RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-06047-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06047-00

Fecha
3 de febrero de 2023
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06047-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por la parte actora, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-06047-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

3 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06047-00

Accionante: NORENIA CORTÉS VANEGAS

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Presupuestos
/ INMEDIATEZ - No se cumple el requisito porque la demanda de tutela se presentó
después de cumplido el término considerado como razonable para cuestionar una
providencia judicial / RECURSOS O PETICIONES IMPROCEDENTES – No prolongan el
término para presentar la demanda de tutela.

La Sala se pronuncia, en primera instancia, en relación con la demanda de tutela
instaurada por la señora Norenia Cortés Vanegas, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

La señora Norenia Cortés Vanegas instauró demanda de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Huila y el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de
Neiva, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia. La parte tutelante elevó las siguientes
pretensiones (trascripción literal con posibles errores incluidos):

Solicito al (la) señor(a) Juez(a) tutelar los derechos vulnerados y, como
consecuencia de ello, ordenar a los accionados o a quien corresponda:

ORDENAR dejar sin efecto los autos del JUZGADO OCTAVO

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06047-00
Accionante: Norenia Cortés Vanegas
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela

ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE NEIVA (H) del 30 de agosto de
2021 y del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA 06 de
abril de 2022 y 13 de mayo de 2022, que decidieron rechazar por falta de
sustentación el recurso presentado el 14 de abril de 2021, y en su lugar disponer
que dichas entidades profieran autos de reemplazo que den trámite al recurso
de reposición en subsidio de apelación presentado el 14 de abril de 2021 y 15
de abril de 2021, presentado contra el auto que rechazó la demanda, dentro del
trámite de NORENIA CORTES VALENCIA vs. DANE con Radicación No. 2020-
158 que se adelanta ante el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE NEIVA (H).

PRETENSIÓN SUBSIDIARIA

Solicito al (la) señor(a) Juez(a) tutelar los derechos vulnerados y, como
consecuencia de ello, ordenar a los accionados o a quien corresponda:

ORDENAR dejar sin efecto los autos del JUZGADO OCTAVO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE NEIVA (H) y del TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA que decidieron rechazar la
demanda y en su lugar disponer que dichas entidades profieran autos de
reemplazo que admitan la demanda de NORENIA CORTES VALENCIA vs.
DANE, dentro del proceso con Radicación No. 2020-158 que se adelanta ante
el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE NEIVA
(H).

2. Hechos relevantes

La señora Norenia Cortés Valencia presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el DANE. El 15 de septiembre de 20201, el Juzgado Octavo
Administrativo Oral del Circuito de Neiva le notificó el auto que inadmitió la
demanda.

Afirmó que el 29 de septiembre de 2020, mediante correo electrónico, presentó el
escrito de subsanación de la demanda; sin embargo, el 12 de abril de 2021, el
Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Neiva rechazó la demanda,
porque no se había subsanado.

El 14 de abril de 2021, la parte actora radicó el recurso de apelación contra el auto
que rechazó la demanda y sostuvo que el juzgado omitió dar aplicación al
precedente jurisprudencial del Consejo de Estado en relación con “la naturaleza de
actos administrativos de fondo de las resoluciones demandadas” y el “excesivo
procesalismo que vulnera la tutela judicial efectiva” por parte del juez de

1
En el escrito de tutela, la parte actora indicó como fecha el 15 y 19 de septiembre de 2021; sin
embargo, al verificar la página de consulta de procesos de la Rama Judicial se pudo establecer que
las actuaciones iniciales se surtieron en el 2020.
2

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06047-00
Accionante: Norenia Cortés Vanegas
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela

conocimiento.

El 30 de agosto de 2021, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de
Neiva rechazó por falta de sustentación el recurso presentado el 14 de abril de 2021
y sostuvo que "el auto que rechazó la demanda, objeto de los recursos de reposición
y apelación, fue notificado por estado el día 12 de abril de 2021, es decir que el
término de tres (3) días con el que disponía la parte actora para interponer y
sustentar los recursos contra dicha providencia corrió hasta el 15 de abril de 2021,
término dentro del cual el apoderado del actor manifestó vía correo electrónico
interponer recurso de reposición y en subsidio apelación contra la anterior decisión,
no obstante no lo sustentó".

La parte actora afirmó que el 14 de abril de 2021 presentó el recurso de reposición
y en subsidio apelación, pero, por error involuntario, no anexó el respectivo archivo
adjunto en formato PDF, lo cual hizo el 15 de abril de 2021 y “el correo fue remitido
al mismo correo del remitente”.

