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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06021-00

Fecha
12 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06021-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia invocados por el señor José Alonso Prieto Garzón y la sociedad P&P Construcciones S. A. S., por las razones expuestas en las consideraciones. 2º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-06021-00

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

12 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2022-06021-001
Actores : José Alonso Prieto Garzón y empresa P&P
Construcciones S. A. S.
Demandados : Magistrados de la subsección B de la sección tercera del
Consejo de Estado
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia

Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por el señor José Alonso
Prieto Garzón y la empresa P&P Construcciones S. A. S., por la presunta
vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo. El señor José Alonso Prieto Garzón y la
sociedad P&P Construcciones S. A. S., por conducto de apoderado, presentan
acción de tutela con el fin de obtener la protección de las garantías superiores
a las que se hizo referencia, presuntamente quebrantadas por los señores
magistrados de la subsección B de la sección tercera del Consejo de Estado.

Como consecuencia de lo anterior, piden se deje sin efectos el fallo de 30 de
marzo de 2022, mediante el cual el Consejo de Estado (subsección B de la
sección tercera) revocó el de 29 de enero de 2015, con el que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección C de descongestión de la
sección tercera) negó las pretensiones de la demanda de controversias
contractuales instaurada contra el Distrito Capital de Bogotá (expediente
25000-23-26-000-2011-01092-00), para solo declarar el incumplimiento del
contrato de obra 145 de 29 de noviembre de 2006 por parte de ese ente
territorial; en su lugar, se ordene a las autoridades accionadas que profieran
una nueva providencia en la que atiendan el ordenamiento jurídico.

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Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.

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Actores: José Alonso Prieto Garzón y otra

1.2 Hechos. Relatan los accionantes, que integraron el consorcio P&P
Reforzamiento Colegios, que el 29 de noviembre de 2006 celebró el contrato
de obra 145 con la secretaría de educación de Bogotá, por $2.455ʼ057.381,
con la finalidad de ejecutar «obras de reforzamiento, restitución,
mejoramiento y ampliación de la planta física de la Institución Educativa
Distrital Robert Kennedy». Allí se pactó que su ejecución tardaría 300 días,
de los cuales los primeros quince (15) correspondían al plazo para arrimar los
documentos indispensables para la iniciación de la intervención.

Que el 9 de febrero de 2007 suscribieron el acta de inicio de la obra, pero ese
mismo día se suspendió por noventa (90) días, por cuanto (i) no se tenían los
planos definitivos del proyecto, (ii) el colegio no «estaba habitado» y (iii) se
adelantaban los trámites necesarios ante el Departamento Administrativo del
Medio Ambiente para obtener permiso de talar algunos árboles ubicados en la
institución educativa. Durante ese lapso se informó que los diseños
entregados por la mencionada secretaría eran deficientes, por lo que debían
elaborarse unos nuevos.

Dicen que el 25 de junio de 2007 se acordó prorrogar la suspensión de la
ejecución del negocio jurídico, porque los planos no habían sido entregados, y
aunque el 28 siguiente inició la intervención, ese mismo día concluyeron con
la contratante que era conveniente demoler el edificio antiguo y construir uno
nuevo, para lo cual contrataron los respectivos diseños, sin embargo, estos
también presentaron inconsistencias, lo que derivó en la suscripción del acta
de modificación 1 de 17 de abril de 2008, en el que se adicionaron
$1.052ʼ443.632 al valor del acuerdo y sesenta (60) días para la entrega, a los
que se les sumaron cuarenta y cinco (45) días, mediante acta de modificación
2 de 6 de julio siguiente.

Que, en razón a que el trámite de «aprobación del presupuesto oficial para la
aprobación del presupuesto oficial para ejecutar las obras de canalización de
la red de alta tensión ordenadas por Codensa», el 19 de julio de 2008 se
suspendió el contrato por cuarenta y un (41) días, por lo que el plazo pactado
para su terminación culminó el 31 de agosto de ese año. Asimismo, el 3 de
noviembre siguiente se suscribió el acta de liquidación bilateral, en la que se
consignó que se reservaban el derecho a reclamar judicialmente el pago de los
sobrecostos por la «mayor permanencia de la obra».

