Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06021-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06021-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-06021-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
3 de marzo de 2023
Radicación: 11001 03 15 000 2022 06021 01
Accionante: JOSÉ ALONSO PRIETO GARZÓN Y OTRO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2022 06021 01
Accionantes: JOSÉ ALONSO PRIETO GARZÓN Y P&P
CONSTRUCCIONES S.A.S.
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
B
Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando de lo expuesto por la
parte actora no se advierte la afectación del núcleo
esencial de los derechos fundamentales invocados.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por José Alonso Prieto Garzón
y P&P Construcciones S.A.S. contra el fallo del 12 de diciembre de 2022,
dictado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
I. SÍNTESIS DEL CASO
José Alonso Prieto Garzón y P&P Construcciones S.A.S., por intermedio de
apoderado judicial, solicitaron el amparo de los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que
estimaron vulnerados con ocasión de la sentencia dictada por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, el 30 de marzo de 2022, que
revocó el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, Sala de Descongestión el 29 de enero de
2015, en el proceso de controversias contractuales identificado con
radicación 25000-23-26-000-2011-01092-01 (55419).
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Accionante: JOSÉ ALONSO PRIETO GARZÓN Y OTRO
Los demandantes relataron que, mediante sentencia del 30 de marzo de
2020, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda de controversias
contractuales que promovieron contra Bogotá, Distrito Capital, Secretaría
de Educación Distrital, al encontrar acreditado el incumplimiento parcial
de un contrato de obra por parte de la contratante.
Destacó que la subsección accionada estimó que la actora no había
demostrado los costos asumidos durante la mayor permanencia en obra
ni los sobrecostos por la variación de los precios de las obras ejecutadas
por fuera del plazo inicial, por lo cual negó las pretensiones relacionadas
con la condena en perjuicios. Lo anterior, con fundamento en que el
dictamen pericial que aportó para el efecto se limitó a realizar un ajuste
de los precios que no fue pactado en el contrato y en que el indicador
utilizado para realizar la actualización de las actas parciales de obra no
era idóneo para determinar la variación de precios de ésta.
En este orden, dijeron que, como la autoridad judicial descartó el
dictamen pericial, lo propio era que procediera a valorar los documentos
de naturaleza contable y financiera que se aportaron con la demanda y
que daban cuenta de la mayor permanencia en obra no reconocida por la
demandada, esto es, los soportes financieros, contables y de actualización
que acreditaban el pago de salarios, prestaciones sociales, seguridad
social, servicios públicos, seguridad privada, y de alquiler, mantenimiento
y reparaciones de maquinaria y equipo. Por lo tanto, señaló que, al no
valorar tales elementos de convicción, el fallo incurrió en defecto fáctico.
Advirtieron que la tutela cumple con los presupuestos generales de
procedibilidad contra providencias judiciales. En particular, señalaron que
se cumple con el criterio de la relevancia porque no se trata de una simple
discrepancia argumentativa, sino de una controversia contra una decisión
judicial que afectó sus derechos fundamentales. Es decir, que lo que busca
es evidenciar la afectación de tales garantías, como consecuencia de la
falta de valoración integral de pruebas que tenían incidencia directa en el
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sentido de la decisión, y no desplazar al juez natural del contrato ni reabrir
debates jurídicos ante una instancia adicional.
Seguidamente, se refirieron en extenso a los derechos fundamentales de
las personas jurídicas y a la posibilidad de que éstas acudan a la acción
de tutela, bien por la afectación directa de sus intereses o por la
vulneración de las prerrogativas de las personas que las componen o
participan en su operación o funcionamiento.
Luego, sostuvieron que, en este caso, el quebrantamiento del debido
proceso se configuró por la violación de la garantía de motivación de las
decisiones judiciales, pues la providencia no valoró el material contable y
financiero que se aportó con la demanda y, de hecho, no hizo mención
alguna al respecto, sino que se enfocó en explicar la razón por la cual
descartaba los resultados arrojados por el dictamen pericial.
Asimismo, adujeron que el derecho de acceso a la administración de
justicia resultó vulnerado en su faceta de tutela judicial efectiva, porque
se desconocieron las pruebas obrantes en el expediente, así como las
reglas propias y las garantías del debido proceso.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
Por auto del 18 de noviembre de 2022 la Sección Segunda, Subsección B,
del Consejo de Estado, admitió la acción de tutela contra la Sección
Tercera, Subsección B, de la misma corporación, y ordenó vincular a la
alcaldesa de Bogotá, como tercera con interés en el asunto.
2.1. El magistrado del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, ponente de la sentencia del 30 de marzo de 2022,
manifestó que no participará en la discusión propuesta en la acción de
tutela y acatará estrictamente las disposiciones que se adopten en ella.