Asimismo, advirtió que, debido a un error humano, el correo con el archivo en
formato PDF -contentivo del recurso- no fue recibido por el juzgado; sin embargo,
“es claro que el documento existió antes de que se venciera el término pero por
problemas propios del uso de mensaje de datos no quedó cargado al correo de 14
de abril de 2021 y del 15 de abril de 2021”.

Finalmente, sostuvo que el 2 de septiembre de 2021 presentó recurso de queja,
exponiendo los anteriores hechos; no obstante, el 6 de abril de 20222 el Tribunal
Administrativo del Huila negó el recurso de queja reiterando los argumentos que en
su momento utilizó el a quo.

El 18 de abril de 2022 presentó recurso de reposición contra la anterior decisión y
el 13 de mayo de 20223 el Tribunal Administrativo del Huila declaró improcedente el
referido recurso.

2
Al verificar la página de la Rama Judicial de consulta de procesos se advierte que la fecha de auto
es 5 de abril de 2022.
3
Al verificar la página de la Rama Judicial de consulta de procesos se advierte que la fecha de
auto es 12 de mayo de 2022.
3

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06047-00
Accionante: Norenia Cortés Vanegas
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela

3. Fundamentos de la demanda

La parte actora manifestó que las accionadas incurrieron en un defecto procedimental,
dado que el inconveniente técnico y el error involuntario en relación con el recurso
interpuesto el 14 de abril de 2021 no pueden ser óbice para dar primacía el derecho
sustancial y omitirse con ello el estudio de fondo de las razones de la parte actora.

Afirmó que, para el caso en concreto, se acreditó ante el juzgado y el tribunal que el
14 y 15 de abril de 2021 se presentó un recurso de reposición y en subsidio de
apelación contra el auto que rechazó la demanda; no obstante, en atención a que el
correo llegó al despacho judicial sin el anexo correspondiente, pero dentro del término
legalmente dispuesto, “atendiendo a la buena fe procesal de la parte se le pudo dar la
oportunidad de acreditar que el PDF recurso existía y que por razones técnicas de
forma involuntaria no quedó cargado a los correos en mención”.

Indicó que el juzgado incurrió en una indebida valoración probatoria, al considerar que
los actos administrativos demandados eran “de trámite” y que solo la Resolución 1146
del 22 de julio de 2019 contiene la voluntad de la Administración.

Agregó que, si bien es cierto la Resolución 1726 de 11 octubre 2019, a la que siguieron
la Resolución 2200 del 13 de diciembre de 2019 y la Resolución 0282 de 20 febrero
2020, que resolvieron respectivamente el recurso de apelación y de queja
presentados, "no contenían una manifestación clara y expresa frente al contenido de
la petición elevada por el accionante, si transmitían la voluntad de la administración
encaminada a producir efectos jurídicos con relación a las prestaciones sociales
reclamadas por la demandante, pues hacía referencia a una negativa de conceder lo
pedido teniendo en cuenta la argumentación dada en la Resolución 1146 del 22 de
julio de 2019.

Adicionalmente, sostuvo que lo reclamado en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho es el reconocimiento de las cotizaciones a pensión y de
los emolumentos con base en los cuales se liquidan esas cotizaciones, por lo cual, las
acreencias reclamadas son derechos imprescriptibles e irrenunciables, motivo por el
que se debe dar aplicación a principio “pro actione y pro damnato”.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06047-00
Accionante: Norenia Cortés Vanegas
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela

4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela

4.1. Mediante auto de 17 de noviembre de 2022, se dispuso requerir a la parte
accionante, con el fin de que el abogado Jimmy Leandro Sierra Gamba allegara el
poder que le confirió la señora Norenia Cortés Vanegas para ejercer su
representación judicial en el asunto de la referencia.

Una vez la parte actora cumplió con lo ordenado, se admitió la demanda de tutela
mediante auto del 1° de diciembre de 2022, se ordenó notificar a las autoridades
judiciales accionadas y se comunicó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.

4.2. El Tribunal Administrativo del Huila solicitó que se declare la improcedencia del
amparo de tutela, por cuanto la accionante no enuncia o desarrolla, cuáles son los
requisitos generales y especiales que se cumplen en el caso concreto para la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra la decisión judicial atacada.

