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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05993-01

Fecha
27 de abril de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05993-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de enero de 2023, dictado por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-05993-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

27 de abril de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05993-01
Accionante: María Leonor Villamizar Corzo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitres (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05993-01
Accionante: María Leonor Villamizar Corzo
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Sala de
Conjueces.

Tesis: No vulnera los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración judicial por mora judicial, si
al despacho que le corresponde la sustanciación prueba
una carga excepcional que justifica el incumplimiento de
los términos procesales establecidos para proferir
sentencia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por la parte actora
en contra del fallo de 20 de enero de 2023, dictado por la Sección Tercera,
Subsección C, del Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DE LA TUTELA

María Leonor Villamizar Corzo, en nombre propio, presentó acción de
tutela en contra de la Sección Segunda del Consejo de Estado - Sala de
Conjueces, para que se le amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia y como consecuencia se
ordene a la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado proferir sentencia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho radicado núm. 2010-00837-02 en el menor tiempo posible.

Señaló que, en el mes de mayo de 2010, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, proceso radicado bajo el núm.
250002325000-2010-00837-00. El 22 de noviembre de 2010 (sic), el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia en primera
instancia. Decisión que fue recurrida.

El 15 de agosto de 2019, fue repartido el expediente a la Sección Segunda
– Sala de Conjueces del Consejo de Estado, para conocer del recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada sin que a la fecha se
profiera decisión de fondo por parte de la segunda instancia. Considera
que la mora en resolver el recurso de apelación es injustificada ya que, al
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Accionante: María Leonor Villamizar Corzo

consultar la página web de la entidad accionada, se evidencia que tan solo
se ha agotado un trámite elemental, como lo es la de resolver los
impedimentos presentados y el admitir el recurso de apelación, pasando
para fallo solo hasta el 28 de enero de 2022.

Refirió que ha presentado derechos de petición solicitando se resuelva sin
más dilaciones, sin éxito alguno. Concluyó que no cuenta con otro medio
de defensa diferente a la tutela para que se le protejan sus derechos
fundamentales vulnerados por el actuar moroso de la administración de
justicia.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

El 23 de noviembre de 2022, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela y ordenó la notificación.

El Conjuez de la Sección Segunda del Consejo de Estado rindió,
dentro del término concedido, informe sobre los hechos y pretensiones de
la acción de tutela, en donde manifestó que, el 10 de mayo de 2022, fue
designado como conjuez en la Sección Segunda, en reemplazo del doctor
Jorge Iván Rincón Córdoba.

Señaló que en los meses que lleva ejerciendo esa función ha desarrollado
las labores asignadas, como la revisión y participación de las diferentes
salas y la sustanciación de los procesos asignados.

Explicó que la Sala de Conjueces cuenta con 21 conjueces que la integran,
tienen un total de 1990 procesos ordinarios y le han sido repartidos 100
expedientes entre trámite y fallo.

Refirió que hasta el pasado mes de septiembre contaban con una sola
persona encargada de la sustanciación, por lo que, a raíz de la gran
congestión presentada, el Consejo Superior de la Judicatura creó por un
término de 2 meses, 6 cargos de sustanciadores que han permitido
empezar a evacuar la gran cantidad de procesos represados.

Solicitó negar la acción de tutela porque no ha incurrido en mora
injustificada, pues los procesos se tramitan de acuerdo al turno de entrada
al despacho para su trámite y resolución.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Tercera, Subsección “C”, del Consejo de Estado negó el amparo
solicitado, al considerar que la autoridad no incurrió en una dilación
injustificada, ni ha sido negligente en el trámite de la segunda instancia.
Pues, como se observa, el 28 de junio de 2021, la Sala de Conjueces del
Consejo de Estado-Sección Segunda, admitió el recurso de apelación que
interpuso la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contra la
sentencia del 22 de noviembre de 2012, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca; el 30 de septiembre, se corrió traslado
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Accionante: María Leonor Villamizar Corzo

para presentar alegatos de conclusión; el 28 de enero de 2022 el
expediente ingresó al despacho para fallo, y el 6 de julio siguiente se
designó como ponente al conjuez Bernardo Andrés Carvajal Sánchez.

IV. IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, al señalar que el
artículo 247 del CPACA prevé que el término con que cuenta el juez para
proferir la sentencia es de 20 días, contados desde la fecha en que el
expediente ingresa a despacho.

Expreso que, conforme a la jurisprudencia constitucional, la mora judicial
vulnera el debido proceso y que esa mora se constituye cuando se
incumplen los términos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación por parte del funcionario competente y esa mora desborda el
concepto de plazo razonable, que involucra análisis de la complejidad del
asunto; la actividad judicial desplegada por el interesado en el proceso;
la conducta procesal del funcionario competente; el análisis global del
procedimiento y, por último, la falta de motivación o justificación
razonable de la mora.