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Actores: José Alonso Prieto Garzón y otra

Sostienen que el 13 de octubre de 2011 incoaron acción de controversias
contractuales contra el Distrito Capital de Bogotá (expediente 25000-23-26-
000-2011-01092-00), encaminada a que se declarara que incumplió el
contrato de obra 145 de 29 de noviembre de 2006, por cuanto las falencias en
los diseños iniciales prolongaron la ejecución de la intervención, y se le
ordenara compensarles pecuniariamente los gastos adicionales que tuvieron
que asumir.

Que del asunto contencioso-administrativo conoció el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección C de descongestión de la
sección tercera), que el 29 de enero de 2015 negó las pretensiones, al
considerar que si bien se acreditó que las suspensiones y prórrogas en la
ejecución del contrato involucraron una «mayor permanencia de la obra», por
ende, costos adicionales, en las actas de suspensión y modificación del
negocio jurídico se consignó que no los reclamarían en sede contencioso-
administrativa.

Afirman que contra la anterior decisión interpusieron recurso de apelación,
con el argumento de que no corresponde a la verdad que hayan renunciado a
exigir el pago de los sobrecostos derivados de la tardanza en la ejecución del
contrato de obra 145 de 29 de noviembre de 2006, tal como lo demuestra el
hecho de que en el acta de liquidación bilateral se estipuló que se reservaban
el derecho a deprecarlos judicialmente, documento en el que se fijan las
obligaciones pendientes de satisfacerse.

Que la precitada alzada fue desatada el 30 de marzo de 2022 por el Consejo
de Estado (subsección B de la sección tercera), en el sentido de revocar el
fallo de primera instancia, para indicar que hubo incumplimiento del referido
negocio jurídico por parte del ente territorial allí demandado, dado que los
diseños que entregó eran deficientes y ello desencadenó la tardanza en la
terminación de la obra, sin embargo, no había lugar a ordenar el pago de los
gastos adicionales, porque no se acreditaron, y tampoco es procedente
indemnizar la utilidad dejada de recibir, puesto que no se dejó salvedad
expresa sobre ella en el acta de liquidación bilateral del contrato.

Aducen que la sentencia objeto de censura constitucional incurre en defecto
fáctico, por cuanto no tuvo en cuenta que (i) el dictamen pericial practicado
dentro del proceso 25000-23-26-000-2011-01092-00, en primera instancia,
demuestra los sobrecostos en los que incurrió como consecuencia de las
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suspensiones y prórrogas del acuerdo de voluntades; y (ii) los documentos
que se adosaron a las diligencias contencioso-administrativas, en los que se
consignan aquellos.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a
través de auto de 18 de noviembre de 2022, admitió la presente acción,
ordenó notificar a los señores magistrados de la subsección B de la sección
tercera del Consejo de Estado y dispuso vincular a la señora alcaldesa de
Bogotá, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 Los señores magistrados de la subsección B de la sección tercera del
Consejo de Estado, por conducto del ponente de la sentencia atacada,
aseveran que «no participar[án] en la acción de tutela de la referencia como
parte ni como tercero[s] y acatar[án] estrictamente las disposiciones que se
adopten en ella».

2.1.2 La señora alcaldesa de Bogotá, a través de la señora jefe de la oficina
asesora jurídica de la secretaría de educación del ente territorial, pide declarar
improcedente la presente tutela, habida cuenta de que «no se cumple alguno
de los requisitos específicos de procedibilidad», y los actores la utilizan con
la finalidad de reabrir una controversia decidida por las autoridades
accionadas en atención al ordenamiento jurídico, lo que la desnaturaliza.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de
reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983
de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por
los accionantes, que aducen quebranto de sus derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
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Actores: José Alonso Prieto Garzón y otra

trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar la sentencia de 30 de marzo de 2022, por
cuyo conducto el Consejo de Estado (subsección B de la sección tercera)
revocó la de 29 de enero de 2015, con la que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección C de descongestión de la sección tercera) negó las
pretensiones de la demanda de controversias contractuales instaurada por los
tutelantes contra el Distrito Capital de Bogotá (expediente 25000-23-26-000-
2011-01092-00), para solo declarar el incumplimiento por parte del ente
territorial del contrato de obra 145 de 29 de noviembre de 2006; y, en caso
afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso y
acceso a la administración de justicia invocadas en la solicitud de amparo.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la
amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en
sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en
apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de
hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y
desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la
acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el
reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la
administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos
fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
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cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii)
defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de
sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el
que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del
proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial
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Actores: José Alonso Prieto Garzón y otra

siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la
Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de
vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo
del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales2, rectificó su

2
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-

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Actores: José Alonso Prieto Garzón y otra

posición mediante sentencia de 31 de julio de 20123, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos4.

