tutela tome
la decisión que en derecho corresponda. En consecuencia, el suscrito magistrado,
en mi condición de ponente del fallo objeto de esta acción de tutela, estaré presto
a atender lo que disponga la Sala que decida la acción constitucional […]».
6.2. El departamento del Valle del Cauca, mediante apoderado judicial, se opuso a
las pretensiones de la acción de tutela, y solicitó que se ordenara su desvinculación
del presente proceso constitucional por carecer de legitimación en la causa por
pasiva.
6.3. El Ministerio de Salud y Protección Social, a través de apoderada judicial,
solicitó la desvinculación del presente proceso constitucional porque no era «[…] la
entidad encargada de realizar las actuaciones administrativas ni judiciales
tendientes a resolver las pretensiones de la parte accionante […]».
6.4. La Alcaldía de Santiago de Cali, a través de la Secretaría de Bienestar Social,
solicitó la desvinculación de la entidad territorial de la presente acción constitucional
porque el distrito carecía de competencia para atender las pretensiones de la parte
actora.
6.5. La Unidad Nacional de Protección, a través de apoderado judicial, solicitó la
desvinculación de dicha entidad porque carecía de legitimación en la causa por
pasiva.
6.6. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas, a través de la directora jurídica de la entidad, solicitó la desvinculación
de la entidad del presente trámite constitucional porque carecía de legitimación en
la causa por pasiva.
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Accionante: Nación – Ministerio de Defensa
6.7. La Fiscalía General de la Nación, a través de la dirección de asuntos jurídicos,
solicitó la desvinculación de la entidad en el sub examine por carecer de
legitimación en la causa por pasiva.
6.8. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a través
de apoderada judicial, coadyuvó las pretensiones de la presente acción de amparo
por las siguientes razones: «[…] (i) hay una malinterpretación del fenómeno de
desterritorialización por parte del Consejo de Estado que afecta los principios
fundamentales de la responsabilidad estatal. Adicionalmente, (ii) con anterioridad a
la inclusión en el RUV la responsabilidad respecto a la protección de los derechos
de las víctimas es de los entes territoriales, por lo cual solo en casos excepcionales
la Unidad presta esta atención, y sin embargo, esto no tuvo ningún impacto en el
análisis de fondo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado; y (iii) el responsable en materia de salud es el Ministerio de Salud, y en
cuanto al componente de alimentación este debe ajustarse a lo dispuesto en la ley
en virtud del principio de legalidad de la función pública […]».
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
7. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo
de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de
20173.
VI.2. Cuestión previa
8. El Ministerio de Salud y Protección Social, el departamento del Valle del
Cauca, la Alcaldía de Santiago de Cali, la Fiscalía General de la Nación, la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas y la Unidad Nacional de Protección solicitaron sus desvinculaciones
del presente trámite constitucional por cuanto, a su juicio, carecían de legitimación
en la causa por pasiva.
9. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 2006, señaló:
[…] La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le
atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la
1 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3 “Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
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reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión
de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción […].
10. En este contexto, la Sala considera que no tiene vocación de prosperidad la
solicitud de desvinculación formulada por las entidades referidas porque estas
auspiciaron como parte demandada en el interior del proceso de acción de grupo
N° 76001-23-33-000-2017-01845-00/01, en el cual se profirió la sentencia que
motivó la interposición de la presente acción de tutela.
VI.3. Problemas jurídicos
11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
b) Y si ello es así, determinar si la sentencia objeto de tutela vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso de la administración
de justicia de la parte accionante, al incurrir presuntamente en defecto fáctico
y en un desconocimiento del precedente.
12. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y
cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
13. En sentencia de 31 de julio de 20124, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió
su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela
dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales
siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia
jurisprudencia.
14. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
4 Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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Accionante: Nación – Ministerio de Defensa
15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial5, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución 6.
17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión7» que se encaje en dichos
parámetros.
18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
5 Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
6 «Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera
absoluta, de jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento
establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por
demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o
inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y
ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y
jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado
por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera
directa a las normas establecidas en la Constitución Política»
7 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González
Cuervo.
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Accionante: Nación – Ministerio de Defensa
19. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
20. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, a través de
apoderado judicial, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 2 de marzo de 2022, proferida
por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, dentro del medio
de control de acción de grupo con radicación número 76001-23-33-000-2017-
01845-01.
VI.4.1.1. De la subsidiariedad
21. Sobre el particular, cabe recordar que dado el carácter subsidiario, excepcional y
residual de la acción de tutela consignada en el artículo 86 de la Carta Política, la regla
general es que tal mecanismo de protección de derechos fundamentales no puede
reemplazar a los medios ordinarios de defensa judicial. Este carácter excepcional y
residual está previsto en el artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991 8, que
expresamente prescribe: «[…] La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan
otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]».
22. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo, el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza9); lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
23. a Corte Constitucional, se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de la
acción de tutela, en los siguientes términos:
[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
8 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
9 Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05991-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto. Exigencia
que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito, que pretende
asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí misma una
instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que
reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un camino
excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los procesos
judiciales […]10.
24. En ese sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25 de abril
de 2019, en la que expuso lo siguiente: «[…] la tutela no puede ser utilizada como
acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que estos
medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos
fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]»11.
25. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Ello significa que no es necesario, bajo este
supuesto excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la
acción de tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.
26. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
27. La jurisprudencia ha expuesto el alcance interpretativo del concepto de perjuicio
irremediable en los términos siguientes:
[…] En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este
exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo
demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar,
el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible
de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes
para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que
armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección
deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y
eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable […].12
28. Precisado lo anterior, la Sala pone de presente que la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas promovió recurso
extraordinario de revisión13 en contra de la sentencia de 2 de marzo de 2022,
10 Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencia T-890-11 y T-580-06.
11 Consejo de Estado, Sección Primera, Radicación 11001-03-15-000-2018-04033-01(AC), Sentencia de 25 de
abril de 2019. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.
12 Sentencia T-1316 de 2001.
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Con radicado No. 11001-03-15-000-2022-05957-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05991-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en
el proceso de acción de grupo N° 76001-23-33-000-2017-01845-00; decisión judicial
que, valga resaltarlo, motivó la interposición de la presente acción de tutela.
29. En el citado recurso extraordinario de revisión, el cual se encuentra en etapa
admisoria, se aduce que, en la sentencia de 2 de marzo de 2022, la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en la causal prevista en el
numeral 5° del artículo 250 del CPACA consistente en «[…] 5. Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación […]».
30. De acuerdo con el escrito contentivo del recurso extraordinario, la decisión
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
incurrió en la causal quinta revisión por: (i) ausencia de motivación de la sentencia,
y (ii) falta de congruencia interna del fallo.
31. Al respecto se señala en el aludido recurso:
[…] ● El fallo no incluyó, ni siquiera someramente, ningún argumento que
sustentara la existencia de un daño originado en los hechos relacionados con
el alojamiento y alimentación ni con el retorno, y en subsidio, no existe armonía
entre las consideraciones del Consejo de Estado y las decisiones tomadas en
la materia.
● No existe congruencia interna en la sentencia debido a que no existe
correspondencia entre las conclusiones del Consejo de Estado y la decisión
tomada en relación con la diferenciación entre la responsabilidad del Distrito de
Buenaventura y la Unidad para las Víctimas antes y después del registro.
● El fallo no incluyó, ni siquiera someramente, ningún argumento que
sustentara la responsabilidad de la Unidad para las Víctimas respecto de la
garantía a la salud.
● No existe correspondencia entre las conclusiones del Consejo de Estado y la
decisión tomada en relación con el componente de alimentación […].
32. En este contexto, y comoquiera que existe un recurso judicial y extraordinario en
trámite, la Sala estima que la presente acción de tutela resulta improcedente debido
a la naturaleza residual que caracteriza a la acción de amparo. De manera que
corresponde al juez natural de la causa determinar si el fallo objeto de la presente
acción constitucional incurrió o no en la causal de revisión alegada.
33. Debe ponerse de relieve que la Sala es conocedora de que el recurso
extraordinario de revisión con radicado N° 76001-23-33-000-2017-01845-00/01 fue
promovido por una entidad distinta a la aquí accionante; sin embargo, esta Sección
debe resaltar que, en caso de prosperar las pretensiones del citado recurso, se
infirmaría la decisión que es objeto de esta acción constitucional, efecto que también
cobijaría a la entidad accionante.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05991-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa
34. Lo anterior permite concluir que, en el marco del recurso extraordinario de
revisión aludido, eventualmente y en caso de hallarse fundamento para ello, se
protegerían los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia invocados por la aquí accionante.
35. En esta medida, vale la pena insistir que el juez de tutela no puede actuar en
forma paralela al juez natural de la causa, ya que su intervención se encuentra
supeditada a que se hayan ejercidos y resueltos los medios de defensa previstos
en el ordenamiento jurídico por las autoridades judiciales competentes.
36. Sumado a lo anterior, debe señalarse que, conforme a lo sostenido por la Corte
Constitucional en sentencia SU-263 de 2015, reiterada en providencia SU-026 de
2021, «[…] la acción de tutela se torna improcedente cuando al interior de un
proceso contencioso administrativo se alega la vulneración del debido proceso y
este derecho fundamental es susceptible de ser protegido mediante el trámite del
recurso extraordinario de revisión […]», circunstancias que se presentan en el sub
examine ya que en esta ocasión existe un recurso extraordinario de revisión en
trámite.
37. Por los anteriores razonamientos, para la Sala resulta forzoso concluir que, en el
sub lite y ante la existencia de un mecanismo judicial de defensa de los intereses
de la parte accionante, el juez de tutela no puede pronunciarse sobre el fondo de la
pretensión de amparo y efectuar un análisis de los argumentos presentados en el
escrito de tutela, en la medida en que ello implicaría reemplazar al juez de la causa,
a lo que se agrega que en el asunto de la referencia no se demostró la configuración
de un perjuicio irremediable para que su solicitud de amparo procediera como
mecanismo transitorio14.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por el Ministerio de Salud
y Protección Social, el departamento del Valle del Cauca, la Alcaldía de Santiago
de Cali, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y la Unidad Nacional de Protección,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
14 Los requisitos para tal efecto son los siguientes: “[…] Es el daño causado a un bien jurídico como
consecuencia de acciones u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que, una vez
producido, es irreversible y por tanto no puede ser retornado a su estado anterior (…) se presenta un perjuicio
irremediable cuando concurran los siguientes requisitos: (1) el perjuicio es inminente, es decir, que se producirá
indefectiblemente si no opera la protección judicial transitoria; (2) las medidas que se requieren para conjurar el
perjuicio deben ser urgentes; (3) el daño o menoscabo ha de ser grave, esto es, que una vez que aquel se haya
producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (4) la urgencia y la gravedad determinan
que la acción de tutela sea impostergable […]” (Sentencia T-348 de 1997).
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Accionante: Nación – Ministerio de Defensa
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el Decreto Ley
No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
P(15)
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