2.2. El jefe Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Educación
Distrital manifestó que la sentencia del 30 de marzo de 2022 no incurrió
en ninguna de las causales específicas de procedibilidad de la acción de
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tutela contra providencias judiciales, y que, de todos modos, este no es un
mecanismo idóneo para revivir discusiones jurídicas ya resueltas por el
juez natural del asunto, máxime cuando los accionantes gozaron de todas
las garantías procesales consagradas en el ordenamiento jurídico.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante fallo de 12 de diciembre de 2022, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, denegó el amparo solicitado, al considerar que las
conclusiones a las que llegó el juez natural del asunto cuando manifestó
que no estaban acreditados los sobrecostos generados en la ejecución del
contrato de obra eran razonables y estaban precedidas de una valoración
integral de las pruebas recaudadas, lo que imposibilita la intervención del
juez de tutela.
IV. IMPUGNACIÓN
4.1. La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia y reiteró que
el fallo del 30 de marzo de 2022, al desconocer las pruebas obrantes en el
proceso, vulneró el derecho de acceso a la administración de justicia en su
dimensión iusfundamental ligada a la garantía de la tutela judicial efectiva,
la cual, así mismo, se relaciona con el cumplimiento de las reglas propias
del debido proceso.
En tal sentido, reiteró que la autoridad judicial demandada no valoró los
documentos anexos a la demanda, que daban cuenta de los sobrecostos en
que incurrió por la mayor la permanencia en obra ocasionada por las
suspensiones imputables al distrito.
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
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esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
5.2. HECHOS
5.2.1. José Alonso Prieto Garzón y P&P Construcciones S.A.S., quienes
integraron el Consorcio P&P Reforzamiento Colegios, instauraron
demanda de controversias contractuales contra Bogotá, Distrito Capital,
Secretaría de Educación Distrital, con la finalidad de que se declarara el
incumplimiento del contrato N° 145 de 2006 y que se condenara a la
entidad a pagar la indemnización de los perjuicios causados.
5.2.2. Mediante sentencia del 30 de marzo de 2020, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, revocó la decisión desestimatoria de
primera instancia y, en su lugar, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda en el sentido de declarar probado el incumplimiento del
contrato de obra por parte de la contratante. Sin embargo, denegó la
indemnización solicitada, al considerar que la prueba pericial aportada
para tal efecto no demostraba los sobrecostos asumidos por el contratista.
5.2.3. Los actores interpusieron acción de tutela contra esa decisión.
5.3. ANÁLISIS DE LA SALA
5.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al determinar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
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decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación1,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
Recientemente, con la sentencia SU-215 de 20222, la Corte Constitucional
hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela contra
providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia constitucional,
el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción
y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de los jueces
ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:
“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es
suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional,
pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción
desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.
En este caso, la parte actora, en el escrito de tutela, invocó los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, pretendiendo que se deje sin efectos la sentencia del 30 de marzo
de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
que revocó el fallo del 29 de enero de 2015, proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, Sala de
Descongestión, y en su lugar, accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda de controversias contractuales identificada con el radicado
25000-23-26-000-2011-01092-01 (55419).
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para el
efecto y, luego, los analizará con respecto al caso concreto.
1
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
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M. P. Natalia Ángel Cabo.
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Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado
para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional
En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial es que la cuestión que se discute resulte
de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por
qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En
sentencia SU–573 de 20193, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:
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M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022
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(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 4.
La competencia e independencia jurisdiccional
La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el segundo
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, relacionado
con la preservación de la competencia y la independencia de los jueces
de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, en tal sentido, con el
propósito de prevenir que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido meramente económico.
La Corte Constitucional ha conceptualizado así este segundo elemento de
la relevancia5:
“[…] La controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero
no meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia
constitucional, las discusiones de orden legal, esto es, aquellas
relativas a un derecho de índole económica, deben ser resueltas
mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, dado
que ‘le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario’,
so pena de ‘involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a
otras jurisdicciones’. En tales términos, un asunto carece de
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Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
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Sentencia SU–573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
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relevancia constitucional, según lo ha considerado la Corte, (i) cuando
la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de
un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una
norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta ‘se
desprend[a]n violaciones a los derechos y deberes
constitucionales’ o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria
con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un
interés general” […]”.
En esa medida, siguiendo el planteamiento de la Corte Constitucional, un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el debate planteado
por la parte actora es de naturaleza meramente legal y/o económica. Sin
embargo, en la reciente SU-215 de 2022, al respecto se señaló que:
“no significa que en todos los casos en los que se cuestione la
definición y aplicación judicial de normas de rango legal se incumple
el requisito de relevancia constitucional […] en la labor judicial la
indebida aplicación de normas de rango legal puede derivar en una
violación de derechos fundamentales. Justamente esa situación es la
que sustenta la existencia, caracterización y definición del defecto
sustantivo. En todo caso, la relevancia constitucional exige que el
accionante vincule la discusión legal con la violación de una garantía
fundamental o, en otros términos, que explique con suficiencia el por
qué la interpretación o aplicación de una norma de rango legal afectó
garantías constitucionales. […]”.
Y, para precisar aún más el alcance de este planteamiento, el referido
fallo de unificación advirtió:
“[…] Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra
sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela
formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de
reparación directa; (iii) laudos arbitrales y las sentencias de
anulación; (iv) procesos ejecutivos, entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la
acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios. […]”.