3.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que
(i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia de los actores; (ii) contra el fallo
acusado no procede recurso alguno, por cuanto fue emitido en segunda
instancia y se encuentra ejecutoriado; (iii) se establecieron los hechos que
originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la determinación judicial
atacada5 quedó ejecutoriada el 19 de mayo de 2022 y la solicitud de amparo
se instauró el 11 de noviembre siguiente, es decir, dentro de un término
prudencial (5 meses y 22 días); y (v) la providencia acusada no desató una
acción de tutela.

En razón a que se colman los presupuestos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, esta Sala examinará el fondo
del asunto, conforme a la causal específica denominada defecto fáctico.

administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2)
31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P.
Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de
junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-
0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia
López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
3
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
4
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008,
exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de
febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp.
2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve.
5
Notificada por edicto desfijado el 16 de mayo de 2022.

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3.5.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el
expediente, se destaca:

a) El Consorcio P&P Reforzamiento Colegios (integrado por los tutelantes) y
el Distrito Capital de Bogotá suscribieron el contrato de obra 145 de 29 de
noviembre de 2006, cuyo objeto consistía en efectuar «el reforzamiento,
restitución, mejoramiento y ampliación de la planta física» de la Institución
Educativa Distrital Robert Kennedy (sede A), y cuyo valor fue fijado en
$2.455ʼ057.381. Allí también se pactó que (i) la ejecución del negocio
jurídico tardaría trescientos (300) días, (ii) la iniciación de las actividades no
se supeditaba al pago del respectivo anticipo y (iii) el interventor debía
suministrar los correspondientes planos en los que estén las dimensiones del
terreno, en caso de reforma del proyecto inicial.

b) El 9 de febrero de 2007 se firmaron las actas de (i) inicio de obra, en la que
se estipuló que el día de su finalización era el 20 de noviembre siguiente, y
(ii) suspensión 1, en la que se dispuso la detención de las labores por noventa
(90) días, por tanto, las obras empezarían el 11 de mayo de ese año y
terminarían el 18 de febrero de 2008, comoquiera que no se contaban con «los
planos definitivos del colegio», este «no estaba desocupado» y se adelantaban
los trámites pertinentes para obtener la autorización de tala de árboles.

c) Mediante acta de prórroga 1 de 11 de mayo de 2007, se suspendió el inicio
de la intervención por cuarenta y cinco (45) días más, por lo que empezaría el
25 de junio de ese año y culminaría el 4 de abril de 2008, habida cuenta de
que era necesario que la contratante realizara nuevos diseños, porque los
presentados se elaboraron a partir de estudios de suelos que no corresponden
a los de las construcciones nuevas.

d) En razón a que era indispensable efectuar «la restitución total del bloque
existente», porque «presentaba deficiencias que implicaban el ajuste a la
norma NSR-98 y a las especificaciones técnicas para reforzamiento», lo que
implicaba «rediseño total del proyecto», por medio de acta de modificación 1
de 7 de abril de 2008, se aumentó el valor del contrato a $3.507ʼ501.013 y el
plazo de ejecución se prorrogó sesenta (60) días, el cual fue ampliado
nuevamente en cuarenta y cinco (45) días, con acta de modificación 2 de 6 de
junio de esa anualidad.

e) A través de acta de suspensión 2 de 19 de julio de 2008, la ejecución del
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contrato de obra se paralizó por cuarenta y uno (41) días, comoquiera que la
red de servicios públicos en las zonas exteriores del colegio intervenido no
avanzaba, porque la empresa Codensa exigió la «canalización de la red de
alta tensión», lo cual no era dable realizar por insuficiencia de recursos, por
ende, solo era viable materializarla luego de que se recibiera el «presupuesto
oficial», plazo que se prorrogó por treinta (30) días, por medio de acta 1 de 29
de agosto de dicho año.