Asimismo, indicó que no se cumple con el requisito de inmediatez, dado que la
última providencia dictada por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal, es del 12 de
mayo de 2022, la cual fue debidamente notificada el 13 siguiente y quedó
ejecutoriada el 18 de mayo de esa anualidad, lo que quiere decir que, a la fecha de
rendición del informe, transcurrieron más de seis 6 meses desde la última actuación
emitida por el tribunal.

Adicionalmente, indicó que las decisiones emitidas por esa Sala de Decisión fueron
proferidas de acuerdo con la normativa y jurisprudencia vigentes sobre la materia.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales4.

4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012,
exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
5

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06047-00
Accionante: Norenia Cortés Vanegas
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela

Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
Contenciosa de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la
acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo
frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características5.

Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son6:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, dado
que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.

• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora.

• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de
febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00(AC), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto,
entre muchas otras providencias.
6

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06047-00
Accionante: Norenia Cortés Vanegas
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela

• Que no se trate de sentencias de tutela.

A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, son los siguientes:
• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.

• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

• La violación directa de la Constitución Política.

Así pues, se ha determinado que le corresponde al juez de tutela verificar el
cumplimiento de los requisitos generales, de tal manera que una vez superado ese

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06047-00
Accionante: Norenia Cortés Vanegas
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela

examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por el interesado7.

2. Análisis de la Sala

En el caso bajo estudio, la actora pretende que se protejan sus derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por
el Juzgado Octavo Oral del Circuito de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila
con la expedición de los autos que rechazaron la demanda y que negaron el recurso
de queja, respectivamente; en su lugar, se de trámite al recurso de reposición y en
subsidio de apelación presentado el 14 de abril de 2021, con el fin de que sea
admitida la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la
señora Cortés Vanegas.

Al descender al caso concreto, se observa que mediante auto de 5 de abril de 2022,
el tribunal administrativo ad quem declaró bien denegado el recurso de apelación
interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, el
9 de abril de 2021, bajo el entendido que, si bien el apoderado adjuntó el documento
contentivo de la sustentación de los recursos interpuestos, lo cierto es que fue
enviado a sí mismo, de modo que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Neiva no recibió el archivo adjunto, del cual tuvo conocimiento solo hasta el 11 de
mayo de 2021, cuando fue allegado junto con el mensaje de datos denominado
“aclaración sobre recurso presentado”.

La parte actora interpuso recurso de reposición contra el auto que estimó bien
denegado el recurso de apelación, el que se rechazó por improcedente mediante
auto de 12 de mayo de 2022; al respecto, el tribunal de segunda instancia consideró
(transcripción literal):

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016 00134, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-
02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp. Nº 2016-
02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
8

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06047-00
Accionante: Norenia Cortés Vanegas
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
que rige de manera especial el presente asunto, al referirse a las providencias
que no son susceptibles de recursos ordinarios –dentro de los que se
encuentran la reposición, la apelación, la queja y la súplica, según el Capítulo
XII del Título V del estatuto procesal en comento–, el numeral 4 de su artículo
243A contempla dentro de ellas ‘las que decidan los recursos de apelación,
queja y súplica’.

Criterio normativo que resulta suficiente para colegir que contra el auto que
desata la queja, no proceden los recursos de reposición ni de apelación. Si en
gracia de discusión se asumiera que es aplicable el Código General del
Proceso, se llegaría a la misma conclusión, pues su artículo 318 dispone que el
recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de
apelación, una súplica o una queja’; y el artículo 321 del mismo estatuto enlista
taxativamente las providencias susceptibles de apelación, sin prever dentro de
ellas la que resuelve el recurso de queja .

En el caso concreto, la parte actora esperó hasta que el tribunal resolviera ese último
recurso, mediante auto del 12 de mayo de 2022, para interponer la demanda de
tutela.

Al respecto, debe indicarse que, de conformidad con el razonamiento efectuado por
el Tribunal Administrativo del Huila, al rechazar por improcedente el recurso de
reposición en contra del auto proferido el 5 de abril de 2022, al sub judice le resultan
aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de interposición de
los recursos.

Para el caso concreto, corresponden a las contenidas en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), así como las del Código General del Proceso (en adelante CGP), en virtud
de la integración normativa prevista por el artículo 306 del primero de los estatutos
mencionados.

Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021 -que reformó
al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)- se establece que, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de
1887, modificado por el artículo 624 del CGP, las reformas procesales introducidas
en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el
momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en
vigencia de la Ley 1437 de 2011; no obstante, en el inciso final de dicho artículo se
prevé que:

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06047-00
Accionante: Norenia Cortés Vanegas
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela

En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas
decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos
que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr términos, se promovieron los
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones (se destaca).