Por lo anterior, no comparte la decisión adoptada, ya que considera que
éste no realizó ningún análisis en cuanto si es o no razonable la violación
del término para dictar sentencia por parte del juez, cuando lo que se
discute en el proceso de nulidad y restablecimiento no es un tema complejo,
y sobre el tema existen sentencias de unificación. Además, reprocha que
no se declare la mora judicial por el hecho de haberse presentado
situaciones como las manifestaciones de impedimentos, la aceptación de la
renuncia y el nombramiento de un nuevo conjuez, quien lleva 8 meses en
el cargo y no ha dictado la sentencia.

Por todo lo anterior solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, se ordene dictar la sentencia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento en un término prudencial.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia.

De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, el cual modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 de 2015 y el artículo 25 del Acuerdo nro. 80 de 12 de marzo
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución
de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es competente
para conocer del presente asunto.

VI.2. Análisis de la sala.

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Accionante: María Leonor Villamizar Corzo

Corresponde a la Sala determinar si procede revocar la decisión de
primera instancia y en su lugar declarar que se vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
con ocasión de la presunta mora judicial por parte de la Sala de Conjueces
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado núm. 25000 23 33
000 2010 00837 02, instaurada por la accionante en contra de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.

El artículo 29 de la Constitución Política consagró el derecho fundamental
al debido proceso, el cual debe aplicarse a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas, sin dilaciones injustificadas. Así mismo,
estableció en el artículo 228 que “los términos procesales se observarán
con diligencia y su incumplimiento será sancionado”, prescribiendo en el
artículo 229 el derecho de acceso a la administración de justicia.

La jurisprudencia constitucional coincide en que la tardanza en la
resolución de un asunto sometido al conocimiento de la jurisdicción, en
circunstancias específicas, puede derivar en vulneración al derecho
fundamental al debido proceso, de manera que habrá que analizar “[…](i)
el volumen de trabajo y el nivel de congestión de la dependencia, (ii) el
cumplimiento de las funciones propias de su cargo por parte del
funcionario, (iii) complejidad del caso sometido a su conocimiento y (iv)
el cumplimiento de las partes de sus deberes en el impulso procesal.[…]”, 1
en aras de determinar si se está ante un escenario de mora judicial
injustificada o si la ponderación de las circunstancias específicas explica
el retardo.

Así, por ejemplo, la Corte Constitucional ha entendido como justificada la
mora judicial cuando “[…] Se está ante asuntos de alta complejidad en
los que se demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez
que los atiende, o Se constata la existencia de problemas estructurales,
de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser
catalogadas como imprevisibles e ineludibles.[…]”2

Por su parte, en lo concerniente al acceso a la administración de
justicia, la Sala, en sentencia de tutela proferida el 3 de mayo de 2018 3,
al estudiar también un caso sobre mora en la adopción de una decisión
judicial, estimó que, dentro de las garantías ínsitas de este derecho, se
encuentra el derecho a obtener la tutela judicial efectiva, la cual no solo
exige de la autoridad judicial un pronunciamiento respecto del asunto
sometido a su definición, sino, además, que esa respuesta de la judicatura
sea oportuna; de allí que el artículo 228 de la Constitución Política
establezca que “los términos procesales se observarán con diligencia y su
incumplimiento será sancionado”.

En el presente asunto, la accionante aduce que el Conjuez sustanciador
de la Sección Segunda de esta Corporación, ha incurrido en mora judicial
1
Corte Constitucional, sentencia T-366 de 8 de abril de 2005, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
2
Op. Cit. T-803 de 2012.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicación número: 11001-03-
15- 000-2018-00809-00(AC), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05993-01
Accionante: María Leonor Villamizar Corzo

injustificada comoquiera que a la fecha no se ha decidido el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante.

Una vez revisado el referido expediente, la Sala advierte que se han
surtido las siguientes actuaciones:

1) En el mes de mayo de 2010, la tutelante presento demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho radicad0 bajo el núm. 25000 23 33 000
2010 00837-00, contra de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.

2) El 22 de noviembre de 2012 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dictó sentencia. Decisión que fue recurrida por la entidad
demandada.

3) El 15 de agosto de 2019, se recibió el expediente proveniente del
Tribunal, siendo sometido a reparto por parte de la Secretaría de la
Sección Segunda de esta Corporación, el 21 de agosto de 2019.

4) El 12 de septiembre de 2019, el Consejero sustanciador presentó
manifestación de impedimento para conocer del recurso de apelación.