f) El 30 de septiembre de 2008 se suscribió el acta de terminación del contrato
de obra 145 de 29 de noviembre de 2006, en la que se fijaron los valores
ejecutados y las fechas en que se suspendió la intervención. Asimismo, el 3 de
noviembre de 2008 las partes del negocio jurídico firmaron el acta de
liquidación bilateral, en la que se consignó que el contratista se «reservaba el
derecho a reclamar […] los sobrecostos y perjuicios generados por los
materiales» empleados en la «mayor permanencia de la obra y por el cambio
de vigencias».

g) El 13 de octubre de 2011 los tutelantes incoaron acción de controversias
contractuales contra el Distrito Capital de Bogotá (expediente 25000-23-26-
000-2011-01092-00), con el propósito de que se (i) declarara que incumplió el
contrato de obra 145 de 29 de noviembre de 2006, toda vez que le son
atribuibles las prórrogas y suspensiones, las cuales les generaron sobrecostos
que afectaron la ecuación contractual, y (ii) ordenara compensarle los
menoscabos pecuniarios que sufrieron como consecuencia de aquellas.

h) Del asunto contencioso-administrativo conoció el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca (subsección B de la sección tercera), que el 2 de mayo de
2012 lo admitió, pero fue enviado a la subsección C de descongestión de la
sección tercera de esa Corporación6, que el 29 de enero de 2013 decretó como
pruebas los documentos que dan cuenta de los hechos expuestos en
precedencia y un dictamen pericial, encaminado a cuantificar las pérdidas que
les produjo a los demandantes el «presunto incumplimiento de la ecuación
contractual».

i) La experticia fue allegada de manera oportuna y en ella se concluyó que no
se pagó anticipo en la adición del negocio jurídico por $1.052ʼ443.632, por lo

6
Creada por la entonces Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, con Acuerdos PSAA11-
8922 de 9 de diciembre de 2011 y PSAA12-9534 de 21 de junio de 2012.

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que el monto que corresponde al gasto de las obras adicionales lo asumió el
consorcio, en consecuencia, se deben reconocer intereses moratorios sobre
12% legal anual. Además, cuantificó los respectivos perjuicios en
$727ʼ996.770, resultado obtenido luego de sumar lo reportado por los
demandantes como gastos durante la ejecución del contrato de obra 145 de 29
de noviembre de 2006.

j) El 29 de enero de 2015 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(subsección C de descongestión de la sección tercera) negó las pretensiones
de la demanda, al considerar que si bien se presentaron prórrogas y
suspensiones en el aludido negocio jurídico, lo que causó el incremento de los
costos, el valor del contrato también aumentó por mutuo acuerdo, situación
que impedía asumir que los adicionales no fueron cubiertos por el contratante.
Adicionalmente, en las respectivas actas se consignó que el contratista
renunciaba a presentar reclamaciones sobre el particular y no hubo una
modificación unilateral de lo pactado, puesto que acordaron cambiar su objeto
para construir una nueva infraestructura, por consiguiente, no se le
provocaron al contratista agravios pasibles de indemnización.

k) Contra la anterior decisión los demandantes interpusieron recurso de
apelación, al estimar que no renunciaron a exigir los gastos adicionales en los
que incurrió por la «mayor permanencia de la obra», por ende, deben
reconocérseles, máxime cuando en el acta de liquidación bilateral del contrato
se estipuló de manera expresa que se reservaban el derecho a deprecar
judicialmente el pago de los sobrecostos en los que incurrieron durante la
ejecución del acuerdo de voluntades, toda vez que se produjeron por hechos
que no les son atribuibles.

l) El 30 de marzo de 2022 el Consejo de Estado (subsección B de la sección
tercera) desató la precitada alzada, en el sentido de revocar la sentencia de
primera instancia, para indicar que la parte allí demandada incumplió el
contrato de obra 145 de 29 de noviembre de 2006, habida cuenta de que
entregó al consorcio contratista diseños deficientes, lo que conllevó suspender
y prorrogar la ejecución del negocio jurídico, a través de actas de suspensión
1 de 9 de febrero de 2007 y de modificación 1 de 7 de abril de 2008.
Asimismo, en lo que concierne a la modificación y suspensión consignadas en
las actas 2 de 6 de junio de 2008 y 2 de 19 de julio siguiente, en su orden, se
constata que se causaron por hechos no atribuibles a la entidad territorial, de
manera que no es dable imputarle responsabilidad por aquellas.
11

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-06021-00
Actores: José Alonso Prieto Garzón y otra

Que no resulta viable acceder al reconocimiento pecuniario pretendido por las
deficiencias de los planos que derivaron en las actas de suspensión 1 de 9 de
febrero de 2007 y de modificación 1 de 7 de abril de 2008, comoquiera que
no están demostrados los costos por la «mayor permanencia de la obra» y no
se hizo referencia en el acta de liquidación bilateral del contrato a la pérdida
de utilidad del dinero con el que cubrió los sobrecostos.