Por lo anterior, como en el presente asunto el recurso de reposición en contra del
auto que resolvió el recurso de queja se interpuso el 18 de abril de 2022, con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021 -25 de enero de 2021-,
le serán aplicables “las leyes vigentes” cuando se interpuso el recurso, es decir, las
disposiciones del CPACA, con las reformas introducidas por la Ley 2080 de 2021,
según las cuales:

ARTÍCULO 242 - modificado por el artículo 61 de la ley 2080 de 2021. El recurso
de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario.
En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código
General del Proceso.

Además, se señala que, a la luz del artículo 243A de la ley 1437 de 2011, adicionado
por el artículo 63 de la Ley 2080 de 2021, en su numeral 4 establece:

ARTÍCULO 243A. PROVIDENCIAS NO SUSCEPTIBLES DE RECURSOS
ORDINARIOS. <Artículo adicionado por el artículo 63 de la Ley 2080 de 2021.
El nuevo texto es el siguiente:> No son susceptibles de recursos ordinarios las
siguientes providencias:
…

4. Las que decidan los recursos de apelación, queja y súplica (se destaca).

Como consecuencia de lo anterior, es claro que en contra del auto proferido el 5 de
abril de 2022 por el Tribunal Administrativo del Huila, que declaró bien denegado el
recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Neiva el 9 de abril de 2021 -que rechazó la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho-, no resultaba procedente la interposición
del recurso alguno.

En ese sentido, como la interposición del recurso de reposición era abiertamente
improcedente, la parte actora no podía ni debía esperar hasta que el tribunal se
pronunciara, pues como lo ha considerado esta Corporación, de manera reiterada,
la formulación de un recurso improcedente no prolonga el término considerado
como razonable para cuestionar una decisión judicial:

10

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06047-00
Accionante: Norenia Cortés Vanegas
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela

Finalmente, el 14 de junio de 2018, el entonces demandado interpuso recurso
de reposición para tratar de cuestionar el auto proferido el 31 de mayo de 2018,
impugnación que fue rechazada, de plano, por la Sección Primera del Consejo
de Estado, por medio de proveído de 24 de agosto de 2018, en el que se
consideró que el recurso de reposición interpuesto era abiertamente
improcedente y, además, se dejó consignado lo siguiente: (…).

La Subsección estima que el referido recurso de reposición no tiene la
virtualidad de ampliar el plazo considerado como razonable para la interposición
de la demanda de tutela, por cuanto el ejercicio de aquel medio de impugnación,
como ya se indicó, resultó improcedente, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 285 y 318 del C.G.P.

En línea con lo expuesto, se ha sostenido:

2.4.1. De acuerdo con la revisión efectuada por la Sala en la página de consulta
de procesos de esta Corporación, el auto del 27 de julio de 2017, que resolvió el
recurso de reposición contra el auto del 11 de mayo de 2017, fue notificado por
estado el 4 de agosto de 2017. En consecuencia, el término de seis meses para
controvertir por vía de tutela la decisión judicial que, en concreto, se controvierte
en la acción de tutela —la de remitir por competencia el proceso al Tribunal
Administrativo de Antioquia—, venció el 4 de febrero de 2018, empero, la solicitud
de amparo se presentó el 6 de agosto de 2018, esto es, un año y un día después
de la notificación de la providencia que se controvierte.

2.4.2. La Sala debe precisar que, aunque el demandante también controvirtió la
providencia del 24 de mayo de 2018, lo cierto es que ésta no puede ser el
parámetro para el cómputo del término de la inmediatez, si se tiene en cuenta
que su objeto fue simplemente rechazar, por improcedente, el recurso de
reposición instaurado contra el auto del 27 de julio de 2017, pues, en los términos
del artículo 318, inciso 4º, del Código General del Proceso, «el auto que decide
la reposición no es susceptible de ningún recurso».

Para la Sala, la interposición de un recurso abiertamente improcedente no
puede prolongar el término que esta Corporación ha estimado como
razonable para reclamar la protección de los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados por las decisiones de la administración de
justicia (…) (se destaca).

Como consecuencia de lo anterior, la Sala encuentra que el plazo de 6 meses
considerado como razonable para presentar la demanda de tutela, contabilizado
a partir de la notificación que se hizo el 15 de junio de 2018 de la decisión
adoptada el 31 de mayo de 2018, venció el 15 diciembre de ese año, por lo que
la petición de amparo, radicada el 22 de febrero de 2019, resulta
extemporánea8.