5) El 3 de octubre de 2019, el proceso fue remitido a la Sección Tercera
de esta Corporación, para que decidiera sobre la manifestación de
impedimento presentada por la Sección Segunda.

6) El 6 de marzo de 2020, la Sala de la Sección Tercera, declaró fundado
el impedimento presentado por los Consejeros de la Sección Segunda y
ordenó que, a través de la Presidencia de la Sección Segunda, realizar el
sorteo para conformar la Sala de conjueces y designar el conjuez ponente.
Decisión notificada por estado del 10 de marzo de 2020.

7) El 25 de junio de 2020 se remitió el expediente nuevamente a la
Sección Segunda, para que se realizara el sorteo de conjueces.

8) El 15 de marzo de 2021, se llevó a cabo el sorteo de conjueces, para
conformar la Sala.

9) El 6 de mayo de 2021, se designó el conjuez ponente para conocer y
decidir del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento radicado 2010-00837-
02 adelantado por la accionante.

10) El 28 de junio de 2021, fue admitido el recurso de apelación.

11) El 30 de septiembre de 2021 se corrió traslado a las partes para que
presentaran sus alegatos de conclusión.

12) El 6 de julio de 2022, se realizó cambio de ponente con ocasión a la
aceptación de la renuncia presentada por el Conjuez Dr. Rincón Córdoba,

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Accionante: María Leonor Villamizar Corzo

asumiendo el conocimiento el Conjuez Dr. Carvajal Sánchez, como se
advierte en la constancia emitida por la secretaría de la Sección Segunda 4.

13) El 6 de Julio de 2022, ingreso el proceso para fallo.

14) El 10 de noviembre de 2022, la señora Villamizar Corzo presentó
acción de tutela, al considerar que existe mora judicial injustificada al no
haber decidido el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada en contra de la decisión de primera instancia que accedió a
las pretensiones de la demanda.

De acuerdo con el recuento de las actuaciones procesales surtidas al
interior del proceso, la Sala no evidencia inactividad injustificada por parte
de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda de esta Corporación que
configure mora judicial y como consecuencia de ello la vulneración de los
derechos fundamentales reclamados por la accionante; pues, si bien es
cierto que el proceso ingresó desde el 6 de julio de 2022 al despacho para
sentencia, contrario a lo manifestado por la accionante, para la Sala el
trámite que ha surtido el expediente corresponde a términos razonables,
teniendo en cuenta la carga y congestión de los despachos judiciales.

Asimismo, como lo manifestó el Conjuez en el informe rendido en este
trámite constitucional, en la actualidad son 21 conjueces y tienen un total
de 1990 procesos a cargo, de los cuales 100 le fueron asignados para
trámite y fallo, encontrándose, entre ellos, 3 procesos adelantados por la
accionante. Sin embargo, refirió que solo contaban con una persona quien
los apoya en la sustanciación de los procesos, por lo que el Consejo
Superior de la Judicatura creó unos cargos de sustanciación transitorios,
como una medida de descongestión.

Acorde con lo anterior, la Sala comparte la decisión adoptada por la
Sección Tercera, Subsección C, de esta Corporación, al negar el amparo
solicitado, por no advertir la configuración de una mora injustificada; por
el contrario, conforme lo probado, se advierte que actualmente existe una
carga excepcional a cargo de la sala de conjueces de la sección segunda,
que evidentemente justifica el incumplimiento de los términos procesales.

Finalmente, la Sala reitera que, respecto a la relación de turnos para fallo,
en atención a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, “es
obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo
orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que
dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o
de prelación legal”.

Por lo anterior, debe recordarse que el sistema de turnos establecido por la
ley es una regla razonable, justa y proporcionada, tanto para las partes,
como para el juez responsable de emitir los fallos respectivos, pues
desarrolla las garantías del debido proceso y la igualdad al impedir que el
encargado de definir un litigio pueda anticipar o posponer decisiones a su

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Índice 41 de Samai

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Accionante: María Leonor Villamizar Corzo

propio arbitrio, lo que sumiría a la administración de justicia en un manto
de duda sobre las razones que hubieren impulsado al funcionario judicial de
alterar el orden para proferir las sentencias que son de su resorte5 .

Así las cosas, es claro que el retardo que la accionante censura en la
presente acción de tutela se enmarca en uno de los supuestos en los que la
Corte Constitucional ha considerado como justificada, esto es, el exceso de
carga laboral y la asunción de un volumen significativo de procesos por el
despacho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de enero de 2023, dictado
por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA
Consejero de Estado GARZÓN
Presidente Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO
Consejero de Estado VALDÉS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

5
Corte Constitucional, sentencia T-945 A de 2008.

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