Indica que en el dictamen pericial se fijaron unas sumas que presuntamente
corresponden a los gastos adicionales en los que incurrieron los tutelantes en
la ejecución del contrato 145 de 29 de noviembre de 2006, obtenidas luego de
realizar una «simple operación aritmética», sin embargo, no resultaron
probados, pues no se explicaron las razones por las que se incurrieron en ellos
y tampoco es dable determinar si acaecieron por la suspensión causada por el
contratante. Además, al calcular los perjuicios no se tuvo en cuenta que parte
de la obra se ejecutó en el plazo inicialmente pactado y no todas las
modificaciones y suspensiones fueron causadas por la entidad territorial
demandada.

3.5.2 Defecto fáctico. Una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión»7.

La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba
no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto
negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se
configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente,
pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra8.

En el sub lite los actores sostienen que el fallo censurado involucra defecto
fáctico, porque no advirtió que (i) el dictamen pericial que reposa en el
proceso de controversias contractuales 25000-23-26-000-2011-01092-00
acredita los sobrecostos «por mayor permanencia de la obra», es decir, lo que

7
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
8
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.

12

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-06021-00
Actores: José Alonso Prieto Garzón y otra

tuvieron que cubrir adicionalmente para ejecutar el contrato 145 de 29 de
noviembre de 2006, y (ii) en dicho expediente obraban documentos en los que
se consignan los gastos adicionales en los que incurrieron.

Con el propósito de determinar si el anterior reproche tiene o no asidero
jurídico, resulta oportuno advertir que el artículo 1494 del Código Civil prevé
que el contrato es fuente de obligaciones y el artículo 1495 ibidem lo define
como «un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o
no hacer alguna cosa», que puede ser unilateral, en el evento en que solo una
de las partes se obliga para con la otra, y bilateral, cuando se acuerdan
compromisos recíprocos, conforme al artículo 14969 ib.

Cabe anotar que «[t]odo contrato legalmente celebrado es una ley para los
contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o
por causas legales»10 y el incumplimiento de los bilaterales genera el deber
de la parte que lo desatendió de resarcir los correspondientes perjuicios
generados a la otra, de acuerdo con el artículo 154611 del Código Civil.

Ahora bien, los contratos en los que alguna de las partes es una entidad
pública se denominan estatales, los cuales están instituidos con el objeto de
alcanzar los fines esenciales del Estado, «la continua y eficiente prestación de
los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados»12. Dentro de ellos se encuentra el de obra, definido como un
negocio jurídico suscrito con organismos «[…] estatales para la
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles […]»13. Es del caso
advertir que la desatención de lo pactado en un acuerdo de voluntades de ese
tipo, genera la obligación de resarcimiento en los términos del artículo 1546
del Código Civil.

Por otra parte, el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 prevé la ecuación

9
«El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación
alguna; y bilateral, cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente».
10
Artículo 1602 del Código Civil.
11
«En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los
contratantes lo pactado.
Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato
con indemnización de perjuicios».
12
Artículo 3º de la Ley 80 de 1993 («Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública»).
13
Artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

13

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-06021-00
Actores: José Alonso Prieto Garzón y otra

contractual, que surge luego de la celebración del negocio jurídico y tiene
como propósito asegurar que «las prestaciones a cargo de cada una de las
partes se mir[e]n como equivalentes a las de la otra»14, es decir, que el
contratista reciba una contraprestación proporcional a las obligaciones que
adquirió y que el contratante pague por ellas una suma adecuada, situación
que se denomina equilibrio contractual, el cual se resquebraja cuando (i) hay
incumplimiento de lo pactado, (ii) se modifica lo acordado de manera
arbitraria, (iii) existen causas ajenas al contratista que prolongan en el tiempo
la ejecución de la obra (situación conocida como «mayor permanencia de la
obra»), entre otros eventos.