En suma, el asunto debe trascender al plano constitucional, y ello se logra
cuando la argumentación no se limita a buscar la protección de los
intereses económicos y/o legales que identifican particularmente a la
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parte actora, sino que justifica razonablemente la afectación
desproporcionada de los derechos fundamentales que se invocan.
5.3.2. Caso concreto
La Sala examinará el reclamo traído ante el juez de tutela para determinar
si en este caso este requisito general de procedencia está cumplido,
particularmente a la luz del criterio que viene de exponerse.
En este caso, los reparos de la solicitud de amparo giran en torno a la
supuesta falta de valoración de las pruebas documentales de tipo contable
y financiero que, según se alega, debían ser tenidas en cuenta luego de
concluir que el dictamen pericial que la parte actora allegó con la demanda
ordinaria no era idóneo para demostrar el monto del daño sufrido por ésta
como consecuencia del incumplimiento contractual en que incurrió el
Distrito Capital.
En este sentido, para la Sala es claro que la controversia propuesta en
sede de tutela gira en torno al enfoque que la autoridad judicial accionada
aplicó sobre la forma en que debía ser acreditada en el caso concreto la
cuantía del perjuicio reclamado, cuya consecuencia directa fue la ausencia
de la indemnización que los demandantes esperaban obtener, aspecto
que resulta ser de naturaleza meramente económica.
Al efecto, cabe recordar las consideraciones vertidas en el fallo T–422 de
2018 de la Corte Constitucional, en la que se declaró improcedente una
tutela por incumplir los requisitos de relevancia constitucional e
inmediatez6. Sobre la relevancia, en dicha oportunidad expuso:
“[…] 35. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, para esta
Sala es claro que el asunto sometido a su análisis carece de relevancia
constitucional. El actor considera que, con las providencias
demandadas, las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales, debido a que las autoridades judiciales
accionadas, a su juicio, no valoraron las pruebas del expediente que
daban cuenta que la experiencia acreditada por el señor (…) no tenía
la idoneidad que se requería para desempeñar el cargo en el que fue
nombrado en reemplazo del accionante.
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Sentencia T–422 de 2018 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
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36. La supuesta irregularidad advertida por el actor no cumple con
este requisito, debido a que (i) se trata de un asunto meramente legal,
(ii) que busca convertir la acción de tutela en una tercera instancia
adicional a las establecidas para casos como el presente, y que, por
tanto, (iii) no tiene una relación directa con la presunta vulneración o
amenaza del derecho al debido proceso u otro derecho fundamental
del actor.
37. En el presente asunto, si bien, la acción de tutela interpuesta (…)
pretende que se dejen sin efecto las sentencias proferidas por el
Juzgado (…) Administrativo de Bogotá, y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, de manera consecuente supone que se dejen sin efecto las
sentencias de segunda y primera instancia del mismo proceso,
teniendo en cuenta que en ninguna de dichas oportunidades
procesales fue otorgada, a su favor, la pretensión de nulidad del acto
administrativo que terminó su nombramiento provisional y el
restablecimiento del derecho con el reintegro solicitado. Como
fundamento de la acción, consideró que el juez y el tribunal no
valoraron, de manera adecuada, el material probatorio del
expediente.
38. Primero, el actor plantea controversias sobre asuntos meramente
legales, como la verificación de los requisitos legales para desempeñar
un cargo. Pues bien, la definición de tales requisitos y en general las
situaciones propias del derecho administrativo laboral, que deben ser
verificados en cada caso concreto, es de resorte exclusivo del juez de
lo contencioso administrativo, que no del juez constitucional. Esta Sala
advierte que el debate planteado por el actor no versa sobre la
presunta afectación o violación de derechos fundamentales, sino sobre
su discrepancia en relación con la verificación de la experiencia
acreditada por el señor (…), especialmente, con que se hubiere
nombrado a alguien en el cargo que este desempeñaba en
provisionalidad […]”. [Se destaca].
Así las cosas, la Sala observa que, en el caso de autos, el debate traído
por la tutelante es de contenido económico y, por tanto, resulta ajeno al
derecho constitucional, pues si bien se fundamenta en la supuesta falta
de valoración de determinadas pruebas, lo que en realidad involucra es
una discusión sobre la existencia del derecho de los actores a obtener la
reparación monetaria que persiguieron en el proceso de controversias
contractuales, la cual les fue denegada, pese a que se declaró el
incumplimiento parcial del contrato por parte del Distrito Capital.
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala concluye que no se encuentra
acreditado en este caso el elemento de la relevancia constitucional, según
se observa claramente del análisis cumplido en torno al segundo criterio
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arriba señalado, en relación con los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, cuya protección se
solicitó en este caso.
Siendo así, resulta completamente innecesario el estudio sobre el posible
cumplimiento de los restantes presupuestos generales de procedibilidad
de la tutela contra decisiones judiciales y, en consecuencia, se declarará
la improcedencia del amparo.
5.3.3. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala revocará la sentencia
impugnada, y en su lugar declarará improcedente el amparo al constatar
la ausencia del requisito de relevancia constitucional respecto de los
derechos fundamentales al debido y de acceso a la administración de
justicia, invocados por la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 12 de diciembre de 2022, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. En su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo por incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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