Con base en lo expuesto, la Subsección contabilizará el término de 6 meses para
presentar la demanda de tutela desde el 6 de abril de 2022, pues en dicha fecha se
notificó por estado el auto que estimó bien denegado el recurso de apelación
interpuesto contra la providencia que rechazó la demanda ordinaria9, lo que permite

8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 11 de abril de 2019, radicado:
11001-03-15-000-2019-00805-00, entre muchas otras decisiones de la Sala.
9
De conformidad con la información anotada en la página de la Rama Judicial.
11

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06047-00
Accionante: Norenia Cortés Vanegas
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela

concluir que frente a este asunto no se cumple con el requisito de la inmediatez,
dado que la demanda se presentó el 15 de noviembre de 2022.

Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado:

Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección
de las garantías constitucionales y el respeto a la seguridad jurídica y los
derechos de terceros afectados.

(…) De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la situación que vulnera
o amenaza vulnerar un derecho fundamental sea un elemento consustancial
para la protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a todas las acciones de tutela,
es más estricto cuando se interpone contra providencias judiciales, por lo que,
como lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, ‘resulta claramente
desproporcionado el control constitucional de una providencia judicial por la vía
de tutela’10’11.

Por tal razón, debe mediar un término razonable entre la ejecutoria de la
decisión judicial que se aduce como violatoria de los derechos fundamentales
del accionante y la presentación de la acción de tutela para buscar su amparo12.

Tal aseveración es razonable toda vez que, ‘de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos’ 13.

(…) Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se ejerza
en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa juzgada, al asegurar
que la decisión judicial alcance el grado de certeza material, que la hace
definitiva e inmutable.

Anótase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre
este aspecto14.

10
Original de la cita: “En la sentencia se cita la providencia SU-961 de 1999”.
11
Original de la cita: “Sentencia T-189 de 2009”.
12
Original de la cita: “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal c) del fundamento jurídico 24 de la
sentencia C-590 de 2005”.
13
Original de la cita: “Ibíd”.
14
Original de la cita: “La Sección Primera en algunas ocasiones ha tomado un término equivalente
al previsto para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, de cuatro meses
y, en otras, ha manifestado que es de seis meses. La Sección Segunda ha sostenido que el término
razonable para interponer la acción de tutela contra providencias judiciales no puede exceder de un
año. Por su parte, las Secciones Cuarta y Quinta han fijado como razonable para su interposición un
plazo de seis meses”.
12

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06047-00
Accionante: Norenia Cortés Vanegas
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela

Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso,
para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente15 (negrillas y subrayado del original).

Así pues, esta Corporación ha establecido que para efectos de establecer si la
acción de tutela contra providencia judicial se ejerció oportunamente, que se cumple
con el requisito de la inmediatez, se debe verificar que se hubiese presentado dentro
de los 6 meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia
cuestionada, según sea el caso.

Esta Subsección ha precisado que, en principio, el plazo de 6 meses se debe
contabilizar desde la notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es
a partir de que se conoce la decisión que se puede advertir la posible vulneración
de derechos fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos que
hacen procedente la acción de tutela contra providencia judicial –defecto orgánico,
defecto procedimental, defecto fáctico, defecto sustantivo, error inducido, decisión
sin motivación, desconocimiento del precedente y/o la violación directa de la
Constitución Política–.

En ese sentido, para la Sala, solo procede contabilizar el término de 6 meses desde
la ejecutoria de la decisión en los casos se hubiese realizado un trámite adicional
con ocasión del fallo, como lo sería una solicitud de aclaración, de corrección o de
adición de sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad, por cuanto los
pronunciamientos que se dicten con ocasión de esas solicitudes podrían tener
incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela y, por tanto, en principio,
también tendrían que ser objeto de cuestionamiento16.

Como ya se indicó, el auto que resolvió el recurso de queja se notificó el 6 de abril
de 2022, en tanto que la demanda de tutela se presentó el 15 de noviembre del
mismo año -más de un mes después de que se cumplieron los 6 meses previstos
como término razonable para cuestionar una decisión judicial mediante ese
mecanismo de protección de derechos fundamentales-, motivo por el cual, la Sala
lo declarará improcedente.

15
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
16
En sentencia de 11 de abril de 2019, radicado número: 110010315000201803905-01.
13

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06047-00
Accionante: Norenia Cortés Vanegas
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por la parte actora,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.

VF

14

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.