Se precisa que cuando la ejecución de un contrato tarda por cuestiones
atañederas al contratante y se le incrementan los gastos al contratista, este
tiene la posibilidad de pedir el pago de ellos, en atención al artículo 1546 del
Código Civil, toda vez que comporta quebranto de la ecuación contractual o
el equilibrio económico, caso en el cual los sobrecostos deben ser
debidamente demostrados, pues no basta con calcularlos mediante una simple
operación aritmética. Sobre el particular, el Consejo de Estado15 sostuvo:

En relación con los perjuicios estimados en la demanda, debe
recordarse que esta Corporación ha sido enfática al indicar que la sola
premisa del exceso en el tiempo previsto para la ejecución del contrato
no concede, automática ni presuntivamente, el reconocimiento de
perjuicios por la mayor permanencia en obra, por lo que resulta
insuficiente probar este daño a partir de simples operaciones aritméticas
que simplemente multipliquen los valores propuestos en la oferta por el
tiempo extra en el que efectivamente se prolongó la obra

Efectuadas las anteriores precisiones jurídicas, en el asunto sub examine la
Sala evidencia que en la sentencia reprochada las autoridades accionadas
afirmaron que no era dable reconocer los supuestos sobrecostos que les
produjo a los tutelantes la suspensión y modificación del contrato de obra 145
de 29 de noviembre de 2006, dispuestas en las actas 1 de 9 de febrero de 2007
y 1 de 7 de abril de 2008, en su orden, porque no fueron acreditados, pues en
el dictamen pericial practicado solo se hizo una operación aritmética que no
permitía identificarlos, ni determinar la necesidad de ellos y tampoco

14
Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, sentencia de 27 de marzo de 2014, C. P. Danilo Rojas
Betancourth, expediente 25000-23-26-000-1998-03066-01.
15
Sección tercera, subsección B, sentencia de 3 de noviembre de 2020, C. P. Alberto Montaña Plata,
expediente 25000-23-26-000-2011-00291-01.

14

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-06021-00
Actores: José Alonso Prieto Garzón y otra

establecer que correspondan a gastos acaecidos durante la «mayor
permanencia de la obra».

En atención a lo expuesto en líneas precedentes, la Sala estima que la
providencia atacada no comporta defecto fáctico, habida cuenta de que en la
experticia que se practicó en primera instancia dentro del proceso de
controversias contractuales 25000-23-26-000-2011-01092-00, se calcularon
los presuntos sobrecostos en $727ʼ996.770, luego de sumar los costos
reportados, pero no se identificó la necesidad de incurrir en estos ni que hayan
acontecido como consecuencia de las actas 1 de 9 de febrero de 2007 y 1 de 7
de abril de 2008 (por las que se declaró el incumplimiento del contrato de
obra por parte del Distrito Capital de Bogotá, en el fallo reprochado).

En ese orden de ideas, con fundamento en el referido dictamen no era dable
ordenar el pago de las sumas pretendidas, en razón a que en él, se reitera, no
se especificó que las sumas allí consignadas hayan sido pagadas como
consecuencia de la «mayor permanencia de la obra» causada por el
incumplimiento del contrato por parte de la Administración (suspensión y
modificación dispuestas en las actas 1 de 9 de febrero de 2007 y 1 de 7 de
abril de 2008), sino que solo se sumaron unos valores referidos por los
actores, es decir, se realizó una simple operación. En un caso similar, esta
Corporación16 dijo:

En el caso bajo estudio, se advierte que no hay lugar a acoger las
conclusiones esbozadas en el dictamen pericial practicado en el juicio,
puesto que los fundamentos de la experticia no otorgan certeza sobre la
cuantía del perjuicio que la parte actora pretendió demostrar.

En efecto, la prueba pericial no demuestra los gastos en que realmente
incurrió el contratista durante el tiempo que excedió al plazo inicial del
contrato, sino que se efectuó la simple operación matemática de
multiplicar el valor de los componentes del AIU por el número de
meses adicionales, lo que la jurisprudencia de esta Corporación ha
rechazado, por no acreditar la relación de causalidad entre la mayor
permanencia y los perjuicios alegados, es decir, el daño concreto
sufrido por el contratista con ocasión de la prolongación del contrato.

Debe advertirse que aunque en el dictamen pericial se hayan calculado los

16
Sección tercera, subsección A, sentencia de 7 de mayo de 2021, C. P. María Adriana Marín, expediente
25000-23-26-000-2009-00498-01.

15

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-06021-00
Actores: José Alonso Prieto Garzón y otra

sobrecostos en $727ʼ996.770, ello no obligaba a las autoridades accionadas a
ordenar el pago de ese monto a los demandantes, dado que, además de que no
demuestran la relación causal de los gastos con la «mayor permanencia de la
obra», el juez está en la posibilidad, de acuerdo con los criterios de la sana
crítica, de excluir las experticias que considere no idóneas para demostrar un
hecho, en virtud del artículo 23217 del CGP, tal como lo ha explicado la
doctrina18, así:

Si se tiene presente que el perito es un auxiliar del juez y el dictamen un
medio probatorio, resultaría un verdadero contrasentido que el funcionario
tuviera que aceptar ciegamente las conclusiones de los peritos, pues si ello
fuera así, éstos serían los falladores.

El juez debe analizar el dictamen de los peritos, y si lo convence, puede
tenerlo en cuenta para edificar sobre él, en todo o en parte, la decisión que
tome; así mismo debe examinar los fundamentos y las conclusiones, y si
les haya mérito lo tiene como base para fallar; caso contrario, debe
desecharlo.

Ahora bien, los actores aducen que si las autoridades accionadas hubieran
revisado las pruebas que reposan en el expediente 25000-23-26-000-2011-
01092-00, se habrían percatado de que obran documentos que dan cuenta de
los sobrecostos en los que incurrió por «la mayor permanencia de la obra»,
no obstante, contrario a esa afirmación, no se evidencia ese tipo de medios
probatorios que permitan determinar que las sumas en ellos consignadas
correspondan a gastos adicionales derivados de las actas 1 de 9 de febrero de
2007 y 1 de 7 de abril de 2008, pues no brindan certeza de que se hayan
causado como consecuencia de la suspensión y modificación allí dispuestas.

Se aclara que el hecho de que los señores magistrados demandados no hayan
valorado los elementos de convicción que reposan en la acción de
controversias contractuales 25000-23-26-000-2011-01092-00 como lo
pretendían los tutelantes, no involucra la causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales denominada defecto
fáctico, en razón a que en acatamiento de sus competencias jurisdiccionales

17
«El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez,
claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su
comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso».
18
PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de derecho probatorio. Librería Ediciones del Profesional Ltda. Décimo
quinta edición. 2006. Bogotá. P. 649.

16

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-06021-00
Actores: José Alonso Prieto Garzón y otra

tienen la potestad de examinar la pertinencia, utilidad y conducencia de los
elementos probatorios obrantes en ese proceso, así como la de brindarles
diferentes grados de certeza, siempre que lo hagan de manera integral y bajo
los criterios de la sana crítica, como aconteció en el asunto materia de
controversia.

Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural), acerca de la
omisión de acreditar los sobrecostos derivados de las actas 1 de 9 de febrero
de 2007 y 1 de 7 de abril de 2008, emitidas en el marco de la ejecución del
contrato de obra 145 de 29 de noviembre de 2006, están precedidas de una
valoración integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que imposibilita
al juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias a las
garantías superiores, supuesto que no se da en el sub lite. En lo que atañe a
este aspecto, la Corte Constitucional19 sostuvo:

Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de
una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.

Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien
debe determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud
de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso
concreto.

El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo
sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena
fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en
principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración
de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.

Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error
en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en
una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez
que ordinariamente conoce de un asunto” […].

De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala concluye que la
providencia cuestionada no incurre en defecto fáctico, toda vez que resulta
razonable la aseveración de las autoridades accionadas, consistente en que no
se demostraron los perjuicios (sobrecostos) que causó «la mayor permanencia
19
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

17

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Actores: José Alonso Prieto Garzón y otra

de la obra» derivada de la suspensión y modificación del contrato 145 de 29
de noviembre de 2006, dispuestas en las actas 1 de 9 de febrero de 2007 y 1
de 7 de abril de 200, en su orden.

A partir de los anteriores prolegómenos, la Sala negará el amparo deprecado,
comoquiera que la decisión cuestionada no comporta defecto fáctico.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia invocados por el señor
José Alonso Prieto Garzón y la sociedad P&P Construcciones S. A. S., por las
razones expuestas en las consideraciones.

2º. Notifíquese esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS

18

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